El Hospital Clínic de Barcelona ha presentado la primera guía de atención a las personas trans en ámbito sanitario, con criterios unificados para garantizar una “atención respetuosa, segura, inclusiva y sin discriminaciones”. El texto se alinea con la ley catalana de los derechos de las personas LGTBI y da respuesta a diversas situaciones en las que, según el centro, era necesario “reforzar la sensibilidad y ampliar el conocimiento de los profesionales”.

Aspectos como el uso correcto del nombre sentido, la confidencialidad o la gestión de situaciones específicas de hospitalización habían generado dudas o disparidad de prácticas entre el equipo del Clínic. Ante eso, el centro ha elaborado este texto, que recoge una serie de recomendaciones para todo el personal del hospital, así como situaciones y comportamientos que hay que evitar.

En esta línea, se incluyen cuestiones concretas sobre el lenguaje, asignación de espacios, registro del nombre sentido y cómo evitar discriminaciones o tratos inadecuados. Igualmente, se recuerda la importancia de la confidencialidad y se insiste en que las conversaciones sobre identidad de género -las que incluyen preferencias sobre trato, nombres o pronombres- se deben llevar a cabo “en condiciones de privacidad y confidencialidad, evitando formular preguntas en espacios en los que puedan ser escuchadas por terceras personas”.

De la misma manera, se recuerda que “ante el ingreso de una persona trans, hay que aplicar escrupulosamente el principio del igualdad en el acceso a los servicios sanitarios y el respeto a la identidad de género”.

La guía se repartirá a los profesionales y se presentará en unas jornadas en el hospital. Además, se impartirá una formación en materia LGTBI para todo el personal. “Con esta iniciativa, reforzamos el compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las personas trans, así como con la reducción de las desigualdades en salud”, apuntan desde el centro.

La masculinización de tórax en una persona trans ha sido la primera operación del nuevo servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario de Cuenca.

Desde el 1 de enero este centro cuenta con una cirujana plástica, que hará consultas una vez a la semana para absorber la demanda y cada miércoles se contará con un quirófano para estos trabajos, que se ha estrenado con esta primera operación de la mano de los cirujanos del Hospital de Albacete.

El gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha remarcado que esta nueva prestación “profundiza en un principio básico del Sistema Nacional de Salud: la equidad en el acceso”, ya que va a absorber “en torno al 85% de las necesidades que Cuenca tenga de esta especialidad”.

Ballesteros ha apuntado que, el año pasado, se derivaron a 80.000 pacientes a Albacete“ y ha comentado que la implantación de este servicio ha sido posible gracias a la tecnología del nuevo hospital, como la de la sala de reanimación postanestésica.

El jefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital de Albacete, Gregorio Gómez, ha comentado que “los servicios de cirugía plástica, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, varían mucho y es muy dependiente de la realidad social y clínica de Cuenca”.

El año pasado, de 80 intervenciones, el 90% fueron reconstrucciones después de una mastectomía después de un cáncer de mama.

En el caso conquense, uno de los primeros objetivos ha sido dar salida a las demandas de la Unidad de Atención a Personas Trans, creada en julio, “porque era una bolsa de personas con una demanda clara y evidente”.

Este servicio también colabora con otros servicios y atienden a personas que han pasado por el trance de la cirugía bariátrica y quieren recuperar su cuerpo.

Ya atiende a personas de otras provincias

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha visitado este nuevo servicio del hospital universitario, que prácticamente pone el punto final al traslado desde el ya cerrado Virgen de la Luz.

Martínez Guijarro ha apuntado que ya se han producido en el nuevo hospital unos 200.000 actos clínicos y que está ocurriendo algo que antes era poco habitual, que es que en Cuenca se están atendiendo a pacientes de otras provincias de la región.

Eso se debe “a que el Hospital de Cuenca tiene algunas prestaciones de referencia, como es el caso de la Unidad Trans; y a que los tiempos de respuesta son mejores que en otros hospitales de la comunidad autónoma”.

En mayo, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pondrá en marcha los servicios especializados para personas trans en su red de atención primaria. Habrá uno por cada territorio histórico. Estará disponible en el centro de salud del Casco Viejo de Donostia, en Gipuzkoa; en el ambulatorio de Deusto de Bilbao, en Bizkaia; y en el centro de salud Lakua-Arriaga de Vitoria, en Álava. Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi, presentada este jueves.

Este servicio ya había sido anunciado hace un año, el 31 de marzo de 2025, Día Internacional de la Visibilidad Trans. En aquel momento se indicó que se pondría en marcha a lo largo de 2025, sin concretar fechas. Hasta ahora, la atención sanitaria a personas trans se concentra en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del hospital de Cruces, en Barakaldo.

El médico especialista Oskar Ayerdi ha explicado que el servicio permitirá realizar dos consultas iniciales con profesionales de enfermería y psicología. Estas tendrán como objetivo garantizar y planificar “un acompañamiento que respete las diversidades, la autodeterminación y las distintas necesidades que cada persona manifieste”.

Junto a este servicio, se plantea una “descentralización progresiva de determinados procedimientos”, entre los que destacan la terapia hormonal, algunas intervenciones quirúrgicas y la reproducción asistida. La unidad de Cruces se mantendrá como referencia para los casos de mayor complejidad.

La directora general de Osakidetza, Lorea Bilbao, ha señalado este jueves que la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi busca ofrecer un servicio “integral”. Para ello, se ha contado con más de 40 redactores: asociaciones, profesionales sanitarios y personas trans junto a sus familias. El documento tiene como objetivo que la Sanidad pública sea un espacio donde estas personas se sientan “escuchadas, respetadas y seguras”.

Ayerdi ha detallado que la guía incluye un recorrido histórico del tratamiento sanitario a las personas trans en Euskadi, una fotografía actual del servicio y un plan de acción. Ha señalado que el documento responde a las “necesidades de una sociedad cambiante” y que constituye “una forma de consolidar la unidad y la red”, facilitando la distribución de tareas.

La guía responde al artículo 22 de la ley aprobada en 2024 por el Parlamento Vasco. Precisamente esta misma semana se ha anunciado también que, al calor de ese texto, se ha decretado el 20 de noviembre como día de la memoria trans. La ley fijó que Osakidetza debería arbitrar “medidas adecuadas”, en colaboración con asociaciones, profesionales de la salud, personas trans y sus familias, “para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en materia trans”. Y siempre desde el enfoque de la despatologización.

El Gobierno vasco, por decreto, ha establecido el día 20 de noviembre como “día de la memoria trans” en Euskadi. El Ejecutivo de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, entiende que es un gesto de “reconocimiento institucional, reparación simbólica y visibilización” de este colectivo. Asegura que actúa “en coherencia” con la ley autonómica de 2024, visada por el Parlamento Vasco por amplia mayoría, y en colaboración con entidades como Naizen, Errespetuz o Loratuz Lotu.

El 20 de noviembre es ya el día internacional de la memoria trans, en conmemoración de un asesinato que se produjo en Boston en 1998, aunque ahora tendrá una significación especial en Euskadi. “Desde el Gobierno también queremos contribuir a preservar la memoria de quienes han sufrido discriminación o invisibilización”, ha señalado la consejera-portavoz, María Ubarretxena, en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno entiende que el decreto, que será firmado por la consejera Nerea Melgosa, “refuerza su compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad, incorporando de manera expresa la realidad de las personas LGTBIQ+ a la agenda de las políticas públicas de igualdad”. Euskadi quiere destacar cada 20 de noviembre la “aportación” de este colectivo “a la construcción de una Euskadi más plural y democrática” y ahondar en la “reparación de desigualdades históricas”.

La entidad social riojana GYLDA LGTBI+ ha presentado hoy su programación para dar visibilidad a la realidad de las personas trans y que se concentrará en los días 27 y 30 de marzo. La propuesta incluye una concentración y dos jornadas de encuentro diferentes, una de ellas amenizada con una tertulia y una sesión recital musical en formato íntimo. 

Bajo el lema ‘Visibilidad, dignidad y resistencia. Los derechos trans son derechos humanos’ el viernes 27 tendrá lugar una concentración, a las 19 horas, en la plaza Diversidad de Logroño. En ella se reivindicará la realidad de este colectivo históricamente invisibilizado y que cada 31 de marzo sensibiliza contra la transfobia y muestra su realidad en todo el mundo. 

Este año la reivindicación se vuelve más importante si cabe ya que las últimas agresiones sufridas por el colectivo LGTBIQ+ en La Rioja, fueron especialmente duras con dos mujeres trans, una de las cuales tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para el tratamiento de las heridas sufridas. “Es visible el odio que la ultraderecha nacional y regional expande contra este colectivo, entre otras cosas por sus discursos cargados de odio y violencia o por sus intentos de invisibilizar a quienes no son como ellos quieren que sean”, dicen señalando como ejemplo sus intentos de acallar a sus voces más empoderadas o de derogar la Ley Trans y LGTBI+ de La Rioja que promueve impulsar una igualdad real que pese a estar reconocida en nuestro país a través de otras legislaciones como la Constitución Española, sigue sin cumplirse.

A continuación, la actividad se trasladará a la plaza Martínez Zaporta. En El Ambigú del Moderno (en los bajos de los antiguos cines), a partir de las 19:30 horas tendrá lugar una mesa redonda que moderará la periodista Meren Plath y que contará con participantes de diferentes ámbitos que abordarán las diferentes realidades que abordan las personas trans desde perspectivas como la lingüística, el deporte, salud, cultura y ocio.

Compartirán tertulia Annie Hurtado, conocida por su participación en los duros programas de supervivencia de ‘El Conquistador’ de ETB; Petra Muguruza, activista artística y creadora de contenido audiovisual, conocida por sus denuncias públicas sobre la deficiente atención que las personas trans y/o con VIH sufrían en el sistema sanitario; y Artemis López, lingüista especialista en traducción e interpretación, experta en lenguaje no binario y practicante de Roller Derby, una disciplina de contacto, velocidad y estrategia sobre patines cuyo reglamento favorece el empoderamiento, la igualdad y la sororidad de minorías en el ámbito deportivo, por lo que cuenta con un gran número de participantes trans o de personas no binarias.

La jornada finalizará con un doble recital musical, previsto a partir de las 20:45 en el mismo Ambigú del Moderno, con las actuaciones de Ayesha y su lírica personal además del concierto de la artista local HTF.

Mural colaborativo en el Centro LGTBI+

Para conmemorar la efeméride, el Centro LGTBI+ de La Rioja ha adaptado para el lunes 30, a las 17:30, su encuentro mensual dirigido a las personas trans. En esta ocasión, “la quedada” como es conocido este punto en común de experiencias por quienes asisten habitualmente, se abre más allá de las personas trans y facilitará el encuentro con personas aliadas que quieran compartir un rato agradable en torno a un café. Debido al aforo del espacio es necesario enviar un mensaje privado al instagram @lgtbilarioja o un whatsapp al 604810230 confirmando la asistencia.

Para complementar esta actividad, se colgará un mural en el vestíbulo del recurso, situado en la avenida de Colón, 37, de Logroño. En él se invitará a escribir ideas, frases o comentarios relativos al día internacional de la Visibilidad Trans, que tiene lugar cada 31 de marzo.

Rubén Castro se convirtió en el primer hombre trans que públicamente hablaba de uno de los últimos tabús del binarismo: el embarazo. El educador y activista por los derechos LGTIB contó en los medios que se había quedado embarazado mediante inseminación artificial. Se convertía en un ‘papá gestante’, un término que ha continuado usando y con el que ha contado toda su experiencia en Instagram. Una experiencia que rompe con muchos prejuicios, pero que también levanta muchos odios en mujeres que consideran que el embarazo debería ser un terreno reducido únicamente a las mujeres.

Ahí entra otro de los conceptos claves de ese binarismo, que divide todo entre hombres y mujeres olvidándose de lo que queda en el medio: personas intersex, hombres y mujeres trans… Es esa la voluntad de la directora Patricia Ortega, que ya demostró en Mamacruz que puede tocar asuntos espinosos con una luminosidad que escapa al odio y a los prejuicios. Sabe que se está metiendo en un asunto espinoso con 9 lunas, pero no tiene miedo y deja claro que responderán “al odio con ternura radical”. Ese concepto de ternura radical es el que ha guiado todo este proyecto, que cuenta el embarazo de un hombre trans que queda en cinta de casualidad y decide tenerlo.

Por eso la cineasta define su película como una ‘feel good movie’, término que se suele usar para filmes de buen corazón, que hacen sentir bien al espectador. Un concepto que no suele usarse para historias del colectivo LGTBIQ+, que suelen estar marcadas por el sufrimiento o, en el caso de las personas trans, con su transición y los problemas que acarrean. 

Aquí Patricia Ortega va un paso adelante. Su protagonista, al que da vida un magnético Zack Gómez-Rolls, es un hombre trans que no tiene ningún conflicto con ello. Su familia (que integran María León, Jorge Sanz y Kiti Mánver) es su apoyo y la transexualidad no es el problema del filme. De hecho, Ortega coloca a su protagonista haciendo el denominado “cis passing”. “El protagonista es alguien tan obsesionado con el cispassing que se ha convertido en un machirulo, ciego por esculpir y controlar el cuerpo”, explica la directora.

Cree que lo que se ve de las personas trans es todo en torno “a la pulsión, lo erótico, el deseo o el trauma y el dolor”. “Yo dije, 'vamos a contar esta historia desde donde yo me quiero posicionar, que es precisamente desde el otro lado, desde la alegría de poder ser lo que soy, rodeado de amor, rodeado de empatía'. Me interesaba mucho la cotidianidad, el día a día. Esto pasa todos los días. Esto no es extraordinario, esto nos pasa a todes. Puede generar una pequeña crisis, una discusión, pero se resuelve y p’alante”, dice de su punto de partida en este proyecto. 

Hay que desproblematizar lo que es natural y lo que es diverso y lo que los demás quieren ver como extraordinario o como un problema. Yo quiero ver más películas de papás gestantes

Patricia Ortega — Cineasta

Por eso era para ella “importantísimo hablar de un papá gestante desde esa ternura radical, que es lo que nos dice que esto no es un problema, no es un drama, esta es la vida, esto es diversidad. Posicionarme desde ahí para mí es muy político. Es necesario que los problemas sean otros, que el problema no sea, ‘Mira, soy un chico y me quedé preñado’. Hay que desproblematizar lo que es natural y lo que es diverso y lo que los demás quieren ver como extraordinario o como un problema. Yo quiero ver más películas de papás gestantes, y verlo desde otra masculinidad”, añade.

Patricia Ortega sabe que el embarazo es la cima de ese binarismo y uno de los temas que suelen levantar más ampollas. “Si alguien dice la palabra gestación, la pregunta es ‘quién es la madre’, en su imaginario es un cuerpo de una mujer, no de un papá gestante. Incluso en el médico, la figura humana que aparece con su ‘pancita’ es una mujer, cuando creo que no debería tener género, bastaría con una figura humana. Hay que reapropiarse y decir que la gestación no tiene género. Yo siempre he dicho que mi vagina no me determina, me lo digo a mí misma siempre. 'Patricia, tu vagina no te determina'. Nuestros genitales no determinan nada”, opina.

Sabe que su opinión puede levantar las iras no solo de la extrema derecha, sino también de una parte de mujeres tránsfobas que siguen viendo en los hombres y mujeres trans a alguien que quita sus espacios. “Creo que esa confrontación es normal, es natural que exista y no podemos huirle a la confrontación. La confrontación hay que darla con amor, con alegría, con humor. Si alguien quiere hacerlo con rabia o con odio, yo converso”, avisa.

Recuerda una opinión de una mujer que al comienzo del proyecto les dijo que le molestaba la escena del parto porque era “un espacio sagrado de la mujer invadido por tres hombres”. Eso a Patricia Ortega le molestó. Primero porque cree que “hay que quitar lo religioso” de esta ecuación. Y segundo porque entonces estás colocando “la responsabilidad de los cuidados, la crianza y el parto” solo en las mujeres.

“Debe ser un espacio de familias al que yo no le pongo género. Esa familia puede ser de varias personas, de dos o de una. Los cuerpos que pueden gestar no son solo femeninos. ¿Qué vas a hacer con esos cuerpos?, ¿los vas a borrar del planeta? Hay que entender que los cuerpos no son binarios y que así como existen las personas trans, existen las personas intersexuales, y que no pueden ser excluidas solo porque tengas una moral sesgada”, argumenta, y deja claro que en esa discusión lo que nunca va a hacer es “caer en el lenguaje del odio”. Precisamente “porque 9 lunas no representa eso para nada”. Al revés. Es una película que contando la experiencia íntima, poniendo luz sobre ella, borra prejuicios. 

El PSOE de Palencia ha iniciado la expulsión del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Carrión de los Condes (Palencia) del concejal Manuel Garrido, que dijo que se cambiaba de sexo en el registro para acceder a ayudas dirigidas a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado en declaraciones a los periodistas que ya se está tramitando su expulsión del grupo socialista de concejales en Carrión de los Condes.

Miriam Andrés ha querido matizar que Manuel Garrido se presentó a las elecciones bajo las siglas del PSOE pero actualmente no es afiliado al Partido Socialista. “Las leyes se hacen para garantizar derechos, no para favorecer fraudes”, ha manifestado la secretaria general del PSOE.

Este es uno de los motivos por los que se está tramitando ya su expulsión del grupo, pero también, como ha afirmado, porque el concejal firmó un código ético del Partido Socialista, pero que no cumple. “Por lo tanto, quedará expulsado del grupo socialista, como no podía ser de otra manera”, ha zanjado Miriam Andrés.

Manuel Garrido, que además es apicultor, ha confirmado a ABC que su objetivo era poder optar a ayudas dirigidas únicamente a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

Actualmente existen mecanismos para detectar posibles fraudes ante la Ley Trans, como puede ocurrir ante otras normas. De hecho, un juez canario ha dictado varios autos denegando el cambio de sexo registral al apreciar “intenciones espurias” en los solicitantes. En todos los casos se trataba de hombres que pretendían registrarse como mujeres para beneficiarse de medidas de discriminación positiva. 

El Partido Popular ha reaccionado en su cuenta de X criticando al PSOE por decir que nadie iba a cambiar su sexo legal para obtener ventajas cuando, en 2023, se aprobó el derecho al cambio registral de sexo de las personas. “Hoy sabemos que eso no es verdad. Ha ocurrido y lo ha hecho un concejal del PSOE”, señala el Partido Popular.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha utilizado su cuenta de X para asegurar que “el PSOE ha abandonado a las mujeres, tanto que hasta un concejal socialista se cambia de sexo para obtener ayudas”. “El feminismo no es borrar a las mujeres, es defenderlas de esto”, asegura Tellado en X.

Hace once años, cuando Ian de la Rosa pensaba en la que podría ser su primera película cuando acabó su proyecto fin de carrera, se le ocurrió que por qué no contar un Romeo y Julieta en Almería, entre los invernaderos que tan poco (y tan estereotipados) ha mostrado el audiovisual español. No sería un Romeo y Julieta normal, sino uno atravesado por conflictos de clase, género y raza. Uno que demostrara que todos esos elementos nos definen y se mezclan aunque la gente quiera negarlo. Uno que reivindicara el amor como fuerza de cambio frente al odio al diferente.

Más de diez años después, ese Romeo y Julieta tiene nombre. Se llama Iván y Hadoum y compite en la sección Panorama del Festival de Berlín, el mismo certamen que vio nacer cineastas españoles como Carla Simón, Pilar Palomero o Alauda Ruiz de Azúa. Una película que imagina una historia de amor que no es tóxica, que muestra la precariedad del trabajo en las fábricas de Almería, y que muestra el cuerpo, el deseo y el sexo de un hombre trans como pocas veces el cine lo ha hecho. Ian de la Rosa muestra inteligencia y sensibilidad para crear un nuevo imaginario en ese sentido. 

“No sé si es una película madura, pero lo hemos intentado”, dice el cineasta a pocas horas de presentar el filme ante el público por primera vez —luego competirá por la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga—, y haciéndolo una semana después de que Bad Bunny reivindicara el mismo mensaje que su película, que solo el amor es más fuerte que el odio. Un amor que aquí no es tóxico y se convierte en refugio para Iván, un hombre trans interpretado por Silver Chicón, y Hadoum, una joven de origen marroquí a la que da vida Herminia Loh Moreno. “En esencia esta película va de cómo el amor y el deseo pueden ser y son el motor principal para una revolución que empieza en lo personal”, dice, y ahí apunta otra de las claves de su filme, que cada pequeña decisión, cuenta: “Toda revolución a gran escala empieza por decisiones pequeñas que son personales”.

Es una de las revoluciones de su película. La otra viene de, por fin, ver una historia “donde lo trans no estuviera conflictuado, donde la identidad trans no fuera un conflicto”. “Yo soy trans y no estoy todo el rato sufriendo. Yo me enamoro, tengo parejas y tengo sexo. Quería contar eso, contar cómo esos cuerpos se empoderan. Al final estamos hablando de eso a través de la ternura, de la intimidad y del sexo. Podemos decir que es hasta revolucionario, porque ahora mismo estamos en medio de una oleada de odio increíble”, explica De la Rosa.

El cineasta realiza una hermosa presentación de su personaje masculino, sin explicitar de forma subrayada su identidad trans y prefiriendo mostrar de forma natural su cuerpo. Su familia le acepta. Esa ausencia de conflicto en lo identitario y esa forma de ver su sexualidad también es una revolución y “una respuesta” a lo que el cine suele hacer “en lo que se refiere a las experiencias trans y a cómo se presentan los conflictos trans”. “Tenía muchas ganas de ver un personaje trans cuyo conflicto no tiene nada que ver con ser trans. Me parecía importante dar ese paso”, reconoce.

Porque había una ausencia, “una falta de representación en los cuerpos, en el deseo”. “Me parece genial y agradezco todas las representaciones que he visto, me hayan gustado o no. Especialmente las que no me han gustado, porque son las que me han llevado aquí. Si yo hubiera visto todo bien, no hubiera hecho esta película”, subraya, y pone el foco en “las escenas de sexo y de intimidad”. Por eso, ya que “es tan difícil hacer una película”, había que poner el foco en mostrar cosas que el cine no estuviera mostrando. 

Yo soy trans y no estoy todo el rato sufriendo. Yo me enamoro, tengo parejas y tengo sexo. Quería contar eso, contar cómo esos cuerpos se empoderan

Ian de la Rosa — Cineasta

Con el cascarón de esa historia de amor, Ian de la Rosa va salpicando de capas y reflexiones, cómo la forma en la que, para ascender de clase, el protagonista tiene que comportarse como se espera de un hombre. Una forma de evidenciar que “el género está relacionado con el capitalismo”. “Es un melón muy grande. Se necesitaría un especial para hablar de los referentes o los no referentes que tenemos las personas trans masculinas, cómo nos acercamos a la masculinidad y cómo la masculinidad nos acepta o no. Yo diría que te aceptan como LGTB siempre que no seas queer. Como si no pasara nada por cambiarte de caja, pero metiéndote en otra caja”, critica. Aunque la película no es biográfica, sí que está trufada de todo lo que De la Rosa ha visto en su transición, y una de esas cosas es cómo “todo es intersección”.

El otro tema que bombea todo el filme es la clase y cómo se mezcla con todo lo anterior. “Evidentemente, el personaje de Iván tiene una aspiración de clase, tiene una aspiración de tener un cuarto propio. Me preguntaba hasta qué punto dentro de determinadas clases sociales podemos traicionarnos entre nosotras para conseguir ese cuarto propio”, añade. La solución, o el principio de esa revolución de amor, no está en lo individual, y esa es otra de las cosas que deja clara Iván y Hadoum, que “solos no hacemos nada, sino que tenemos que ir en colectivo”.

Por eso esas mujeres unidas en su sindicato que reclaman condiciones dignas para las trabajadoras que envasan la fruta y verdura para el norte de Europa. Los Romeo y Julieta de De la Rosa tienen el amor como motor, pero no se olvidan del contexto en el que viven ni de dónde vienen, y por eso se sienten tan reales y se convierten en una carta de presentación prometedora de un cineasta con mucho que decir.

Debería haberlo hecho hace casi dos años, pero el Gobierno sigue sin desarrollar el reglamento incluido en la Ley Trans para permitir que las personas extranjeras modifiquen su nombre y sexo legal. La norma, aprobada en marzo de 2023, dio un año al Ejecutivo para “habilitar por vía reglamentaria” el procedimiento, pero a día de hoy aún no lo ha hecho. El retraso impacta de lleno en las personas trans que no pueden modificar estos datos en sus países de origen y que describen una situación de “limbo” al desconocer la hoja de ruta para ejercer un derecho que la ley les reconoce.

“Lo he intentado, pero me he encontrado con un bloqueo administrativo constante”, afirma Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia. Pidió asilo en España y fue reconocida como refugiada al considerar acreditada la situación de “acoso, hostigamiento y violencia física y verbal” a la que fue sometida en su país de origen, donde era conocida por su activismo. El expediente que le concede el asilo reconoce “la imposibilidad de vivir con libertad y dignidad” su propia identidad en Marruecos, donde ser LGTBI es considerado delito, pero aun así asegura que aún no ha podido cambiar aquí su nombre ni sexo legal.

“El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente. Es doloroso y contradictorio”, afirma. La Ley Trans, que provocó una profunda brecha en el Gobierno y las críticas de un sector del feminismo, permite a los españoles cambiar el DNI sin requisitos médicos, con la voluntad del solicitante. Su artículo 50 extiende el derecho a los extranjeros “que acrediten la imposibilidad legal o de hecho” de hacerlo en su país y establece que lo podrán hacer “ante la autoridad competente”. Esta tendrá que “instar” al Ministerio de Exteriores para que investigue cómo está la situación en el país del solicitante.

Para que esto pueda ser efectivo, la norma dispone que “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor, el Gobierno “habilitará por vía reglamentaria los procedimientos” adecuados. Entre los perfiles a los que va dirigida la medida están las personas extranjeras con papeles y también todos los solicitantes asilo y refugiados, que según la ley tienen derecho a que los documentos que les identifican reflejen su identidad. Sin embargo, a día de hoy el reglamento no está aprobado y no hay una vía clara y homogénea para proceder al trámite, según trasladan asociaciones, abogados y personas afectadas consultadas.

“Me dijeron que tenía que ir al Registro Civil y allí me informaron de que no pueden tramitarlo, pero nadie me ha informado de cómo puedo hacerlo. La respuesta siempre ha sido negativa sin que nadie asuma la competencia”, explica Dina, que vive en Madrid y que consultó con un abogado que le indicó que “no existe ningún organismo ni departamento que esté aplicando” de manera generalizada el procedimiento. Colectivos LGTBI como la Plataforma Trans, que fue la primera en llamar la atención sobre la situación, llevan meses denunciando el incumplimiento.

Depender de la voluntad del funcionario

Cuando algunas de las personas solicitantes de asilo atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que gestiona algunos de los centros del sistema de acogida estatal, mostraron a su personal su deseo de acogerse a este derecho, la ONG se encontró con que no había un procedimiento claro para solicitarlo. “Vamos caso por caso. No existe un procedimiento”, explica Elena Muñoz, responsable legal en CEAR.

Ante la falta de protocolo, la organización acudió a dos entidades para intentar solicitar los cambios en cada uno de los casos: por un lado, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio de lnterior y se encarga de la documentación temporal que poseen los solicitantes de asilo, la llamada 'tarjeta roja'. Por otro, a la Policía Nacional. “Son dos trámites. Primero, el nombre registrado en el expediente de su petición de asilo, así como en todas las resoluciones ligadas al caso, competencia de la OAR. Después, la expedición de la documentación (Policía Nacional)”, resume Muñoz. 

La letrada afirma que, mientras unos casos ya se han resuelto de manera ágil, otros aún se encuentran en trámite y sufren algo más de retraso. “En nuestro caso la Policía y la OAR, fueron colaboradoras y buscaron la manera de hacerlo. Reconocían que no era fácil al no haber procedimiento, pero se implicaron”, apunta. El problema de depender de la implicación de los funcionarios de turno es la probable arbitrariedad en la respuesta, y la dificultad con la que se encontrarán quienes carecen del acompañamiento jurídico de una organización. “La Oficina de Asilo, por ejemplo, no tiene una ventanilla al público. No sé cómo podría hacerlo alguien que no tiene ese asesoramiento. Cualquiera tendría que ser capaz de hacerlo a través de un procedimiento claro, sencillo y con los plazos marcados”, opina la jurista. 

La Plataforma Trans lleva desde el pasado octubre movilizándose y ha recurrido al Defensor del Pueblo. La presidenta de la organización, Mar Cambrollé, denuncia la “desidia” del Gobierno con las personas trans migrantes, a las que asegura que está “condenado a la invisibilidad, a la precariedad y al miedo” por lo que considera que “no es una simple omisión administrativa”, sino “una vulneración flagrante de los derechos humanos”. La Federación Estatal LGTBI también se ha sumado a la queja y ha denunciado el “incumplimiento sistemático” de la ley por parte del Ministerio del Interior, al que reclama la puesta en marcha del reglamento.

Nadie asume la responsabilidad

En el seno del Gobierno, no parece haber una hoja de ruta marcada y todos los ministerios consultados que han respondido a elDiario.es eluden asumir la responsabilidad en la cuestión. A preguntas de este medio, Interior apunta a que “el procedimiento no depende” del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska porque Policía Nacional “expide la documentación”, pero “carece de capacidad para realizar estas modificaciones [de nombre y sexo legal], como tampoco puede hacerlo con las personas españolas, sin el cambio previo en el Registro Civil”. En una respuesta parlamentaria remitida este jueves a Podemos, Interior asegura que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley.

El Ministerio de Justicia, que es de quien depende el Registro Civil, apunta a que “solo tiene competencia” para hacerlo con quienes tienen la nacionalidad española, mientras que el Ministerio de Igualdad, que fue el impulsor de la Ley Trans, vuelve a pasar la pelota a Interior: “Es el que tiene competencias para expedir documentos identificativos oficiales”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo, que señalan que “Interior y Exteriores” deberían “conjuntamente” reglamentar el procedimiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, no ha respondido a la consulta.

Fuentes del Defensor del Pueblo señalan que han recibido varias quejas de personas extranjeras que tienen “dificultades” para solicitar el cambio y mantiene una “actuación abierta” por ello, sumado a la interpuesta por la Plataforma Trans, que también envió una carta al Ministerio del Interior que no ha sido contestada. En la respuesta del pasado enero, el organismo dirigido por Ángel Gabilondo apunta directamente a Interior como responsable del desarrollo del reglamento para clarificar el procedimiento y confirma que le ha pedido explicaciones por “la demora” en su puesta en marcha.

Pero, además, el Defensor del Pueblo informa de un caso en el que la modificación de los datos de una persona extranjera –no solicitante de asilo– se produjo por la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Esta es precisamente la vía que señala la Dirección General de Policía en un informe en el marco de un recurso que actualmente tramita el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº17 de Madrid interpuesto por una chica trans de Perú. En el informe, al que ha accedido elDiario.es, la Policía asegura que debería haberse dirigido a la Delegación del Gobierno de Madrid, que es donde vive, y una vez hecho el cambio, la Unidad de Documentación de Policía Nacional podría plasmarlo en su documentación.

“La cuestión es que la Ley Trans es ambigua porque habla de 'autoridad competente' y ninguna está asumiendo la responsabilidad”, opina el abogado Saúl Castro, que lleva el caso de la mujer peruana y que ya ha presentado la petición ante la Delegación del Gobierno. Castro cree que las Oficinas de Extranjería, que están en las subdelegaciones, “son las competentes” para hacer la gestión, al menos en el caso de quienes no son solicitantes de asilo, pero aun así cree que “es necesario” el desarrollo del reglamento porque “hace falta un protocolo claro que garantice la aplicación del derecho”. Preguntado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del que dependen las delegaciones del Gobierno, apunta a que sus funciones “son las de todas las áreas” del Ejecutivo y remite “a Interior o a Igualdad”.

Desde su experiencia como abogado de extranjería, Francisco Solans reconoce la dificultad que podría entrañar para los funcionarios encontrar por su cuenta la fórmula. “La Ley de Extranjería establece que tanto la Policía como las Oficinas de Extranjería son las encargadas de obtener los datos de identificación de los documentos del país de origen”, indica el letrado, que apunta a que la posible solución debería pasar por registrar el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil –donde lo hacen los españoles– para que después las Oficinas de Extranjería o la Policía “sí pueda hacer el cambio”. “Siendo tan complejo, es aún más importante que se desarrolle el procedimiento”, añade. 

No es una cuestión superficial. Llevar en los documentos oficiales un nombre y un sexo legal que no se corresponde con su identidad les afecta “cada día”, dice Dina El Omary. Sobre todo, cuando su apariencia física ya no se corresponde con esos datos que aparecen en tarjetas como la sanitaria o la del banco o en sistemas internos en el ámbito laboral o estudiantil. “Me genera problemas en el trabajo, en el hospital, ante las administraciones o con la Policía. Cada trámite se convierte en una explicación, una duda y una exposición innecesaria”, denuncia la mujer, que lamenta la “dura sensación” de haber dejado un país “para huir de una forma de sufrimiento” y haberse encontrado en España “con otra, distinta, pero constante”. “Cuando llegué no me imaginaba que, siendo refugiada reconocida, seguiría viviendo sin documentos que me representen”.

La difusora de bulos Pilar Baselga será juzgada en Madrid el próximo mes de marzo por afirmar que Begoña Gómez es una mujer transexual involucrada en casos de narcotráfico. La esposa del presidente del Gobierno pide que Baselga sea condenada a un total de dos años de cárcel, multa de 21.000 euros y una indemnización de 100.000 euros más por injurias y calumnias. La acusada, mientras tanto, asegura en sus redes que pelea por “la libertad de expresión” a la espera de otro juicio por difundir el bulo del 'Bar España', por el que la Fiscalía pide siete años y medio de presidio.

Pilar Baselga es una licenciada en Historia del Arte con un máster en arte contemporáneo que lleva más de una década compaginando sus comentarios y publicaciones sobre arte con blogs y canales de Internet en los que difunde distintas teorías conspiranoicas y bulos. Algunas son sobre clásicos de la conspiranoia española como los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y otras, más recientes, se refieren a tramas inexistentes de pederastia como el 'Bar España' o el bulo de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, es en realidad una mujer trans involucrada en una trama marroquí de narcotráfico.

Lo dijo con aplomo en una intervención en el programa 'Los Intocables' del canal Distrito TV el 22 de noviembre de 2022. “Me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño”. Y después de comentar los negocios de saunas de su fallecido padre, Baselga sigue: “Nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, ”Begoño“ fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para un instituto de empresa con un programa con África, y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos, por eso la Complutense la despidió”.

Ninguna de esas afirmaciones, que según Baselga habían sido difundidas por “medios alternativos”, era cierta. Begoña Gómez empezó a trabajar para la Complutense en 2012 y comenzó a dirigir un máster en 2014, cuatro años antes de que Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno. Su segundo máster arrancó en 2020 y ese mismo año se puso en marcha la cátedra extraordinaria. Dos años después de la moción de censura que hizo presidente a su marido.

No existe ninguna prueba, por otro lado, de que durante su etapa en el IE Africa Center alguien le tendiera “una trampa” y fuera involucrada en un caso de tráfico de drogas. Su “despido” de la Complutense, además, no estuvo relacionada con nada de eso. La universidad pública canceló sus dos másters y la cátedra extraordinaria la segunda mitad de 2024, en plena investigación judicial contra ella a manos de Juan Carlos Peinado y alegando, en algunos casos, falta de alumnos y asistencia.

La cadena Distrito TV no necesitó ninguna denuncia para darse cuenta de que las declaraciones de Baselga se podían traducir en un problema judicial. Seis días después emitió un comunicado desmarcándose de sus afirmaciones: “Distrito TV manifiesta su firme compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y, en particular, con el colectivo transexual”, explicó en una nota. Poco después, la propia Baselga se retractó en un vídeo: “Dije unas palabras que han sido malinterpretadas en relación a una supuesta transexualidad”.

Sus palabras serán analizadas por un juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo de Madrid el próximo 12 de marzo. Baselga se sentará en el banquillo frente a una petición de dos años de cárcel, 21.000 euros de multa y 100.000 euros de indemnización de la esposa del presidente del Gobierno. Gómez considera que incurrió en un delito de injurias y otro de calumnias, ambos en su calificación grave y con publicidad, y apunta al “grave perjuicio causado” atendiendo a la “difusión pública” de sus palabras. Solicita que, en caso de ser condenada, Baselga tenga que difundir la sentencia en DistritoTV.

Baselga, la primera en denunciar a Begoña Gómez

Los enfrentamientos legales entre Baselga, el canal de televisión para el que colaboraba y Begoña Gómez arrancaron con esos comentarios, pero se alargaron hasta mediados de 2024. La difusora de bulos y el canal fueron los primeros en denunciar a la esposa del presidente del Gobierno usando información que su abogado había obtenido de la Universidad Complutense a través de peticiones de información y sus canales de transparencia. Todas sus denuncias contra ella acabaron archivadas.

Begoña Gómez interpuso la querella contra Baselga y DistritoTV a finales de febrero de 2023. Habían pasado varios meses desde la intervención de Baselga en el canal, de su petición de disculpas y de que hubiera vuelto a la carga en Telegram de forma intermitente con su teoría de que Gómez es una persona trans. Pocos meses después tanto Baselga como el canal pasaron al ataque y pidieron su imputación en los juzgados de Madrid con una querella conjunta contra Begoña Gómez y el rector de la Complutense en agosto de 2023

La querella ni siquiera pasó el primer filtro del juzgado y fue inadmitida en diciembre de ese año porque no habían presentado el poder especial necesario para seguir adelante con el caso. Pero su contenido y firma revelaba que la recopilación de información contra ella venía de atrás: el abogado que presentó la querella en nombre de Baselga y el canal había pedido información a la Complutense meses antes. La universidad había defendido la colaboración de Begoña Gómez con el centro, una relación que se remontaba al año 2012. Baselga y el mismo abogado volvieron a la carga a finales de febrero de 2024, unos días antes de que Manos Limpias presentase la denuncia que sirvió al juez Juan Carlos Peinado para abrir la causa por la que todavía sigue imputada.

Esa segunda querella también se dirigía contra Gómez y contra el rector de la UCM y también murió abandonada por la propia Baselga cuando, a la vista de que Peinado ya tramitaba una causa contra la esposa del presidente, ni siquiera pagó la fianza para seguir adelante.

Ahora la difusora de bulos se enfrenta a un doble escenario penal pero como denunciada y no como denunciante. Baselga tiene pendiente de señalamiento un juicio en la Comunidad Valenciana por difundir otro bulo: el del 'caso Bar España'. La supuesta red de pederastia de políticos de la importancia de Carlos Fabra que violaban y mataban a niños en un bar de Benicarló que, en realidad, era una falsedad fabricada por un hombre llamado Reinaldo Colás como venganza contra la nueva pareja de su exmujer, según relataron sus hijos. Baselga figura entre una de las grandes difusoras de esta mentira y la Fiscalía pide para ella otros siete años más de presidio.

Daniela va nàixer a Xile i el 2002 va ser adoptada per una família espanyola “catòlica, pròxima a l’Opus i que la va menysprear des que amb 11 anys va començar a expressar dubtes sobre la seua identitat sexual”, tal com explica a elDiario.es Natalia Aventín, presidenta de l’associació Eufòria Famílies Trans-Aliades, entitat que ha donat a conéixer el cas d’aquesta dona després que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja confirmat que està legitimada per a reclamar la reparació del “terrible atemptat” contra la dignitat que va patir Daniela després morir.

Aventín relata el calvari que va patir Daniela des del moment en què va expressar la seua voluntat, amb una família adoptiva que “la va internar en una institució religiosa a Cantàbria en què va ser víctima de teràpies de conversió durant mesos”. Posteriorment, explica la presidenta d’Eufòria, Serveis Socials va llevar la custòdia als seus tutors legals i van assumir la seua guarda, fins que, fets els 18 anys i sent ja major d’edat, Daniela va iniciar una vida independent, se’n va anar a Madrid i va aconseguir canviar de nom en el registre civil per a ser reconeguda oficialment com a Daniela, que es corresponia amb la seua identitat de gènere.

Daniela es va suïcidar el 2022, als 21 anys, víctima de les penúries econòmiques i les dificultats emocionals que patia i davant la nul·la resposta per part de la seua família, tal com explica la representant d’Eufòria. La seua família adoptiva “va decidir ignorar la seua voluntat i, en compte de reconéixer la seua identitat i garantir que se la recordara amb el nom pel qual havia lluitat tota la vida, van decidir donar sepultura a Daniela en el mausoleu familiar, en la localitat d’Asp (el Vinalopó Mitjà), sota el seu necrònim i exposant fotografies prèvies al seu trànsit, amb una aparença masculina que ella detestava”.

El 2023 Eufòria, a instàncies d’Alana, amiga de Daniela, va denunciar primer davant l’Ajuntament de la localitat alacantina i posteriorment davant la Generalitat Valenciana, la Fiscalia de Delictes d’Odi i el Síndic de Greuges aquesta situació. No obstant això, cap d’aquestes quatre institucions “va mostrar interés per aquesta circumstància, que atenta de manera continuada contra la dignitat de la difunta, ni per reparar el mal causat”.

El 13 de juny d’aquell any, l’associació va denunciar els pares adoptius de Daniela i l’Ajuntament d’Asp, titular del cementeri municipal, per entendre que havien comés un enterrament “discriminatori” i que la referència en el sepeli amb dades incorrectes i prèvies a la transició de Daniela eren constitutius d’una infracció tipificada en els apartats d i g de l’article 60.3 de la Llei 23/2018 de la Generalitat Valenciana, d’igualtat de les persones LGTBI, que qualifiquen d’infracció greu la realització d’actes discriminatoris i de rebuig i menyspreu públic per raó d’identitat de gènere.

No obstant això, indiquen des d’Eufòria, la denominada llavors Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge “es va negar” a incoar un expedient sancionador i va arxivar la denúncia, afirmant que no era l’òrgan competent per a aplicar la norma esmentada; i això malgrat que l’article 65 de la norma indica que la instrucció dels expedients per infraccions tipificades en aquesta llei correspon a la conselleria competent en matèria de no-discriminació.

Ara, dos anys i mig després, i després d’un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del TSJCV, l’alt tribunal valencià sentencia que els fets estan clarament vinculats i podrien ser constitutius de les infraccions tipificades en els articles de la Llei d’igualtat de les persones LGTBI esmentats anteriorment. En aquest sentit, la interlocutòria argumenta que, tenint en compte que els fets denunciats es corresponen amb conductes discriminatòries per raó de gènere, la instrucció del procediment sancionador correspon a l’Administració autonòmica.

Així mateix, la resolució reconeix que l’associació Eufòria està legitimada per a denunciar els fets i per a recórrer als jutjats per a impugnar l’actuació de la Conselleria; i afirma que una associació que defensa els interessos de les persones i les famílies trans està qualificada i és titular d’un interés legítim col·lectiu perquè s’investigue i se sancione la transfòbia.

L’entitat considera que aquesta sentència “obri l’esperança perquè la dignitat de Daniela finalment es restablisca i, amb això, la de tot un col·lectiu que històricament ha sigut despullat de drets i violentat fins i tot, com en aquest cas, després de la mort”.

Consultada per eldiario.es, la Conselleria d'Igualtat ha explicat que es tracta d'un procediment que es remunta a la legislatura anterior del Botánic, amb una denúncia interposada al juny de 2023 sobre fets derivats el funeral en un cementeri municipal d'una persona trans morta a l'abril de 2022: “La Generalitat va rebre el 13 de gener la sentència del TSJCV, que estima parcialment el recurs interposat per una entitat, i la Conselleria està revisant l'expedient i realitzant les actuacions preparatòries per a atendre la resolució i obrir un expedient que permeta analitzar i determinar si hi ha hagut fets discriminatoris”. I mentrestant, Compromís ha exigit dimissions en el departament que dirigeix Susana Camarero, i que “algú” assumisca responsabilitats polítiques pel que qualifica d’“inacció”, per no aplicar la legislació autonòmica vigent.

Daniela nació en Chile y en 2002 fue adoptada por una familia española “católica, cercana al Opus y que la despreció desde que con 11 años empezó a expresar dudas sobre su identidad sexual”, tal y como explica a elDiario.es Natalia Aventín, presidenta de la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, entidad que ha dado a conocer el caso de esta mujer después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya confirmado que está legitimada para reclamar la reparación del “terrible atentado” contra su dignidad que sufrió Daniela después de su muerte.

Aventín relata el calvario que sufrió Daniela desde el momento en que expresó su voluntad, con una familia adoptiva que “la internó en una institución religiosa en Cantabria en la que fue víctima de terapias de conversión durante meses”. Posteriormente, explica la presidenta de Euforia, Servicios Sociales le quitó la custodia a sus tutores legales y asumieron su guarda, hasta que, cumplidos los 18 años y siendo ya mayor de edad, Daniela inició una vida independiente, marchó a Madrid y consiguió cambiar su nombre en el registro civil para ser reconocida oficialmente como Daniela, que se correspondía con su identidad de género.

Daniela se suicidó en 2022, a los 21 años, víctima de las penurias económicas y las dificultades emocionales que sufría y ante la nula respuesta por parte de su familia, tal y como explica la representante de Euforia. Su familia adoptiva “decidió ignorar su voluntad y, en vez de reconocer su identidad y garantizar que se la recordara con el nombre por el que había luchado toda su vida, decidieron dar sepultura a Daniela en el mausoleo familiar, en la localidad de Aspe (Alicante), bajo su necrónimo y exponiendo fotografías previas a su tránsito, con una apariencia masculina que ella detestaba”.

En 2023 Euforia, a instancias de Alana, amiga de Daniela, denunció primero ante el Ayuntamiento de la localidad alicantina y posteriormente ante la Generalitat Valenciana, la Fiscalía de Delitos de Odio y el Síndic de Greuges esta situación. Sin embargo, ninguna de estas cuatro instituciones “mostró interés por esta circunstancia, que atenta de forma continuada contra la dignidad de la fallecida, ni por reparar el daño causado”.

El 13 de junio de ese año, la asociación denunció a los padres adoptivos de Daniela y al Ayuntamiento de Aspe, titular del cementerio municipal, por entender que habían cometido un entierro “discriminatorio” y que la referencia en el sepelio con datos incorrectos y previos a la transición de Daniela eran constitutivos de una infracción tipificada en los apartados 'd' y 'g' del artículo 60.3 de la Ley 23/2018 de la Generalitat Valenciana, de Igualdad de las personas LGTBI, que califican como infracción grave la realización de actos discriminatorios y de rechazo y menosprecio público por razón de identidad de género.

Sin embargo, indican desde Euforia, la entonces denominada Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda “se negó” a iniciar un expediente sancionador y archivó la denuncia, afirmando que no era el órgano competente para aplicar la citada norma; y ello pese a que el artículo 65 de la norma indica que la instrucción de los expedientes por infracciones tipificadas en dicha ley corresponde a la conselleria competente en materia de no discriminación.

Ahora, dos años y medio después, y tras un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del TSJCV, el alto tribunal valenciano sentencia que los hechos están claramente vinculados y podrían ser constitutivos de las infracciones tipificadas en los artículos de la ley de Igualdad de las personas LGTBI mencionados anteriormente. En este sentido, el auto argumenta que, teniendo en cuenta que los hechos denunciados se corresponden con conductas discriminatorias por razón de género, la instrucción del procedimiento sancionador corresponde a la Administración autonómica.

Asimismo, la resolución reconoce que la asociación Euforia está legitimada para denunciar los hechos y para recurrir a los juzgados para impugnar la actuación de la Conselleria; y afirma que una asociación que defiende los intereses de las personas y las familias trans está cualificada y es titular de un interés legítimo colectivo a que se investigue y sancione la transfobia.

La entidad considera que esta sentencia “abre la esperanza a que la dignidad de Daniela finalmente se restablezca y con ella la de todo un colectivo que históricamente ha sido despojado de derechos y violentado hasta incluso, como en este caso, después de la muerte”.

Consultada por elDiario.es, la Conselleria de Igualdad ha explicado que se trata de un procedimiento que se remonta a la legislatura anterior del Botánic, con una denuncia interpuesta en junio de 2023 sobre hechos derivados del funeral en un cementerio municipal de una persona trans fallecida en abril de 2022: “La Generalitat recibió el 13 de enero la sentencia del TSJCV, que estima parcialmente el recurso interpuesto por una entidad, y la Conselleria está revisando el expediente y realizando las actuaciones preparatorias para atender la resolución y abrir expediente que permita analizar y determinar si ha habido hechos discriminatorios”. Y mientras tanto, Compromís ha exigido dimisiones en el departamento que dirige Susana Camarero, y que “alguien” asuma responsabilidades políticas por lo que califica “inacción”, al no aplicar la legislación autonómica vigente.

En España, el nombre de Manolita Chen remite a dos figuras diferentes: una fue una empresaria y vedette que recorrió las ferias de España con su famoso Teatro Chino portátil, mientras que la otra fue una artista y activista que pasó a la historia como la primera persona trans en nuestro país que consiguió cambiar su nombre y su sexo en su DNI, y adoptar hijos. Esta última y su peripecia vital acaban de ser transformadas en novela de la mano del escritor gaditano Abraham Guerrero Tenorio (Arcos de la Frontera, 1987), que obtuvo con La pared de enfrente el premio Valencia de narrativa en castellano.

Una vida, la de Manolita, que habla de tiempos de pobreza y maltrato, de una operación en Casablanca que supuso el despegue de una carrera de cantante de copla que la llevó a actuar por todo el mundo y compartir escenario con estrellas como Lola Flores y Juanito Valderrama, pero también de aquella Ley de vagos y maleantes que cayó hasta tres veces sobre ella y de una tardía condena por un confuso caso de tráfico de estupefacientes…

Guerrero recuerda que su interés inicial por el personaje respondía a la mera curiosidad. “Manolita, para mi generación, cuando éramos adolescentes, era un personaje con connotaciones negativas en el pueblo”, recuerda. “Y digo personaje porque en el imaginario nos resultaba eso precisamente. Cuando yo tenía dieciséis o diecisiete años, entra en prisión. Es el punto de partida de la novela. Esa es la imagen que siempre he tenido de ella, la de un travesti que entra en la cárcel. Pero ya luego, conociendo a algunas amigas poetas que escriben lo que hoy en día se denomina literatura queer, comenzó a fraguarse en mi pensamiento que quizás esa mujer escondía una historia que pudiese interesarme”.

Muchas Manolitas

Esa sospecha se confirmó cuando Guerrero vio el filme Manolita, la Chen de Arcos, de Valeria Vegas. “Fue un documental en el que descubrí anécdotas que eran muy novelescas, pero que me ofrecía una imagen un poco lineal, y ahí me sonó el click de la estructura, una amalgama de voces que arrojaran las luces y las sombras de Manolita. Y lo confié todo a la literatura, porque su voz de mujer andaluza, rebelde y sin pelos en la lengua me parecía poderosísima, y porque la ficción tiene más capacidad para engrandecer a un personaje y para emocionar”.

Pero, ¿quién fue realmente aquella Manolita Chen nacida con el nombre de Manuel Saborido Muñoz? Para el escritor, una figura que va más allá de su registro legal como mujer. “Fue alguien que creció en un pueblo del sur de España en el tardofranquismo, y desde muy pequeña fue considerada el mariquita del pueblo, con lo que eso suponía en aquella época”, apunta. “No sólo iban a señalarla por su condición, sino que iban a encarcelarla y apalizarla cuando había alguna fiesta local en el pueblo. Aun así, ella nunca abandonó su lucha, en un ejercicio de enorme resistencia, y se embarcó en una aventura que considero épica y que la llevaría a alcanzar cierto éxito en las salas nocturnas durante el franquismo y los inicios de la democracia. Esa resistencia, esa lucha, ejemplifica muy bien la disidencia sexual de esos años. Manolitas ha habido muchas en España, pero sus acciones y la visibilidad que alcanzó, sobre todo cuando adoptó a María, su primera hija, la hacen una figura imprescindible hoy día para hacer un ejercicio de memoria y entender cómo se fraguaron ciertos derechos alcanzados en la actualidad”.

No obstante, el autor subraya que su obra es pura ficción, por muy basada en la realidad que esté. “Licencias hay todas las del mundo”, admite. “Cuando ideé la novela comencé a entrevistarla, y aunque me conmovía lo que me decía, siempre me imaginaba a quienes la acompañaban en la escena que me relataba. Desde esa perspectiva, ya la ficción entra de lleno. Por ejemplo, en la segunda parte de la novela, la sitúo en Barcelona. Allí ella conoce el barrio chino barcelonés, trabaja amontonando periódicos de La Vanguardia y poniéndoles la cuerda para llevarlos a los kioskos, actúa en el Barcelona de Noche, empieza a hormonarse… Todo eso es cierto. Pero luego hablan quienes trabajaban con ella en La Vanguardia, o quienes iban a clase de canto junto a ella o la acompañaban a comprar los botes de hormonas. Lo he pasado en grande escribiendo. Eso sí, el contexto en el que sucede cada parte de la novela, está, creo, muy documentado. He acudido, en primer lugar, a ella, entrevistándola personalmente. Aparte he hecho muchas más entrevistas, desde Carla Antonelli al vicepresidente de su fundación, Jorge M. Pérez. He acudido a archivos históricos, a ensayos, a leyes franquistas… Monté en mi escritorio todo un arsenal de documentos que me ayudasen a hacer verosímil la historia”.

Reparación y reconocimiento

Sobre las lecturas de esta historia que puedan resultar válidas para el presente, donde el debate sobre la diferencia sigue encendido en foros y redes, Guerrero defiende que “Manolita vive su momento de más actualidad, mucha más que cuando se me ocurrió la novela. Cuando en 2023 entra en vigor la conocida como Ley Trans, creo que pasa a convertirse en una figura esencial en el colectivo LGTBI+. De hecho, es a partir de ese año cuando se convierte en pregonera del Orgullo de Madrid o de Torremolinos, cuando el presidente del Gobierno le entrega la declaración de reparación y reconocimiento personal, la máxima distinción como referente de la memoria histórica LGTBI+ como víctima de los abusos de la dictadura franquista, y cuando el ministro del Interior le concede la Gran Cruz al Mérito Social de la Guardia Civil”.

“Con todo esto”, concluye, “siempre se corre el peligro de que historias como la de ella caigan en el olvido, y espero que la novela ayude a que eso no ocurra. Es necesario conocer qué pasó para entender lo que ocurre hoy en día, para que no se vuelva a repetir tanto daño a quien en cuestión de sexo y de género no entra dentro de lo considerado como normativo. Se ha conseguido mucho, pero aún queda. Esto suena a tópico, pero nunca está de más recordarlo, más aún en la actualidad, donde la extrema derecha ha conseguido instalarse en el pensamiento de una numerosa parte de la población”.

Una performance ha tenido lugar este miércoles en las Setas de la Encarnación, en Sevilla, “para alzar la voz ante una realidad que duele, pero que también exige acción”, según ha denunciado la Asociación de Transexuales de Andalucía ATA-Sylvia Rivera. “Que esta concentración sea un acto de memoria, de resistencia y de compromiso. Que cada vida trans asesinada sea también un llamado a movilizarse, a legislar y a transformar”, han proclamado en un manifiesto.

En el último año se han registrado 281 personas trans asesinadas, y desde 2009 el observatorio ha documentado 5.322 asesinatos en todo el mundo, siendo el 90% de las víctimas mujeres trans y el 88% son personas trans racializadas.

El reciente informe del Monitoreo de Asesinatos de Personas Trans 2025 revela una tendencia aterradora: un aumento significativo en los asesinatos de activistas y líderes trans que alcanza el 14% del total, indica ATA, que añade que “gravísimo dato no es una simple estadística: es un intento deliberado de silenciar a quienes defienden la igualdad, la libertad y los derechos humanos”.

Desde ATA–Sylvia Rivera se denuncia la violencia estructural y el discurso de odio que legitima estos crímenes; la falta de protección pública para las personas trans; y la invisibilización mediática, el subregistro y los errores en la comunicación que ocultan la magnitud real de esta tragedia.

Al tiempo exigen que los gobiernos garanticen medidas de protección para las personas trans y que se desarrollen leyes contra delitos de odio que incluyan explícitamente a las personas trans. “Nos negamos a permanecer en silencio. Hoy, nuestras voces y nuestra presencia son un grito colectivo: ¡Basta ya de odio, basta ya de transfeminicidios, basta ya de invisibilidad!. ¡Basta de transfobia!”.

El caso de los campamentos de Bernedo ha sido “instrumentalizado como pretexto para reactivar marcos ideológicos de extrema derecha y difundir una retórica tránsfoba y homófoba profundamente organizada, que combina elementos de conspiración política, fundamentalismo moral y manipulación mediática”. “Estas dinámicas no sólo afectan a las personas directamente agredidas, sino que deterioran el espacio público y la cultura democrática en su conjunto, generando un clima social donde la intolerancia se disfraza de opinión legítima y el acoso se normaliza como debate”. Esa es la conclusión principal a la que ha llegado el Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria (Ikusgune) tras analizar decenas de mensajes en redes sociales y los artículos tanto informativos como de opinión de varios medios de comunicación.

Según señala la investigación, gran parte de estos ataques provienen de sectores de la ultraderecha. “Desde estos sectores ultraderechistas y conservadores se despliega una intensa campaña de odio focalizada en las personas trans. Su retórica se basa en la asociación constante entre el colectivo y conceptos como la pederastia o el adoctrinamiento, buscando generar una reacción social inmediata, emocional y visceral”, recoge el estudio, que sostiene que “este tipo de mensajes no sólo persigue desacreditar el trabajo o la legitimidad de las personas trans, sino también cuestionar su propia identidad”. Se pasa así del ataque individual a la persecución colectiva. En este proceso de deshumanización se construye una “figura pública diana” sobre la que concentrar el miedo y el odio generados. En el caso analizado, dicha carga recae casi exclusivamente sobre una persona de la asociación organizadora de los udalekus, visiblemente disidente de género y que se expresa abiertamente sobre sus experiencias. Esto pone de relieve la intencionalidad tránsfoba del acoso dirigido hacia ella“. En este caso la figura pública diana ha sido Aner Peritz, bertsolari y responsable de la entidad de Euskal Udalekuak.

Debido a que el campamento de verano de Euskal Udalekuak acumula 21 denuncias en la Ertzaintza y tres quejas en Emakunde por supuesta violencia sexual, los organizadores fueron acusados de pederastia en algunos medios de comunicación y en redes sociales. Para Ikusgune este no es un fenómeno nuevo. “La acusación de pederastia o pedofilia dirigida hacia el colectivo LGTBIQ+ no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas, los movimientos conservadores y ultras han utilizado este recurso retórico para intentar frenar el avance de derechos, apelando a una supuesta protección de la infancia. En la actualidad, estas narrativas encuentran un refuerzo adicional en los movimientos transodiantes. En diversas publicaciones analizadas se observan imágenes manipuladas o simbólicas en las que se representa, por ejemplo, a una persona adulta con aspecto desaliñado, vestida con los colores de las banderas trans o LGTBIQ+, invitando a una niña a entrar a un baño, insinuando intenciones de abuso. En otras, un hombre aparece protegiendo a menores con un escudo con un crucifijo frente a un arcoíris, reforzando la idea de ”defensa moral“ frente a la diversidad sexual y de género. Paralelamente, las personas o medios que denuncian el odio tránsfobo o ponen en duda la narrativa dominante son a su vez acusados de pederastia”, indica la investigación.

Los medios actúan, en ocasiones, como amplificadores involuntarios del discurso tránsfobo

Lo que supone que en lugar de críticas o ataques individuales, lo ocurrido con Bernedo es, según el estudio, “una campaña estructurada, sostenida y multicanal de discurso de odio tránsfobo y LGTBI+fóbico, en la que confluyen actores vinculados a la ultraderecha, movimientos transodiantes —conocidos también como TERF— y determinados espacios mediáticos que, de forma directa o indirecta, contribuyen a la amplificación del mensaje”. “Lejos de tratarse de una serie de episodios aislados, el estudio permite observar una coordinación discursiva y simbólica que responde a una estrategia común: la de erosionar los derechos de las personas trans, socavar los marcos de igualdad y diversidad y reinstalar valores excluyentes bajo la apariencia de defensa moral o protección de la infancia”, asevera.

Las publicaciones analizadas en la investigación, según Ikusgune, “muestran una clara intención de construir un relato basado en el miedo y la desinformación”. “A través de mensajes repetitivos, imágenes manipuladas y material gráfico de alto impacto emocional, se busca asociar las identidades y derechos LGTBIQ+ con la pederastia, la corrupción o la amenaza hacia los menores. Estas narrativas apelan al instinto de protección social para legitimar la exclusión y la discriminación, transformando el rechazo en una supuesta obligación moral. En este proceso, la infancia se convierte en un instrumento retórico utilizado para justificar el odio y dar apariencia de legitimidad a prácticas que, en esencia, constituyen formas de violencia simbólica y social”, recoge el documento que asegura que “la reiteración de insultos, acusaciones de pederastia, alusiones sexuales y descalificaciones políticas demuestra una intencionalidad clara de humillación y deslegitimación pública, que trasciende el debate de ideas para situarse en el terreno del hostigamiento y la incitación al odio, comportamientos que, de acuerdo con el marco legal vigente, podrían constituir ilícitos penales en la medida en que fomentan la discriminación y la violencia contra un grupo protegido por razón de identidad o expresión de género”.

Otra de las cuestiones que analizan desde el Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria es que hay un efecto de “retroalimentación” entre redes sociales y medios de comunicación, donde determinados titulares o enfoques contribuyen involuntariamente a reforzar los marcos de odio presentes en el entorno digital. “Los picos de actividad detectados tras la publicación de determinadas noticias confirman que los medios actúan, en ocasiones, como amplificadores involuntarios del discurso tránsfobo, generando un ecosistema comunicativo en el que la desinformación y la hostilidad encuentran terreno fértil para su expansión”, señala.

La identificación temprana de patrones de odio y la aplicación efectiva de los instrumentos legales contra la incitación a la violencia son pasos necesarios

En este sentido, la investigación plantea la posibilidad de que haya repercusiones legales por delitos de odio por estas publicaciones y comentarios. “Resulta imprescindible señalar que la difusión intencionada y reiterada de mensajes que incitan al odio, promueven la hostilidad o justifican la exclusión de un grupo por motivos de identidad o expresión de género puede tener relevancia penal de acuerdo con la legislación vigente sobre delitos de odio. La frontera entre la libertad de expresión y la incitación a la violencia se traspasa cuando el discurso no busca el debate, sino la humillación, la deslegitimación o el daño hacia todo un colectivo vulnerable. Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que socavan los principios básicos de convivencia democrática al normalizar el acoso, la desinformación y la estigmatización pública de los colectivos minorizados”, indica el estudio.

En definitiva, la investigación sostiene que el caso analizado “ha sido instrumentalizado como pretexto para reactivar marcos ideológicos de extrema derecha y difundir una retórica tránsfoba y homófoba profundamente organizada, que combina elementos de conspiración política, fundamentalismo moral y manipulación mediática”. “Estas dinámicas no solo afectan a las personas directamente agredidas, sino que deterioran el espacio público y la cultura democrática en su conjunto, generando un clima social donde la intolerancia se disfraza de opinión legítima y el acoso se normaliza como debate”. Para evitar que este tipo de sucesos ocurran, desde Ikusgune defienden que “el reconocimiento, la denuncia y el seguimiento institucional de este tipo de prácticas resultan imprescindibles”. “La identificación temprana de patrones de odio y la aplicación efectiva de los instrumentos legales contra la incitación a la violencia son pasos necesarios para proteger tanto los derechos de las personas trans y LGTBIQ+ como la integridad democrática del espacio público”, concluye el estudio.

A raíz del caso de Bernedo, el campamento de verano de Euskal Udalekuak que acumula 19 denuncias en la Ertzaintza y tres quejas en Emakunde por supuesta violencia sexual, estudiantes de la facultad de Comunicación de la Universidad del País Vasco (EHU) han denunciado que varios de sus profesores han aprovechado lo que ha ocurrido para lanzar a través de sus redes sociales mensajes tránsfobos y contra las personas LGTBIQ+. Tras las quejas de los alumnos, la Universidad pública está “analizando” lo ocurrido, según han informado fuentes de la EHU a este periódico.

Desde Eiki, el grupo feminista del campus de Leioa de la EHU, han denunciado los mensajes de los profesores colocando carteles por la facultad. Es una acción a la que, según han criticado, uno de los dos profesores ha respondido con amenazas y gritos. “Queremos denunciar mensajes tránsfobos de dos profesores en sus redes sociales. Por ello, hemos colocado carteles en la facultad, pero uno de esos profesores se ha acercado gritando 'sois unos pederastas y fascistas'”, han lamentado en un comunicado, tras señalar que la actitud del profesor, cuyo nombre no han querido hacer público, ha sido violenta de manera que los alumnos han visto “amenazada su integridad física”.

Este periódico ha accedido a uno de los dos perfiles que lanzan los mensajes en contra de las personas trans, en los que se lee críticas al campamento “trans neoliberal de Bernedo” al “adoctrinamiento en el transgenerismo” y a los “efectos del movimiento queer”. “No sabía que implicaran a los curas en el campamento trans neoliberal yanki de #Bernedo. Ya todos se han vuelto trans. Es orden de la UE, adoctrinamiento en el transgenerismo para acabar con el feminismo. El próximo año lo impone Von der Leyen”, sostiene una de las publicaciones en las redes sociales.

A principios de año otro profesor, en concreto un docente de la facultad de Farmacia, fue investigado por lanzar en sus redes sociales mensajes “fascistas, racistas, tránsfobos y franquistas”. No obstante, denunció ante la Ertzaintza un delito de “suplantación de identidad y usurpación de redes sociales”. Después de la denuncia y de la pertinente investigación de la Ertzaintza, el juzgado de Gernika terminó archivando el caso por falta de pruebas que identifiquen al docente como el autor de los mensajes. Desde la Universidad explicaron a este periódico que teniendo en cuenta que él negó ser el autor de los mensajes en todo momento y la resolución judicial no veían motivos suficientes para apartarlo de las clases.

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la exitosa saga de 'Harry Potter', calificó este lunes a la actriz Emma Watson, que encarnó al personaje de Hermione Granger en las películas, como “una ignorante” después de que ésta se mostrara en desacuerdo con su postura sobre las personas transgénero.

“Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”, sostuvo Rowling en una extensa publicación en la red social X en la que aseveró que “tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”. Como motivo de esa “ignorancia”, la escritora señaló que se debe a que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.

Watson, de 35 años, sostuvo el pasado jueves en el podcast sobre salud mental de Jay Shetty que esperaba “seguir queriendo a personas con las que no necesariamente” tiene los mismos puntos de vista, en referencia a la postura de Rowling sobre las personas transgénero, por la que la autora ha recibido multitud de críticas.

“Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”, dijo Watson, que apuntó que lo que más le molestó fue “que nunca se pudo mantener una conversación” en ese sentido.

Para Rowling, tanto Emma Watson como Daniel Radcliffe, que han criticado abiertamente la posición de la novelista, “han dejado claro en los últimos años que creen que su antigua asociación profesional les otorga un derecho -o incluso una obligación- particular de criticar” a ella y a sus opiniones.

“Años después de terminar su participación en Potter siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé”, manifestó, y añadió que “cuando conoces a alguien desde los diez años, es difícil desprenderse de cierta protección”. También sostuvo que, hasta hace poco, no había conseguido deshacerse “del recuerdo de niños que necesitaban ser persuadidos con delicadeza para que hablaran en un gran estudio de cine de terror”.

La escritora ha sido acusada en varias ocasiones de transfobia por sus opiniones y ha protagonizado enfrentamientos públicos con otros actores de la saga cinematográfica como el propio Radcliffe, quien también cuestionó sus posturas sobre el asunto.

Emma Watson, actriz célebre por su personaje de Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter, ha hablado por primera vez públicamente sobre la agria polémica que mantiene con la autora de las novelas que dieron lugar de los filmes, J.K. Rowling. Lo ha hecho en una entrevista con el podcaster Jay Shetty, en su programa a principios de semana.

Watson, que ha querido mostrarse conciliadora, ha asegurado que aún valora su relación anterior con Rowling, a pesar de su reciente desacuerdo respecto de los derechos de las personas transgénero. En un tuit de 2020, la actriz cuestionó las ideas de género de la autora, conocida por su rechazo a las personas trans, respondiendo al ensayo de Rowling sobre la necesidad de espacios diferenciados debido a la amenaza de violencia contra las mujeres. “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que se les cuestione constantemente ni se les diga que no son quienes dicen ser”, escribió entonces Watson.

La reacción de Rowling fue entonces la de afirmar que “nunca perdonaría” ni a Watson ni a sus coprotagonistas en Harry Potter Daniel Radcliffe y Rupert Grint, por haber “colaborado con un movimiento que busca erosionar los derechos de las mujeres, conquistados con tanto esfuerzo”.

“Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y albergar el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda apreciar ni valore a Jo”, ha dicho Watson. “Nunca creeré que una cosa niegue a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona”, ha agregado refiriéndose a Rowling.

Incidiendo en su tono conciliador, ha insistido durante la entrevista: “Creo que mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”. Watson ha proseguido diciendo que lamentaba tras su desacuerdo no haber podido debatir cara a cara con Rowling la cuestión y ha agregado: “Creo que lo que más me molesta es que nunca se haya podido conversar”.

Tania Navarro nunca tuvo una infancia. Como ella dice, se hizo mayor “demasiado rápido”. Nacida en 1956, en plena dictadura franquista, creció en un entorno en el que la palabra “transexual” no se había escuchado nunca, y acumuló años de abusos y desprecio hasta que de mayor se convirtió en una de las protagonistas del activismo LGTBI en España durante la Transición. Hoy es de las pocas voces que quedan de esa generación mujeres trans.

“He sufrido mucho, pero he aprendido a transformar el odio en amor”, reivindica. Navarro se considera una superviviente de la represión franquista. Testigo en sus carnes de la brutalidad que sufrieron las personas trans en esa época, en su caso durante la infancia y adolescencia, lo dejó escrito en su libro La infancia de una transexual en la dictadura. A través de los ojos de mi madre (Universo de Letras).

A pocas semanas de que se conmemore el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Navarro repasa esa trayectoria que derivó en una defensa de los derechos LGTBI en la que hoy sigue militando.

Desde pequeña, explica, fue maltratada por su familia y marginada por la sociedad. En casa eran tres hermanas, un hermano y Tania. Solo ellas la protegieron, asegura. “Hace 58 años, ser transexual era un pecado mortal. Bueno, entonces ni siquiera existía la palabra travesti, simplemente te llamaban maricón”, recuerda. “No tuve ni hogar, ni familia, ni educación, ni amor”, añade. Fue a los seis años cuando se dio cuenta de que en realidad era una niña.

A los ocho años, sin que nadie le hubiera contado nada sobre identidades, menos aún sobre derechos, le robaba la ropa a su hermana Marina para irse a la feria a bailar. A cambio, le daban fichas para los coches de choque y un bocadillo. En casa, muchas veces no había nada que comer. Su madre trabajaba todo el día para mantenerlos y no podía ver lo que ocurría a su alrededor.

Aceptar su identidad le costó golpes, humillaciones y rechazo. A los nueve años la enviaron al Asilo Duran, un reformatorio religioso de Barcelona donde sufrió abusos y castigos constantes. Allí, los curas la llamaban “hijo del diablo”, rememora, y la sometían a violencia física y psicológica. Ese internado, clausurado como tal en 1977, ya era por entonces conocido en la ciudad por su dureza y acabó siendo símbolo de la deshumanización de los menores.

Tras salir de allí, en 1972, con apenas 16 años, Navarro fue encarcelada por primera vez en la prisión Modelo de Barcelona, debido a la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social, que perseguía la homosexualidad. “He visto a personas pagar seis años de cárcel por ser maricón”, afirma.

En su periplo institucional pasó también por el psiquiátrico de Sant Boi, donde asegura que fue sometida a terapias de electrochoques para “curar” su identidad. “Me pusieron corrientes en la cabeza. Si decía que me gustaban los hombres, me daban descargas”, relata. De ese recinto, se acabó escapando (igual que del reformatorio).

Pese a todo, esta mujer trans logró abrirse paso en Barcelona y antes de alcanzar la mayoría de edad encontró un sitio como vedete en el club Panam’s. Inició así una trayectoria que la llevó por escenarios de España y de Europa durante dos décadas, desde Madrid a Alemania, Suiza o Francia.

Asegura Navarro que esa época, los años 80 y los 90, fueron para ella una nueva era de libertades conquistadas, pero también de excesos. “La droga arrasó con todo: pisos, coches, joyas, vidas”, dice con tristeza sobre la irrupción de la heroína.

Antes de su eclosión como artista, sin embargo, Tania se convirtió en una de las protagonistas de la primera movilización del Orgullo en España: la de 1977. Aquel 26 de junio, en plena Transición, un grupo de hombres y mujeres, homosexuales, lesbianas y transexuales, salieron a las calles del centro de Barcelona para exigir derechos.

Pasearon sus pancartas por La Rambla ante la mirada atónica de los vecinos. “Nosotras abrimos camino para todos. Entonces nos jugábamos la vida”, proclama Tania. Algunas fueron golpeadas por la policía y detenidas. “Nos dieron porrazos, sí. Pero estábamos ahí. Era la primera vez que gritábamos juntas”, se emociona esta mujer a sus 70 años.

Su activismo no se detuvo ahí. Se considera activista por la memoria histórica, ha publicado libros autobiográficos en los que denuncia cómo fue su infancia trans durante la dictadura, y en la actualidad sigue dando charlas y conferencias para visibilizar la historia de su comunidad.

Una de sus demandas es que las generaciones más jóvenes no olviden el pasado. En particular, la violencia sufrida por las personas trans. “Para los homosexuales y lesbianas era, muchas veces, posible entrar y salir del armario según la situación. Para una persona trans, no”, incide.

“No podías esconderte, estabas expuesta siempre, por eso de aquella generación quedamos muy pocas”, advierte. “Muchas no aguantaron el peso de la represión policial, la exclusión social, las palizas, las cárceles, los psiquiátricos, las drogas y el alcohol, que muchas veces eran la única forma de soportar lo insoportable”, asevera. Su lucha, agrega, es también para todas aquellas que no llegaron a contarlo.

Con 70 años, sigue militando. Ha participado en sindicatos de vivienda, defendiendo a quienes –como ella en algún momento de su vida– no tenían techo. Y sigue levantando la voz frente a un mundo en el que, otra vez, los derechos del colectivo LGTBQI+, y especialmente de las personas trans, están en riesgo.

“El fascismo y el conservadurismo avanzan en todo el mundo. Por eso ahora hablo con más fuerza. Porque soy una superviviente. Porque estoy viva. Porque aún puedo gritar”, proclama, sin ninguna intención de que vuelvan a acallarla.

“Me arrebataron mi libertad, mi juventud... pero mi sonrisa jamás pudieron quitármela. ¡Porque esa es mía!”, sentencia.

Este fue un episodio muy especial. Porque ser madre, ser padre, te lanza a tomar decisiones que no solo te afectan a ti, hablamos de palabras mayores: dicen que en la infancia se forjan personalidades, se definen identidades, se determina mucho de lo que luego será la vida. Y con esa presión hay que manejarse. ¿Qué pasa cuando te vas dando cuenta de que esa criatura que sostienes en tus brazos empieza a hacer preguntas que rompen el esquema normativo, la tradición, la expectativa?

Hoy, 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, hemos querido hacer un pequeño reconocimiento al trabajo diario, real, no teórico sino muy práctico, que se hace en miles de casas en España. Una realidad con implicaciones emocionales, legales, políticas…. que nos relatan Fernando y su hijo Nico, y Saida y su hija Jesse.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 31 de marzo de 2025 ***

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