Casi 13 años después de aquel Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012, la Justicia ha condenado a cinco personas y ha absuelto a otras nueve de los delitos que pesaban sobre ellas. Antes del juicio oral, que tuvo lugar el pasado noviembre, seis activistas pactaron con la Fiscalía un acuerdo de conformidad. Los ahora condenados lo están por delitos de atentado, desórdenes públicos, lesiones y resistencia a la autoridad.

La mayoría de las penas serán sustituidas por multas durante un mes y medio a razón de seis euros diarios, es decir, unos 270 euros. En un primer momento, el Ministerio Fiscal pedía para los 14 acusados penas de prisión que sumaban entre seis meses y más de siete años de cárcel. Todas ellas han sido notablemente rebajadas por la dilatación del proceso. Las penas más severas, de nueve meses de prisión sin posibilidad de sustitución por multa y con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo, van dirigidas a dos activistas por delito de atentado agravado.

Los letrados de la defensa critican duramente que el dictamen no se pronuncie sobre los vídeos que aportaron durante la vista. Estas imágenes, aseguran, prueban que los hechos no se desarrollaron tal y como los agentes de Policía Nacional relataron. Además, varios abogados pidieron la deducción de testimonio para diversos policías al entender que habían mentido a conciencia durante el juicio. La magistrada titular del juzgado de lo penal número 20 de Madrid, María del Pilar Casado, no lo considera procedente al subrayar que no se ha incurrido en falso testimonio.

La sentencia dictada por esta jueza, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye como hechos probados que a partir de las 19.00 horas cientos de individuos provocaron altercados en diferentes puntos del centro de Madrid, sobre todo alrededor de la plaza de Neptuno. Aquella tarde, el Congreso de los Diputados apareció parapetado de vallas y protegido con un gran despliegue policial que se saldó con 34 detenidos, tal y como reza el veredicto.

La convocatoria, auspiciada por la Coordinadora 25-S, propugnaba la apertura de “un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar el proceso de construcción de un nuevo sistema de organización política, económica y social”. Querían rodear el Congreso. Para ello, convocaron dos manifestaciones, una que se desarrolló desde la Plaza de España a la Puerta del Sol y otra desde la plaza de Cibeles hasta la fuente de Neptuno.

“Las marchas inicialmente transcurrieron sin incidentes, pero una vez la primera marcha llegó a su destino en la Puerta del Sol, sus integrantes se desplazaron hasta la fuente de Neptuno, juntándose allí ambos colectivos, mientras coreaban: ‘tomemos el Congreso, que se vayan todos'”, refleja la magistrada en el dictamen. A partir de entonces comenzaron los enfrentamientos, que dejaron a 64 personas heridas. De ellas, 27 fueron agentes, aunque la Delegación del Gobierno no concretó sus dolencias.

La jueza no menciona los vídeos

El abogado Eric Sanz de Bremond ha defendido desde la Comisión Legal Sol a cuatro de los activistas, tres de ellos absueltos. “Llama mucho la atención que la jueza ni siquiera menciona los vídeos que aportamos. Ni siquiera es una cuestión de interpretación, es que en la sentencia no existen”, se queja. A su parecer, estas imágenes probarían que las cosas se habrían desarrollado de una forma totalmente distinta a la relatada por los agentes policiales que incriminaban a sus defendidos.

Sobre su cliente, ahora condenado, recae la pena más dura: nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo. En un primer momento, la Fiscalía pedía para él dos condenas de tres años y ocho meses de cárcel cada una por desórdenes públicos y atentado. “Todo esto nos deja una sensación agridulce. Aquí ha habido gente inocente esperando 13 años una sentencia”, comenta el letrado.

Asimismo, Sanz de Bremond denuncia que la magistrada no haya deducido testimonio a los agentes. “Creemos que sí que tiene motivos para hacerlo. Afirmaron unos hechos que no sucedieron como tal”, subraya. Por el momento, desde Legal Sol estudiarán el veredicto para decidir si recurrirlo.

Absuelto tras el “¡que soy compañero, coño!”

Una de las imágenes más paradigmáticas que dejó aquella jornada de protestas es la de un agente de policía de paisano siendo golpeado por otros agentes. “¡Que soy policía, coño!”, les espetaba para intentar zafarse de los golpes. Debajo de él estaba Ángel García, a quien la Fiscalía pedía también tres años y ocho meses de prisión por un delito de desórdenes públicos. Ha sido absuelto. “Yo contento no estoy. Al final a los policías nadie les investiga. ¿Quién les juzga por mentir y hostiar a la gente?”, se pregunta.

Él siempre tuvo claro que este caso judicial no le pararía: “He seguido yendo a manifestaciones, pero es cierto que si me hubiera pasado algo en ellas, la cosa habría empeorado mucho”. Además, sostiene que no se ha hecho justicia. “Para el pueblo nunca hay justicia”, asevera. García agradece profundamente el trabajo realizado por los colectivos que desde hace tantos años han arropado a los encausados, pero también a su abogado.

Se refiere a Erlantz Ibarrondo, quien enfatiza que “por fin ha quedado demostrado que Ángel no hizo nada de lo que decía la Policía que había hecho”. Asimismo, critica que el proceso judicial se haya alargado casi 13 años: “Esto limita en muchas ocasiones los derechos más fundamentales, como el de manifestación y reunión. Eso es lo que consiguen con estos procedimientos, que activistas tengan un grado de militancia muy reducido. Eso es una de sus consecuencias objetivas que no va a reparar una sentencia absolutoria”.

Este abogado resalta que la magistrada tampoco entra en el trasfondo de la cuestión por la que, según considera, García acabó detenido. “Le detuvieron porque la Policía le conocía previamente de su activismo social. ¿Qué pasa con esas brigadas que se dedican a recabar nombres de activistas? ¿Existen esos listados, son legales? ¿La justicia va a permitir que se detenga a una persona por su adscripción política o militancia? La jueza no entra en el trasfondo de todo esto cuando, en realidad, es ahí donde está el sustrato de lo ocurrido”, se explaya el mismo Ibarrondo.

Los mismos motivos que entonces

La Coordinadora 25-S ha recibido con buenas sensaciones el veredicto. Aun así, René Otaduy, su portavoz, puntualiza que tendrán que estudiarlo con detenimiento los próximos días. “Creemos que se ha hecho una muy buena campaña de apoyo a las encausadas, y eso siempre es importante”, recalca. Del mismo modo, se congratula que se haya vuelto a hablar tantos años después de los motivos que impulsaron aquel Rodea el Congreso. “Vemos cómo la corrupción, la deslegitimación del conjunto de las estructuras del régimen y la crisis económica siguen entre nosotros”, en sus propios términos.

Asimismo, el portavoz considera “tremendo” que hayan tenido que pasar 13 años para llegar a la vista oral del juicio, así como siete meses más para conocer la sentencia. “Solo por este motivo se tendría que haber suspendido toda la causa. Estos años han sido verdaderamente duros para todas las encausadas”, comenta. Por su parte, García, y absuelto, preguntado por cómo está tras concluir el procedimiento judicial, finaliza tajante: “Yo lo que estoy es en la lucha, y sé lo que es y a lo que nos enfrentamos. Hemos ganado una pequeña batalla. Quedan muchas más todavía”.

Esta mañana ha comenzado en Madrid el juicio a los 21 detenidos en el Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012, la mayoría de ellos acusados de delitos como desórdenes públicos, resistencia, daños, lesiones y atentado contra la autoridad. En total, para todos ellos el Ministerio Público solicitaba penas de cárcel que llegaban a los 112 años, con penas individuales de hasta ocho años de prisión. Antes de la apertura del juicio oral, seis de los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía a penas de prisión que se sustituirán por multas que ascienden a los 1.320 euros tras aplicarse, 12 años después de los hechos, una atenuante de dilaciones indebidas. 

En esta primera jornada del juicio, que se extenderá hasta el 28 de noviembre, se han llevado a cabo cuestiones previas y se ha escuchado el testimonio de varios agentes de Policía Nacional que intervinieron en el dispositivo de seguridad de aquel día. Según fuentes conocedoras del caso, algunos de ellos han sido mandos del Cuerpo y agentes que durante la protesta actuaron de paisano.

Conocido como el 25S, ese día de 2012 se saldó con 35 personas detenidas. Muchas de ellas denunciaron malos tratos y torturas tras la detención. De hecho, España fue condenada por el Tribunal de Derechos Humanos en 2021 al considerar que no se investigaron adecuadamente estos presuntos abusos policiales.

Pactar para terminar con la incertidumbre

Doce años después, y sin haberse investigado las denuncias de malos tratos, seis de los acusados han reconocido un delito de desórdenes públicos, materializado en una pena de 11 meses de prisión que se sustituirá por una multa económica. De estos seis, dos de ellos han aceptado otra pena de 11 meses de prisión por un delito de atentado agravado con uso de instrumento peligroso, tal y como han informado fuentes jurídicas, quienes han añadido que otros tres de los acusados también han aceptado dos meses y 20 días de cárcel por un delito de atentado básico. 

“Las penas para aquellos que han aceptado 22 meses de prisión se conmuta por una pena económica durante ese mismo tiempo a razón de dos euros diarios”, ha especificado Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica y defensor de tres de los acusados que han pactado con el Ministerio Fiscal.

El letrado ha explicado que “han preferido la conformidad ante las elevadas penas de prisión que solicitaban para ellos, que alcanzaban los ocho años de prisión”. También ha recalcado que este proceso judicial se inició hace 12 años: “Las circunstancias de estas personas han cambiado mucho. Algunas son padres y ante la remota posibilidad de entrar en la cárcel han elegido pactar con la Fiscalía. Así también se evitan seguir esperando, porque para que haya una sentencia firme puede quedar todavía otro año”.

Por su parte, los abogados de los demás acusados han pedido que sus defendidos declaren una vez haya concluido la prueba, por lo que su testimonio será el último que se escuche en esta sala de lo Penal. Todos ellos han decidido no aceptar el acuerdo ofrecido por la Fiscalía al mismo tiempo que, a través de sus letrados, han negado los delitos que se les imputan y han solicitado su libre absolución. En este sentido, los abogados ya han puesto a disposición del juez material documental diverso, como fotografías y vídeos, que demostrarían su inocencia.

La Fiscalía mantiene que aquel 25S en torno a unas 500 personas arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado en la plaza de Neptuno, a escasos metros del Congreso de los Diputados, tirando las vallas y arrojando objetos contundentes contra ellos. Esto “obligó a organizar el despliegue de diversas unidades de intervención policial para tratar de contenerlos”, ha expresado el Ministerio Público a través de un comunicado. Las cargas policiales llegaron incluso al interior de la estación de Atocha.

Desde su perspectiva, habrían sido diversos grupos “coordinados” y “organizados”, además de otros individuos, quienes se dedicaron “a causar destrozos en la vía pública, intentado rebasar los cordones de seguridad establecidos, arrojando objetos, no sólo contra las fuerzas de seguridad sino contra los vehículos policiales, así como en la calzada y accesos públicos, ocasionando cortes en la circulación”.

Esta versión de los hechos ha sido confirmada por los mandos policiales que hoy han declarado, según fuentes de la defensa de los acusados. “Uno de ellos ha llegado a decir que nunca había visto tanta violencia en una manifestación”, han añadido estas fuentes.

Asimismo, la testifical practicada este lunes ha servido para escuchar, por parte de uno de estos agentes de Policía Nacional, que son ellos quienes deciden en qué manifestaciones infiltrarse de paisano y que se llevó a cabo un seguimiento e investigación previa de los convocantes sin cobertura judicial, “pero una vez realizado el atestado lo pusieron a disposición de los juzgados”, han recalcado las fuentes consultadas.

La “escalada represiva” en el proceso penal

En este sentido, ocho de los presuntos convocantes de la concentración fueron procesados por la Audiencia Nacional días antes del 25S. Elena Martínez, actualmente portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados, fue una de ellas. A sus ojos, este proceso judicial significa una “escalada represiva”, tal y como ha expresado antes del inicio del juicio, que comenzó cuando Cristina Cifuentes estaba al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, encargada de la planificación del dispositivo de seguridad en convocatorias de este tipo. 

El 25 de septiembre de 2012 llegaron a la capital más de 1.300 agentes procedentes de 30 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del total de 52 que existen en España. Según la Delegación del Gobierno, aquel día se manifestaron en Neptuno 6.000 personas. “Fuimos perseguidos e identificados. Hubo un despliegue policial como no ha habido en otras movilizaciones”, ha recalcado Martínez. Finalmente, ella y sus compañeros acusados fueron absueltos de un presunto delito contra altos organismos de la nación. El auto, emitido por el juez Santiago Pedraz, incidía en que en ningún momento se alteró el normal funcionamiento de la sesión parlamentaria del día 25.

Aquel 25 de septiembre de 2012 decenas de miles de personas se congregaron en la plaza de Neptuno, en Madrid. Convocados ante el llamamiento de rodear el Congreso, la noche terminó con duras cargas policiales que se prolongaron hasta en el interior de la estación de Atocha. Detuvieron a 35 personas y 64 más resultaron heridas. De ellas, 27 fueron agentes, aunque la Delegación del Gobierno no concretó sus dolencias. El próximo 18 de noviembre comenzará la vista oral para 21 de esos detenidos en lo que los organizadores de la protesta han tildado de “macrojuicio”. Más de 12 años después, la Justicia dirimirá lo ocurrido. La Fiscalía pide condenas que en algunos casos superan los siete años de cárcel y que, en total, suman 112 años entre todos los acusados

Decenas de vídeos inundaron las redes aquel martes, 25-S. Uno de ellos dejó una imagen que todavía se recuerda. Ante una de las cargas policiales, un agente de paisano comenzó a gritar “¡Que soy compañero, coño!” para zafarse de los golpes que sus propios colegas de profesión le estaban propinando en el suelo. A su lado, también sobre el asfalto, estaba Ángel García, al que acusan de desórdenes públicos y para quien el Ministerio Público solicita una pena de 3 años y 8 meses de prisión, la más baja de todas. 

Él será uno de los hombres y mujeres que los próximos días desfilarán ante un juzgado de lo penal de Madrid: “Éramos miles de personas en Neptuno, la Policía cargó y la gente echó a correr. Yo noté un fuerte empujón por la espalda y me tiraron al suelo”, comienza su relato.

Ángel asegura que fue arrastrado por dos agentes de paisano. “No hay que olvidar que aquella movilización estuvo infestada de este tipo de policías”, apuntilla Elena García, una de las promotoras de la convocatoria. Tras caer al suelo, este jardinero que por entonces tenía 39 años terminó siendo arrastrado unos metros por policías no uniformados. “Me llevaron cerca de los furgones policiales y ahí los antidisturbios se liaron a golpes conmigo y con ellos dos. Eso sale en las imágenes, en las que uno empieza a decir que es su compañero para que le dejaran de pegar”, ilustra.

Tras la detención terminó en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Asegura que allí sufrió maltrato psicológico por parte de los policías: “No nos dejaban ir al servicio a hacer nuestras necesidades y nos tuvieron todos los días con la luz encendida para impedirnos poder dormir”, denuncia. No es el único que denunció abusos policiales. Unas denuncias de maltrato policial que no fueron investigadas y que se han traducido en una condena para España por parte de la Justicia Europea.

Las calles, un polvorín

En 2012, con Mariano Rajoy y el PP al frente del Gobierno, las clases más humildes todavía no se habían recuperado del fuerte golpe que supuso la crisis financiera de 2008. Las protestas multitudinarias protagonizaban los fines de semana en una capital convertida en epicentro de la movilización. Era el tiempo de las Marchas de la Dignidad, la huelga general, la marcha de los mineros y la eclosión de las mareas en defensa de los servicios públicos. Para intentar aplacar y controlar ese descontento, el 25 de septiembre de 2012 arribaron a Madrid más de 1.300 agentes procedentes de 30 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del total de 52 que existen en España. Después aprobarían la Ley Mordaza.

Las imágenes de manifestantes ensangrentados coparon portadas al día siguiente, una jornada en la que también se celebró otro Rodea el Congreso. Por aquel entonces, el 77% de la sociedad española compartía los motivos por los que salir a la calle el 25-S. “Pedíamos un nuevo proceso constituyente. Negábamos el Régimen del 78 al completo y queríamos sentar unas nuevas bases sobre las que construir un nuevo modelo de Estado”, recuerda Elena.

Agresiones no acreditadas

Ahora, doce años después, Ángel tiene 51 años y una pena de banquillo que ha arrastrado desde entonces debido a la gran dilación del juicio. “Me acusan de haber pegado a un agente con un palo. Justo da la casualidad de que ese agente no está identificado, nadie sabe quién es”, recalca. Ertlanz Ibarrondo es su abogado e incide en que este se trata de un caso paradigmático al haber imágenes que objetivan todo lo sucedido. Además, señala que la narración de los hechos realizada por los agentes sitúa a su cliente en un lugar diferente al que en realidad se encontraba.

Por eso, durante la vista oral habrá que dilucidar si hubo enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios y quién los provocó, expresa el letrado. También considera que pasar tanto tiempo esperando un juicio es una forma de reducir la capacidad de acción política en aquellas personas con inquietudes que quieren defender sus derechos. “En mi opinión, eso es lo que buscan este tipo de procedimientos, que te pienses muy bien si participas después en otras movilizaciones”, en sus propias palabras.

Ángel confirma esta postura: “Más allá de que llevo más de una década sin saber qué va a ser de mí, todo este tiempo he tenido miedo de participar en otras movilizaciones. Si ya me detuvieron no habiendo hecho nada, podría volver a pasar”. En este sentido, Ibarrondo enfatiza la importancia de los vídeos que objetivan actuaciones policiales, convertidos en pruebas documentales esenciales en casos judiciales como este.

Desde su punto de vista, eso es lo que intentó prohibir el Gobierno de Rajoy con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y que en un primer momento censuraba la grabación de esas conductas por parte de los policías. “En el caso de Ángel y en el de los demás acusados se verá una carga documental muy elevada. Hay muchos vídeos que acreditan que los hechos no sucedieron como relatan los agentes”, determina el abogado.

El juicio se alargará durante nueve jornadas en la que los 21 procesados deben acudir a los tribunales. “Nos obligan a estar todos los días con lo que eso comporta para nuestra vida diaria. Hay gente que tendrá que dar muchas explicaciones en sus trabajos por algo que sucedió hace 12 años”, se queja Ángel. Cuando llegue su turno, ante el juez se declarará inocente, e Ibarrondo pedirá su absolución. “Quizá la Fiscalía ofrezca algún tipo de trato, pero yo me voy a negar. No voy a aceptar ninguna pena por algo que no he cometido”, zanja este acusado.

Los convocantes, exonerados por la Audiencia Nacional

Elena Martínez, por su parte, llegó a ser catalogada como una de las convocantes de aquel 25-S. Ella y otros siete activistas se enfrentaron en la Audiencia Nacional a la acusación de un delito contra altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del Código Penal después de haber sido identificados en las asambleas públicas que realizaban los domingos en el Parque de El Retiro. Terminaron absueltos. “Eran tiempos de un gran malestar social y de cierto abandono por parte de las instituciones hacia las clases populares, como sucede ahora”, comenta esta activista. Y añade: “La gente se empezaba a dar cuenta que España arrastraba unas carencias democráticas muy grandes que provenían de la falta de ruptura con el franquismo, por eso pedíamos un nuevo proceso constituyente”.

Eligieron el 25 de septiembre de 2012 para rodear el Congreso y mostrar ese descontento. Las cargas comenzaron en torno a las 19.00 horas, cuando miles de personas atestaban Neptuno. Según la Delegación del Gobierno, dirigida entonces por Cristina Cifuentes, tan solo fueron 6.000 manifestantes. “Iba a ser algo pacífico y todo el mundo tiene derecho de reunión como bien fundamental sin necesidad de aprobación por ninguna institución, por eso comunicamos la movilización tan solo a nivel administrativo”, recuerda Elena.

Apenas unos días antes del 25-S, ella y otras siete personas recibieron citaciones judiciales: “Es la primera vez que se juzga un delito que todavía no ha ocurrido. Si decíamos que había carencias democráticas, esto nos lo confirma”, opina la activista. La movilización salió adelante. “Aquello fue un despliegue policial brutal. Cientos de personas ni siquiera pudieron llegar a Neptuno porque fueron interceptadas antes”, recuerda.

Elena rememora aquello como una muestra muy fuerte de poder popular, parafraseando sus términos. “Éramos miles de personas que no nos conocíamos, pero nos encontramos ahí como compañeros, codo a codo, y ese es el clima que esperamos que vuelva a haber para el juicio, que los 21 encausados no se sientan solos”, prosigue. Así enfrentan este “macrojuicio”, tal y como lo califica la propia Elena, que tendrá lugar del 18 al 28 de noviembre en Madrid y en el que la Fiscalía solicita condenas que implicarían la entrada en prisión de todos los activistas, acusados sobre todo de desórdenes públicos y atentado y resistencia a la autoridad.

La Audiencia de Madrid ha decidido absolver a tres antidisturbios de la Policía Nacional acusados de mentir en un juicio para perjudicar a una manifestante detenida en el 'Rodea el Congreso' de diciembre de 2013. La sentencia reconoce que no hay pruebas de que la mujer pegara patadas y puñetazos a los policías, pero tampoco ve delito en que tres agentes lo afirmaran con rotundidad en sede judicial, en contra de lo que decían en sus propios atestados y de lo que mostraban los vídeos. Las imágenes no reflejan que la mujer pegara a los policías, “pero lo cierto es que tampoco puede decirse que tal acción no se produjera”, especulan los jueces para absolverles.

Las manifestaciones de 'Rodea el Congreso' congregaron a miles de personas en diciembre de 2013 en Madrid para protestar contra el proyecto de la 'ley mordaza'. La concentración desembocó en disturbios, con más de dos docenas de detenidos, y terminó en juicio casi una década después: seis personas fueron finalmente condenadas a penas de hasta cinco meses de cárcel. Pero dos fueron absueltos: no había ninguna prueba de que, como dijeron varios policías en el juicio, hubieran pateado y agredido a los antidisturbios.

Ese proceso desembocó en un nuevo juicio, pero esta vez con tres policías en el banquillo: los antidisturbios que afirmaron, obligados a decir verdad, que una manifestante les había pegado puñetazos y patadas cuando los vídeos no mostraban nada ni remotamente parecido. La Fiscalía y la acusación particular pidieron hasta dos años y medio de cárcel para ellos por falso testimonio y la Audiencia Provincial de Madrid, según ha sabido elDiario.es, ha optado por absolver a los tres policías antidisturbios, uno de ellos ya jubilado.

El relato de hechos probados cierra la puerta a cualquier condena. “No resulta acreditado que faltaran a la verdad con el objeto de justificar la detención y desfavorecer a la mujer, modificando de manera sustancial su relato para perjudicarla, diciendo que ésta agredió a los agentes”, explica la sentencia. Las juezas reconocen que los vídeos desmienten su testimonio sobre la supuesta agresión, y que esa falta de credibilidad sobre su versión llevó a la Fiscalía a retirar la acusación contra la detenida y al tribunal a absolverla, pero eso no implica que, según su criterio, puedan ser condenados por falso testimonio.

Las magistradas, en su sentencia, tienen en cuenta en primer lugar que el juzgado de lo penal que sentenció ese caso y escuchó la versión cuestionada de los policías no dedujo testimonio contra ellos. También apuntan a que ese juez y su sentencia no hicieron “referencia alguna” a esa acusación y a las palabras de los policías más allá de dictar la absolución de la hoy denunciante. Que la mujer fuera absuelta en contra de la declaración de los agentes, añade ahora la Audiencia de Madrid, “no implica necesariamente que los agentes mintieran ni tampoco que la resistencia no existiera, sino tan solo que no hubo prueba bastante para acreditarla”.

La acusación desmentida “no añadía nada”

La Audiencia Provincial de Madrid, incluso, afirma que la mujer fue absuelta, pero que la agresión que denuncian los policías podría perfectamente ser cierta aunque haya sido descartado en firme por la Fiscalía y los tribunales. “En el video no se ve claramente que la acusada propinara patadas o golpes a los agentes, pero lo cierto es que tampoco puede decirse que tal acción no se produjera”, aseguran las magistradas.

Además, según la sentencia, que los policías dijeran que pateó y golpeó a los agentes no afectó en negativo a la detenida, dice. “No añadía nada ni alteraba la situación de la acusada en el procedimiento, agravándola. No añade nada y no agravaba su responsabilidad”. En el juicio, tal y como explicó este periódico, la representación legal de la joven llevada por el letrado Eric Sanz de Bremond, de la Comisión LegalSol, afirmó lo contrario y destacó el papel clave del testimonio de los tres policías para haber llegado a juicio contra ella, hasta tal punto que la acusación fue retirada cuando sus palabras fueron puestas en entredicho por los vídeos aportados a última hora.

“Si no llegamos a encontrar ese vídeo a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”, lamentó el letrado, destacando que si la mujer fue juzgada fue por la declaración de los policías. A lo largo del juicio, los agentes negaron haber faltado conscientemente a la verdad y la explicación que dieron a haber añadido en el juicio detalles que omitieron, por ejemplo, en el atestado, pasaron por defender que en esos documentos policiales no se refleja todo lo que sucede. “Ella empieza a gritar, me pega un a patada en la pierna, me agrede en el pecho”, dijo uno de ellos, que ese día de diciembre de 2013 ejercía como superior de más de 400 policías.

La acusación terminó el juicio afirmando que “se ha faltado a la verdad” y que los policías ahora absueltos sí conocían las consecuencias de ir variando su testimonio, añadiendo acusaciones que podrían haber acabado en condena para la mujer de no haber surgido los vídeos: “Tienen la experiencia suficiente para diferenciar entre mover los brazos y acometer con patadas y puñetazos, van engrosando sus declaraciones. Es evidente que faltaron a la verdad conscientemente. No olvidemos una cosa: si no llegamos a encontrar ese vídeo, a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”.

Tres agentes antidisturbios de la Policía Nacional han sido juzgados este jueves en Madrid, acusados de mentir ante los tribunales y acusar a una joven de patearles en una manifestación de Rodea el Congreso de 2013 cuando los vídeos no muestran ningún tipo de agresión física por su parte. La Fiscalía y la acusación han hecho definitivas sus peticiones de hasta dos años y medio de prisión para ellos: “Si no llegamos a encontrar ese vídeo a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”, ha dicho el abogado de la manifestante, que ha lamentado en el juicio haber estado imputada seis años hasta que fue absuelta. Los tres policías, uno de los cuales no es acusado por la afectada, han negado haber mentido y han alegado que, varios años después, no recordaban bien los hechos. La Abogacía del Estado, que representa en el proceso al Ministerio del Interior, ha pedido que sean absueltos.

El montaje policial que denuncia esta manifestante arranca hace más de una década, en diciembre de 2013, cuando acudió con su pareja a Madrid a una manifestación de 'Rodea el Congreso' que, ese año, centraba sus protestas en la 'Ley Mordaza', por aquel entonces todavía un proyecto salido del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Los dos vieron cómo otros manifestantes reventaban un coche de Policía Municipal e intentaron abandonar la zona cuando se vieron atrapados por distintas unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Fue detenida, según se le dijo entonces, por llamar “hijo de puta” a uno de los agentes.

El caso llegó a juicio seis años después y la mujer se sentó en el banquillo bajo una petición de tres años de cárcel de la Fiscalía por resistencia y desórdenes públicos. El atestado inicial de la Policía reflejaba los insultos, pero los agentes antidisturbios fueron ampliando las acusaciones durante la investigación y durante el juicio: hablaron de patadas y puñetazos y actitudes violentas. Varios manifestantes fueron condenados por los disturbios pero ella fue absuelta: un vídeo encontrado por su defensa a última hora demostraba que, lejos de haber pateado a un policía, ella había sido objeto de una detención “absolutamente desproporcionada”.

La inexistente agresión se transformó en un juicio contra los tres policías que firmaron el atestado y declararon en el proceso, que este jueves han declarado como acusados. Un juicio en el que las defensas han centrado sus esfuerzos en ensalzar el ambiente de violencia y tensión de la manifestación y en alegar que, tantos años después, es normal que no recuerden todos los detalles. El principal acusado, ahora policía jubilado pero ese día al frente de más de 400 policías como coordinador del operativo antidisturbios, ha insistido en que fue pateado: “Ella empieza a gritar, me pega un a patada en la pierna, me agrede en el pecho”, ha dicho.

Fue él quien elaboró el atestado que no reflejaba las patadas y puñetazos que luego, años después, sí recordó en sede judicial. El atestado, ha dicho, fue una “síntesis”. “Llevo en orden público desde 1992, he recibido muchísimas agresiones y en ningún atestado he puesto que he sido agredido, solo en uno”, ha dicho. La acusación particular, ejercida por el abogado Eric Sanz de Bremond de la Comisión Legal Sol, ha preguntado si conoce la diferencia penal entre resistirse a una detención y agredir a un agente: “Yo no sé la calificación penal que puedan tener esos hechos. Yo digo lo que ocurrió”, ha dicho el policía. Los tres han negado haber mentido.

Otro de los policías acusados, que también firmó ese atestado y luego fue añadiendo las agresiones físicas al relato a medida que avanzaba el proceso judicial, ha reconocido que recordaba los hechos “grosso modo” y que la mujer “lanzó patadas que no sé si impactan o no. Después su compañero se abraza y ella lanza patadas y manotazos, no veo que impacte con nadie”. Si en su primera declaración judicial no mencionó esas patadas, dice, fue porque nadie le preguntó.

La víctima ha comparecido para ofrecer una versión opuesta. Tanto ella como su entonces pareja, también juzgado y absuelto en el proceso penal por los disturbios, intentaron abandonar la zona cuando ocurrieron los disturbios pero quedaron atrapados entre unidades policiales. “Me quedé abrazada con mi compañero, en ningún momento lanzo una patada”, ha dicho. Ha reiterado que en ese momento pregunto dos veces al mando policial por el motivo de su detención y no habló de ninguna patada ni ningún puñetazo: “Me contestó que estaba detenida por llamarle hijo de puta”.

“La motivación era justificar la detención”

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han hecho definitivas sus peticiones de cárcel. En el caso del Ministerio Público son dos años y medio de cárcel por falso testimonio para los tres agentes, mientras que la acusación ha renunciado a pedir condena al tercer policía al entender que fue inexacto en sus declaraciones pero no atribuyó una agresión a la afectada, solo una actitud de resistencia.

El fiscal José Luis García Navas ha hecho definitivas sus acusaciones, pero se ha expresado en términos menos contundentes que en su escrito de calificación. Ha abierto la puerta a que la Audiencia de Madrid aplique subtipos atenuados del delito de falso testimonio hasta el punto de que una condena de cárcel se sustituya por una multa, e incluso ha puesto en duda su propia petición de prisión al policía que no es acusado ni por la víctima, lo que ha generado el enfado de la defensa del agente. “Hay que modificar las conclusiones”, le ha reprochado al fiscal.

Para el representante del Ministerio Público, todos faltaron a la verdad en el juzgado y en el juicio. No para perjudicar a la manifestante, sino para reforzar la procedencia de su detención. “La motivación era justificar la detención”, ha dicho el fiscal. “En el vídeo no he visto ni empujones, ni patadas ni puñetazos. En el juicio dan un salto cualitativo para justificar la motivación de esa detención”, ha explicado.

Sanz de Bremond, después de recordar al tribunal que en este proceso no se juzgaba a la víctima del supuesto montaje sino a los policías, ha sido contundente: “Se ha faltado a la verdad. Tienen la experiencia suficiente para diferenciar entre mover los brazos y acometer con patadas y puñetazos, van engrosando sus declaraciones”, ha dicho. “Es evidente que faltaron a la verdad conscientemente. No olvidemos una cosa: si no llegamos a encontrar ese vídeo, a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”.

Las defensas han pedido la absolución de los agentes. Después de que sus clientes hayan insistido en que las patadas, efectivamente, se produjeron, los abogados se han limitado a defender que la confusión del momento y el paso del tiempo disculpan las posibles inexactitudes en su testimonio. “Hoy por hoy salvo que seas catalán no rehabilitan a ningún funcionario policial en la vida”, ha dicho el abogado del tercer agente, solo acusado por la Fiscalía. 

El abogado del Estado, en representación del Ministerio del Interior, ha pedido la absolución: “Es normal que pueden entremezclar intervenciones y que falle la memoria, pero ninguno tuvo la intención de faltar a la verdad conscientemente para perjudicar a la querellante”. Incluso, ha explicado cómo podrían haberlo hecho: “Solo hubieran tenido que decir que estaba en el grupo que lanzaba objetos”. 

El 25 de septiembre de 2012 miles de personas se manifestaron en la plaza de Neptuno de Madrid. Bajo el lema 'Rodea el Congreso', las protestas terminaron en disturbios con más de 60 heridos y 35 personas detenidas. Más de una década después los arrestados siguen a la espera de juicio, la Fiscalía ha pedido hasta siete años de cárcel para ellos pero nadie ha investigado sus denuncias de haber sufrido maltrato policial, tanto en comisaría como en el furgón de la Policía Nacional. Varios de ellos, según ha sabido elDiario.es, han llevado hasta Estrasburgo su alegación de que la Justicia española archivó sus acusaciones de abusos policiales sin poner en marcha “ni una sola diligencia” de investigación, explica la demanda.

La convocatoria reunió a unas 6.000 personas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados mientras, dentro de la cámara baja, el pleno debatía sobre pensiones, el sueldo de los políticos o la lucha contra el fraude fiscal. La Policía Nacional cargó y los disturbios posteriores llegaron hasta los andenes de la estación de Atocha. El balance fue de 64 heridos entre manifestantes y policías y 35 detenciones. Arrancó entonces un proceso judicial que pasó por la Audiencia Nacional, generó un enfrentamiento entre el PP y el Poder Judicial y nunca puso la lupa sobre las denuncias de maltrato policial que más de 20 arrestados pusieron encima de la mesa.

El caso tardó varios meses en aterrizar en un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid. La Audiencia Nacional, mediante un duro auto del juez Santiago Pedraz, rechazó la teoría policial que apostaba por acusar a los manifestantes de un delito contra las altas instituciones del Estado. La respuesta del Partido Popular fue llamar “pijo ácrata” al magistrado. Mientras tanto, arrancó en un juzgado de Madrid un proceso que, a día de hoy, se alarga más de una década con un total de 21 acusados a la espera de juicio, que se celebrará finalmente en noviembre de este año, y la Fiscalía pidiendo condenas de entre tres y siete años de prisión por desórdenes, atentado, resistencia y lesiones.

Las presuntas agresiones a policías no es lo único que el juzgado de instrucción 35 de Madrid ha tenido encima de la mesa. Poco después de arrancar la causa, dos decenas de detenidos denunciaron todo tipo de abusos y malos tratos policiales, tanto en la propia manifestación como en el traslado y finalmente en comisaría. Golpes de porra y puñetazos, o la obligación de estar de pie durante horas en comisaría sin poder apoyarse ni ir al baño o beber agua. Dentro de las furgonetas, camino de Moratalaz, varios denunciaron que fueron esposados entre sí, sin cinturón de seguridad, y que los policías se reían mientras chocaban y caían por los volantazos, acelerones y frenazos del conductor.

El juzgado, denuncian ahora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, estuvo casi diez años sin hacer nada. Ni diligencias de investigación ni tomas de declaración a los denunciantes. Tuvieron que acudir a la Audiencia Provincial de Madrid para que un tribunal colegiado reconociera su derecho a tener, al menos, una respuesta. La respuesta llegó poco después: su denuncia de malos tratos policiales quedaba archivada porque lo que pretendían, según el juzgado, era una “investigación prospectiva”.

El resto de tribunales, tanto la Audiencia como finalmente el Constitucional, confirmaron esta decisión, y más de 20 denunciantes han decidido llevar el caso ante Estrasburgo, representados por abogados de la Comisión LegalSol. En sus demandas, todos denuncian que el juzgado no puso en marcha ni una sola diligencia para analizar, al menos, los indicios que ellos mismos habían presentado de que las agresiones y el maltrato policial eran reales.

“No se ha practicado ni una sola diligencia”

Las demandas que ahora estudiará el TEDH afirman que el caso sobre los abusos policiales fue archivado sin “haberse practicado diligencia de investigación alguna”. Existió, dicen los escritos enviados a Estrasburgo por LegalSol, una “ausencia de una investigación judicial efectiva y rigurosa”. “No se realizó una investigación diligente ante una denuncia de malos tratos, no se motivó adecuadamente la denegación de diligencias” y el auto, añaden, dijo que no había indicios “cuando no se había realizado investigación alguna”.

Sus denuncias de malos tratos, añaden, venían acompañadas de “indicios creíbles”: partes de lesiones, coincidencia entre las denuncias de una decena de detenidos y descripción de algunos policías presuntamente implicados.

Toda esta inacción del juzgado para investigar sus acusaciones durante una década, mientras algunos de ellos siguen imputados hoy a la espera de juicio con una acusación pública que pide siete años de cárcel, vulneró su derecho a tener un proceso equitativo, según denuncian. Recientemente los tribunales han puesto fecha al juicio, que será a finales de noviembre de 2024.

España, condenada por la actuación policial

Los disturbios del Rodea el Congreso de 2012 y las manifestaciones de los años sucesivos han estado o siguen, a día de hoy, en manos de los tribunales. Y la primera concentración masiva en Neptuno ya ha sido estudiada en el pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo: en marzo de 2021 la instancia europea condenó a España por la inacción judicial a la hora de investigar hechos similares: la denuncia de una mujer desalojada por la fuerza de un bar cercano al Congreso.

Esa sentencia, también conseguida tras una demanda de abogados de LegalSol, ya repasó la sucesión de resoluciones judiciales españolas que cerraron la puerta a la investigación y entendió que se había vulnerado el derecho de la mujer a no sufrir tortura. Firmó, además, una indemnización de 1.000 euros para la denunciante por daños morales.

“La Corte considera que en las circunstancias particulares del presente caso la investigación llevada a cabo por los tribunales internos no fue lo suficientemente completa y eficaz”, dijo esa sentencia que ahora sobrevuela esta segundo proceso sobre la actuación policial del Rodea el Congreso de 2012. En ese caso estableció una indemnización porque la normativa española no permitía reabrir una investigación y, por tanto, solo se podían “borrar imperfectamente” las consecuencias de la violación de sus derechos.

En otros procesos judiciales, los tribunales de lo contencioso han condenado al Estado a indemnizar a manifestantes que fueron agredidos por la Policía en los aledaños del Congreso de los Diputados de manera injustificada.

En el caso de los más de 20 acusados en la causa principal por los disturbios posteriores a la manifestación, siguen a la espera de juicio 11 años y medio después de los hechos. Según la Fiscalía, cometieron delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y resistencia además de una falta de lesiones. La petición más baja de prisión es de tres años y ocho meses de cárcel y la más alta de siete años y cuatro meses.

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la actuación de un grupo agentes policiales en el 'Rodea al Congreso' de 2014 y ha confirmado su absolución al considerar que “no hay en el relato dato alguno acerca de una actuación ilegítima o desproporcionada de los agentes policiales o sobre una causación dolosa de las lesiones”.

Los hechos se remontan al 4 de octubre de 2014, sobre las 10.00 horas, cuando tuvo lugar en las inmediaciones de la Puerta del Sol de Madrid una concentración -que no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno de Madrid- emplazada por la plataforma Coordinadora 25S bajo el lema 'Rodea el Congreso'.

La Sala de lo Penal ha incidido en que en este caso los agentes intentaron “impedir una manifestación de cuya celebración no se había dado cuenta, como es obligación legal, a la correspondiente Delegación del Gobierno”. Según ha recalcado el tribunal, la Policía avisó a los manifestantes de que la concentración debía de disolverse, pero “lejos de ello” la manifestación siguió adelante sin acatar la orden.

El Supremo ha subrayado, en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que ante tal escenario la Policía trazó “una línea de fuerza para impedir” la “prosecución” de la manifestación, aunque los manifestantes finalmente optaron por avanzar frente a tal línea, por lo que se produjo un “episodio de fuerza” en el que resultaron heridos tanto policías como manifestantes.

Por estos hechos, tres manifestantes fueron acusados de atentado en concurso ideal con lesiones, mientras que a los agentes policiales se les atribuyó presuntas lesiones dolosas. La Audiencia Provincial de Madrid les absolvió a todos y uno de los manifestantes elevó el caso al Supremo con la intención de que éste corrija la resolución relativa a los policías.

Ratifica la valoración de las pruebas

El alto tribunal, sin embargo, ha desestimado el recurso de casación que presentó uno de los dirigentes de la plataforma Coordinadora 25S, que alegaba que la resolución de la Audiencia de Madrid había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y que contaba con un “error de apreciación de la prueba”.

En 19 folios, los magistrados han explicado que en las acciones recogidas en las grabaciones que fueron exhibidas durante el juicio “no existe ningún uso de la fuerza por parte de la policía” ni consta que actuasen con una “actitud rebelde” que llevase a los manifestantes a caerse. “Tampoco existe ninguna prueba de que algún componente de la fuerza policial pisase de propósito” a una de las manifestantes, ha apuntado la Sala.

Así las cosas, el Supremo -en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar- ha concluido que la sentencia de la Audiencia de Madrid fue “perfectamente razonada”.

Tres agentes antidisturbios de la Policía Nacional se sentarán en el banquillo acusados de inventarse una agresión de una joven que en 2013 protestaba contra la 'ley mordaza' en Madrid durante una convocatoria de 'Rodea el Congreso'. La Fiscalía pide hasta dos años y medio de cárcel para todos ellos por un delito de falso testimonio después de que un vídeo demostrara que la acusación que habían lanzado como testigos durante un juicio contra la manifestante era falsa, tal y como ha adelantado este miércoles Público. Uno de los acusados era entonces coordinador jefe de una de las unidades de antidisturbios.

Los hechos se remontan al sábado 14 de diciembre de 2013 cuando más de un millar de personas protestaron en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, esta vez como protesta contra lo que todavía entonces era un anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada dos años después y conocida como 'ley mordaza'. La joven se encontró con los dos policías antidisturbios en las inmediaciones de Antón Martín.

Su objetivo era volver a casa y abandonar la zona de las protestas y mantuvo un “encontronazo verbal”, reconoce su propia defensa, con el coordinador jefe de los antidisturbios tras recibir órdenes contradictorias de varios agentes sobre cómo abandonar el lugar. El agente ordenó su detención después de que la joven le llamara “hijo de puta”.

El atestado que llegó a los juzgados decía algo más: que la manifestante había movido sus brazos “violentamente” para intentar “golpear” a los policías. Y años después, durante el juicio en el que una decena de manifestantes se sentaron en el banquillo acusados de participar en los disturbios, el mando policial y dos de sus subordinados fueron más allá: el mando policial afirmó que fue empujado y agredido con “una patada” por la chica. Sus subordinados ratificaron la supuesta agresión.

El caso terminó en absolución porque el juez pudo examinar una prueba determinante: un vídeo grabado por un cámara de Hispan TV que no se había llegado a emitir pero que demuestra todo lo contrario. Que la detención de esta mujer y su acompañante fue “absolutamente desproporcionada” mientras “no se aprecia que hayan hecho nada”.

Lo que empezó como una petición de cárcel para la manifestante por agredir a un policía nacional se ha transformado en una acusación contra los tres agentes por mentir en el juicio. La Fiscalía, según ha podido examinar elDiario.es, pide condenas de dos años y medio de prisión para los tres policías procesados y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer como agentes. La víctima del montaje policial, representada por abogados de la Comisión Legal Sol, pide dos años de cárcel para dos de ellos, además de una indemnización, entendiendo que las falsedades del tercer agente no son suficientes para firmar una condena.

“Con pleno conocimiento de que estaban faltando a la verdad, voluntaria y deliberadamente y a fin de desfavorecer a la denunciante, alteraron los hechos ocurridos”, dice la Fiscalía en su escrito de acusación. La acusación particular, que se dirige contra dos policías, asegura que “no solo mantuvieron lo falsamente declarado en Instrucción, sino que además añadieron hechos nuevos igualmente falsos, como lanzamiento de patadas o puñetazos”.

El escrito de acusación de la afectada destaca que durante seis años ha estado imputada y acusada en un procedimiento sostenido por una declaración falsa de varios policías, lo cual “condicionó su vida durante todo este tiempo”. El juicio está todavía pendiente de señalamiento por parte de los tribunales madrileños.

8 de enero de 2023. Centenares de manifestantes ultras que protestan contra el triunfo electoral de Lula da Silva rompen el leve cordón policial que protege los edificios que albergan las principales instituciones de Brasil: el Congreso, la sede del Gobierno y el Tribunal Supremo. El presidente del país sudamericano toma el control de la seguridad del Distrito Federal, donde se ubica la capital, y desaloja a los golpistas, que pretende derrocar al jefe del Estado para que siga en el cargo su líder, el derechista Jair Bolsonaro. 30 de octubre de 2016, decenas de miles de personas se manifiestan de forma mayoritariamente pacífica en los alrededores del Congreso, en Madrid, contra la investidura de Mariano Rajoy. El debate y la votación se celebran y Rajoy mantiene el cargo gracias a la abstención de buena parte del PSOE. El amplio despliegue de seguridad prácticamente no tiene que intervenir.

Dos hechos que para el PP son comparables. Lo hizo el lunes el flamante portavoz, el “moderado” Borja Sémper. Y lo ha reiterado este martes el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien también ha secundado a su secretaria general, Cuca Gamarra, quien el mismo domingo relacionó el intento de golpe de Estado en Brasil con el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya.

“Hay que tipificar el referéndum de delito ilegal para evitar males mayores como los que han ocurrido en Brasil o en el Capitolio [en 2021]”, ha dicho esta mañana Feijóo durante una intervención en un acto organizado por el diario Abc. La tipificación del referéndum como delito, que salió del Código Penal durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, es una de las promesas del dirigente gallego si llega a la Moncloa, y es una referencia directa al 1-O y al procés catalán.

Pero Feijóo no se ha quedado ahí y ha añadido: “O como algunas manifestaciones que hemos visto en España que tiene la gente en la memoria, como es una manifestación en el Congreso mientras un presidente que ha ganado las elecciones toma posesión”.

Las palabras del líder del PP solo pueden referirse a la manifestación de 2016 durante el debate de investidura (no toma de posesión). Pero no es la primera vez que el partido lo hace. En 2021 también señalaron las supuestas similitudes entre el Rodea el Congreso de 2016 y el asalto al Capitolio de EE UU tras el triunfo de Joe Biden frente a Donald Trump en las elecciones presidenciales.

Una protesta que no supuso la interrupción del debate ni de la votación del Poder Legislativo, mucho menos la ruptura de las barreras policiales ni la entrada en el Congreso. Algo que sí se produjo en otra manifestación que en el PP no mencionan nunca: la de policías de Jusapol en marzo de 2020.

La Justicia ha rechazado seguir investigando los supuestos abusos policiales que, según denuncian los afectados, padecieron más de 20 detenidos tras los disturbios del 25 de septiembre de 2012 en la manifestación bautizada como 'Rodea el Congreso'. Los abogados de la Comisión Legal Sol, que han representado a los denunciantes y a su vez acusados en causas sobre los altercados, han anunciado que llevarán el caso hasta el Tribunal Constitucional. Son los mismos letrados que el año pasado consiguieron que la Justicia europea condenara a España por determinadas actuaciones policiales ese mismo día en el centro de Madrid.

La manifestación reunió a miles de personas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados el 25 de septiembre de 2012 mientras la Cámara Baja celebraba un pleno. Una concentración masiva de gente que, bajo el lema 'Rodea el Congreso', salió a la calle para protestar contra la política de recortes que el Partido Popular y Mariano Rajoy habían puesto en marcha durante su primer año de mandato. Los convocantes llamaban también a protestar contra el “secuestro de la soberanía popular llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con el consentimiento y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos”.

La Policía detuvo a varias decenas de personas por los altercados ocurridos al final de la concentración y el caso llegó incluso a la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz rechazó imputar a los convocantes de la manifestación, lo que le costó el calificativo de “pijo ácrata” por parte de Rafael Hernando, entonces portavoz adjunto del PP en el Congreso.

Distintas causas judiciales han estudiado los disturbios ocurridos tanto en esta primera convocatoria como en años posteriores. En este caso la Fiscalía anunció el año pasado que pedía condenas de hasta siete años de prisión para dos decenas de acusados de perpetrar agresiones a policías durante los enfrentamientos. Un total de 26 arrestados, algunos de ellos a la espera de juicio bajo esa acusación de la Fiscalía y otros ya exonerados por los tribunales, denunciaron haber recibido malos tratos después de su arresto en las dependencias policiales de Moratalaz.

Denuncian, por ejemplo, que tuvieron que estar “horas de pie con las manos atadas a la espalda cara a la pared sin poder tocarla ni levantar la cabeza, algunas con heridas sangrantes, hasta que una persona se desmayó”, así como que se les denegó el agua, cambios bruscos de temperatura en las celdas, golpes, burlas y “amenazas de muerte” por agentes que, aseguran, ocultaban su rostro tras un pasamontañas.

El juzgado archivó la causa el pasado mes de febrero y fue a finales de junio cuando la Audiencia Provincial de Madrid ratificó esa decisión. Allí donde los abogados de los denunciantes afirman que el caso se ha archivado sin apenas practicar diligencias, la Audiencia asegura que “se han practicado las diligencias susceptibles de despejar las dudas y contextualizar la actuación policial”.

En ese auto la Audiencia afirmaba que se negaba a abrir “una investigación prospectiva” en torno a protocolos policiales basada, reprocha, “en meras manifestaciones de referencia genérica” frente a una investigación que califican de “amplia y profusa”. Además, destaca la Audiencia Provincial como ya había hecho antes el juzgado, el caso estaría prescrito: “Es indudable que están más que sobrepasados todos los posibles periodos de instrucción admisible”, dijo la Audiencia Provincial.

Recurso al Tribunal Constitucional

Los letrados Eric Sanz de Bremond y Daniel Amelang, de la Comisión Legal Sol, han decidido llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional en nombre de cuatro denunciantes. Estos recursos de amparo denuncian una inacción por parte del juzgado durante más de una década para, finalmente, llegar al archivo definitivo del caso por falta de pruebas. Entienden, en primer lugar, que es un buen momento para que el tribunal de garantías “inicie un proceso de reflexión interna, que le conduzca a reorientar su doctrina respecto de aquellos supuestos en los que se denuncien ataques a la integridad física de ciudadanos por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Denuncian que la instrucción del juzgado “no es que fuera ineficaz; es que no ha existido” y que los autos que certificaron el archivo de la causa no fueron compatibles con el derecho fundamental a la integridad física de los denunciantes. “No se ha llevado a cabo ni una sola diligencia de instrucción. Ni una. La denuncia se interpuso en el mes de diciembre de 2012 y, desde entonces, jamás se le ha hecho ofrecimiento de actuaciones a los denunciantes, ni se les ha tomado declaración en calidad de perjudicados, ni se ha tomado declaración a persona alguna en calidad de investigada”, reprochan los letrados.

Explican los recursos de amparo que si la razón del archivo es la prescripción de los hechos el debate sería distinto, pero que tanto el juzgado como la Audiencia reprochan cosas a los denunciantes que, según su criterio, no son ciertas. Por ejemplo que expliquen que los denunciantes nunca han identificado a ningún agente contra el que dirigir la acción penal. Uno de ellos, recuerdan ahora desde la Comisión Legal Sol, “atribuye una detallada agresión provocada por los agentes de policía que le detuvieron. Incluso llega a concretar cuáles fueron estos agentes que le golpearon” y aportó, añaden, sus números de placa. Y nunca se les tomó declaración.

Condena en Estrasburgo

Los disturbios y supuestas agresiones policiales después de la manifestación del 25 de septiembre de 2012 están pendientes de juicio, pero los tribunales también han estudiado la actuación de los agentes. El pasado mes de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por la falta de investigación en torno a una denuncia de maltrato policial.

La mujer denunciaba que, después de los disturbios, fue desalojada por la fuerza y de manera humillante por la Policía en un bar donde se refugiaba con otros manifestantes. La condena obligaba al Estado a pagar una indemnización de 1.000 euros a esta mujer en un pleito llevado por Eric Sanz de Bremond, uno de los letrados de la Comisión Legal Sol que ahora también lleva este segundo caso ante el Constitucional.

“La investigación llevada a cabo por los tribunales internos no fue lo suficientemente completa y eficaz para cumplir con los requisitos antes señalados de la vertiente procesal del artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos” y, por tanto, se había producido una violación de la Convención de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a España por no investigar de manera “completa y eficaz” la agresión policial que sufrió una manifestante durante el primer 'Rodea el Congreso' de 2012, una protesta masiva en los alrededores del Parlamento que acabó con disturbios y duras cargas. 

Estrasburgo considera que la imposibilidad de identificar a los agentes implicados en los hechos denunciados —hasta 2013 no entró en vigor la instrucción que les obliga a llevar un número en la espalda— no se compensó con una investigación especialmente exhaustiva. También subraya que al tratarse de una denuncia de maltrato policial en una manifestación contra el Gobierno se debería haber tenido un especial celo para determinar si la Policía hizo un uso “proporcionado” de la fuerza, algo que la Justicia española tampoco hizo. 

Eric Sanz de Bremond es el abogado que ha llevado este caso al TEDH después de ver cómo se cerraban todas las puertas en España. Miembro de la Comisión Legal que surgió del 15-M —que ha promovido este procedimiento— atiende por teléfono a elDiario.es pocas horas después de recibir una sentencia ante la que se reconoce “contento”, si bien insiste en que, aunque haya habido avances en los últimos años, el de los policías sin identificación es “un problema sistémico que garantiza la impunidad”. Y reitera que esa impunidad no se acabará hasta que los jueces “investiguen a fondo” y la Fiscalía se implique en las denuncias sobre excesos policiales. 

El TEDH ha condenado a España por no investigar debidamente una denuncia sobre un abuso policial en 2012. ¿Qué valoración hace de la sentencia?

La sentencia condena a España en dos planos. Por un lado, dice que los policías no iban debidamente identificados porque su número de placa no era visible. Y, por otro, señala que la jueza no consiguió remediar esta falta de identificación y no realizó toda la investigación que podría haber hecho. Estamos contentos porque es una sentencia que sienta precedente, pero este no es un caso excepcional y único. Desde la Comisión Legal tenemos innumerables denuncias que se han archivado porque no se puede identificar al policía porque no va debidamente identificado.

El fallo obliga a España a indemnizar con 1.000 euros a la víctima. ¿Puede tener alguna consecuencia más en el ámbito penal o los hechos ya están prescritos?

No, porque el delito estaría prescrito en cualquier caso. La consecuencia es que estos señores que fueron a castigar manifestantes se van a ir de rositas. 

¿Podría haber hecho más la Justicia en España para investigar este caso? La jueza de primera instancia desestimó diversas solicitudes de prueba adicionales.

Ni siquiera llamó a declarar a las dos denunciantes. Pero no sólo eso. También rechazó que fuera a declarar el vecino que grabó una imágenes desde un balcón que son muy claras [ver, aquí] y un cámara de LaSexta que estaba delante cuando abren la cabeza a las chicas y las empujan. También pedimos que se identificara a los policías de los furgones que aparecían en el vídeo, que fuera a declarar el agente que estaba al mando y que aportaran los mensajes de radio entre los furgones y también nos dijeron que no. 

Cuando recurrimos, la Audiencia Provincial de Madrid recriminó a las perjudicadas que no facilitaran el número de placa de los agentes, cuando no lo llevaban visible. También nos hemos encontrado con la oposición del Ministerio Fiscal en todo el proceso, que se opuso a todo lo pedido por la demandante, lo que supone una diferencia de trato respecto a cuando el denunciante es un agente de Policía.

La jueza esgrimió que no pudo identificar a los agentes porque no llevaban sus identificaciones visibles. ¿Cree que las deficiencias en la identificación de los policías durante las manifestaciones ha generado impunidad?

Totalmente. El TEDH ya había dicho en otras ocasiones que la falta de identificación de los agentes garantiza que no se pueda hacer una investigación efectiva. Es un problema sistémico que garantiza la impunidad de la Policía.

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado calificó este episodio de “puntual” y subrayó que la normativa sobre identificación de los agentes en sus intervenciones cambió en abril de 2013 y que el problema ya está resuelto. ¿Está de acuerdo?

Si en 2013 lo hicieron fue porque desde la Comisión Legal de Sol nos hartamos de poner denuncias con fotos de policías sin número de placa. Es una mejora, pero el número lo llevan únicamente en la espalda y normalmente suelen cargar de frente, lo que dificulta que se les pueda identificar. Lo deberían llevar también en el pecho.

Es un avance que ha permitido, por ejemplo, la apertura de un procedimiento contra los policías del 1-O. Pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, en las concentraciones feministas de este lunes se veía a muchos policías no identificados. Llevamos nueve años con esto y vemos que no es posible. Además, en los últimos cinco años ningún policía ha sido sancionado en toda España por no ir identificado, según una petición que formulamos al Ministerio del Interior a través del Portal de Transparencia.

La sentencia supone un nuevo correctivo para el Tribunal Constitucional, que rechazó el amparo de la demandante. ¿Hay que ir a Estrasburgo para encontrar Justicia?

En este caso parece que sí, pero para ir al TEDH también hay que hacer cálculos. A la denunciante le van a dar 1.000 euros ahora, que se suman a los 750 que ya recibió por su reclamación administrativa. ¿Pero cuánto cuesta un procedimiento así? Si no llegan más casos a Estrasburgo no es porque no los haya, sino porque la gente no puede pagar lo que cuesta litigar. El Tribunal Constitucional inadmitió nuestro recurso con el argumento de que no había habido ninguna vulneración. 

El TEDH también considera se debería haber tenido un especial celo para determinar si la Policía hizo un uso “proporcionado” de la fuerza, algo que la Justicia española tampoco hizo. ¿Cree que este fallo abre el camino para que se realicen investigaciones más exhaustivas ante este tipo de actuaciones?

Soy un poco escéptico, pero ojalá. Es un granito importante, pero no creo que vaya a suponer un cambio sustancial. Para mí es un problema que tiene tres planos: uno, que los policías vayan debidamente identificados y que se sancione a los que no; dos, que los jueces investiguen a fondo; y tres, que la Fiscalía se moje. Si esas tres cosas cambiaran otro gallo cantaría.

El Tribunal de Derechos Humanos ha condenado este martes a España por la actuación policial en el rodea al Congreso. Así lo establece una sentencia en el caso de una mujer que participó en la manifestación de Rodea el Congreso del 29 de septiembre de 2012 y que denunciaba que había sido desalojada por la fuerza y de manera humillante por la Policía junto a otros manifestantes que se refugiaron en un bar cercano a la sede parlamentaria en el marco de los disturbios. Así, el TEDH condena por no investigar denuncias sobre las actuaciones policiales.

La mujer denunció el caso ante un juzgado de instrucción de Madrid que lo acabó cerrando por falta de pruebas y, tras la negativa del Tribunal Constitucional a revisarlo, por considerar que no había violación de derechos fundamentales, acudió al TEDH, donde acusa a las autoridades españoles de no haber investigado lo suficiente los hechos denunciados, apuntando con ello a una posible violación del artículo 3 de la Convención, sobre la prohibición de la tortura.

De acuerdo con la sentencia, decidida por unanimidad, el Tribunal con sede en Estrasburgo “declara admisible la solicitud; sostiene que se ha producido una violación de la rama procesal del artículo 3 de la Convención; y establece que el Estado demandado pagará al demandante, en el plazo de tres meses, la cantidad de 1.000 euros en concepto daño moral; y que desde el vencimiento de dicho período y hasta el pago, este monto se incrementará por interés simple a un tipo igual al de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo aplicable durante este período, incrementado en tres puntos porcentuales”.

“A la luz de la información de que dispone, la Corte considera que en las circunstancias particulares del presente caso la investigación llevada a cabo por los tribunales internos no fue lo suficientemente completa y eficaz para cumplir con los requisitos antes señalados de la vertiente procesal del artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos”, dice el Tribunal: “En consecuencia, se ha producido una violación de la Convención. Si la Corte declara que ha habido violación de la Convención o de sus Protocolos, y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite borrar imperfectamente las consecuencias de esta violación, la Corte concede a la parte lesionada, en su caso, solo satisfacción”.

Francisco Molero cumple dos años en la cárcel este sábado 30 de mayo. El joven de la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos fue condenado en octubre de 2015 a cinco años y un día de prisión y una multa de 16.000 euros por atentado a la autoridad y lesiones a tres policías durante la movilización 'Rodea el Congreso', que tuvo lugar en Madrid el 25 de abril de 2013. Ahora, más de medio centenar de organizaciones y grupos de apoyo están haciendo una campaña para pedir nuevamente su indulto tras pasar “dos años injustamente en prisión”.

La campaña, que discurre paralela a una de crowdfuding que recauda dinero para abonar la multa y que lleva acumulados cerca de 10.000 euros, exige al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos el indulto para Molero “y su salida inmediata de prisión”, así como “la reparación de los daños causados” a él y a su familia “por los sucesivos procedimientos judiciales injustos” que han vivido, incluido el fallecimiento del padre de Molero el pasado mes de febrero. “Nada podrá reparar vivir la muerte de su padre en prisión”, dicen quienes le apoyan, pidiendo también “el reembolso de la multa de 17.370 euros, que supone un esfuerzo económico muy importante para una familia humilde”.

El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, señala a eldiario.es Andalucía que siguen defendiendo la “inocencia absoluta” de Francisco porque “seguimos pensando que es una barbaridad que un joven como él esté preso, y más aún con la que está cayendo a todos los niveles de impunidad política, que esa sí que es peligrosa para la sociedad”, lamentando que haya “un defensor de los derechos humanos en prisión” e insistiendo en su u indulto y en “que haya justicia”.

Testimonios policiales

A juicio de Reina, el proceso judicial de Molero “fue totalmente parcial, plagado de errores y de falsas acusaciones policiales”, comentando que “los testimonios policiales no son tanto de fiar como decían”, en alusion a la manipulación por parte de la Guardia Civil de la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M, como ha informado en exclusiva este medio este miércoles. “La palabra de un policía no debe tener más veracidad sobre la presunción de inocencia de un manifestante, más con el barullo que había y en una una situación que podía condunir a cualquiera”, señala Reina.

Molero ha sido recientemente condenado en otra causa, precisamente en febrero. La autodenominada “expropiación de alimentos” de 2012 en un Mercadona se saldó con condena unánime a 20 personas por robo con violencia, entre ellas el malagueño, que fue uno de los 15 que el primer día del juicio reconocieron el robo con violencia del que venían siendo acusados y aceptaron la condena, conmutable con la mencionada pena de multa, de 12 meses con cuota diaria de dos euros. Cabe recordar que Fiscalía y la acusación particular de Mercadona pedían año y medio de cárcel para cada uno de los 20 acusados.

“Fran Molero lleva 2 años en prisión por su activismo y por defender los derechos y dignidad de todos y todas, especialmente de los sectores más vulnerables de la población contra los que la crisis de 2008 más se cebó”, argumenta la red de apoyo, que considera a Molero uno de los “elegidos para dar ejemplo al resto de la población de lo que te puede ocurrir cuando luchas por defender los derechos”.

El de Molero, al menos, es el único caso que ha sido juzgado y condenado entre los detenidos en los altercados que siguieron a la protesta de aquel 25 de abril. La sentencia concluyó que él fue el autor de tres pedradas que provocaron las lesiones a tres policías pertenecientes, los tres, a la Unidad de Intervención Policial de Vigo desplazados a Madrid. Le identificaron, según consta en la sentencia, porque “vestía de oscuro” y se subía y bajaba un pañuelo palestino mientras tiraba piedras, que antes había recogido, roto y apilado. Según la resolución que le condenó, era él “sin margen de duda alguna ni de error”. Él siempre ha defendido que es inocente.

“Un preso político andaluz”

El joven aceptó en principio una abogada de oficio, que durante la instrucción no presentó ningún escrito. Su defensa durante el juicio al que fue sometido en el juzgado de lo penal número 25 de Madrid (luego confirmada por la Audiencia Provincial) fue inexistente. No se defendió durante la fase de instrucción y en el juicio no aportó ninguna prueba. Tampoco recurrió el auto judicial que transformó la instrucción por desórdenes en una instrucción por atentado a la autoridad y delito de lesiones a tres agentes.

Ya durante el juicio, la abogada fue sustituida pero su nueva defensa presentó un incidente de nulidad ante el órgano equivocado. Después, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron valorar su caso. La tramitación del indulto fue el último eslabón de una cadena de situaciones anómalas. Aunque constaba denegado en una diligencia del 17 de abril de 2017, el expediente del Ministerio de Justicia (incluyendo el informe del tribunal sentenciador) se extravió y los abogados nunca llegaron a verlo.

Según explica Reina, se están haciendo las gestiones para su indulto por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos “aunque más allá de los gobiernos que estén está la justicia entre comillas sigue siendo la que es y los tribunales siguen siendo en su mayoría son los mismos”. “Ojala que ahora se reconsidere la postura y tengan en cuenta que hay un preso político andaluz que se llama Francisco Molero y que está injustamente preso”, concluye el líder del SAT.

El titular del juzgado de lo Penal número 11 de Madrid ha condenado a entre tres y cinco meses de prisión a seis de los doce jóvenes acusados por su participación en los disturbios en una protesta en la inmediaciones del Congreso de los Diputados en 2013, según la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es. El magistrado ha acordado absolver a los otros seis procesados. Para cuatro de ellos, la Fiscalía había retirado la acusación durante el juicio.

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2013, cuando la Coordinadora 25-S promovió una protesta contra la llamada ley Mordaza bajo el lema ‘Rodea el Congreso’. La convocatoria no fue comunicada a la Delegación del Gobierno y, por tanto, no estaba autorizada. Al término de la movilización en la Puerta del Sol un grupo de manifestantes continuó por la calle Carretas. El juez considera probado que en la intersección entre la calle Atocha y la calle San Sebastián, el grupo se topó con un coche de la Policía Municipal, que fue golpeado. Cuando miembros de la Policía Nacional acudieron en su auxilio, parte de los encausados les arrojaron “botellas”. Durante los hechos, 14 policías resultaron lesionados.

El juez da credibilidad al testimonio de varios policías nacionales que declararon como testigos en el juicio y considera acreditado que una de las manifestantes -Bárbara L.- “agredió” a un antidisturbios que “quiso dialogar con los manifestantes” en la Puerta del Sol. Le impone por ello una pena de cinco meses de prisión por un delito de atentado.

La misma condena, aunque en este caso por un delito de desórdenes públicos, impone a otros cuatro jóvenes -Daniel M.. Roberto G., Álvaro J. y Raúl R.- sobre los que considera probado que participaron en el lanzamiento de botellas a los agentes en la calle San Sebastián y que también golpearon el vehículo de los agentes municipales. También por desórdenes públicos, aunque en este caso a tres meses de cárcel, condena a Carlos P., que durante la vista reconoció haber lanzado “objetos” contra los agentes aunque se justificó en que lo hizo después de que le impactara una pelota de goma.

En su informe final durante el juicio, la fiscal rebajó la petición de cárcel para ocho de los encausados para los que pedía en un principio seis años de prisión. Pidió que a todos ellos se les aplicara la atenuante de dilaciones indebidas porque el procedimiento estuvo paralizado durante dos años y medio por causas no imputables a los acusados.

Para cinco de ellos solicitó tres años y un mes de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. Aunque les imputó los mismos delitos, rebajó la petición de cárcel a dos años y medio para otros tres al aplicarles una atenuante de reparación del daño al haberse adelantado el pago de la responsabilidad civil. Además, retiró la acusación sobre cuatro para los que inicialmente pedía tres años de prisión por obstaculizar la labor policial durante esos incidentes.

La Fiscalía ha retirado la acusación sobre cuatro de los doce jóvenes procesados por su participación en los disturbios en una protesta en la inmediaciones del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre de 2013 para los que inicialmente pedía tres años de prisión por obstaculizar la labor policial durante esos incidentes.

En su informe final durante la segunda parte del juicio celebrado en el juzgado de los Penal número 11 de Madrid, la fiscal también ha rebajado la petición de cárcel para los otros ocho encausados para los que pedía seis años de prisión. Ha pedido que a todos ellos se les aplique la atenuante de dilaciones indebidas porque el procedimiento estuvo paralizado durante dos años y medio por causas no imputables a los acusados.

Para cinco de ellos –Daniel M., Álvaro J., Roberto G., Raúl R. y Manuel V.– solicita tres años y un mes de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. Aunque les imputa los mismos delitos, ha rebajado la petición de cárcel a dos años y medio para otros tres –Alejandro M., Bárbara L. y Carlos P.– al aplicarles una atenuante de reparación del daño al haberse adelantado el pago de la responsabilidad civil.

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2013, cuando la llamada Coordinadora 25-S convocó una protesta contra la llamada ley Mordaza bajo el lema ‘Rodea el Congreso’. La convocatoria no fue comunicada a la Delegación del Gobierno y, por tanto, no estaba autorizada.

Durante la primera jornada del juicio, todos los encausados negaron haber agredido a policías. Sólo uno de ellos admitió haber lanzado al aire un envase de plástico pero aseguró que no vio si llegó a los antidisturbios. En la sesión de este lunes, en la que el juicio ha quedado visto para sentencia, han pedido su absolución y han afeado al ministerio público que ni en su escrito de acusación ni en su informe final haya individualizado la responsabilidad de cada uno de ellos en los hechos.

Una “avalancha brutal” de botellas

Según ha expuesto la Fiscalía, la manifestación transcurrió con “con total normalidad” hasta que al término de la convocatoria, en la intersección entre la calle Atocha y la calle San Sebastián, en el centro de Madrid, esa normalidad se “truncó” cuando varios manifestantes comenzaron a “zarandear” un coche de la Policía Municipal, lo que generó “inquietud” en los agentes que estaban dentro de ese vehículo.

Cuando miembros de la Policía Nacional acudieron en su auxilio, la Fiscalía sostiene que estos fueron recibidos con una “avalancha brutal” de botellas de vidrio hasta el punto de que algunos de sus escudos se fracturaron y hubo tres agentes que requirieron tratamiento médico. Estos hechos constituyen, a su juicio, sendos delitos de desórdenes públicos.

Respecto a los delitos de atentado que también atribuye a ocho de los procesados, la fiscal ha señalado en su exposición que la prueba de cargo para ejercer la acusación por este delito son las declaraciones que los policías que estuvieron presentes en esos hechos hicieron durante el juicio. Alrededor de una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía comparecieron como testigos en la vista y reiteraron el carácter violento de los incidentes.

Sin “individualización” de las conductas

Las defensas de los jóvenes que siguen acusados por la Fiscalía confían en su absolución porque consideran que la representante del ministerio público no ha “individualizado” la responsabilidad de cada acusado en los hechos que les imputa.

También han cuestionado que las declaraciones de los policías sobre las que se basa la acusación fueran “contradictorias entre sí” en varios momentos de la vista oral o que los agentes recordaran más detalles de lo acontecido durante esa movilización seis años después de producirse, cuando comparecieron como testigos en el juicio, que el mismo día que se produjeron los hechos al redactar los atestados policiales o meses después cuando comparecieron ante el juez de instrucción.

Eric Sanz de Bremond, abogado de dos de los jóvenes para los que la Fiscalía ha retirado la acusación, ha solicitado que se deduzca testimonio contra tres policías nacionales –entre ellos el coordinador del operativo de los antidistrubios desplegados ese día– al considerar que tanto de un vídeo aportado a las actuaciones como de su declaración durante la vista se concluyen que faltaron a la verdad “conscientemente”.

El citado mando policial no supo explicar por qué no incluyó en el atestado ni citó en su declaración ante el juez en fase de instrucción las supuestas “patadas” y “puñetazos” que le propinó una de las procesadas que resultó detenida en el curso de estos incidentes y a los que sí hizo alusión ante el tribunal.

En el caso de que el juez considere que hay indicios de un delito de falso testimonio –penado con hasta dos años de cárcel– deberá reflejarlo así en la sentencia y el asunto será remitido a los juzgados de Plaza de Castilla para que investiguen en un procedimiento independiente.

Los doce jóvenes acusados por su participación en los disturbios en una protesta en la inmediaciones del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre de 2013 han negado en el juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 11 de Madrid que agredieran a policías. Uno de ellos, que fue detenido varios meses después de la convocatoria, ha asegurado incluso que no participó en la movilización. 

Todos han rechazado la propuesta de conciliación de la Fiscalía de rebajar en dos grados las penas a cambio de su reconocimiento de los hechos. El Ministerio Público acusa a nueve de ellos de arrojar “botellas de vidrio” y “piedras” para evitar la intervención de los agentes y pide un total de seis años de prisión por los delitos de atentado y desórdenes públicos. Para otros tres, la petición de la Fiscalía es de tres años de prisión por obstaculizar la labor policial. A estos tres les atribuye los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2013, cuando la Coordinadora 25-S promovió una protesta contra la llamada ley Mordaza bajo el lema ‘Rodea el Congreso’. La convocatoria no fue comunicada a la Delegación del Gobierno y, por tanto, no estaba autorizada.

Según el escrito de la Fiscalía, al término de la movilización en la Puerta del Sol un grupo de manifestantes continuó por la calle Carretas. En la intersección entre la calle Atocha y la calle San Sebastián, el grupo se topó con un coche de la Policía Municipal, que fue golpeado “violentamente con palos, piedras y patadas”. Cuando miembros de la Policía Nacional acudieron en su auxilio, parte de los encausados les arrojaron “botellas de vidrio” y “piedras” con el objetivo de “evitar su intervención”. Durante los hechos, 14 policías resultaron lesionados.

De todos los procesados, sólo uno ha admitido que lanzó al aire un envase de plástico pero que no vio si llegó a los antidisturbios. “Creo que me impactó una pelota de goma, así que actué con rabia y cogí lo primero que vi y lo lancé”, ha asegurado ante el tribunal. Otro de los acusados que sí reconoció haber pateado el coche policial durante su declaración ante el juez de instrucción negó estos hechos en el juicio.

Los agentes municipales, que han comparecido como testigos, han asegurado que en realidad su vehículo fue golpeado con “cartones” y “telas” de comercios textiles cercanos y que también recibió patadas de los congregados. Según el escrito de la Fiscalía, el coche sufrió daños tasados en la cantidad de 4.189,78 euros.

A preguntas de las defensas, uno de los policías municipales ha dicho que en ningún caso sufrió por su “integridad física” y que no sufrió ninguna agresión personal, aunque sí ha asegurado que cerca de donde estaban las unidades de antidisturbios que acudieron en su ayuda sí hubo “lanzamiento de botellas”.

La más de una veintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que también han comparecido como testigos sí han reiterado el carácter violento de los incidentes. Uno de ellos ha asegurado incluso que sus escudos se rompían por los objetos que les lanzaban o que estuvieron “cinco minutos aguantando botellazos”.

El coordinador del operativo no supo explicar por qué no incluyó en el atestado ni citó en su declaración ante el juez en fase de instrucción las supuestas “patadas” y “puñetazos” que le propinó una de las procesadas que resultó detenida en el curso de estos incidentes y a los que sí hizo alusión ante el tribunal.

Al término de la sesión de este lunes, el abogado de tres de los acusados, Erlantz Ibarrondo, ha asegurado que “sigue habiendo un montón de dudas” sobre cómo la Policía hizo las identificaciones de los acusados y si estas tendrán validez o no. “No dudamos que los policías hayan resultado lesionados, pero sí hay dudas de la imputación de esos hechos a estas personas”, ha dicho ante los medios.

Asimismo, ha explicado que los procesados han rechazado la propuesta de conciliación de la Fiscalía porque consideran que “no pueden asumir hechos que no han cometido”. “Están convencidos de que el derecho al manifestarse es legítimo y tienen que defenderlo”, ha sentenciado.

La vista se reanudará el próximo lunes 2 de diciembre. En esa segunda parte del juicio tanto la fiscal como las defensas presentarán sus informes y calificaciones y los acusados tendrán derecho a formular su última palabra.

Nueve manifestantes detenidos en la convocatoria del 'Rodea al Congreso', celebrada el 14 de diciembre de 2013 contra el proyecto de ley de la denominada 'Ley Mordaza', se enfrentan a seis años de cárcel en el juicio que comenzará el próximo 27 de noviembre en un Juzgado de lo Penal de Madrid.

Nueve de los acusados afrontan una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otros cuatro por atentado a la autoridad en concurso ideal con tres delitos de lesiones. Para otros tres jóvenes piden dos años de cárcel por desórdenes públicos y otro por un delito de resistencia.

En el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que los encausados participaban en una concentración no autorizada bajo el lema 'Rodea el Congreso', que se desarrolló por el calles del centro de Madrid desde Neptuno hasta Sol, “donde se inició un lanzamiento de petardos y botellas”.

Se acusa a una de las procesadas de dar una patada a un agente, a otros dos de patear un coche de la Policía Municipal. Cuando los agentes de la Policía Nacional fueron en su auxilio, otros de los luego detenidos “les arrojaron botellas de vidrio y piedras para evitar la intervención”. Otro de ellos “propinó fuertes empujones a los agentes”, mientras el resto les insultaban y desobedecían a la autoridad.

Como consecuencia de todo ello, 14 agentes resultaron heridos de diversa consideración, por lo además de la responsabilidad penal se pide responsabilidad civil con diversas cantidades para cada agente lesionado.

Los procesados piden su absolución 

Por su parte, los encausados han pedido hoy su absolución. “El miércoles se celebrará un juicio contra las que seremos las primeras víctimas de la 'Ley Mordaza'. Personas que en aquel momento teníamos entre los 17 y 23 años, y sobre los que podría pesar una pena de seis años de cárcel. Tan solo por haber participado en una manifestación, el segundo 'Rodea al Congreso' que se celebró para protestar contra el proyecto de 'Ley Mordaza'”, han señalado en un comunicado.

Según han explicado, cinco de las personas que serán juzgadas fueron detenidas por agentes de paisano de la Brigada de Información el 20 de diciembre, seis días más tarde de la manifestación sobre personas previamente identificadas antes de la misma. “A algunos se les fue a buscar al instituto. A otros, a nuestras casas. Incluso hubo detenidos en el mismo Metro”, apuntan.

A su juicio, estos arrestos tenían la intención de “amedrentar la protesta y servir como propaganda de la 'Ley Mordaza' y el Gobierno quiso lanzar un mensaje de que aumentaría las medidas de represión de la protesta tanto en la aplicación de las leyes existentes como con la aprobación de su nueva medida legislativa represiva, la ley Mordaza, que acababa de ser presentada el 29 de noviembre y que pese a toda la repulsa fue aprobada el 26 de marzo de 2014”.

Aunque reconocen que esa protesta acabó con disturbios, aseguran que ellos fueron “escogidos de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación y de que se produjera ningún disturbio”. “A pesar de lo mucho que se ha alargado la instrucción, la Fiscalía no ha logrado encontrar aún una sola prueba que les relacione con los altercados”, indican los encausados.

Por todo ello, han pedido su absolución y la derogación de la 'Ley Mordaza', “que tanto miedo, represión e injusticias ha provocado desde que fue concebida como proyecto de ley”.

El 25 de septiembre de 2012 varios miles de personas se manifestaron en el centro de Madrid bajo el lema Rodea el Congreso en el marco de las protestas contra los paquetes de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. En previsión de un eventual éxito de la convocatoria el PP había equiparado aquella movilización con el intento de golpe de estado del 23-F porque, había considerado la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, rodear la sede del legislativo es tanto como “ocupar el Parlamento” y “contrariar la voluntad popular”.

Cuatro años después, en octubre de 2016, la misma plataforma volvió a salir a las calles para rechazar la segunda investidura de Mariano Rajoy y el PP, por boca de su vicesecretario Javier Maroto, había considerado que quien apoyara esta protesta tenía “un problema con las urnas”. A su juicio, pretendían “sustituir” el foro parlamentario “por los gritos de la calle” y “camuflar” con “gritos” que la izquierda no había logrado mayor representación en las elecciones. Esas mismas acusaciones las había replicado el PP gallego, que entonces preparaba la tercera investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Más de dos años después de aquella última movilización quien llama a rodear la sede de una institución pública es el PP. Lo en Poio, un municipio de Pontevedra gobernado por el BNG (7 ediles en las elecciones, 6 en la actualidad tras la marcha de una concejal al grupo de no adscritos) en coalición con el PSdeG (3), mientras que los populares cuentan con los 7 restantes tras haber quedado en las elecciones de 2015 como segunda fuerza más votada. Antes, en 2011, también habían sido segunda fuerza con 7 concejales frente a 8 del Bloque y 2 socialistas.

El líder del PP en este ayuntamiento, también portavoz del partido en la Diputación de Pontevedra, Ángel Moldes, presentó esta semana movilización impulsada para el 20 de enero por su partido, que en la provincia preside el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ante los esperables paralelismos entre su protesta y la equiparada con el golpismo por el propio PP, Moldes asegura que “no buscamos, como ocurrió con Rodea el Congreso”, generar “crispación o alguna problemática o que se produzcan cargas policiales”. Por eso es en domingo, mantuvo en declaraciones que recoge Pontevedra Viva.

Mientras desde la dirección central del partido se recurre frecuentemente a la presencia de niñas y niños en movilizaciones para criticar un supuesto “adoctrinamento” en lugares como Catalunya, el PP de Poio asegura que, como su Rodea o Concello [Rodea el Ayuntamiento] de Poio va a ser “constructivo y festivo”, animan a que “vengan las familias, con mayores y pequeños”. Además, mantienen, no van “a interrumpir a funcionarios, ni nada”, al no ser día laborable.

El motivo de la movilización, aseguran, es expresar el desacuerdo “con todos los impuestos” regulados por el gobierno local que encabeza el nacionalista Luciano Sobral desde 1995, y en concreto con tributos como el precio del agua o las tasas de vados. Será, de alguna manera, “un resumen de todas las reivindicaciones” del PP durante el mandato municipal. Para convocar la manifestación ya están distribuyendo carteles con el lema Rodea o Concello de Poio! y divulgando la convocatoria en las redes sociales.

En la Diputación de Pontevedra y en el Parlamento

No es la primera vez, no obstante, que el PP gallego adopta en la oposición modos de protesta que critica con dureza desde el Gobierno. Es lo que ha sucedido en los últimos años en la propia provincia de Pontevedra. Así, por ejemplo, el pasado 2016 la dirección que encabeza Alfonso Rueda envió a una treintena de alcaldes a la sede de la Diputación provincial para, con una sentada simbólica en el salón de plenos, rechazar el nuevo modelo de distribución de fondos entre municipios promovido por el gobierno de PSdeG y BNG.

Algo parecido sucedió en el año 2005 en el Parlamento gallego. Entonces, poco después de perder el poder en la Xunta, unos 200 cargos del PPdeG protagonizaron una tensa manifestación en el Parlamento contra el Gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas por anular 247 obras en ayuntamientos rurales que el Ejecutivo de Manuel Fraga había aprobado pocos días antes de las elecciones en las que acabaría perdiendo la mayoría absoluta. Años después, ya en el poder, Feijóo consideró una “violación de la democracia” manifestaciones en el Parlamento como las de los afectados por las preferentes en 2012.

Francisco Molero, el joven que fue condenado a cinco años de prisión por los disturbios que siguieron a las manifestaciones del 25 de abril de 2013 (Rodea el Congreso), se entregará este miércoles por la mañana en la prisión de Archidona (Málaga), la más cercana a su pueblo, Cuevas de San Marcos. La entrega de Molero, que mantiene que es inocente y fue condenado tras un juicio sin defensa, se produce más de un año después de que se decretara su ingreso en prisión y se rechazase el indulto. El Sindicato Andaluz de Trabajadores acompañará a Molero, militante del colectivo.

El joven, que tiene ahora 29 años, está afectado, “hundido”, según explica Óscar Reina, secretario general del SAT. “He sido víctima de un juicio falso, me han condenado sin prueba ninguna más allá de los testimonios policiales, totalmente contradictorios”, asegura en una nota difundida por el SAT. “Lo siento mucho por los agentes lesionados pero yo no fui”, añade.

Desde que a mediados de abril de 2017 se emitió la orden de ingreso en prisión ha estado en paradero desconocido, “exiliado”, según Reina, que no desvela dónde. Molero dio de baja su móvil y no recibió los mensajes. Ahora ha decidido entregarse. “Para familia, compañeros y demás viene bien”, asume Reina: “No se ve diez años fuera, menos aún siendo inocente”. Permaneció fuera de España, pero eso implicaba también un desarraigo familiar y social por el que no quería seguir pasando. “Esto ha podido con la salud de Fran, que ha preferido venirse más que nada por los padres”, comenta Reina.

Según Jesús Díaz Formoso, su abogado, a Molero nunca le notificaron personalmente la orden de ingreso en prisión, por lo que entiende que con su entrega cumple con el ingreso voluntario en prisión. Durante este tiempo ha trabajado como temporero, según el abogado.

Un juicio sin defensa

Un juicio sin defensaMolero fue condenado a cinco años y un día de prisión y una multa de 16.000 euros por atentado a la autoridad y lesiones a tres policías. Que se sepa, es el único que ha sido juzgado y condenado entre los detenidos en los altercados que siguieron a la protesta Rodea el Congreso, el 25 de abril de 2012.

La sentencia concluyó que él fue el autor de tres pedradas que provocaron las lesiones a tres policías pertenecientes, los tres, a la Unidad de Intervención Policial de Vigo desplazados a Madrid. Le identificaron, según consta en la sentencia, porque “vestía de oscuro” y se subía y bajaba un pañuelo palestino mientras tiraba piedras, que antes había recogido, roto y apilado. Según la resolución que le condenó, era él “sin margen de duda alguna ni de error”.

Él siempre ha defendido que es inocente. Su defensa durante el juicio al que fue sometido en el juzgado de lo penal número 25 de Madrid (luego confirmada por la Audiencia Provincial) fue inexistente. No se defendió durante la fase de instrucción y en el juicio no aportó ninguna prueba. Tampoco recurrió el auto judicial que transformó la instrucción por desórdenes en una instrucción por “atentado a la autoridad” y delito de lesiones a tres agentes. Mientras que la mayoría del resto de detenidos mayores de edad fueron defendidos por sus actuales abogados, Molero aceptó en principio una abogada de oficio, que durante la instrucción no presentó ningún escrito.

Como explicó eldiario.es/Andalucía partiendo del examen de los documentos del sumario, formalmente ni siquiera era su abogada porque el escrito de designación es de 14 de enero de 2014, ya concluida la instrucción, y sólo 24 días antes de que se abriera la fase de juicio oral. En algunos de los documentos incorporados al sumario consta la mención “sin profesional asignado” y el juzgado le comunicó el auto de apertura de juicio oral de viva voz en su pueblo, “haciéndole saber que es firme”. El primer escrito con el que se defendió fue el escrito de defensa, y se limitaba a proponer dos pruebas: la declaración de Molero y un folio del sumario sin ningún valor exculpatorio.

Durante el juicio, la abogada fue sustituida por una compañera y, según denunciaron los letrados actuales, presentó un incidente de nulidad ante el órgano equivocado. Después, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron valorar el caso.

La tramitación del indulto fue el último eslabón de una cadena de situaciones anómalas. Aunque constaba denegado en una diligencia del 17 de abril de 2017, el expediente del Ministerio de Justicia (incluyendo el informe del tribunal sentenciador) se extravió y los abogados nunca llegaron a verlo.

Posible querella contra el Tribunal Constitucional

Posible querella contra el Tribunal ConstitucionalÓscar Reina y Díaz Formoso avanzan que están estudiando la posibilidad de interponer una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional que rechazaron admitir a trámite el recurso de amparo. “Están obligados a velar por nuestros derechos humanos y no lo hacen”, opina el abogado, que asegura que ha recibido peticiones de información de integrantes del Consejo de Europa, del que depende el TEDH. También avanza que podrían presentar una nueva solicitud de indulto.

Para Reina, la entrada en prisión de Molero es el resultado de una serie de “irregularidades”. “Él y sus abogados aceptan que podría ser condenado, pero queremos un proceso limpio. No ha sido posible por una tutela judicial inefectiva, inoperante y llena de fallos. Hay una tutela para quien conviene, los ricos, y para quien lucha por los derechos no la hay”.

La Audiencia Nacional ha condenado por segunda vez este año al Ministerio del Interior a indemnizar a una mujer que fue agredida por agentes antidisturbios en una de las protestas de 'Rodea el Congreso' que se desarrollaron en otoño de 2012. Como ya ocurriera en abril, uno de los juzgados  de lo Contencioso-administrativo, el número 8, ha “acordado anular la desestimación de la reclamación patrimonial realizada por M. y declarar su derecho a percibir 800 euros por las lesiones sufridas”, según informa LegalSol.

La agresión se produjo la noche del 29 de septiembre en un bar del barrio madrileño de Huertas, próximo al Congreso de los Diputados. Tal y como se puede comprobar en un vídeo grabado y publicado en Internet por un vecino, los agentes de la Policía Nacional entraron en el bar donde se habían refugiado varios manifestantes que huían de las cargas, sacaron a dos mujeres y otras personas y las agredieron.

Más de cuatro años después la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de una reclamación previa y ha condenado al Ministerio de Interior, que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, a indemnizar a la joven con 800 euros en una resolución contra la que no cabe recurso. En abril, el mismo tribunal, pero el juzgado número 7, dictó una sentencia igual que limitaba la indemnización a 750 euros.

El proceso por los incidentes del 29S denunciado por estas dos mujeres ha sido largo. Primero se intentó por la vía penal, pero fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal aseguró que no podía identificar a los agentes responsables.

LegalSol y otros colectivos denuncian que es  habitual que en España los antidisturbios oculten su número de identificación, lo que dificulta la rendición de cuentas por sus actuaciones.

Posteriormente, fue el propio Ministerio del Interior quien rechazó la solicitud de indemnización de la joven, defendida por los abogados de la Comisión LegaSol, surgida del 15-M. Contra esta resolución es contra la que se ha pronunciado la Audiencia Nacional en abril y ahora.

El considera probado el nexo entre la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y la demandante, aunque no pueda determinarse con exactitud qué agente perpetró las lesiones. La sentencia destaca que no hay pruebas de que la joven agredida participase en los disturbios, “ni que ni dentro ni fuera del bar actuara de manera que provocase o justificase el empleo de fuerza física por parte de los policías”.

La causa está pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.