Los detenidos en el 'Rodea el Congreso' de 2012 demandan a España por no investigar sus denuncias de abuso policial

El 25 de septiembre de 2012 miles de personas se manifestaron en la plaza de Neptuno de Madrid. Bajo el lema 'Rodea el Congreso', las protestas terminaron en disturbios con más de 60 heridos y 35 personas detenidas. Más de una década después los arrestados siguen a la espera de juicio, la Fiscalía ha pedido hasta siete años de cárcel para ellos pero nadie ha investigado sus denuncias de haber sufrido maltrato policial, tanto en comisaría como en el furgón de la Policía Nacional. Varios de ellos, según ha sabido elDiario.es, han llevado hasta Estrasburgo su alegación de que la Justicia española archivó sus acusaciones de abusos policiales sin poner en marcha “ni una sola diligencia” de investigación, explica la demanda.

La convocatoria reunió a unas 6.000 personas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados mientras, dentro de la cámara baja, el pleno debatía sobre pensiones, el sueldo de los políticos o la lucha contra el fraude fiscal. La Policía Nacional cargó y los disturbios posteriores llegaron hasta los andenes de la estación de Atocha. El balance fue de 64 heridos entre manifestantes y policías y 35 detenciones. Arrancó entonces un proceso judicial que pasó por la Audiencia Nacional, generó un enfrentamiento entre el PP y el Poder Judicial y nunca puso la lupa sobre las denuncias de maltrato policial que más de 20 arrestados pusieron encima de la mesa.

El caso tardó varios meses en aterrizar en un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid. La Audiencia Nacional, mediante un duro auto del juez Santiago Pedraz, rechazó la teoría policial que apostaba por acusar a los manifestantes de un delito contra las altas instituciones del Estado. La respuesta del Partido Popular fue llamar “pijo ácrata” al magistrado. Mientras tanto, arrancó en un juzgado de Madrid un proceso que, a día de hoy, se alarga más de una década con un total de 21 acusados a la espera de juicio, que se celebrará finalmente en noviembre de este año, y la Fiscalía pidiendo condenas de entre tres y siete años de prisión por desórdenes, atentado, resistencia y lesiones.

Las presuntas agresiones a policías no es lo único que el juzgado de instrucción 35 de Madrid ha tenido encima de la mesa. Poco después de arrancar la causa, dos decenas de detenidos denunciaron todo tipo de abusos y malos tratos policiales, tanto en la propia manifestación como en el traslado y finalmente en comisaría. Golpes de porra y puñetazos, o la obligación de estar de pie durante horas en comisaría sin poder apoyarse ni ir al baño o beber agua. Dentro de las furgonetas, camino de Moratalaz, varios denunciaron que fueron esposados entre sí, sin cinturón de seguridad, y que los policías se reían mientras chocaban y caían por los volantazos, acelerones y frenazos del conductor.

El juzgado, denuncian ahora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, estuvo casi diez años sin hacer nada. Ni diligencias de investigación ni tomas de declaración a los denunciantes. Tuvieron que acudir a la Audiencia Provincial de Madrid para que un tribunal colegiado reconociera su derecho a tener, al menos, una respuesta. La respuesta llegó poco después: su denuncia de malos tratos policiales quedaba archivada porque lo que pretendían, según el juzgado, era una “investigación prospectiva”.

El resto de tribunales, tanto la Audiencia como finalmente el Constitucional, confirmaron esta decisión, y más de 20 denunciantes han decidido llevar el caso ante Estrasburgo, representados por abogados de la Comisión LegalSol. En sus demandas, todos denuncian que el juzgado no puso en marcha ni una sola diligencia para analizar, al menos, los indicios que ellos mismos habían presentado de que las agresiones y el maltrato policial eran reales.

“No se ha practicado ni una sola diligencia”

Las demandas que ahora estudiará el TEDH afirman que el caso sobre los abusos policiales fue archivado sin “haberse practicado diligencia de investigación alguna”. Existió, dicen los escritos enviados a Estrasburgo por LegalSol, una “ausencia de una investigación judicial efectiva y rigurosa”. “No se realizó una investigación diligente ante una denuncia de malos tratos, no se motivó adecuadamente la denegación de diligencias” y el auto, añaden, dijo que no había indicios “cuando no se había realizado investigación alguna”.

Sus denuncias de malos tratos, añaden, venían acompañadas de “indicios creíbles”: partes de lesiones, coincidencia entre las denuncias de una decena de detenidos y descripción de algunos policías presuntamente implicados.

Toda esta inacción del juzgado para investigar sus acusaciones durante una década, mientras algunos de ellos siguen imputados hoy a la espera de juicio con una acusación pública que pide siete años de cárcel, vulneró su derecho a tener un proceso equitativo, según denuncian. Recientemente los tribunales han puesto fecha al juicio, que será a finales de noviembre de 2024.

España, condenada por la actuación policial

Los disturbios del Rodea el Congreso de 2012 y las manifestaciones de los años sucesivos han estado o siguen, a día de hoy, en manos de los tribunales. Y la primera concentración masiva en Neptuno ya ha sido estudiada en el pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo: en marzo de 2021 la instancia europea condenó a España por la inacción judicial a la hora de investigar hechos similares: la denuncia de una mujer desalojada por la fuerza de un bar cercano al Congreso.

Esa sentencia, también conseguida tras una demanda de abogados de LegalSol, ya repasó la sucesión de resoluciones judiciales españolas que cerraron la puerta a la investigación y entendió que se había vulnerado el derecho de la mujer a no sufrir tortura. Firmó, además, una indemnización de 1.000 euros para la denunciante por daños morales.

“La Corte considera que en las circunstancias particulares del presente caso la investigación llevada a cabo por los tribunales internos no fue lo suficientemente completa y eficaz”, dijo esa sentencia que ahora sobrevuela esta segundo proceso sobre la actuación policial del Rodea el Congreso de 2012. En ese caso estableció una indemnización porque la normativa española no permitía reabrir una investigación y, por tanto, solo se podían “borrar imperfectamente” las consecuencias de la violación de sus derechos.

En otros procesos judiciales, los tribunales de lo contencioso han condenado al Estado a indemnizar a manifestantes que fueron agredidos por la Policía en los aledaños del Congreso de los Diputados de manera injustificada.

En el caso de los más de 20 acusados en la causa principal por los disturbios posteriores a la manifestación, siguen a la espera de juicio 11 años y medio después de los hechos. Según la Fiscalía, cometieron delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y resistencia además de una falta de lesiones. La petición más baja de prisión es de tres años y ocho meses de cárcel y la más alta de siete años y cuatro meses.