El pasado 23 de enero, mientras desembarcaba de un avión recién aterrizado en Tánger, la activista Helena Maleno notó algo de fresco en la ciudad marroquí. Pensó, recuerda, en las ganas que tenía de llegar a casa. Se quedaría todo el fin de semana con la niña, imaginaba, y ya pensaba en sentarse al lado del sofá, en el suelo, con los animales. En su camino al control fronterizo, le daba vueltas a qué películas vería esos días y a las tareas que tenía por delante tras un viaje de trabajo en España. No se le pasó por la cabeza que no llegaría a entrar nunca más en su hogar. Poco después de su aterrizaje, le ordenaban sentarse “de malas maneras” en otro avión rumbo a Barcelona.

Marruecos, el país donde nacieron sus dos hijos y donde ha construido una vida dedicada a la defensa de las personas migrantes a lo largo de los últimos 20 años, la había deportado.

Allí, como parada en el tiempo, se ha quedado esa casa a la que tanto ansiaba llegar, desde la que, pegada al teléfono, ha salvado miles de vidas por sus llamadas a los servicios de rescate españoles y marroquíes: “Allí están todas mis cosas. Mi casa de 20 años, el altarcito con las fotos de mi madre, la mantita de cuando mis niños eran pequeños, los jerséis que mi madre le hizo a mi niña. Todo, todo, todo...”, describe su hogar de vez en cuando a lo largo de la entrevista, sin aún asimilar del todo lo que ha dejado atrás.

Al otro lado de la frontera, se quedó su hija menor de edad durante 32 largos días de separación. Helena Maleno recibía, ya en Barcelona, los mensajes de la pequeña, extrañada por su retraso. Su madre, para evitar preocuparla, le explicaba que había sido contacto de un positivo por coronavirus y no podría volver ese día. No quería asustarla. La activista aún seguía “en estado de shock”: había sufrido, aunque matiza que en una posición de privilegio, una de las deportaciones que tantas veces ha denunciado como defensora de las personas migrantes.

Casi tres meses después, ha decidido contarlo públicamente, bajo la recomendación de las expertas en procesos de criminalización de defensoras de derechos humanos, para exigir al Gobierno de España una “protección eficaz” y la reparación después de hostigamiento y persecución en Marruecos, a raíz de un informe policial sobre su labor enviado por España a las autoridades marroquíes. La activista ve en esta investigación, archivada en ambos países, el origen de la expulsión del que consideraba su país. Pero su labor, asegura, no se verá perjudicada por estar lejos de casa. “En estos años hemos creado una red muy fuerte. Seguiremos trabajando igual que siempre”.

¿Cómo está?

Tengo sensaciones muy extrañas. Yo pensé que nunca llegaríamos a tener que contar que me han expulsado, porque pensé que se arreglaría. Después de un shock como el que yo tuve, después de tanta violencia, hacer todo esto público te revictimiza. Contar algo de mi vida personal no me gusta, pero tenía que hacerlo. Así que estoy agotada y decepcionada, por un lado, por haber tenido que dar este paso, porque quiere decir que los compromisos en mi protección y la de mi familia no se han cumplido por parte de los estados. Pero, por otro lado, siguiendo el consejo de las organizaciones internacionales, soy consciente de que contarlo también me protege.

¿Qué pasó el pasado 23 de enero cuando llegó al control de pasaportes en el Aeropuerto de Tánger?

Me acerqué al control de pasaportes tranquila. Me habían dicho desde Exteriores que no pasaría nada, que todo estaba bien, que podía cruzar de forma segura. Pienso que será como siempre, porque desde que empezó el procedimiento judicial siempre que paso la frontera, salta una alerta policial. Nunca me han explicado por qué ocurre, pero pensé que estaba dentro de lo normal y esperé como me dijeron.

De repente, un policía me llama y aparecen varios agentes vestidos de paisano. Me llevaron de un lado a otro. Yo preguntaba, pero nadie me hablaba, nadie me contaba absolutamente nada. Estaba un poco mareada. Les pedí por favor que me dieran agua, que iba a beber. No me dejaron. Tenía que tomar una medicación, no me dejaron. Les pedía ir al baño, tampoco. Empecé a ver, por los movimientos, que me mandaban a otro avión con destino a Barcelona [donde no tiene casa ni familia, mientras en Madrid sí podía reunirse con su otro hijo]. Me dio tiempo a mandar un mensaje para avisar de que me deportaban allí.

Mis documentos estaban en manos de la policía y no sabía dónde estaba mi maleta. Una vez en el avión, pregunté por mis cosas a una persona de la compañía. “Siéntate y cállate. No tienes derecho a hablar”, me dijo. Le pedí agua y me dijo que no tenía derecho a beber agua. Y así pasé el vuelo.

¿Qué pasó al llegar a Barcelona?

Recuerdo estar muy mareada. Me dijeron que me sentara, que tenía que salir la última. Al salir, me encuentro a la policía española en la misma puerta del avión. Veo que tienen mi documentación y me dicen que les acompañe. La policía me preguntó que qué hacía allí, que si había hecho algo. Y yo les dije que no lo sabía qué hacía allí, pero que no había hecho nada. Me explicaron que me tenía que montar en un coche patrulla y que me tenían que llevar a la comisaría a hacer todo el proceso de la deportación.

Mi niña me decía: ¿Mamá, cuándo llegas? Le dijimos que había estado en contacto con un positivo de COVID para no asustar a mi gente. En ese momento, me di cuenta de que no estaba bien de salud. No había tomado la medicación y me había descompensado. Luego supe que sufrí un shock postraumático. Llevo acumulada mucha violencia...

Ha denunciado que, antes de la deportación, percibió un aumento de los ataques, sobre todo tras la publicación de su libro 'Mujer de frontera', en el que detalla los efectos del procedimiento judicial abierto contra su labor.

Después del archivo de la causa, seguí recibiendo muchos ataques. Todos los tengo documentados, como me recomiendan las organizaciones internacionales. Yo aguantaba y aguantaba, pero se acumulaban los ataques, seguían las amenazas de muerte, seguían los seguimientos. Yo iba a recoger a mi hija al colegio y, de repente, veía a dos personas con toda la pinta de policías que me miraban para que supieran que estaban allí. Habían entrado dos veces a casa y, hace dos días, entraron por tercera vez.  

Lo hacen sin forzar la cerradura y sin robar, sino para llevarse algunos documentos, para dejarme toques de atención para aterrorizarnos. Lanzan el mensaje de que no estás segura ni siquiera en tu casa. ¿Sabes cuál es la sensación de no estar segura ni siquiera en tu hogar, de que pueden entrar en lo más profundo de tu vida? Es una manera de decirte: “Podemos entrar y salir de tu vida cuando queramos”.

Una de las veces que entraron, nos encontramos muy mal a los animales. Creemos que los drogaron. No se podían tener en pie, fue horroroso. Además, es difícil de denunciar, no se han llevado nada de valor económico, pero dejan todo removido. Se llevaron, por ejemplo, algunos móviles viejos, documentos o el cronograma de las actividades extraescolares de mi hija. Es un terror tan grande...

¿Cree que las autoridades marroquíes intentaban que usted y su familia se fuesen de Marruecos por miedo?

Yo creo que todo lo que han hecho es para que nos callemos. Y no sólo para que me calle yo, también otras personas. Todo lo que han hecho forma parte del terror que se vive en la frontera. Es como en Canarias, cuando los migrantes que están en una situación tan terrible piden que los devuelvan, porque no pueden más. Es ese terror. Quieren que nos callemos y cada vez van ir a más los ataques a defensores de derechos humanos. Porque la extrema derecha ha llegado para quedarse, pero los partidos que se llaman de izquierdas también son cómplices de lo que está pasando en la frontera, dado que es un negocio.

Esta vez pensaba que, si no me callaba, podían llegar a matarnos. Igual que pasa con otras compañeras, como Berta Cáceres, en los lugares donde el interés de las empresas es tan grande y está tan metido en los gobiernos, que te asesinan. Pero luego me respondía: “No, ya nos está matando. Porque miles de personas están muriendo en el mar”. El precio de no callarse es altísimo, pero el de callarse también.

¿Se planteó callarse?

No. Hablé en el libro y mira a dónde hemos llegado. Ahora he vuelto a hablar, y no sabemos qué va a pasar pero hay que seguir hablando y hay que seguir trabajando mucho. Nunca he pensado callarme. Creo que es el momento en el que tenemos que estar más compactas, más fuertes, con más red. Seguir fuertes juntas y no callarnos ninguna.

No responsabiliza solo a Marruecos de su expulsión. También señala al Gobierno español. Mucha gente quizá no lo entiende, al tratarse de una decisión de las autoridades marroquíes. ¿Cómo lo explicaría de manera sencilla a quienes no han seguido el proceso de criminalización que ha vivido?

Mi calvario, mi criminalización, comenzó con un informe elaborado por la Policía Nacional –en concreto la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF Central)– en colaboración con la Agencia Europea de Fronteras. Estos informes y esa colaboración policial fue lo que empezó todo. Fue la policía española quien pedía a Marruecos que yo fuese condenada a cadena perpetua. Cuando ganamos en esos procesos judiciales, ambos cuerpos policiales han seguido operando en forma conjunta, con alertas policiales, sin restablecer mis derechos y han continuado castigándome tanto a mí como a mi familia.

Eso no lo ha hecho solo Marruecos. Lo ha hecho la colaboración policial entre los dos países, en el marco de lo que ellos llaman control de fronteras. Por eso el Estado español es responsable. Además, se supone que yo soy una ciudadana española y el Estado español tiene responsabilidad internacional en la defensa de sus defensoras de derechos humanos. Debería protegerme de forma activa. Y eso tampoco lo ha hecho. Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Y lo he intentado hacer solo una parte de este Gobierno [los ministerios de Exteriores y Derechos Sociales].

Y esa otra parte que considera que no la ha protegido es principalmente el Ministerio del Interior, según ha explicado. En la rueda de prensa ha dicho que tiene miedo del Estado español. ¿Por qué?

Tengo miedo del Estado español porque, si Interior sabía que la deportación iba a producirse y se iba a producir con esa violencia, ¿por qué no se me protegió? ¿por qué no se informó a Exteriores? Tengo miedo porque siguen las alertas policiales vinculadas a mi documentación, que tenían que haber cesado hace mucho tiempo. Tengo miedo porque las personas que impulsaron investigaciones contra mí y sus informes policiales falsos, siguen siendo trabajando en el Ministerio del Interior. Tengo miedo porque no se han depurado responsabilidades, porque el Estado español no ha buscado quién hizo esos informes, ni ha pedido explicaciones ni ha dado una orden clara de dejar de hacer ese tipo de persecuciones contra mí y contra otras defensoras. Porque no me ha protegido.

No creo que el Estado español esté en condiciones de protegerme, sino que hay personas que siguen persiguiendo de forma activa mi labor y la de mis compañeras. Sigo confiando en que se reintegren los derechos. Sigo confiando en que se depuren responsabilidades. Y sigo confiando en que el hablar de esto también haga que dentro de la propia policía frenen este tipo de actuaciones.

¿Cómo era ese informe elaborado por la Policía Nacional? ¿De qué la acusaba?

El dossier tenía varias partes. La primera incluía fotos y datos de los DNI y residencias de presuntas parejas mías, entre ellas una mujer, y también de los padres de mis hijos. Algunas eran personas con las que sí he mantenido relaciones y otras no sabía ni quiénes eran. En el caso de la mujer, por ejemplo, incluían la dirección de su madre en España. Querían decir: “Esta mujer se ha acostado con toda esta gente y tienes dos hijos”. Mi vida personal era lo primero que aparecía.

Después, había un resumen sobre cómo operan las mafias en el norte de Marruecos, con un montón de datos, nombres y teléfonos de gente presuntamente mafiosa. En el siguiente apartado, se pasaba a hablar de mí otra vez, pero no incluían ningún dato para ligar a esas mafias conmigo. En el documento, de hecho, decían que yo no me he lucrado, pero que al llamar a Salvamento Marítimo, formaba parte de esas mafias. Que yo era traficante, pero sin ánimo de lucro.

También hacían entrevistas a personas migrantes. Les preguntaban: “¿Conoces a Helena Maleno?”. Y había respuestas locas, como uno que decía que sí, que un día me vio por un barrio de Tánger caminando. Toda esas páginas y páginas de morralla acababan con una conclusión que la policía española trasladaba a la policía marroquí: yo había violado la Ley, y merecía ser condenada a la pena máxima. Lo que significa cadena perpetua en Marruecos.

Dice que los agentes que elaboraron este informe siguen en la Policía Nacional. ¿Sabe quiénes son?

Sí, sabemos quiénes son. A una parte de esa gente a veces la vemos hasta en la televisión, limpiando su imagen como salvadores de otras mujeres [víctimas de trata] o haciéndose fotos incluso con ONG. Cuando yo sé lo que escribieron en mi dossier policial. Pero yo no voy a señalar a nadie. Creo que eso es responsabilidad del propio Estado.

Tras su deportación, su hija menor se quedó en Marruecos. Pasó 32 días allí hasta poder sacarla, ¿por qué no pudo viajar antes? 

Ella tenía que salir en condiciones de seguridad, porque sabíamos que ella tenía vigilancia también. Teníamos miedo porque sabíamos que estaban siguiendo a la niña en Marruecos. La relatora para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estaba al tanto del caso y estaba al tanto del riesgo que corría mi hija por ser mi hija. Había un compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores en su protección. Le pedimos al Ministerio que saliese en unas vacaciones a través de un barco de repatriación de la Embajada y que fuese acompañada. Y así fue. 

Lo preparamos todo bastante bien porque teníamos miedo de que en frontera, al relacionarla conmigo, pudiese pasar cualquier cosa. Fue muy angustioso, porque lo intentamos una vez y no pudo ser. A la segunda lo conseguimos. Ella estaba muy nerviosa. Yo le dije que vendría en vacaciones… pero sabíamos que seguramente no podría regresar a casa. 

¿Cómo lo está llevando ella?

Ha sido muy valiente. Ha tenido que dejar de golpe su colegio y todas sus cosas personales. Ha tenido que alejarse de sus amigas y del país en el que ha vivido toda su vida. Todo eso lo ha tenido que hacer como castigo de la labor de su madre. Es muy importante entender que a las mujeres defensoras se nos persigue y criminaliza a través de nuestra sexualidad -como yo vi en el expediente policial-, pero también se nos criminaliza a través de la persecución de nuestros hijos y de nuestras hijas. El movimiento feminista debería también visibilizarlo: las mujeres que defienden derechos pagan también a través de todo lo que nace de sus cuerpos.

¿Por qué cree que las autoridades marroquíes la querían fuera del país?

No es que me quieran fuera de Marruecos, es que quieren hacerme daño y ellos saben que yo he hecho mi vida allí. Ellos saben que mis hijos son también marroquíes, que se sienten marroquíes, que ese es su lugar. Esa es una forma de hacernos daño a las personas defensoras de derechos humanos. Yo he aprendido con otras compañeras que el objetivo siempre es quitarles todo lo que tienen. Los Estados piensan: “¿Qué te podemos quitar? Te podemos quitar tu hogar, te podemos quitar las referencias de tus hijos, te podemos quitar las amigas de la infancia de tu hija, podemos sacar del colegio a tu niña en la segunda evaluación...”.

Ha denunciado centenares de veces los efectos de las deportaciones, ese desarraigo que sufren tantos migrantes expulsados tras vivir años en España y que ahora ha sufrido usted en su propia vida. 

Daniela Ortiz decía en un tuit: “Esto es lo que te pasa por traicionar la blanquitud”. Y es verdad. También mis compañeras migrantes con las que estaba trabajando en aquel momento en el procedimiento judicial me dijeron: “No te van a perdonar nunca, porque tú les has traicionado. Tenías que estar en ese lado, con ellos, y les has traicionado y eso no te lo perdonarán nunca”. 

Es muy perverso hacerme pasar por los mismos dolores que siempre he denunciado. Aunque sigo teniendo una posición de privilegio, porque muchas compañeras migrantes no pueden hacer la rueda de prensa que yo he hecho hoy, ni pueden tener el equipo maravilloso de seguridad que tengo yo.

¿Qué tendría que hacer el Gobierno español para que se sintiera protegida?

Yo le pido al Gobierno español que dé la orden a todas las personas que están en el Ministerio del Interior que siguen hostigándome a mí y a mi familia, para que frenen esa criminalización. Y que depure responsabilidades. Que investigue quiénes son las personas que están haciendo ese tipo de investigaciones. Se lo pido al presidente del Estado español. Y, por otro lado, le pido al Gobierno marroquí que restablezca mis derechos también y que mis hijos puedan volver a su casa. Les pido a ambos que reconozcan lo que los tribunales han dicho ya: que defender los derechos no es un delito.

A punto de iniciar el ramadán, Marruecos y España se enfrentan al unísono a otro tipo de ayuno, el de las libertades que deben primar en un Estado de Derecho, una peligrosa cuaresma que se ha cebado con Helena Maleno, periodista y activista, que lleva media vida salvando a otras muchas, desde Tánger.

Ahora, ha denunciado su “violenta” deportación del país al que eligió por compromiso periodístico y ciudadano, veinte años hará el venidero. Allí, ha criado a su familia y atendido un largo número de desesperados charnegos de la globalización a quienes, en los más de los casos, ha ayudado a sobrevivir. Al frente de la ONG Caminando Fronteras, a lo largo de dos décadas, ha documentado las redadas salvajes contra los precarios campamentos subsaharianos, los crímenes racistas, las muertes en las vallas de Ceuta y de Melilla, el tráfico de mujeres y el trasiego de menores. Pero, sobre todo, ha creado un clima de confianza que le permite recibir mensajes a cualquier hora informando que hay una embarcación a punto de zozobrar y una pila de sueños a punto de ahogarse. Ella llama entonces a Salvamento Marítimo y, por lo común, suele haber final feliz, aunque no siempre.  

Por esa última y eficiente misión, que ya ha merecido numerosos reconocimientos, intentó emplumarle el Ministerio del Interior de España y al darse de bruces con la Justicia, su expediente fue trasladado subrepticiamente a la otra orilla del Estrecho, para que las autoridades marroquíes le ajustaran las cuentas. Tampoco en los tribunales tangerinos encontraron que hubiese causa probable para enchironarla. Pero a partir de dicha sentencia, en el último año, afirma haber sufrido un total de 37 ataques, entre amenazas de muerte, agresiones, seguimiento, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de su familia. Por menos de esto, Costa-Gavras hace dos largometrajes de los de salir cabreados del cine.

Todo ello lo acaba de contar Helena Maleno en un libro titulado “Mujer de frontera”. Un quinario de siete años de pesquisas para intentar emplumarla por un supuesto delito de tráfico de inmigrantes, que sencillamente no existe, porque habrán de saber que esta hija de la transición española solo trafica con el auxilio a otros seres humanos. Está visto que Kafka y Maquiavelo deben haber contraído matrimonio y residen a caballo entre ambos países.

Si Marruecos la ha puesto de patitas en la calle, España no le ha abierto las puertas de su amparo, ni como ciudadana ni como periodista.

Hoy sabemos que han vuelto a la carga contra ella. El pasado 23 de enero, tras aterrizar su avión en el aeropuerto de Tánger, escoltada por la policía marroquí, fue expulsada inmediatamente a España en un inopinado vuelo rumbo a Barcelona. Acaba de contar, en una rueda de prensa desde la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid, que aquel día ni siquiera le dejaron tomar su medicación, ni se le informó de las razones de su drástica expulsión, dejando atrás su casa, sus enseres y, sobre todo, su familia: “Quiero denunciar que el pasado 23 de enero fui deportada y expulsada con violencia del que ha sido mi hogar, Marruecos, país en el que he vivido durante 20 años y en el que han crecido mis hijos. Ni siquiera me permitieron reunirme con mi hija, de 14 años, de la que estuve separada 32 angustiosos días, sabiendo que su seguridad también estaba en riesgo, simplemente por el hecho de ser mi hija”.

Si Marruecos la ha puesto de patitas en la calle, España no le ha abierto las puertas de su amparo, ni como ciudadana ni como periodista. Siempre en un Gobierno hay muchos gobiernos y si el Ministerio de Asuntos Exteriores ha intentado proteger a ella y a su familia de este acoso, mientras estuvo en Marruecos, Helena acusa directamente a la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), del Ministerio del Interior, de colaborar con la policía marroquí para hostigarla de forma despiadada.

España y Marruecos, en los últimos meses, no atraviesan precisamente una luna de miel, aunque también es cierto que tampoco llega la sangre al río. La Reunión de Alto Nivel prevista para el otoño y pospuesta para este último febrero sigue sin celebrarse: fronteras cerradas, almadías rumbo a Canarias, el Sáhara sin alto el fuego, enésimas declaraciones sobre Ceuta y Melilla. Todos entendemos que hay que pisar huevos en cualquier asunto relacionado con el país vecino, cuya tectónica permanece tozudamente pegada a la nuestra. Y bueno es que así sea, que seamos felices y que comamos perdices. Sin embargo, ¿a costa de qué, a costa de cuánto? Hay líneas rojas que no debemos atravesar y una de ellas es la de la libertad de expresión, que es la que, hoy por hoy, encarna Helena Maleno. El ministro Grande Marlaska, que ha conocido la mordedura de la persecución y del silencio, tanto en su vida judicial como en la personal, debería entender que sus agentes están para proteger nuestros derechos y no para perseguirlos. Un amante de los Derechos Humanos como siempre se ha declarado el titular de Interior no debiera participar en esta huelga de hambre de libertades públicas y privadas, a la que se enfrenta esa mujer fronteriza que lleva dos decenios haciendo el trabajo que debieran realizar los estados, si los hechos respondieran a los discursos. 

Helena Maleno, por tanto, es una ONG en sí misma, una plataforma de fuerza y de ternura, una asociación de ideas y de acciones. Y no podemos permitir que intenten disolverla. La democracia sería, en ese caso, una espalda mojada. 

Al finalizar el día en que Helena Maleno leyó el contenido de años de investigación policial en España por sus llamadas de auxilio de personas en peligro en el mar, la activista, agotada, se tumbó en su cama. Mientras se echaba crema, se paró a observar una de las cicatrices que han dejado en su cuerpo más de una década de defensa de los derechos de los migrantes. “Parece que me ha pasado un camión encima”, le dio por pensar en aquel momento. “¿Qué digo un camión? Más bien una frontera”, se corrigió a sí misma.

De vidas atravesadas por las políticas migratorias trata 'Mujer de Frontera' (Península), el primer libro de Helena Maleno, una de las principales defensoras de las personas migrantes de la Frontera Sur. La activista describe “desde sus entrañas” los latigazos sufridos por quienes luchan por el derecho a la vida. Aquellos que han impactado sobre los miles de hombres y mujeres que han llamado a su teléfono para pedir auxilio en medio del mar o quienes han acudido a su “altavoz” para denunciar injusticias.

Pero también los estragos que las fronteras han hecho en su propia vida, tras el procedimiento juidicial abierto en Marruecos en 2018 tras el envío por parte de la Policía española de una investigación sobre su labor. El Tribunal de Apelación de Tánger archivó en 2019 el caso penal contra la activista, que la acusaba de un supuesto delito de tráfico de personas por sus llamadas a Salvamento Marítimo con las que advierte de pateras en riesgo.

El caso cerrado por la justicia marroquí se basaba en una investigación desarrollada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF Central) de la Policía Nacional. En 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias recopiladas por la policía española al no encontrar indicios de delito. Sin embargo, el expediente policial había sido enviado por España.

El libro empieza narrando el momento en que se encuentra con dos agentes marroquíes cerca de su casa. Acaba de recoger a su hija del colegio y le informan de que hay una investigación abierta sobre usted. ¿Cómo cambia su vida desde entonces?

Mi vida ha cambiado en todos los sentidos. Antes nunca me había preocupado por mi seguridad, ahora hay una serie de parámetros de protección que he tenido que integrar en mi vida. Hay miedos que están ahí. La Policía española me investigó de una forma bastante extraña durante muchísimos años. Yo no sé si ahora sigo siendo investigada o no. Cada vez que hago una llamada, pienso en esa posibilidad.

Es decir, no soy una ilusa: después de todo lo que ha pasado y todo el proceso de criminalización, no creo que la Policía no siga investigando. Esto sí que me ha abierto los ojos y nos ha cambiado la vida a mí y a mi familia. Ya no es la misma forma de vivir. Ahora tengo muchas más restricciones de libertad en mi vida y en mis decisiones. Eso me pesa. A veces sí me da rabia, pero lo pongo en una balanza y digo que merece la pena seguir luchando. Pero es muy injusto que por estar acompañando a las personas migrantes o a los compañeros que están defendiendo sus derechos, mi vida no pueda ser igual que la vida de otros y de otras.

Uno de los momentos más duros de todo el procedimiento judicial, cuenta, fue cuando empieza a leer el informe elaborado sobre usted por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF)de la Policía Nacional. ¿Qué contaba ese dosier?

El dosier parecía que hablaba de otra persona. Entre otras cosas, había un listado de todas mis relaciones en presuntas relaciones sentimentales sexuales, entre ellas una relación con una mujer que era alguien muy próxima a mí. Entonces, en esas primeras hojas, vi que era un informe terriblemente misógino y homófobo. Tenía todas las cosas que un dosier del Estado español no podía tener nunca si estamos hablando de una Administración pública española. Entonces, me asusté. Vi que Frontex se dedicaba a preguntar por mí a los migrantes que llegaban a las playas. Se dedicaba a preguntar si me habían visto físicamente alguna vez. Eran cosas horrorosas.

También me intentaban responsabilizar de naufragios concretos, cuando que ni siquiera había llamado yo a Salvamento Marítimo para esos casos. No sólo había ataques a mi condición de mujer, no sólo había ataques a mi condición de defensora de derechos humanos, sino que había mentiras dentro del dosier. Pero mentiras que Marruecos tardaría años en comprobar que se trataban de falsedades. Me dolió muchísimo que estuvieran en ese dossier personas queridas.

Hablaban de relaciones sexuales o sentimentales con personas a las que yo amo, quiero, que son mi familia, son parte de mi vida. Yo ahí me rompía. Decía “desgraciados”. No puede ser un cuerpo policial el que ha hecho este papel. Me sorprendió muchísimo ver todo eso por escrito. Era terrible.

En el primer interrogatorio, el propio juez marroquí le dice: “Es su policía, su país el que dice eso de usted. ¿Cómo lo explica?”. ¿Qué respondió?

Claro. El juez marroquí tenía un dossier encima de la mesa porque la Policía de mi país se lo había mandado. Tenía cajas y cajas de escuchas telefónicas. Yo no sé cómo habían transcrito todas esas cajas, la de horas que gastarían funcionarios públicos para investigarme. De todas mis llamadas, ya fueran personales, de día o de noche, todas estaban transcritas. Me trataron como una gran criminal. Hay que ser una gran criminal para emplean tantos recursos. Entonces, claro, le decía al juez: yo entiendo que vea todo eso y piense “esta mujer es la delincuente más peligrosa que debe haber ahora mismo en toda la frontera”.

Le dije que la Policía mentía. Que la idea que tenemos de derecho y libertad de las democracias europeas, por desgracia, ha cambiado. No es así. Se está persiguiendo a muchos defensores y defensoras de derechos humanos en territorio europeo. Y eso que supuestamente nuestro Estado es una democracia maravillosa, perfecta y que da lecciones al Reino de Marruecos...

Se describe como una persona “simple”, una “hormiguita”, una “piruchi” -se ríe-. ¿Por qué cree que la Policía española dedicó tanto tiempo a investigarla?

Yo no lo sé. Habría que preguntar a la UCRIF, a los que decidieron hacer esta investigación, que muchos de ellos siguen en puestos de poder dentro de la Policía. Yo creo que ellos buscaban un caso ejemplarizante. Y, pensarían, “¿quién mejor que ésta?” Porque, claro ésta, lo que yo digo siempre, es una “pichiruchi”.

Soy más simple que el mecanismo de chupete y yo lo comunico todo por teléfono. A Salvamento se lo cuento por llamadas, todo lo pongo en las redes sociales... Era algo, algo muy fácil de investigar y muy fácil de saber que ahí no había nada delictivo. Pero también era muy fácil de manipular.

Yo trabajaba en investigaciones sobre trata. Cuando me empiezan a investigar, yo estaba documentando expulsiones de víctimas menores de trata en Nigeria. Justo son las mismas fechas de los dossieres y mi investigación. Así que pensarían: si esta a señora la meten en la cárcel, se pudre en una cárcel marroquí y el miedo que vamos a meter al resto de organizaciones sociales va a ser bastante importante. Y no solo a ONG, sino también a los compañeros y compañeras migrantes que empiezan a defender sus derechos.

Por muy “hormiguita” que sea, las denuncias de Caminando Fronteras han sacado a la luz graves vulneraciones de derechos humanos en la frontera. ¿Cree que es una amenaza para las autoridades migratorias?

Sí. Yo creo que también no les gusta lo que hago y no les gusta lo que hacen las personas que se mueven. Ahí radica el problema. Hubo muchos momentos en Tarajal o en otros momentos complicados de vulneración de derechos en las fronteras donde han caído muchos compañeros y compañeras.

Yo he estado acompañando y haciendo de altavoz a personas que no podían estar presentes por la propia vulneración de los derechos que sufren y, al final, me he convertido en un referente para las comunidades migrantes. Ellos eso no lo entienden. El juez también me lo preguntaba en algún momento: ¿cómo tienen tantos migrantes su número de teléfono? Es que yo no lo sé. Esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo más que yo. No soy yo, no es Helena Maleno, sino lo que Helena Maleno representa. Las ideas que defiende representan a mucha gente.

Lo compara con el efecto multiplicador de las influencer.

¡Claro! ¿Qué entendemos por redes sociales? Nosotros normalmente podemos entender que haya un influencer que te vende maquillaje o la ropa y que eso influye en cientos de miles de personas en España. Y no entendemos que una persona que habla del derecho a vivir cuando cruzas una frontera puede tener una influencia también dentro de una comunidad. Ahí ven delito. Es como si pusiéramos ahora a la Dulceida delante de un juez y le preguntásemos: ¿por qué llega a tanta gente, señora?

En el libro cuenta cómo fue la primera vez que recibió una llamada desde el medio del mar en busca de auxilio, cuando aún ni sabía a dónde llamar. Y pensó: “Por favor, que no me llamen más a mí”.

Me llamaron y lo pasé mal, muy mal. Pasé muchísima angustia y pensaba: “Que no me llamen más. Qué angustia, no he dormido pensando en toda esa gente”. Me acuerdo de ese momento perfectamente. Me acuerdo de la voz de Miguel Zea, quien era el jefe de la Salvamento Marítimo Almería, con el que hablé ese día (en 2007) por primera vez en aquella primera llamada. Años después, con la nueva política migratoria (cuando el Gobierno de Pedro Sánchez creó un mando único para el control de fronteras), le cesaron de su cargo y lo dejaron de controlador. A partir de ahí, se ha incrementado el número de fallecidos en el Mar de Alborán. Eso también es represión. Esto forma también parte de los ataques a las personas que están liderando la defensa del derecho a la vida.

Narra los efectos de las fronteras y sus políticas desde diferentes prismas. El relato del proceso de hostigamiento que sufrió se entrelaza con las historias de numerosas personas migrantes.

Antes de escribir pasé varias semanas recogiendo todas las libretas que he guardado en los últimos 18 años. En ellas hago dibujos, anotaciones de cada trabajo en terreno... Las recogí todas y empecé a repasarlas. Una amiga me dijo: es un libro de aventuras, porque la vida es una aventura. Y, entonces, me acordé de que, como los migrantes dicen, “la vida es un combate”. Y a partir de ahí empecé a colocarlo todo: empecé a darme cuenta de que lo que yo quería contar en realidad era lo que siempre están hablando los compañeros y las compañeras en las fronteras, el impacto que tiene esa política migratoria en los cuerpos.

Entonces, claro, a mí también me había atravesado la frontera, me había atravesado esa política directamente, de una forma palpable, de una forma que me había dejado incluso cicatrices en el cuerpo. Pensé en todos esos cuerpos de compañeros y compañeras a lo largo del año que también habían sido atravesados por la frontera. Decido partir, de mi cuerpo y de cómo mi cuerpo ha ido cambiando mi vida, no sólo por las políticas de la frontera, sino por las luchas de los compañeros y compañeros, por sus resistencias.

¿Qué historia o realidad denunciada en estos años ha estado especialmente presente en su cabeza en esos meses en los que temía acabar en la cárcel por alzar la voz?

El caso de Gautier y su familia. Eran mis amigos. Su hija era amiga de mi hija. Habíamos compartido muchísimas cosas, cuando suena el teléfono y escucho su voz... Son muchas, muchas historias. La de Joseph. La primera 'toy' (balsa hinchable) que nosotras documentamos que desapareció en el Estrecho. Yo creo que el libro merece la pena leerlo. Es un logro muy doloroso, pero es un libro que tiene un dolor que sana. Es un dolor que sana porque es un dolor de personas... [dice antes de hacer una pausa cuando la voz se entrecorta]. Ya voy a llorar.

No pasa nada. Ya dice en el libro que es “muy llorona” [risas].

Sí, eso es verdad... Como decía, hay personas que mueren por defender la vida. No solo la suya, sino la de muchas otras, las de sus hijos e hijas, las de sus comunidades de origen, las de sus familias. ¿Qué es entonces? Es un dolor que acaba sanando, porque es un dolor que habla de valentía, que habla de vida. Porque al final la vida está ligada a la muerte, sobre todo en determinadas poblaciones y en determinadas comunidades. Yo creo que por eso merece la pena leerlo. Porque te dan fuerza a la vez.

Es esa fuerza de transformar ese dolor en justicia, en la lucha. De eso también habla el libro. Transformemos todo ese dolor en otra cosa y ojalá de verdad el libro llegue a muchas personas y también a quienes están tomando decisiones políticas.

¿Y usted se plantea buscar justicia tras el dolor que, según transmite en el libro, le ha causado la investigación policial? ¿Piensa denunciarlo en España?

Ahora no lo sé, pero m irando todos los dossieres, mirando todo lo que ha pasado, se han pisoteado todos mis derechos, no sólo los míos, sino los de mi familia, los de mis hijos. En muchos sentidos. Desde acusarme de delitos que eran falsos, con pruebas falsas; a distribuir datos personales a un país tercero sin saber qué procedimientos siguió... Por ejemplo, ese informe no pasó por el enlace de la embajada de Marruecos. Se han vulnerado muchísimos derechos en mi dossier y hay responsables policiales y responsables políticos. Ahora, había que contarlo. Después habrá que pensar en esa reparación. Y es verdad que tiene que haber una reparación de todo ese dolor, no sólo por mí, sino por tanta gente a la que a la que se ha hecho daño a través de un procedimiento judicial como este.

Tras el archivo de la investigación policial en la Audiencia Nacional y en Marruecos, ¿alguna autoridad en España le ha pedido perdón?

No, no, no. Nadie, nadie me ha pedido perdón por que la Policía enviase un informe lleno de mentiras a Marruecos. Nadie ha pedido perdón a nadie. Es paradójico porque el proceso se inicia con el Partido Popular en el poder, con Fernández Díaz como ministro del Interior. Después, cuando le sustituye Juan Ignacio Ziodo, niega que hubiera existido esa investigación que inició su antecesor. Durante el procedimiento, me dieron muchos premios. Uno de esos premios me lo entregó Ana Pastor -entonces presidenta del Congreso de los Diputados- y habló de mi valentía.

Después, cambió el Gobierno y nosotras le pedimos al PSOE que iniciara una investigación sobre cómo fue posible que se hiciese esa investigación, cómo puede haber gente en la Policía dedicándose a esto. No sé si quiero decir, lo que sé es que yo soy abogada del Estado español y yo lo que quiero es que los policías se dediquen a otras cosas. Y nadie lo ha hecho. Esse perdón tenía que haber llegado en algún momento: dos tribunales han dicho que en esa investigación no había ningún delito.

Tampoco se dio el pésame a las familias de las víctimas del Tarajal, ni se ha pedido perdón por la actuación policial el 6 de febrero de 2014...

Exactamente. No ha habido perdón en mi caso, como no lo hay para Tarajal, ni en tantos otros. Si ni nos han dado los visados para que las familias de las víctimas de los fallecidos viajen a España para hacerse la prueba de ADN e identificar los cuerpos enterrados en Ceuta... No hay justicia, no hay una reparación en las fronteras.

La ruta canaria se ha vuelto a abrir. El “opaco” sistema de control migratorio de las Islas, unido a las dificultades para rescatar y localizar a las pateras que toman esta vía, la convierten en el segundo itinerario más mortal de 2019, ha explicado a Canarias Ahora Helena Maleno, fundadora de la plataforma Caminando Fronteras y activista por los Derechos Humanos. Según datos recabados por esta organización, 228 personas han muerto tratando de alcanzar el Archipiélago, de las que solo se ha logrado recuperar los cadáveres de 79 (34%). Por lo tanto, los cuerpos de 149 náufragos siguen perdidos en medio del océano, provocando un “daño irreparable para las familias que, sin cuerpo, son incapaces de hacer el duelo y eternizan su dolor”.

Canarias tiene, además, “menos capacidad para atender a los supervivientes de los naufragios” y “vulnera aún más los derechos de las víctimas”. Maleno lamenta que se aplique la Ley de Extranjería a “personas que llevan semanas en el mar y han visto a otros compañeros morir en el trayecto”. “Se les interroga duramente sobre quién era el patrón de la patera y van directamente a comisaría y después al CIE, sin atención ni acompañamiento psicosocial. Esto sería impensable si habláramos de cualquier otro tipo de náufragos”, apunta.

En esta línea, insta a las administraciones y al Gobierno español a expresar su posición en cuanto a las vías de apoyo y atención a familiares de víctimas. “¿A qué teléfono puede llamar un familiar para saber si su hijo ha llegado vivo a Canarias o no? Ninguna región cuenta con este tipo de sistemas, la desidia es generalizada en todo el territorio”, puntualiza Maleno. “Es urgente aplicar a las supervivientes el Protocolo de Asistencia a Víctimas Múltiples antes que la Ley de Extranjería”.

Caminando Fronteras también denuncia la opacidad del sistema de control, rescate y atención migratoria de Canarias. “En ocasiones, hemos identificado pateras en la ruta canaria que de pronto desaparecen y no se da información oficial sobre ellas”, asegura. Asimismo, la plataforma se suma a las protestas de las secciones sindicales de Salvamento Marítimo sobre la falta de medios, recursos y garantías para proteger el derecho a la vida de quienes emprenden una travesía migratoria hacia Europa.

Maleno considera que la solución reside en trabajar “de forma coordinada y hacia un mismo camino” entre las comunidades de migrantes, las redes familiares, las organizaciones sociales, Salvamento Marítimo, favoreciendo la comunicación con terceros países y priorizando el concepto de “hospitalidad” frente al de “acogida”.

Rutas más mortales

Sin embargo, la realidad es muy distinta ya que, por el contrario, “se apuesta por la militarización de las fronteras, dando más poder a las redes criminales, que van abriendo rutas más mortíferas”. Maleno recuerda que Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, estuvo en Canarias en los últimos meses reconociendo que tenían constancia de que la ruta canaria volvería a abrirse: “Ya en 2019 invirtieron millones de euros en militarizar la ruta de Alborán, me gustaría saber cuánto piensan invertir en militarizar la canaria y qué empresas saldrán ganando”.

La suma de las víctimas que han dejado las distintas rutas hacia Europa en los 37 naufragios que han tenido lugar este año arrojan datos desoladores. El monitoreo de Caminando Fronteras contabiliza 137 muertas y 518 desaparecidas en el Mediterráneo Occidental, de las que 54 eran niños y 104 mujeres, “víctimas directas de la necropolítica fronteriza”. Aunque el Estrecho y Alborán concentren la mayoría de hundimientos, Canarias y Alborán registran la mayoría de víctimas: “Las políticas migratorias han reducido las salidas, pero han hecho las rutas más mortales”.

Los países de origen de las personas que perdieron la vida tratando de llegar a España son Birmania, Bangladesh, India, Pakistán, Yemen, Etiopía, Eritrea, Chad, Camerún, República Democrática del Congo, Angola, Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Costa de Marfil.

La mayor recuperación de cadáveres tras un naufragio tuvo lugar este mes, con la localización del cuerpo sin vida de 62 personas que murieron después de que se hundiera en las costas de Mauritania la patera en la que viajaban rumbo a Canarias.

La activista y periodista española Helena Maleno será galardonada con el premio “Pimentel Fonseca” promovido por el ayuntamiento de Nápoles (Italia), mientras la capitana del barco de la ONG alemana Sea Watch, Carola Rackete, recibirá el honoris causa. Este premio se entregará el próximo 18 de septiembre en el marco del festival internacional de periodismo civil y reconoce la labor de las mujeres periodistas y concienciadas con los Derechos Humanos.

Helena Maleno será premiada por su trabajo de denuncia de las violaciones de los Derechos Humanos de los migrantes en la frontera entre Marruecos y España, y su apoyo a los migrantes que cruzan el estrecho informando en las redes sociales de su presencia para que les ayuden. Lo que le ha costado incluso un proceso judicial por tráfico de personas, que finalmente archivó la Justicia marroquí.

Mientras, el premio honoris causa irá a Rackete, que fue arrestada y después puesta en libertad por haber entrado sin permiso en el puerto de la isla italiana de Lampedusa para que pudieran desembarcar los 40 migrantes que llevaba a bordo desde 17 días.

El galardón a Rackete ya ha sido criticado duramente por la Liga, el partido del ministro del Interior, Matteo Salvini, que consideró “vergonzoso” que se premie a una persona que puso en peligro la vida de los militares de la Guardia de Finanza durante su maniobra de entrada en el puerto.

En 2018, la premiada con el Pimentel Fonseca fue la periodista y escritora española Olga Rodríguez. El premio está dedicado a la memoria de Eleonora Pimentel Fonseca, periodista napolitana y una de los líderes de la revolución contra monarquía de los Borbones en 1799 y por la que fue ahorcada.

Un ferry ha localizado una patera en peligro con 27 supervivientes a una distancia de 22 millas del Cabo Tres Forcas (zona marroquí), entre los que se encuentran 24 hombres, dos mujeres y una niña de once años. Según los datos de Caminando Fronteras, la embarcación se dirigía a las costas españolas desde Marruecos con un total de 49 migrantes, por lo que 22 personas continúan desaparecidas.

La ONG dio la voz de alerta de la patera en riesgo durante la tarde de este martes. Un avión de Frontex y otro del Ejército del aire rastrearon la zona sin éxito afirman desde Salvamento Marítimo, institución dependiente de Fomento que no movilizó ninguna embarcación. Caminado Frontera asegura que solo sobrevolaron el área coincidente con las aguas jurisdiccionales españolas. “Avisamos a Salvamento Marítimo y a las autoridades marroquíes, pero desde Salvamento nos decían que sólo buscaban por su zona: otra vez más no hay colaboración suficiente entre ambos países”, ha denunciado Helena Maleno, fundadora de la organización.

Salvamento Marítimo ha afirmado que ha ofrecido “su colaboración en la búsqueda de las personas desaparecidas” pero la ha declinado.

De los 27 supervivientes localizados con vida, seis personas han requerido una evacuación urgente a Almería debido a su débil estado de salud, han explicado desde Salvamento Marítimo. Entre ellas se encuentran dos mujeres y una niña.

La activista Helena Maleno considera que la vida de estas personas podría haberse salvado si se hubiese buscado la embarcación en riesgo también en zona marroquí. “Las nuevas políticas de control migratorio impiden que se pongan en marcha todos los medios necesarios para garantizar el derecho a la vida”, ha criticado. “Si ayer estas personas hubiesen sido de origen europeo el avión hubiese apoyado la búsqueda aunque fuese en zona marroquí y si el avión lo hubiese apoyado seguramente no hubiesen muerto”, ha lamentado.

Mientras el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos negocia in extremis con Vox para desbloquear los Presupuestos de 2019, que se someten al debate de totalidad esta tarde, en otra mesa paralela los socios de Gobierno han logrado incorporar a la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) al gran acuerdo ya suscrito con el resto de fuerzas para renovar los órganos de extracción parlamentaria.

La Junta logra amarrar un pacto por unanimidad en el Parlamento, el mismo día en que la estabilidad del Gobierno andaluz se tambalea ante el riesgo de que prospere la enmienda a la totalidad de la oposición (PSOE, Adelante y Vox) contra sus primeros Presupuestos. La renovación de la dirección de Canal Sur, el consejo de administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual y la Cámara de Cuentas, bloqueados durante cinco años, se aprobará por lectura única en el próximo Pleno de la Cámara, gracias a la unanimidad de todos los grupos. En cambio, la renovación del Defensor del Pueblo Andaluz ha quedado desvinculado de este gran acuerdo. PP y Ciudadanos tienen firmado un documento con el PSOE que garantiza la continuidad de Jesús Maeztu (actualmente en funciones) y acaba de firmar otro documento con Adelante que delega en ellos la potestad de proponer al nuevo Defensor, que será “preferentemente una mujer implicada en la defensa de los valores sociales y que concite el consenso de la Cámara”. 

Adelante Andalucía ha negociado con los socios de Gobierno hasta las once de la mañana y finalmente ha firmado dos documentos: uno le incorpora al acuerdo ya suscrito por el resto de fuerzas para renovar la dirección de los órganos de extracción parlamentaria, donde tendrán representación todos los partidos de la Cámara. El otro documento es un pacto entre PP, Cs y Adelante que blinda siete millones de euros en la consignación presupuestaria para Canal Sur (promoción de plantillas, garantizar producción propia y modernizar los equipos) y, sobre todo, se hace con la autoridad de proponer a la sustituta de Maeztu. 

La propuesta de Adelante era la activista y defensora de los derechos de los inmigrantes, Helena Maleno, aunque su nombre no está confirmado en el acuerdo. Esto dependerá de una negociación posterior con el resto de grupos, que debe convencer a PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. Los populares, los naranjas y los socialistas se habían mostrado favorables a ratificar en su puesto al Defensor actual, y el grupo de extrema derecha fue muy crítico con la propuesta de la activista. El nombre de Maleno se da prácticamente por descartado, aunque aún no es definitivo.

A pesar de este acuerdo, tanto el PP como el PSOE han enfriado las expectativas de Adelante Andalucía. La designación de la futura Defensora del Pueblo Andaluz no necesita unanimidad, pero sí consenso, esto es, necesita convencer a tres quintas partes del Parlamento autonómico. Los socialistas no reconocen los términos del pacto entre PP, Cs y Adelante, y recuerdan que el primer acuerdo suscrito entre ellos y los socios de Gobierno contempla “la continuidad de Maeztu en su puesto”. Hay una aparente contradicción entre ambos documentos, pero la clave está en los tiempos parlamentarios: según la Junta, el actual Defensor del Pueblo Andaluz seguiría hasta octubre -para asistir a una jornada de coordinación de todos los defensores de España- y luego él mismo daría un paso atrás para facilitar la renovación (Maeztu tiene 75 años). A partir de ahí, Adelante llevaría su propuesta de una mujer como Defensora del Pueblo Andaluz, que necesitaría recabar el consenso de tres quintas partes del Parlamento, es decir, al menos PP, Cs y PSOE.

La coalición de izquierdas ha arañado siete millones de euros de “consignación presupuestaria”, no de aumento, para “garantizar la estabilidad en el empleo y la producción propia en la RTVA. Una partida de un millón de euros estaría en las cuentas de 2019 y los otros seis millones en el Presupuesto de 2020. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha anunciado, emocionado, el acuerdo sobre la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, mientras PP, Ciudadanos y Vox suspendían sus respectivas ruedas de prensa mientras negocian en el límite de tiempo el desbloqueo de los Presupuestos andaluces que se votan esta tarde.

El Gobierno de PP y Cs no descarta a Helena Maleno como próxima Defensora del Pueblo Andaluz. Sobre la propuesta de la confluencia Adelante Andalucía (Podemos-IU), adelantada este viernes por eldiario.es Andalucía, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha dicho que “las negociaciones siempre tienen que llevarse dentro de la discreción y la prudencia, y, por tanto, hasta que no haya acuerdos, como hicimos, no se deben anunciar”.

Bendodo, preguntado en rueda de prensa tras la presentación de los presupuestos de la comunidad autónoma, ha comentado que prefiere ser “cauto” y no desvelar “si son ciertos o no los nombres que pueden plantearse” dentro de una negociación. Cabe recordar que el pasado miércoles el PP, Ciudadanos y PSOE alcanzaban un acuerdo “histórico”, atascado toda la legislatura pasada, que permitirá renovar todos los órganos de extracción parlamentaria, esto es, el Consejo de Administración de la RTVA, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo andaluz y el Consejo Audiovisual de Andalucía.

El también portavoz del Gobierno ha recordado en ese sentido que “sí es cierto que es histórico el acuerdo entre PP, Ciudadanos y PSOE, al que se suma Vox también”. “Falta Adelante Andalucía para conseguir esa unanimidad en la renovación de los órganos de extracción parlamentaria”, ha comentado.

Por tanto, según ha resumido Bendodo, “negociación abierta y prefiero ser cauto”. El consejero ha incidido en “no revelar los términos del acuerdo, ni si es cierto o no lo que se plantea de los nombres”. “En cualquier caso, les adelanto que habrá comunicación fluida y permanente con Adelante Andalucía para que se sume al acuerdo de los demás grupos, con independiencia de que quiera proponer un nombre o no. Eso no significa que sea necesario proponer un nombre para renovar un órgano. Tenemos que hablar en la globalidad, en el conjunto de todos los órganos, y faltan flecos para que Adelante Andalucía se sume. Y eso es lo que tenemos que trabajar en los próximos días”, ha concluido.

La coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) baraja el nombre de la activista Helena Maleno para sustituir a Jesús Maeztu al frente de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, cargo que ocupa desde 2013. La posible renovación del puesto de Defensor forma parte de un acuerdo político de mayor calado, del que también depende la dirección de Canal Sur, la Cámara de Cuentas y el Consejo Audiovisual. Todos los grupos del Parlamento -PSOE, PP, Ciudadanos y Vox- han respaldado ya este acuerdo, excepto Adelante, que sigue en negociaciones con el resto de partidos.

Dirigentes de la formación morada y de la coalición de izquierdas tantearon a Maleno “hace unos meses” para preguntarle si estaría dispuesta a ponerse al frente de este órgano de extracción parlamentaria, y ella se mostró receptiva, agradeciendo que hubieran pensado en un perfil como el suyo. “Es sano en una Defensoría tener perfiles que sean defensores de los derechos humanos”, ha confirmado la activista a eldiario.es Andalucía.

Desde la coalición trasladan, sin embargo, que “el nombre de Helena todavía no está formalmente sobre la mesa”. Que no existe discrepancia entre el criterio de Podemos y el de IU sobre este asunto, y que valoran muy positivamente el perfil de la activista, pero descartan postular su nombre como futura Defensora del Pueblo andaluz “si no hay garantías claras de que vaya a concitar el apoyo de todos los partidos”. Maleno fue acusada ante el Tribunal de Tánger por tráfico de personas y favorecimiento de la inmigración irregular, si bien su causa quedó archivada hace apenas dos meses. Su teléfono es el contacto de muchos migrantes que cruzan el Estrecho para llegar a las costas españolas, y estos la llaman a ella desde alta mar para darle sus coordenadas o para avisar de que la patera corre peligro, información que ella comparte con los equipos de Salvamento Marítimo.

Maleno defiende que ella nunca ha tenido vinculación política con ningún partido y señala que, si se ha planteado su nombre para el puesto, quizás también sea “por un ejercicio democrático”. “Supongo que querrán tener instituciones menos politizadas, aunque también es cierto que el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz no ha sido tan político como lo ha sido nivel estatal, gracias a perfiles como el de José Chamizo o Maeztu, con perfiles diferentes a los elegidos para el mismo puesto a escala nacional. El Defensor Andaluz tiene otra solera, otro aire”, dice mientras se muestra prudente ante la posibilidad de que su candidatura prospere.

Ocho años de bloqueo

La propuesta de esta activista pro derechos humanos, enlace entre migrantes que cruzan en patera el Estrecho y Salvamento Marítimo, tiene muy difícil conciliar la unanimidad de los grupos en el Parlamento andaluz. En esta misma Cámara, Vox ha acusado a los equipos de Salvamento Marítimo de actuar “como un servicio de taxis o autobús” para las mafias que trafican con inmigrantes en pateras, “porque reciben una llamada previa que les avisa para recogerlos”. “La presencia de salvadores pone en grave riesgo la vida de los inmigrantes”, rezaba la proposición no de ley que registró el grupo de extrema derecha el pasado 11 de marzo, justo después del archivo de la causa contra Maleno, generando un enorme revuelo en la bancada de Adelante y del PSOE.

Adelante Andalucía es el único grupo parlamentario que no se ha adherido, de momento, al acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos para renovar todos los órganos de extracción parlamentaria tras ocho años de bloqueo: la figura del Defensor del Pueblo está incluida en ese acuerdo, pero el mayor esfuerzo de negociación entre partidos se ha centrado en renovar la dirección de Canal Sur, el Consejo de Administración de la RTVA (bloqueado desde hace cinco años) y el Consejo Audiovisual de Andalucía (bloqueado tres años). La Cámara de Cuentas y la oficina del Defensor entran dentro del paquete, pero PP, PSOE y Cs aceptaron mantener en sus cargos a sus representantes hasta que expire su mandato.

Vox ya ha confirmado que apoya el acuerdo, pero para que salga adelante por lectura única -y sea aprobado por el Parlamento en el plazo de un mes- es necesario que haya unanimidad de todos los grupos. Adelante Andalucía está próxima al acuerdo, pero sigue negociando en dos frentes: uno es ampliar el número de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA y del Audiovisual, para mejorar su representación en el mismo. Ahora son 15 miembros, el acuerdo propone reducirlo a nueve -con un ahorro de 1,2 millones de euros en retribuciones- y el líder de IU y portavoz de Adelante, Antonio Maíllo, pide elevarlo a 11, para que la representación de su grupo (con 17 diputados) no se la misma que la de Vox (con 12). El otro fleco suelo por el que Adelante discrepa es por el nombre del Defensor. La confluencia quiere cambiar a Maeztu que, sin embargo, cuenta con el respaldo explícito de Ciudadanos, y más o menos implícito de PP y PSOE.

Helena Maleno, que vivió de cerca y con espanto los sucesos racistas del año 2000 en El Ejido (Almería), su tierra natal, se fue caminando fronteras (como se llama uno de los colectivos para los que colabora) y se marchó a Marruecos en 2002. Desde allí, y con el teléfono siempre a mano por si alguien pide ayuda, investiga los tránsitos migratorios de aquellos que, como ella, decidieron un día cambiar de aires y buscar su futuro en otro lugar. Ahora, su nombre se tantea como Defensora del Pueblo Andaluz. Ella cree que “hace falta en instituciones como las defensorías del pueblo perfiles de defensores de derechos humanos”.

En el año 2012 comenzaron a cavar un fosa. Estaba hecha para mí, querían enterrarme en ella.

Primero sería yo, pero después ¿quién sabe?, se podría amoldar a tantas otras compañeras que defienden derechos...

No tenía constancia de ella, se cavaba bajo mis pies sin que fuese consciente, y no pude defenderme mientras se construía.

Fue en el 2017 cuando me empujaron y caí. Todo se tambaleó bajo mis piernas.

Mi vida se cubrió de oscuridad. En la fosa, abajo, en lo más profundo, todo estaba frío.

La UCRIF, policía de control de fronteras española, junto a Frontex, habían usado las palas más demoledoras, las más horribles, las menos democráticas para construir la fosa.

Cuando supe que la habían hecho para que pasase mi vida en ella, cuando leí los argumentos para hacerla, me faltaron las fuerzas, pero ya estaba dentro, en el fondo.

Me sentía tan pequeña. Las fosas siempre son frías y huelen a muerte, el mismo olor que tantas veces ha venido desde el mar Mediterráneo.

Muerte, porque Europa hace políticas de muerte.

Como he dicho antes la fosa era estrecha, fría y  asfixiante. Ahí fui consciente del tremendo odio y dolor podían generar los que fabricaron mi dossier. Un odio además muy machista porque los informes de la UCRIF estaban llenos de referencias a mi condición de mujer, que nada tenían que ver con los delitos de los que se me quería acusar.

Un odio muy colonial porque pensaron, que si la justicia española no me encausaba, sí lo haría Marruecos, un país del sur global. Así, no sería la bella Europa de los derechos humanos quien se mancharía las manos.

Lo peor que podía pasarme al estar en el fondo de ese agujero era sentirme sola, pero a mí no me dejaron ni un solo momento.

Comenzaron a rodear la fosa la familia, las amigas, las organizaciones aliadas, las comunidades migrantes. Surgieron compañeras de todos los lugares, de todas las condiciones, que de una forma u otra se fueron pertrechando alrededor de aquel agujero.

Trajeron flores para plantar, ideas para resistir y amor para luchar.

Y por el arte de magia que tiene la vida, la fosa iba cambiando y convirtiéndose en una trinchera.

El aire se fue haciendo respirable y llenamos ese tiempo y ese espacio de llantos, pero también de risas.

Me dije que tendría que vivir así, y me senté a escuchar. Intenté llenar de vida y de cotidianidad la lucha supliendo con el amor de tantas personas los derechos que se iban perdiendo por el camino.

Aprendía a ser Defensora, palabra que siempre me pareció enorme. Pero sobre todo aprendí a ver a mi alrededor a otras defensoras tejiendo sororidades.

Me vinieron todas las enseñanzas de resistencia y fuerza de mi bisabuela, abuela y madre. De aquella Andalucía pobre y digna de mujeres que la construyeron también desde las trincheras.

El archivo definitivo de la investigación que se inició contra mí, nos encuentra más fuertes que nunca. Creyendo en la vida mucho más que antes.

Sabiendo que tenemos la capacidad de convertir las fosas de muerte en trincheras de vida.

Hoy me llegaban felicitaciones de muchos lugares, de muchas personas diferentes. Me impresionaban las voces que lloraban de alegría.

Mi caso, ya no es mi caso, es el de tanta gente.

Esta victoria no me pertenece. Es algo enorme y en ella hay tantas luchadoras implicadas.

Los pueblos que se mueven están hoy de enhorabuena porque de alguna forma se les reconoce el derecho a vivir. Llevamos tantos años escuchando que se les puede matar, que pueden morir, simplemente por buscar una vida mejor.

Esta victoria no me pertenece, y en esta nuestra trinchera vamos a continuar todas construyendo otros pensamientos para poner la vida en el centro.

Ahora lo que era una fosa es un lugar precioso. Así que hay que respirar hondo y seguir luchando para convertir en espacio de vida también el Mediterráneo.

Gracias de verdad, por muchas luchas, muchas veces juntas, muchas gracias por Defenderme.

El Tribunal de Apelación de Tánger ha archivado la causa contra la activista española Helena Maleno. El juzgado marroquí ha confirmado la inexistencia de “indicios de delito” contra la defensora de los migrantes, acusada en Marruecos desde diciembre de 2017 por un supuesto delito de tráfico de personas por sus llamadas a Salvamento Marítimo con las que alerta de vidas en peligro en el mar.

El juzgado de instrucción de Tánger ya había cerrado provisionalmente el caso el 12 de diciembre de 2018, pero había sido recurrido por la Fiscalía marroquí. Tras la vista de apelación, la justicia del Estado alauí ha reiterado la decisión del magistrado instructor, según ha confirmado Maleno a eldiario.es.

“Confié en la justicia del que es también mi país, Marruecos, y hemos ganado esta batalla”, ha declarado Helena Maleno. “En un momento en que la defensa de derechos de personas migrantes se encuentra criminalizada en todo el mundo, y especialmente en Europa, el archivo de la causa resulta una noticia ejemplar para seguir realizando nuestra labor”, ha añadido.

El proceso judicial marroquí, que mantenía en vilo desde diciembre de 2017 a la activista, tiene su origen en una investigación iniciada en 2012 en España por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF Central) de la Policía Nacional. El expediente policial relacionaba a la activista con una “red de tráfico de personas” por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes.

En 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias recopiladas por la UCRIF Central al no deducirse indicios de delito de la investigación, pero estas habían sido enviadas por España a la justicia marroquí con anterioridad, lo que derivó en la apertura de la causa contra Maleno en Marruecos, donde reside la activista.

El pasado 30 de enero, el juez marroquí encargado de la instrucción de la causa dio por finalizada la investigación, por lo que, según creían entonces fuentes cercanas a la defensa de la activista, se pronunciarían en las próximas semanas. Sin embargo, Maleno ha pasado un año de angustia a la espera del veredicto, que ha sido confirmado por el Tribunal de Apelación la pasada semana.

“Más de un año con la incertidumbre y la angustia de saberse perseguida por hacer lo correcto ha causado estragos en su vida y en la de sus seres queridos”, han reconocido desde su equipo jurídico. “El archivo de la causa es el primer paso para que este daño empiece a ser reparado, pero aún queda un largo camino para que se le restituyan todos los derechos”, afirman.

A través de un sistema de alertas, su ONG, Caminando Fronteras, ha permitido el rescate de centenares de personas que trataban de llegar en inestables embarcaciones a las costas españolas. Por su denuncia social, la portavoz de Caminando Fronteras fue galardonada en 2015 con el Premio de Derechos Humanos “Nacho de la Mata” del Consejo General de la Abogacía Española. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció en enero que “el 70%” de rescates de pateras llevados a cabo por Salvamento Marítimo en el Mar de Alborán se producen gracias a los avisos de Helena Maleno.

A lo largo de este proceso, la activista ha recibido apoyo por parte de diferentes instituciones y organizaciones, como el Ayuntamiento de Madrid, el Parlamento de Navarra y diversas ONG, como Oxfam Intermón, que lanzó una campaña de recogida de firmas en favor de la activista. El relator de las Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos denunció en marzo de 2018 la “criminalización” de los activistas que luchan por los derechos de los migrantes. “Algunos defensores como Helena Maleno incluso han sido acusados del delito internacional de tráfico de personas como resultado de su lucha contra prácticas ilegales como las 'devoluciones en caliente”, señaló Michel Forst.

También desde la ONU, la relatora contra las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias cuestionó recientemente el “hostigamiento” sufrido por los activistas u ONG que, como Helena Maleno, se dedican a defender o rescatar a las personas migrantes que arriesgan su vida en el mar.

“Utilizan dos tácticas principales. La primera es acusar a las organizaciones humanitarias de contrabando”, indica Angels Callamard, que también citó el caso de la activista española. “Las autoridades marroquíes están investigando a Helena Maleno por tráfico de personas”, apuntó la relatora de la ONU. “Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente ninguna prueba que indique que los agentes humanitarios que han sido denunciados se hayan confabulado con los traficantes”, advirtió.

Tras conocer el archivo de la causa en Marruecos, desde la ONG Caminando Fronteras han mostrado su agradecimiento “a las abogadas, organizaciones, periodistas, comunidades migrantes, organismos internacionales y personas solidarias conscientes de que la criminalización de la defensa de los Derechos Humanos significa un retroceso democrático”. Según destacan, “defender a Helena Maleno es defender a todas las personas y colectivos que día a día velan por los derechos de las personas migrantes”.

El ministro de Fomento ha reconocido el papel de la ONG Caminando Fronteras en la función de Salvamento Marítimo de rescatar personas en peligro en el mar. Sin sus llamadas de alerta, por las que su fundadora ha sido procesada en Marruecos e investigada en España, sus efectivos no habrían salido a buscar la mayoría de las vidas salvadas en el Mar de Alborán. Según las cifras de Ábalos, el “70%” de los avisos de pateras en riesgo recibidas por Salvamento Marítimo en este punto proceden de la activista Helena Maleno, hostigada desde hace años.

Para justificar la ausencia de radares en los aviones de Salvamento Marítimo, revelada por eldiario.es, el titular de Fomento ha respondido que la función de la institución de salvamento no “es avistar” sino rescatar embarcaciones en peligro tras recibir una alerta en su torre de control. “En el Mar de Alborán, el 70% [de los avisos] se dan desde territorio marroquí, por una ONG, avisando de que van a salir. Y por responsabilidad humanitaria, Salvamento acude, muchas veces fuera de la zona”, ha enfatizado Ábalos.

La organización Caminando Fronteras cuenta con un sistema de alertas a través de un número de teléfono al que los migrantes en peligro en el mar llaman para avisar de su situación de riesgo. “Llaman cuando están en el agua en peligro y cuando se están ahogando”, responde la activista Helena Maleno, quien lee las declaraciones de Ábalos como un “ataque encubierto” hacia su labor.

La causa en Marruecos

Un ataque más, dice, que se suma al hostigamiento sufrida desde hace años desde España y Marruecos. En diciembre de 2017, la oficina de instrucción del Tribunal de Apelación de Tánger llamó a declarar a Maleno, la principal defensora de derechos de los migrantes en la frontera sur española, en el marco de una investigación penal. Estaba acusada de un supuesto delito de tráfico de personas por las llamadas a Salvamento Marítimo con las que trata de alertar de vidas en peligro en el mar.

El pasado 30 de enero, el juez marroquí encargado de la instrucción de la causa dio por finalizada la investigación. Desde entonces, continúa pendiente la difusión de su pronunciamiento.

La investigación de la Policía española

El proceso judicial marroquí se basa en una investigación iniciada por la Policía Nacional española durante el Gobierno del Partido Popular, a través de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). En abril de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó de forma provisional las diligencia policiales que relacionaban la labor de Helena Maleno con el tráfico de personas.

Fuentes del actual Ministerio del Interior confirmaron la existencia de esa investigación, pero aclararon que en la actualidad “no hay” ningún expediente contra Helena Maleno abierto por la Policía Nacional.

El Gobierno de Mariano Rajoy había asegurado hasta en dos ocasiones “no tener constancia” del informe policial que derivó en la causa judicial marroquí que mantiene en vilo a Maleno. “Ni a Marruecos, ni a las autoridades marroquíes, la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada, ni uno, ni cuatro”, afirmó el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado. Meses después, el Ejecutivo del PP reconoció en una respuesta parlamentaria la existencia del expediente.

Desde el colectivo Caminando Fronteras , Helena Maleno y su equipo reciben numerosas llamadas desde las propias pateras. El trato cercano mantenido con las comunidades migrantes residentes en Marruecos impulsa a los pasajeros a llamarles a ellos cuando se encuentran en peligro. No saben si saldrán embarcaciones o no, indican siempre desde el colectivo.

Cuando el móvil de Helena Maleno suena, ese mismo teléfono que aparece intervenido en el expediente judicial, la activista trata de obtener toda la información posible de quienes piden auxilio con un objetivo: trasladársela a Salvamento Marítimo, el organismo dependiente del Ministerio de Fomento español encargado del rescate de personas en riesgo. También a las autoridades marroquíes, con menos recursos y menor capacidad de reacción.

La ONU cuestiona la “criminalización” a Helena Maleno

El caso de la activista Helena Maleno ha llegado a la ONU. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Frost, expresó su preocupación por la “criminalización” y la “estigmatización” de los activistas por los derechos de migrantes y refugiados el pasado mes de marzo.

En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Forst especifica el caso de la activista española. “La situación irregular de algunas personas en movimiento puede provocar que los defensores que trabajan con ellos sean acusados de facilitar su presencia irregular. Algunos defensores, como Helena Maleno Garzón, incluso han sido acusados del delito internacional de tráfico de personas como resultado de su lucha contra prácticas ilegales, como las 'devoluciones en caliente', y la solidaridad con las personas en movimiento”, señala el documento.

En una entrevista con eldiario.es, Forst explicó que la criminalización de estos defensores es “un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras”. Del mismo modo, en su informe recalcó la misma idea. “Con el aumento del número de personas que se desplazan, cada vez más defensores tratan de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan”. Unos ataques que, dice, sufren en mayor medida que la sociedad civil en general.

Amenazada a través de redes sociales

En agosto de 2017, la defensora de los derechos de los migrantes denunció haber recibido amenazas tras criticar en televisión el intento de la Policía de frenar a patadas y porrazos a 187 personas que entraron en la ciudad de Ceuta de forma irregular. “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”, indicaba el mensaje privado recibido, acompañado de una fotografía de una pistola y una bala.

A través de un comunicado, la ONG Caminando Fronteras explicó que, aunque estas intimidaciones “vienen marcando” actividad “desde hace años”, las amenazas se han agravado en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la entrevista que la Sexta realizó a Maleno la pasada semana con motivo de una actuación policial en la frontera de Ceuta durante la entrada de 187 migrantes, a los que intentaron frenar con patadas y porrazos.

Fue también la fundadora de Caminando Fronteras quien dio la voz de alarma sobre el uso de pelotas de goma y botes de humo hacia un grupo de migrantes en la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014. Murieron 14 personas. A través del testimonio de los supervivientes los medios de comunicación conocieron el uso de material antidisturbios en el operativo de la Guardia Civil, negado por el Ejecutivo de Rajoy en un primer momento.

El día después de los hechos, el entonces director de la Guardia Civil anunció querellarse contra las ONG que “difaman” a los agentes o que “presentasen denuncias falsas”. Finalmente la Guardia Civil no denunció a estas organizaciones, mientras que la causa que investiga el operativo del Instituto Armado llevado a cabo el día de las muertes del Tarajal continúa abierta en un tribunal ceutí.

Helena Maleno, investigadora y defensora de derechos humanos, ha sido galardonada con el premio Periodismo que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

Tras cosechar casi 1.800 firmas de apoyo a su candidatura, la activista española se alza con el galardón con el que la organización reconoce su larga trayectoria de defensa de los derechos de las personas migrantes en la frontera con Marruecos. “La criminalización es fuerte, pero los reconocimientos son mucho mayores. Muy agradecida”, ha escrito Maleno en su perfil de Twitter.

El reconocimiento llega en un momento en el que la fundadora y portavoz de la ONG Caminando Fronteras sigue a la espera de que la justicia marroquí se pronuncie en la causa por sus avisos a Salvamento Marítimo para rescatar a personas en peligro en el mar, que sigue abierta y por la que ha recibido numerosas muestras de apoyo de la sociedad civil española.

A través de un sistema de alertas, Caminando Fronteras ha permitido el rescate de centenares de personas que trataban de llegar en inestables embarcaciones a las costas españolas. Por su denuncia social, Maleno ha recibido varios galardones, entre ellos el Premio de Derechos Humanos “Nacho de la Mata” del Consejo General de la Abogacía Española, en 2015.

La ONG Proactiva Open Arms, también galardonada

Por otro lado, la APDHE ha reconocido con su premio nacional de derechos humanos la labor de la ONG catalana de salvamento Proactiva Open Arms, que rescata a personas en peligro en el Mediterráneo y también ha sufrido obstáculos para desempeñar su labor.

“El trabajo desarrollado por esta organización y el equipo que lo integra, salvando vidas allí donde más se les necesita, denunciando las injusticias de las que son testigos y desempeñando una gran labor de sensibilización de la sociedad ante el drama de las miles de muertes en el mar, les ha hecho merecedores de este galardón”, concluye la APDHE.

Asimismo, en la categoría internacional, el premio de esta edición ha recaído sobre tres destacadas figuras de Colombia, Patricia Linares Prieto, Luz Marina Monzón Cifuentes y Francisco de Roux Rengifo, por su papel en el proceso de construcción de paz en el país. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en Madrid.

Han pasado más de diez meses desde aquella mañana en la que la activista Helena Maleno acudió a declarar por primera vez al Tribunal de Apelación de Tánger, acusada de un supuesto delito de tráfico de personas por las llamadas a Salvamento Marítimo con las que trata de alertar de vidas en peligro en el mar. Tras dos declaraciones aplazadas, dos interrogatorios en sedes judiciales y una fuerte campaña de apoyo por parte de la sociedad civil, llegó la espera.

El pasado 30 de enero, el juez marroquí encargado de la instrucción de la causa dio por finalizada la investigación, por lo que, según creían entonces fuentes cercanas a la defensa de la activista, se pronunciarían en las próximas semanas. Y hasta ahora. Nueve meses de silencio que, describe Helena Maleno, dispara la incertidumbre.

Cada día se levanta preparada para “lo peor y para lo mejor”. Pegada al teléfono, la activista continúa su labor, la misma por la que su nombre se encuentra en el punto de mira de una causa en Marruecos. “Al principio, sentía mucha presión, he necesitado ayuda psicológica y ayuda especializada de otras defensoras de derechos humanos. He tenido que aprender y asumir cómo he sido torturada, cómo afecta a mi trabajo, a mi día a día, vivir con esta espada de Damocles”, detalla la activista desde Tánger.

“Ahora estoy fuerte porque he aprendido mucho de la experiencia de otras personas que sufren persecución por su labor como defensoras de derechos humanos”, reconoce la activista poco antes de enterarse de que el día siguiente debía acudir a comisaría a “responder unas preguntas” sobre su situación administrativa en Marruecos.

En paralelo a su espera, Maleno está teniendo complicaciones la renovación de su tarjeta de residencia en el país magrebí. La activista liga estas trabas en el trámite administrativo con la causa judicial pendiente. “Tener un proceso abierto afecta a otros derechos como la libertad de circulación o la residencia, y más siendo en una persona que vive en un país que no es el suyo”, agrega.

El silencio que provoca su agonía procede del juzgado pero también, critica la activista, viene de las autoridades españolas. Desde su primera declaración ante el juez marroquí, la defensora de derechos humanos ha solicitado al Gobierno español la notificación oficial del archivo de la investigación iniciada en España por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF). No se ha producido.

“Me siento desprotegida por el Estado español. Todavía hay muchas cosas sin esclarecer. Sabemos que fui investigada durante cuatro años por la UCRIF de forma extrajudicial. Un fiscal concluyó que no había delito y archivó la causa. Pero el expediente se había enviado a Marruecos y ahora estoy en esta situación”, resume la defensora de los derechos de los migrantes. A su juicio, la responsabilidad de su situación es del Estado español.

Fuentes del actual Ministerio del Interior confirman que “la única investigación que hubo” contra Maleno “se cerró en 2016”. “Ahora no hay nada, desde hace dos años no hay nada”, aseguran desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Helena Maleno pide que el nuevo Gobierno “esclarezca y dé respuesta a la persecución” que asegura haber sufrido por parte de la UCRIF durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Hay una serie de irregularidades que indican que la Policía en el Estado español tienen poco control de sus actividades”, añade la activista. “Me siento desprotegida”, recalca. Durante su citación judicial, Maleno recibió asistencia del Consulado de España en Tánger, una atención a la que tienen derecho todo los ciudadanos españoles en el extranjero.

La ONU critica el “hostigamiento” contra Maleno

La activista ha recibido apoyo por parte de diferentes instituciones y organizaciones, como el Ayuntamiento de Madrid, el Parlamento de Navarra y diversas ONG, como Oxfam Intermón, que lanzó una campaña de recogida de firmas en favor de la activista. Un informe del relator de las Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos denunció en marzo la “criminalización” de los activistas que defienden los derechos de los migrantes. “Algunos defensores como Helena Maleno incluso han sido acusados del delito internacional de tráfico de personas como resultado de su lucha contra prácticas ilegales como las 'devoluciones en caliente”, señaló Michel Forst.

El último espaldarazo a la activista española ha llegado también desde la ONU. La relatora contra las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias ha cuestionado recientemente el “hostigamiento” sufrido por los activistas u ONG que, como Helena Maleno, se dedican a defender o rescatar a las personas migrantes que arriesgan su vida en el mar.

“Utilizan dos tácticas principales. La primera es acusar a las organizaciones humanitarias de contrabando”, indica Angels Callamard, que cita el caso de la activista española. “Las autoridades marroquíes están investigando a Helena Maleno por tráfico de personas”, apunta la relatora de la ONU.

“Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente ninguna prueba que indique que los agentes humanitarios que han sido denunciados se hayan confabulado con los traficantes”, ha concluido Callamard. “Todo indica que los funcionarios del Gobierno acosan a los agentes humanitarios con investigaciones y denuncias procesales sin fundamento para convencerlos y convencer a otros de abandonar su labor”.

A través de un sistema de alertas, su ONG, Caminando Fronteras, ha permitido el rescate de centenares de personas que trataban de llegar en inestables embarcaciones a las costas españolas. Por su denuncia social, la portavoz de Caminando Fronteras fue galardonada en 2015 con el Premio de Derechos Humanos “Nacho de la Mata” del Consejo General de la Abogacía Española.

La causa penal pendiente y el desgaste emocional de la espera ha coincidido en el tiempo con el aumento de las llegadas de personas migrantes en patera a las costas andaluzas. Este año se ha batido el récord de entradas irregulares a España. También se ha incrementado número de muertes de migrantes en su intento de atravesar esta ruta. Muchos de los rescates de Salvamento Marítimo han sido posibles gracias a las llamadas de Helena Maleno, que no ha frenado su actividad a pesar del “miedo” que reconoce haber sufrido.

“Sientes miedo. Te hacen valorar más tus actuaciones, tus denuncias: 'Si hago esto, qué pasará'. Pero tienes que hacer lo que debes”, responde Maleno.

12 mujeres y tres menores, entre ellos un bebé, llegarán en torno a las 21:00 horas al puerto de Melilla a bordo de la embarcación Salvamar Alcor, de Salvamento Marítimo, que los ha trasladado desde las islas Chafarinas, de soberanía española. Allí habían llegado este lunes en una patera, tal y como había alertado la activista Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, que recibió la llamada del grupo de mujeres y dio el aviso a los servicios de rescate.

“Nos llamaron diciendo que habían llegado a una isla y se quedaron sin cobertura”, explica Maleno, que por esta razón no ha podido conocer más detalles de su situación. Las mujeres se encuentran en buen estado de salud, aunque dos de ellas están embarazadas y una lleva la mano vendada, según han precisado fuentes de la institución dependiente de Fomento a eldiario.es.

Fuentes de Interior han confirmado la llegada de este grupo a las islas, custodiadas por militares españoles, pero no han podido confirmar adónde serán trasladadas tras su desembarco. Previsiblemente, serán derivadas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), de régimen abierto, que se encuentra en la ciudad autónoma.

Preguntadas por el futuro de las personas rescatadas, estas mismas fuentes han asegurado que las mujeres y los menores “se quedarán todos en España” debido “a su situación de vulnerabilidad”. En un mensaje en Twitter, Maleno había expresado su temor por que fueran expulsadas “como el Gobierno hizo en Ceuta”, en referencia a la aplicación del acuerdo bilateral con Marruecos por el que fueron devueltos 116 migrantes a finales de agosto, en una operación muy criticada por las organizaciones de derechos humanos. “Sería ilegal”, ha apuntado la defensora.

No es la primera vez que las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes denuncian el trato a quienes llegan a territorio español a través del archipiélago de soberanía española. El pasado junio, la ONG Coordinadora de Barrios denunció ante el Defensor del Pueblo que 16 mujeres migrantes, una de ellas embarazada, se llevaron más de 48 horas en un calabozo. Entre ellas había 14 mujeres de origen subsahariano que lograron alcanzar España a través de las islas Chafarinas.

En diciembre de 2017, Caminando Fronteras documentó que un grupo de 28 personas, entre ellas varias mujeres, pasaron toda la noche en el archipiélago “sin asistencia humanitaria”. Después de tres días “encerradas en una celda” con agua y comida escasa“, según denunció la ONG, fueron devueltas a Marruecos. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla se limitaron ha informar a Efe de que se había ”aplicado el convenio de cooperación con Marruecos en materia de inmigración, respetando los derechos que asisten a los inmigrantes“.

“Se hunden en estos momentos 55 personas en el mar de Alborán. Al otro lado del teléfono recitan el Corán y gritan de desesperación”. Con este mensaje, la activista Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, volvía a dar este domingo la voz de alarma de la presencia de una patera en peligro frente a las costas españolas.

“Habían tenido problemas desde por la mañana con el motor”, señala Maleno a eldiario.es. Finalmente, fueron rescatadas por Salvamento Marítimo, tal y como confirmó la portavoz de la ONG en Twitter. Sin embargo, no estaban todos sus ocupantes. Una de las mujeres a bordo había muerto durante la travesía, según denunció la organización.

Fuentes de la institución dependiente del Ministerio de Fomento han confirmado el rescate, en torno a las 20:00 horas, de una patera semihundida en el mar de Alborán por parte de los servicios de salvamento. En ella viajaban 56 personas, entre ellas 44 hombres, 10 mujeres y dos menores, de acuerdo con estas mismas fuentes, que puntualizan que “los rescatados comunicaron que había una mujer más a bordo que no se encontraba en la embarcación” en el momento en el que fue socorrida.

En total, 115 personas fueron auxiliadas este domingo por Salvamento Marítimo este domingo. La Guardamar Calíope localizó en la zona otra patera con 59 migrantes a bordo, entre ellos 16 mujeres y un bebé. Todas llegaron en torno a las 00:30 horas al puerto de Almería.

Aparece el cuerpo de una mujer en una playa marroquí

Por otro lado, las autoridades marroquíes recuperaron el pasado sábado el cuerpo sin vida de una mujer, supuestamente migrante, en una playa de Nador, en el noreste de Marruecos, según informaron a Efe fuentes de seguridad.

El cadáver, que estaba en avanzado estado de descomposición, fue trasladado a la morgue del hospital Hasani de Nador para practicar una autopsia judicial y determinar las razones de la muerte. Varias fuentes barajan la posibilidad de que esta mujer supuestamente haya fallecido durante un intento fallido de salida de una patera de las costas de Nador.

Un total de 351 personas han muerto en su intento de llegar a las costas españolas, según las cifras más reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las ONG especializadas y organismos como Acnur han reclamado en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso a los países europeos para que estas personas no se vean empujadas a poner en riesgo su vida en el mar.

El Gobierno de Mariano Rajoy había asegurado hasta en dos ocasiones “no tener constancia” del informe policial que derivó en la causa judicial marroquí que mantiene en vilo a la defensora de derechos humanos Helena Maleno. “Ni a Marruecos, ni a las autoridades marroquíes, la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada, ni uno, ni cuatro”, llegó a decir el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado.

Este sábado, el senador de EH Bildu Jon Iñarritu ha publicado en Twitter una respuesta parlamentaria en la que el nuevo Gobierno confirma el envío del informe a las autoridades marroquíes. El senador preguntó al Ejecutivo el pasado 18 de abril “si ha descubierto quién, cuándo y cómo” remitió a Marruecos los informes policiales realizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF), algo que, dice, Interior “se comprometió a investigar y comunicar”.

En la respuesta, que data del 28 de junio, el Gobierno explica que a principios de 2016, “cumplimentó lo ordenado” por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, “quien a su vez recibió el correspondiente requerimiento de una autoridad judicial marroquí”, el Tribunal de Apelación de Tánger.

Posteriormente, continúa la repuesta que ha recibido Iñarritu, a lo largo de aquel año “en su condición de policía judicial”, la UCRIF remitió informes a las Fiscalías de Extranjería y de la Audiencia Nacional.

Durante una comparecencia en el Senado, Zoido explicó que la “única instancia” que solicitó a la Policía Nacional un informe había sido un juzgado de Madrid. “Como policía judicial, han cumplido su obligación y se lo han entregado a la autoridad judicial que se lo había reclamado. En el Ministerio no consta absolutamente nada”, defendió.

Helena Maleno se encuentra en Marruecos a la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de Tánger, que llamó a declarar a la activista acusada de “tráfico de personas” por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes.

El proceso judicial marroquí se basaba en una investigación iniciada por la UCRIF, según se desliza de el extracto del expediente marroquí, al que ha tenido acceso eldiario.es. En abril de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó de forma provisional las diligencia policiales que relacionaban la labor de Helena Maleno con el tráfico de personas, según ha confirmado eldiario.es.

Ante el proceso judicial abierto en Marruecos contra la activista a raíz de una investigación policial que, en la actualidad, está cerrada, la Coordinadora de ONGD recogió más de 60.000 firmas para exigir al Gobierno español la “notificación inmediata del archivo de la causa a las autoridades marroquíes”. Sin embargo, según fuentes cercanas a la defensa de la activista, el Ejecutivo español aún no lo ha comunicado.

Tras un mes en el que los naufragios parecían dar una tregua en el Estrecho, este martes las aguas fronterizas han vuelto a teñirse de tragedia. Una persona ha fallecido y otra ha desaparecido mientras trataban de llegar a las costas andaluzas en una patera de remos de la que han sido rescatadas con vida tres personas, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo. Otra embarcación en apuros, con siete hombres a bordo, se encuentra a la deriva desde esta madrugada.

Durante la noche de este lunes, dos embarcaciones, con cinco y siete hombres respectivamente, alertaron a la ONG Caminando Fronteras de su situación de peligro en aguas fronterizas, según explica la activista Helena Maleno a eldiario.es, quien dio el aviso a las autoridades españolas y marrroquíes competentes alrededor de las 00:00 y 00:30 (hora española).

“Me mandaban audios. Me decían: ”Nos vamos a morir, se nos han caído los remos.... Veían las luces. Gritaban: no vamos a soportarlo“, recuerda Maleno.

Salvamento Marítimo no activó el dispositivo de rescate hasta las 7:25 de la mañana siguiente a través de su centro de coordinación de Tarifa. Según explican desde el organismo dependiente de Fomento a eldiario.es, el Centro Nacional de Coordinación (Madrid) recibió la primera alerta a las 23:00 horas de la noche anterior pero, señalan, no movilizó sus equipos porque la patera en apuros “se encontraba en zona SAR marroquí (el espacio de búsqueda y rescate que le corresponde al Estado alauí)”.

“Nos informaron de la salida de una patera de Tánger. Nos comentaron que se encontraban al suroeste del Cabo Espartel, a media milla de la costa marroquí” , explican las mismas fuentes.

De acuerdo a su información, el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Madrid comunicó a Marruecos la ubicación de la patera en riesgo para que fuesen las autoridades alauíes las encargadas del rescate.

Salvamento Marítimo puede entrar en aguas marroquíes en el marco de operaciones de rescate si cuentan con el premiso del Estado alauí. En este caso no lo solicitaron porque, apuntan, sus equipos no estaban movilizados todavía y la embarcación estaba “muy cerca” de la costa marroquí.

Los equipos de rescate del país vecino nunca llegaron. “Nuestra obligación es informar. Nosotros comunicamos y Marruecos como país tiene que decidir lo que hace”, han respondido desde el organismo de Fomento.

Finalmente, Salvamento envió la embarcación Salvamar Arcturus esta mañana, que localizó una patera con 10 hombres de origen subsahariano a bordo a 14,7 millas al suroeste de Tarifa. Todos sus ocupantes, detallan las mismas fuentes, fueron rescatados con vida a las 8:55 horas.

Marruecos no llegó, España llegó tarde

Una hora después, a las 9:56 de la mañana, un barco pesquero ha alertado a Salvamento Marítimo del hallazgo de una patera a 24 millas al suroeste de Tarifa, indican desde la institución de Fomento. Cuando han procedido a su rescate, sus equipos encontraron en la patera a dos supervivientes del naufragio. Junto a ellos reposaba un cuerpo sin vida.

No estaban todos. “Los rescatados con vida han declarado que hay otra persona desparecida”, han afirmado fuentes de Salvamento Marítimo. Todo apunta a que se trataría de la patera de cinco personas que permanecía a la deriva, sin remos, desde las 23:00 horas.

La activista Helena Maleno ha pasado la noche pegada al telefóno, siguiendo con impotencia las indicaciones recibidas por parte de las pateras desaparecidas, describe. La fundadora de Caminando Fronteras ha denunciado a través de Twitter que esta tragedia podría haberse evitado.

“Nadie se debería morir en el Estrecho teniendo helicópteros, barcos, un convenio que permite la coordinación de ambos países en materia de Salvamento Marítimo”, denuncia.

Marruecos “se encarga” de la otra patera desaparecida

La patera desaparecida con siete personas a bordo todavía no ha sido localizada a pesar de que, según Caminando Fronteras, sus ocupantes enviaron su posición exacta (próxima a la costa marroquí) a la 6:12 hora española. Las autoridades marroquíes se “han hecho cargo de la coordinación” del rastreo de esta embarcación por lo que Salvamento Marítimo no se encuentra en su búsqueda, según han confirmado fuentes de la institución de rescate a eldiario.es.

Según documenta ONG Caminando Fronteras en su último informe, la descoordinación en los rescates efectuados por parte de las autoridades españolas y marroquíes es una de las causas por las que se generan retrasos en el salvamento de pateras en peligro en el mar.

La mayoría de las deficiencias en los rescates son detectadas cuando las pateras quedan a la deriva en la zona del Estrecho, indica Caminando Fronteras. Son muchas las ocasiones en las que, según relata el estudio 'Tras la Frontera', han sido testigos de importantes retrasos en la activación de los medios de Salvamento Marítimo o han presenciado la suspensión del rastreo ante información “falsa” o inexistente de las autoridades marroquíes.

El Gobierno ha vuelto a negar este martes tener conocimiento del informe policial español que derivó en la causa judicial marroquí que mantiene en vilo a la defensora de derechos humanos Helena Maleno. Esta vez ha sido el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien durante una comparecencia en el Senado ha asegurado “no tener constancia del envío” de estas diligencias españolas a las autoridades del país vecino.

“Usted parte de una premisa: que hay un informe de la Policía Nacional sobre Helena Maleno que se ha enviado por el Gobierno a las autoridades marroquíes o a Marruecos”, ha asegurado Zoido en respuesta a una pregunta del senador de EH Bildu Jon Iñarritu.

“He de decirle que en el Ministerio no hay constancia de que se haya enviado ninguna contestación o informe de la Policía Nacional, ni de otros servicios del Ministerio sobre Helena Maleno y sus actividades en la zona sur a las autoridades marroquíes”, ha dicho.

El titular de Interior ha explicado que la “única instancia” que ha solicitado a la Policía Nacional un informe ha sido un juzgado de Madrid. “Como policía judicial, han cumplido su obligación y se lo han entregado a la autoridad judicial que se lo había reclamado. En el Ministerio no consta absolutamente nada”, ha reiterado. Y ha añadido: “La policía judicial solo responde ante la autoridad judicial y eso usted lo debe saber”.

Durante su intervención, Iñarritu ha pedido al ministro que explique “los motivos del Gobierno para decir que no tiene conocimiento” de este informe en una respuesta por escrito remitida el pasado 2 de abril. Tras la respuesta del Gobierno, el senador de EH Bildu ha mostrado al titular de Interior una copia del documento mencionado. “Ustedes han mentido. Cuando interpelé al Gobierno sobre este asunto dijeron no tener conocimiento”, ha espetado el senador después de denunciar, dice, la “injusta situación que está viviendo” la activista.

“Ni a Marruecos, ni a las autoridades marroquíes, la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada, ni uno, ni cuatro”, ha insistido Zoido tras el turno de réplica, en el que Iñarritu ha pedido que se depuren responsabilidades y, en su caso, la dimisión del ministro. “Yo no le he mentido, y por tanto no tengo intención de dimitir”, ha contestado Zoido.

Helena Maleno se encuentra en Marruecos a la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de Tánger, que llamó a declarar a la activista acusada de “tráfico de personas” por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes.

El proceso judicial marroquí se basa en una investigación iniciada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central), según se desliza de el extracto del expediente marroquí, al que ha tenido acceso eldiario.es. En abril de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó de forma provisional las diligencia policiales que relacionaban la labor de Helena Maleno con el tráfico de personas, según ha confirmado eldiario.es.

Ante el proceso judicial abierto en Marruecos contra la activista a raíz de una investigación policial que, en la actualidad, está cerrada, la Coordinadora de ONGD recogió más de 60.000 firmas para exigir al Gobierno español la “notificación inmediata del archivo de la causa a las autoridades marroquíes”, algo que también ha exigido el senador Iñarritu. Sin embargo, según fuentes cercanas a la defensa de la activista, el Ejecutivo español aún no lo ha comunicado.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha respondido por primera vez acerca del informe policial español sobre Helena Maleno que derivó en la causa judicial marroquí que mantiene en vilo a la defensora de derechos humanos: el Ejecutivo asegura no tener conocimiento “del envío de ningún informe policial” sobre la activista a Marruecos.

“Se informa de que no se tiene conocimiento del envío de ningún informe sobre Doña Helena Maleno a Marruecos”, responde el Gobierno por escrito a una pregunta del senador de Amaiur Jon Iñarritu, en la que solicitaba una copia del documento dirigido al Estado marroquí.

En esta línea, el Ejecutivo añade que “no se dispone de información sobre causas judiciales, abiertas o no contra la misma, ni en España ni en Marruecos”.

Helena Maleno se encuentra en Marruecos a la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de Tánger, que llamó a declarar a la activista acusada de “tráfico de personas” por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes.

El proceso judicial marroquí se basa en una investigación iniciada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central), según se desliza de el extracto del expediente marroquí, al que ha tenido acceso eldiario.es. En abril de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó de forma provisional las diligencia policiales que relacionaban la labor de Helena Maleno con el tráfico de personas, según ha confirmado eldiario.es.

Ante el proceso judicial abierto en Marruecos contra la activista a raíz de una investigación policial que, en la actualidad, está cerrada, la Coordinadora de ONGD recogió más de 60.000 firmas para exigir al Gobierno español la “notificación inmediata del archivo de la causa a las autoridades marroquíes”. Sin embargo, según fuentes cercanas a la defensa de la activista, el Ejecutivo español aún no lo ha comunicado.

“Llevo meses sufriendo un calvario por tres informes criminales de la policía española. Hoy, la respuesta del Gobierno en cuatro líneas me deja atónita. El Gobierno dice desconocer todo. El Gobierno miente”, ha afirmado Helena Maleno a través de Twitter tras la respuesta oficial sobre su caso.