El concejal socialista en el Ayuntamiento de Seseña, Raúl Casares, ha dimitido de su acta hoy después de asegurar en un Pleno municipal que “la iglesia católica es el mayor nido de pederastia y homosexualidad”. El concejal dijo pronunciar esas palabras en nombre propio y no de su partido político, y acaba de renunciar al cargo.

La dimisión la ha comunicado el PSOE de esta localidad toledana a través de su cuenta en la red social X, haciéndose eco de la carta de renuncia del edil que se produce “por razones personales y de forma libre y voluntaria”.

Los socialistas valoran el gesto. “Ha dimitido reconociendo así su error y nosotros le agradecemos ese ejercicio de coherencia”, pero piden al Partido Popular y a su presidente regional Paco Núñez que practique lo mismo con los suyos. “Cuándo le va a pedir la dimisión al concejal de San Clemente que cantó el 'Cara al sol'”, le han preguntado. En aquel caso los 'populares' abrieron expediente y un mes después el edil presumió de su gesto y lo enmarcó en su “vida privada”.

El PP había pedido “responsabilidades” políticas

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, había exigido durante la mañana al presidente de Castilla-La Mancha, hoy de viaje en Bruselas por diversas cuestiones relacionadas con el ámbito agrario, aclarar su posición sobre las palabras del concejal socialista.

También había preguntado a Emiliano García-Page sobre si piensa asumir algún tipo de responsabilidad política por unos hechos “absolutamente incompatibles con el respeto que debe presidir la vida pública”.

Según Serrano, las palabras del concejal suponen “un ataque inaceptable contra la Iglesia Católica y contra millones de creyentes”.

Igualmente, el dirigente ‘popular’ había censurado que estas declaraciones también impliquen “una utilización despectiva del colectivo LGTBI”, algo que ha calificado de “especialmente preocupante” por provenir de un representante público. También ha cargado contra la diputada regional socialista y exalcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, que se encontraba presente durante la sesión plenaria. “Lo que también debe explicar el PSOE de Castilla-La Mancha es si considera aceptable que una representante pública permanezca impasible ante unas declaraciones de esta gravedad”, ha manifestado hoy.

El PSOE publicó un comunicado de disculpas el sábado

Los socialistas de Seseña ya publicaron el pasado sábado, dos días después del polémico pleno, un comunicado en el que manifestaron su “rechazo” a las palabras del concejal.

“Respetamos profundamente la libertad religiosa y las creencias de todos los vecinos y vecinas de Seseña, algo que hemos demostrado en nuestros años de gobierno y en la actualidad”, señalaban entonces, para aclarar que se trataba “exclusivamente a una opinión personal”, sin representar la posición del PSOE de Seseña ni la del resto de concejales del Grupo Municipal Socialista.

También aprovecharon para denunciar “la manipulación realizada por Vox” que difundió un vídeo en las redes sociales, apuntando al resto de concejales, a los que acusaron de reírse con las palabras del edil. “En ningún momento la portavoz del Grupo Municipal Socialista ni el resto de concejales presentes reaccionaron con risas ante esas declaraciones. La reacción fue de evidente asombro y desaprobación, como puede apreciarse en la grabación completa de la sesión”, según desmentían.

“El PSOE de Seseña seguirá trabajando con seriedad y compromiso por todos los vecinos y vecinas del municipio, defendiendo los valores de respeto, convivencia y diálogo que siempre han guiado nuestra acción política”, zanjaba el comunicado.

El presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, ha hecho balance este martes de la visita del Papa a España. Durante su intervención, Argüello ha puesto en valor las palabras de León XIV en el Congreso, en un “discurso católico, que dialoga con la complejidad”. Prevost llamó en varias ocasiones durante su viaje por Madrid, Barcelona y Canarias a huir de la polarización, en un contexto de fuerte confrontación política.

El jefe de los obispos ha hecho suyo ese mensaje que “supone una fuerte invitación, una llamada de atención serena y respetuosa” para “generar una propuesta de diálogo y el bien común desde las legítimas diferencias, que no va a ocurrir de la noche a la mañana”.

Argüello que, en una entrevista en ABC el pasado mes de junio, llegó a verbalizar que “la salida a este bloqueo institucional es dar voz a los ciudadanos” y ha participado en actos con el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha enmendado a sí mismo: “Nunca he pedido elecciones”. En su huida hacia adelante, el obispo ha acusado a los medios de “falsear” sus palabras sobre ese posible adelanto electoral. “Me he remitido siempre a la Constitución, y la Constitución prevé moción de confianza, moción de censura y elecciones generales. Pero no para pedir o no pedir, porque eso no me compete a mí”.

Argüello calificó las palabras del Papa como “una propuesta de esperanza a largo plazo” y subrayó que “las democracias parlamentarias, que se mueven a cuatro años vista, no pueden responder a los desafíos solas”. “Hay asuntos de corto, medio y largo plazo”, explicó posteriormente, poniendo como ejemplo la petición de “un nuevo contrato social” llevada a cabo por sindicalistas y empresarios. “Hay otros regímenes —el presidente de la CEE citó a China— que solucionan este asunto con propuestas de disolución de las libertades democráticas a 50 años, a las que yo no me apunto”.

“Ningún veto” a las víctimas

Sobre uno de los asuntos más polémicos de la visita de Prevost, el ninguneo a las asociaciones de víctimas de pederastia, Argüello ha defendido que “no ha habido ningún veto, sino un criterio compartido con la CEE, el Defensor del Pueblo y una oficina diocesana como Repara”.

El presidente de los obispos españoles ha negado que se hubiera impedido que las asociaciones de víctimas pudieran estar entre los presentes en el encuentro que tuvo lugar el 8 de junio por la tarde con seis supervivientes con el Papa. “Hemos querido subrayar este aspecto de colaboración, y nuestra experiencia es que la mayoría de las víctimas no están asociadas”, justificó, a preguntas de elDiario.es.

El arzobispo de Valladolid apuntó que “el Papa hizo referencia de una manera genérica a las víctimas, no solo de abusos sexuales, o que tuvieran que ver con la autoridad y abusos de conciencia” durante su intervención en la Casa de la Iglesia, donde se produjo la rueda de prensa de este martes.

En cuanto a las “claves de la composición” del pequeño grupo de víctimas, Argüello la calificó de “bastante clarificadora”. En este sentido, destacó el “acuerdo con el Estado, con la mediación del Defensor del Pueblo”, lo que justificaba su “protagonismo a la hora de sugerir” nombres. También, el de Repara, “que es una respuesta integral y una acogida no solo de las víctimas de la Iglesia, sino de otros ámbitos”. Finalmente, un servicio de coordinación. “Cada institución. Hizo su propuesta, y desde ahí hemos acogido la propuesta que hizo el Papa, sobre todo en la formación y la prevención”.

De cara al futuro, el presidente de la CEE invitó a “no pensar que por una varita mágica los abusos, la corrupción o la violencia vayan a desaparecer”. “Hay que ofrecer la salvación y todo el trabajo de prevención. Hacer falta un impulso nuevo”, trazó Argüello, quien volvió a reivindicar que “la Iglesia es la única institución que aborda los casos ya prescritos, o con victimarios ya fallecidos”.

Mientras algunos supervivientes aguardaban, en vano, en la puerta de la Nunciatura, León XIV sí se reunió, por espacio de una hora, con media docena de supervivientes de abusos, que le presentaron “algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan dramáticos”, que el pontífice ha calificado de “plaga”. Tal y como puede confirmar elDiario.es, las asociaciones de víctimas, las más ‘díscolas’ con la actitud de la Conferencia Episcopal en lo tocante a la pederastia clerical, no fueron invitadas, pero sí emplazadas a una nueva cita con León XIV… en el Vaticano.

Había indignación, aunque contenida, por parte de las asociaciones de víctimas, que en la mañana del lunes se concentraban a las puertas de la Nunciatura Apostólica para protestar contra “la exclusión de colectivos representativos puede generar una percepción errónea en la opinión pública, haciendo creer que existe un consenso o una satisfacción general que no se corresponde con la realidad. Esta situación incrementa el sentimiento de abandono entre numerosas víctimas”.

La familia Cuatrecasas y otra media docena de supervivientes de los abusos a menores en la Iglesia protestaban, y con razón, por su ausencia en el encuentro que, en la tarde del lunes, se ha producido entre algunas víctimas de la pederastia clerical, y el Papa León XIV.

Un Papa que esta mañana se convertía en el primer pontífice en hablar, en público, sobre los abusos en la Iglesia española. Y a hacerlo delante de los obispos, en su casa: “Uno de los encuentros más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”.

León volvía a denominar como “plaga” los abusos en la Iglesia, como ya hiciera a preguntas de los medios durante el vuelo que lo trajo desde Roma. No parece que, al menos en este punto, Prevost vaya a ser más tibio que Francisco.

Sin embargo, en mitad de una visita que ha supuesto un rotundo éxito de participación, civismo y organización, el encuentro con las víctimas resulta una mancha difícil de tapar. Especialmente para las asociaciones de víctimas, que desde hace años llevan a cabo un trabajo de acogida y representación de muchos supervivientes de la pederastia, y que han permanecido a las puertas de un hotel situado frente a la fachada de la residencia papal, aguardando una mano tendida. Sin resultado. “Nos han dicho lo que ya sabíamos, que no hay tutía, que no nos van a recibir hoy”, explicaba Juan Cuatrecasas, portavoz de Infancia Robada.

Un ofrecimiento “tarde y mal”

Algunos obispos se han presentado junto a ellos. Destacó el cardenal Omella, o el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo. También, el obispo de Santander, Arturo Ros. En un momento, según han confirmado algunas de estas víctimas a elDiario.es, se acercó a ellas el cardenal José Cobo. El arzobispo de Madrid, que desde el principio intentó un encuentro lo más representativo posible de la realidad de los supervivientes en España, explicó a los concentrados la situación actual. Y les lanzó una propuesta. ¿Cuál? “Cobo nos ha remitido a un futuro encuentro en Roma, sin fecha programada”, explica Cuatrecasas. ¿Con el Papa? “Con el Papa”.

Las víctimas no contestaron al ofrecimiento, que consideran que llega “tarde, y mal”, pero no cerraron la puerta a una hipotética recepción papal. Mientras tanto, y tras un fugaz recibimiento a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, León XIV se reunía, por espacio de una hora, con un grupo de seis víctimas de miembros del clero y de la Iglesia en España, eso sí, “acompañadas por personal eclesial comprometido con la labor de cercanía y apoyo a las víctimas”.

Así lo confirmaba la Santa Sede, que añadía cómo “cada uno de los presentes, partiendo de sus dolorosas experiencias personales, presentó al Papa algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan dramáticos”.

“El Papa escuchó con afecto y atención, aseguró su cercanía —y la de toda la comunidad eclesial—, y reafirmó su compromiso para que las propuestas recibidas sirvan de base para nuevos esfuerzos, de modo que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente saludable, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”, concluía el breve comunicado de la Santa Sede, que no hacía referencia a las otras víctimas, de nuevo silenciadas, que aguardaban, en vano, a las puertas de la Nunciatura.

Ese encuentro fue una incógnita hasta pocas horas antes de la llegada del Papa a España. Solo unos días antes, en un escrito remitido a una víctima, la diócesis de Madrid subrayaba que “es cierto que desde el comité organizador se estuvo hablando con la delegación vaticana de ello, pero hasta el momento, en el programa oficial de la visita no se ha contemplado dicho encuentro”.

Hasta el viernes por la noche no se concretó ese encuentro, medido hasta el extremo, a puerta cerrada y sin riesgos ni sorpresas.

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Este lunes a primera hora, representantes de varias asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia se han concentrado frente a la Nunciatura Apostólica, donde León XIV se reunió con el presidente Pedro Sánchez, para expresar su preocupación ante los encuentros previstos por el Papa.

León XIV se reunirá esta tarde con víctimas de abusos, algo que generó polémica tras su anuncio, pues las principales asociaciones y otros supervivientes de la pederastia clerical que lo habían solicitado no han sido invitadas al encuentro.

Juan Cuatrecasas, presidente y portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), ha asegurado a los medios que su objetivo “nunca ha sido una fotografía ni un gesto simbólico vacío de contenido”. “Consideramos que cualquier encuentro institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real, inclusiva y de respuestas efectivas”, ha subrayado.

Así, en representación de un grupo de asociaciones, entre las que se encuentran ANIR, AVA, Justice Iniciative, Infancia Robada Madrid o LulaCris, han reclamado un compromiso firme con las reivindicaciones de todos los supervivientes y un cambio profundo en la forma de afrontar esta realidad.

Hace tan solo unos días, estas asociaciones reclamaron a León XIV una escucha “verdaderamente inclusiva” y denunciaron la exclusión de colectivos que consideran representativos de las víctimas y que llevan años trabajando por la verdad, la justicia y la reparación. “No queremos una foto con el Papa: queremos derechos y reparación para todas las víctimas”, aseguraron. 

Entre sus demandas se encuentran el reconocimiento jurídico pleno de la condición de víctima que garantice derechos efectivos y el acceso a atención psicológica y psiquiátrica especializada, a demanda de por vida. Además, exigen medidas de apoyo para la inserción educativa y laboral, así como indemnizaciones dignas y proporcionales al daño sufrido.

Esta tarde, el Papa se reunirá con participantes y colaboradores del proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, la primera diócesis que impulsó el trabajo por las víctimas en el interior de la Iglesia. Según Cuatrecasas, estos no representan la totalidad de las víctimas, y “están siendo utilizadas por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal, para lavar la imagen de una Iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas”.

“Lo que están haciendo es ocultar a la gran mayoría de sus víctimas, dando luz a un grupo muy reducido”, ha resaltado el portavoz. “Lo que pretenden es enseñarle al Papa lo bien que funciona el Plan Repara, que ha sido un fracaso, y el Plan PRIVA, que también lo ha sido”. 

Al mismo tiempo, Cuatrecasas ha puesto el foco en su preocupación por las personas que han quedado excluidas del actual acuerdo entre la Iglesia y el Estado, que inició las conversaciones sobre los detalles de las indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia.

“Una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que esa inclusión alcance a todas las víctimas, sin ninguna excepción”, ha explicado. “Exigimos también respuesta para quienes tras procesos judiciales con todas las garantías han visto sus causas archivadas por falta de pruebas o por efectos procesales”.

Cuatrecasas ha destacado que tampoco deberían quedar excluidas las personas que sufrieron abusos siendo mayores de edad. “El daño y sus secuelas no dependen de la edad en el momento de los hechos”, ha reiterado.

Las diferentes asociaciones han criticado también la manera en la que esta reunión fue anunciada, sin su correspondiente comunicado de prensa o convocatoria de medios para explicar los detalles. “La Iglesia sigue ocultando y siendo poco transparente y, desde luego, jugando al trilerismo más infantil y más absurdo”, ha concluido Cuatrecasas.

Ayer mismo, víctimas de abusos escenificaron un falso encuentro con León XIV, liderado por Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de abusos de la Iglesia Reparación Integral Ya y primer denunciante de los abusos de la Abadía de Montserrat. Hoy ha vuelto a asegurar que sabía que el Papa no le iba a recibir, debido al activismo tan sonado y mediático que ha hecho de su caso. Pero él y las distintas asociaciones siguen luchando para visibilizar su situación e intentar conseguir que León XIV les escuche. 

Declaraciones del Papa y del rey

El Papa evitó hacer mención a los abusos de la Iglesia en su primer discurso en España, a pesar de que sí lo hizo tan solo unas horas antes durante su viaje a Madrid desde Roma. “Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles”, aseguró León XIV en el Palacio Real ante las autoridades.

Por otro lado, el rey sí que reconoció el “dolor causado” por los abusos en la Iglesia, aunque afirmó que “no son representativos de la inmensa comunidad eclesial”, algo que molestó a algunas víctimas. También aseguró, dirigiéndose al Papa, que su “claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido”. 

La Fiscalía de Cantabria pide diez años de prisión a un acusado de tomar fotografías, almacenarlas y crear con Inteligencia Artificial imágenes de pornografía infantil para satisfacer su propio interés sexual. Se le imputan más de 8.000 instantáneas captadas y vídeos grabados a niños de menos de 16 años desnudos en las playas de Santander, cuando estaban bañándose o jugando ajenos a la presencia del sospechoso, procesado por delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil.

Según el escrito de la acusación pública, el implicado acudió de forma reiterada a arenales de la capital cántabra con varias cámaras suyas y, para “atender su propio ánimo libidinoso”, captó imágenes y grabó a menores no identificados que estaban en la playa desnudos, “bañándose o jugando, ajenos a su presencia”.

Después, almacenaba los vídeos y fotos que “año tras año” iba tomando en discos duros que guardaba en su domicilio. Junto a ese material también guardaba en el ordenador e igualmente “para su propio uso” otras imágenes en las que “se representaban de forma hiperrealista y confundible con la realidad menores de edad desnudos y posando provocativamente”, fotografías creadas mediante Inteligencia Artificial y descargadas de Internet.

En julio de 2024, el acusado fue una vez más a la playa de El Sardinero y desde los Jardines de Piquio trató de tomar imágenes de los menores y sus genitales. Sin embargo, fue observado por un agente de movilidad que, tras comprobar los hechos, avisó a la Policía Local de Santander.

El sospechoso huyó al ser descubierto y se subió en un autobús, donde le encontraron los efectivos, que le requirieron para que se bajara del vehículo. Pero se negó, trató de borrar los archivos y, cuando un policía le quitó la cámara, reaccionó violentamente y le agredió.

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito continuado de elaboración de pornografía infantil, otro de posesión de ese material y uno más de atentado a los agentes de la autoridad.

Por todo ello, la fiscalía pide diez años y diez meses de prisión; trece años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento; dieciocho años de inhabilitación para profesión o desempeño con menores, y diez años de libertad vigilada.

La audiencia preliminar de este procedimiento está prevista este lunes, 8 de junio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

León XIV ya está en España. Es la primera vez en 15 años que un pontífice visita nuestro país, uno de los favoritos por sus antecesores. Juan Pablo II vino hasta en cinco ocasiones, Benedicto XVI, en tres. La última, para clausurar, junto al entonces todopoderoso cardenal Rouco Varela, conocido por su dura oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011.

Desde entonces, ningún Papa ha venido a España. Francisco no quiso hacerlo. ¿Por qué? “Primero tienen que ponerse ustedes de acuerdo”, afirmó en varias ocasiones, subrayando no tanto la creciente polarización social y política en nuestro país, con el creciente papel de la extrema derecha de Vox, sino la profunda división en el interior de la Iglesia. Quince años –y un pontificado– después, la brecha no ha hecho sino aumentar.

La España que acogerá a Prevost está más dividida que entonces. También la Iglesia. De hecho, como adelantó elDiario.es, uno de los ejes de los discursos que el Papa dará en estos días girará en torno a la necesidad del diálogo en el interior de la Iglesia, al respeto de la diversidad y a la unidad de acción dentro de una sociedad donde los cristianos tienen que ser parte de la solución, y no –como ha sucedido en demasiadas ocasiones en los últimos tiempos– del problema.

¿Qué Iglesia se encontrará León XIV? El panorama, contra las tesis de quienes apuntan a un ‘giro católico’ en la sociedad española, sigue siendo “desolador”, pese a reconocerse ‘brotes verdes’ entre algunos sectores de la juventud. Movimientos sobre los que advirtieron recientemente los obispos por el riesgo de “abuso espiritual” o “bombardeo emocional”, como los ‘retiros de impacto’ (Effetá, Emaús) o Hakuna (omnipresente en este viaje, al igual que el Opus Dei –los máximos responsables de la organización de la visita, entre ellos su coordinador general, Yago de la Cierva, forman parte de la prelatura–), ocupan buena parte de la agenda eclesiástica, orillando a movimientos sociales como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o la Iglesia de base. Y también es evidente la fuerte presencia de una férrea doctrina en lo moral que, en ocasiones, opaca la ingente labor social de Caritas, Manos Unidas u otras ONG católicas.

La Iglesia española está presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien en su etapa como secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) argumentaba que apenas había “unos pocos casos, o ninguno”, al referirse al drama de la pederastia y que ahora, como su máximo representante, asegura que la Iglesia es ejemplo de lucha contra los abusos, cuando la realidad muestra que estamos ante la Iglesia más refractaria a asumir su responsabilidad, junto a la italiana o polaca, de todo el continente.

Este viernes por la noche el Vaticano ha anunciado que el Papa se reunirá con supervivientes de la pederastia eclesial en España. Pese al anuncio, la Santa Sede ha evitado ofrecer más detalles de cómo y cuándo se producirá. Ante la ausencia de noticias, varias asociaciones de víctimas tenían previsto concentrarse ante las puertas de la ‘casa del Papa’ en Madrid. “León XIV, no recibiendo a las víctimas, ni siquiera fuera de agenda, ni siquiera veinte minutos de su poblada lista de actos, algunos irrelevantes, comete un error mayúsculo que las víctimas nunca olvidaremos ni por supuesto perdonaremos”, explicaba hace unos días a elDiario.es Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR Infancia Robada.

Conservadores y contra el Gobierno

La mayoría episcopal continúa estando, como hace década y media, alineada en el sector más conservador de la Iglesia, en materia de moral sexual, y también política, con declaraciones de varios prelados reclamando, desde hace meses, la dimisión del Gobierno y elecciones, y cuestionando acuerdos firmados, incluso, con la propia jerarquía, como el de la resignificación de Cuelgamuros o el nuevo sistema de reparaciones a víctimas de la pederastia.

Con todo, León XIV, al igual que hizo Francisco, ha mostrado sus preferencias. Y lo ha hecho en la figura del cardenal de Madrid, José Cobo, actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal y miembro del dicasterio de Obispos, el encargado de diseñar el ‘mapa’ de futuros obispos. Un Cobo que, en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, sigue teniendo una notable minoría de apoyos, apenas una veintena frente a los 70 obispos residenciales en las diócesis de nuestro país.

La tesis de Roma, con Bergoglio y ahora con Prevost, es la de buscar prelados que puedan contribuir a generar en la Iglesia española el espíritu de la sinodalidad y de la apertura social. Prueba de ello ha sido la participación de entidades eclesiales en el proceso de regularización extraordinaria, pese a que ello conllevara duras acusaciones por parte de la ultraderecha, supuestamente católica, de Vox.

Aun así, siguen siendo mayoría los obispos que, en la actual situación, ven con buenos ojos la llegada de los más ultras al Gobierno. “Está bien que Vox controle al PP, que no deja de ser el PSOE de hace diez años”, constata un prelado perteneciente al sector más rigorista del episcopado español y que entiende, como muchos, que la “prioridad nacional” también pasa por reivindicar los valores ‘católicos’ de la sociedad española. Un movimiento identitario en el que grupos como Abogados Cristianos o HazteOír han vuelto a lograr, pese a la cercanía de algunos de ellos con El Yunque (sociedad secreta prohibida por la Iglesia) volver a tener altavoz en las parroquias.

El Papa hablará, y mucho, a la clase política y social. Desde su llegada este sábado al histórico discurso en el Congreso de los Diputados, o sus gestos con los migrantes en el muelle de Arguineguín. Pero sus mensajes también estarán orientados hacia el interior de una institución que necesita, con urgencia, trabajar para aflojar el ambiente de crispación generalizado, y ofrecer respuestas a las víctimas de abusos, los migrantes y las realidades históricamente olvidadas por la institución, y que el pontificado de Francisco ayudó a visibilizar en el interior de la Iglesia. Bergoglio lo intentó, pero no tuvo éxito en España. Tal vez por ello no quiso visitar nuestro país. ¿Lo logrará Prevost? Este viaje marcará la pauta del futuro de la Iglesia española. ¿Hacia dónde? Lo veremos.

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El papa León XIV ser reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su viaje a España, desde mañana hasta el 12 de junio, sin especificar qué día será, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Hasta este momento no se había comunicado ninguna reunión de este tipo.

Se explicó que la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que más información podrá llegar “tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y privacidad”.

Algunas asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero habían denunciando en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar al país, para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife, sin haber tenido respuesta a sus peticiones de reunirse con él.

No se han dado a conocer quiénes participarán para respetar su privacidad, ni en qué lugar, pero entre las personas que podría escuchar el pontífice estadounidense estarían las que acuden a la asociación Repara, un proyecto de la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

En un encuentro de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se consideró que “sería bueno” mantener esa reunión, según dijo en abril su secretario general y portavoz, César García Magán, quien incidió en que la agenda del viaje “la hace el papa”.

El papa León XIV llegará a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, con un sistema mixto acordado entre el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo, que incluye reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.

Hace cuatro años que las víctimas se reunieron con el entonces presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces no ha vuelto a producirse un encuentro con la cúpula eclesiástica, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la CEE cuando fue elegido presidente, en marzo de 2024.

León XIV ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de “tolerancia cero” ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y sobrevivientes es “esencial” para la prevención.

El papa ha mantenido varios encuentros con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como “un paso histórico y esperanzador” y el 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como “profundo y doloroso”.

Sin embargo, casos como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya investigación se ha quedado paralizada en el Discaterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico (la edad del menor) demuestran que es necesario revisar todo el sistema judicial de este tipo de casos, lo que León XIV aún no ha hecho.

En algún lugar de Argentina, una niña se graba un vídeo mostrando productos de una tienda de pijamas y lo publica en TikTok. Rápidamente, ese vídeo se llena de reacciones y comentarios, algunos muy escuetos, como el de un tal Alexis que escribe: “Zangi 1450”. Otros usuarios escriben cifras: “100x100”, o “50 x 50”. Otros ponen “Código Postal” o “café con pan”… o “cambio”. Esa niña no entenderá qué quieren decir. Pero quienes lo escriben saben lo que están diciendo, y entienden el código de los demás, porque es el lenguaje en clave que usan quienes buscan imágenes de menores en internet que luego intercambian y acaban circulando entre pederastas. 

Hablamos con Clara Jiménez Cruz, cofundadora y directora de la Fundación Maldita.es, sobre la investigación que acaba de publicar en la que se documenta cómo TikTok, la red social más popular entre los menores de edad, -también de menos de 13 años, aunque esté prohibido- se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los pederastas y pedófilos para conseguir y robar imágenes de menores, así como contactar con otros pedófilos para intercambiar imágenes y vídeos de niños y niñas para fines sexuales.  

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Julio Núñez, periodista de El País, es uno de los responsables, junto a Íñigo Domínguez, de la investigación que el diario lanzó en 2018 para desentrañar la realidad de la pederastia clerical, de la mano de la recientemente fallecida Soledad Gallego Díaz. Entre los miles de casos analizados, Núñez tuvo la oportunidad de diseccionar el diario de un jesuita español, Alfonso Pedrajas, responsable de al menos 85 casos de abusos en Bolivia. Fruto de esa investigación nace Padre Pica (Penguin), un espléndido ensayo que supone “la ‘Piedra Rosetta’ de los abusos en la Iglesia, porque por primera vez nos permitía ver cómo la Iglesia gestionaba, desde dentro, los casos de abusos”.

El Papa viene a España. ¿Qué espera de este viaje? ¿Cuáles son las claves?

Claramente, este viaje tiene una clave política, más allá de la imagen pastoral que la Iglesia intenta difundir. La preocupación del Papa ante el auge de la ultraderecha o la regularización de inmigrantes son cuestiones que van a aparecer, no solo en sus discursos, sino especialmente en su visita al Congreso de los Diputados. Es el primer Papa que lo hace, y es muy potente, porque hay varios partidos que se hacen llamar ‘católicos’, como Vox y PP, que no apoyan la postura de Prevost a favor de la regularización. También puede ser interesante si toca otros temas defendidos por la izquierda, como el aborto o la eutanasia. Es la primera visita a España de un Papa más cercano a la corriente reformista. Los dos anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, eran muy conservadores. Francisco, que sintió simpatías por políticos como Yolanda Díaz, nunca vino.

Uno de los actos fuera de programa, y no confirmado, es una reunión con víctimas de abusos. ¿Cree que se producirá? ¿Qué significado tiene?

Se espera que haya un encuentro privado. Será interesante conocer en qué términos: quién lo organiza, qué víctimas van a ir, si las víctimas van a hablar de sus casos o cómo la Iglesia está afrontando el problema. Ha habido avances, pero si se ha abierto un camino ha sido gracias a los medios, que han obligado a la Iglesia a reconocer los hechos y ofrecer algunas soluciones (el fallido informe Para dar luz, o el 'Plan Priva', claramente insuficientes), y también al Gobierno o al Congreso, que encargaron al Defensor del Pueblo un estudio, que ha llevado al Gobierno a ejecutar algunas de sus recomendaciones, como la reparación integral.

¿Cuál es la postura de Prevost respecto a los abusos?

Prevost, como cardenal y, después, como Papa, tuvo un peso importante para la disolución del Sodalicio en Perú. Pero León XIV tiene que afrontar diversos escándalos, entre ellos en España. Casos como el cierre en falso del ‘caso Zornoza’ –el exobispo de Cádiz– por un tecnicismo canónico demuestran que el Papa solo, no puede. A su alrededor hay una Curia que se las apaña para tapar algunos escándalos. En este primer año parece que el Papa quiere seguir con la línea de Francisco, pero queda mucho por hacer.

En El País llevan años investigando esta lacra. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Cree que la nueva herramienta acordada con el Gobierno y el Defensor de Pueblo servirá para algo?

Se ha logrado que esa verdad publicada por los medios sea una verdad oficial. Cuando empezamos la investigación, la Iglesia decía que había cero casos o muy pocos. En ocho años se ha conseguido una investigación muy profunda, la del Defensor, y otra llevada a cabo por [el bufete] Cremades, cuyos resultados han sido muy similares a los del Defensor, y que la Iglesia ha intentado sepultar. En ambas aparecían similares recomendaciones, especialmente la de reparar a las víctimas. El reciente acuerdo del Estado con la Iglesia es muy positivo. Va a marcar otro tipo de investigaciones que puedan hacerse en el futuro, y que aborden abusos en otros ámbitos, como el deporte u otras instituciones públicas.  

Uno de los casos más relevantes, que además muestran ese ‘puente’ que fue la Iglesia española para ‘exportar’ pederastas al otro continente es el de los jesuitas en Bolivia, que retrata en Padre Pica…

El caso del padre Pica conecta perfectamente, como bien dices, España con Latinoamérica pero también con el Vaticano. En sus diarios aparece un sistema de encubrimiento total. El diario del Padre Pica, el caso de Alfonso Pedrajas, nos llega a través del correo que el periódico activó en su investigación. Llegó el mensaje de alguien que no era víctima o testigo, sino el familiar de un abusador, el sobrino de un jesuita fallecido, que fue misionero en Bolivia desde 1990. Fernando, el sobrino de Pica, nos cuenta que limpiando un trastero familiar encontró una caja con las pertenencias de su tío. Entre ellas, había un diario, en el que relata su vida, su experiencia como misionero, pero también admite haber abusado de al menos 85 niños. Pide perdón por haber sido un pederasta, pero también revela, y esto es importante, cómo sus superiores le protegieron, cómo taparon denuncias y cómo lo trasladaban de sitio. Esto era la ‘Piedra Rosetta’ de los abusos en la Iglesia, porque por primera vez nos permitía ver cómo la Iglesia gestionaba, desde dentro, los casos de abusos.

El caso del padre Pica conecta perfectamente, como bien dices, España con Latinoamérica pero también con el Vaticano. En estos diarios aparece un sistema de encubrimiento total

¿Quién fue Pica? ¿Cómo llegó a sus manos ese diario?

Estudié ese diario, de más de 300 páginas, lo corroboré, localicé a víctimas, a familiares de Pica, a compañeros de la orden, a encubridores. Investigué el caso y lo publicamos en abril de 2023. Tras su publicación, Bolivia abrió una investigación sin precedentes contra la Compañía de Jesús, con la policía entrando en los archivos de la orden, algo impensable en España por los Acuerdos Iglesia-Estado. Tuve acceso a esa documentación, en la que se corrobora no solo que los jesuitas conocían el caso de Pica, o el de Luis, o el de Chesco Pérez, sino que también se sabía en Roma, y los procesos de siempre: trasladar al agresor, evitar que los abusos se hicieran públicos… Este es un libro que parece una novela. Si una persona se lo hubiera inventado la sociedad pensaría que estaba exagerando. Una historia de detectives, de casualidades.

En el libro, se ‘desnuda’ como periodista, pero también como ciudadano al que le afecta la realidad que descubre. ¿Hasta qué punto cree que la sociedad está concienciada por esta lacra?

En el libro, más allá de contar todas estas historias de abusos, he querido también explicar cómo fue la investigación, narrar en primera persona lo que supuso adentrarme en este trabajo. Fue verdaderamente demoledor, un viaje al infierno en el que se te van erosionando, como un papel de lija, las ganas de vivir. Ahora miro atrás y veo que ha merecido la pena, o al menos sí que ha servido para que mucha gente encuentre justicia o se acerque a ella.

¿Qué ha aprendido de las víctimas?

He aprendido y seguiré aprendiendo. Son más de 600 con las que he podido hablar en estos años. Con algunas he entablado una relación muy cercana. No solamente me han enseñado lo que es el infierno, sino que me han apoyado y apoyan en el trabajo, en momentos en los que uno se viene abajo. Aprendes a vivir, y a seguir adelante. Aprendes que la justicia se alimenta de la esperanza, y hay que luchar por ella de manera constante.

La justicia en Bolivia avanzó, y a pesar de que Pica había muerto, se abrió el proceso y se ha condenado a los encubridores. Se creó una comisión de la verdad, y se ha intentado, todavía sin éxito, hacer imprescriptibles los delitos de abusos. Es un tema interesante porque pone encima de la mesa lo que reclaman las víctimas: la imprescriptibilidad.

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Un cura acusado de pederastia reside desde 2015 en el colegio concertado Escuelas Pías de Tenerife, en la capital tinerfeña. El pasado 5 de mayo, un exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, alertó al superior general de los padres escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., que era, según denuncia, coordinador de Primaria del centro. En dicho correo electrónico señalaba que tenía entendido que ese sacerdote reside en la actualidad en un colegio religioso de Tenerife, y pedía confirmar si esto era cierto. 

“Si eso es así, les pido que lo suspendan y lo retiren de todo contacto con menores de edad, en el marco de la investigación eclesiástica que ustedes tienen el deber de iniciar en atención a esta, mi denuncia”, añadía en su correo el denunciante, que también solicita justicia y que esta “incluye no solamente verdad, sino también reparación”. 

Este correo, al que ha tenido acceso este periódico, fue respondido por el delegado de Salvaguarda de las Escuelas Pías, de la Curia General en Roma, quien aseguró al denunciante que agradece “el valor” que había tenido en escribirles. “Somos conscientes de la seriedad de lo que nos ha transmitido. Su escrito no es para nosotros algo que podamos ignorar ni demorar: es una obligación de actuar. Le aseguro que será tratado con la seriedad y el respeto que usted merece”, apunta. 

En esa respuesta se expone que se han “iniciado ya los pasos internos correspondientes, en coordinación con las provincias religiosas implicadas”. Además, le aseguraban que en los próximos días “alguien de la institución se pondrá en contacto con usted para concretar un espacio de escucha”. 

A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas

Las Escuelas Pías han respondido a este periódico que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015. “En la actualidad no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna’’, han señalado. La institución afirma que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, ''se han adoptado medidas para evitar cualquier contacto con menores de edad mientras se desarrollan los correspondientes procedimientos''. 

La Diócesis Nivariense ha confirmado a este periódico que ese cura no tiene encomendada ninguna labor pastoral en esta Diócesis, pero sí que reside “en la comunidad de ese instituto religioso en esta diócesis”. “Desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña al interno de la misma”, mantienen. 

También han confirmado que el pasado 8 de mayo se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba del citado religioso y una denuncia contra el mismo. “Una información que hemos remitido al Superior provincial, quien tiene la competencia sobre el sacerdote”, afirman.

La página web a la que hace referencia la Diócesis en su respuesta es el medio de comunicación Hacia el umbral, donde trabaja el periodista Miguel Ángel Estupiñán. Él, junto al periodista Juan Pablo Barrientos, logró que la Corte Constitucional de Colombia ordenara a la Iglesia católica del país desclasificar los archivos de los casos de pederastia en 2025. En esta web publicó la denuncia contra el cura español C.A.A. y advirtió de que el supuesto agresor seguía vivo y en contacto con menores en España. 

El relato del denunciante

Este periódico ha recabado la versión del denunciante, que explica que lleva 35 años en silencio y que su familia se enteró de los hechos hace apenas unos 20 días. El denunciante, además de la denuncia interna en la Iglesia, también ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Colombia este 19 de mayo. 

En esa denuncia, explica que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata en la denuncia. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”, apunta en la denuncia. 

“A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas”, agrega en su denuncia. La Fiscalía de Colombia ha señalado que en los próximos días se le informará si los hechos reportados darán lugar a la apertura de diligencias. 

En una conversación con este periódico, el denunciante reitera que los presuntos abusos sexuales se cometieron cuando él era alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, un centro al que asegura que acuden niños y niñas de familias pudientes. Asegura que el cura le llegó a decir a su madre que él había bajado su rendimiento para que se lo llevara del colegio. “El tipo se asustó y lo que hizo fue sacarme del colegio, echarme del colegio”, asegura. “Todo el mundo está aterrado porque en Cúcuta el tipo era una eminencia, todo el mundo lo quería”, afirma a esta redacción. 

Activación de protocolos internos 

Las Escuelas Pías aseguran que, tras tener conocimiento de la denuncia presentada por el exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, han activado “de manera inmediata los protocolos de salvaguarda previstos para este tipo de situaciones y se ha puesto a disposición de las autoridades civiles y jurídicas''. ‘’Desde el primer momento, la institución ha actuado con voluntad de escucha, respeto y acompañamiento hacia la persona que ha denunciado los hechos, entendiendo la gravedad y el impacto humano que puede existir detrás de cualquier relato relacionado con abusos a menores'', añaden.

Sobre las medidas adoptadas, el centro responde que estas incluyen “actuaciones cautelares de carácter preventivo mientras se desarrollan las correspondientes verificaciones e investigaciones jurídicas y canónicas”. Asimismo, insisten en que la finalidad es proteger a todas las partes implicadas ''sin que supongan anticipar conclusiones sobre la determinación de responsabilidades ni menoscabar el principio de presunción de inocencia y con la voluntad de acompañar y escuchar a la persona que denuncia tales hechos''. 

En el comunicado remitido este miércoles a este periódico en respuesta a las preguntas formuladas el pasado 15 de mayo, no se menciona si entre estas medidas está la expulsión del cura denunciado de las instalaciones del centro escolar de Santa Cruz de Tenerife. 

La institución ha querido reiterar ‘’su rechazo absoluto a cualquier conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores“ y ”su compromiso permanente con la protección de la infancia y la creación de entornos seguros’’. Además, han señalado que como los hechos se han denunciado en Colombia, cualquier procedimiento civil o eclesiástico deberá desarrollarse conforme a la legislación y jurisdicción competentes de dicho país. 

“Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido'', apuntan. En esta línea, insisten en que ''cualquier denuncia relacionada con abusos exige una respuesta seria, rigurosa, prudente y profundamente humana”. 

El recorrido del cura 

El colegio Calasanz de Cúcuta de Colombia, donde el denunciante relata que se produjeron los abusos por parte de C.A.A., fue fundado en 1954 y pertenece a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías o Padres Escolapios. Se trata de un colegio privado, localizado en el departamento Norte de Santander, al que acuden generalmente familias de clase alta. 

C.A.A., de nacionalidad española, llegó a Colombia el 29 de enero de 1971, según un documento oficial de la orden religiosa emitido en respuesta a un derecho de petición elevado en 2023 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos Hoyos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el cura estuvo en Cúcuta desde esa fecha hasta enero de 1972. A partir de entonces fue prefecto de Primaria en Bogotá. En Semana Santa de 1983 volvió a Cúcuta como prefecto de Primaria, y allí permaneció hasta el 5 de abril de 1993, un año después de los hechos denunciados.

Los datos ofrecidos por la orden religiosa no aclaran dónde estuvo C.A.A. entre 1993 y 1996. En enero de ese año fue formador de aspirantes en la Casa de Formación del Paraíso de Bogotá, y en enero de 2002 fue trasladado a la ciudad colombiana de Pereira. La última información que ofrece el documento confirma que en 2023 el cura ya estaba en “la provincia de Betania (España)'', una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la orden religiosa de los Escolapios.

Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido

Tal y como ha confirmado este periódico, C.A.A. vive en el colegio concertado Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife. Este centro, instalado en un inmueble emblemático en lo alto de la ciudad, ofrece todos los niveles de enseñanza, desde la educación infantil hasta el bachillerato, incluyendo primaria y secundaria. También se ofertan ciclos formativos de grado básico de Informática y Comunicaciones.

El edificio principal del colegio es un castillo neogótico. Según fuentes consultadas por este periódico, los curas viven en una parte de él y en otra están la capilla (que se usa como salón de actos), los despachos del profesorado, la dirección del colegio y el comedor. En esta zona, explican, se dan las clases de Secundaria y Bachillerato. Frente a él, en otro edificio más reciente construido en el año 2000, se imparten las clases de Primaria e Infantil. 

Casos en Canarias 

En marzo, el Gobierno de España y la Iglesia firmaron un protocolo para reparar a las víctimas de pederastia y “reconocer y promover su dignidad y su memoria”, así como asegurar la justicia y la reparación con medidas simbólicas o económicas o con acompañamiento psicológico. Esta vía de reparación ya está en vigor y se puede tramitar ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

El informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica publicado por el Defensor del Pueblo en octubre de 2023 recoge hasta 26 localizaciones en Canarias donde se han denunciado abusos sexuales. El documento aclara que cada localización ‘’no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima''. ''De hecho, hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo'', especifica el monográfico.

Entre estas 26 localizaciones hay parroquias, colegios, residencias, seminarios, domicilios particulares, basílicas, casas parroquiales y centros residenciales. De ellas, 16 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 10 a la de Las Palmas. 

Del pantanoso mundo de las desventuras criminales emerge la posibilidad de que los hechos acaecidos en una noche de abril de 2016 en el Likquid Lounge de Chester, en Nueva York, tuviesen repercusiones en la muerte de Jeffrey Epstein tres años después en una cárcel federal.

Lo sucedido aquella noche alimenta una teoría de la conspiración dentro de otra; las especulaciones sobre las actividades de Epstein y su círculo son bien conocidas en EEUU, pero el Likquid Lounge es fundamental para explicar otro misterio más reciente, el de cómo murió Epstein exactamente.

El relato de los fiscales es que fue a ese lugar adonde Nicholas Tartaglione, un expolicía reconvertido en traficante de cocaína de 49 años, atrajo a cuatro hombres, de los cuales al menos uno, Martín Luna, tenía vínculos con la mafia mexicana. Tartaglione sospechaba que Luna le había robado 250.000 dólares y pretendía pedirle cuentas. Luna apareció con dos sobrinos y un amigo de la familia.

Una vez allí, y siempre según los fiscales, el expolicía obligó a uno de los sobrinos de Luna a verle pegar a su tío, al que acabó estrangulando con una brida de plástico. Después, junto a otras dos personas, el presunto asesino trasladó el cuerpo sin vida —acompañado de Miguel Luna, Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez— a su santuario para perros y caballos en Otisville, en el Estado de Nueva York.

Tartaglione fue arrestado y acusado de secuestro y asesinato. Pero solo fue condenado en 2023, a una pena de cuatro cadenas perpetuas. El reo, culturista y policía con claroscuros en su trayectoria, se declaró inocente y aseguró que todo era un montaje

A esos tres hombres los obligó a ponerse de rodillas y les disparó en la cabeza. Luego los enterró en una misma fosa. Pasados nueve meses, cuando los investigadores conectaron a Tartaglione con Luna, se desenterraron los cuerpos. Un vecino declaró que la finca de Tartaglione “olía a muerte”.

Tartaglione fue arrestado y acusado de secuestro y asesinato. Pero solo fue condenado en 2023, a una pena de cuatro cadenas perpetuas. El reo, culturista y policía con claroscuros en su trayectoria, se declaró inocente y aseguró que todo era un montaje.

Mientras tanto estaba preso en el correccional metropolitano de Manhattan, hoy abandonado, y en la misma celda que Epstein, proxeneta cuyos escándalos condicionan el discurrir político estadounidense. Informaciones posteriores recogieron que se llevaban bastante bien.

No obstante, Epstein dijo en 2019 que Tartaglione le había atacado tras comprobar los guardias —por indicación del propio Tartaglione— que presentaba heridas en el cuello. Luego se desdijo, y los funcionarios dedujeron que Epstein se había intentado suicidar.

Un detalle crucial es que Tartaglione reveló que había encontrado una nota escondida en una novela gráfica que Epstein estaba leyendo, pero que no lo hizo hasta cuatro días después, cuando los funcionarios de prisiones habían sacado a Epstein de la celda que compartía con él para ponerle en alerta por suicidio. Tartaglione se la pasó a sus aliados. Dos semanas después, Epstein fue encontrado muerto en su celda, en lo que se determinó que había sido un suicidio.

La nota se divulgó finalmente la semana pasada, después de que el New York Times se lo pidiese al tribunal federal que lo juzgó, en White Plains (Nueva York).

“Me investigaron durante meses... ¡¡¡y no encontraron nada!!!”, decía la breve nota, que dice que el resultado fueron cargos que se retrotraían 15 años.

“Es un placer poder elegir el momento de decir adiós”, seguía.

“¿Qué quieres que haga? ¡¡¡Ponerme a llorar!!”, continuaba.

“NO TIENE GRACIA”, concluye el escrito, con esas palabras subrayadas: “¡NO MERECE LA PENA!!”.

La anotación solo aparece ahora porque forma parte de la disputa entre los abogados de Tartaglione en el caso de asesinato y los designados de oficio por el tribunal para pleitear contra la pena de muerte si se le condenase a ella. Los fiscales, sin embargo, renunciaron antes del juicio a pedir la pena capital.

La nota manuscrita de Epstein no ha acallado las teorías que defienden que lo mataron en la cárcel. El hermano menor del proxeneta, Mark, que defiende que lo asesinaron en la celda, aduce que el escrito está falsificado.

Pero esa renuncia no se conocía durante el tiempo de Tartaglione en prisión preventiva, y su conducta en el centro penitenciario habría sido un factor relevante para el jurado que tuviese que decidir si votar a favor de la ejecución, señala Bruce Barket, su abogado defensor.

“Se había afirmado sin base que había atacado a Epstein, cuando Epstein ya se había intentado suicidar una primera vez. Teníamos la nota, sabíamos que no era cierto, pero pensamos que nos podía servir para esos fines”, añade.

De entrada, no obstante, “nadie sabía seguro qué era, quién la había escrito o de quién era hasta varios meses después”. Además, Barket añade: “Nick tenía varias otras cuestiones que abordar, la más importante de las cuales era defenderse de una acusación de homicidio cuádruple. Una vez que demostramos que no se le había acusado de herir a Epstein, nos dejó de importar”.

La nota no ha acallado las teorías que defienden que a Epstein lo mataron en la cárcel. El hermano menor del proxeneta, Mark, que defiende que lo asesinaron en la celda, aduce que el escrito está falsificado.

“No sería difícil poner a un profesional a falsificarla”, declaró a Business Insider. Y remachó que “es fácil de cojones”. Planteó que la frase “ponerme a llorar” es una referencia a un programa infantil de televisión que veían juntos de niños, Little Rascals.

La frase aparece en los correos de Epstein. “Así que me la robaron para que pareciese que era suya”, defiende.

“Todo el mundo tiene derecho a su opinión”, opone Barket, que agrega que usar la nota para apuntalar la tesis de que a Epstein lo mataron es “risible” porque supondría que alguien hubiese tenido acceso a los correos de Epstein en 2019, seis años antes de que se publicasen por orden del Congreso.

“No hay conspiración”, insiste. “Pensar que lo mataron es absurdo. Se suicidó. Ya lo había intentado al menos otra vez y lo consiguió”.

Pensar que lo hubiesen asesinado es “una gran misión imposible”. “La idea de que alguien se meta en el décimo piso de un centro de detención federal y se cuele, asesine a alguien y se escape sin que nadie lo vea es un poco ridícula”, plantea.

También considera inverosímiles las teorías de que el responsable fuese otro de los encarcelados en las celdas próximas a la de Epstein. “Son un hatajo de descerebrados, no es por ofender a mi cliente, y durante la noche están encerrados en sus celdas”, señala.

Pero en el vodevil de Epstein nadie acepta que las apariencias correspondan a la realidad. La historia de Tartaglione no es una excepción, y ahora la bloguera Jessica Reed Kraus se está haciendo eco de ella. Tartaglione le envió un mensaje de voz la semana pasada en el que alega que Epstein quería que los volviesen a poner juntos en la celda.

“Epstein me ofreció dinero para no volver con los demás reclusos y quedarme en 'la caja' con él porque conmigo se sentía a salvo”, dijo en el mensaje, según la bloguera.

También destacó: “Si hubiese querido hacer daño a Jeffrey Epstein, habría podido hacer daño a Jeffrey Epstein. No hice daño a Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein se suicidó”.

Tartaglione busca revocar su condena basándose en que se fundamentó en pruebas endebles; no apareció el arma homicida, ni dinero proveniente del tráfico de drogas ni nada relacionada con el negocio ilegal. Tampoco se encontró su ADN en la brida con la que, según los fiscales, estranguló a Luna.

Su abogada para la apelación, Inga Parsons, envió un comunicado a Kraus en el que llama la atención sobre el hecho de que la fiscal del caso de Tartaglione fue Maurene Comey, que también dirigió la acusación pública contra Epstein, Ghislaine Maxwell y Sean “Diddy” Combs.

“Nick es un agente de la ley retirado. Se dedica a rescatar animales. No es un asesino, ni un cooperador o miembro del cártel mexicano, y los hombres a los que mató el cártel eran miembros del cártel. Nick Tartaglione es inocente y está cumpliendo injustamente penas de cadena perpetua por crímenes que no cometió”, asegura.

El breve encuentro entre Tartaglione y Epstein no ayudó ni dejó de ayudar a su propio caso, según Barket. “Es una desafortunada secuencia de sucesos. No creo que perjudicase a Nick, pero tampoco le ayudó. Sí que llevó a un juicio largo en el que nos vimos envueltos mi despacho y yo mismo al respecto de nuestra conducta en torno a la nota. De haberlo sabido, me lo habría ahorrado”, reflexiona.

Las víctimas optan por el Defensor del Pueblo. En dos semanas, según datos adelantados por la Ser y confirmados por elDiario.es, la nueva plataforma creada por el acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y Confer, ha recibido 300 solicitudes de reparación. Esta vía, que abría un canal de reparación fuera del control de la Iglesia para víctimas de la pederastia eclesial, ha recibido en apenas 15 días el doble de peticiones que el plan PRIVA desde su creación en febrero de 2025, hace más de un año. En concreto, las víctimas que optaron por ese canal, creado unilateralmente por la Iglesia, fueron 156.

Los datos conocidos este jueves revelan la necesidad de las víctimas de encontrar canales de reparación alternativos al establecido, unilateralmente, por la Iglesia, sin la participación estatal y sin que los supervivientes de la pederastia clerical estuvieran representados.

Según fuentes oficiales, desde que el PRIVA empezó a recibir solicitudes de reparación, en febrero de 2025, hasta primeros de abril, se han recibido 156 solitudes. 15 de ellas, por cierto, desde que se firmó el histórico protocolo para dotar al Defensor del Pueblo de la capacidad de decidir, bajo la tesis defendida por el ministro Bolaños (y censurada por los obispos): “El Estado determina la cuantía, la Iglesia paga”.

En total, desde PRIVA se han emitido 94 dictámenes de reparación integral. No hay cifras totales en cuantía económica, pero en marzo fueron ya dos millones en lo que tiene que ver con la primera parte de la reparación. De hecho, tal y como ha podido saber RD, entre las 300 solicitudes hay “varias” que buscan que se vuelva a valorar la indemnización recibida a través del canal episcopal.

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramita a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación aprobado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución. Si no hay acuerdo, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. Otra de las novedades es que las víctimas verán reconocido su estado a efectos civiles.

Para Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR-Infancia Robada, “es una cantidad que no me resulta sorpresiva”. De hecho, tanto en ANIR como en AVA “estamos recibiendo llamadas de víctimas y supervivientes desde que se abrió el plazo”. “La cantidad seguirá subiendo”, augura.

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Nuevo paso adelante en la defensa de las víctimas. El Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto-ley que establecerá la exención del pago del IRPF a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, tal y como ha podido confirmar elDiario.es. Se trata de uno de los puntos incluidos en el histórico acuerdo suscrito el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la CONFER para la creación de un nuevo sistema de compensaciones para los supervivientes de la pederastia clerical.

Y es que, a partir de su entrada en vigor, las víctimas que reciban compensaciones por el maltrato sufrido durante su infancia a manos de clérigos, religiosos o personal eclesiástico no tendrán que tributar por las mismas. La exención fiscal hoy aprobada también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios sistemas, como el PRIVA.

Esta medida se suma al nuevo sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) con el arbitraje del Defensor del Pueblo, que permitirá a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia que sus casos puedan ser analizados y la compensación fijada por un órgano público. El sistema, tal y como avalan fuentes gubernamentales, consagra que la Iglesia paga las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo. Desde su entrada en vigor, el pasado 15 de abril, ya han comenzado a recibirse decenas de casos, en un modelo que, por primera vez, reconoce el 'estatus de víctima' a los supervivientes de la pederastia eclesial.

Fuentes gubernamentales consultadas por elDiario.es señalan que, con este Real Decreto-Ley, el Gobierno “cumple con otra de las demandas de las víctimas y con uno de los punto centrales del acuerdo”, además de reforzar el compromiso con los protagonistas del horror de los abusos. A partir de ahora, las víctimas dejarán de pagar impuestos por las indemnizaciones recibidas.

El acuerdo para reparar a las víctimas

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

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La Sección Segunda de la Audiencia de Toledo va a acoger este martes, 28 de abril, un juicio contra A.M.G. que se enfrenta a una pena de seis años de prisión por un delito de abuso sexual a menor de 16 años. Cuando sucedieron los hechos, el ahora procesado era párroco de la localidad toledana de Añover de Tajo, misión que desarrollo entre 1998 y 2017.

Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, en al año 2015, comenzó a ser monaguillo de esta parroquia B., nacido el 26 de julio de 2000, cuando tenía quince años.

Cuando B. comenzó a cursar cuarto de la ESO (curso 2015/2016), el acusado se ofreció a darle clases particulares de latín, las cuales tenían lugar en el domicilio de este, sito cerca de la parroquia, en la mencionada localidad toledana.

Tocamientos continuados a un menor

Durante estas clases, el acusado, con ánimo libidinoso, se acercaba a B. y le ponía las manos sobre las piernas. Poco a poco, siempre con ánimo libidinoso según el fiscal, el acusado aumentó la intensidad de las caricias, e intentaba desabrocharle el cinturón e introducir la mano por dentro de su pantalón y ropa interior para tocarle los genitales.

Llegó, en alguna ocasión, a bajarle los pantalones y el calzoncillo, ante la imposibilidad de evitarlo por parte de B. que, en estado de shock, se quedaba paralizado en estos episodios. Si bien en las ocasiones que consiguió oponerse y retirarse, el acusado le atraía de nuevo hacia sí, para continuar con los tocamientos.

Estos episodios fueron continuos a lo largo del curso, durante el que las clases de latín eran dos veces por semana.

Durante el curso siguiente (2016/2017), en que B. ya había alcanzado los dieciséis años de edad, dejó sus estudios por motivos de salud, y el acusado empezó a visitarle en el hospital, cuando estaba ingresado, con lo que aumentó su trato con él.

Durante ese curso, cuando se desplazaban en el coche del acusado, por viajes de la parroquia, o bien en el despacho parroquial o en el sofá del domicilio del acusado, este, con el ánimo libidinoso ya mencionado, continuaba con los tocamientos, ante el intento de B. de evitarlo, sujetándose fuertemente el cinturón.

En septiembre de 2017, B. ingresó en el seminario menor de Toledo, a donde el acusado iba a visitarle y, algunos domingos, le invitaba a comer fuera.

En junio de 2018, la noche anterior a iniciar una peregrinación a Lourdes, B. se quedó a dormir en casa del acusado, quien, con ánimo libidinoso, después de la cena, comenzó con nuevos tocamientos, motivo por el cual B. se encerró en la habitación.

Durante el curso 2018/2019, el acusado seguía visitando en el seminario menor a B. y le llevaba a comer a su casa, donde, de nuevo, con ánimo libidinoso, le quitaba el cinturón, le bajaba el pantalón y le tocaba los genitales, todo ello sin el consentimiento de B., que se quedaba bloqueado. Estos episodios tenían lugar con una frecuencia de alrededor de una vez al mes.

En verano del año 2020, el acusado comenzó a visitar de nuevo a B. y le llevaba a comer a su casa, donde, de nuevo con ánimo libidinoso, y sin consentimiento de B., le desabrochaba el cinturón, le bajaba la ropa y le tocaba los genitales. Durante estos episodios llegó a intentar masturbar a B. dos veces.

La Fiscalía pide seis años de prisión

Tras los hechos narrados, la Fiscalía considera que el procesado es autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, previsto y penado por el artículo 183.1 y 4 d) del Código Penal, en su redacción vigente en el momento de inicio de los hechos, dada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en relación con el artículo 74.1 y 3 del mismo cuerpo legal.

De ahí que proceda a imponerle una pena de seis años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, de acuerdo con el artículo 56 del Código Penal.

De conformidad con los artículos 48 y 57.1 del Código Penal, también pide imponer al acusado la prohibición de aproximarse al perjudicado a menos de quinientos metros, así como a su domicilio o lugar de trabajo por tiempo superior en cinco años a la pena de prisión impuesta.

Procede imponer, además, al acusado, la medida de seis años de libertad vigilada, con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual.

Asimismo, de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, procede imponer al acusado la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve un contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de diez años, así como las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal considera que el acusado deberá indemnizar al perjudicado, B., con la cantidad de 10.000,00 euros, por los daños morales. Dicha cantidad se incrementará de acuerdo con los intereses legales del artículo 576 Ley Enjuiciamiento Civil.

León XIV quiere encontrarse con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia durante su próxima visita a España, tal y como ha podido saber elDiario.es de fuentes conocedoras de la agenda papal, que todavía no se ha hecho pública. En concreto, el deseo de Prevost es recibir a representantes de asociaciones de víctimas en un encuentro privado, que podría celebrarse en la sede de la Nunciatura en Madrid, lugar donde residirá los días que permanezca en la capital de España, antes de desplazarse a Barcelona. El Papa estará en Madrid los días 6 a 9 de junio.

Aunque la Santa Sede no suele hacer públicos este tipo de eventos, y deja a los protagonistas poder contar (o no) lo que sucede en un encuentro privado, lo cierto es que las reuniones del Papa con las asociaciones de víctimas durante sus viajes son una tónica constante desde el pontificado de Benedicto XVI, en una práctica que oficializó Francisco y que Prevost parece decidido a mantener. La cita podría darse el domingo 7, a última hora de la tarde, o el lunes 8 de junio, después del previsible discurso del Papa en el Congreso de los Diputados.

¿Cómo vería la Conferencia Episcopal esta reunión? “Sí sería bueno un encuentro con las víctimas, pero la agenda la hace el Papa, no nosotros”, respondió a preguntas de elDiario.es el portavoz de la CEE, César García Magán, quien no quiso o supo abundar en la materia. Lo cierto es que, desde hace meses, y a petición de las asociaciones de víctimas, se viene buscando un hueco en la intensa agenda papal para llevar a cabo este encuentro, para lo que han encontrado el apoyo del cardenal de Madrid, José Cobo. No todos los obispos piensan lo mismo.

Y es que la Conferencia Episcopal jamás ha recibido a las víctimas de la pederastia. Y no han sido pocas las veces en que las asociaciones han pedido ser recibidas en Asamblea Plenaria, para que los obispos escucharan sus reivindicaciones y, sobre todo, sus historias, algo que no ha sucedido en el seno de la CEE.

El pasado mes de marzo se cumplieron cuatro años del (hasta la fecha) único encuentro de las víctimas de la pederastia clerical en la calle Añastro 1, sede de la Conferencia Episcopal. Eran tiempos del cardenal Omella como presidente de la 'patronal' de los obispos españoles, y el actual presidente ejercía (dos meses después dimitió) como secretario general y portavoz. Las víctimas tuvieron que esperar en los pasillos, y a los periodistas no se les abrió la sala de prensa. Desde entonces, muchas promesas de encuentros, y lo más cercano fue la visita de Argüello y el cardenal Cobo (una vez nombrados líderes del episcopado, hace ahora dos años), acercándose a la verja de Añastro para saludar a las asociaciones de supervivientes, que se manifestaban a las puertas exigiendo justicia y reparación. No lo han hecho los obispos. Pero lo hará el Papa: escucharlas, y ponerse a su disposición.

Como viene siendo habitual en las plenarias de primavera, más desde que se cerró abruptamente su informe ‘Para dar luz’, los obispos presentaron los datos recabados de las 262 oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y congregaciones españolas durante 2025. Así, el año pasado las oficinas de la Iglesia recibieron 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores, lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas en los últimos cinco años, para un total de mil presuntos agresores. “Somos

 conscientes de que las víctimas pueden presentar su caso allá donde quieran, en nuestras oficinas de menores se hace un trabajo profesional“, respondió Magán al recordársele que este lunes el diario El País envió a los obispos su sexto informe sobre la pederastia. ¿Qué han hecho los obispos con él? ”Hemos pasado el dosier, como con todos los anteriores, a las instituciones eclesiales correspondientes“, recalcó el portavoz episcopal.

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“Ley de imprescriptibilidad ya”. Leonor Paqué, periodista y víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, ha recorrido en los últimos años más de 20.000 kilómetros entrevistando a supervivientes como ella para el documental 'Hermana Leonor'. Y sabe bien lo que sucede en muchos casos. El miedo, la ira, la frustración, el bloqueo a la realidad. “Personas que se recriminan dolorosamente haber bloqueado en sus mentes durante décadas, las agresiones sufridas”, explica. Por esto, y por muchas otras cosas, asociaciones de víctimas se concentrarán este jueves, a las 11 de la mañana, ante la sede nacional del PP (Génova 13) para exigir al principal partido de la oposición “que apoye la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia”, un barco del que, tal y como denuncia el activista Miguel Hurtado, “el PP se ha bajado”.

“Las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos”, subraya Paqué. Por su parte, Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, apunta a que el momento es ahora, antes de la llegada de León XIV a nuestro país. “Antes de la visita del Papa el Congreso va a aprobar una ampliación de los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Hay 310 votos a favor, o había, porque el PP ha dado un giro de 180 grados y ya no apoya la imprescriptibilidad, a pesar de que votaron a favor de la medida en el parlamento europeo en junio 2025”, señala. “Mañana les vamos a pedir que rectifiquen”.

La concentración también apuntará a que la próxima semana se convoca en la comisión de justicia del Congreso la ponencia de la ley de imprescriptibilidad promovida por el Parlament de Catalunya. El PP ha presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual, pero las víctimas alertan que la ley que se apruebe “puede ser descafeinada porque el PP no apoya la imprescriptibilidad”, como sí hacen todos los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC, Bildu). “Todos los partidos de derecha (Vox, PP, PNV), excepto Junts, se oponen. Es imprescindible que el PP actúe de forma coherente y responsable, votando y defendiendo la misma postura tanto en el Parlamento europeo en Bruselas como en el Congreso en Madrid”, sostiene Hurtado.

“Las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos al PP que se comporte como un partido serio y responsable, votando y defendiendo lo mismo en Madrid y en Bruselas”, reclama Hurtado, quien pide “un gran pacto de estado entre el PSOE y el PP, para luchar contra la violencia sexual en la infancia, tanto en la Iglesia como en otros ámbitos de la sociedad”.

“La reciente negativa del Vaticano a enjuiciar canónicamente al exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza demuestra la urgente necesidad de aprobar una ley de imprescriptibilidad ambiciosa, homologable a otros estados europeos, para que los delitos de pederastia clerical los pueda juzgar la justicia civil y no la Iglesia internamente”, culmina Hurtado. “¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!”.

Todo ello mientras que desde este 15 de abril, las víctimas de la pederastia clerical que así lo deseen podrán acceder al formulario de 'Solicitud para el Reconocimiento y Reparación de las víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica', desde ya disponible, y activo, en la web del Ministerio de Justicia. Una nueva fórmula, en la que la decisión final de la indemnización correrá a cargo del Estado. Con importantes novedades.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, las víctimas podrán optar, y así lo recoge el formulario, por una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y, también, y por vez primera, el documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Una medida que se ha conseguido, gracias en gran medida a la presión de ANIR y Justice Initiative, y que debería permitir que, incluso, casos con sentencia firme (como el de la víctima del 'caso Gaztelueta'), presentasen el formulario pidiendo única y exclusivamente dicho documento. “Porque tiene derecho a él”, señala a elDiario.es Juan Cuatrecasas.

¿Qué significa este reconocimiento? A efectos civiles, muchas cosas, especialmente en lo tocante a pensiones por invalidez o jubilación. “¿Qué se aprueba a través de la LOPIDI o de cualquier otro organismo una medida para que las víctimas no hayan podido cotizar porque han estado excluidas del mercado laboral puedan tener un reconocimiento para jubilarse? Acreditando ese documento no deberían hacer falta dar más pasos”, apunta Cuatrecasas. “Cualquier medida que se apruebe a partir de ahora que implemente derecho, con este documento puedes tener acceso”, aseveran las asociaciones de víctimas.

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El hombre del barrio del Raval de Barcelona acusado de liderar una red de pedofilia ha aceptado 83 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en varias ocasiones en 2020, cuando la adolescente estaba bajo custodia de la Generalitat de Catalunya, y grabar las violaciones en vídeo y distribuirlas.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes una vista de conformidad en la que el acusado, que afronta otros dos juicios por su papel en la red de pedofilia, ha aceptado, en buena medida, la acusación de la Fiscalía, que inicialmente pedía 107 años de cárcel para él.

El acusado, que tenía 40 años cuando conoció a la menor en 2020 a través de una aplicación, se aprovechó de la vulnerabilidad de la niña para agredirla sexualmente en varias ocasiones y grabar las violaciones. Lo hizo “guiado en todo momento por un ánimo lascivo”, según el escrito de acusación de la Fiscalía que este lunes el procesado ha admitido.

El hombre aprovechaba las fugas de la niña del centro de menores donde permanecía tutelada por la Generalitat para, con la excusa de darle un techo, obligarla a mantener relaciones sexuales y grabarla. Esto ocurrió entre mayo de 2020 y octubre de 2021. 

Pero el acusado no se quedó aquí. El hombre tomó y almacenó medio centenar de fotos en las que la menor aparecía desnuda para hacerse pasar por ella en otras redes sociales y ofrecer así sus servicios sexuales.

El pedófilo “aprovechó las estancias de la menor en su domicilio para convencerla de que se dejase fotografiar y grabar en ropa interior, desnuda o sometiéndose a las prácticas sexuales que le imponía” para poder “exhibir y enviar” las grabaciones en redes sociales y plataformas de mensajería, destaca la sentencia de conformidad.

El caso de este pedófilo generó una crisis en el Govern y en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque los hechos ocurrieron cuando la menor estaba tutelada por la Generalitat de Catalunya. Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP registraron el pasado mayo una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad tras conocerse este caso, una reclamación que también habían hecho Junts y PP.

Desde la Generalitat también se anunció en ese momento que se había abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

El exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza, no será juzgado en el Vaticano por abusos a menores. Tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es, la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha archivado el caso al no haber podido determinar la edad de la víctima en el momento del presunto abuso cometido por el prelado.

Algo especialmente relevante en este caso, pues los presuntos abusos sucedieron mientras estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1983, por el que únicamente se consideraría delito en el caso de abusos a menores de 16 años. Aunque la víctima asegura que sus abusos comenzaron cuando tenía 14, este extremo no ha podido ser autentificado por los juristas vaticanos. 

Un “defecto formal” al que se ha agarrado la sección disciplinar de Doctrina de la Fe para no proseguir con el caso. Sin embargo, tal y como adelanta RD, varios canonistas han mostrado su perplejidad, pues cuando se aprobó en el 2001 la ley especial Sacramentorum Sanctitatis Tutela para tratar los delitos más graves, se dijo explícitamente que dicha normativa sustituía a la ley propia anterior de la Congregación, Crimen Sollicitationis, por lo que antes del 2001 se aplicaba esta última y no el Código de Derecho Canónico. 

¿Qué diferencia habría? El documento ‘Crimen sollicitationis’, publicado por el cardenal Ottaviani en 1962 como reforma de la anterior de 1922, establecía que los delitos sexuales reservados a la Santa Sede no prescribían ni había límites de edad si trataba de relaciones sexuales con varones (crimen pessimum). El Código señalaba como límite de edad los 16 años y la prescripción a los cinco años. 

Sea como fuere, lo cierto es que, con este matiz legal, el prelado no será objeto de sanciones. No se entrará, pues, a valorar la veracidad de los hechos (los obispos españoles sí admitieron su “verosimilitud”), sino que se ha buscado una argucia legal. Muy alejada de la transparencia tan cacareada por la Santa Sede.

En la carta que motivó la investigación, la víctimaba acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

Zornoza sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu. El exobispo, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira”.

Son tiempos de cambio para la industria de los videojuegos. Las empresas del sector se han percatado de que ya no se puede seguir estirando el chicle ante una realidad inaplazable: los peligros de los videojuegos de ahora no tienen nada que ver con los de antes y los padres están cada vez más preocupados. 

Es por ello que 2026 está trayendo consigo dos grandes anuncios en esta materia. El sistema europeo de clasificación de videojuegos por edad y contenido PEGI implementará en junio la mayor actualización desde su creación y Roblox, una de las plataformas de videojuegos más polémicas de los últimos años, avanza, por fin, hacia un mayor compromiso a la hora de proteger a sus usuarios menores de edad.

Los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…

Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI

“Cuando se creó PEGI, todo el enfoque estaba centrado en el contenido de los juegos. En si había violencia, sexo, drogas o lenguaje soez. Sin embargo, ahora la preocupación se ha desplazado del contenido al contexto”, resumió este jueves Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI S.A, en una jornada de reflexión organizada por la Asociación Española de Videojuegos.

“No es que el contenido no sea importante, pero los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…”, ha continuado. El organismo subirá la edad recomendada de los videojuegos que incluyan ciertas funcionalidades concretas, como algunos tipos de compras dentro del juego, sistemas de azar o comunidades en línea que no estén debidamente moderadas. 

Por su parte, Roblox —una plataforma que ha generado polémica por la existencia de incidentes reportados relacionados con acoso a menores por parte de adultos— a finales de 2025 implementó un sistema de verificación de edad mucho más estricto, que seguirán perfeccionando en 2026. “Si tienes nueve años, no deberías poder hablar con alguien de veinte”, ha explicado Sofia Gkiousou, directora de Asuntos Públicos de la compañía.

“¿Qué es lo que hace este sistema de verificación? Que si quieres usar las funciones de chat en Roblox, tendrás que pasar una estimación de edad facial diseñada para detectar si haces trampas. ¿Estás fingiendo? ¿Subiste una imagen de Al Pacino para hacerte pasar por un adulto...? El sistema verifica todo eso y te clasifica por edades: de 9 a 11 años, de 12 a 15, etc. Al entrar al juego, no puedes chatear con nadie que esté muy fuera de tu rango de edad”, ha profundizado.

Controles parentales cada vez más personalizables

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España, señaló en el encuentro que, además de todas estas medidas que las compañías están implementando, las familias también han de hacer un esfuerzo por acercarse a este mundo: Creo que hay veces que les cuesta más entrar en el mundo de sus hijos cuando se refiere a videojuegos que cuando tiene que ver con películas, dibujos animados, cuentos. Necesitamos también cierta implicación por parte de los padres“.

Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o controlar cosas como el tiempo de juego

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España

Además, ha recordado todas las maneras en las que las familias pueden intervenir en la configuración de su consola: “Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o acceder a la app Control Parental de Nintendo Switch, desde la que se pueden controlar cosas como el tiempo de juego o incluir un tiempo de descanso nocturno. También se puede recibir información sobre los juegos a los que juegan tus hijos o limitar el juego online”.

Tanto Roblox como Nintendo puntualizan que ninguna de las herramientas de seguridad que tienen son aún perfectas. “Siempre habrá margen de mejora. Perfeccionamos nuestras herramientas de seguridad a diario. El año pasado implementamos 150 mejoras. Es por eso que no solo contamos con una herramienta, sino que son muchas actuando a la vez”, expresaba Gkiousou. 

Desde PEGI, ha afirmado Wacrenier, esperan que los cambios que se van a implementar incentiven a los editores y desarrolladores a seguir aplicando controles estrictos en la fase de creación de los videojuegos. Pese a que 2026 podría actuar como un punto de inflexión, las grietas en cuanto a protección que tiene la industria —al igual que ocurre con las redes sociales— siguen siendo muchas (sobre todo en lo relativo a los juegos en línea) y suponen un verdadero reto.

“No puedo bajar la guardia. Hay partes que siguen siendo oscuras y que me ponen en alerta como víctima que lleva décadas luchando por un sitio en la sociedad, por el simple derecho a que se nos reconozca y se nos otorgue, de una vez por todas, nuestro estatus de víctima”. Como A. uno de los supervivientes de la pederastia clerical ya compensado por el plan PRIVA y que tiene intención de apelar ante el Defensor del Pueblo cuando a partir del 15 de abril se ponga en marcha el protocolo firmado la pasada semana entre obispos y Gobierno, muchas víctimas recelan, no sin razón, de la letra pequeña del acuerdo.

Un acuerdo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicará en persona a las asociaciones de víctimas, quienes a su vez le plantearán las dudas de un nuevo sistema que, pese a estar firmado, “continúa dependiendo de la ‘buena voluntad’ de los obispos”, explica A.

Y es que, tal y como sostiene esta víctima, “tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo deben ser valientes, dar la cara y aclarar cada uno de nuestros miedos”, que no son pocos. “No podemos permitirnos más sombras ni medias verdades: para opacidad, indiferencia, falta de claridad y revictimización ya hemos tenido suficiente con la Conferencia Episcopal y la actitud de su presidente, el señor Argüello. Merecemos una transparencia y un respeto que estén a la altura del dolor que hemos cargado durante toda una vida”, constata.

Conocedor de esta realidad, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha convocado a las principales asociaciones de víctimas para explicarles los términos del acuerdo, escuchar sus reivindicaciones y colocarles en el lugar donde nunca debieron dejar de estar: el centro.

Desde Justice Initiative y la Asociación Infancia Robada, por su parte, consideran el encuentro con Bolaños la “antesala” de la puesta en funcionamiento de un protocolo “basado en un compromiso ineludible de las partes firmantes en reconocer y reparar a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica”.

En conversación con elDiario.es, sus representantes dan especial relevancia al consenso logrado, que les lleva a calificar el acuerdo y posterior protocolo como “hitos históricos”.

Aun así, y aunque muestran su “confianza plena” tanto en el Defensor del Pueblo como en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Libertades Religiosas. Estas asociaciones muestran sus dudas por la ausencia de baremos. “No hay posible indemnización contemplando solo criterios. Los baremos son inexcusables”, apuntan, incidiendo en la importancia del compromiso en la indemnización, el reconocimiento y la reparación integral que, esperan, “puedan tener prolongación en otros ámbitos de la sociedad” más allá de la Iglesia.

En lo que sí coinciden todas las víctimas es en valorar la independencia de la decisión final que, en el caso de desacuerdo entre las partes, tendrá el Defensor del Pueblo. También, en lo “histórico” de que las víctimas tengan voz en la mesa, y en el reconocimiento explícito de que la reparación debe cubrir no solo el acto en sí, sino el daño a la dignidad, el sufrimiento emocional y la “pérdida de oportunidades” educativas o laborales.

“El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”

Entre los puntos oscuros del protocolo, varias víctimas lamentan que sólo se abra la ventana de un año (prorrogable a otro). Y, sobre todo, no terminan de fiarse de que la Iglesia cumpla con lo pactado, y se considere obligada a “pagar de más” si el Defensor así lo dictamina, frente a la valoración del plan PRIVA. “El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”, cuestiona A., quien recuerda el ejemplo irlandés.

¿Y qué pasó en Irlanda? En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco.  Esto no sucederá en España, pues no existe en el protocolo la creación de un fondo de garantía estatal. “Corremos el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor”.

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