En algún lugar de Argentina, una niña se graba un vídeo mostrando productos de una tienda de pijamas y lo publica en TikTok. Rápidamente, ese vídeo se llena de reacciones y comentarios, algunos muy escuetos, como el de un tal Alexis que escribe: “Zangi 1450”. Otros usuarios escriben cifras: “100x100”, o “50 x 50”. Otros ponen “Código Postal” o “café con pan”… o “cambio”. Esa niña no entenderá qué quieren decir. Pero quienes lo escriben saben lo que están diciendo, y entienden el código de los demás, porque es el lenguaje en clave que usan quienes buscan imágenes de menores en internet que luego intercambian y acaban circulando entre pederastas. 

Hablamos con Clara Jiménez Cruz, cofundadora y directora de la Fundación Maldita.es, sobre la investigación que acaba de publicar en la que se documenta cómo TikTok, la red social más popular entre los menores de edad, -también de menos de 13 años, aunque esté prohibido- se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los pederastas y pedófilos para conseguir y robar imágenes de menores, así como contactar con otros pedófilos para intercambiar imágenes y vídeos de niños y niñas para fines sexuales.  

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Julio Núñez, periodista de El País, es uno de los responsables, junto a Íñigo Domínguez, de la investigación que el diario lanzó en 2018 para desentrañar la realidad de la pederastia clerical, de la mano de la recientemente fallecida Soledad Gallego Díaz. Entre los miles de casos analizados, Núñez tuvo la oportunidad de diseccionar el diario de un jesuita español, Alfonso Pedrajas, responsable de al menos 85 casos de abusos en Bolivia. Fruto de esa investigación nace Padre Pica (Penguin), un espléndido ensayo que supone “la ‘Piedra Rosetta’ de los abusos en la Iglesia, porque por primera vez nos permitía ver cómo la Iglesia gestionaba, desde dentro, los casos de abusos”.

El Papa viene a España. ¿Qué espera de este viaje? ¿Cuáles son las claves?

Claramente, este viaje tiene una clave política, más allá de la imagen pastoral que la Iglesia intenta difundir. La preocupación del Papa ante el auge de la ultraderecha o la regularización de inmigrantes son cuestiones que van a aparecer, no solo en sus discursos, sino especialmente en su visita al Congreso de los Diputados. Es el primer Papa que lo hace, y es muy potente, porque hay varios partidos que se hacen llamar ‘católicos’, como Vox y PP, que no apoyan la postura de Prevost a favor de la regularización. También puede ser interesante si toca otros temas defendidos por la izquierda, como el aborto o la eutanasia. Es la primera visita a España de un Papa más cercano a la corriente reformista. Los dos anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, eran muy conservadores. Francisco, que sintió simpatías por políticos como Yolanda Díaz, nunca vino.

Uno de los actos fuera de programa, y no confirmado, es una reunión con víctimas de abusos. ¿Cree que se producirá? ¿Qué significado tiene?

Se espera que haya un encuentro privado. Será interesante conocer en qué términos: quién lo organiza, qué víctimas van a ir, si las víctimas van a hablar de sus casos o cómo la Iglesia está afrontando el problema. Ha habido avances, pero si se ha abierto un camino ha sido gracias a los medios, que han obligado a la Iglesia a reconocer los hechos y ofrecer algunas soluciones (el fallido informe Para dar luz, o el 'Plan Priva', claramente insuficientes), y también al Gobierno o al Congreso, que encargaron al Defensor del Pueblo un estudio, que ha llevado al Gobierno a ejecutar algunas de sus recomendaciones, como la reparación integral.

¿Cuál es la postura de Prevost respecto a los abusos?

Prevost, como cardenal y, después, como Papa, tuvo un peso importante para la disolución del Sodalicio en Perú. Pero León XIV tiene que afrontar diversos escándalos, entre ellos en España. Casos como el cierre en falso del ‘caso Zornoza’ –el exobispo de Cádiz– por un tecnicismo canónico demuestran que el Papa solo, no puede. A su alrededor hay una Curia que se las apaña para tapar algunos escándalos. En este primer año parece que el Papa quiere seguir con la línea de Francisco, pero queda mucho por hacer.

En El País llevan años investigando esta lacra. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Cree que la nueva herramienta acordada con el Gobierno y el Defensor de Pueblo servirá para algo?

Se ha logrado que esa verdad publicada por los medios sea una verdad oficial. Cuando empezamos la investigación, la Iglesia decía que había cero casos o muy pocos. En ocho años se ha conseguido una investigación muy profunda, la del Defensor, y otra llevada a cabo por [el bufete] Cremades, cuyos resultados han sido muy similares a los del Defensor, y que la Iglesia ha intentado sepultar. En ambas aparecían similares recomendaciones, especialmente la de reparar a las víctimas. El reciente acuerdo del Estado con la Iglesia es muy positivo. Va a marcar otro tipo de investigaciones que puedan hacerse en el futuro, y que aborden abusos en otros ámbitos, como el deporte u otras instituciones públicas.  

Uno de los casos más relevantes, que además muestran ese ‘puente’ que fue la Iglesia española para ‘exportar’ pederastas al otro continente es el de los jesuitas en Bolivia, que retrata en Padre Pica…

El caso del padre Pica conecta perfectamente, como bien dices, España con Latinoamérica pero también con el Vaticano. En sus diarios aparece un sistema de encubrimiento total. El diario del Padre Pica, el caso de Alfonso Pedrajas, nos llega a través del correo que el periódico activó en su investigación. Llegó el mensaje de alguien que no era víctima o testigo, sino el familiar de un abusador, el sobrino de un jesuita fallecido, que fue misionero en Bolivia desde 1990. Fernando, el sobrino de Pica, nos cuenta que limpiando un trastero familiar encontró una caja con las pertenencias de su tío. Entre ellas, había un diario, en el que relata su vida, su experiencia como misionero, pero también admite haber abusado de al menos 85 niños. Pide perdón por haber sido un pederasta, pero también revela, y esto es importante, cómo sus superiores le protegieron, cómo taparon denuncias y cómo lo trasladaban de sitio. Esto era la ‘Piedra Rosetta’ de los abusos en la Iglesia, porque por primera vez nos permitía ver cómo la Iglesia gestionaba, desde dentro, los casos de abusos.

El caso del padre Pica conecta perfectamente, como bien dices, España con Latinoamérica pero también con el Vaticano. En estos diarios aparece un sistema de encubrimiento total

¿Quién fue Pica? ¿Cómo llegó a sus manos ese diario?

Estudié ese diario, de más de 300 páginas, lo corroboré, localicé a víctimas, a familiares de Pica, a compañeros de la orden, a encubridores. Investigué el caso y lo publicamos en abril de 2023. Tras su publicación, Bolivia abrió una investigación sin precedentes contra la Compañía de Jesús, con la policía entrando en los archivos de la orden, algo impensable en España por los Acuerdos Iglesia-Estado. Tuve acceso a esa documentación, en la que se corrobora no solo que los jesuitas conocían el caso de Pica, o el de Luis, o el de Chesco Pérez, sino que también se sabía en Roma, y los procesos de siempre: trasladar al agresor, evitar que los abusos se hicieran públicos… Este es un libro que parece una novela. Si una persona se lo hubiera inventado la sociedad pensaría que estaba exagerando. Una historia de detectives, de casualidades.

En el libro, se ‘desnuda’ como periodista, pero también como ciudadano al que le afecta la realidad que descubre. ¿Hasta qué punto cree que la sociedad está concienciada por esta lacra?

En el libro, más allá de contar todas estas historias de abusos, he querido también explicar cómo fue la investigación, narrar en primera persona lo que supuso adentrarme en este trabajo. Fue verdaderamente demoledor, un viaje al infierno en el que se te van erosionando, como un papel de lija, las ganas de vivir. Ahora miro atrás y veo que ha merecido la pena, o al menos sí que ha servido para que mucha gente encuentre justicia o se acerque a ella.

¿Qué ha aprendido de las víctimas?

He aprendido y seguiré aprendiendo. Son más de 600 con las que he podido hablar en estos años. Con algunas he entablado una relación muy cercana. No solamente me han enseñado lo que es el infierno, sino que me han apoyado y apoyan en el trabajo, en momentos en los que uno se viene abajo. Aprendes a vivir, y a seguir adelante. Aprendes que la justicia se alimenta de la esperanza, y hay que luchar por ella de manera constante.

La justicia en Bolivia avanzó, y a pesar de que Pica había muerto, se abrió el proceso y se ha condenado a los encubridores. Se creó una comisión de la verdad, y se ha intentado, todavía sin éxito, hacer imprescriptibles los delitos de abusos. Es un tema interesante porque pone encima de la mesa lo que reclaman las víctimas: la imprescriptibilidad.

Toda la información en www.religiondigital.org

Un cura acusado de pederastia reside desde 2015 en el colegio concertado Escuelas Pías de Tenerife, en la capital tinerfeña. El pasado 5 de mayo, un exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, alertó al superior general de los padres escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., que era, según denuncia, coordinador de Primaria del centro. En dicho correo electrónico señalaba que tenía entendido que ese sacerdote reside en la actualidad en un colegio religioso de Tenerife, y pedía confirmar si esto era cierto. 

“Si eso es así, les pido que lo suspendan y lo retiren de todo contacto con menores de edad, en el marco de la investigación eclesiástica que ustedes tienen el deber de iniciar en atención a esta, mi denuncia”, añadía en su correo el denunciante, que también solicita justicia y que esta “incluye no solamente verdad, sino también reparación”. 

Este correo, al que ha tenido acceso este periódico, fue respondido por el delegado de Salvaguarda de las Escuelas Pías, de la Curia General en Roma, quien aseguró al denunciante que agradece “el valor” que había tenido en escribirles. “Somos conscientes de la seriedad de lo que nos ha transmitido. Su escrito no es para nosotros algo que podamos ignorar ni demorar: es una obligación de actuar. Le aseguro que será tratado con la seriedad y el respeto que usted merece”, apunta. 

En esa respuesta se expone que se han “iniciado ya los pasos internos correspondientes, en coordinación con las provincias religiosas implicadas”. Además, le aseguraban que en los próximos días “alguien de la institución se pondrá en contacto con usted para concretar un espacio de escucha”. 

A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas

Las Escuelas Pías han respondido a este periódico que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015. “En la actualidad no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna’’, han señalado. La institución afirma que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, ''se han adoptado medidas para evitar cualquier contacto con menores de edad mientras se desarrollan los correspondientes procedimientos''. 

La Diócesis Nivariense ha confirmado a este periódico que ese cura no tiene encomendada ninguna labor pastoral en esta Diócesis, pero sí que reside “en la comunidad de ese instituto religioso en esta diócesis”. “Desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña al interno de la misma”, mantienen. 

También han confirmado que el pasado 8 de mayo se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba del citado religioso y una denuncia contra el mismo. “Una información que hemos remitido al Superior provincial, quien tiene la competencia sobre el sacerdote”, afirman.

La página web a la que hace referencia la Diócesis en su respuesta es el medio de comunicación Hacia el umbral, donde trabaja el periodista Miguel Ángel Estupiñán. Él, junto al periodista Juan Pablo Barrientos, logró que la Corte Constitucional de Colombia ordenara a la Iglesia católica del país desclasificar los archivos de los casos de pederastia en 2025. En esta web publicó la denuncia contra el cura español C.A.A. y advirtió de que el supuesto agresor seguía vivo y en contacto con menores en España. 

El relato del denunciante

Este periódico ha recabado la versión del denunciante, que explica que lleva 35 años en silencio y que su familia se enteró de los hechos hace apenas unos 20 días. El denunciante, además de la denuncia interna en la Iglesia, también ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Colombia este 19 de mayo. 

En esa denuncia, explica que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata en la denuncia. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”, apunta en la denuncia. 

“A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas”, agrega en su denuncia. La Fiscalía de Colombia ha señalado que en los próximos días se le informará si los hechos reportados darán lugar a la apertura de diligencias. 

En una conversación con este periódico, el denunciante reitera que los presuntos abusos sexuales se cometieron cuando él era alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, un centro al que asegura que acuden niños y niñas de familias pudientes. Asegura que el cura le llegó a decir a su madre que él había bajado su rendimiento para que se lo llevara del colegio. “El tipo se asustó y lo que hizo fue sacarme del colegio, echarme del colegio”, asegura. “Todo el mundo está aterrado porque en Cúcuta el tipo era una eminencia, todo el mundo lo quería”, afirma a esta redacción. 

Activación de protocolos internos 

Las Escuelas Pías aseguran que, tras tener conocimiento de la denuncia presentada por el exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, han activado “de manera inmediata los protocolos de salvaguarda previstos para este tipo de situaciones y se ha puesto a disposición de las autoridades civiles y jurídicas''. ‘’Desde el primer momento, la institución ha actuado con voluntad de escucha, respeto y acompañamiento hacia la persona que ha denunciado los hechos, entendiendo la gravedad y el impacto humano que puede existir detrás de cualquier relato relacionado con abusos a menores'', añaden.

Sobre las medidas adoptadas, el centro responde que estas incluyen “actuaciones cautelares de carácter preventivo mientras se desarrollan las correspondientes verificaciones e investigaciones jurídicas y canónicas”. Asimismo, insisten en que la finalidad es proteger a todas las partes implicadas ''sin que supongan anticipar conclusiones sobre la determinación de responsabilidades ni menoscabar el principio de presunción de inocencia y con la voluntad de acompañar y escuchar a la persona que denuncia tales hechos''. 

En el comunicado remitido este miércoles a este periódico en respuesta a las preguntas formuladas el pasado 15 de mayo, no se menciona si entre estas medidas está la expulsión del cura denunciado de las instalaciones del centro escolar de Santa Cruz de Tenerife. 

La institución ha querido reiterar ‘’su rechazo absoluto a cualquier conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores“ y ”su compromiso permanente con la protección de la infancia y la creación de entornos seguros’’. Además, han señalado que como los hechos se han denunciado en Colombia, cualquier procedimiento civil o eclesiástico deberá desarrollarse conforme a la legislación y jurisdicción competentes de dicho país. 

“Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido'', apuntan. En esta línea, insisten en que ''cualquier denuncia relacionada con abusos exige una respuesta seria, rigurosa, prudente y profundamente humana”. 

El recorrido del cura 

El colegio Calasanz de Cúcuta de Colombia, donde el denunciante relata que se produjeron los abusos por parte de C.A.A., fue fundado en 1954 y pertenece a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías o Padres Escolapios. Se trata de un colegio privado, localizado en el departamento Norte de Santander, al que acuden generalmente familias de clase alta. 

C.A.A., de nacionalidad española, llegó a Colombia el 29 de enero de 1971, según un documento oficial de la orden religiosa emitido en respuesta a un derecho de petición elevado en 2023 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos Hoyos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el cura estuvo en Cúcuta desde esa fecha hasta enero de 1972. A partir de entonces fue prefecto de Primaria en Bogotá. En Semana Santa de 1983 volvió a Cúcuta como prefecto de Primaria, y allí permaneció hasta el 5 de abril de 1993, un año después de los hechos denunciados.

Los datos ofrecidos por la orden religiosa no aclaran dónde estuvo C.A.A. entre 1993 y 1996. En enero de ese año fue formador de aspirantes en la Casa de Formación del Paraíso de Bogotá, y en enero de 2002 fue trasladado a la ciudad colombiana de Pereira. La última información que ofrece el documento confirma que en 2023 el cura ya estaba en “la provincia de Betania (España)'', una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la orden religiosa de los Escolapios.

Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido

Tal y como ha confirmado este periódico, C.A.A. vive en el colegio concertado Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife. Este centro, instalado en un inmueble emblemático en lo alto de la ciudad, ofrece todos los niveles de enseñanza, desde la educación infantil hasta el bachillerato, incluyendo primaria y secundaria. También se ofertan ciclos formativos de grado básico de Informática y Comunicaciones.

El edificio principal del colegio es un castillo neogótico. Según fuentes consultadas por este periódico, los curas viven en una parte de él y en otra están la capilla (que se usa como salón de actos), los despachos del profesorado, la dirección del colegio y el comedor. En esta zona, explican, se dan las clases de Secundaria y Bachillerato. Frente a él, en otro edificio más reciente construido en el año 2000, se imparten las clases de Primaria e Infantil. 

Casos en Canarias 

En marzo, el Gobierno de España y la Iglesia firmaron un protocolo para reparar a las víctimas de pederastia y “reconocer y promover su dignidad y su memoria”, así como asegurar la justicia y la reparación con medidas simbólicas o económicas o con acompañamiento psicológico. Esta vía de reparación ya está en vigor y se puede tramitar ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

El informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica publicado por el Defensor del Pueblo en octubre de 2023 recoge hasta 26 localizaciones en Canarias donde se han denunciado abusos sexuales. El documento aclara que cada localización ‘’no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima''. ''De hecho, hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo'', especifica el monográfico.

Entre estas 26 localizaciones hay parroquias, colegios, residencias, seminarios, domicilios particulares, basílicas, casas parroquiales y centros residenciales. De ellas, 16 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 10 a la de Las Palmas. 

Del pantanoso mundo de las desventuras criminales emerge la posibilidad de que los hechos acaecidos en una noche de abril de 2016 en el Likquid Lounge de Chester, en Nueva York, tuviesen repercusiones en la muerte de Jeffrey Epstein tres años después en una cárcel federal.

Lo sucedido aquella noche alimenta una teoría de la conspiración dentro de otra; las especulaciones sobre las actividades de Epstein y su círculo son bien conocidas en EEUU, pero el Likquid Lounge es fundamental para explicar otro misterio más reciente, el de cómo murió Epstein exactamente.

El relato de los fiscales es que fue a ese lugar adonde Nicholas Tartaglione, un expolicía reconvertido en traficante de cocaína de 49 años, atrajo a cuatro hombres, de los cuales al menos uno, Martín Luna, tenía vínculos con la mafia mexicana. Tartaglione sospechaba que Luna le había robado 250.000 dólares y pretendía pedirle cuentas. Luna apareció con dos sobrinos y un amigo de la familia.

Una vez allí, y siempre según los fiscales, el expolicía obligó a uno de los sobrinos de Luna a verle pegar a su tío, al que acabó estrangulando con una brida de plástico. Después, junto a otras dos personas, el presunto asesino trasladó el cuerpo sin vida —acompañado de Miguel Luna, Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez— a su santuario para perros y caballos en Otisville, en el Estado de Nueva York.

Tartaglione fue arrestado y acusado de secuestro y asesinato. Pero solo fue condenado en 2023, a una pena de cuatro cadenas perpetuas. El reo, culturista y policía con claroscuros en su trayectoria, se declaró inocente y aseguró que todo era un montaje

A esos tres hombres los obligó a ponerse de rodillas y les disparó en la cabeza. Luego los enterró en una misma fosa. Pasados nueve meses, cuando los investigadores conectaron a Tartaglione con Luna, se desenterraron los cuerpos. Un vecino declaró que la finca de Tartaglione “olía a muerte”.

Tartaglione fue arrestado y acusado de secuestro y asesinato. Pero solo fue condenado en 2023, a una pena de cuatro cadenas perpetuas. El reo, culturista y policía con claroscuros en su trayectoria, se declaró inocente y aseguró que todo era un montaje.

Mientras tanto estaba preso en el correccional metropolitano de Manhattan, hoy abandonado, y en la misma celda que Epstein, proxeneta cuyos escándalos condicionan el discurrir político estadounidense. Informaciones posteriores recogieron que se llevaban bastante bien.

No obstante, Epstein dijo en 2019 que Tartaglione le había atacado tras comprobar los guardias —por indicación del propio Tartaglione— que presentaba heridas en el cuello. Luego se desdijo, y los funcionarios dedujeron que Epstein se había intentado suicidar.

Un detalle crucial es que Tartaglione reveló que había encontrado una nota escondida en una novela gráfica que Epstein estaba leyendo, pero que no lo hizo hasta cuatro días después, cuando los funcionarios de prisiones habían sacado a Epstein de la celda que compartía con él para ponerle en alerta por suicidio. Tartaglione se la pasó a sus aliados. Dos semanas después, Epstein fue encontrado muerto en su celda, en lo que se determinó que había sido un suicidio.

La nota se divulgó finalmente la semana pasada, después de que el New York Times se lo pidiese al tribunal federal que lo juzgó, en White Plains (Nueva York).

“Me investigaron durante meses... ¡¡¡y no encontraron nada!!!”, decía la breve nota, que dice que el resultado fueron cargos que se retrotraían 15 años.

“Es un placer poder elegir el momento de decir adiós”, seguía.

“¿Qué quieres que haga? ¡¡¡Ponerme a llorar!!”, continuaba.

“NO TIENE GRACIA”, concluye el escrito, con esas palabras subrayadas: “¡NO MERECE LA PENA!!”.

La anotación solo aparece ahora porque forma parte de la disputa entre los abogados de Tartaglione en el caso de asesinato y los designados de oficio por el tribunal para pleitear contra la pena de muerte si se le condenase a ella. Los fiscales, sin embargo, renunciaron antes del juicio a pedir la pena capital.

La nota manuscrita de Epstein no ha acallado las teorías que defienden que lo mataron en la cárcel. El hermano menor del proxeneta, Mark, que defiende que lo asesinaron en la celda, aduce que el escrito está falsificado.

Pero esa renuncia no se conocía durante el tiempo de Tartaglione en prisión preventiva, y su conducta en el centro penitenciario habría sido un factor relevante para el jurado que tuviese que decidir si votar a favor de la ejecución, señala Bruce Barket, su abogado defensor.

“Se había afirmado sin base que había atacado a Epstein, cuando Epstein ya se había intentado suicidar una primera vez. Teníamos la nota, sabíamos que no era cierto, pero pensamos que nos podía servir para esos fines”, añade.

De entrada, no obstante, “nadie sabía seguro qué era, quién la había escrito o de quién era hasta varios meses después”. Además, Barket añade: “Nick tenía varias otras cuestiones que abordar, la más importante de las cuales era defenderse de una acusación de homicidio cuádruple. Una vez que demostramos que no se le había acusado de herir a Epstein, nos dejó de importar”.

La nota no ha acallado las teorías que defienden que a Epstein lo mataron en la cárcel. El hermano menor del proxeneta, Mark, que defiende que lo asesinaron en la celda, aduce que el escrito está falsificado.

“No sería difícil poner a un profesional a falsificarla”, declaró a Business Insider. Y remachó que “es fácil de cojones”. Planteó que la frase “ponerme a llorar” es una referencia a un programa infantil de televisión que veían juntos de niños, Little Rascals.

La frase aparece en los correos de Epstein. “Así que me la robaron para que pareciese que era suya”, defiende.

“Todo el mundo tiene derecho a su opinión”, opone Barket, que agrega que usar la nota para apuntalar la tesis de que a Epstein lo mataron es “risible” porque supondría que alguien hubiese tenido acceso a los correos de Epstein en 2019, seis años antes de que se publicasen por orden del Congreso.

“No hay conspiración”, insiste. “Pensar que lo mataron es absurdo. Se suicidó. Ya lo había intentado al menos otra vez y lo consiguió”.

Pensar que lo hubiesen asesinado es “una gran misión imposible”. “La idea de que alguien se meta en el décimo piso de un centro de detención federal y se cuele, asesine a alguien y se escape sin que nadie lo vea es un poco ridícula”, plantea.

También considera inverosímiles las teorías de que el responsable fuese otro de los encarcelados en las celdas próximas a la de Epstein. “Son un hatajo de descerebrados, no es por ofender a mi cliente, y durante la noche están encerrados en sus celdas”, señala.

Pero en el vodevil de Epstein nadie acepta que las apariencias correspondan a la realidad. La historia de Tartaglione no es una excepción, y ahora la bloguera Jessica Reed Kraus se está haciendo eco de ella. Tartaglione le envió un mensaje de voz la semana pasada en el que alega que Epstein quería que los volviesen a poner juntos en la celda.

“Epstein me ofreció dinero para no volver con los demás reclusos y quedarme en 'la caja' con él porque conmigo se sentía a salvo”, dijo en el mensaje, según la bloguera.

También destacó: “Si hubiese querido hacer daño a Jeffrey Epstein, habría podido hacer daño a Jeffrey Epstein. No hice daño a Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein se suicidó”.

Tartaglione busca revocar su condena basándose en que se fundamentó en pruebas endebles; no apareció el arma homicida, ni dinero proveniente del tráfico de drogas ni nada relacionada con el negocio ilegal. Tampoco se encontró su ADN en la brida con la que, según los fiscales, estranguló a Luna.

Su abogada para la apelación, Inga Parsons, envió un comunicado a Kraus en el que llama la atención sobre el hecho de que la fiscal del caso de Tartaglione fue Maurene Comey, que también dirigió la acusación pública contra Epstein, Ghislaine Maxwell y Sean “Diddy” Combs.

“Nick es un agente de la ley retirado. Se dedica a rescatar animales. No es un asesino, ni un cooperador o miembro del cártel mexicano, y los hombres a los que mató el cártel eran miembros del cártel. Nick Tartaglione es inocente y está cumpliendo injustamente penas de cadena perpetua por crímenes que no cometió”, asegura.

El breve encuentro entre Tartaglione y Epstein no ayudó ni dejó de ayudar a su propio caso, según Barket. “Es una desafortunada secuencia de sucesos. No creo que perjudicase a Nick, pero tampoco le ayudó. Sí que llevó a un juicio largo en el que nos vimos envueltos mi despacho y yo mismo al respecto de nuestra conducta en torno a la nota. De haberlo sabido, me lo habría ahorrado”, reflexiona.

Las víctimas optan por el Defensor del Pueblo. En dos semanas, según datos adelantados por la Ser y confirmados por elDiario.es, la nueva plataforma creada por el acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y Confer, ha recibido 300 solicitudes de reparación. Esta vía, que abría un canal de reparación fuera del control de la Iglesia para víctimas de la pederastia eclesial, ha recibido en apenas 15 días el doble de peticiones que el plan PRIVA desde su creación en febrero de 2025, hace más de un año. En concreto, las víctimas que optaron por ese canal, creado unilateralmente por la Iglesia, fueron 156.

Los datos conocidos este jueves revelan la necesidad de las víctimas de encontrar canales de reparación alternativos al establecido, unilateralmente, por la Iglesia, sin la participación estatal y sin que los supervivientes de la pederastia clerical estuvieran representados.

Según fuentes oficiales, desde que el PRIVA empezó a recibir solicitudes de reparación, en febrero de 2025, hasta primeros de abril, se han recibido 156 solitudes. 15 de ellas, por cierto, desde que se firmó el histórico protocolo para dotar al Defensor del Pueblo de la capacidad de decidir, bajo la tesis defendida por el ministro Bolaños (y censurada por los obispos): “El Estado determina la cuantía, la Iglesia paga”.

En total, desde PRIVA se han emitido 94 dictámenes de reparación integral. No hay cifras totales en cuantía económica, pero en marzo fueron ya dos millones en lo que tiene que ver con la primera parte de la reparación. De hecho, tal y como ha podido saber RD, entre las 300 solicitudes hay “varias” que buscan que se vuelva a valorar la indemnización recibida a través del canal episcopal.

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramita a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación aprobado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución. Si no hay acuerdo, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. Otra de las novedades es que las víctimas verán reconocido su estado a efectos civiles.

Para Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR-Infancia Robada, “es una cantidad que no me resulta sorpresiva”. De hecho, tanto en ANIR como en AVA “estamos recibiendo llamadas de víctimas y supervivientes desde que se abrió el plazo”. “La cantidad seguirá subiendo”, augura.

Toda la información en www.religiondigital.org

Nuevo paso adelante en la defensa de las víctimas. El Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto-ley que establecerá la exención del pago del IRPF a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, tal y como ha podido confirmar elDiario.es. Se trata de uno de los puntos incluidos en el histórico acuerdo suscrito el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la CONFER para la creación de un nuevo sistema de compensaciones para los supervivientes de la pederastia clerical.

Y es que, a partir de su entrada en vigor, las víctimas que reciban compensaciones por el maltrato sufrido durante su infancia a manos de clérigos, religiosos o personal eclesiástico no tendrán que tributar por las mismas. La exención fiscal hoy aprobada también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios sistemas, como el PRIVA.

Esta medida se suma al nuevo sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) con el arbitraje del Defensor del Pueblo, que permitirá a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia que sus casos puedan ser analizados y la compensación fijada por un órgano público. El sistema, tal y como avalan fuentes gubernamentales, consagra que la Iglesia paga las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo. Desde su entrada en vigor, el pasado 15 de abril, ya han comenzado a recibirse decenas de casos, en un modelo que, por primera vez, reconoce el 'estatus de víctima' a los supervivientes de la pederastia eclesial.

Fuentes gubernamentales consultadas por elDiario.es señalan que, con este Real Decreto-Ley, el Gobierno “cumple con otra de las demandas de las víctimas y con uno de los punto centrales del acuerdo”, además de reforzar el compromiso con los protagonistas del horror de los abusos. A partir de ahora, las víctimas dejarán de pagar impuestos por las indemnizaciones recibidas.

El acuerdo para reparar a las víctimas

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Toda la información en www.religiondigital.org

La Sección Segunda de la Audiencia de Toledo va a acoger este martes, 28 de abril, un juicio contra A.M.G. que se enfrenta a una pena de seis años de prisión por un delito de abuso sexual a menor de 16 años. Cuando sucedieron los hechos, el ahora procesado era párroco de la localidad toledana de Añover de Tajo, misión que desarrollo entre 1998 y 2017.

Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, en al año 2015, comenzó a ser monaguillo de esta parroquia B., nacido el 26 de julio de 2000, cuando tenía quince años.

Cuando B. comenzó a cursar cuarto de la ESO (curso 2015/2016), el acusado se ofreció a darle clases particulares de latín, las cuales tenían lugar en el domicilio de este, sito cerca de la parroquia, en la mencionada localidad toledana.

Tocamientos continuados a un menor

Durante estas clases, el acusado, con ánimo libidinoso, se acercaba a B. y le ponía las manos sobre las piernas. Poco a poco, siempre con ánimo libidinoso según el fiscal, el acusado aumentó la intensidad de las caricias, e intentaba desabrocharle el cinturón e introducir la mano por dentro de su pantalón y ropa interior para tocarle los genitales.

Llegó, en alguna ocasión, a bajarle los pantalones y el calzoncillo, ante la imposibilidad de evitarlo por parte de B. que, en estado de shock, se quedaba paralizado en estos episodios. Si bien en las ocasiones que consiguió oponerse y retirarse, el acusado le atraía de nuevo hacia sí, para continuar con los tocamientos.

Estos episodios fueron continuos a lo largo del curso, durante el que las clases de latín eran dos veces por semana.

Durante el curso siguiente (2016/2017), en que B. ya había alcanzado los dieciséis años de edad, dejó sus estudios por motivos de salud, y el acusado empezó a visitarle en el hospital, cuando estaba ingresado, con lo que aumentó su trato con él.

Durante ese curso, cuando se desplazaban en el coche del acusado, por viajes de la parroquia, o bien en el despacho parroquial o en el sofá del domicilio del acusado, este, con el ánimo libidinoso ya mencionado, continuaba con los tocamientos, ante el intento de B. de evitarlo, sujetándose fuertemente el cinturón.

En septiembre de 2017, B. ingresó en el seminario menor de Toledo, a donde el acusado iba a visitarle y, algunos domingos, le invitaba a comer fuera.

En junio de 2018, la noche anterior a iniciar una peregrinación a Lourdes, B. se quedó a dormir en casa del acusado, quien, con ánimo libidinoso, después de la cena, comenzó con nuevos tocamientos, motivo por el cual B. se encerró en la habitación.

Durante el curso 2018/2019, el acusado seguía visitando en el seminario menor a B. y le llevaba a comer a su casa, donde, de nuevo, con ánimo libidinoso, le quitaba el cinturón, le bajaba el pantalón y le tocaba los genitales, todo ello sin el consentimiento de B., que se quedaba bloqueado. Estos episodios tenían lugar con una frecuencia de alrededor de una vez al mes.

En verano del año 2020, el acusado comenzó a visitar de nuevo a B. y le llevaba a comer a su casa, donde, de nuevo con ánimo libidinoso, y sin consentimiento de B., le desabrochaba el cinturón, le bajaba la ropa y le tocaba los genitales. Durante estos episodios llegó a intentar masturbar a B. dos veces.

La Fiscalía pide seis años de prisión

Tras los hechos narrados, la Fiscalía considera que el procesado es autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, previsto y penado por el artículo 183.1 y 4 d) del Código Penal, en su redacción vigente en el momento de inicio de los hechos, dada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en relación con el artículo 74.1 y 3 del mismo cuerpo legal.

De ahí que proceda a imponerle una pena de seis años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, de acuerdo con el artículo 56 del Código Penal.

De conformidad con los artículos 48 y 57.1 del Código Penal, también pide imponer al acusado la prohibición de aproximarse al perjudicado a menos de quinientos metros, así como a su domicilio o lugar de trabajo por tiempo superior en cinco años a la pena de prisión impuesta.

Procede imponer, además, al acusado, la medida de seis años de libertad vigilada, con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual.

Asimismo, de conformidad con el artículo 192.3 del Código Penal, procede imponer al acusado la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve un contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de diez años, así como las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal considera que el acusado deberá indemnizar al perjudicado, B., con la cantidad de 10.000,00 euros, por los daños morales. Dicha cantidad se incrementará de acuerdo con los intereses legales del artículo 576 Ley Enjuiciamiento Civil.

León XIV quiere encontrarse con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia durante su próxima visita a España, tal y como ha podido saber elDiario.es de fuentes conocedoras de la agenda papal, que todavía no se ha hecho pública. En concreto, el deseo de Prevost es recibir a representantes de asociaciones de víctimas en un encuentro privado, que podría celebrarse en la sede de la Nunciatura en Madrid, lugar donde residirá los días que permanezca en la capital de España, antes de desplazarse a Barcelona. El Papa estará en Madrid los días 6 a 9 de junio.

Aunque la Santa Sede no suele hacer públicos este tipo de eventos, y deja a los protagonistas poder contar (o no) lo que sucede en un encuentro privado, lo cierto es que las reuniones del Papa con las asociaciones de víctimas durante sus viajes son una tónica constante desde el pontificado de Benedicto XVI, en una práctica que oficializó Francisco y que Prevost parece decidido a mantener. La cita podría darse el domingo 7, a última hora de la tarde, o el lunes 8 de junio, después del previsible discurso del Papa en el Congreso de los Diputados.

¿Cómo vería la Conferencia Episcopal esta reunión? “Sí sería bueno un encuentro con las víctimas, pero la agenda la hace el Papa, no nosotros”, respondió a preguntas de elDiario.es el portavoz de la CEE, César García Magán, quien no quiso o supo abundar en la materia. Lo cierto es que, desde hace meses, y a petición de las asociaciones de víctimas, se viene buscando un hueco en la intensa agenda papal para llevar a cabo este encuentro, para lo que han encontrado el apoyo del cardenal de Madrid, José Cobo. No todos los obispos piensan lo mismo.

Y es que la Conferencia Episcopal jamás ha recibido a las víctimas de la pederastia. Y no han sido pocas las veces en que las asociaciones han pedido ser recibidas en Asamblea Plenaria, para que los obispos escucharan sus reivindicaciones y, sobre todo, sus historias, algo que no ha sucedido en el seno de la CEE.

El pasado mes de marzo se cumplieron cuatro años del (hasta la fecha) único encuentro de las víctimas de la pederastia clerical en la calle Añastro 1, sede de la Conferencia Episcopal. Eran tiempos del cardenal Omella como presidente de la 'patronal' de los obispos españoles, y el actual presidente ejercía (dos meses después dimitió) como secretario general y portavoz. Las víctimas tuvieron que esperar en los pasillos, y a los periodistas no se les abrió la sala de prensa. Desde entonces, muchas promesas de encuentros, y lo más cercano fue la visita de Argüello y el cardenal Cobo (una vez nombrados líderes del episcopado, hace ahora dos años), acercándose a la verja de Añastro para saludar a las asociaciones de supervivientes, que se manifestaban a las puertas exigiendo justicia y reparación. No lo han hecho los obispos. Pero lo hará el Papa: escucharlas, y ponerse a su disposición.

Como viene siendo habitual en las plenarias de primavera, más desde que se cerró abruptamente su informe ‘Para dar luz’, los obispos presentaron los datos recabados de las 262 oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y congregaciones españolas durante 2025. Así, el año pasado las oficinas de la Iglesia recibieron 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores, lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas en los últimos cinco años, para un total de mil presuntos agresores. “Somos

 conscientes de que las víctimas pueden presentar su caso allá donde quieran, en nuestras oficinas de menores se hace un trabajo profesional“, respondió Magán al recordársele que este lunes el diario El País envió a los obispos su sexto informe sobre la pederastia. ¿Qué han hecho los obispos con él? ”Hemos pasado el dosier, como con todos los anteriores, a las instituciones eclesiales correspondientes“, recalcó el portavoz episcopal.

Toda la información en www.religiondigital.org

“Ley de imprescriptibilidad ya”. Leonor Paqué, periodista y víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, ha recorrido en los últimos años más de 20.000 kilómetros entrevistando a supervivientes como ella para el documental 'Hermana Leonor'. Y sabe bien lo que sucede en muchos casos. El miedo, la ira, la frustración, el bloqueo a la realidad. “Personas que se recriminan dolorosamente haber bloqueado en sus mentes durante décadas, las agresiones sufridas”, explica. Por esto, y por muchas otras cosas, asociaciones de víctimas se concentrarán este jueves, a las 11 de la mañana, ante la sede nacional del PP (Génova 13) para exigir al principal partido de la oposición “que apoye la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia”, un barco del que, tal y como denuncia el activista Miguel Hurtado, “el PP se ha bajado”.

“Las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos”, subraya Paqué. Por su parte, Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, apunta a que el momento es ahora, antes de la llegada de León XIV a nuestro país. “Antes de la visita del Papa el Congreso va a aprobar una ampliación de los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Hay 310 votos a favor, o había, porque el PP ha dado un giro de 180 grados y ya no apoya la imprescriptibilidad, a pesar de que votaron a favor de la medida en el parlamento europeo en junio 2025”, señala. “Mañana les vamos a pedir que rectifiquen”.

La concentración también apuntará a que la próxima semana se convoca en la comisión de justicia del Congreso la ponencia de la ley de imprescriptibilidad promovida por el Parlament de Catalunya. El PP ha presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual, pero las víctimas alertan que la ley que se apruebe “puede ser descafeinada porque el PP no apoya la imprescriptibilidad”, como sí hacen todos los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC, Bildu). “Todos los partidos de derecha (Vox, PP, PNV), excepto Junts, se oponen. Es imprescindible que el PP actúe de forma coherente y responsable, votando y defendiendo la misma postura tanto en el Parlamento europeo en Bruselas como en el Congreso en Madrid”, sostiene Hurtado.

“Las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos al PP que se comporte como un partido serio y responsable, votando y defendiendo lo mismo en Madrid y en Bruselas”, reclama Hurtado, quien pide “un gran pacto de estado entre el PSOE y el PP, para luchar contra la violencia sexual en la infancia, tanto en la Iglesia como en otros ámbitos de la sociedad”.

“La reciente negativa del Vaticano a enjuiciar canónicamente al exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza demuestra la urgente necesidad de aprobar una ley de imprescriptibilidad ambiciosa, homologable a otros estados europeos, para que los delitos de pederastia clerical los pueda juzgar la justicia civil y no la Iglesia internamente”, culmina Hurtado. “¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!”.

Todo ello mientras que desde este 15 de abril, las víctimas de la pederastia clerical que así lo deseen podrán acceder al formulario de 'Solicitud para el Reconocimiento y Reparación de las víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica', desde ya disponible, y activo, en la web del Ministerio de Justicia. Una nueva fórmula, en la que la decisión final de la indemnización correrá a cargo del Estado. Con importantes novedades.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, las víctimas podrán optar, y así lo recoge el formulario, por una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y, también, y por vez primera, el documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Una medida que se ha conseguido, gracias en gran medida a la presión de ANIR y Justice Initiative, y que debería permitir que, incluso, casos con sentencia firme (como el de la víctima del 'caso Gaztelueta'), presentasen el formulario pidiendo única y exclusivamente dicho documento. “Porque tiene derecho a él”, señala a elDiario.es Juan Cuatrecasas.

¿Qué significa este reconocimiento? A efectos civiles, muchas cosas, especialmente en lo tocante a pensiones por invalidez o jubilación. “¿Qué se aprueba a través de la LOPIDI o de cualquier otro organismo una medida para que las víctimas no hayan podido cotizar porque han estado excluidas del mercado laboral puedan tener un reconocimiento para jubilarse? Acreditando ese documento no deberían hacer falta dar más pasos”, apunta Cuatrecasas. “Cualquier medida que se apruebe a partir de ahora que implemente derecho, con este documento puedes tener acceso”, aseveran las asociaciones de víctimas.

Toda la información en www.religiondigital.org

El hombre del barrio del Raval de Barcelona acusado de liderar una red de pedofilia ha aceptado 83 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en varias ocasiones en 2020, cuando la adolescente estaba bajo custodia de la Generalitat de Catalunya, y grabar las violaciones en vídeo y distribuirlas.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes una vista de conformidad en la que el acusado, que afronta otros dos juicios por su papel en la red de pedofilia, ha aceptado, en buena medida, la acusación de la Fiscalía, que inicialmente pedía 107 años de cárcel para él.

El acusado, que tenía 40 años cuando conoció a la menor en 2020 a través de una aplicación, se aprovechó de la vulnerabilidad de la niña para agredirla sexualmente en varias ocasiones y grabar las violaciones. Lo hizo “guiado en todo momento por un ánimo lascivo”, según el escrito de acusación de la Fiscalía que este lunes el procesado ha admitido.

El hombre aprovechaba las fugas de la niña del centro de menores donde permanecía tutelada por la Generalitat para, con la excusa de darle un techo, obligarla a mantener relaciones sexuales y grabarla. Esto ocurrió entre mayo de 2020 y octubre de 2021. 

Pero el acusado no se quedó aquí. El hombre tomó y almacenó medio centenar de fotos en las que la menor aparecía desnuda para hacerse pasar por ella en otras redes sociales y ofrecer así sus servicios sexuales.

El pedófilo “aprovechó las estancias de la menor en su domicilio para convencerla de que se dejase fotografiar y grabar en ropa interior, desnuda o sometiéndose a las prácticas sexuales que le imponía” para poder “exhibir y enviar” las grabaciones en redes sociales y plataformas de mensajería, destaca la sentencia de conformidad.

El caso de este pedófilo generó una crisis en el Govern y en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque los hechos ocurrieron cuando la menor estaba tutelada por la Generalitat de Catalunya. Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP registraron el pasado mayo una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad tras conocerse este caso, una reclamación que también habían hecho Junts y PP.

Desde la Generalitat también se anunció en ese momento que se había abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

El exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza, no será juzgado en el Vaticano por abusos a menores. Tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es, la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha archivado el caso al no haber podido determinar la edad de la víctima en el momento del presunto abuso cometido por el prelado.

Algo especialmente relevante en este caso, pues los presuntos abusos sucedieron mientras estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1983, por el que únicamente se consideraría delito en el caso de abusos a menores de 16 años. Aunque la víctima asegura que sus abusos comenzaron cuando tenía 14, este extremo no ha podido ser autentificado por los juristas vaticanos. 

Un “defecto formal” al que se ha agarrado la sección disciplinar de Doctrina de la Fe para no proseguir con el caso. Sin embargo, tal y como adelanta RD, varios canonistas han mostrado su perplejidad, pues cuando se aprobó en el 2001 la ley especial Sacramentorum Sanctitatis Tutela para tratar los delitos más graves, se dijo explícitamente que dicha normativa sustituía a la ley propia anterior de la Congregación, Crimen Sollicitationis, por lo que antes del 2001 se aplicaba esta última y no el Código de Derecho Canónico. 

¿Qué diferencia habría? El documento ‘Crimen sollicitationis’, publicado por el cardenal Ottaviani en 1962 como reforma de la anterior de 1922, establecía que los delitos sexuales reservados a la Santa Sede no prescribían ni había límites de edad si trataba de relaciones sexuales con varones (crimen pessimum). El Código señalaba como límite de edad los 16 años y la prescripción a los cinco años. 

Sea como fuere, lo cierto es que, con este matiz legal, el prelado no será objeto de sanciones. No se entrará, pues, a valorar la veracidad de los hechos (los obispos españoles sí admitieron su “verosimilitud”), sino que se ha buscado una argucia legal. Muy alejada de la transparencia tan cacareada por la Santa Sede.

En la carta que motivó la investigación, la víctimaba acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

Zornoza sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu. El exobispo, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira”.

Son tiempos de cambio para la industria de los videojuegos. Las empresas del sector se han percatado de que ya no se puede seguir estirando el chicle ante una realidad inaplazable: los peligros de los videojuegos de ahora no tienen nada que ver con los de antes y los padres están cada vez más preocupados. 

Es por ello que 2026 está trayendo consigo dos grandes anuncios en esta materia. El sistema europeo de clasificación de videojuegos por edad y contenido PEGI implementará en junio la mayor actualización desde su creación y Roblox, una de las plataformas de videojuegos más polémicas de los últimos años, avanza, por fin, hacia un mayor compromiso a la hora de proteger a sus usuarios menores de edad.

Los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…

Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI

“Cuando se creó PEGI, todo el enfoque estaba centrado en el contenido de los juegos. En si había violencia, sexo, drogas o lenguaje soez. Sin embargo, ahora la preocupación se ha desplazado del contenido al contexto”, resumió este jueves Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI S.A, en una jornada de reflexión organizada por la Asociación Española de Videojuegos.

“No es que el contenido no sea importante, pero los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…”, ha continuado. El organismo subirá la edad recomendada de los videojuegos que incluyan ciertas funcionalidades concretas, como algunos tipos de compras dentro del juego, sistemas de azar o comunidades en línea que no estén debidamente moderadas. 

Por su parte, Roblox —una plataforma que ha generado polémica por la existencia de incidentes reportados relacionados con acoso a menores por parte de adultos— a finales de 2025 implementó un sistema de verificación de edad mucho más estricto, que seguirán perfeccionando en 2026. “Si tienes nueve años, no deberías poder hablar con alguien de veinte”, ha explicado Sofia Gkiousou, directora de Asuntos Públicos de la compañía.

“¿Qué es lo que hace este sistema de verificación? Que si quieres usar las funciones de chat en Roblox, tendrás que pasar una estimación de edad facial diseñada para detectar si haces trampas. ¿Estás fingiendo? ¿Subiste una imagen de Al Pacino para hacerte pasar por un adulto...? El sistema verifica todo eso y te clasifica por edades: de 9 a 11 años, de 12 a 15, etc. Al entrar al juego, no puedes chatear con nadie que esté muy fuera de tu rango de edad”, ha profundizado.

Controles parentales cada vez más personalizables

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España, señaló en el encuentro que, además de todas estas medidas que las compañías están implementando, las familias también han de hacer un esfuerzo por acercarse a este mundo: Creo que hay veces que les cuesta más entrar en el mundo de sus hijos cuando se refiere a videojuegos que cuando tiene que ver con películas, dibujos animados, cuentos. Necesitamos también cierta implicación por parte de los padres“.

Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o controlar cosas como el tiempo de juego

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España

Además, ha recordado todas las maneras en las que las familias pueden intervenir en la configuración de su consola: “Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o acceder a la app Control Parental de Nintendo Switch, desde la que se pueden controlar cosas como el tiempo de juego o incluir un tiempo de descanso nocturno. También se puede recibir información sobre los juegos a los que juegan tus hijos o limitar el juego online”.

Tanto Roblox como Nintendo puntualizan que ninguna de las herramientas de seguridad que tienen son aún perfectas. “Siempre habrá margen de mejora. Perfeccionamos nuestras herramientas de seguridad a diario. El año pasado implementamos 150 mejoras. Es por eso que no solo contamos con una herramienta, sino que son muchas actuando a la vez”, expresaba Gkiousou. 

Desde PEGI, ha afirmado Wacrenier, esperan que los cambios que se van a implementar incentiven a los editores y desarrolladores a seguir aplicando controles estrictos en la fase de creación de los videojuegos. Pese a que 2026 podría actuar como un punto de inflexión, las grietas en cuanto a protección que tiene la industria —al igual que ocurre con las redes sociales— siguen siendo muchas (sobre todo en lo relativo a los juegos en línea) y suponen un verdadero reto.

“No puedo bajar la guardia. Hay partes que siguen siendo oscuras y que me ponen en alerta como víctima que lleva décadas luchando por un sitio en la sociedad, por el simple derecho a que se nos reconozca y se nos otorgue, de una vez por todas, nuestro estatus de víctima”. Como A. uno de los supervivientes de la pederastia clerical ya compensado por el plan PRIVA y que tiene intención de apelar ante el Defensor del Pueblo cuando a partir del 15 de abril se ponga en marcha el protocolo firmado la pasada semana entre obispos y Gobierno, muchas víctimas recelan, no sin razón, de la letra pequeña del acuerdo.

Un acuerdo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicará en persona a las asociaciones de víctimas, quienes a su vez le plantearán las dudas de un nuevo sistema que, pese a estar firmado, “continúa dependiendo de la ‘buena voluntad’ de los obispos”, explica A.

Y es que, tal y como sostiene esta víctima, “tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo deben ser valientes, dar la cara y aclarar cada uno de nuestros miedos”, que no son pocos. “No podemos permitirnos más sombras ni medias verdades: para opacidad, indiferencia, falta de claridad y revictimización ya hemos tenido suficiente con la Conferencia Episcopal y la actitud de su presidente, el señor Argüello. Merecemos una transparencia y un respeto que estén a la altura del dolor que hemos cargado durante toda una vida”, constata.

Conocedor de esta realidad, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha convocado a las principales asociaciones de víctimas para explicarles los términos del acuerdo, escuchar sus reivindicaciones y colocarles en el lugar donde nunca debieron dejar de estar: el centro.

Desde Justice Initiative y la Asociación Infancia Robada, por su parte, consideran el encuentro con Bolaños la “antesala” de la puesta en funcionamiento de un protocolo “basado en un compromiso ineludible de las partes firmantes en reconocer y reparar a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica”.

En conversación con elDiario.es, sus representantes dan especial relevancia al consenso logrado, que les lleva a calificar el acuerdo y posterior protocolo como “hitos históricos”.

Aun así, y aunque muestran su “confianza plena” tanto en el Defensor del Pueblo como en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Libertades Religiosas. Estas asociaciones muestran sus dudas por la ausencia de baremos. “No hay posible indemnización contemplando solo criterios. Los baremos son inexcusables”, apuntan, incidiendo en la importancia del compromiso en la indemnización, el reconocimiento y la reparación integral que, esperan, “puedan tener prolongación en otros ámbitos de la sociedad” más allá de la Iglesia.

En lo que sí coinciden todas las víctimas es en valorar la independencia de la decisión final que, en el caso de desacuerdo entre las partes, tendrá el Defensor del Pueblo. También, en lo “histórico” de que las víctimas tengan voz en la mesa, y en el reconocimiento explícito de que la reparación debe cubrir no solo el acto en sí, sino el daño a la dignidad, el sufrimiento emocional y la “pérdida de oportunidades” educativas o laborales.

“El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”

Entre los puntos oscuros del protocolo, varias víctimas lamentan que sólo se abra la ventana de un año (prorrogable a otro). Y, sobre todo, no terminan de fiarse de que la Iglesia cumpla con lo pactado, y se considere obligada a “pagar de más” si el Defensor así lo dictamina, frente a la valoración del plan PRIVA. “El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”, cuestiona A., quien recuerda el ejemplo irlandés.

¿Y qué pasó en Irlanda? En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco.  Esto no sucederá en España, pues no existe en el protocolo la creación de un fondo de garantía estatal. “Corremos el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor”.

Toda la información en www.religiondigital.org

El caso salió en la prensa, pero el Vicente Ferrer de 1996 no contó entonces que él estaba entre las víctimas del profesor pederasta de su colegio privado en Valencia. Ahora, cuando ya han pasado más de dos décadas y el delito ha prescrito, publica su primer libro, Despiece (Dos Bigotes, 2026). Es un relato de lo que le sucedió, pero también el retrato de una época, de la vida de una familia de clase trabajadora y de un país en el que pasaba de todo, pero se hablaba de poco. Y asimismo una denuncia, aunque sea a través de la literatura, de cómo el sistema le falla a las personas que se supone que debe proteger.

El motor que puso en marcha la elaboración de estas memorias noveladas fue el Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dirigido por Jorge Carrión. Allí tenía que desarrollar un proyecto de novela y debía escoger entre narrar ese daño que llevaba dentro desde hacía tanto tiempo o hacer otra cosa diferente. Y optó por lo primero porque si no lo hubiese sentido no como una mentira, pero sí como algo “deshonesto”: “Como si no me hubiera atrevido a revelar la historia que realmente quería”, dice a elDiario.es durante una entrevista en Barcelona. Tanto Carrión como otra alumna, la escritora Belén López Peiró, fueron “figuras clave” para sacar adelante el texto.

La narración tiene una voz en dos tiempos distintos: la del menor y la del hombre en el que se ha convertido. Ferrer explica que para él fue más difícil la parte adulta que la infantil aunque, de entrada, pudiese parecer lo contrario, porque los abusos ocurrieron en el colegio. “Cuando empecé con las clases entendí de una manera bastante rápida que escribir a partir de tu memoria, de algo que ha pasado hace 20 años, es mentira. La memoria pone literatura a absolutamente todo”, comenta. Eso le liberó de la sensación de esclavitud que se había impuesto de relatar cómo había ocurrido exactamente, de documentarse al máximo, algo que le queda de su licenciatura en Periodismo.

Ferrer no quería centrarse solo en el drama, sino reflexionar sobre la época, hablar de su familia, de sus amigos y de sentimientos que puede tener un crío, como el despertar sexual. “Si todo fuese el drama, no se entendería por qué el niño no dijo nada”, afirma. Hay un punto álgido en el libro que, casi de forma inevitable, le fue duro de rememorar. “El proceso estaba muy maduro, no fue la primera escena que escribí. Pude acercarme muy de cerca, verlo, observarlo, sentirlo, redactarlo, quedarme ahí e irme”, explica.

El autor grabó a sus padres y a su hermana para captar la esencia de lo que después serían sus personajes. Tras leer el libro, se han visto muy reflejados y les ha parecido muy entrañable porque les ha traído recuerdos. Y muchos que hayan sido niños o adolescentes en la década de los 90 en España también podrán reconocer escenarios comunes. “La vida no es solo ser una víctima, ni aun cuando estás en el peor de tus momentos”.

Sin reparación

“El autor modificó la sentencia que añadió en su libro para evitar posibles problemas jurídicos y proteger el derecho al honor del agresor y del colegio. Según los datos que aparecen en Despiece, el docente fue condenado a 198 años de cárcel y se declaró insolvente. El colegio, privado y considerado uno de los mejores de Valencia, tampoco soltó ni una peseta. Así que no hubo ninguna reparación para los denunciantes. ”A mí esto me parece escandaloso. Después de todo este tiempo es lo que más me duele junto con mi propio caso, mis propias circunstancias“, desarrolla Ferrer, ”ni siquiera te llega lo que se supone que te pertenece por ley. Es como una doble vergüenza“.

Además, una persona que no tiene recursos —tanto económicos como de conocimiento— para enfrentarse a una situación así, lo tiene muy complicado. En los años 90, muchas familias de clase trabajadora dedicaron todos sus esfuerzos a que sus hijos estudiasen y llevasen una vida mejor que la suya. Por eso Ferrer, cuyos padres eran carniceros, pudo estudiar una carrera, habla varios idiomas y se ha relacionado con gente que también tiene estudios superiores: “Yo tengo amigos abogados, arquitectos, periodistas, médicos. Pero los de mis padres eran amas de casa, electricistas, campesinos o cerrajeros. Cuando les llega una carta de la Administración Pública se vuelven locos, porque si no hablas el idioma del sistema, te quedas fuera”.

Él sabe quiénes son los que denunciaron, pero no se ha puesto en contacto con ninguno. No quería que, bajo ningún concepto, se dudase acerca de sus intenciones, de si quería sacar provecho de ellos de alguna manera. Además, tampoco se sentía cómodo al llamar a la puerta de alguien que quizá no quisiera recordar un hecho traumático o no esté preparado para ello. “Antes de este libro, estuve en terapia, no podía haberlo escrito sin haber hecho este proceso”, confiesa. “Ya nos han desrrespetado tanto, ya nos han hecho tanto daño, que lo último que querría es que sintieras siquiera un atisbo de dolor por mi parte”, sostiene. Su obra también es una forma de poner el tema sobre la mesa y si alguno se quiere dirigir a él, puede hacerlo.

La España que calla

¿Cómo era posible que ese profesor abusara de menores de forma sistemática durante años y el colegio no se diese cuenta? ¿Nadie sospechó nada? Aquel hombre se encerraba durante los recreos con niños y hasta que no hablaron, nadie del centro educativo vio señales de alerta. En la sentencia que sale en la novela, donde los datos están modificados, su condena era de casi 200 años y pone que podía acogerse al límite de 30 años de reclusión efectiva según el Código Penal de 1973. Y una vez en la calle, podría haber vuelto a dar clases seis años más tarde“.

Ferrer expone que está claro quién es el malo, pero también quería sacar a relucir el silencio que reinaba en los 90 acerca de muchos temas como los feminicidios, el colectivo LGTBIQ+ o los derechos de los niños. “El libro de Cristina Rivera Garza, El verano de Liliana, habla de la falta de vocabulario, de léxico para poder describir lo que ocurre. Y acordémonos de cómo eran los 90. Si no se habla de nada, nada existe”, sostiene. “Yo no sé hasta qué punto se puede impedir que una una agresión sexual no ocurra, lo que creo que donde sí se puede trabajar mucho es en que todo eso tenga un nombre, que no haya un silencio alrededor, que haya métodos para poder detectar esto de una forma mucho más rápida”, dice.

Y, de paso, que los organismos encargados de proteger a las personas, lo hagan. “Soy una persona, como el Vicentín ‘el empollón’, que sigue las reglas, que cree en el sistema en general y que trato de ser justo y obviamente quiero que me traten con justicia”, verbaliza Ferrer. Pero cuando algo ocurre y ese sentimiento en el que se confía no responde, “el sentimiento es de desamparo”. Y como en esta novela ocurren otras cosas, decidió que si la justicia no va a estar ahí “pueden estar mi familia, mis amigos, la industria editorial, las orientaciones lectoras”. Y cualquiera que quiera leer su historia.

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

“Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años”. Quien habla es el exobispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido el pasado 25 de noviembre y jubilado meses antes, después de que se destapara un caso de abusos en su diócesis, y se conociera que el prelado (cuya tumba podría visitar León XIV en su próximo viaje a España) había ocultado los hechos. Quien lo escucha, y lo graba, es Ciro Molina, víctima de la pederastia clerical, y que ha llevado la grabación a Fiscalía para intentar retomar un caso que fue cerrado tras el fallecimiento del prelado.

La grabación, a la que han tenido acceso El País, La Ser y Religión Digital, data del 19 de julio de 2024, y demuestra cómo, pese a saber de la denuncia hace años, el obispo decidió mirar hacia otro lado. Él mismo lo admite ante la víctima, aunque no pide perdón, sino que la justifica en la ‘provocación’ de los menores, y en la homosexualidad del clero. “El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales”, aduce Álvarez. Molina le responde. “Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual. El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología”.

El superviviente, que sufrió violencia sexual siendo niño por parte del entonces párroco de Tejina, Carmelo Hernández, ha pedido formalmente a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que abra diligencias de investigación, que escuche la grabación en la que el difunto obispo se refiere a los hechos denunciados y que le brinde asesoramiento y amparo.

El escrito supone un salto cualitativo. Ciro no solo recuerda los abusos sufridos en su temprana edad y las denuncias canónicas presentadas, sino que aporta como elemento central una grabación de la reunión que mantuvo con monseñor Álvarez. En la misma, el prelado llega a señalar la responsabilidad de obispos anteriores.

En su petición, Ciro pide a la Fiscalía que escuche el audio, abra diligencias de investigación, valore los hechos, le asesore y defienda en el marco del proceso. La Fiscalía ya ha acusado recibo del escrito, lo que abre la puerta a una posible investigación penal sobre unos hechos que, aunque en principio podrían estar prescritos, adquieren relevancia en el contexto de la revisión general del tratamiento judicial de los abusos sexuales a menores y de las responsabilidades institucionales derivadas.

Paralelamente a la labor de denuncia pública, Ciro decidió llevar su caso a Roma, remitiendo la documentación y la grabación a la comisión pontificia Tutela Minorum, organismo vaticano encargado de la protección de menores y del seguimiento de los abusos del clero, del que el denunciante espera respuesta.

Toda la información en www.religiondigital.org

La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador que permitirá las indemnizaciones a las víctimas de abusos, un rechazo que provocó que no estuviera suscrito antes del encuentro del Papa con los Reyes de España. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del evento, el secretario de Estado, Pietro Parolin, aseguró “desconocer” que el acuerdo no se había rubricado, durante un encuentro mantenido en Roma con la delegación española. Varios obispos fueron informados de esta situación, tal y como ha podido confirmar este periódico.

La cuestión de los abusos, y la respuesta de la Iglesia a las víctimas, ha sido uno de los caballos de batalla de las relaciones Iglesia-Estado en los últimos meses, y fuente también de “incomprensiones” entre parte de la Iglesia española y la diplomacia de la Santa Sede. De hecho, y pese a que la Conferencia Episcopal Española (CEE) niega haber sido “forzada” por el Vaticano a llegar a un acuerdo para que las víctimas tuvieran voz, y voto, en la resolución de sus indemnizaciones, lo cierto es que, tal y como adelantó elDiario.es, la presión de Secretaría de Estado hizo posible que, el pasado 8 de enero, los obispos firmaran junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, un acuerdo que dotaría al Defensor del Pueblo de un mecanismo que, en caso de desacuerdo, podría arbitrar baremos de indemnizaciones que habrían de ser aceptadas por todas las partes.

En aquel momento, y tras la firma, Bolaños agradeció “al Vaticano su impulso imprescindible”, destacando el papel del cardenal Parolin, quien “ha impulsado la existencia de este acuerdo”. “Quiero agradecer a los dos papas y al cardenal Parolin su esfuerzo y trabajo (…). En los momentos de dificultad máxima, el Vaticano ha tomado partido”, añadió el ministro. Al día siguiente, 9 de enero, y tras una reunión con Secretaría de Estado, el cardenal Cobo anunciaba que León XIV visitaría España del 6 al 12 de junio.

De hecho, se esperaba que el itinerario definitivo de la visita papal, que ha de detallar la Santa Sede, hubiera sido publicado antes del encuentro de los Reyes con el Papa del pasado viernes, lo que no se produjo. La propia CEE organizó un briefing el pasado martes con medios de todo el mundo, donde se filtró la visita de León XIV a Montserrat, que no estaba anunciada en principio, así como otros detalles. El descontento de la Santa Sede podría llevar a que no se publicara el íter definitivo hasta después de Semana Santa.

Pese a los desacuerdos, todas las partes coinciden en que apenas restan “flecos” para la firma del convenio. El principal no es meramente el económico, sino la posibilidad de que las víctimas que ya han acudido al proceso de indemnización auspiciado por la Iglesia (el Plan PRIVA), y no estuvieran satisfechas, pudieran recurrir al modelo liderado por el Defensor del Pueblo, en una suerte de 'segunda instancia' jurídica para los casos no prescritos, algo a lo que, por el momento, se oponen los obispos.

Esta petición, una 'línea roja' para las asociaciones de víctimas, es lo que por el momento bloquea un acuerdo para cuya firma definitiva aún no hay fecha. Y, al menos oficialmente, no hay previstas reuniones esta semana, lo que impediría que el sistema pudiera implementarse antes de mediados de abril. La próxima semana es Semana Santa, y la siguiente, la de Pascua, es tradicionalmente una semana de 'vacaciones' para la Iglesia. Conscientes de ellos, las asociaciones de víctimas, reunidas este fin de semana online, acordaron, por unanimidad, ejercer presiones para tratar de arrancar de Iglesia y Gobierno el compromiso de una firma que no se dilate.

Las víctimas han asegurado a elDiario.es que “habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana”. De hecho, si esto no se produce, las asociaciones de víctimas han anunciado concentraciones de protesta ante las sedes de la Conferencia Episcopal española y la Nunciatura Apostólica. Algunas asociaciones, incluso, han instado al Papa a suspender su visita a España, al tiempo que exigen al Gobierno que apruebe sin demora el acuerdo, o que lo implemente “unilateralmente”.

Toda la información en www.religiondigital.org

Este viernes, los Reyes fueron recibidos por León XIV, en una visita que tiene lugar tres meses antes del viaje del Papa a España. Felipe VI y Letizia acudieron acompañados, además de por la embajadora, Isabel Celáa, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien posteriormente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Bolaños llegó a Roma sin el esperado protocolo a tres bandas (Iglesia-Gobierno-Defensor del Pueblo) para la reparación integral de las víctimas de abusos, que diera continuidad al histórico acuerdo firmado el 8 de enero, un día antes de que se anunciara, por parte de la Iglesia española, el viaje del Papa. Todo, pese a que días antes se había filtrado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

¿Qué ocurrió? Básicamente, que los obispos se negaron a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical. Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas.

Este miércoles, tras dos reuniones, se supo que, aunque todas las partes aseguraban que el acuerdo se encontraba “muy avanzado”, de momento, no habría firma. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, cierto 'malestar' en el Ejecutivo ante las filtraciones a varios medios, dando por hecho la firma del acuerdo.

La segunda (y tal vez, la que explica el “retraso”, que no “desacuerdo”, en la firma), el empeño de los obispos en que el ministro Bolaños no fuera este viernes a Roma blandiendo un acuerdo, cuando aún se está a la espera de la confirmación definitiva del itinerario del viaje del Papa. Un tema no menor, pues el Vaticano ya ha mostrado su malestar con los errores de comunicación de la CEE, que ha llegado a filtrar buena parte del programa antes de que lo hiciera la Santa Sede, como es preceptivo.

No volver a indemnizar a las víctimas

La tercera, en la que las partes no logran ponerse de acuerdo, es la rotunda negativa de los obispos a incluir una petición, innegociable, por parte de las víctimas de abusos. ¿Cuál? Abrir la puerta para que aquellas víctimas que habían aceptado el dictamen del Plan PRIVA, pero no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida –hasta la fecha, la única vía de indemnización para los supervivientes– pudieran reclamar, en segunda instancia, ante la nueva herramienta, dirigida por el Defensor del Pueblo.

Para los obispos, resulta fundamental no dar la sensación de que el plan PRIVA se convierte únicamente en una primera instancia, dejando toda la responsabilidad final al dictamen del Defensor del Pueblo, como por otro lado refleja el acuerdo firmado el 8 de enero.

La última diferencia, esta no insalvable (de hecho, se había avanzado casi hasta el acuerdo), estaría en los baremos a utilizar, mucho más beneficiosos para las víctimas que los que actualmente maneja la Iglesia desde el plan PRIVA, y si éstos serían de obligado cumplimiento en el caso del procedimiento seguido por la Conferencia Episcopal. Tampoco hay diferencias en la exigencia de los supervivientes de tener voz y voto en el proceso, ni mucho menos en que las indemnizaciones no tributen a Hacienda. Y es que el dinero no es problema para una CEE que este año recibió 429 millones de euros a través de la ‘X’ en la Renta. Las previsiones más optimistas estiman que “en ningún caso” se superarían los diez millones de euros en indemnizaciones, habida cuenta de que el convenio afecta solo a los casos prescritos civilmente, y que una vez aprobado tendrá una duración de un año (ampliable a otro).

Las víctimas, hartas

Tras conocerse la falta de acuerdo, varias asociaciones de víctimas mostraron su profundo malestar ante la actitud de los obispos. “Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “esta próxima semana firmen el convenio, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”.

Por su parte, la Asociación Nacional Infancia Robada y la ONG Justice Initiative España pide al Vaticano “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”. En cuanto al Gobierno, y “dado que los plazos para el acuerdo [estaban estimados en un mes, desde el 8 de enero] y han sido rebasados, quizá debería actuar de forma unilateral”.

Una de las víctimas que pasó por el plan PRIVA, y aceptó la indemnización pese a considerarla “claramente insuficiente”, cree que es “imprescindible” que el convenio permita recurrir las reparaciones recibidas, si los baremos del Defensor del Pueblo son superiores, o si se estima que no se ha actuado con equidad. “Ahora mismo, las indemnizaciones son ‘lentejas’. O aceptas lo que te da la Iglesia, o te quedas sin nada. Algunos no tuvimos más remedio que aceptarlas, pero si ahora se abre otro camino, quiero tener el derecho de adherirme a él”, relata para elDiario.es.

Y es que, a la hora de firmar la conformidad con la propuesta del plan PRIVA, la víctima se encuentra con citas como la siguiente: “Con el pago de la citada cantidad con el concepto señalado, las partes dan por cerrado el proceso, se dan por saldadas y liquidadas, y reconocen no tener nada más que reclamarse entre ellas”.

“Esa redacción blinda a la Iglesia: convierte la reparación en un cierre total que impide reclamar en el futuro, incluso cuando la víctima no está conforme o cuando no ha existido una motivación desglosada y verificable”, señala este superviviente, que lamenta cómo “muchas víctimas llegan a PRIVA en situaciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad extrema. En ese contexto, ‘aceptar y firmar’ no siempre es una decisión libre, sino una necesidad”.

“Si el sistema aprovecha esa asimetría para imponer un cierre absoluto, el riesgo de mala fe y de revictimización institucional es evidente”, denuncia, mostrando su firmeza, y advirtiendo: “Si el convenio final nos excluye y nos deja como víctimas de segunda para ahorrarle costes a la Iglesia, estamos decididos a llevarlo por la vía jurídica e impugnar el acuerdo por vulnerar el principio de igualdad”.

Toda la información en www.religiondigital.org

El Vaticano ocultó, durante décadas, miles de casos de pederastia clerical en los cinco continentes. Una dinámica que se mantuvo y que, pese a los cambios implementados por Benedicto XVI (cuya implicación en la ocultación, e incluso su protagonismo en algún caso, parece clara) y por Francisco, permanece en la actualidad en todo el mundo. En algunas ocasiones, como durante la Alemania de los años 30, instó a destruir toda la documentación para evitar que cayera en manos de los nazis y se utilizara para atacar a la Iglesia.

Esta es una de las principales revelaciones de una investigación internacional elaborada por cinco medios: El País (España), Boston Globe (EEUU), Correctiv (Alemania), Observador (Portugal) y Casa Macondo (Colombia), que han logrado bucear en los archivos del dicasterio de Doctrina de la Fe. O, al menos, en aquellos donde resulta muy difícil entrar. De hecho, tal y como relata El País, algunas fuentes señalan que existe un archivo aún más secreto que custodia los casos más graves y delicados. Muchos de ellos, como se recalca, sin número de registro de entrada. ¿Cuántos? Es imposible saberlo.

Y eso que, oficialmente, hasta 2001, no había obligación de remitir a Roma los casos, que llegaban a miles, coincidiendo con la investigación Spotlight. Antes, los que llegaban venían ocultos bajo otros asuntos, como dispensas sacerdotales, sin afrontar el problema.

Un problema del que, según la investigación, León XIV tuvo conocimiento en agosto de 2025, cuando Correctiv envió al Papa una serie de preguntas, junto a los documentos hallados. Según el relato, el pontífice las remitió a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, quien las envió a su vez al Dicasterio de Comunicación, que no contestó. El pasado 27 de enero, las preguntas le fueron entregadas de nuevo al Papa, esta vez en persona, cuando salía de Castel Gandolfo. Aún no ha respondido.

“Con todo, la llegada del nuevo Pontífice ofrece la oportunidad de un cambio de actitud del Vaticano, para dar el paso hacia una auténtica transparencia sobre todo lo que sabe y qué hay en sus archivos”, explica la investigación, que recalca que “León XIV ha mostrado en su trayectoria sensibilidad con las víctimas de la pederastia y ha apoyado el trabajo de los periodistas”. Todo ello bajo una premisa, que aloja una aparente contradicción: “En varios países, en aras de la verdad, la Iglesia ha asumido auditorías internas, pero el Vaticano no, cuando es el mayor centro de información del escándalo”.

Los documentos más antiguos que ahora se desvelan son de los años treinta en Alemania. Ante el riesgo de que los expedientes de curas pederastas cayeran en manos de los nazis, enemigos de la Iglesia católica, la orden fue clara: “Quemad todo”. Otros papeles, como los del ‘caso Ratzinger’, que relata un posible encubrimiento del futuro Benedicto XVI, sí eran conocidos, aunque no en toda su profundidad. Un caso, por cierto, que sigue abierto en Alemania, y que señala cómo hasta quien iba a convertirse en Papa tramitaba los casos al margen del protocolo, lo que provocó que un cura pederasta siguiera en su cargo, y abusando de menores, durante años.

Los casos planteados sí ofrecen una visión de conjunta, con una conclusión: durante décadas, en distintos lugares del mundo, se siguió ocultando, con el permiso (tácito o expreso) de las autoridades eclesiásticas, a muchos pederastas. “El Vaticano tiene el que es probablemente el mayor archivo de pederastas impunes del mundo. Esta investigación arroja luz sobre ello”, señalan los documentos.

La investigación concluye instando a la Santa Sede a “abrir los archivos, o revelar su contenido, o emprender un estudio propio y ofrecer datos”, lo que se interpretaría como “un gesto decisivo para mostrar la voluntad real de León XIV de que se conozca toda la verdad sobre el escándalo”, como él mismo ha resaltado en má de una ocasión. La última durante su encuentro, este lunes, ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Su pasado le avala: gracias a su trabajo, logró acabarse con el Sodalicio. El mismo lunes, antes de hablar ante Tutela Minorum, recibía al periodista Gareth Gore.

Toda la información en www.religiondigital.org