“Ley de imprescriptibilidad ya”. Leonor Paqué, periodista y víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, ha recorrido en los últimos años más de 20.000 kilómetros entrevistando a supervivientes como ella para el documental 'Hermana Leonor'. Y sabe bien lo que sucede en muchos casos. El miedo, la ira, la frustración, el bloqueo a la realidad. “Personas que se recriminan dolorosamente haber bloqueado en sus mentes durante décadas, las agresiones sufridas”, explica. Por esto, y por muchas otras cosas, asociaciones de víctimas se concentrarán este jueves, a las 11 de la mañana, ante la sede nacional del PP (Génova 13) para exigir al principal partido de la oposición “que apoye la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia”, un barco del que, tal y como denuncia el activista Miguel Hurtado, “el PP se ha bajado”.

“Las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos”, subraya Paqué. Por su parte, Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, apunta a que el momento es ahora, antes de la llegada de León XIV a nuestro país. “Antes de la visita del Papa el Congreso va a aprobar una ampliación de los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Hay 310 votos a favor, o había, porque el PP ha dado un giro de 180 grados y ya no apoya la imprescriptibilidad, a pesar de que votaron a favor de la medida en el parlamento europeo en junio 2025”, señala. “Mañana les vamos a pedir que rectifiquen”.

La concentración también apuntará a que la próxima semana se convoca en la comisión de justicia del Congreso la ponencia de la ley de imprescriptibilidad promovida por el Parlament de Catalunya. El PP ha presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual, pero las víctimas alertan que la ley que se apruebe “puede ser descafeinada porque el PP no apoya la imprescriptibilidad”, como sí hacen todos los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC, Bildu). “Todos los partidos de derecha (Vox, PP, PNV), excepto Junts, se oponen. Es imprescindible que el PP actúe de forma coherente y responsable, votando y defendiendo la misma postura tanto en el Parlamento europeo en Bruselas como en el Congreso en Madrid”, sostiene Hurtado.

“Las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos al PP que se comporte como un partido serio y responsable, votando y defendiendo lo mismo en Madrid y en Bruselas”, reclama Hurtado, quien pide “un gran pacto de estado entre el PSOE y el PP, para luchar contra la violencia sexual en la infancia, tanto en la Iglesia como en otros ámbitos de la sociedad”.

“La reciente negativa del Vaticano a enjuiciar canónicamente al exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza demuestra la urgente necesidad de aprobar una ley de imprescriptibilidad ambiciosa, homologable a otros estados europeos, para que los delitos de pederastia clerical los pueda juzgar la justicia civil y no la Iglesia internamente”, culmina Hurtado. “¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!”.

Todo ello mientras que desde este 15 de abril, las víctimas de la pederastia clerical que así lo deseen podrán acceder al formulario de 'Solicitud para el Reconocimiento y Reparación de las víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica', desde ya disponible, y activo, en la web del Ministerio de Justicia. Una nueva fórmula, en la que la decisión final de la indemnización correrá a cargo del Estado. Con importantes novedades.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, las víctimas podrán optar, y así lo recoge el formulario, por una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y, también, y por vez primera, el documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Una medida que se ha conseguido, gracias en gran medida a la presión de ANIR y Justice Initiative, y que debería permitir que, incluso, casos con sentencia firme (como el de la víctima del 'caso Gaztelueta'), presentasen el formulario pidiendo única y exclusivamente dicho documento. “Porque tiene derecho a él”, señala a elDiario.es Juan Cuatrecasas.

¿Qué significa este reconocimiento? A efectos civiles, muchas cosas, especialmente en lo tocante a pensiones por invalidez o jubilación. “¿Qué se aprueba a través de la LOPIDI o de cualquier otro organismo una medida para que las víctimas no hayan podido cotizar porque han estado excluidas del mercado laboral puedan tener un reconocimiento para jubilarse? Acreditando ese documento no deberían hacer falta dar más pasos”, apunta Cuatrecasas. “Cualquier medida que se apruebe a partir de ahora que implemente derecho, con este documento puedes tener acceso”, aseveran las asociaciones de víctimas.

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El hombre del barrio del Raval de Barcelona acusado de liderar una red de pedofilia ha aceptado 83 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en varias ocasiones en 2020, cuando la adolescente estaba bajo custodia de la Generalitat de Catalunya, y grabar las violaciones en vídeo y distribuirlas.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes una vista de conformidad en la que el acusado, que afronta otros dos juicios por su papel en la red de pedofilia, ha aceptado, en buena medida, la acusación de la Fiscalía, que inicialmente pedía 107 años de cárcel para él.

El acusado, que tenía 40 años cuando conoció a la menor en 2020 a través de una aplicación, se aprovechó de la vulnerabilidad de la niña para agredirla sexualmente en varias ocasiones y grabar las violaciones. Lo hizo “guiado en todo momento por un ánimo lascivo”, según el escrito de acusación de la Fiscalía que este lunes el procesado ha admitido.

El hombre aprovechaba las fugas de la niña del centro de menores donde permanecía tutelada por la Generalitat para, con la excusa de darle un techo, obligarla a mantener relaciones sexuales y grabarla. Esto ocurrió entre mayo de 2020 y octubre de 2021. 

Pero el acusado no se quedó aquí. El hombre tomó y almacenó medio centenar de fotos en las que la menor aparecía desnuda para hacerse pasar por ella en otras redes sociales y ofrecer así sus servicios sexuales.

El pedófilo “aprovechó las estancias de la menor en su domicilio para convencerla de que se dejase fotografiar y grabar en ropa interior, desnuda o sometiéndose a las prácticas sexuales que le imponía” para poder “exhibir y enviar” las grabaciones en redes sociales y plataformas de mensajería, destaca la sentencia de conformidad.

El caso de este pedófilo generó una crisis en el Govern y en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque los hechos ocurrieron cuando la menor estaba tutelada por la Generalitat de Catalunya. Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP registraron el pasado mayo una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad tras conocerse este caso, una reclamación que también habían hecho Junts y PP.

Desde la Generalitat también se anunció en ese momento que se había abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

El exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza, no será juzgado en el Vaticano por abusos a menores. Tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es, la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha archivado el caso al no haber podido determinar la edad de la víctima en el momento del presunto abuso cometido por el prelado.

Algo especialmente relevante en este caso, pues los presuntos abusos sucedieron mientras estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1983, por el que únicamente se consideraría delito en el caso de abusos a menores de 16 años. Aunque la víctima asegura que sus abusos comenzaron cuando tenía 14, este extremo no ha podido ser autentificado por los juristas vaticanos. 

Un “defecto formal” al que se ha agarrado la sección disciplinar de Doctrina de la Fe para no proseguir con el caso. Sin embargo, tal y como adelanta RD, varios canonistas han mostrado su perplejidad, pues cuando se aprobó en el 2001 la ley especial Sacramentorum Sanctitatis Tutela para tratar los delitos más graves, se dijo explícitamente que dicha normativa sustituía a la ley propia anterior de la Congregación, Crimen Sollicitationis, por lo que antes del 2001 se aplicaba esta última y no el Código de Derecho Canónico. 

¿Qué diferencia habría? El documento ‘Crimen sollicitationis’, publicado por el cardenal Ottaviani en 1962 como reforma de la anterior de 1922, establecía que los delitos sexuales reservados a la Santa Sede no prescribían ni había límites de edad si trataba de relaciones sexuales con varones (crimen pessimum). El Código señalaba como límite de edad los 16 años y la prescripción a los cinco años. 

Sea como fuere, lo cierto es que, con este matiz legal, el prelado no será objeto de sanciones. No se entrará, pues, a valorar la veracidad de los hechos (los obispos españoles sí admitieron su “verosimilitud”), sino que se ha buscado una argucia legal. Muy alejada de la transparencia tan cacareada por la Santa Sede.

En la carta que motivó la investigación, la víctimaba acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

Zornoza sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu. El exobispo, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira”.

Son tiempos de cambio para la industria de los videojuegos. Las empresas del sector se han percatado de que ya no se puede seguir estirando el chicle ante una realidad inaplazable: los peligros de los videojuegos de ahora no tienen nada que ver con los de antes y los padres están cada vez más preocupados. 

Es por ello que 2026 está trayendo consigo dos grandes anuncios en esta materia. El sistema europeo de clasificación de videojuegos por edad y contenido PEGI implementará en junio la mayor actualización desde su creación y Roblox, una de las plataformas de videojuegos más polémicas de los últimos años, avanza, por fin, hacia un mayor compromiso a la hora de proteger a sus usuarios menores de edad.

Los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…

Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI

“Cuando se creó PEGI, todo el enfoque estaba centrado en el contenido de los juegos. En si había violencia, sexo, drogas o lenguaje soez. Sin embargo, ahora la preocupación se ha desplazado del contenido al contexto”, resumió este jueves Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI S.A, en una jornada de reflexión organizada por la Asociación Española de Videojuegos.

“No es que el contenido no sea importante, pero los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…”, ha continuado. El organismo subirá la edad recomendada de los videojuegos que incluyan ciertas funcionalidades concretas, como algunos tipos de compras dentro del juego, sistemas de azar o comunidades en línea que no estén debidamente moderadas. 

Por su parte, Roblox —una plataforma que ha generado polémica por la existencia de incidentes reportados relacionados con acoso a menores por parte de adultos— a finales de 2025 implementó un sistema de verificación de edad mucho más estricto, que seguirán perfeccionando en 2026. “Si tienes nueve años, no deberías poder hablar con alguien de veinte”, ha explicado Sofia Gkiousou, directora de Asuntos Públicos de la compañía.

“¿Qué es lo que hace este sistema de verificación? Que si quieres usar las funciones de chat en Roblox, tendrás que pasar una estimación de edad facial diseñada para detectar si haces trampas. ¿Estás fingiendo? ¿Subiste una imagen de Al Pacino para hacerte pasar por un adulto...? El sistema verifica todo eso y te clasifica por edades: de 9 a 11 años, de 12 a 15, etc. Al entrar al juego, no puedes chatear con nadie que esté muy fuera de tu rango de edad”, ha profundizado.

Controles parentales cada vez más personalizables

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España, señaló en el encuentro que, además de todas estas medidas que las compañías están implementando, las familias también han de hacer un esfuerzo por acercarse a este mundo: Creo que hay veces que les cuesta más entrar en el mundo de sus hijos cuando se refiere a videojuegos que cuando tiene que ver con películas, dibujos animados, cuentos. Necesitamos también cierta implicación por parte de los padres“.

Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o controlar cosas como el tiempo de juego

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España

Además, ha recordado todas las maneras en las que las familias pueden intervenir en la configuración de su consola: “Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o acceder a la app Control Parental de Nintendo Switch, desde la que se pueden controlar cosas como el tiempo de juego o incluir un tiempo de descanso nocturno. También se puede recibir información sobre los juegos a los que juegan tus hijos o limitar el juego online”.

Tanto Roblox como Nintendo puntualizan que ninguna de las herramientas de seguridad que tienen son aún perfectas. “Siempre habrá margen de mejora. Perfeccionamos nuestras herramientas de seguridad a diario. El año pasado implementamos 150 mejoras. Es por eso que no solo contamos con una herramienta, sino que son muchas actuando a la vez”, expresaba Gkiousou. 

Desde PEGI, ha afirmado Wacrenier, esperan que los cambios que se van a implementar incentiven a los editores y desarrolladores a seguir aplicando controles estrictos en la fase de creación de los videojuegos. Pese a que 2026 podría actuar como un punto de inflexión, las grietas en cuanto a protección que tiene la industria —al igual que ocurre con las redes sociales— siguen siendo muchas (sobre todo en lo relativo a los juegos en línea) y suponen un verdadero reto.

“No puedo bajar la guardia. Hay partes que siguen siendo oscuras y que me ponen en alerta como víctima que lleva décadas luchando por un sitio en la sociedad, por el simple derecho a que se nos reconozca y se nos otorgue, de una vez por todas, nuestro estatus de víctima”. Como A. uno de los supervivientes de la pederastia clerical ya compensado por el plan PRIVA y que tiene intención de apelar ante el Defensor del Pueblo cuando a partir del 15 de abril se ponga en marcha el protocolo firmado la pasada semana entre obispos y Gobierno, muchas víctimas recelan, no sin razón, de la letra pequeña del acuerdo.

Un acuerdo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicará en persona a las asociaciones de víctimas, quienes a su vez le plantearán las dudas de un nuevo sistema que, pese a estar firmado, “continúa dependiendo de la ‘buena voluntad’ de los obispos”, explica A.

Y es que, tal y como sostiene esta víctima, “tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo deben ser valientes, dar la cara y aclarar cada uno de nuestros miedos”, que no son pocos. “No podemos permitirnos más sombras ni medias verdades: para opacidad, indiferencia, falta de claridad y revictimización ya hemos tenido suficiente con la Conferencia Episcopal y la actitud de su presidente, el señor Argüello. Merecemos una transparencia y un respeto que estén a la altura del dolor que hemos cargado durante toda una vida”, constata.

Conocedor de esta realidad, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha convocado a las principales asociaciones de víctimas para explicarles los términos del acuerdo, escuchar sus reivindicaciones y colocarles en el lugar donde nunca debieron dejar de estar: el centro.

Desde Justice Initiative y la Asociación Infancia Robada, por su parte, consideran el encuentro con Bolaños la “antesala” de la puesta en funcionamiento de un protocolo “basado en un compromiso ineludible de las partes firmantes en reconocer y reparar a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica”.

En conversación con elDiario.es, sus representantes dan especial relevancia al consenso logrado, que les lleva a calificar el acuerdo y posterior protocolo como “hitos históricos”.

Aun así, y aunque muestran su “confianza plena” tanto en el Defensor del Pueblo como en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Libertades Religiosas. Estas asociaciones muestran sus dudas por la ausencia de baremos. “No hay posible indemnización contemplando solo criterios. Los baremos son inexcusables”, apuntan, incidiendo en la importancia del compromiso en la indemnización, el reconocimiento y la reparación integral que, esperan, “puedan tener prolongación en otros ámbitos de la sociedad” más allá de la Iglesia.

En lo que sí coinciden todas las víctimas es en valorar la independencia de la decisión final que, en el caso de desacuerdo entre las partes, tendrá el Defensor del Pueblo. También, en lo “histórico” de que las víctimas tengan voz en la mesa, y en el reconocimiento explícito de que la reparación debe cubrir no solo el acto en sí, sino el daño a la dignidad, el sufrimiento emocional y la “pérdida de oportunidades” educativas o laborales.

“El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”

Entre los puntos oscuros del protocolo, varias víctimas lamentan que sólo se abra la ventana de un año (prorrogable a otro). Y, sobre todo, no terminan de fiarse de que la Iglesia cumpla con lo pactado, y se considere obligada a “pagar de más” si el Defensor así lo dictamina, frente a la valoración del plan PRIVA. “El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”, cuestiona A., quien recuerda el ejemplo irlandés.

¿Y qué pasó en Irlanda? En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco.  Esto no sucederá en España, pues no existe en el protocolo la creación de un fondo de garantía estatal. “Corremos el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor”.

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El caso salió en la prensa, pero el Vicente Ferrer de 1996 no contó entonces que él estaba entre las víctimas del profesor pederasta de su colegio privado en Valencia. Ahora, cuando ya han pasado más de dos décadas y el delito ha prescrito, publica su primer libro, Despiece (Dos Bigotes, 2026). Es un relato de lo que le sucedió, pero también el retrato de una época, de la vida de una familia de clase trabajadora y de un país en el que pasaba de todo, pero se hablaba de poco. Y asimismo una denuncia, aunque sea a través de la literatura, de cómo el sistema le falla a las personas que se supone que debe proteger.

El motor que puso en marcha la elaboración de estas memorias noveladas fue el Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dirigido por Jorge Carrión. Allí tenía que desarrollar un proyecto de novela y debía escoger entre narrar ese daño que llevaba dentro desde hacía tanto tiempo o hacer otra cosa diferente. Y optó por lo primero porque si no lo hubiese sentido no como una mentira, pero sí como algo “deshonesto”: “Como si no me hubiera atrevido a revelar la historia que realmente quería”, dice a elDiario.es durante una entrevista en Barcelona. Tanto Carrión como otra alumna, la escritora Belén López Peiró, fueron “figuras clave” para sacar adelante el texto.

La narración tiene una voz en dos tiempos distintos: la del menor y la del hombre en el que se ha convertido. Ferrer explica que para él fue más difícil la parte adulta que la infantil aunque, de entrada, pudiese parecer lo contrario, porque los abusos ocurrieron en el colegio. “Cuando empecé con las clases entendí de una manera bastante rápida que escribir a partir de tu memoria, de algo que ha pasado hace 20 años, es mentira. La memoria pone literatura a absolutamente todo”, comenta. Eso le liberó de la sensación de esclavitud que se había impuesto de relatar cómo había ocurrido exactamente, de documentarse al máximo, algo que le queda de su licenciatura en Periodismo.

Ferrer no quería centrarse solo en el drama, sino reflexionar sobre la época, hablar de su familia, de sus amigos y de sentimientos que puede tener un crío, como el despertar sexual. “Si todo fuese el drama, no se entendería por qué el niño no dijo nada”, afirma. Hay un punto álgido en el libro que, casi de forma inevitable, le fue duro de rememorar. “El proceso estaba muy maduro, no fue la primera escena que escribí. Pude acercarme muy de cerca, verlo, observarlo, sentirlo, redactarlo, quedarme ahí e irme”, explica.

El autor grabó a sus padres y a su hermana para captar la esencia de lo que después serían sus personajes. Tras leer el libro, se han visto muy reflejados y les ha parecido muy entrañable porque les ha traído recuerdos. Y muchos que hayan sido niños o adolescentes en la década de los 90 en España también podrán reconocer escenarios comunes. “La vida no es solo ser una víctima, ni aun cuando estás en el peor de tus momentos”.

Sin reparación

“El autor modificó la sentencia que añadió en su libro para evitar posibles problemas jurídicos y proteger el derecho al honor del agresor y del colegio. Según los datos que aparecen en Despiece, el docente fue condenado a 198 años de cárcel y se declaró insolvente. El colegio, privado y considerado uno de los mejores de Valencia, tampoco soltó ni una peseta. Así que no hubo ninguna reparación para los denunciantes. ”A mí esto me parece escandaloso. Después de todo este tiempo es lo que más me duele junto con mi propio caso, mis propias circunstancias“, desarrolla Ferrer, ”ni siquiera te llega lo que se supone que te pertenece por ley. Es como una doble vergüenza“.

Además, una persona que no tiene recursos —tanto económicos como de conocimiento— para enfrentarse a una situación así, lo tiene muy complicado. En los años 90, muchas familias de clase trabajadora dedicaron todos sus esfuerzos a que sus hijos estudiasen y llevasen una vida mejor que la suya. Por eso Ferrer, cuyos padres eran carniceros, pudo estudiar una carrera, habla varios idiomas y se ha relacionado con gente que también tiene estudios superiores: “Yo tengo amigos abogados, arquitectos, periodistas, médicos. Pero los de mis padres eran amas de casa, electricistas, campesinos o cerrajeros. Cuando les llega una carta de la Administración Pública se vuelven locos, porque si no hablas el idioma del sistema, te quedas fuera”.

Él sabe quiénes son los que denunciaron, pero no se ha puesto en contacto con ninguno. No quería que, bajo ningún concepto, se dudase acerca de sus intenciones, de si quería sacar provecho de ellos de alguna manera. Además, tampoco se sentía cómodo al llamar a la puerta de alguien que quizá no quisiera recordar un hecho traumático o no esté preparado para ello. “Antes de este libro, estuve en terapia, no podía haberlo escrito sin haber hecho este proceso”, confiesa. “Ya nos han desrrespetado tanto, ya nos han hecho tanto daño, que lo último que querría es que sintieras siquiera un atisbo de dolor por mi parte”, sostiene. Su obra también es una forma de poner el tema sobre la mesa y si alguno se quiere dirigir a él, puede hacerlo.

La España que calla

¿Cómo era posible que ese profesor abusara de menores de forma sistemática durante años y el colegio no se diese cuenta? ¿Nadie sospechó nada? Aquel hombre se encerraba durante los recreos con niños y hasta que no hablaron, nadie del centro educativo vio señales de alerta. En la sentencia que sale en la novela, donde los datos están modificados, su condena era de casi 200 años y pone que podía acogerse al límite de 30 años de reclusión efectiva según el Código Penal de 1973. Y una vez en la calle, podría haber vuelto a dar clases seis años más tarde“.

Ferrer expone que está claro quién es el malo, pero también quería sacar a relucir el silencio que reinaba en los 90 acerca de muchos temas como los feminicidios, el colectivo LGTBIQ+ o los derechos de los niños. “El libro de Cristina Rivera Garza, El verano de Liliana, habla de la falta de vocabulario, de léxico para poder describir lo que ocurre. Y acordémonos de cómo eran los 90. Si no se habla de nada, nada existe”, sostiene. “Yo no sé hasta qué punto se puede impedir que una una agresión sexual no ocurra, lo que creo que donde sí se puede trabajar mucho es en que todo eso tenga un nombre, que no haya un silencio alrededor, que haya métodos para poder detectar esto de una forma mucho más rápida”, dice.

Y, de paso, que los organismos encargados de proteger a las personas, lo hagan. “Soy una persona, como el Vicentín ‘el empollón’, que sigue las reglas, que cree en el sistema en general y que trato de ser justo y obviamente quiero que me traten con justicia”, verbaliza Ferrer. Pero cuando algo ocurre y ese sentimiento en el que se confía no responde, “el sentimiento es de desamparo”. Y como en esta novela ocurren otras cosas, decidió que si la justicia no va a estar ahí “pueden estar mi familia, mis amigos, la industria editorial, las orientaciones lectoras”. Y cualquiera que quiera leer su historia.

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

“Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años”. Quien habla es el exobispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido el pasado 25 de noviembre y jubilado meses antes, después de que se destapara un caso de abusos en su diócesis, y se conociera que el prelado (cuya tumba podría visitar León XIV en su próximo viaje a España) había ocultado los hechos. Quien lo escucha, y lo graba, es Ciro Molina, víctima de la pederastia clerical, y que ha llevado la grabación a Fiscalía para intentar retomar un caso que fue cerrado tras el fallecimiento del prelado.

La grabación, a la que han tenido acceso El País, La Ser y Religión Digital, data del 19 de julio de 2024, y demuestra cómo, pese a saber de la denuncia hace años, el obispo decidió mirar hacia otro lado. Él mismo lo admite ante la víctima, aunque no pide perdón, sino que la justifica en la ‘provocación’ de los menores, y en la homosexualidad del clero. “El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales”, aduce Álvarez. Molina le responde. “Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual. El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología”.

El superviviente, que sufrió violencia sexual siendo niño por parte del entonces párroco de Tejina, Carmelo Hernández, ha pedido formalmente a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que abra diligencias de investigación, que escuche la grabación en la que el difunto obispo se refiere a los hechos denunciados y que le brinde asesoramiento y amparo.

El escrito supone un salto cualitativo. Ciro no solo recuerda los abusos sufridos en su temprana edad y las denuncias canónicas presentadas, sino que aporta como elemento central una grabación de la reunión que mantuvo con monseñor Álvarez. En la misma, el prelado llega a señalar la responsabilidad de obispos anteriores.

En su petición, Ciro pide a la Fiscalía que escuche el audio, abra diligencias de investigación, valore los hechos, le asesore y defienda en el marco del proceso. La Fiscalía ya ha acusado recibo del escrito, lo que abre la puerta a una posible investigación penal sobre unos hechos que, aunque en principio podrían estar prescritos, adquieren relevancia en el contexto de la revisión general del tratamiento judicial de los abusos sexuales a menores y de las responsabilidades institucionales derivadas.

Paralelamente a la labor de denuncia pública, Ciro decidió llevar su caso a Roma, remitiendo la documentación y la grabación a la comisión pontificia Tutela Minorum, organismo vaticano encargado de la protección de menores y del seguimiento de los abusos del clero, del que el denunciante espera respuesta.

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La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador que permitirá las indemnizaciones a las víctimas de abusos, un rechazo que provocó que no estuviera suscrito antes del encuentro del Papa con los Reyes de España. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del evento, el secretario de Estado, Pietro Parolin, aseguró “desconocer” que el acuerdo no se había rubricado, durante un encuentro mantenido en Roma con la delegación española. Varios obispos fueron informados de esta situación, tal y como ha podido confirmar este periódico.

La cuestión de los abusos, y la respuesta de la Iglesia a las víctimas, ha sido uno de los caballos de batalla de las relaciones Iglesia-Estado en los últimos meses, y fuente también de “incomprensiones” entre parte de la Iglesia española y la diplomacia de la Santa Sede. De hecho, y pese a que la Conferencia Episcopal Española (CEE) niega haber sido “forzada” por el Vaticano a llegar a un acuerdo para que las víctimas tuvieran voz, y voto, en la resolución de sus indemnizaciones, lo cierto es que, tal y como adelantó elDiario.es, la presión de Secretaría de Estado hizo posible que, el pasado 8 de enero, los obispos firmaran junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, un acuerdo que dotaría al Defensor del Pueblo de un mecanismo que, en caso de desacuerdo, podría arbitrar baremos de indemnizaciones que habrían de ser aceptadas por todas las partes.

En aquel momento, y tras la firma, Bolaños agradeció “al Vaticano su impulso imprescindible”, destacando el papel del cardenal Parolin, quien “ha impulsado la existencia de este acuerdo”. “Quiero agradecer a los dos papas y al cardenal Parolin su esfuerzo y trabajo (…). En los momentos de dificultad máxima, el Vaticano ha tomado partido”, añadió el ministro. Al día siguiente, 9 de enero, y tras una reunión con Secretaría de Estado, el cardenal Cobo anunciaba que León XIV visitaría España del 6 al 12 de junio.

De hecho, se esperaba que el itinerario definitivo de la visita papal, que ha de detallar la Santa Sede, hubiera sido publicado antes del encuentro de los Reyes con el Papa del pasado viernes, lo que no se produjo. La propia CEE organizó un briefing el pasado martes con medios de todo el mundo, donde se filtró la visita de León XIV a Montserrat, que no estaba anunciada en principio, así como otros detalles. El descontento de la Santa Sede podría llevar a que no se publicara el íter definitivo hasta después de Semana Santa.

Pese a los desacuerdos, todas las partes coinciden en que apenas restan “flecos” para la firma del convenio. El principal no es meramente el económico, sino la posibilidad de que las víctimas que ya han acudido al proceso de indemnización auspiciado por la Iglesia (el Plan PRIVA), y no estuvieran satisfechas, pudieran recurrir al modelo liderado por el Defensor del Pueblo, en una suerte de 'segunda instancia' jurídica para los casos no prescritos, algo a lo que, por el momento, se oponen los obispos.

Esta petición, una 'línea roja' para las asociaciones de víctimas, es lo que por el momento bloquea un acuerdo para cuya firma definitiva aún no hay fecha. Y, al menos oficialmente, no hay previstas reuniones esta semana, lo que impediría que el sistema pudiera implementarse antes de mediados de abril. La próxima semana es Semana Santa, y la siguiente, la de Pascua, es tradicionalmente una semana de 'vacaciones' para la Iglesia. Conscientes de ellos, las asociaciones de víctimas, reunidas este fin de semana online, acordaron, por unanimidad, ejercer presiones para tratar de arrancar de Iglesia y Gobierno el compromiso de una firma que no se dilate.

Las víctimas han asegurado a elDiario.es que “habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana”. De hecho, si esto no se produce, las asociaciones de víctimas han anunciado concentraciones de protesta ante las sedes de la Conferencia Episcopal española y la Nunciatura Apostólica. Algunas asociaciones, incluso, han instado al Papa a suspender su visita a España, al tiempo que exigen al Gobierno que apruebe sin demora el acuerdo, o que lo implemente “unilateralmente”.

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Este viernes, los Reyes fueron recibidos por León XIV, en una visita que tiene lugar tres meses antes del viaje del Papa a España. Felipe VI y Letizia acudieron acompañados, además de por la embajadora, Isabel Celáa, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien posteriormente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Bolaños llegó a Roma sin el esperado protocolo a tres bandas (Iglesia-Gobierno-Defensor del Pueblo) para la reparación integral de las víctimas de abusos, que diera continuidad al histórico acuerdo firmado el 8 de enero, un día antes de que se anunciara, por parte de la Iglesia española, el viaje del Papa. Todo, pese a que días antes se había filtrado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

¿Qué ocurrió? Básicamente, que los obispos se negaron a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical. Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas.

Este miércoles, tras dos reuniones, se supo que, aunque todas las partes aseguraban que el acuerdo se encontraba “muy avanzado”, de momento, no habría firma. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, cierto 'malestar' en el Ejecutivo ante las filtraciones a varios medios, dando por hecho la firma del acuerdo.

La segunda (y tal vez, la que explica el “retraso”, que no “desacuerdo”, en la firma), el empeño de los obispos en que el ministro Bolaños no fuera este viernes a Roma blandiendo un acuerdo, cuando aún se está a la espera de la confirmación definitiva del itinerario del viaje del Papa. Un tema no menor, pues el Vaticano ya ha mostrado su malestar con los errores de comunicación de la CEE, que ha llegado a filtrar buena parte del programa antes de que lo hiciera la Santa Sede, como es preceptivo.

No volver a indemnizar a las víctimas

La tercera, en la que las partes no logran ponerse de acuerdo, es la rotunda negativa de los obispos a incluir una petición, innegociable, por parte de las víctimas de abusos. ¿Cuál? Abrir la puerta para que aquellas víctimas que habían aceptado el dictamen del Plan PRIVA, pero no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida –hasta la fecha, la única vía de indemnización para los supervivientes– pudieran reclamar, en segunda instancia, ante la nueva herramienta, dirigida por el Defensor del Pueblo.

Para los obispos, resulta fundamental no dar la sensación de que el plan PRIVA se convierte únicamente en una primera instancia, dejando toda la responsabilidad final al dictamen del Defensor del Pueblo, como por otro lado refleja el acuerdo firmado el 8 de enero.

La última diferencia, esta no insalvable (de hecho, se había avanzado casi hasta el acuerdo), estaría en los baremos a utilizar, mucho más beneficiosos para las víctimas que los que actualmente maneja la Iglesia desde el plan PRIVA, y si éstos serían de obligado cumplimiento en el caso del procedimiento seguido por la Conferencia Episcopal. Tampoco hay diferencias en la exigencia de los supervivientes de tener voz y voto en el proceso, ni mucho menos en que las indemnizaciones no tributen a Hacienda. Y es que el dinero no es problema para una CEE que este año recibió 429 millones de euros a través de la ‘X’ en la Renta. Las previsiones más optimistas estiman que “en ningún caso” se superarían los diez millones de euros en indemnizaciones, habida cuenta de que el convenio afecta solo a los casos prescritos civilmente, y que una vez aprobado tendrá una duración de un año (ampliable a otro).

Las víctimas, hartas

Tras conocerse la falta de acuerdo, varias asociaciones de víctimas mostraron su profundo malestar ante la actitud de los obispos. “Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “esta próxima semana firmen el convenio, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”.

Por su parte, la Asociación Nacional Infancia Robada y la ONG Justice Initiative España pide al Vaticano “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”. En cuanto al Gobierno, y “dado que los plazos para el acuerdo [estaban estimados en un mes, desde el 8 de enero] y han sido rebasados, quizá debería actuar de forma unilateral”.

Una de las víctimas que pasó por el plan PRIVA, y aceptó la indemnización pese a considerarla “claramente insuficiente”, cree que es “imprescindible” que el convenio permita recurrir las reparaciones recibidas, si los baremos del Defensor del Pueblo son superiores, o si se estima que no se ha actuado con equidad. “Ahora mismo, las indemnizaciones son ‘lentejas’. O aceptas lo que te da la Iglesia, o te quedas sin nada. Algunos no tuvimos más remedio que aceptarlas, pero si ahora se abre otro camino, quiero tener el derecho de adherirme a él”, relata para elDiario.es.

Y es que, a la hora de firmar la conformidad con la propuesta del plan PRIVA, la víctima se encuentra con citas como la siguiente: “Con el pago de la citada cantidad con el concepto señalado, las partes dan por cerrado el proceso, se dan por saldadas y liquidadas, y reconocen no tener nada más que reclamarse entre ellas”.

“Esa redacción blinda a la Iglesia: convierte la reparación en un cierre total que impide reclamar en el futuro, incluso cuando la víctima no está conforme o cuando no ha existido una motivación desglosada y verificable”, señala este superviviente, que lamenta cómo “muchas víctimas llegan a PRIVA en situaciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad extrema. En ese contexto, ‘aceptar y firmar’ no siempre es una decisión libre, sino una necesidad”.

“Si el sistema aprovecha esa asimetría para imponer un cierre absoluto, el riesgo de mala fe y de revictimización institucional es evidente”, denuncia, mostrando su firmeza, y advirtiendo: “Si el convenio final nos excluye y nos deja como víctimas de segunda para ahorrarle costes a la Iglesia, estamos decididos a llevarlo por la vía jurídica e impugnar el acuerdo por vulnerar el principio de igualdad”.

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El Vaticano ocultó, durante décadas, miles de casos de pederastia clerical en los cinco continentes. Una dinámica que se mantuvo y que, pese a los cambios implementados por Benedicto XVI (cuya implicación en la ocultación, e incluso su protagonismo en algún caso, parece clara) y por Francisco, permanece en la actualidad en todo el mundo. En algunas ocasiones, como durante la Alemania de los años 30, instó a destruir toda la documentación para evitar que cayera en manos de los nazis y se utilizara para atacar a la Iglesia.

Esta es una de las principales revelaciones de una investigación internacional elaborada por cinco medios: El País (España), Boston Globe (EEUU), Correctiv (Alemania), Observador (Portugal) y Casa Macondo (Colombia), que han logrado bucear en los archivos del dicasterio de Doctrina de la Fe. O, al menos, en aquellos donde resulta muy difícil entrar. De hecho, tal y como relata El País, algunas fuentes señalan que existe un archivo aún más secreto que custodia los casos más graves y delicados. Muchos de ellos, como se recalca, sin número de registro de entrada. ¿Cuántos? Es imposible saberlo.

Y eso que, oficialmente, hasta 2001, no había obligación de remitir a Roma los casos, que llegaban a miles, coincidiendo con la investigación Spotlight. Antes, los que llegaban venían ocultos bajo otros asuntos, como dispensas sacerdotales, sin afrontar el problema.

Un problema del que, según la investigación, León XIV tuvo conocimiento en agosto de 2025, cuando Correctiv envió al Papa una serie de preguntas, junto a los documentos hallados. Según el relato, el pontífice las remitió a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, quien las envió a su vez al Dicasterio de Comunicación, que no contestó. El pasado 27 de enero, las preguntas le fueron entregadas de nuevo al Papa, esta vez en persona, cuando salía de Castel Gandolfo. Aún no ha respondido.

“Con todo, la llegada del nuevo Pontífice ofrece la oportunidad de un cambio de actitud del Vaticano, para dar el paso hacia una auténtica transparencia sobre todo lo que sabe y qué hay en sus archivos”, explica la investigación, que recalca que “León XIV ha mostrado en su trayectoria sensibilidad con las víctimas de la pederastia y ha apoyado el trabajo de los periodistas”. Todo ello bajo una premisa, que aloja una aparente contradicción: “En varios países, en aras de la verdad, la Iglesia ha asumido auditorías internas, pero el Vaticano no, cuando es el mayor centro de información del escándalo”.

Los documentos más antiguos que ahora se desvelan son de los años treinta en Alemania. Ante el riesgo de que los expedientes de curas pederastas cayeran en manos de los nazis, enemigos de la Iglesia católica, la orden fue clara: “Quemad todo”. Otros papeles, como los del ‘caso Ratzinger’, que relata un posible encubrimiento del futuro Benedicto XVI, sí eran conocidos, aunque no en toda su profundidad. Un caso, por cierto, que sigue abierto en Alemania, y que señala cómo hasta quien iba a convertirse en Papa tramitaba los casos al margen del protocolo, lo que provocó que un cura pederasta siguiera en su cargo, y abusando de menores, durante años.

Los casos planteados sí ofrecen una visión de conjunta, con una conclusión: durante décadas, en distintos lugares del mundo, se siguió ocultando, con el permiso (tácito o expreso) de las autoridades eclesiásticas, a muchos pederastas. “El Vaticano tiene el que es probablemente el mayor archivo de pederastas impunes del mundo. Esta investigación arroja luz sobre ello”, señalan los documentos.

La investigación concluye instando a la Santa Sede a “abrir los archivos, o revelar su contenido, o emprender un estudio propio y ofrecer datos”, lo que se interpretaría como “un gesto decisivo para mostrar la voluntad real de León XIV de que se conozca toda la verdad sobre el escándalo”, como él mismo ha resaltado en má de una ocasión. La última durante su encuentro, este lunes, ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Su pasado le avala: gracias a su trabajo, logró acabarse con el Sodalicio. El mismo lunes, antes de hablar ante Tutela Minorum, recibía al periodista Gareth Gore.

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El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, acude a Pamplona con motivo de una reunión de las comunidades autónomas sobre los sistemas de notificación de la violencia contra la infancia. En la capital navarra se inauguró hace pocos meses un centro Barnahus o 'casa de los niños', un espacio “adaptado a la infancia” en el que se centralizan todos los servicios y protocolos ante una denuncia por violencia sexual para facilitar el proceso al menor. En la entrevista con elDiario.es, Pérez Correa lamenta que “miles” de personas que han sufrido este tipo de violencia en etapa infantil no la han denunciado y asegura que el modelo Barnahus “funciona”, que “acelera” los procesos y que “ha venido para quedarse”.

Sobre la ley de Violencia Vicaria, que ha abierto una grieta en el Gobierno entre los ministerios de Infancia y Juventud, Justicia e Igualdad, sostiene que “un maltratador nunca es un buen padre”, por lo que aboga por suspender el régimen de visitas “cuando hay una denuncia de violencia de género”.

Un informe elaborado por Save The Children apunta que cuatro de cada diez procesos judiciales de violencia sexual en menores se prolongan más de tres años, dificultando así su recuperación. ¿Cómo se puede reducir ese tiempo?

Tenemos un serio problema, no solo de proceso judicial largo, sino incluso de información previa, de los pasos que se tienen que dar para hacer una denuncia sexual. La gente muchas veces se encuentra con un montón de ventanillas y administraciones diferentes y lo que estamos haciendo hoy [por el martes] en Navarra es un ejemplo de lo que hay que hacer: un sistema judicial adaptado a la infancia, un mecanismo de denuncia donde todos los servicios y todos los protocolos que entran en una denuncia estén en el mismo edificio. Ese es el modelo Barnahus, un modelo que reduce el tiempo de denuncia y hace que todo el peritaje y toda la parte de prueba preconstituida sirva al proceso judicial, lo que lo acelera mucho y da mecanismos magníficos para que no solo que no se dilate demasiado el proceso, sino que haya denuncias. El informe de prevalencia que hemos encargado habla de un 28% de personas que en etapa adulta dicen que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Eso refleja que hay miles de personas que no están denunciando o que no han denunciado en etapa infantil.

El mismo informe también menciona el problema de que la víctima tenga que declarar en más de una ocasión, provocando así una revictimización.

Es así. No es lo mismo la casa Barnahus, que parece una escuela infantil, en la que hay muebles infantiles y zonas de juegos, donde se puede hacer desde la generación de la prueba preconstituida, la declaración del menor, el acompañamiento de un equipo de psicólogos e incluso lo que es la exploración forense y la exploración médica. También la declaración en el juzgado a través de una cámara con la presencia del juez y de los abogados de las partes. Creo que es un mecanismo absolutamente central ahora mismo, junto con el hecho de que hemos aprobado una ley de eficiencia del sistema judicial que por primera vez crea las secciones de infancia y adolescencia en los juzgados, con lo cual vamos a acelerar mucho los procesos de protección a la infancia en los procesos del ámbito judicial.

¿Ese modelo soluciona todos los problemas que han venido denunciando las asociaciones de víctimas?

Sin duda, en Europa está funcionando. En Catalunya, que es quien va más avanzada porque tiene ahora mismo 12 centros Barnahus, los primeros indicadores dicen que ese proceso se acelera, que es menos traumático, que las familias pueden acompañar al menor y que el menor está más cómodo para realizar la declaración, que es la que constituye la prueba. La Comisión Europea y el Consejo de Europa ya han dicho que esto es una parte estratégica del sistema de protección a la infancia en el ámbito europeo. 

¿Y va a servir para que haya más condenas? Asociaciones de víctimas venían reclamando la necesidad de que la declaración de un facultativo sirviese como prueba preconstituida.

El entorno donde el menor declara muchas veces genera contradicciones en su propia declaración y con Barnahus se evita eso. No es lo mismo declarar en un edificio vetusto del siglo XIX en sede judicial y que puede provocar que el menor declare algo que sea diferente a lo que declaró en sede policial. Esas contradicciones muchas veces se utilizan por parte de los jueces para no dar validez al testimonio del menor. El hecho de que haya un ambiente protector en todo el proceso de declaración, en la generación de la prueba, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también estén dentro del Barnahus, y que sea allí donde hablan y toman declaración al menor, sin duda va a evitar esa falta de pruebas o que el menor incurra en contradicciones y que se desestimen las demandas. Ya está teniendo un impacto muy positivo.

Mencionaba la creación de los juzgados especializados, pero por el momento solo se han anunciado tres.

Por el momento se han anunciado tres porque es cierto que la mayor parte de casos de violencia sexual, cuando es hacia niñas, se están vehiculizando en los juzgados de los juzgados de Violencia de Género. Es un debate que hay ahora mismo: nosotros creemos que no, que tienen que estar vehiculizados en las secciones de Infancia. Se han abierto las tres por el número y volumen de casos, pero es cierto que la revisión es anual. En septiembre se va a volver a revisar este número de necesidades que tiene el sistema judicial y nosotros entendemos que se van a abrir muchas más.

El modelo ha sido recientemente estrenado aquí en Navarra. En otras comunidades ya funciona, ¿se va a extender a todo el país?

Sí, Cantabria también acaba de abrir un centro, en Catalunya se ha abierto otro más en Terrassa, en Las Palmas también, en Andalucía hay varios… Es decir, es un modelo que ha venido para quedarse y el diálogo entre comunidades autónomas está funcionando muy bien. En unos años veremos este modelo como el modelo central. Si nuestras encuestas nos dice que uno de cada cuatro menores han sido víctimas de violencia sexual, tenemos que tener un sistema suficientemente coordinado para la prevención y, sobre todo, para la delimitación de los casos y las condenas.

¿Y cuál es el papel del Ministerio?

De formación y de autoevaluación del modelo. También entendemos que tenemos que poner muchas más garantías en todo el proceso judicial y eso es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Tenemos una ley puntera en el ámbito del derecho comparado, en lo que son leyes de protección de los menores ante la violencia, pero hemos planteado una reforma de la ley, que estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia, de algunos aspectos que tienen que ver con la declaración del menor, no solo en sede judicial, sino también en todos los ámbitos donde interactúa la relación de los menores con personas adultas. 

También creemos que hay que hacer una protocolización del modelo de ajuste en España. Es cierto que cada comunidad está siguiendo unas pautas muy marcadas consensuadas en el ámbito europeo, pero estamos viendo la posibilidad de arbitrar un Real Decreto para homogeneizar la figura del Barnahus en cuanto a procedimientos, dotaciones, etc.

¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre instituciones para facilitar el proceso a quien denuncia?

Precisamente le hemos planteado al Ministerio de Justicia la modificación de la LOPIVI por esta cuestión. Nosotros tenemos una muy buena ley, la conocida como 'ley Rhodes', que nace por una persona que ha sufrido abusos y se encontró con esa maquinaria burocrática de tocar muchas puertas, muchas ventanillas. Eso ahora se ha simplificado y se tiene todo en un mismo centro, pero también es necesario tener el mecanismo jurídico bien engrasado. Por ejemplo, tenemos que conseguir que los jueces escuchen al menor de manera muy clara, donde haya causa Barnahus y donde no la haya, donde haya sección de Infancia o donde no haya. Y para eso la LOPIVI tiene que cambiar.

También tenemos que cambiar algunos mecanismos que ahora mismo rigen en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, la figura de los coordinadores de bienestar de los centros educativos, que son los que detectan de manera preventiva estos casos, los que pueden derivar a sede judicial y los que pueden establecer un protocolo y un seguimiento. Creemos que en esos mecanismos que se cambian en la LOPIVI se puede facilitar que la denuncia de un menor que es víctima de violencia sexual se dé por la identificación del personal educativo, la figura del coordinador de bienestar como elemento central en el ámbito educativo o el monitor de un centro de ocio y tiempo libre o el monitor o entrenador de un club de fútbol. Y eso sí que requiere una parte muy importante de formación que tiene que desarrollar la propia LOPIVI.

¿Hay ya fecha para llevar la reforma al Consejo de Ministros?

Hemos cerrado una propuesta de texto que le hemos trasladado al Ministerio de Justicia. Estamos trabajando ya esta semana en las reuniones con el Ministerio de Justicia y entiendo que en este primer tramo del año lo vamos a tener porque son cuestiones más técnicas que tenemos que consultar también con el Consejo General del Poder Judicial. Se puede llegar a un consenso en los próximos meses.

En Álava y en Navarra opera un campamento que ha recibido una veintena de denuncias por violencia sexual. Hay una investigación en curso, pero el Gobierno vasco quiere endurecer la ley vasca para que se pidan antecedentes de delitos sexuales. ¿No es algo que ya existe?

Existe, pero es cierto que tenemos que endurecerla mucho más. Ahora mismo un profesor condenado por un caso de violencia sexual, una vez acabada su condena, se puede reincorporar al ámbito educativo. Eso lo queremos endurecer. Vamos a hacer una reforma a algún artículo de la LOPIVI para que las personas que han tenido condenas de este tipo sean apartados de manera indefinida de la posibilidad de volver a ser docentes. Hay docentes que han sido abusadores y, cumplida su condena de inhabilitación, han regresado al ámbito educativo. La LOPIVI dejaba ahí un marco y es lo que queremos corregir, también por petición de los sindicatos, que nos han pedido que se aclare mucho más esta figura por una cuestión de protección a la infancia en el ámbito educativo.

El Gobierno ha chocado por la Ley de Violencia Vicaria, con diferencias entre ministerios. Juventud e Infancia se descolgó del primer texto al considerar que no garantizaba los derechos de las mujeres y los niños y adolescentes. Desde entonces, los ministerios implicados han seguido negociando. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

Estamos intentando avanzar un texto, pero nosotros tenemos una premisa, y es que un maltratador nunca es un buen padre. Por lo tanto, para nosotros la suspensión del régimen de visitas cuando hay una denuncia de violencia de género debe estar reconfigurada. Hemos avanzado en algunas cosas, como lo que tiene que ver con la escucha de los menores, pero necesitamos desatascar esta cuestión, que no es solo nuestra visión como Ministerio, es algo demandado por una parte muy importante de la judicatura, sobre todo mujeres, que son las que dicen que están hartas de no poder determinar esas suspensiones muchas veces por falta de corpus jurídico. Aprovechando que es muy necesaria una ley de Violencia Vicaria, intentemos colocar esta cuestión como cuestión central. Y luego no disociar nunca la violencia vicaria como algo endógeno de la violencia de género. La verdad es que en estas semanas de negociación hemos avanzado mucho en un texto de consenso.

Una de las cuestiones en las que más se pone el foco en el Gobierno al hablar de juventud y violencias sexuales es en el consumo de pornografía. ¿Centrar el debate público en el porno puede estar desplazando la discusión de fondo sobre los déficits en educación afectivo-sexual?

Totalmente. Establecer el problema solo sobre la cuestión del porno desdibuja el problema que tenemos de la exposición de los menores en los entornos digitales. Nosotros siempre hablamos de los entornos digitales como elementos muy globales que tienen una incidencia sobre el ámbito educativo, sobre el ámbito afectivo, sobre la salud mental de los menores, sobre el concepto de soledad y la socialización y sobre patrones adictivos de adicciones sin sustancia, bien sea juegos online o juegos de azar. ¿Qué es lo que nos preocupa de la pornografía? La absoluta impunidad con la que operaban los suministradores de contenido pornográfico, sin ningún tipo de prevención y precaución del acceso de los menores. La mayor parte de veces el menor no busca esos contenidos, sino que le llegan a través de mensajería o a través de pop-ups o elementos de diseño de las propias apps. En este sentido hemos querido que la ley de Entornos Digitales haga el eje de protección y el de verificación de edad. 

Hay que volver a una cultura de prevención y de la educación afectivo-sexual en los centros educativos. No se puede permitir ese pensamiento más conservador de “Yo no quiero que mi hijo estudie educación sexual en el centro educativo”. Eso no es un derecho de la familia, es un derecho del menor. Así como un padre no puede prohibir que a su hijo le enseñen matemáticas, no se puede prohibir que le enseñen educación afectivo-sexual porque está teniendo una incidencia tremenda en la salud mental y en la salud afectiva de los menores. No nos corresponde a nosotros ese debate, hay 17 comunidades con competencias, pero nos consta que el Ministerio de Educación, que es consciente de este problema, está trabajando en su conferencia sectorial y con las comunidades para recuperar el currículum educativo en este ámbito y evitar las graves carencias que los menores están buscando en ChatGPT o en otros contenidos en Internet.

Estudios recientes apuntan a que el número de jóvenes que se identifica como feminista está cayendo. Aunque con grandes diferencias entre chicos y chicas, en ellas también parece estar calando el discurso antifeminista. ¿Debería el Gobierno hacer algo distinto a lo que está haciendo para intentar reconquistarles?

A veces somos muy pesimistas cuando hablamos de esta ola conservadora de los jóvenes. El Ministerio de Igualdad ha dado unos datos que dicen que el 70% de los jóvenes están de acuerdo en que sus compañeras cobren lo mismo que ellos y en que tengan sus mismos derechos. Es decir, lo que se considera que son las bases constitutivas del feminismo, los jóvenes de este país las aprueban, pero luego no quieren declararse feministas. Se ha convertido el término feminismo en algo pernicioso, al igual que ha hecho la extrema derecha con el término ‘MENA’. Es cierto que hay un sesgo importante de género, que hay una ola conservadora en algunos jóvenes, pero también es cierto que en este país los jóvenes están posicionados más a la izquierda, aunque luego en el eje de voto se explicite más el voto a Vox, quizás porque hay un voto contestatario que se puede entender como un elemento de protesta.

El Estado tiene que evitar que las redes sociales se conviertan en un elemento de mentira, de manipulación y de tergiversación. Que exista capacidad de verificar los contenidos, las informaciones y que las fake news no campen a sus anchas. También regular que los delitos de odio, los insultos, las vejaciones y las amenazas no puedan estar en los entornos digitales. La ley de Entornos Digitales ya está en fase de cerrar las enmiendas con los grupos parlamentarios y creo que va a ser un cambio de paradigma muy importante con estas cosas.

Se ha generado debate por la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales hasta una determinada edad. ¿Es una medida factible?

El debate tenemos que ponerlo encima de la mesa en los márgenes jurídicos en que nos movemos en España. En España un menor de 14 años ya no puede tener redes sociales porque la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que ninguna persona menor de 14 años puede ceder sus datos a un operador privado. Lo que vamos a hacer con la ley de Entornos Digitales es elevarla a 16. No se trata de prohibir el acceso a los menores de 16 años a todas las redes sociales, ese es el modelo de Australia, que no está funcionando porque lo que hace es que se generen unas nuevas redes sociales incluso con menos control. Lo que queremos es obligar al sector tecnológico a que si quiere que operen menores de 16 años, las redes tienen que estar adaptadas. ¿Y cómo se adapta a esa edad? Pues por ejemplo, haciendo que un menor de 16 años no pueda interactuar con un adulto que no esté autorizado por los padres. Por lo tanto, ahí introducimos la cuestión del control parental, que los padres decidan con qué personas adultas pueden interactuar sus hijos en WhatsApp.

Usted ha defendido adelantar la edad de voto a los 16 años. ¿Por qué?

Para que los jóvenes defiendan la democracia tenemos que hacerles partícipes de las reflexiones sobre los valores que sustentan la democracia en este país. Si con 16 años se puede trabajar, se puede tomar decisiones sobre salud sexual, reproductiva y del ámbito sanitario, también se tiene que poder votar. Tener derecho a votar al Gobierno que luego va a arbitrar con los sindicatos y la patronal el convenio colectivo que se me va a aplicar cuando empiece a trabajar con 16 años.

¿Habéis oído la condena de Abascal a Andrés de Inglaterra, por depravado y antipatriota? ¿No? ¡Ni yo! Qué raro, teniendo en cuenta que, hace tres años, el líder de Vox fue el gran valedor en España de la peli Las voces de la libertad, un taquillazo de supuesta denuncia de la pederastia internacional, producido por su amigo Eduardo Verástegui. Pero de raro nada, claro. Porque la película era, en verdad, una herramienta de propaganda al servicio del Pizzagate y QAnon. Esos inventos ultraderechistas para sacar de la Casa Blanca a los demócratas con falsas acusaciones de que dirigían, desde el sótano de una pizzería en Washington, una red global de pederastas progres.

La realidad les ha arruinado la conspiranoia. Porque, por lo que sea, resulta que los pedófilos eran ricos, famosos y amiguetes de la pandilla fachosa de Trump. Y, para reunirse y perpetrar sus fechorías preferían, mejor que los sótanos de ninguna pizzería, la isla privada, ¡dónde va a parar!, del magnate Jeffrey Epstein y su novia Ghislaine Maxwell. Cosas de la vida, ellos que tan sonrientes posaban en fotos de festorros con Donald y Melania, hoy están, él, muerto, tras aparecer colgado en prisión, sin que nadie haya pagado por matarlo ni por no evitar la muerte de quien tanto podía confesar y, ella, pendiente, en la cárcel, de que su colega Trump, hoy presidente de EEUU, le dé inmunidad a cambio de que ella lo exculpe.

¿Cómo van a criticar Santiago Abascal y su troupe de Vox al detenido expríncipe Andrés, tan amigo de Epstein quien, a su vez, era íntimo, no solo de Trump, sino de Steve Bannon que le pedía a Epstein ayuda para financiar a la extrema derecha europea y así cargarse, desde dentro, Europa?

Valor, valores y patriotismo de boquilla

La incómoda verdad de la podredumbre ultraderechista brota como un géiser incontenible. Y eso pese a los contactos, al poder y dinero que, seguro, se están moviendo para intentar taparla. ¿Sabía y es cómplice Vox de las violaciones de jóvenes por esa red de afines a sus ideas y financiadores? ¿Acaba de descubrirlo y le falta valor para criticar y alejarse de sus poderosos mentores?

¿El patriotismo de Vox es de la misma calaña al del ex príncipe Andrés que, como ha revelado su detención, le pasaba a Epstein “información confidencial” sobre acuerdos, contratos e intereses comerciales y diplomáticos del Estado, para sus beneficios personales? En qué quedamos: ¿patriotas o vendepatrias?

El trumpismo que llegó a la Casa Blanca con embustes sobre la existencia de una red de pederastas progres con sede en el sotáno de una pizzería de Washington aparece, en multitud de pruebas, vinculado a los abusos sexuales a menores en la isla del magnate Epstein. Sin que Vox se plantée condenarlo y desvincularse.

Vox no sólo no demuestra con hechos el valor y amor patriota que pregona, sino que tampoco defiende la familia. Qué hipocresía darse golpes de pecho por su “defensa”, mientras se asumen, sin escándalo, abusos sexuales perpetrados, por esposos y padres, sobre menores que son hijas de otros progenitores.

Pero, ¿qué cabe esperar de las mujeres y hombres de Vox, que no condenan crímenes machistas como los degollamientos de una mujer y su hija de 12 años en Xilxes (Castelló) por su marido y padre maltratador, ni tampoco el asesinato a machetazos de un niño de 10 años y las heridas graves a su madre por el padre y expareja de ambos en Arona (Tenerife)?

Toda una vergüenza cuando los datos revelan que éste es un problema nacional de primera línea: desde que, en 2003 se empezó el recuento de asesinadas por machismo ya son 1.352 y desde que, en 2013, se inició el de niñas y niños víctimas de violencia vicaria, hay 67.

Vox solo propone islamofobia

Las y los fascistas de Vox no dedican tiempo ni esfuerzo a evitar estas tragedias. Al contrario, en cada ayuntamiento o autonomía donde el PP les necesita, imponen sus recortes a la protección a las familias víctimas de violencia machista.

Su objetivo es llegar al poder para recortar los derechos de la mayoría social, aumentar la jornada laboral a 12 horas semanales, como hace Milei en Argentina y Abascal dice que le copiará, y darse, ellos y sus amigotes de élites depravadas, a una impune vidorra, machirula y salvaje.

El neofascismo de hoy, como el fascismo de los años 30, aspira a llegar al poder para blindar la impunidad y el enriquecimiento de élites salvajes. Y hoy culpa a los musulmanes, como ayer a los judíos, de problemas sociales y económicos, en realidad causados por su egoísmo y voracidad ultracapitalista.

Y, para conseguirlo, tuneando el manual de antisemitismo nazi de los años 30, que ya llevó a Hitler al poder, ponen todas sus esperanzas en sembrar islamofobia contra las y los musulmanes. Ahí sí los veis, los vemos, a diario, a pico y pala, arrastrando al PP en propuestas legislativas contra burkas que, en España, cuesta más encontrar que una aguja en un pajar. Impulsando, tras fracasar su propuesta en el Congreso, toda una cruzada contra la comida halal, propia de los musulmanes, en los comedores escolares.

Tanto que dicen querer proteger a las musulmanas de la opresión del velo, no condenan el brutal secuestro de casi dos años perpetrado por un murciano contra la marroquí Salma y, como se ha denunciado en la manifestación feminista en apoyo a ella, medios ultraderechistas “hablan de venganza de la víctima” y de “denuncia falsa”.

Abascal y ese Vox cada vez más anónimo, que al echar a Ortega-Smith pierde a su penúltima cara conocida, no cambiarán. Son lo que son: una amenaza creciente para el bienestar, la convivencia pacífica, el desarrollo con reparto justo y los derechos en España. Por eso es clave que las y los demócratas de este país, las y los socialistas y las gentes de las izquierdas plurales articulemos juntos una alternativa ilusionante y de avance. Ojalá, tras el pertinente diálogo-aldabonazo, esta semana, de Emilio Delgado y Rufián, el “Paso al frente” que hoy presentan Sumar, IU, Comuns y Más Madrid sea un gran paso, en el buen camino, atinado, decidido, capaz de concitar a más y de ser útil a la sociedad.

La Fiscalía Financiera francesa ha anunciado este lunes que está llevando a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA), presidido por Lang hasta hace nueve días, figura entre los locales registrados por los investigadores.

Tanto Jack Lang como su hija Caroline están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) por los cargos de “fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales”. El nombre de Lang y el de su hija aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein publicados a finales de enero.

Las pesquisas de las autoridades en el Instituto del Mundo Árabe se producen el mismo día en el que Lang se despedía oficialmente de la fundación tras 13 años en el cargo, del que dimitió el 7 de febrero pasado. Mañana, martes, está previsto que se celebre el Consejo de administración en el que se elegirá a su sucesor o sucesora.

El IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por el Estado francés por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.

Un grupo de jueces investiga las ramificaciones del caso Epstein en Francia

Este sábado, medios franceses informaron del nombramiento por parte de la Fiscalía francesa de un grupo de magistrados para analizar “eventuales infracciones asociadas a ciudadanos franceses” en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La Fiscalía indicó que trabaja “en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y con la dirección nacional de la Policía Judicial (...) con la meta de abrir investigaciones”.

'Le Parisien' aseguró hace dos días que la Fiscalía ya ha dado pasos concreto al proceder a “un nuevo análisis integral del dosier de instrucción” del antiguo agente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022 y allegado a Epstein. Brunel fue imputado en 2020 y 2021 por violaciones a menores y el caso decayó tras su muerte en prisión.

El objetivo de esta reapertura es la de “poder sacar cualquier elemento susceptible” que tenga una utilidad en “un nuevo contexto de investigación”.

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein tenía un vínculo especial con Francia, donde poseía un lujoso apartamento de 740 metros cuadrados en la exclusiva Avenida Foch de París.

Además del exministro socialista Jack Lang, en Francia hay sospechas de la implicación de un alto cargo de Exteriores, Fabrice Aidan, quien habría tenido una relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró el pasado miércoles que no descarta que pueda haber más diplomáticos franceses en el caso Epstein, tras mostrarse “consternado” e “indignado” por descubrir la presunta implicación de este alto cargo de su departamento, actualmente en excedencia.

Entrevistado por la radio RTL sobre la posible presencia de otros casos de filtraciones de correos electrónicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el caso Epstein, Barrot respondió: “No puedo descartarlo”. “Nombres de diplomáticos parece que aparecen en los documentos sin que yo pueda sacar ninguna conclusión”, matizó.

El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son “extremadamente graves”, por lo que la víspera, además de remitir el caso a la Fiscalía, abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.

Jeffrey Epstein, líder de una red de tráfico y abuso sexual de menores para otros hombres con dinero, se suicidó hace seis años en una celda de una cárcel de Nueva York, pero no se llevó todos sus secretos a la tumba. Algunos dejaron rastro en su correo electrónico y en su agenda de contactos. Ese material, que en parte ya se había filtrado durante la investigación, se acaba de publicar casi por completo. Son tres millones de páginas. Son cientos de miles de correos electrónicos… más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Mientras los periodistas intentamos revisar, contrastar, recabar información, corroborar versiones… Internet se llena de hallazgos muy relevantes, sí, pero también de titulares arriesgados y especulaciones. Así que nosotros, con la información que tenemos, tratamos de explicar lo que se sabe y lo que no se sabe hasta el momento. Lo hacemos con el colaborador de elDiario.es y con el director adjunto de Maldita.es, Carlos Hernández Echevarría. 

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Los tribunales han confirmado la condena de 433 años de prisión impuesta a un pedófilo con antecedentes que a lo largo de 2021 contactó con varias decenas de menores a través del videojuego Fortnite para obtener imágenes sexuales de ellos. El Tribunal Superior de Madrid ratifica que este pederasta incurrió en más de medio centenar de delitos, aunque como mucho cumplirá dos décadas entre rejas. Se trata de una de las condenas más altas impuesta en España a un pederasta por delitos sexuales contra menores de edad.

Aldo M. V. llevaba varias décadas afincado en Málaga cuando un juzgado de la localidad madrileña de Getafe registró hasta el último rincón de su casa en septiembre de 2021. Los tribunales andaluces ya le habían condenado en varias ocasiones por abusos a menores. En una de ellas, por atraer a su casa a los niños de su bloque de pisos en el distrito malagueño de Carretera de Cádiz con la excusa de jugar a la PlayStation en 2005 y abusar de ellos.

En total, abusó de una quincena de niños y recibió condenas que sumaron más de medio siglo de cárcel, aunque los tribunales redujeron su cumplimiento efectivo. Años después y con sus condenas cumplidas, volvió a la carga: empezó a contactar con menores de edad a través del videojuego Fortnite, donde se ganaba su confianza en las partidas pero también dándoles “paVos” –la moneda virtual de este battle royale con millones de jugadores en todo el mundo– o comprando skins para ellos.

Hasta en 25 ocasiones, según las resoluciones judiciales a las que ha accedido elDiario.es, el pedófilo contactó con jugadores menores de 12 años de edad y consiguió que le suministraran imágenes íntimas y sexuales. Videollamadas por Skype que él grababa y de las que llegó a sacar cientos de pantallazos que almacenó en un servidor en Internet. Los investigadores encontraron las imágenes y vídeos en un registro en el que intervinieron un ordenador, un teléfono móvil, varias memorias, una libreta y varios chupetes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de confirmar íntegramente la condena que le impuso la Audiencia Provincial a mediados del año pasado: hasta 433 años de prisión por más de medio centenar de delitos sexuales relacionados con la pedofilia. Desde abusos sexuales hasta pornografía infantil pasando por modalidades específicas como el 'grooming'. Los jueces también mantienen, por tanto, el cálculo que limita en el tiempo el cumplimiento de su condena: como máximo pasará 20 años entre rejas, cuatro de los cuales ya ha pasado en prisión preventiva.

Parte de su condena también procede de una agresión sexual que perpetró sobre un menor de edad en Málaga. Aprovechó que estableció contacto con la madre de la víctima en una playa nudista para, aprovechando momentos de intimidad, perpetrar sus asaltos sexuales.

15 años abusando de niños pequeños

El TSJ de Madrid rechaza los argumentos del recurso del pedófilo: que no había pruebas contra él, que había sido condenado varias veces por los mismos hechos e incluso pedía reducir a la mitad las indemnizaciones de sus víctimas. Los jueces contestan que fueron intervenidas “innumerables imágenes” que tomó de los menores, él mismo sale en algunos vídeos y “son múltiples menores los que coinciden en el patrón de actuación del acusado”.

Las indemnizaciones tampoco son excesivas, explica el TSJM, y responden a los “graves sentimientos de vergüenza y humillación” que experimentaron las víctimas. El acusado, añaden los jueces, no padece ningún trastorno que justifique una rebaja de la condena, tal y como pedía al afirmar que tiene “dificultad para controlar impulsos”. Contestan los jueces del tribunal madrileño que no existe ningún diagnóstico y que “en absoluto esto puede llevar a concluir que tuviera alteradas sus facultades intelectivo volitivas”.

Las distintas sentencias revelan un mismo modus operandi desde al menos el año 2005, cuando, según los tribunales malagueños, empezó a abusar de niños de su bloque de pisos con el cebo de jugar a la consola en su casa. En esos años, tal y como publicó entonces el periódico ABC, también aprovechó su puesto como entrenador de fútbol para abusar de menores de edad aunque los jueces dejaron en 12 años de prisión el cumplimiento máximo de todas esas condenas que sumaban más de 50 años. En esos años, según denunció una asociación, trabajaba en varios colegios públicos de Málaga.

Su última detención a manos de la Guardia Civil fue la que ha desembocado en esta condena de más de 400 años de presidio. Las alarmas saltaron cuando los padres de una de sus 25 víctimas informaron de las sospechas que tenían sobre cómo su hijo mantenía contacto con un adulto a través de un videojuego. Si el Tribunal Supremo no corrige esta sentencia, este pedófilo nacido en Argentina y afincado en Málaga será expulsado de España cuando cumpla la mayor parte de su condena.

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, uno de los delincuentes más buscados de España reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años.

Fuentes policiales han confirmado a EFE la detención de Vázquez Patiño y que ha intentado apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial (GOE) que formaba parte del dispositivo habilitado para el arresto, como ha adelantado el diario 'ABC'.

El fugitivo, que ha sido arrestado en Meicende, una aldea de Arteixo (A Coruña), figuraba en la lista de diez más buscados por la Policía, que detallaba que tiene 46 años, complexión obesa, cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones.

“Está siendo un goteo constante, pero hemos notado un repunte en víctimas que, ahora sí, quieren denunciar”. Desde que el pasado 8 de enero Gobierno e Iglesia firmaran el histórico acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, las peticiones de información por parte de nuevos supervivientes se han multiplicado, tal y como ha podido comprobar elDiario.es de manera directa (varias de ellas se han puesto en contacto con nosotros para saber adónde acudir), y han confirmado a este portal varias asociaciones de víctimas. “Me gustaría saber cómo poder informarme”, “Quisiera ponerme en contacto con algunas asociaciones de víctimas”, son algunos de los mensajes recibidos.

“Hemos recibido al menos una docena de nuevos testimonios en estos días”, proclaman desde Infancia Robada. Algo similar sucede en el caso de Lulacris o en las asociaciones de víctimas de Navarra. Algunos de estos casos llegan directamente, a través de los mecanismos de información de las asociaciones. Otras, directamente vía Defensor del Pueblo, que todavía no ha comenzado su trabajo, pues el mandato aún no ha sido firmado, ni los baremos establecidos.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, por su parte, constatan esta realidad, y esperan que, una vez establecido el procedimiento y puesto en marcha el plazo propuesto por el acuerdo (un año, prorrogable uno más), sean “cientos” las víctimas que puedan apoyarse en este instrumento de reparación, que supera (aunque no anula) en plan PRIVA.

"La Iglesia no va a caer en bancarrota", apuntan fuentes episcopales, que cifran en 150-200 los nuevos casos que puedan surgir con el nuevo modelo

Entre las razones, se encuentra la mayor confianza que desprende el aval del Estado frente a las suspicacias que muchas víctimas mantienen en el modelo propuesto por la Iglesia. A la vez, la convicción (planteada por el presidente del Gobierno a las asociaciones) de que los baremos de indemnización serán superiores a los planteados actualmente por el plan PRIVA, la apertura de compensaciones para familiares de víctimas que murieron mientras el proceso estaba en marcha y, también, que las víctimas que ya recibieron una indemnización de la Iglesia puedan pedir al Defensor del Pueblo que vuelva a evaluarse su caso.

Desde la Conferencia Episcopal, por su parte, dan por “superada” la primera fase, y estiman que el nuevo modelo no llegará a las “150-200” peticiones, bastantes más, por cierto, de las que se han decidido a acudir al PRIVA en el último año y medio. Después de años de suspicacias, los obispos “no tienen miedo” de asumir sus responsabilidades. “La Iglesia no va a caer en bancarrota”, apuntan fuentes episcopales consultadas, que sugieren que, en un año de funcionamiento, la institución, la Comisión del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA) ha recibido ya 114 casos para su estudio y ha dictaminado una reparación económica de más de 1,9 millones de euros.

Con todo, el proceso es especial, toda vez que las víctimas cuyos casos hayan prescrito solo tendrán un año (prorrogable a dos) para solicitar su reparación. “Después, esa puerta estará cerrada. La del Gobierno, no la de la Iglesia”, recalcan desde la CEE. Las víctimas, por su parte, seguirán trabajando para “informar y asesorar” a los supervivientes, que cada vez más buscan acogerse al modelo de atención acordado entre la Iglesia y el Gobierno y que tiene a los supervivientes en el centro.

Toda la información en www.religiondigital.org

El juez de Barcelona ha procesado por tercera vez a T.L., el electricista acusado de liderar una red de pederastia en el Raval, por abusar sexualmente de dos menores, grabarlas en vídeo e inducir a la prostitución de uno de ellos, al que ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. También irá a juicio otro acusado, pero la causa se ha archivado para otros nueve hombres imputados.

En su resolución, el juez concluye respecto a estos nueve hombres que no han sido identificados por la primera víctima en las ruedas de reconocimiento que se practicaron, si bien existen conversaciones entre ellos y el líder de la red de pederastia en las que hablan “claramente” de mantener relaciones. A diferencia de otras violaciones a la misma menor, de solo 13 años de edad, no se grabaron en vídeo. La falta de identificación de los autores hace que se tenga que archivar el caso contra ellos.

Se trata del tercer caso por el que el líder de la red de pederastia ha sido procesado: en el primero, por el que la Fiscalía le pide 107 años de cárcel, está acusado de violar a una menor tutelada por la Generalitat; en el segundo, de agresiones sexuales a otros cuatro menores de 16 años.

En este tercer caso las víctimas son la misma joven extutelada y otro joven, que cuando fue violado contaba con 14 años de edad, esto es, sin contar con la edad de consentimiento sexual. Durante junio y julio de 2021, expone el juez en su resolución, T.L. contactó a través de Instagram con el menor, al que indicó que “le esperaba” junto al otro procesado.

El líder de la trama ofrecía marihuana al menor para ganar su confianza, y luego pasó a agredirle sexualmente, incluso a cambio de dinero. El menor habría sido víctima de violaciones en nueve ocasiones, mientras que la joven extutelada lo habría sido en cinco, detalla el auto de procesamiento.

Los hechos pueden suponer delitos de abusos sexuales a menores de 16 años, elaboración de pornografía infantil e inducción a la prostitución de menores de edad. Los dos procesados permanecen en prisión preventiva.