“Los hechos probados, cometidos contra un menor de edad e imputables al acusado, constituyen una causa grave que justifican la expulsión de la Prelatura”, según el artículo 30.1 del Código de Derecho Particular del Opus Dei. Esta es la conclusión de la sentencia canónica del ‘caso Gaztelueta’, firmada por el delegado pontificio, José Antonio Satué, y el notario José Luis Perucha, y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Aunque en la práctica se 'revoca' la declaración que hizo en su día el ex prefecto Luis Ladaria, llamando a “reponer” el buen nombre del profesor “falsamente acusado”, el decreto no entra en el asunto de la actuación del Opus ni habla de indemnizaciones. La familia de la víctima lamenta la resolución de la Iglesia, que había reabierto el caso tras una orden del papa Francisco: “¿Justicia canónica? Será Justicia celestial, porque la eclesial no existe”, resume Ana Cuevas, madre de la víctima.

La sentencia considera probados los abusos por parte de José María Sanz, pero no aborda condena alguna para el Opus Dei, más que la obligación de expulsar al docente, hasta la fecha numerario de la Obra. En el texto, de 14 páginas, sí queda claro que ni el Opus Dei ni el acusado quisieron colaborar en el proceso. “El Sr. José Martínez Sanz mantuvo esta decisión de no comparecer ante el Delegado durante todo el proceso”, relata Satué. De hecho, uno de los letrados del acusado abandonó el proceso a la mitad.

El profesor del colegio masculino Gaztelueta y numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz fue condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 11 años de cárcel por un delito “continuado” de abusos sexuales a un alumno, Juan Cuatrecasas Cuevas, cuando éste cursaba los dos primeros cursos de la ESO. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó de 11 a 2 años de cárcel la condena al entender que los hechos más graves descritos por la víctima –prácticas sexuales explícitas– no resultaban probadas.

El escrito da cuenta de los sucesivos intentos de boicotear el proceso por parte de Sanz, que llegó a solicitar la recusación del delegado de la Santa Sede, algo que fue desestimado en varias ocasiones por Roma. Tras varios cambios de abogado, el 18 de junio del pasado año, los asesores del delegado pontificio le comunicaron su valoración final. Satué tardó seis meses en comunicarla al Vaticano, y otros tres en enviarla a las partes. Pese a que la sentencia estaba lista antes de Navidad –fue entregada al nuncio el 18 de diciembre–, no se ha trasladado hasta ayer, día en el que el obispo de Teruel “ha podido liberarse de otras obligaciones no delegables e inaplazables”, según han explicado.

La sentencia ya ha sido enviada a las partes y de ella ha informado tanto al Papa Francisco –que se recupera en el hospital Gemelli de su neumonía bilateral– como al prelado del Opus Dei.

Los hechos probados

Entre los hechos probados, la sentencia canónica destaca “la credibilidad subjetiva” de la víctima, que sufrió abusos y ciberacoso, así como la “persistencia en la incriminación”, con un relato “uniforme y coherente” por parte de Juan Cuatrecasas Cuevas. Así, se lee en el escrito, “se prueba que el preceptor preguntó indebidamente sobre cuestiones sexuales” y que “mostró” a la víctima en su despacho “imágenes de mujeres ligeras de ropa”. También considera probado que la víctima “sufrió tocamientos por parte del Sr. José María Martínez Sanz en diversas partes del cuerpo, incluidas sus partes íntimas” y que el docente “exigió” a la víctima “posturas impropias”. En cambio, como sucedió en la sentencia final del Supremo, no considera suficientemente probados “los hechos narrados con posterioridad, referidos a masturbación y penetración”.

“No reconocen las agresiones mas graves que sufrió mi hijo, porque no pudo contarlo desde el inicio, aunque desde el principio quedó claro que había mucho más y que en ese momento no podía contarlo”, lamenta la madre de la víctima.

Para el delegado pontificio, “los hechos probados, cometidos contra un menor de edad e imputables al acusado, constituyen una causa grave que justifican la expulsión de la Prelatura”, según el artículo 30.1 del Código de Derecho Particular del Opus Dei. Además, señala que “revisten una especial gravedad”, por la “relación asimétrica que se establece entre docente y estudiante, entre el preceptor, que acompaña la vida académica y personal, y el alumno acompañado”.

Sin embargo, no analiza la actuación del propio Opus Dei ni de las comunicaciones que se lanzaron desde la :Obra para desacreditar a la víctima y su familia. “Son crueles, no mencionan la actuación de Silverio Nieto, de Ladaria y del Opus de encubrimiento, complicidad y persecución a la víctima y a su familia. No reconocen que hubo errores en la investigación, algo que reconocieron públicamente en su día. Nos han destrozado la vida y no les importa. No tienen principios ni valores, no les importan ni los pobres, ni las mujeres, ni las víctimas de pederastia eclesial”, se queja Cuevas.

“Hacen mucho daño. Seguiré creyendo en Dios, pero en la Iglesia ya no”, zanja la madre de la víctima.

Toda la información en www.religiondigital.org

“Que la vergüenza cambie de bando”. Supongo que reconocerán estas palabras. Son de Gisele Pelicot, la mujer francesa que fue drogada y violada por su marido y varios hombres más sin su consentimiento y en reiteradas ocasiones y que relató su caso ante el mundo entero. La frase se volvió viral para la lucha feminista y creo que es totalmente extrapolable a los abusos sexuales a menores, una problemática que hemos analizado recientemente en un congreso específico celebrado en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo.

Si algo quedó claro en dicha cita fue que para que la vergüenza cambie de bando las instituciones tenemos que reaccionar. Desde Europa ya se han aprobado varias resoluciones que persiguen eso mismo, la resolución 2533 es buen ejemplo de ello.

Antes de nada, sí me gustaría hacer una fotografía de la situación en el Estado español: según un informe reciente de Save the Children España, se estima que entre el 10 y el 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Si cogemos como referente un 15%, estamos hablando de 7,25 millones de personas. El 80,3% de las víctimas son niñas y adolescentes y la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales es a los 11 años. En cuanto al perfil de la persona agresora, ha cambiado un poco la tendencia. Tras la pandemia de la COVID-19 han aumentado los abusos por parte del entorno conocido no familiar y el entorno desconocido del niño o niña, pasando a un segundo puesto el entorno familiar.

Teniendo esta foto presente y siguiendo la hoja de ruta que nos marca la resolución 2533 del Consejo de Europa, en Euskadi estamos dando pasos en esta materia. En abril de este mismo año aprobamos la ley de infancia y adolescencia, reconociéndose en ella la prevalencia del interés superior de los y las menores, además de reconocer y profundizar en el derecho de los y las menores a ser escuchados y escuchadas. La norma también integra el concepto de buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Otro hito muy importante fue la puesta en marcha en el Parlamento Vasco de la ponencia contra abusos sexuales a menores, recientemente galardonada con el premio “Protección a la Infancia”. Fue una experiencia muy gratificante y sanadora para todas las personas que participamos en ellas, muy dura para las víctimas.

En el Estado también se están dando pasos. Un avance fundamental en la protección frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes se produjo en mayo del 2021, con la aprobación de la llamada LOPIVI (ley Orgánica 8/2021, de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia). Esta ley supuso un cambio de paradigma, confirmando que la prevención es la clave para acabar con la violencia contra la infancia. En esta ley también se prevé la atención integral a las víctimas y la especialización de la justicia en violencia contra la infancia y adolescencia, cuestión vital para lograr procedimientos más garantistas.

Otra iniciativa importante es la proposición de ley propuesta por el Parlament de Catalunya y que el Congreso de los Diputados aprobó este pasado 12 de noviembre, que consiste en modificar el Código Penal y Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, incluyendo en los casos de no prescripción de los delitos, junto con los de lesa humanidad o genocidio, los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima fuere menor de edad y la pena máxima señalada fuere de prisión de 5 años o más.

Todos estos son hitos que en épocas anteriores resultarían impensables. Ahora nos sirven para mirar al futuro, nos sirven para sanar a las víctimas y a quienes les rodeamos, y sobre todo nos sirven para que la vergüenza –en este caso la de los abusos a menores- también cambie de bando.

“Están engañando al Papa. O, lo que es peor, están actuando en su contra”. Este es el lamento de una víctima del Sodalicio de Vida Cristiana, una de las instituciones más vinculadas a la extrema derecha eclesiástica en América Latina, que pone en tela de juicio la política de tolerancia cero auspiciada por Francisco contra los abusos y las instituciones que los instigaron y encubrieron.

La reflexión llega porque, en las últimas semanas, comienza a cundir el pesar entre los máximos responsables de la lucha contra la pederastia en el seno de la Iglesia que ven cómo determinados sectores de la curia vaticana –vinculados a movimientos conservadores como el propio Sodalicio o el Opus Dei– están volviendo a ejercer toda su influencia para retrasar, frenar o poner en suspenso algunas de las decisiones más esperadas por los supervivientes de abusos.

Ataques contra Bertomeu

El caso más relevante es el del Sodalicio. Cuando el pasado 16 de agosto, el Papa decretó la expulsión del movimiento de su fundador, Luis Fernando Figari, acusado de abusos sexuales y corrupción financiera, todos daban por hecho que la supresión de la organización fundada por él en Perú llegaría en pocas semanas.

Sin embargo, y pese a que la investigación llevada a cabo por los investigadores del Papa, Charles J. Scicluna y el español Jordi Bertomeu destapó las evidencias de la corrupción de sus máximos responsables, lo cierto es que, en los últimos tiempos, se han constatado maniobras que hacen pensar que el Vaticano podría dar marcha atrás o, al menos, congelar cualquier decisión. Esto coloca a los llamados ‘Van Helsing’ antipederastia en una difícil situación.

El último capítulo se vivió hace unas pocas semanas, cuando dos destacados miembros del Sodalicio, a quienes la Santa Sede había dado un plazo de 48 horas para pedir perdón e indemnizar a las víctimas bajo pena de excomunión, lograban reunirse en un encuentro privado (no incluido en la agenda vaticana) con Francisco.

Ambos, Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, acusaron ante el Papa al cura Bertomeu de desvelar datos secretos de la investigación a los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, para conseguir la condena de los ex miembros del Sodalicio. Sorprendentemente, según su versión –no desmentida por la Santa Sede–, Caccia y Blanco aseguraron que el Papa firmó la revocación (o suspensión, según las versiones) de su decreto de excomunión, aunque Roma les pedía mantener el encuentro en secreto. Un secreto que no mantuvieron al explicar hasta en dos vídeos el contenido de su charla con Bergoglio. Los dos han llevado a Bertomeu (como antes hicieron responsables del Sodalicio con los periodistas que destaparon el escándalo) a los tribunales peruanos por revelación de secretos.

Torreciudad y Gaztelueta: Opus Dei, caso abierto

La otra gran institución en problemas en los últimos años, el Opus Dei, también ha visto cómo se han movido convenientemente los hilos de la burocracia vaticana para retrasar, en lo posible, tanto la reforma de sus estatutos como en dos de los escándalos que han sacudido sus cimientos en los últimos tiempos: la titularidad del santuario de Torreciudad, y la resolución canónica del ‘caso Gaztelueta’.

En el primero de los casos, el Papa nombró un comisario pontificio plenipotenciario para el complejo creado por Escrivá de Balaguer, el español Alejandro Arellano. El emisario tenía prevista su llegada a Barbastro a mediados de noviembre, pero su entrada en el santuario se ha retrasado sin más explicación. El retraso deja en el aire el primer paso que debía tomar: el nombramiento de un nuevo rector para Torreciudad. Fuentes internas, no obstante, apuntan que Arellano pasará todo este fin de semana en el complejo.

En el segundo, la sentencia canónica contra el pederasta se ha ido retrasando con distintas excusas. Y eso que la investigación canónica se terminó en verano. La indagación fue encargada por el Papa al obispo de Teruel, José Antonio Satué, contra la actuación de la Obra y del pederasta condenado en sentencia civil por abusos a un menor.

Hasta la fecha ni la familia ni sus abogados han tenido noticia de cuándo podrán cerrar, en el ámbito canónico, lo que el Tribunal Supremo sentenció hace años. Esa resolución debería proporcionar una reparación integral por parte del Opus Dei, así como una condena eclesiástica para el abusador.

El padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, cuenta a elDiario.es que “nos sentimos impotentes, revictimizados y profundamente decepcionados”. Y añade: “Lo que debería ser algo grande para las víctimas se ha convertido en una demostración más de que las víctimas no tienen oxígeno ni lo tendrán por parte de la Iglesia”. Cuatrecasas –hoy convertido en uno de los impulsores en el ámbito europeo de la lucha contra los abusos a menores– recalca que “la justicia, cuando es tan lenta, no es justicia”.

En el trasfondo de estas tramas, junto a los movimientos de los sectores ultraconservadores ante lo que consideran un tiempo de “fin de pontificado”, se encuentran las dificultades sobrevenidas por el déficit en las cuentas vaticanas. La situación económica ha llevado a la Santa Sede a cortar el grifo de todos los dicasterios y a invitar a los responsables de la Curia a buscar financiación externa.

Una financiación que, en el caso de la Iglesia católica, proviene en su mayor parte de instituciones netamente conservadoras y, en algunos casos, abiertamente contrarias al papado de Francisco. La mayoría de ellas proceden de Estados Unidos. El dinero llega, afirman algunas fuentes, de los mismos grupos que financiaron en parte la campaña del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Toda la información en www.religiondigital.org

Juan Cuatrecasas (Bilbao, 1996) sufrió agresiones sexuales de máxima gravedad cuando empezaba Secundaria en el colegio exclusivamente masculino del Opus Dei Gaztelueta, ubicado en Leioa y concertado con fondos públicos. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2010. Su familia empezó a denunciarlo en 2011 y públicamente en 2012 en medio de una fortísima presión y mensajes de que estaba acusando falsamente al victimario, José María Martínez Sanz, un numerario que era profesor del adolescente y también su preceptor o tutor. Él era familiar de un importante cargo público de la época. Gaztelueta llegó a deslizar que la responsabilidad del gravísimo estado de salud de la víctima era de su propia familia. En 2018, tras cumplir la mayoría de edad, Cuatrecasas fue otra vez a los tribunales y los hechos quedaron probados en un juicio en la Audiencia de Bizkaia y en 2020 el Tribunal Supremo rebajó la pena, pero sin cuestionar la veracidad de la denuncia original. De nada sirvieron las nuevas maniobras del entorno del Opus Dei. La Iglesia católica, formalmente, aún no reconoce lo ocurrido, aunque se espera en breve una resolución al proceso canónico abierto. Pero Cuatrecasas ya ha ganado. Este viernes, en inglés, el ahora abogado con dos másteres ha intervenido a 1.310 kilómetros de Gaztelueta, en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo. Ha contado su verdad ante representantes de decenas de países y es ya una referencia de otros “supervivientes” de casos de violencia sexual y abusos en la infancia.

El viaje a Estrasburgo es la guinda final al recorrido que, durante años, han seguido tanto él como su padre, del mismo nombre, y su madre, Ana. Los tres lideran una asociación que se llama Infancia Robada y que, al menos, ha enviado ya al Vaticano una sesentena de episodios. Juan Cuatrecasas ya no es el nombre que los periodistas tenían que evitar publicar para minimizar las represalias. Tampoco el chico que tuvo que declarar en su propio juicio detrás de un biombo mientras el agresor sonreía a los fotógrafos y tenía a su disposición una web contratada por el Opus Dei para ofrecer una versión ‘alternativa’ de lo ocurrido en Gaztelueta. Su identidad y una gran fotografía suya -en blanco y negro- forman parte de una exposición que ha recorrido Europa y también Bilbao, Basauri o Madrid. En ella hay víctimas de violencia sexual en el marco de la Iglesia católica pero también en el deporte o en otros ámbitos. El título de la colección de imágenes es ‘Shame’, la voz inglesa para ‘vergüenza’. Pero existe consenso en que esa ‘vergüenza’ no tiene que ser la de las víctimas, que prefieren catalogarse como “supervivientes”. El autor de los retratos es el italiano Simone Padovani. Y él discrepa: elige la palabra “héroe” para los protagonistas de ‘Shame’.

“Que la vergüenza cambie de bando”, ha razonado la parlamentaria vasca del PNV Maitane Ipiñazar, que ha acompañado también a la familia en su viaje a las instituciones europeas y que ha hecho suya esta sentencia de Gisèle Pelicot, la mujer francesa drogada y violada por su marido y por otros hombres y que ha sacudido conciencias. El Gobierno de España ha enviado también a una representante al evento, Andrea García Vidal, directora general del Ministerio de Juventud e Infancia. Ante las víctimas españolas presentes, se ha comprometido a mejorar la normativa estatal de protección de la infancia y de la adolescencia.

Una postal de Navidad y una reunión con el papa

Cuatrecasas ha intervenido en Estrasburgo, pero también ha viajado antes a París, a la Asamblea Nacional francesa. Y a Vitoria, al Parlamento Vasco, que aprobó un informe con propuestas. O a Madrid. El joven estuvo en el Congreso durante la presentación informe del Defensor del Pueblo sobre esta lacra y se ha quejado de que algunos diputados prefirieron entretenerse con sus teléfonos móviles antes que atender las explicaciones. Y ha dicho que Vox prefirió hablar de ETA que de la Iglesia católica. En estos años la familia ha estado igualmente en Berna, en Bruselas o en Roma. Allí, pero no en el Vaticano, grabó para Disney + un documental. Fue el 28 de junio de 2022. Él y otros jóvenes de habla hispana se reunieron con el pontífice de la Iglesia católica, Francisco.

-¿Cómo fue?

-Tener la posibilidad de sentarte frente al papa y denunciar los abusos y la revictimización que sufrí fue importante. La estancia durante la grabación en Roma fue amena. Aunque no todo fue agradable. Pese a que el papa tuvo una actitud cordial y cercana, soltó alguna declaración y respuesta propia de épocas arcaicas, dejando de lado los problemas de la actualidad. Posturas ante el sexo, el aborto, el feminismo, los derechos LGTBI y, por supuesto, la pederastia en la institución que preside, dejaron mucho que desear. Sin embargo, a nivel más particular, prometió encargarse personalmente de mi caso y ponerle solución, cuestión que dos años después sigue sin llegar.

Años antes, el pontífice ya había enviado una postal de Navidad a la familia. La carta llegó a una iglesia de Logroño, desde la que contactaron con los destinatarios finales, que desconocían su contenido, perfectamente oculto en un sobre dentro de otro sobre. La comunicación fue enviada a La Rioja. Los Cuatrecasas se trasladaron a Haro porque Bilbao les era hostil. Literalmente, tuvieron que huir ante la presión tras haber denunciado lo que entonces la legislación española tipificaba como “abusos” y que ahora ya son considerados “agresiones sexuales”. Fue en 2013. Estos hechos también dificultaron que la víctima pudiera continuar su recorrido académico con normalidad y que perdiera algunos cursos. A la agresión sexual se le unió acoso escolar de otros compañeros tolerado por el preceptor. Todavía en el juicio muchos de esos jóvenes declararon a favor del profesor.

En ese entorno se siguió cuestionando la veracidad de la víctima, no solamente plasmada en una sentencia firme sino validada por todos los profesionales que lo trataron de niño. Ya no oculta que incluso intentó suicidarse. El colegio Gaztelueta, que contribuyó en el juicio a la defensa de su exprofesor instigando a exalumnos y docentes a firmar unas actas notariales que lo exoneraban, llegó a convocar una rueda de prensa cuando ya había una sentencia judicial para mostrar que la denuncia era falsa. La aderezó con una visita guiada al despacho donde se produjeron los hechos para insistir en esa tesis. Es ésa la “revictimización” que critica en cada uno de sus discursos el joven.

-¿Mantienes la fe?

-Es difícil.

Cuatrecasas no es creyente. Entiende que lo que le ha sucedido “influye” en esa decisión, pero concede que hay muchos más factores que la apuntalan. Sus padres, sin embargo, mantienen un profundo sentido religioso. Le dan vital importancia a contar con un pronunciamiento canónico a su favor aunque poco o nada pueda añadir a la verdad ya después de que exista una sentencia firme de la jurisdicción penal. Infancia Robada, la asociación, ha mantenido también reuniones con la Conferencia Episcopal. Tienen una pancarta en la que recuerdan que el Consejo de Europa aprobó a comienzos de 2024 una resolución para el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas y en la que se preguntan “por qué la jerarquía eclesiástica española no atiende y repara a sus víctimas”.

El periplo de años sobre este caso en Gaztelueta ha llevado a esta familia a encontrarse con víctimas de otros lugares. Una de esas personas que han aparecido en ese camino es Ciro Molina, que sufrió violencia sexual siendo niño de manos de su párroco. Él también menciona la “revictimización”. “Es grave el abuso en sí, pero grave fue también el terrorismo social que vino después. La reacción de la sociedad no fue de apoyo a mi familia y a mí, sino fue de condena”, cuenta. Canario, no dudó en plantarse en el norte de la península para conocer a los Cuatrecasas. Ahora organiza movilizaciones, denuncia su caso y otros. Dar la cara es una “liberación” después de años de “bloqueo evolutivo” e, incluso, de intentos de suidicio.

Otra canaria, Eva Díaz Bethencourt, lidera Protect Children, una entidad asentada en los países nórdicos. Ha presentado en Estrasburgo los resultados de una encuesta sobre violencia sexual a menores. “Si no rompemos el silencio y de forma oficial, ya no solamente a nivel individual, y no facilitamos que las víctimas y los sobrevivientes puedan acceder a justicia y a recursos, realmente estamos no permitiendo su recuperación”, sostiene. Decenas de ponentes han intervenido en Estrasburgo, desde ministros hasta más víctimas, incluidos algunos llegados de fuera de Europa, como una mujer de Jamaica. Se ha expuesto con más detalle el modelo de atención a las víctimas de Suiza, impulsado por la fundación Guido Fuiri, detrás de Justice Initiative y de la exposición 'Shame'. “Era un tema tabú, algo silenciado. Ahora hay nuevas dimensiones mucho más próximas para las víctimas. Europa está a punto de despertar”, se ha felicitado la madre de Cuatrecasas. “Yo ya no puedo estar a salvo del abuso sexual, pero desde esta tribuna solicito al Consejo de Europa y a los Estados miembros que hagan lo posible para que sus hijos puedan estar a salvo. El futuro de la Unión Europea pasa por la infancia. Pido a la Unión Europea que la proteja”, ha dicho su hijo como colofón de su parlamento.

El Consejo de Europa, que ha acogido el evento, aglutina a 46 estados del continente. Es mucho más amplio que la Unión Europea, por ejemplo. Aquí están Suiza, Ucrania o el Reino Unido. Sin embargo, no admite a todos los países. Han de ser democracias homologables. En 2022, por ejemplo, Rusia fue expulsada como consecuencia de la invasión de Ucrania. La Ciudad del Vaticano es uno de esos estados no invitados, aunque tiene estatus de “observador”. De hecho, uno de los anteriores pontífices, Juan Pablo II, pronunció un discurso en 1988 inmortalizado en un cuadro en el lugar.

Fue una tarde emocionante. Repleta de abrazos, lágrimas, esperanza y reivindicaciones. Caixa Fórum acogió este lunes la entrega de los premios 'Protección a la Infancia', entregados por la Fundación Guido Fluri y las asociaciones ANIR, AVA y Lulacris. En una semana en la que todos los obispos se encuentran en Madrid reunidos en Asamblea Plenaria, el último galardón se concedió al papa Francisco, que envió un videomensaje animando a las víctimas a “seguir luchando para evitar toda injusticia”. El premio lo recibió en su nombre el presidente de los religiosos españoles, Jesús Díaz Sariego, y no un obispo, porque los representantes de la Conferencia Episcopal llegaron más tarde.

“Dicen que un premio es un reconocimiento. A mí me gusta pensar más bien que es un desafío para que uno haga lo que el premio dice y seguir adelante. Gracias por lo que hacen ustedes. Y yo los acompaño. Gracias por seguir luchando para evitar toda injusticia, todo uso de las personas. Sigan adelante, que vale la pena luchar porque se ven los frutos. Que Dios los bendiga. Recen por mí que yo lo hago por ustedes”, subrayó Francisco en su alocución.

En la ceremonia también fueron reconocidos, entre otros, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el chileno Juan Carlos Cruz, víctima de abusos y único laico miembro de la Comisión Antipederastia del Vaticano. Además, recibieron el galardón los periodistas de elDiario.es Iker Rioja –director de la delegación del periódico en Euskadi– y Jesús Bastante, responsable de la información religiosa. Rioja

En nombre del Gobierno, intervino la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien agradeció a las víctimas y supervivientes, “cuya mirada nos empuja a seguir trabajando”. “Hay que sacar la violencia contra la infancia del ámbito privado, y ponerlo en el centro del debate público, como el problema que sabemos que es”.

Sira Rego: "Vuestras historias son nuestro fracaso. Como representante de nuestras insittuciones os pido perdón. Las instituciones os deben una disculpa”

“Queremos que los niños y las niñas sean escuchados sin miedo y sin revivir sus traumas”, reclamó la ministra, quien invitó a trabajar por una “justicia amigable”, que tenga el valor de poner a la infancia en el centro, y considerarla como sujeto de derechos. Rego quiso agradecer especialmente a los que contaron su historia, a quienes no fueron creídos, a quienes no encontraron su espacio para expresarse. “Vuestras historias son nuestro fracaso. Como representante de nuestras insittuciones os pido perdón. Las instituciones os deben una disculpa”. 

Por su parte, el Defensor del Pueblo, también galardonado (y que este jueves presentará su informe antipederastia ante el Pleno de Congreso), agradeció a los organizadores del acto su celebración, y especialmente a la familia Cuatrecasas. “No dejéis de pelear, os tengo mucho que agradecer”. “Gracias a todas las víctimas sin excepción. Una sociedad muestra su verdadero rostro en el modo en que escucha a los niños y a los más vulnerables”.

Ángel Gabilondo: "Una sociedad muestra su verdadero rostro en el modo en que escucha a los niños y a los más vulnerables"

“Va por las víctimas, va por ellas”, destacó Gabilondo, que resaltó que “es importante hablar de las víctimas, hablar con ellas, pero mucho más crear las condiciones para que ellas puedan hablar en libertad. Necesitan acciones concretas”, aseguró. “Escuchemos lo que dicen las víctimas”, concluyó, dejando hablar, en su discurso, a los testimonios de supervivientes que aparecen en el informe del Defensor. 

Juan Carlos Cruz, víctima de abusos y denunciante del caso Karadima, y único laico presente en la Comisión Antiabusos del Vaticano, recogió su premio invitando a “levantar su voz” para romper con la invisibilidad. También las de las familias, “que sufren horrorosamente por la situación de sus familiares y amigos”. “En Chile logramos que los crímenes contra los menores no prescribieran”, recordó.

Juan Carlos Cruz: "No dejaremos de estar presentes hasta que la última víctima no reciba la justicia que merece, sin que tenga que mendigar justicia"

“No dejaremos de estar presentes hasta que la última víctima no reciba la justicia que merece, sin que tenga que mendigar justicia”, recalcó Cruz, quien lanzó un aviso “a los obispos del mundo, y especialmente a los obispos españoles, de que no vamos a desaparecer” clamó. “A lo mejor no será uno de nosotros, pero vendrán otros. Y no dejaremos de estar presentes hasta que la última víctima no reciba la justicia que merece, sin que tenga que mendigar justicia”.

Abrió el fuego la familia Cuatrecasas. Juan, padre de la víctima del caso Gaztelueta, denunció “la dejación e irresponsabilidad” que cimentaron “la impunidad, la realidad silenciada y el ocultamiento” que sufrieron durante décadas las víctimas. Al lado, su hijo Juan, uno de los supervivientes y ejemplo del coraje de las víctimas. “Tenemos kilómetros de vía, aunque el tren aún no ha comenzado a arrancar”, clamó Cuatrecasas. “No somos héroes ni heroínas. Esta denuncia es un derecho”, finalizó.

El cardenal de Madrid, José Cobo, y el arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, llegaron al acto en el momento en que se entregaba el galardón a Francisco. “Los cambios institucionales son más lentos de lo que parece, pero si en algo es merecedor el papa Francisco es en haber iniciado procesos”, aseguró Cobo. El cardenal agradeció que Bergoglio se pusiera “a la vanguardia, para que en la Iglesia también aprendiéramos algo. Primero, a creer a las víctimas”, lanzó. “El Papa nos ha hecho caer en la cuenta de vuestro dolor para que hagamos una Iglesia y un mundo mejor gracias a vosotros”, aseguró.

Toda la información en www.religiondigital.org

“Estamos realmente preocupados. No nos imaginábamos que llegaríamos a este punto”. Quien así habla es un alto responsable del Opus Dei en España, que vive cómo la prelatura está viviendo sus horas más bajas, después de que, por primera vez, la justicia federal argentina haya imputado a los máximos dirigentes de la Obra en las tres últimas décadas por unos presuntos delitos de trata de mujeres y explotación laboral, como adelantó en exclusiva elDiario.es.

Este 2 de octubre el Opus Dei vive un amargo aniversario. Justo cuando se cumplen 96 años de la fundación de la Obra por parte de José María Escrivá de Balaguer, la organización se enfrenta a su primer proceso judicial por delitos tan graves –que niega la dirección del Opus en Argentina– y podría tener ramificaciones en medio centenar de países de todo el mundo, al tiempo que ha visto una tercera paralización en el Vaticano de sus nuevos estatutos. Peligra así la condición de la Obra como prelatura personal, un privilegio único en el mundo católico ahora en el alero.

A los reveses internacionales se les suma en España la resolución canónica pendiente del caso de abusos a un menor en el colegio 'Gaztelueta’ y la decisión de la Santa Sede sobre el santuario de Torreciudad.

Muchos pilares del Opus se están resquebrajando. Porque hay más. El ex miembro numerario Antonio Moya ha avisado de que se está produciendo “una auténtica desbandada de sacerdotes numerarios del Opus Dei”, que están saliendo de la Obra para pasarse a las diócesis ordinarias donde residen. Moya fue quien hace un año denunció por primera vez al Opus Dei ante la Santa Sede por lo que denominó “doctrina mesiánica” secreta.

“La desbandada sería de tal envergadura que el número total de sacerdotes del Opus Dei podría quedar reducido a la mitad”, señala Moya en un artículo publicado por Religión Digital. ¿La razón? Esa negativa de Roma a aprobar el borrador de nuevos estatutos.

Desde que el Papa quitara al prelado del Opus Dei Fernando Ocáriz –y a sus sucesores– su condición episcopal, y equiparara la prelatura a una asociación sacerdotal dependiente del Dicasterio del Clero (lo que, en la práctica, supone la salida de la Obra del 90% de sus miembros, que son laicos), la Obra fundada por Escrivá de Balaguer en 1928 y consagrada como la más alta institución de la Iglesia por Juan Pablo II vive inmersa en una profunda crisis.

Alarma en Villa Tevere

La denuncia contra los cuatro últimos vicarios regionales del Opus en Argentina, así como del responsable de las mujeres en la organización, ha hecho estallar todas las alarmas en Villa Tevere, la sede de la prelatura en Roma y donde reside uno de los dirigentes relacionados con el caso: el vicario general (número dos) de la Obra, Mariano Fazio. Fazio no está incluido en el proceso judicial, aunque la querella solicitó que también se le incluyera, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014, porque está incluido en la estructura del Vaticano.

El estatus del sacerdote argentino en Roma impediría una hipotética extradición al país austral. Se da la circunstancia, además, de que Fazio es la persona a quien el papa Francisco ha confiado el proceso de renovación del Opus Dei y ejerce una suerte de contrapeso al poder ejercido por el prelado Fernando Ocáriz, que proviene del núcleo duro de los primeros seguidores de Escrivá de Balaguer.

Mientras tanto, los herederos de Escrivá siguen sin adecuar sus estatutos a lo que Roma ha solicitado a la prelatura: redefinir su rol en el interior de la Iglesia, su relación con las diócesis o el Vaticano y, especialmente, el futuro de los laicos en una asociación ya eminentemente sacerdotal.

De hecho, el Papa ya ha equiparado al Opus Dei a “asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con facultad de incardinar clérigos”. Hasta la fecha, los responsables del Opus Dei han ido haciendo matizaciones a sus estatutos, intentando ganar tiempo, tal y como apuntan a elDiario.es fuentes conocedoras del proceso, que siguen sin entender las “dilaciones” en los trabajos, que resultan “extenuantes”, en palabras de miembros del Dicasterio del Clero, encargado de entregar al Santo Padre los estatutos definitivos, que serán aprobados (o no) por el Papa Francisco.

También en Roma se encuentra el enquistado conflicto entre el Obispado de Barbastro-Monzón y el Opus por la situación jurídica del oratorio-santuario de Torreciudad, la niña mimada del fundador de la obra –la leyenda de la organización cuenta cómo su fundador se curó milagrosamente siendo un niño tras una visita a la ermita de la Virgen de esa localidad–.

Después de varios meses, y de un principio de acuerdo que se vio frustrado y de cuyo fracaso se echan las culpas mutuamente diócesis y prelatura, el obispo Ángel Pérez Pueyo viajó a Roma y solicitó a la Santa Sede que fuera ella la que tomara la decisión definitiva. Esa decisión ha motivado una campaña de ataques contra Pérez Pueyo promovida por terminales mediáticas vinculadas a la extrema derecha eclesial. Fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a que la Nunciatura en España ha llegado a preguntar al obispo Pérez Pueyo si no estaría más cómodo en otro destino que no fuera la diócesis que acoge a Torreciudad.

Finalmente, se está a la espera de que la Santa Sede se pronuncie sobre la investigación canónica encargada por el Papa al obispo de Teruel, José Antonio Satué, contra el numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz, condenado como pederasta por el Tribunal Supremo en el llamado 'caso Gaztelueta', y que responsables de la Obra han intentado torpedear una y otra vez.

El caso fue abierto por el propio Francisco después de escuchar el relato de la víctima en un documental producido por Disney y dirigido por Jordi Evole, y buscaría reparar el error cometido por el dicasterio (ministerio papal) de la Doctrina de la Fe hace años, cuando, sin llevar a cabo investigación formal alguna, exigía “reparar el buen nombre” del profesor “injustamente acusado” y que fue condenado en firme por abusos en el colegio del Opus Dei en Bizkaia.

Toda la información en www.religiondigital.org

El colegio privado Gaztelueta de Leioa, el más conocido de los del Opus Dei en Euskadi por el caso de agresión sexual a un estudiante que fue confirmado por la Justicia, se ha valido de un subterfugio jurídico para mantener, al menos en Secundaria y Bachillerato, el veto a mujeres en sus aulas y, a la vez, no perder las ayudas públicas del concierto educativo en Infantil y Primaria. ¿Cómo? La misma entidad promotora, denominada “Asociación Docente Cultural y Formativa del Colegio Gaztelueta”, y en la misma dirección del barrio de Artaza de la localidad vizcaína ha creado ya desde el curso 2024/2025 un segundo colegio llamado “Global School” para los estudiantes de más de 12 años. “Global School” será enteramente privado, con cuotas de acceso para las familias (perfectamente legales), mientras que Gaztelueta accede ya a matricular niñas de modo que podrá seguir obteniendo ingresos públicos de Educación.

La nueva consejera, Begoña Pedrosa, ha firmado ya la autorización para la creación de “Global School”. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de este lunes recoge la documentación, con efectos desde el inicio de este curso. En concreto, se habilitan un total de 570 plazas, 360 de Secundaria y 210 de Bachillerato. Son tres clases por curso, de 30 y 35 alumnos por grupo en función del nivel. La misma resolución explica que Gaztelueta pierda ya esas aulas y que se limitará a la docencia hasta los 12 años. Retendrá 802 plazas.

La nueva normativa estatal (Lomloe) y autonómica (de 2023) endurecieron el control sobre la media docena de centros que, en Euskadi, seguían segregando por sexos. De esta manera, la Administración tenía las manos libres para retirar todo el concierto en caso de que una sola clase no cumpliera los requisitos de igualdad de oportunidades. Hasta ahora, podía haber centros con una parte concertada y otra privada pero, al cobrar cuotas idénticas a estudiantes de una u otra rama, operaban en la práctica como un concertado ordinario. El resto de centros del Opus Dei que mantenían esta práctica, con unos 2.600 alumnos y articulados en torno a la patronal COAS, han ido accediendo a ser mixtos. Es el caso del femenino Ayalde, ya fusionado con el masculino Munabe por motivos de “sostenibilidad” económica aunque hasta hace pocos años defendían la “educación diferenciada” con argumentos como que los hombres necesitaban ser educados en el “contacto físico” y que la mezcla era perjudicial para el aprendizaje.

Pero Gaztelueta quiso mantener su carácter exclusivamente masculino en los niveles más altos. La fórmula hallada -y autorizada por el Gobierno de Imanol Pradales- le permite tener en la misma dirección un colegio enteramente mixto con ayudas y otro sin presencia de mujeres que será privado. Está por ver si la inexistencia de plazas femeninas condiciona las matrículas en los niveles inferiores. Fuentes de Educación indican que “el centro para Secundaria y Bachillerato será distinto a Gaztelueta y no estará financiado por fondos públicos”. Indican que esta autorización es un mero trámite porque “el derecho a la libre creación de centros educativos” está amparado por la ley y que a la Administración solamente le queda “vigilar” que el currículum se ajuste a la normativa. El “Global School” no estará sujeto a los requisitos de planificación y admisión, que desde hace dos cursos obligan también a los concertados a asumir alumnado vulnerable como la red pública. Gaztelueta no ha atendido las peticiones de información de este periódico.

El colegio del Opus Dei Gaztelueta de la localidad vizcaína de Leioa, con unos 1.100 alumnos, se arriesga a que le sea retirada toda la financiación pública con su estrategia 'sui generis' para responder a la exigencia del área de Educación del Gobierno vasco para que a partir del curso 2025/2026 no existan ya colegios privados concertados que veten alumnado de un sexo, mujeres en el caso de este centro educativo. A diferencia de la otra media docena de colegios también del Opus Dei agrupados en torno a la patronal COAS, que han optado por abrirse a ser mixtos progresivamente en todos sus niveles para poder continuar accediendo al concierto educativo en el futuro, Gaztelueta ha diseñado un plan por el cual admitirá a alumnas en Infantil y Primaria pero no en Secundaria y Bachillerato, donde será totalmente privado y con cuotas (legales) para los estudiantes.

Fuentes de Educación recuerdan que la nueva ley autonómica que fue aprobada en el Parlamento Vasco en diciembre del pasado año prevé que la Administración solamente concertará centros enteros. Hasta ahora, existían casos de colegios con algunas aulas financiadas por la Administración y otras privadas. En la práctica, todas ellas funcionaban igual y se hacía una media para que las cuotas fuesen idénticas, sin que se notara la diferencia de cara al exterior entre unos y otros estudiantes. Aunque estos cobros por servicios de enseñanza llevan décadas prohibidos, la nueva normativa hace hincapié en esta medida y se han anunciado también auditorías e informes públicos de aquellos centros incumplidores.

La Lomloe estatal, impulsada siendo ministra por la exconsejera vasca Isabel Celáa, recogía en una disposición que “los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas […] y no separarán al alumnado por su género”. En este sentido, antes incluso de la entrada en vigor de la nueva ley vasca, que dice que “en los centros educativos del Servicio Público Vasco de Educación [públicos y concertados] no se permitirá la segregación por sexos”, todos los colegios segregadores del Opus Dei recibieron ya en septiembre a sus primeros alumnos del otro sexo en primero de Primaria. De cara al próximo curso se extenderá ese modelo mixto hasta cuarto de Primaria. En el tercer y último año del plan escalonado, se hará el cambio en el último ciclo de Primaria y en Secundaria. Es un giro notable en Euskadi ya que Cristina Uriarte, la predecesora del actual consejero de Educación, Jokin Bildarratz, también del PNV, sostenía que este modelo no era “discriminatorio”.

Los centros que pasarán a ser mixtos son el masculino Munabe (unos 450 alumnos) y el femenino Ayalde (1.100), ambos de Loiu, el femenino Arangoya de Bilbao (220), el masculino Erain de Irún (310) y el femenino Eskibel de Donostia (430). En Álava no hay ningún colegio de este tipo. Hay algunos otros de etapas infantiles asociados a estos colegios de COAS pero en esos años tradicionalmente sí ha habido alumnado de ambos sexos. Fuentes de COAS confirman esta transformación paulatina en tres fases y recuerdan que en el pasado otros colegios ya hicieron esa misma transición. En su momento, tenían en su página 'web' un documento defendiendo la “educación diferenciada” pagada con dinero público que, entre otras cosas, recogía lo siguiente: “Para muchos chicos los deportes de contacto físico —fútbol, rugby, etc.— pueden no sólo ser divertidos sino que de hecho ponen la base para una duradera amistad. Para las chicas la agresividad no construye amistades, más bien las destruye. En los colegios mixtos ambos modos de vivir la agresividad chocan”.

Gaztelueta también tiene desde septiembre niñas de 6 años y en 2024 las admitirá en los dos primeros ciclos de Primaria. Pero cuando se acabe el período de transición pretender salirse del circuito concertado a partir de los 12 años para continuar vetando mujeres en Secundaria y Bachillerato. Educación, sin embargo, podría actuar parar retirarle toda la financiación, incluso para los cursos mixtos, con la nueva ley en la mano. Los decretos de desarrollo irán en la misma dirección, según las fuentes consultadas. Gaztelueta, que además se vio implicado en un caso de agresión sexual hace una década, siempre ha sido un colegio elitista, pero todavía lo será más si se convierten en un colegio totalmente privado.

Entre 2021 y 2023 Gaztelueta fue el segundo colegio segregador con más financiación pública, 6,1 millones de euros sumados los módulos concertados y otras ayudas. Solamente Ayalde obtuvo más fondos, 7,2 millones. Munabe tuvo 3,1, Eskibel 2,2, Erain 2,1 y Arangoya 1,6. 2.713 de los 3.735 alumnos del curso 2022/2023, el último antes de los cambios, estaban en modelo A, con más horas de castellano. El resto iban al B bilingüe. Ninguno oferta el modelo D en euskera.

El Parlamento Vasco ha modificado finalmente el informe de recomendaciones de la ponencia que analizado los casos de agresiones sexuales en la infancia, también en la Iglesia católica, y ha incorporado la creación de un registro con datos de menores de edad que hayan sido víctimas y de sus victimarios, según la última versión difundida por Europa Press. Este texto final ha sido aprobado este lunes en la Cámara con el apoyo de PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP y en las próximas semanas deberá someterse a ratificación en el pleno.

El texto de la ponencia, que habla de “abusos” aunque esa figura ya ha sido cambiada a “agresión”, constata la “existencia” de esta problemática y que “todo ello ha acarreado un silencio impuesto a las víctimas que ha agravado su situación”. Con el fin de combatir esta forma de violencia y mejorar la asistencia y reparación a quienes la padecen, el informe incluye una serie de recomendaciones. Entre ellas, se contempla la propuesta de crear “un registro con datos de víctimas y victimarios”, en el que también se incluirían los datos de abusos “cometidos entre iguales”. Además del referido registro, los grupos de la Cámara recomiendan habilitar un registro “específico” sobre víctimas de abuso sexual en la infancia, del que se puedan extraer datos actualizados.

Tras precisar que en Euskadi no existe este tipo de fondo documental, el informe establece que “con la salvaguarda de la protección de datos y la confidencialidad sobre datos personales”, un archivo de estas características “podría recoger datos anonimizados” referidos a cuestiones como el área de la que procede la notificación del abuso -sanitaria, escolar o familiar-, el tipo de abuso sexual notificado, el territorio histórico en el que se ha dado a conocer, así como el nivel de intervención que se haya realizado al respecto.

Este periódico ya adelantó en octubre la existencia de este informe después de años de trabajo de la ponencia. Los comisionados se reunieron con víctimas y asociaciones para compartirlo y recoger sus aportaciones. “Sabemos lo que ha supuesto para muchas de ellas tener que reabrir la herida una y otra vez, esperamos que con este informe, y las propuestas y compromisos que vayan a emanar de él, sientan una parte de la respuesta institucional que llevan tiempo esperando”, se estima.

El pederasta condenado por el 'caso Gaztelueta', José María Martínez, ha aceptado por fin el proceso canónico abierto a instancias del Papa y encargado al obispo de Teruel, José Antonio Satué, y ha nombrado una nueva abogada para continuar con un procedimiento que, como adelantó elDiario.es, ya está a punto de culminar y solo depende de las sucesivas 'trampas' que los defensores de Martínez siguen poniendo.

De hecho, la próxima semana Satué recibirá a la nueva abogada y al pederasta condenado, con el fin de avanzar un proceso que ya estaba culminado, y que las sucesivas trabas puestas por la antigua defensa –defenestrada por la Signatura Apostólica– no hicieron sino posponer. “Ahora el delegado me ha citado para, según dice, retomar el proceso. Me cuesta comprender por qué —hasta donde yo sé— soy el único fiel laico del mundo al que la Iglesia juzga retroactivamente por un caso de abusos. Querría saber si voy a seguir siendo el único”, afirma Martínez en una carta enviada al Papa y que ha colgado en su blog, en la que vuelve a pedirle, por tercera vez, un encuentro personal. De nuevo, con respuesta negativa.

“Recientemente recibí una comunicación de la Secretaría de Estado Vaticana en la que se me informaba de que no podría entrevistarme con el Santo Padre y de que al terminar el proceso canónico que se me ha abierto —que desde mi punto de vista y el de muchos expertos en derecho es injusto y arbitrario—, se estudiaría esa posibilidad”, escribe José María Martínez Sanz, que deja caer que la condena ya está escrita, y que se saldará con su expulsión del Opus Dei y la obligación de una indemnización a la víctima. Algo que, en todo caso, debería abonar el colegio Gaztelueta o, en su defecto, la Obra. “Por diversos cauces que otras veces han acertado me ha llegado que se va a proponer que yo sea expulsado del Opus Dei y que Juan Cuatrecasas sea indemnizado con una elevada suma de dinero” escribe el pederasta condenado al Papa.

Pendientes del informe sobre abusos

El constante desafío de este ex profesor condenado por la Justicia a la investigación reabierta por el Papa en el seno de la Iglesia sobre el 'caso Gaztelueta ' hace aún más ruido tras la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores por parte de religiosos o acaecidos en entornos vinculados a la Iglesia católica. Ángel Gabilondo destacó en la entrega de la investigación a la presidenta del Congreso que la Iglesia ocultó los abusos, y pidió además la creación de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas. En el informe, de 777 páginas, se incluye una encuesta que revela que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país, y que un 0,6%, unas 240.000 personas, han sido agredidas por parte de un sacerdote.

La Conferencia Episcopal reaccionó de forma crítica ante esas cifras, y aunque pidió perdón a las víctimas por lo recogido en la investigación, negó que las cifras fueran reales. “Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino”, señalaron los obispos.

Sobre la propuesta de indemnizar a los afectados, la Iglesia española dijo estar a favor, pero poniendo por delante un enorme escollo: condiciona la reparación a las víctimas a que también lo haga “la comunidad educativa o las federaciones deportivas”. “Todas las víctimas son víctimas”, recalcó el portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán. “Si se crea un organismo al efecto, que cuente con la participación de todos. La Iglesia está dispuesta a contribuir, pero también debería hacerlo la comunidad educativa, las federaciones deportivas....”, para que “no quepa duda que es un problema social que también ha estado en la Iglesia, y que no es una cuestión de titulares ni de números”, se escudaron.

Por otra parte, los obispos deben decidir qué hacer con su propia auditoría sobre abusos, encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Esta no ha sido entregada aún y sobre la que hay dos posiciones encontradas: la de los partidarios de asumir el informe y tratar de consensuar con el bufete las conclusiones y recomendaciones (especialmente en cuanto a la reparación y a la responsabilidad por encubrimiento); la otra, más radical, que aboga por anular el contrato, al considerar su incumplimiento por parte del despacho, y tratar de evitar filtraciones.

Toda la información en www.religiondigital.org

El Parlamento Vasco ha reunido este martes por la tarde de manera discreta -ni siquiera constaba en la agenda oficial- a una representación de víctimas de agresiones sexuales en la infancia y familiares. El encuentro ha durado tres horas. La presidenta de la ponencia creada para analizar estos casos, ahora Maitane Ipiñazar (PNV), les ha presentado un borrador de informe con un diagnóstico sobre el problema y recomendaciones. La idea es que este dictamen preliminar reciba aportaciones de los propios afectados antes de su aprobación definitiva en el pleno de la Cámara. En paralelo, el legislativo tramita una ley de ámbito más general sobre la infancia y la adolescencia presentada por el Gobierno de Iñigo Urkullu.

Este periódico ha accedido a la tercera versión de ese documento de la ponencia, todavía no definitivo, en la que se promete una conmemoración anual en Euskadi a estas víctimas coincidiendo con el 19 de noviembre, jornada internacional en su recuerdo. La ponencia asegura ser “consciente” del “vacío institucional y social que ha rodeado a esta violencia”. “Todo ello ha acarreado un silencio impuesto a las víctimas que ha agravado su situación [...]. Sabemos lo que ha supuesto para muchas de ellas tener que reabrir la herida una y otra vez, esperamos que con este informe, y las propuestas y compromisos que vayan a emanar de él, sientan una parte de la respuesta institucional que llevan tiempo esperando”, se puede leer. El texto habla en todo momento de “abusos” aunque esta terminología se ha superado con la nueva legislación estatal y ya solamente hay “agresiones”.

Como consideraciones generales, el Parlamento “recomienda establecer un sistema público de acceso universal para un tratamiento terapéutico debidamente especializado que atienda a niños, niñas, adolescentes y personas adultas que fueron víctimas en la infancia y la adolescencia”. Y se añade: “En el caso de menores, la negativa de uno de los progenitores no debería suponer la prohibición de la participación de ellos y ellas en estos mecanismos si los profesionales que lo atienden lo consideran necesario para el [o] la menor”.

En el caso concreto de víctimas en el entorno de la Iglesia católica, algunas de las cuales han estado en la reunión, se estima que son necesarias “medidas específicas de reparación”, como “el reconocimiento por parte de las instituciones religiosas y seglares de obediencia religiosa y de las autoridades de la Iglesia católica del daño ocasionado y, en su caso, la puesta en marcha de medidas indemnizatorias”. Se extiende igualmente la importancia de responder ante “casos prescritos”, para que “las personas acusadas puedan presentarse y habilitar un proceso reparatorio para las víctimas”. Y, como idea, se propone “realizar un análisis sobre cómo actuar en los casos que son archivados por falta de pruebas”.

A partir de ahí, se desarrollan medidas repartidas en nueve ámbitos diferenciados. En el primero, se apunta a la necesidad de “habilitar un registro específico” de víctimas en Euskadi. La falta de datos “tiene que ser superada” con investigaciones que cuenten “con el debido apoyo económico institucional”, se plantea. En el segundo apartado, de “prevención, formación y sensibilización”, se alude a explicar los protocolos y cómo abordar estos casos en variados ámbitos, desde el docente hasta el judicial y nuevamente se apela a una “financiación adecuada”. El tercer punto plantea “simplificar” los protocolos de respuesta. Como cuarto elemento se apunta a dar un enfoque “mutidisciplinar” al problema y a la coordinación entre instituciones. Han de operar profesionales de la “psicología, trabajo social, psiquiatría, educación, pediatría, medicina, pedagogía [y] sexología”, entre otros.  

Como mejoras en el ámbito de los servicios sociales se alude a “establecer una hoja de ruta (cartera de servicios) para tener claridad sobre los servicios y vías existentes”. En Sanidad, se plantea que los casos de agresiones sexuales sean “recogidos en la historia clínica, si así lo desea la víctima”, para poder ofrecer una atención “integral”. En Educación, toca “establecer la educación afectivo-sexual, adaptada a cada tramo de edad de niños, niñas y adolescentes, a lo largo de toda la enseñanza obligatoria como herramienta imprescindible para que desarrollen habilidades que les ayuden a protegerse de una manera útil y eficaz contra las agresiones y para que atiendan y comprendan que su cuerpo sólo es suyo”. En Justicia, se pone en valor el modelo ya probado de Barnahus y se demanda la creación de tres juzgados de instrucción especializados, uno para cada capital, y abundar en programas para “victimarios” en las prisiones de gestión autonómica. Finalmente, en el ámbito de la Ertzaintza, se pide la “creación de unidades” especializadas para atender casos contra menores.

El 90% de los agresores, hombres; el 78% de las víctimas, mujeres

La ponencia del Parlamento Vasco se creó en la pasada legislatura, en concreto en junio de 2019. Eran los meses posteriores a la sentencia del denominado 'caso Gaztelueta', en el que se dio por acreditado que un numerario del Opus Dei y docente agredió sexualmente a un estudiante del primer ciclo de Secundaria en ese colegio masculino de Leioa, en Bizkaia. La legislatura terminó y el grupo de trabajo no cerró su misión, aunque hubo 16 reuniones y 40 comparecencias. Tras las elecciones de 2020, se reanudó el foro con otras 22 intervenciones de víctimas. Se visitó también la exposición 'Shame' que se celebró en Bilbao a comienzos de año y un juzgado especializado en Las Palmas de Gran Canaria.

Como datos, se indica que “se estima que entre un 10% y un 20% de la población en el Estado español ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia”, que “un 44,7% de los abusos se producen entre los 13 y los 16 años”, que “en el 78,9% de los casos analizados las víctimas son niñas y adolescentes” y que “casi el 90% de los casos de abuso sexual son producidos por hombres”. La mayoría de las victimizaciones no son esporádicas y, de hecho, su duración media es de cuatro años. Y “alrededor del 84% de los abusadores son conocidos”, tales como familiares, compañeros, entrenadores o educadores.

“Estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestra historia. Ahora, lo que toca es aguantar, obedecer y esperar a que pase el temporal. O a que cambien las tornas en Roma”. Un supernumerario del Opus Dei resume de este modo la actual situación en la Obra fundada por Escrivá de Balaguer y que, hasta la fecha –algo que puede cambiar en breve, o que tal vez ya haya cambiado en la práctica– es la única prelatura personal en la Iglesia.

Los efectos de las decisiones tomadas por el Papa sobre la Obra en el último año, a los que se suman varios escándalos –como el del caso de abusos del colegio Gaztelueta o la batalla por el control de Torreciudad– han sumido al Opus en una sensación de perplejidad de la que sus líderes están intentando salir. Un Annus horribilis para sus intereses que, según analizan fuentes eclesiásticas para elDiario.es, marca una línea hacia la separación efectiva de los laicos de la prelatura o, incluso, la desaparición de esta figura canónica que solo atañe al Opus. De hecho, Juan Pablo II la activó en octubre de 1982 muy poco antes de su primer viaje a España, cuna del movimiento.

El 4 de agosto se cumplía un año de la entrada en vigor de Ad Charisma Tuendum, el primero de los dos Motu proprio firmados por el papa Francisco para degradar al Opus Dei, y que supuso un auténtico golpe en la línea de flotación de la organización, hasta ese momento una institución prácticamente intocable desde que hace 40 años, Wojtyła concediera a la asociación creada por Escrivá de Balaguer el título, exclusivo en la Iglesia, de prelatura personal.

Y es que uno de los principales problemas de la Obra es, en opinión de sus críticos, la convicción de ser “los únicos” en la Iglesia. “Son los más perfectos, los más pulcros, los guardianes de las esencias”, revela a elDiario.es una de las personas que, a finales de junio, presentó en la Nunciatura de Madrid una denuncia internacional contra el Opus Dei, acusando a la institución de “fraude normativo” a la Santa Sede, y de esconder unos estatutos secretos, que ni siquiera Roma conocía.

¿Qué ha pasado a lo largo de este año horrible para el Opus Dei? ¿Qué puede ocurrir de cara al futuro? Estas son algunas de las claves:

1.- El ‘caso Cociña’: en el Opus también hay abusos

“Hasta hace muy poco, el Opus Dei se consideraba a sí mismo perfecto. Es más, se vanagloriaban de que en sus colegios, sus parroquias, sus santuarios… no se había dado un solo caso de abuso. Y claro, cuando comenzaron a sucederse, la postura fue la de negarlo todo”. Una de las víctimas de abusos en la Obra resume lo que algunas vivieron el día en que elDiario.es y Religión Digital publicaron los abusos cometidos por un sacerdote del Opus Dei, Manuel Cociña, quien conviviera con el mismísimo Escrivá, en un colegio mayor en Sevilla.

“Aquí cambió todo”, señalan, destacando cómo, por primera vez, la Obra se vio obligada a pedir perdón por los actos cometidos por uno de sus miembros. “Se volvieron mortales, pecadores, y eso era impensable”. Con todo, este medio publicó, también en exclusiva, cómo el sacerdote condenado había intentado comprar el silencio de la víctima por 17.000 euros.

Desde entonces, los casos se han multiplicado: en pleno Congreso Extraordinario, tras la publicación de Ad Charisma Tuendum, el Opus Dei tuvo que admitir hace unos meses hasta ocho nuevos casos de abusos a menores en su seno, esta vez en cuatro países latinoamericanos: Bolivia, Paraguay, Uruguay y, como reveló elDiario.es, Argentina.

En un comunicado inédito por la contundencia de su petición de perdón, la Obra asumía, “con dolor y respeto por las personas que han sufrido daños cometidos por fieles de la Prelatura”, que “en la Región del Plata [que abarca parte de esos cuatro estados] hemos recibido denuncias fundadas contra ocho miembros: tres referidas a clérigos (dos ya fallecidos) y cinco a fieles laicos”.

2.- El ‘caso Gaztelueta’

Pero, sin lugar a dudas, el caso que ha llevado al Papa a intervenir en el Opus Dei ha sido el de la gestión del caso Gaztelueta. Un profesor numerario del Opus Dei, José María Sanz, fue condenado en firme por el Tribunal Supremo como pederasta (ya lo fue ante la Audiencia Provincial de Bizkaia). Su víctima, Juan Cuatrecasas, tuvo la oportunidad de narrar, en primera persona, su historia a Bergoglio, durante la grabación de 'Amén', un documental de la productora de Jordi Évole emitido por Disney+.

En el mismo, Cuatrecasas revelaba al Papa que, mientras la Justicia ordinaria había condenado por abusos a su perpetrador, el departamento vaticano de la Doctrina de la Fe se había despachado, años antes, con una nota firmada por el cesado prefecto Luis Ladaria, en la que exigía que se repusiera “el buen nombre” del profesor, según él, injustamente acusado.

Tras informarse, Francisco comprobó que había sido engañado y que, efectivamente, no se estaba cumpliendo la política de ‘tolerancia cero’ implantada desde 2019 en el Vaticano. Más aún: se descubrió que no había habido tal investigación canónica. Esto hizo que Francisco anunciara, a mediados de septiembre de 2022, la creación de una comisión comandada por el obispo de Teruel-Albarracín, José Antonio Satué, que fue recusado por la defensa del profesor (que llegó a amenazar con llevar al Papa ante el Tribunal de Estrasburgo). Aunque oficialmente el Opus Dei quiso desmarcarse de cualquier actuación en este caso, lo cierto es que la resolución del Tribunal de la Signatura Apostólica desestimando las demandas del pederasta condenado fue enviada a la sede de la prelatura del Opus Dei en Roma. “El Papa ya no se deja engañar”, cuenta una fuente cercana al proceso, que recuerda cómo, una vez se agotó la vía penal (tanto en España como en los tribunales europeos), el padre de la víctima (y ex diputado socialista, Juan Cuatrecasas), exigió una disculpa formal tanto a Doctrina de la Fe como a Fernando Ocáriz, prelado del Opus. La respuesta del máximo responsable de la Obra fue, simplemente, esta: “Una vez que la justicia civil se ha pronunciado, sólo queda aceptar la verdad judicial, sin más consideraciones”. No hubo petición de perdón.

3.- Dos 'Motu proprio' y un congreso extraordinario

El 30 de julio de 2022, vino el gran tsunami. “No nos lo esperábamos”, admite un miembro de la Obra. El papa Francisco ordenaba la publicación de Para proteger el carisma (el ahora célebre Ad charisma Tuendum). Se trataba de un Motu proprio que afectaba al Opus Dei. Estos documentos son actos legales vaticanos emanados directamente del Papa por su propia iniciativa y voluntad.

Ad Charisma lanzaba un misil en la línea de flotación del Opus Dei: descabezaba a su prelado (que ya no será nunca obispo, y pasará a depender, como la prelatura, de la Congregación para el Clero) y ordenaba que sus informes fueran anuales, y no quinquenales, como hasta el momento.

Además, obligaba a la Obra a convocar un Congreso Extraordinario para modificar unos estatutos que, a día de hoy, todavía no han sido aprobados por la Santa Sede y que, según cuentan expertos consultados por elDiario.es, tendrán que reformarse en profundidad después del segundo Motu proprio lanzado este año. El nuevo documento acota aún más la misión del Opus Dei, asimilándolo a “asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con facultad de incardinar clérigos” –algo así como una asociación de sacerdotes– y deja en el limbo la pertenencia a la institución de la gran mayoría de sus actuales miembros, que son laicos y que, como tales, no debían formar parte de una asociación clerical, es decir, de sacerdotes.

4- Las ‘mucamas’ de Argentina, la denuncia internacional contra la Obra… y Torreciudad

En junio de este año, el mismo día en que varios ex miembros presentaban una denuncia internacional contra el Opus Dei, la periodista Paula Bistagnino revelaba en elDiario.es los 40 años de silencio y secretismo padecidos en el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos, una escuela de criadas que el Opus Dei tuvo en Argentina entre 1973 y 2017. Más de 43 mujeres han denunciado a los seguidores de Escrivá de Balaguer ante el Vaticano por haber sido reducidas a la servidumbre.

A la par, llegaba la denuncia contra la Obra en España, y la sensación de que, tras un año de control de daños y cuando el Opus parecía tener controlada la situación con la celebración de su congreso, el suelo sigue movedizo bajo los pies de la organización.

Un reciente escándalo ha sacudido este verano de nuevo los cimientos de la Obra. Y ha tocado la fibra más íntima de su fundador Escrivá: el santuario mariano de Torreciudad, el lugar donde, siendo un niño, el fundador fue curado de una enfermedad y, probablemente, el rincón donde decidió crear el Opus Dei.

Tras una difícil negociación, y con el respaldo de Roma, el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, nombraba, por primera vez en la historia del santuario, un rector diocesano, que no tuviera que ver con la Obra. La reacción del Opus Dei fue furibunda, negando la legitimidad del obispo para tomar tal decisión y anunciando medidas legales para una decisión que, si nadie lo remedia (y Roma ha dejado claro que avala a Pérez Pueyo) será oficial el 1 de septiembre.

Detrás de la polémica del nombramiento, aparece la cuestión de la propiedad del santuario y de la imagen de la Virgen. También las cuestiones económicas que aborda el último Motu proprio firmado por el Papa. Francisco insinúa que los laicos no pueden formar parte de la prelatura y que las obras de la misma deben ser infinitamente más transparentes, tal y como denuncian los ex miembros del Opus Dei. 

5- El futuro de los laicos y de la prelatura

¿Cuál es el futuro del Opus Dei? Oficialmente, su prelado, Fernando Ocáriz, ha llamado en un mensaje a la calma y a “acoger con sincera obediencia filial esas disposiciones del Santo Padre”, si bien recalca que los laicos son la razón de ser del Opus Dei: “Cristianos corrientes en medio del mundo, que buscan a Dios a través de su trabajo profesional y de su vida ordinaria”.

Este es, sin duda, el gran desafío que desentrañarán, en breve, los nuevos estatutos, que habrán de ser aprobados, o devueltos, por la Santa Sede. Si se sigue el criterio del Papa (apoyado por expertos canonistas, entre los que destaca el cardenal Ghirlanda), los laicos habrán de abandonar cualquier filiación más allá de la de las obras apostólicas con el Opus Dei, que acabará convirtiéndose en una asociación clerical.

En el Opus Dei, entretanto, se recuerda que “no es la primera vez que sufrimos persecución”, recordando la padecida por Escrivá de Balaguer en los años 50, y expertos en la materia añaden que una de las claves del éxito de la Obra a lo largo del último siglo (cumplirá cien años en 2028) ha sido precisamente, su capacidad de adaptarse a los cambios, y esperar que las aguas vuelvan a su cauce. O, como decía el santo de Balaguer: “Hacer del limón limonada”.

Toda la información en www.religiondigital.org

--------------------------

Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

Por eso te pedimos tu apoyo. Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral.

Si te preocupa el futuro de este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca porque nuestra labor es más necesaria que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

El Vaticano ha rechazado todas y cada una de las peticiones de la defensa de José María Martínez Sanz, el profesor del Gaztelueta condenado por abusos a Juan Cuatrecasas, contra el proceso ordenado por el Papa y encargado al obispo de Teruel, José Antonio Satué. La resolución no deja margen de duda y supone un duro varapalo tanto para la defensa del profesor, que ha sido destituida, como para el propio Opus Dei, cuya postura ante este caso ha sido cuanto menos tibia. 

El fallo, que ha sido adelantado por El Correo y ha confirmado elDiario.es, se produjo el pasado 28 de junio, aunque no se notificó hasta la pasada semana a la defensa del profesor condenado por abusos. La resolución, firmada por prefecto de la Signatura Apostólica, Dominique Mamberti, está dirigida a la prelatura del Opus Dei y en la misma se ordena la destitución de los abogados del pederasta, que no habrían acreditado titulación académica en Derecho Canónico ni experiencia forense, por lo que carecerían “de capacidad” para representar a su cliente. 

De hecho, “para garantizar una defensa competente”, instan al profesor a elegir un abogado rotal en el plazo de 30 días, en caso contrario se les designará uno de oficio. 

La decisión supone un espaldarazo al trabajo llevado a cabo por el obispo de Teruel, José Antonio Satué, dado que considera “inadmisibles” la nulidad del decreto papal para abrir un proceso canónico contra el profesor puesto que el Papa “nunca puede ser recusado, ya que goza de la potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal sobre la Iglesia, sobre la cual puede ejercer libremente” 

El Tribunal también rechaza las acusaciones contra el obispo de Bilbao, Joseba Segura, aunque asume que tal vez fue “poco conveniente” su nota instando al profesor condenado a pedir perdón a la familia. Finalmente, sobre la supuesta investigación llevada a cabo por Silverio Nieto, el tribunal de la Santa Sede estipula que no fue “una primera instancia de juicio”; sino simplemente una nota pericial. 

La resolución no se hizo pública para tratar de no interferir con otra de las polémicas que salpican al Opus Dei en los últimos tiempos, el conflicto generado entre la prelatura y el obispo de Barbastro-Monzón por la titularidad del santuario de Torreciudad. 

Consultados por este medio, la familia Cuatrecasas admite no haber recibido notificación oficial del fallo, aunque saludan el mismo, al considerar que permitirá, “por fin”, que se dicte sentencia en el campo canónico, “y que se resarza de una ver el buen nombre de nuestro hijo”. Tras el fallo de la Signatura, solo faltaría el final del proceso que, como adelantó en su día RD, estaba a punto de quedar visto para sentencia. 

Toda la información en www.religiondigital.org

Sobre José María Martínez Sanz, numerario del Opus Dei y profesor del colegio masculino Gaztelueta de Leioa, Bizkaia, pesa una condena en firme por haber abusado sexualmente de quien fuera su estudiante Juan Cuatrecasas, del que también era preceptor o tutor. Recibió una condena de 11 años de cárcel en primera instancia pero, tras un recurso, el Supremo la rebajó a dos años al entender que dos de los cinco episodios descritos no estaban suficientemente probados por la víctima. Ahora, se enfrenta también a procesos eclesiásticos que no alteran en nada los hechos ya probados por la Justicia. Sin embargo, el pederasta ha concedido una entrevista al portal 'Info Católica' para recalcar que, pese a la doble sentencia, es “inocente”. En ella, carga contra la víctima y contra su familia, que han recibido con indignación la publicación de estas reflexiones.

“He dicho infinidad de veces que soy inocente y lo seguiré diciendo, porque es la verdad”

Los abusos sexuales no son una denuncia, son hechos acreditados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Bizkaia y en segunda instancia por el Tribunal Supremo, lo que los convierte en sentencia firme. Eso es la verdad judicial. Como mucho, Martínez Sanz podría alegar que no es responsable de “dos de los cinco episodios” recogidos en la denuncia, ya que el Supremo los consideró insuficientemente probados como para tenerlos en cuenta en la condena definitiva. Así, el numerario no es inocente, es un condenado en firme por abusos sexuales.

“Como es lógico, durante estos años he pasado por momentos en los que he estado destrozado psicológicamente”

Nada hay que cuestionar sobre la posible afección psicológica sufrida por el abusador. Sin embargo, se orilla que los hechos probados por los que ha sido condenado generaron un grave perjuicio a la víctima. Esto está diagnosticado por profesionales del ámbito psicológico y psiquiátrico e incluyeron intentos de suicidio. Una de las claves de este caso es que no solamente agredió al alumno sino que creó un clima por el cual también sufrió 'bullying' del resto de compañeros.

“Estoy pensando escribir mis experiencias en un blog o una web porque creo que ha llegado el momento de contar la historia completa”

En realidad, Martínez Sanz ya contó con el apoyo de su antiguo colegio en este sentido. Antes del juicio, y bajo la premisa de que los medios de comunicación manipulaban a la opinión pública, Gaztelueta contrató a un gabinete externo y creó una página web para desmontar las denuncias y ofrecer crónicas alternativas. Aquel portal ya quedó eliminado a la luz de los pronunciamientos judiciales.

“En la Justicia civil se trasladan y no se esconden al acusado los poderes que facultan para actuar y se entregan al acusado las acusaciones y las pruebas”

Martínez Sanz emplea el término “civil” como supuesta contraposición a la Justicia canónica, sin ningún valor en un Estado de Derecho. Sin embargo, su procesamiento y su condena no fueron en la jurisdicción civil sino en la penal. Él mismo admite que precisamente está pendiente la pieza civil derivada de la penal del 'caso Gaztelueta' y en la que familia de la víctima tiene derecho a solicitarle una indemnización económica.

“No he pedido perdón porque soy inocente. Juan miente cuando dice que lo humillaba en clase: sus compañeros lo negaron ante notario”.

Es cierto que nunca ha pedido disculpas como también lo es que no es inocente, ya que pesa sobre una sentencia firme. Introduce Martínez Sanz como elemento probatorio de las supuestas mentiras del denunciante un elemento que ya fue largamente debatido -y rebatido- en el juicio celebrado en 2018. Está acreditado que el numerario se valió de su posición de superioridad y que ello tuvo más consecuencias que los propios abusos sexuales. El condenado por pederastia afirma que los otros alumnos de Gaztelueta lo negaron ante notario. Se refiere a unas actas pagadas para su defensa por el propio colegio del Opus Dei. Aquellos documentos eran de contenido y estructura idénticos y se pretendieron presentar en el juicio como supuesta prueba exculpatoria. Gaztelueta llegó a querellarse contra este periódico por revelar su mano detrás de esta estrategia orquestada para desacreditar al abusado y ayudar al abusador. Perdieron aquel pleito también.

“La sentencia injusta en el juicio de Bilbao se basó casi exclusivamente en una convicción del juez: Juan Cuatrecasas no podía mentir”.

La sentencia de primera instancia no es “una convicción del juez”, sino que fue firmada por un tribunal de tres magistrados y sin votos particulares. Fueron Alfonso González-Guija, Juan Manuel Iruretagoyena y Jesús Agustín Pueyo. Sí tiene razón en que Juan Cuatrecasas no podía mentir, ya que hay obligación para los testigos de decir la verdad. Eso sí, no consta en ningún momento que se haya iniciado ningún procedimiento por indicios de que incumpliera ese juramento. Por el contrario, en un Estado de Derecho quien sí tiene la posibilidad de mentir es el acusado y Martínez Sanz ha hecho uso de ese derecho en todo momento, como también al de no responder a determinadas preguntas.

“Cuando digo que Juan miente me refiero a que no dice la verdad. No juzgo su intención, ni sé si es fruto de su enfermedad y está convencido de lo que dice”

Las “enfermedades” de la víctima, algunas de ellas todavía con secuelas más de una década después de los hechos, tienen un claro origen traumático diagnosticado y se sitúa en los abusos sexuales sufridos en el colegio Gaztelueta. La veracidad de su denuncia queda fuera de toda duda, básicamente porque ha motivado una condena penal en firme.

“Su supuesta acusación fue muy vaga, tanto que no se puede decir que sea una acusación. Sin embargo, a partir de ese día se le empezó a intoxicar a través de interrogatorios mal ejecutados”

Con la salvedad de dos hechos que sí se dieron por probados en primera instancia pero no en segunda instancia, los tribunales y los expertos que han tratado a la víctima han destacado la consistencia en el tiempo del relato de la víctima. Asimismo, han insistido en que es muy difícil pedir a un niño –de no más de 12 años en el momento de los hechos– que verbalice y describa con precisión prácticas sexuales que no conoce. Igualmente, los expertos siempre recalcan que las víctimas cuentan lo que pueden, como pueden y cuando pueden y que ello no es reprochable.

“Por otro lado, no veo que los Cuatrecasas tengan interés en cerrar el caso y seguir con sus vidas”

La familia Cuatrecasas tuvo que mudarse desde Bizkaia hasta La Rioja ante la situación crítica en que quedó la víctima tras los hechos. Ahora han creado una asociación llamada Infancia Robada que recopila otros casos de abusos, principalmente en el ámbito eclesiástico. El joven, ya mayor de edad y pese a las dificultades por la situación sufrida, ha logrado completar sus estudios universitarios.

La catedral de Santiago de Bilbao ha acogido este viernes por la tarde un “acto oracional” presidido por el obispo, Joseba Segura, en el que se ha pedido “perdón” a Dios y a las víctimas de abusos sexuales, por ese orden, según se ha expuesto al principio. La eucaristía sigue a años en que esta diócesis, a diferencia de otras mucho más beligerantes, ha querido acercarse a las personas agredidas con pasos como la creación de una comisión investigadora -aunque las autoridades judiciales no en todos los casos han considerado satisfactoria su colaboración- o la cesión de un espacio eclesiástico para una exposición con retratos de víctimas de toda Europa, 'Shame'. Se están analizando también posibles encuentros restaurativos. La Iglesia de Bizkaia entiende que ha “decepcionado” la “confianza” de muchas personas y que los casos conocidos han “destruido la inocencia” de los menores abusados. Toca actuar con “responsabilidad” ante “tantas vidas rotas”.

“Reconocemos que entre nosotros ha habido abusadores -ha expuesto monseñor Segura, que ha utilizado el euskera vizcaíno en algunos momentos y cuya homilía ha sido retransmitida por YouTube-. Ellos también forman parte de nuestra historia. Reflejan lo contrario de lo que hemos querido ser. Algunos han abusado de su posición. Han sido de los nuestros. Cristo nos dice que sólo la verdad nos hará libres. Esta petición es necesaria porque algunas victimas lo habéis solicitado. Pero no cerramos ningún libro. Con las víctimas en el centro de todo, seguiremos aprendiendo más y más de ellas cada día para poder construir nuestro futuro desde la verdad. Nos empeñamos en buscar la verdad. Sólo asumiendo toda nuestra historia, la buena y la mala, seremos capaces, cuando las víctimas nos lo permitáis, de decir que hemos aprendido que nunca más será posible que ningún abuso detestable pueda suceder de nuevo en el seno de la comunidad cristiana. Que Dios nos ayude a conseguirlo”.

El obispo ha indicado también desde el altar que “siguen abiertos los canales de comunicación” para recoger posibles denuncias. “Tened la certeza de que vais a ser escuchados. Vamos a tratar cada caso con respeto escrupuloso. Vamos a oíros con el corazón y no sólo con los oídos”, ha prometido el prelado, en todo momento muy consciente de que las víctimas que son católicas consideran relevantes los gestos de su Iglesia además de que opere el Estado de Derecho. Antes, a la entrada, ha admitido ante los medios de comunicación que habrá otras que lo consideren “insuficiente”. Sin embargo, después ha llamado a “toda la sociedad” a movilizarse porque los abusos sexuales se han dado “en diversos entornos sociales” y no solamente en la Iglesia católica. Ha hablado de las familias, de clubes deportivos, de la pornografía infantil o del “gran negocio de la trata de personas”.

El perdón se ha simbolizado con un olivo y una placa que será colocada de manera permanente en la capilla de la Piedad de la catedral. En las bancadas del templo, lleno de feligreses y donde se han interpretado piezas de música clásica, se han reunido algunas víctimas y familiares, que han encendido también velas en memoria de los abusados. La primera la ha prendido Ana María Cuevas, madre del joven que sufrió una agresión sexual en el colegio del Opus Dei de Leioa, Gaztelueta. El padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, ha indicado a los medios de comunicación que se trata de un “gesto positivo” aunque hay víctimas “cansadas de oír la palabra perdón” porque lo que quieren es “reconocimiento y reparación”. Asimismo, el sacerdote Josu López Villalba, él mismo víctima, ha oficiado la ceremonia junto al obispo. También se han leído algunos testimonios de vizcaínos que han padecido abusos. Los cinco primeros se pueden sintetizar en la frase “Me sentía culpable”. El sexto, en cambio, era radicalmente diferente:  “Ellos son los culpables, no nosotros”.

El ‘caso Gaztelueta’ está prácticamente visto para sentencia. El obispo de Teruel, José Antonio Satué, encargado por el Papa Francisco de revisar la mala praxis canónica de este caso de abusos, podría resolver en breve, según han señalado distintas fuentes a elDiario.es, a favor de la víctima de abusos, Juan Cuatrecasas (hijo), y en contra del profesor condenado por la justicia civil, José María Martínez Sanz.

Un fallo que podría ver la luz para Semana Santa, y que en todo caso el Opus Dei –una de las principales instituciones implicadas– conocerá antes de que el próximo 12 de abril arranque el Congreso Extraordinario después del rapapolvo sufrido por el motu proprio del Papa Ad charisma tuendum, en el que Francisco degrada de alguna manera a su prelado, que desde el pasado mes de agosto no puede ser obispo ni portar los ropajes o el anillo episcopal (algo que, según algunas fuentes, no se ha cumplido estrictamente).

La Obra, la única que gozó del carácter de Prelatura Personal en la vida de la Iglesia, ha pasado a depender de la Congregación para el Clero, que monitorizará todas sus actividades. Cada año habrá una revisión y se podrán impedir algunos de los abusos que, en muchas partes del mundo, se han denunciado contra el Opus Dei, sus políticas de segregación y su absoluto control en las casas y colegios propiedad de la Obra.

Uno de los escándalos clave para entender este movimiento de Roma no es otro que el caso de abusos a menores en el colegio Gaztelueta de Bizkaia, y la gestión que hicieron de él tanto el colegio como la Obra, así como determinados actores eclesiásticos. Un caso que en lo civil ya está cerrado, con el profesor del centro –miembro del Opus Dei– condenado en firme por pederastia, aunque ni el prelado ni la Obra –y mucho menos, los terminales mediáticos cercanos al Opus– lo hayan reconocido expresamente, y que el Papa Francisco decidió abrir el pasado mes de septiembre, después de un encuentro con la víctima, Juan Cuatrecasas (hijo), con motivo de un especial que, producido por Jordi Évole, verá la luz el próximo 5 de abril, Miércoles Santo, en Disney+.

Tras escuchar directamente su testimonio, Francisco se interesó por el caso y comprobó, con estupefacción, cómo se había actuado de forma incorrecta. El Papa nombró una comisión, presidida por el obispo de Teruel, que ha estado acompañado por José Luis Perucha Rojo, rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, que ha actuado como notario. Como asesores, la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Mirian Cortés Diéguez, y el vicario general de Jerez, Federico Mantaras Ruiz-Berdejo. El objetivo señalado por la diócesis de Bilbao, donde se produjeron los abusos, era “depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas”. Fuentes eclesiásticas señalan que es muy probable que haya un resarcimiento para la víctima.

A lo largo de estos meses, el Opus Dei ha tratado de inhibirse del proceso, señalando que ya hubo una investigación en 2015, en el que Doctrina de la Fe “concluyó la inocencia del profesor”, algo que ya se ha comprobado que no era cierto, pues no hubo realmente investigación canónica en firme y, en todo caso, el propio Francisco ha determinado que muchas cosas se hicieron mal.

El pederasta condenado, por su parte, emitió otro escrito en el que mostraba su perplejidad por “cómo se puede iniciar tal proceso (canónico) a un laico”, y ha intentado en estos meses desacreditar la esencia del proceso, olvidando que, en lo tocante a la Iglesia católica, el Papa tiene potestad absoluta. De hecho, se reunió con Satué y solicitó, infructuosamente, un encuentro con el Papa, que este declinó hasta que no haya concluido la investigación encargada, y que en estos meses ha llevado a cabo un trabajo callado y ajeno a la deriva mediática del caso, así como a las presiones de determinados estamentos eclesiásticos, que buscaban impedir que se hiciera justicia en lo canónico.

No será así. Salvo sorpresa mayúscula, el dictamen de Satué resolverá el resarcimiento de la víctima, Juan Cuatrecasas (hijo), así como la responsabilidad canónica de su abusador, y señalará los fallos tanto en la supuesta investigación llevada a cabo en 2015 como en las sucesivas resoluciones del Opus Dei y de Doctrina de la Fe. Se espera que el dicasterio vaticano “reponga el buen nombre” del superviviente de abusos, y anule la carta en la que señalaba la inocencia del abusador. No queda muy clara cuál será la responsabilidad canónica tanto del colegio como del Opus, que reputacionalmente ha quedado muy tocado por este caso, y por otros similares, cuyo efectos habrían de valorarse en el congreso extraordinario. Algunos hablan de refundación, aunque lo cierto es que será el mismo Opus Dei quien controlará la magnitud de sus reformas, que después presentará a Francisco.

Toda la información en www.religiondigital.org

El museo de arte sacro de Bilbao, sito en un antiguo convento dominico, ha acogido este jueves el simbólico pistoletazo de salida de la exposición Shame ('vergüenza', en castellano) con retratos de víctimas de abusos sexuales en la infancia, evento del que es colaborador elDiario.es/Euskadi. Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, ha solemnizado que al menos esa pequeña demarcación de la Iglesia católica apoya “sin duda” a los denunciantes de casos en ámbitos eclesiásticos y les ha animado a dar el paso si aún no lo han hecho. En el marco de la exposición, cuyas fotografías también son visibles en las estaciones del metro de Moyúa e Indautxu, se espera un pronunciamiento más solemne de perdón por parte del obispo, Joseba Segura, según las fuentes consultadas.

López ha realizado públicamente ante un auditorio compuesto por damnificados, familiares, autoridades y representantes sociales, esa “invitación” a que posibles nuevas víctimas denuncien. “Queremos escucharles y, en lo posible, ayudarles”, ha manifestado. Ha agregado que los actuales gestores eclesiásticos no están “eximidos de responsabilidad”, que el “problema” ha estado muy “extendido” y que en Bizkaia se forma a quienes tienen contacto con menores en entornos de ocio o educativos para prevenir episodios de pederastia. “Reparación” y “no repetición” son dos principios básicos para gestionar esta materia, ha insistido. La diócesis tiene una comisión para recabar denuncias y también prevé realizar encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios, similares a los que se realizaron con presos de ETA y familiares de asesinados.

La exposición está promovida en España por la asociación Infancia Robada, capitaneada por los padres de Juan Cuatrecasas, víctima de abusos en el colegio masculino del Opus Dei de Leioa, Gaztelueta. En su caso, no hallaron esa voluntad de “reparación” que ahora predica la Iglesia vizcaína. Más bien al contrario, aquel centro y el Opus Dei protegieron al abusador hasta el punto de atacar a la víctima o pagarle parte de la defensa en el proceso penal. Cuatrecasas, ahora ya mayor de edad, es uno de los retratos en blanco y negro que se exhiben en la muestra. Todos ellos son obra del italiano Simone Padovani. El mecenas suizo Guido Fluri y el Consejo de Europa han logrado una colección de cien víctimas de todo el continente y las fotografías viajarán a otras ciudades para dar a conocer las cien historias detrás de cada una de ellas.

El titular del Ararteko, Manuel Lezertua, ha pronunciado también un discurso en la inauguración. La de “víctima” no es una “categoría” como si se tratase de una “enfermedad crónica”, ha opinado. Los datos de esta institución muestran que el caso de Gaztelueta es una excepción: apenas el 5% de las denuncias concluyen en una condena penal. Aquí, aunque el Tribunal Supremo rebajó al mínimo la condena efectiva, a dos años, hubo una doble resolución final que confirmó que lo que decía el joven era cierto. Eukene Arana, exparlamentaria vasca que participó en la pasada legislatura una ponencia sobre abusos que ahora se ha retomado en la Cámara, ha asegurado que “las consecuencias de los abusos sexuales no sólo afectan a los menores y a sus familiares, sino también afectan e interpelan a la sociedad en su conjunto”. “Oponerse a estos comportamientos y desvelar a quienes de cualquier modo toleran, disculpan o protegen a los responsables es nuestro deber como ciudadanos”, ha aseverado Iñaki Viar, uno de los profesionales que atendió a Cuatrecasas en plano de la salud mental.

Hablan las víctimas: “Bastante hice con sobrevivir”

Cuatrecasas no ha tomado la palabra, aunque ha seguido el acto sentado entre el público. Sí han hablado otras víctimas. “Soy Leonor, agredida en 1972 por el capellán del grupo sanatorial Santa Marina de Bilbao, donde ingresé enferma de tuberculosis con ocho años. Su nombre era padre Martín. Me hirieron y animo a todas aquellos a que alcen la voz. Aunque soy consciente de lo duro que puede ser iniciar este camino de denuncia, es el único para que no nos derroten. Esto que hoy aquí nos congrega es el ejemplo y por lacerante que a muchos y muchas nos resulte, con estas figuras y un confesionario en la entrada asaltando nuestra mirada, llamo a la Iglesia que nos ofrece este espacio, a la Iglesia aquí presente, a la que se indigna y deplora hechos tan lamentables, para que nos apoye de un modo contundente y clame junto a nosotras”, ha clamado Leonor G. Paqué en una alocución muy aplaudida.

“Soy Pepe Godoy y sufrí abuso sexual de los ocho a los once años. Mi agresor era un entrenador de fútbol. Todos le querían. Era un monstruo, era mi monstruo, pero todos le querían. Lo pude contar 36 años después, con 44 años. Dos años después, con 46, lo denuncié ante la Policía y también públicamente. El año en que empezaron los abusos fue como un hachazo en mi vida. Hasta entonces era un niño valiente y feliz. Empecé a tener miedos. Empecé a tener terrores nocturnos. Empecé a tener manías. Una situación que no me dejaba vivir, que me angustiaba, que me ahogaba. No podía hablar de ello y también abusó de mis hermanos, entonces la carga se hacía cada día más pesada porque me sentía culpable y cómplice. Me sentía responsable de los actos del pederasta. Con los años y la terapia entendí que bastante hice con sobrevivir”, ha contado este hombre, cuya imagen es la primera nada más entrar a la sala de la exposición.

Juan Cuatrecasas, que sufrió abusos sexuales cuando era estudiante del colegio Gaztelueta de Leioa, vinculado al Opus Dei, ha denunciado en el Parlamento Vasco, en el marco de una ponencia a puerta cerrada que analiza medidas para mejorar la respuesta ante estas situaciones, que es una “vergüenza” que ese centro de “cuasi delincuentes” que ejercieron de “encubridores” siga estando concertado por el Gobierno vasco. Se da la circunstancia, además, de que es uno de los pocos colegios que segregan por sexos, circunstancia que sí podría dejarle fuera de la financiación.

“El colegio ha encubierto y ha promovido la violencia contra mí y contra mi familia. Que a día de hoy siga recibiendo ayudas y dinero público es una vergüenza. Es un problema ya no sólo de la política sino de toda la sociedad, porque que unos cuasi delincuentes siguen impunes y haciendo lo que les da la gana. Es una vergüenza”, ha manifestado Cuatrecasas, ya mayor de edad, en declaraciones a los medios de comunicación. Este periódico ya reveló que el centro promovió que exalumnos y docentes firmaran actas para defender la inocencia del profesor y preceptor autor de los abusos, José María Martínez Sanz. Asimismo, tras la primera condena de la Audiencia Provincial de Bizkaia, organizó una rueda de prensa para cargar contra la familia de la víctima e incluso una visita guiada a las instalaciones para asegurar que los hechos probados por un tribunal eran falsos.

“No ha tenido la dignidad de respetar a la víctima como creo merece y pedir perdón por sus múltiples negligencias durante años, antes, durante y después de la denuncia y la condena en firme. En cambio, sigue cuestionando a la víctima y defendiendo al pederasta condenado en firme y encima recibiendo dinero público”, ha protestado Cuatrecasas, que asegura que los partidos presentes en la ponencia -todos los que tienen representación en Euskadi salvo Vox- han sido receptivos con su punto de vista.

Dentro de la ponencia, Cuatrecasas ha leído “diez mandamientos” para incidir en cambios de respuesta ante casos de abusos sexuales. “Las víctimas y supervivientes no relatan, no cuentan, cuando quieren, sólo cuando pueden. Es este un punto aún en muchos casos incomprendido. Nunca las víctimas y supervivientes pueden sufrir acciones forzosas que les obliguen a contar en tiempos o espacios impuestos. Debe dárseles plazos amplios de tiempo desde su primer testimonio, porque sus capacidades no son las mismas y deben siempre adaptarse a ellas. En el plazo emocional no existe la prescripción ni siquiera la prueba preconstituida. No es para nada empírico, académico o jurídico pretender que una víctima relate su testimonio de una sola vez, porque nunca funciona así. Pueden pasar años e incluso es posible que muchas de ellas ni siquiera lo hayan contado, fuera aparte de que se hayan llevado el secreto a la tumba”, ha indicado ante la Cámara el ahora letrado. Y ha pedido que no se juzgue a los menores por sus relatos en ocasiones inconexos: “Un niño o niña de diez años no tiene la misma percepción sobre la sexualidad y por ello sobre los actos y agresiones sufridas en manos de un adulto que un niño o una niña de quince años, por ejemplo”.

“Apuesto por el refuerzo de la figura de los psicólogos y psicólogas en los centros escolares -ha seguido-. También en los procesos judiciales que se abran, porque junto y en colaboración, cuadros diferentes de actuación para nada incompatibles y sí complementarios, con otros profesionales, educadores sociales, trabajadores sociales, psiquiatras, victimología, criminología, es preciso y necesario que los encargadas de la atención y de ratificar la credibilidad de las víctimas antes, durante y después del proceso, sepan hacerlo no solo a nivel humano, también profesional y académico”. Cuatrecasas, que vio retrasada su formación por estos hechos, ha pedido tratamiento especial para las víctimas en momentos como la Selectividad o para evitar una futura “exclusión laboral”. Asimismo, ha reclamado “el refuerzo de estas campañas públicas” contra los abusos sexuales.

“Te pido perdón en nombre de la Iglesia”. El Papa Francisco recibió el pasado mes de junio a Juan Cuatrecasas (hijo), víctima de abusos sexuales en el colegio Gaztelueta, que gestiona el Opus Dei en Leioa (Bizkaia) entre 2009 y 2011. Según ha podido saber elDiario.es, el encuentro tuvo lugar con motivo de una grabación del Papa con varios jóvenes de todo el mundo (un programa de la productora de Jordi Évole) y que será emitido, previsiblemente, por Disney en 2023.

Tras la audiencia, Bergoglio salió impactado por el testimonio del joven y el sufrimiento padecido durante años, primero por los abusos, y después por un proceso en el que tanto la Iglesia española como el colegio y la Obra no dudaron en atacar la veracidad de su relato, que sería confirmado con una condena en firme por abusos por el Tribunal Supremo. A las pocas semanas del encuentro el Pontífice escribió directamente al joven, pidiéndole toda la documentación –civil y canónica– del caso. El 12 de agosto, como adelantó elDiario.es, Francisco envió una carta a Cuatrecasas (hijo): “Es necesario abrir el proceso. Se hará una reunión para decidirlo. Luego nombraré el tribunal que llevará adelante el juicio. Te tendré informado”, escribía el Papa. Un mes después se nombraba un nuevo tribunal, presidido por el obispo de Teruel, José Antonio Satué, con el objetivo de “depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas”.

Y es que el empeño del Papa por reabrir el caso ha superado muchas dificultades, algunas incluso en la misma Curia vaticana, como él mismo reconoce. El pasado domingo, en la tradicional rueda de prensa de regreso de un viaje (esta vez a Bahrein), Francisco admitía haber recibido “dos quejas en los últimos meses sobre casos de abusos que habían sido encubiertos y no juzgados bien por la Iglesia: inmediatamente pedí un nuevo estudio (de los dos casos) y ahora se está haciendo un nuevo juicio”. Aunque Bergoglio no lo explicitó, fuentes vaticanas confirmaron que uno de ellos era el de los abusos en el colegio del Opus Dei.

En la citada entrevista en el vuelo, Francisco denunciaba que, en la Iglesia, “no todo el mundo tiene valor; a veces está la tentación de transigir, y también todos somos esclavos de nuestros pecados, pero la voluntad de la Iglesia es aclararlo todo (...). Estamos trabajando con todo lo que podemos, pero sepan que hay gente dentro de la Iglesia que todavía no ve claro, que no comparte”.

Pese a todo, el Papa decidió seguir adelante con el nuevo proceso, que tal y como han señalado a elDiario.es fuentes bien informadas, concluirá en pocos meses. Parece claro que habrá un resarcimiento oficial por parte del Vaticano a la víctima y a su familia por un procedimiento –la investigación eclesiástica del caso– que no cumplió con los mínimos éticos ni jurídicos exigibles. El proceso fue iniciado en tiempos del prefecto Müller, y su resolución final seguramente se demore hasta que Francisco nombre un nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en sustitución del español Luis Ladaria, algo que podría suceder en las próximas semanas.

Al tiempo, fuentes cercanas a la investigación confirman que Francisco está “muy enfadado” con los responsables del primer proceso, cerrado en falso, y en especial con Silverio Nieto, encargado de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal y quien podría recibir una amonestación privada. En cuanto a la víctima, Roma hará oficial esa petición de perdón a Juan Cuatrecasas y resarcirá su buen nombre, como lleva pidiendo la familia desde hace años. Algo más impreciso es el futuro en torno al abusador, pues al tratarse de un laico no se le podría sancionar del mismo modo que se haría con un religioso. La duda está en si la sentencia también enmendará la plana de la actuación del colegio (parece claro que sí), el Obispado de Bilbao y el Opus Dei.

El encuentro del Papa con Juan Cuatrecasas (hijo). se produjo en el contexto de una reunión de Francisco con jóvenes de distintos lugares del mundo, entre los que se encontraba la víctima del 'caso Gaztelueta'. La cita está tomando forma como un reportaje, editado por Producciones del Barrio, y que verá la luz a lo largo de 2023. El programa pretende mostrar las diferentes formas de vivir la juventud, con un mensaje positivo y de esperanza, en el que se hablará, y el Papa escuchará, de todo lo que inquieta a los jóvenes hoy.

Toda la información en www.religiondigital.org

Avanzar sin caer, saliendo de un pozo emocional al que un día, cuando no levantabas tres palmos y medio del suelo, un adulto te arrojó. Suena literario, pero no lo es. Las metáforas suenan demasiado complacientes cuando hablamos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Un adulto, aprovechando su consideración de superioridad, la misma que en algunas sentencias no se tiene en cuenta o se tiene con insustancial equidistancia, se cruza un día en el camino de un niño o una niña y abusa de él o ella sexualmente, invade su intimidad sin rubor pero con flagrante cobardía, se apodera de su perímetro para someterle a todo tipo de abusos y agresiones, que a veces incluyen también golpes, torturas y vejaciones orales. Un cúmulo de acciones violentas físicas, psíquicas, que dejan al menor en una situación de zozobra y secuelas fruto de un síndrome de 'shock' postraumático que le afectará en mayor o mediana medida durante décadas, incluyendo su etapa de forja de su personalidad. 

Es una realidad que estos delitos se perpetran en todos los ámbitos sociales y desde luego el eclesiástico no es una excepción. Nunca lo fue. Algunos sacerdotes y religiosos a la sombra de la mayoría han cometido acciones delictivas de pederastia y pedofilia y el número de víctimas y supervivientes es ingente, mayor de los porcentajes de casos denunciados en la justicia ordinaria, en la canónica o en los medios de comunicación. Lo que no se cuenta, no existe. Y esa es una de las mejores armas de los pederastas y sus encubridores. Se sirven del miedo y el silencio que este genera para asentarse en la impunidad. Es difícil vencer el miedo, romper el silencio. No todas las víctimas pueden hacerlo, porque las víctimas no cuentan cuando quieren, solo cuando pueden. Es una cuestión de pragmatismo, una sólida teoría académica y un hecho objetivo y demostrable.

La pretensión de que un niño o niña relaten los abusos a los que fueron sometidos como si estuvieran relatando una excursión con amigos al monte siendo absurda, no es ficción. Sentencias como la del caso Gaztelueta (la número 467/2020 del Supremo), demuestran en su contenido y en su línea argumental que para algunos jueces lo de las víctimas no cuentan cuando quieren, entiéndase detalles de los delitos, sino cuando pueden no es admisible. Algo terrible, sin lógica y que solo sirve para quienes demuestran no saber de qué hablan redacten sentencias poco justas de raíz. Parece como si algunos jueces y fiscales se deslizaran por un tobogán con una venda en los ojos incapaces, pensando bien por falta de una formación sólida en la gestión jurídica de este tipo de delitos cometidos contra menores porque pensando mal las conclusiones serían muy deprimentes y escandalosas.

En ese sentido y acogiendo en el escrito al facultativo suizo Jean Piaget, psicólogo considerado padre de la epistemología genética y reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre el sujeto y objeto. El razonamiento hipotético deductivo que comienza en la preadolescencia de manera incipiente y se va desarrollando durante la adolescencia. También la más que probable amnesia, producida por el trastorno de estrés post traumático que suele aparecer en ocasiones. Como ejemplo : un niño o niña de diez años no tiene la misma percepción sobre la sexualidad y por ello sobre los actos y agresiones sufridas en manos de un adulto que un niño o una niña de quince años. 

Pues bien, tener que seguir insistiendo en esto me lleva a concluir que el problema, o uno de ellos, es sin duda la débil o insuficiente formación de algunos profesionales que redactan sentencias más tendentes a la absolución del delincuente pederasta que a una condena equilibrada y justa.

No es de recibo que la jurisprudencia que se cree en este tipo de delitos sea negativa, que quienes denuncian en vez de encontrar la protección que merecen por parte de las instancias requeridas, encuentren además de las secuelas físicas y emocionales, un plus de negación, minimización e incomprensión. Hay que lograr esa visibilidad del drama humano, cuando no de la tragedia que asuela a las víctimas y supervivientes de pederastia e incluso y con la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, del derecho a la asistencia integral especializada y accesible, desde atención médica y psicológica, a la cobertura de las necesidades económicas, laborales y de vivienda, a la asistencia jurídica y a una indemnización, junto a la eliminación del término abuso sustituyéndolo en todos los supuestos por el de agresión sexual. Porque son nuevos tiempos para las víctimas y supervivientes de violencia sexual pero también para los agresores, pederastas y maltratadores. Tiempos de verdad y justicia, de reconocimiento, reparación y acompañamiento. Aire fresco después de tantas décadas de silencio forzoso e impunidad, de negacionismo y falta de respeto. Seguiremos adelante, caiga quien caiga. No es revancha, es justicia.