Los obispos, sobre los abusos: “Poner el foco solo en la reparación de las víctimas de la Iglesia discriminaría a las otras”

Fueron más de cinco horas de discusiones en medio de una gran división interna, pero a última hora de este lunes la Conferencia Episcopal finalmente valoró de forma oficial el informe que presentó el viernes el Defensor del Pueblo y en el que se señala a la Iglesia católica española por intentar ocultar los abusos sexuales cometidos en la institución y que, según sus cálculos, podría haber afectado a cientos de miles de personas.

“Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino”, señalan los obispos en su nota.

En la sede de la Conferencia Episcopal solo había un tercio de los obispos presentes –aunque sí estaban en la sala muchos de los relevantes, como Omella o Argüello, Cobo o García Magán– mientras que el resto participó de forma telemática. En el comunicado dejan claro que valoran “de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas”, y que consideran “valiosas las recomendaciones propuestas” en el informe.

Una de ellas es la creación de un fondo de reparación para las víctimas, sobre el que, al parecer, hay bastante consenso. Pero la Iglesia deja la iniciativa en manos del poder político: “La Asamblea Plenaria se une a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad” porque, afirman, “dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo”.

“Víctimas de segunda”

Es decir, como la pederastia no es un problema solo de la Iglesia, que haya trabajo conjunto pero que sea el Gobierno sea el impulsor de las medidas. “Además –remachan– poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia discriminaría a la mayoría, a las que convertiría en víctimas de segunda”.

“Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de esta Asamblea Plenaria han pedido perdón, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta”, señala la nota, que admite que “un solo caso de abusos es intolerable”, pero reivindica que “la Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones”.

La Conferencia Episcopal entiende que la línea marcada por el Defensor del Pueblo es “en buena medida convergente con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo”. La única decisión ejecutiva de la reunión ha sido la de “encargar al Servicio de Protección de Menores de la CEE el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación”, algo que se llevará a cabo a partir de la próxima Plenaria.

“La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración”, finaliza el escrito.

¿Despedir a Cremades o asumir su informe?

El principal punto de fricción de la velada fue qué hacer con la auditoría encargada al despacho Cremades&Calvo Sotelo. Desde el principio, dos posturas encontradas: una, la partidaria de asumir el informe y tratar de consensuar con el bufete las conclusiones y recomendaciones (especialmente en cuanto a la reparación y a la responsabilidad por encubrimiento); la otra, más radical, que abogaba por anular el contrato, al considerar su incumplimiento por parte del despacho, y tratar de evitar filtraciones.

Al final, ni una cosa ni otra: “En relación a la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría, que ha presentado el presidente del Despacho, Javier Cremades y está prevista para el 20 de noviembre próximo. La Asamblea Plenaria ha decidido posponer a la próxima Asamblea de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada al despacho Cremades&Calvo Sotelo en el mes de febrero de 2022”, se lee en el comunicado.

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