Un ex alto cargo del Ministerio de Fomento durante la etapa de Mariano Rajoy acaba de fichar por Cabify. Isaac Martín, hasta el pasado 30 de septiembre presidente de Ineco, empresa pública de ingeniería y consultoría en el sector del transporte, ha sido nombrado, según su perfil de Linkedin, “chief cities and communities officer”, un puesto de nueva creación en la empresa de vehículos con conductor, tal y como ha podido confirmar eldiario.es tras recibir una información a través del buzón seguro y anónimo “Fíltrala”.

Una de las funciones de Martín, según Cabify, será “liderar distintos departamentos como marketing y recursos humanos a nivel global”, dentro del “proceso de maduración” en el que está inmersa esta compañía tras su creación hace 7 años.

Cabify, que traduce el puesto de Martín como “jefe de ciudades y comunidades”, destaca la trayectoria de su nuevo fichaje en materia internacionalización e innovación empresarial. A preguntas sobre este asunto, la compañía, que recalca que no es una VTC, “sino una plataforma tecnológica que pone en contacto conductores y usuarios”, explica que ese nuevo puesto persigue “dotar a Cabify de una estrategia con enfoque local que alimente la visión global de la empresa”.

La empresa pública que ha dirigido Martín, licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (los conocidos como 'tecos'), no se encarga directamente de temas directamente vinculados a la regulación de los vehículos de alquiler con conductor, que es el campo de negocio de Cabify. Pero en su faceta de consultora Ineco es desde hace años un apoyo clave en la planificación del sistema de transportes en España.

Empresa pública de ingeniería con proyectos en más de 50 países y 2.500 trabajadores, Ineco es conocida por haber supervisado las obras del AVE entre las ciudades saudíes de Medina y La Meca. Pero este instrumento de Fomento cuyo accionariado se reparten Enaire, Adif y Renfe también ha elaborado numerosos informes sobre movilidad urbana y sostenible para diferentes administraciones.

Así, Ineco colabora tradicionalmente en la elaboración de los planes de transporte del Ministerio de Fomento y ha elaborado planes de movilidad sostenible para A Coruña, Logroño y Hospitalet de Llobregat. En el exterior, ha participado por ejemplo en la actualización del Plan Maestro de Transporte 2006-2026 de Catar, que engloba su red de transporte público (incluidas las denominadas VTC); y ha asesorado también en esta materia en Ecuador o el sultanato de Omán, por citar dos ejemplos.

Ahora, en plena batalla entre el taxi y las VTC, y con el Ministerio de Fomento como principal árbitro normativo, uno de sus ex altos cargos con el PP pasa a desempeñar, nada más ser cesado, un puesto de responsabilidad en una de las empresas implicadas en la disputa.

La salida de Martín, con el que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito, prácticamente ha coincidido con la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto para ceder la competencia estatal a las comunidades autónomas y municipios sobre la regulación de las VTC. Las empresas afectadas, principalmente Uber y Cabify, amenazan con recurrir ante los tribunales un decreto que entienden que les perjudica. La norma todavía tiene que ser convalidada en el Congreso.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del que depende la Oficina de Conflictos de Intereses de los altos cargos, explican que, basándose en un informe aportado por Ineco, esa oficina ha dado el visto bueno al fichaje de Martín por considerar que no ha tenido relación con Cabify. En el portal de transparencia no consta ese permiso, pero esta web no se actualiza desde julio. 

Martín, que antes de presidir Ineco fue directivo del Instituto de Comercio Exterior (Icex), ha sido reemplazado al frente de Ineco por Carmen Librero, secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento desde enero de 2012 hasta la llegada del nuevo equipo tras la moción de censura. 

El nuevo directivo de Cabify fue nombrado presidente de Ineco por el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en febrero de 2017. Su sucesión se retrasó unas semanas por la polémica que rodeó al que primeramente fue designado como su sustituto tras la llegada del PSOE al poder: el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia Jordi Garcés-Ferrer, cuyo nombramiento acabó siendo descartado tras publicarse que había sido condenado por el Tribunal Supremo por apropiarse del proyecto de un alumno.

Reforzamiento de afines y subvención irregular 

Cuando se produjo el cambio de Gobierno, y aún como presidente de Ineco, Martín aprovechó una reorganización de la cúpula directiva aprobada horas antes del traspaso de carteras en Fomento para reforzar a algunos directivos afines a los que incorporó a su llegada hace año y medio a esta empresa estatal.

Por otra parte, su esposa vulneró la normativa de incompatibilidades al obtener el año pasado una subvención del Icex a una empresa que ella administraba sin la preceptiva autorización, pese a ser funcionaria en el Ministerio de Economía, del que depende precisamente el Icex, del que Martín había sido directivo hasta unos meses antes.

La Comunidad de Madrid no ha aportado en una década ningún informe o estudio con datos que avale su principal tesis para llevar a cabo la privatización sanitaria: una mayor eficiencia en el gasto público. La Cámara de Cuentas lo pone negro sobre blanco en el anteproyecto del informe de fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico en la región entre 2011 y 2015, al que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala.

El órgano fiscalizador constata en un documento profuso cuajado de datos que “se desconoce en base a qué criterios tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener”. Según el funcionamiento de la Cámara, los anteproyectos son remitidos a los organismos fiscalizados para que realicen alegaciones y de ahí se derive un proyecto que tiene que aprobar el Pleno de la Cámara para que se convierta en definitivo. La Consejería de Sanidad no ha respondido a eldiario.es sobre si el informe está ya en sus manos o han presentado alegaciones.

“No se han facilitado informes y/o estudios elaborados en los que se evaluaran las distintas opciones de gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía”, apunta el órgano fiscalizador, que desmonta por ausencia de pruebas el argumentario utilizado por el Ejecutivo dirigido Ignacio González (PP) para justificar la privatización tumbada por la justicia de seis hospitales de gestión sanitaria pública (Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste, del Tajo y de Vallecas). Las mismas razones que expuso su antecesora, Esperanza Aguirre, para abrazar el modelo semiprivatizado primero y privatizado al 100% después para su plan de infraestructuras sanitarias.

Seis hospitales con canon y cuatro privatizados

Actualmente hay cuatro hospitales en Madrid de gestión privada. La Comunidad importó este sistema de la Comunitat Valenciana. De hecho, colocó como director general de Hospitales al impulsor del modelo en Valencia y directivo de la aseguradora Adeslas, Antonio Burgueño. Los cuatro centros están en régimen de concesión, es decir gestionados por empresas a las que paga la Consejería de Sanidad por prestar el servicio. Son el Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejón, el de Villalba y el Rey Juan Carlos (Móstoles); todos impulsados cuando dirigía la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (PP). Además, otros seis se montaron con un sistema de semiprivatización en el que se cedió la gestión no sanitaria del centro a la concesionaria que levanta el edificio a cambio de un canon anual. En diez años se ha pagado más de 1.550 millones a esas concesionarias en concepto de este canon, según datos recogidos por la Cámara de Cuentas.

Según el anteproyecto al que ha accedido eldiario.es, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre –que gobernaba en 2007 cuando se empezó a explotar esta fórmula– fundamentó la elección de este modelo en “los principios de racionalización, eficacia, simplificación, libertad de elección y eficiencia” pero no ha aportado hasta la fecha “ningún análisis comparativo” de cuánto habría costado prestar el servicio “con los propios medios de la Comunidad” en lugar de ajenos.

La fórmula se estrenó en la Comunitat Valenciana, en el hospital de la Ribera: el modelo Alzira que acaba de ser recuperado para la gestión pública directa por la Generalitat. Esa forma de ofrecer la atención sanitaria todavía está viva en Vinalopó, Torrevieja y Dénia. El modelo, al menos semiprivatizado, también se exportó más tarde, por ejemplo, a Galicia (al hospital de Vigo Álvaro Cunqueiro). El nuevo hospital de Burgos que ha seguido la senda de la concesión privada se ha revelado un agujero de dinero público.

Entre 2011 y 2015, la Comunidad de Madrid ha pagado cerca de 986 millones de euros a las empresas gestoras (ahora Quirón Salud y Sanitas), de acuerdo con los datos de la Cámara de Cuentas, que también entra a analizar la actividad y la facturación de estos hospitales. Con esta información concluye que, al final, los pacientes que requieren hospitalización son tratados “en mayor medida en hospitales del SERMAS”, es decir, en los públicos.

Este hecho probado al menos entre los años 2013 y 2015 puede responder, según el informe, a la “libertad de elección” de centro que existe en la región, pero también a la derivación desde hospitales privatizados porque no tienen “la cartera de servicios precisa” para atender correctamente o pretenden “reducir costes en los tratamientos más complejos o largos”.

“Incertidumbre” en los costes finales

La Cámara de Cuentas insiste en que, además de no haber pruebas de ahorro ni eficiencia de este modelo, la gestión por concesionarias y el canon comprometido con las sociedades que construyeron los seis hospitales que se pretendían privatizar genera unos gastos a la administración pública difíciles de calcular y, por tanto, existe “incertidumbre” sobre los costes finales. Al inicial se deben añadir los modificados, sumas obligadas por sentencia judicial o conceptos como las bonificaciones por ahorro energético (casi cuatro millones de euros). ¿El resultado final? Sobrecostes, descontrol del gasto y caos contable ya desvelado por la Cámara de Cuentas.

A las concesionarias de los cuatro hospitales privatizados se les paga con un sistema variable que incluye un fijo por cada tarjeta sanitaria (que crece con el IPC) y saldos intercentros. Este saldo suma o resta en función de los pacientes que no son de la zona y eligen el centro (suma), y de los que no acuden a su hospital de referencia y optan por otro (resta).

Los hospitales del SERMAS (de gestión pública directa) recibieron con este sistema 123 millones de euros más entre 2013 y 2015 porque el número de pacientes que atendieron pese a que les correspondía otro hospital fue mayor al volumen de personas que eligieron otro aunque les tocaba uno público de gestión directa. Mientras, los privatizados registran año a año (salvo excepciones) saldos negativos por la marcha –voluntaria o provocada por los gestores– de pacientes, según los datos aportados por la Cámara de Cuentas.

Como los centros forman parte de la red pública, la administración debe controlar su funcionamiento y el uso que hacen de los recursos dentro de su autonomía. Ese control está reservado a un Comisionado de la Administración en cada hospital que, según la Cámara de Cuentas, no existe actualmente aunque “ha existido en distintos momentos del periodo fiscalizado”.

Para mejorar los controles, tres de los cuatro hospitales privatizados (Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba) deberían aportar un 0,5% del precio anual de su contrato para realizar “auditorías de calidad y disponibilidad de los servicios concesionados” pero esa cantidad nunca se ha reclamado desde la administración, según la Cámara de Cuentas. “En ningún ejercicio, desde la puesta en funcionamiento de los hospitales, se ha requerido a las concesionarias la puesta a disposición de la Administración del 0,5% del importe anual del contrato. Los costes por las auditorías realizadas con medios propios no se repercutieron en las liquidaciones de 2012 ni de 2013, indicando el SERMAS que se repercutirán en la liquidación 2014”, dice el informe.

Privatización (frustrada) en dos fases

Los Gobiernos del PP de Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González, que le tomó el relevo, idearon un proceso de privatización sanitaria que solo ha podido aplicarse parcialmente. Aún el Partido Popular presume de todos los hospitales que construyó de golpe la expresidenta a base de abrir el sistema público al capital privado con sociedades concesionarias que adelantaron el dinero y construyeron los edificios por un canon anual de dinero público que se seguirá pagando durante 30 años.

Los planes del presidente Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty –cerebro de la privatización– pasaban por externalizar la prestación del servicio público cediendo la gestión a concesionarias por 10 años en los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. En total 1.149 camas y 5.128 profesionales. Para ello, se modificó la ley, se redactaron contratos, se buscaron contratistas y hasta se modificaron las condiciones de adjudicación a última hora para hacer más atractivo el encargo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en 2013 un gasto plurianual de más de 4.000 millones de euros para estos contratos.

Pero en septiembre de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la licitación de estos contratos y puso fin, tras una amplia movilización social de los sanitarios en Madrid, al propósito de privatización. Hacer el camino de ida, parado por los tribunales, ha tenido un coste para las arcas públicas pese a que esos contratos nunca se firmaron. La administración, como recuerda el informe de la Cámara de Cuentas, tuvo que indemnizar a la empresa a la que adjudicó la gestión del Infanta Sofía, Infanta Cristina y del Tajo por “daños y perjuicios irrogados” con 240.355 euros. Por entonces ya estaban funcionando paralelamente tres de los cuatro hospitales de gestión privada (el de Villalba se inauguró en 2014 con tres años de retraso) a los que acuden pacientes de la red pública.

Correos pidió en 2016 un informe a una consultora privada sobre cuál debería ser su plan estratégico para los próximos años. El resultado, entregado en 2017, es un documento en el que ATKearney recomienda la privatización, al menos parcial, del operador postal, y al que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala.

La privatización de Correos lleva años sobrevolando a la mayor empresa pública de España en número de empleados. Y aunque ningún gobierno se ha atrevido a ejecutar esta posibilidad, los sindicatos denuncian que se está produciendo por la vía de los hechos, tanto por la caída del empleo estable (un 35% de sus 51.205 trabajadores ya es temporal), como por una asignación económica menguante en Presupuestos. A ello se añade la externalización de determinados servicios de Correos Express, la filial de la sociedad dedicada a la paquetería y transporte urgente.

Fuentes de Correos admiten la existencia del informe y explican que lo encargaron en junio de 2016, sin querer especificar el precio que pagaron por él. Cuando la consultora lo entregó se decidió no aplicarlo y guardarlo en un cajón, afirman. Es la misma respuesta que se ofreció sobre otro proyecto, conocido la semana pasada, en el que se diseñaba un plan de salidas incentivadas para sustituir unos 350 fijos por eventuales. 

En el informe se menciona en varias ocasiones la opción de privatización como la más conveniente para Correos. “El Grupo Correos es una empresa 100% participada por el Estado y, por ello, se ve sujeta a las exigencias de una empresa pública. Dicha situación coloca al Grupo Correos en una posición de desventaja respecto a sus competidores y, por ello, es fundamental alinearse con las dinámicas de los operadores europeos, donde el capital privado participa en su estructura accionarial”, aseguran. Sin embargo, en ningún momento del informe cuantifican qué ganancias económicas podría obtener el Estado español con dicha venta.

El coste en inversiones que prevé el plan, para el periodo 2017–2021, es de entre 1.200 y 1.400 millones de euros, incluidos 600–700 millones en adquisiciones de empresas para fomentar el negocio de la paquetería.

Riesgo de pérdidas en caso de escenario continuista

El documento, que dice tener como objetivo “resumir las principales líneas de la formulación estratégica, los proyectos estratégicos, y el plan de implantación propuestos en el Plan Estratégico 2017-2021 del Grupo Correos”, plantea distintos escenarios para el periodo.  

Y advierten de que en caso de mantener una política continuista “el riesgo de pérdida de ingresos postales para Correos” puede ser de entre 370 y 550 millones de euros hasta 2021. “El margen de maniobra a futuro es tan reducido que es imprescindible actuar con rapidez y en paralelo” sobre distintos “ejes estratégicos de actuación” además de la privatización.

Recalcan por ejemplo la “urgencia” de reducir la dependencia del negocio postal “aún mayor ya que existe un considerable riesgo de que la pérdida de ingresos postales de los grandes clientes (bancos, operadores de telecomunicaciones, empresas de electricidad, gas y agua, administraciones públicas…) continúe en los próximos años”.

Recuerdan que dichos clientes están digitalizando sus comunicaciones físicas para reducir significativamente sus costes “en un contexto de gran presión competitiva y reducción sensible de sus márgenes”.

Recomiendan también “seguir aumentando precios postales para amortiguar la pérdida de ingresos” y “conseguir una compensación justa por el coste neto del Servicio Postal Universal (SPU) que sea indubitable y que se reciba rápida y regularmente”. El SPU es un pago a cuenta del Estado por los costes que supone garantizar un servicio postal de calidad, con accesibilidad, regularidad y a precio asequible. Este año se subvenciona con 120 millones de euros, pero según cálculos de los sindicatos, el coste de este servicio es de 230 millones. 

Otro de los ejes estratégicos propuestos es la autorización de la  adquisición de compañías “para acelerar el liderazgo en paquetería”, la creación de “la estructura financiera necesaria (caja, monetización de activos, y deuda)” para financiar el plan, cuyo coste estima entre 1.200 y 1.400 millones de euros “incluyendo entre 600 y 700 millones de euros de adquisiciones”. Entre otras cosas, recalca que Correos dispone de “sesenta edificios emblemáticos en grandes ciudades” y de unos 2.100 inmuebles en ciudades medianas y pequeñas sin utilizar o utilizados parcialmente.

“Correos ha logrado unos resultados razonables”

Según recuerda la consultora, en los últimos cinco años Correos, al igual que sus homólogos europeos, se ha visto presionado cada vez más por la caída del negocio postal.

“A pesar de ello, y en un entorno macro–económico desfavorable con restricciones de gestión en el ámbito público, Correos ha logrado unos resultados positivos razonables”, afirman, “al conseguir amortiguar el impacto negativo de la caída postal en su rentabilidad, cumplir las obligaciones del servicio postal universal, mantener la paz social pese la reducción del 15% de costes fijos, y crecer en paquetería casi al doble de velocidad que la media de mercado”.

El año en que se encargó el informe, 2016, el Grupo Correos sufrió unas pérdidas consolidadas de 34,098 millones de euros, los mayores números rojos tanto para el grupo como para la matriz (33,7 millones) desde la constitución de Correos y Telégrafos como sociedad anónima estatal en junio de 2001. Un récord que se podría romper en 2017 (aún no se conocen las cuentas), año para el que el Gobierno ha presupuestado pérdidas de 227 millones de euros.

Portugal se vio obligado a vender el equivalente de Correos, CTT, por exigencias de la troika, con lo que ingresó 900 millones de euros. El servicio se deterioró notablemente y el Partido Socialista portugués se ha planteado su renacionalización. 

El presidente de la ingeniería pública Ineco, Isaac Martín Barbero, ha aprovechado una reorganización de la cúpula directiva aprobada horas antes del traspaso de carteras en el Ministerio de Fomento (del que depende) para reforzar a algunos directivos afines a los que incorporó a su llegada hace año y medio a esta empresa estatal, según información obtenida por eldiario.es a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala. 

Martín, que como otros ejecutivos del sector público nombrados durante la época de Mariano Rajoy tiene muchas papeletas para ser destituido en breve, remitió el pasado 6 de junio a su plantilla una circular pensada para “afianzar nuestras capacidades en materia de internacionalización y potenciar nuestras capacidades de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes en el mercado nacional”.  

La nota, como avanzó El Independiente, comporta una reorganización de áreas y funciones en la cúpula de Ineco, y también, de acuerdo con la información a la que ha accedido este diario, supone reforzar a dos directivos de la máxima confianza del todavía presidente de la empresa.

El movimiento más contundente corresponde a la transferencia de las direcciones de cuenta de todo el mundo (salvo México y Brasil, donde Ineco tiene filiales propias, y Medina-Meca) desde la Dirección General de Operaciones a la Dirección General de Transformación, Internacionalización e Innovación (DGTII), puesto que ocupa Eva María Pulido, mano derecha del actual presidente.

Con ello, se incrementa notablemente el peso de Pulido, que, como Martín, se incorporó a Ineco procedente del Instituto de Comercio Exterior (Icex), organismo que, como informó eldiario.es, concedió hace un año una subvención irregular a una empresa de la esposa del actual presidente de Ineco.

Preguntado por este asunto, Isaac Martín dice que la atribución de mayores responsabilidades a Pulido culmina “un proceso que hemos ido realizando paulatinamente a lo largo del último año y pico” y supone “terminar de ajustar la estructura, la organización, a la estrategia que se presentó el año pasado” por la que, en enero, se transfirieron a esta directiva las responsabilidades de digitalización“. Esto supuso la ”readscripción de 400 personas“, mientras que ahora se trata de ”un pequeño reajuste de 30“ efectivos más a su cargo.

En la nota remitida a la plantilla, Martín explicó que la integración de “todas las fases de nuestros proyectos internacionales bajo una única dependencia y dirección”, la de Pulido, buscaba “culminar un proceso de transformación de la actividad de la internacionalización que se inició con la integración de licitaciones y de la función comercial internacional en la DGTII, siguió con la presentación de la nueva estrategia de internacionalización” y “continuó con el nuevo proceso de gestión comercial”.

Sin embargo, Martín asegura, en conversación telefónica, que no se trata de una “promoción” para esta directiva que, recuerda, en el Icex fue responsable en materia de Infraestructuras y relaciones con los bancos de desarrollo. “Se me ocurren pocos candidatos más apropiados para consolidar la internacionalización de nuestra empresa”, señala.

“Esto no es un ministerio”

Respecto al momento elegido, argumenta que “no hacerlo así habría sido parar la empresa” y comprometer “las posibilidades de éxito de proyectos de millones de euros que no están esperando a que se termine de confirmar el relevo en los equipos del nuevo gobierno”. El cambio preparándose “dos meses”. “Esto es una sociedad mercantil estatal, no es un ministerio; tiene una cuenta de pérdidas y ganancias y la obligación de un gestor es poner todos los medios para lograr los mejores resultados”, argumenta.

Otro directivo cercano al presidente de Ineco que también se ha beneficiado de esta reestructuración es José González, que trabajó con Martín, técnico comercial y economista del Estado, cuando este dirigía la Consejería Comercial de España en Ankara (Turquía). Para él se ha creado una cuenta de negocio correspondiente a “Comisión Europea y Asia Pacífico”.

Fuentes internas critican que el objetivo es “evitar que quedara descolgado de la posible futura estructura al tener anteriormente una subdirección sin función clara y con menos de cinco personas a su cargo” que “sería bastante prescindible para la persona que ejerza en un futuro la labor de presidencia de la empresa pública”.

Según el presidente de Ineco, no es así, y tampoco hay ascenso alguno. Se trata de “un movimiento de responsabilidad donde pasa de una subdirección de estrategia en ofertas” a un puesto con “la misma categoría” y en el que “depende de la misma dirección general en la que estaba anteriormente”, la de Proyectos Internacionales. “En lugar de trabajar en Ofertas, le ponemos en la de Europa porque tiene un nivel de idiomas y experiencia en internacionalización que está por encima de la media de la compañía”, remacha.

Con unas ventas anuales de más de 200 millones de euros y unos 2.800 empleados, Ineco ha sido responsable de buena parte de la ingeniería de la Alta Velocidad en España. En el exterior, está presente en proyectos como el emblemático consorcio del AVE a La Meca, donde tiene un 1,5% de las acciones. Su capital se lo reparten Enaire (45,85%), Renfe (12,78%) y Adif.

En medio de las movilizaciones por los recortes de personal y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de sus empleados, Correos diseñó un plan de salidas incentivadas para el personal laboral y para funcionarios mayores de 57 años (el 20% de la plantilla). Podría acabar suponiendo la salida de unas 348 personas, según cálculos de la compañía pública que ha podido confirmar eldiario.es gracias a documentación obtenida a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala. 

El plan estratégico, redactado para un periodo de cuatro años (2018–2021), tendría un coste aproximado de 20 millones de euros (cinco millones anuales). Fuentes de Correos consultadas por eldiario.es confirman la existencia de este proyecto pero aseguran que se trata de un “estudio de trabajo” para “analizar posibles escenarios de evolución de plantilla” que se efectuó el año pasado. Afirman que se trató de un “ejercicio teórico” y que “no hay nada autorizado ni previsto”. 

En el documento se contemplan los ahorros que supondría la jubilación anticipada de estos colectivos frente a la contratación de “relevistas eventuales de 40 años” en términos de Seguridad Social y antigüedad. Al cálculo añaden que el personal laboral que participe en una jubilación parcial anticipada con contrato de relevo trabajará un 25% anual, “lo que ocasionará un ahorro en la contratación de personal para la cobertura de vacaciones, permisos y absentismo”.

En el informe se recuerda que actualmente la plantilla está compuesta por un 25% de colectivo funcionario y un 75% de personal laboral. La dirección de la compañía mantiene que “con carácter general” la plantilla se caracteriza por el “envejecimiento”, el “elevado absentismo por enfermedades y problemas osteomusculares” (7% en mayores de 57 años y 12% en mayores de 60) y “la necesidad de contratación de personal más cualificado para determinados puestos, por ejemplo, para la atención al cliente en oficinas”.

Para el “rejuvenecimiento de la plantilla” proponían distintos programas anuales. Por ejemplo, para el personal laboral, en el colectivo mayor a 61 años (con 34 cotizados) ofrecerían un programa de jubilaciones parciales. Calculan para este colectivo un salario total de 20.000 euros anuales, con un coste estimado total del programa por empleado de 31.200 euros anuales. “No se ha considerado el coste del reemplazo puesto que se realizará con un eventual”.

En cuanto al personal funcionario (entre 57 y 64 años), el documento habla de “excedencias voluntarias incentivadas”. “Los funcionarios podrán mantener la situación de alta en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado” y ser “indemnizados” en función de su edad y de los años trabajados.

El propio documento admite que se trata de una “primera aproximación con costes estimados considerando un empleado tipo base”. El salario medio estimado de los trabajadores, según aparece en el estudio, es de 20.000 euros anuales. Con el cambio se contemplaba una media anual ponderada de ahorros de 453.225 euros. Unido al hecho de que ya hay cuatro millones anuales presupuestados para el programa de excedencias voluntarias incentivadas “la implantación de esta iniciativa apenas supondría un coste adicional de 546.774 euros anuales”.

Los sindicatos temen un desmantelamiento de Correos

Correos contaba en 2017 con 51.205 trabajadores. Esto es, un 24,32% menos que hace diez años, cuando llegaron a los 67.661. En la actualidad, los sindicatos están llevando a cabo acciones reivindicativas, y han amenazado con convocar una huelga de 24 horas en noviembre, en las inmediaciones del día de descuentos comerciales conocido por su denominación anglosajona “black friday”, y otras dos más en diciembre, cerca de las navidades.  Según CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, que representan al 85% de los trabajadores de la mayor empresa pública en España, estas movilizaciones responden a la convicción de que el Gobierno (en ese momento se referían al del PP) “está desmantelando Correos”. Han recordado que en 2017 Correos sufrió un recorte de 123 millones y que este año ha ascendido a 60, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que probablemente no podrá ya modificarse. 

El Servicio Postal Universal (SPU), que es el que garantiza que llegan cartas a todos los rincones del país, aunque sean zonas deficitarias, se subvenciona este año con 120 millones de euros. Pero según cálculos de los sindicatos, el coste de este servicio es de 230 millones. Precisamente otra de sus reivindicaciones es que el Gobierno haga un cálculo exacto de lo que supone este servicio, a lo que, según ellos, se niegan.  

Dichos recortes, unidos al hecho de que el Gobierno no aplique un plan de modernización y expansión que se adapte a la realidad del auge de la paquetería y del comercio electrónico conllevan unas previsiones de déficit creciente. De hecho, este año se espera que el operador tenga unas pérdidas de 122 millones, las mayores de su historia.

El inicio de las movilizaciones coincidió con el cambio de Gobierno, que encontró aquí su primer conflicto heredado, con el que deberá lidiar en los próximos meses.

La empresa semipública Aena adjudicó entre 2009 y 2017 un total de 514.000 euros en cinco contratos a una empresa de la que hasta fechas muy recientes ha sido administrador solidario y accionista minoritario un empleado de la compañía en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, según ha podido confirmar eldiario.es gracias a documentación obtenida a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala.

La adjudicataria, domiciliada en Málaga, se denomina Gestión de Fauna SL y desde su constitución en junio de 2005 ha tenido como administrador solidario a José Ignacio Ferrer, empleado de Aena en su centro de trabajo de Málaga.

Ferrer, biólogo, trabaja como técnico de operaciones en Aena desde hace más de quince años. Dice que empezó a “colaborar” con la empresa en 2005 y entonces obtuvo la preceptiva autorización de compatibilidad que necesitan los empleados públicos para ejercer actividades privadas. Pero reconoce que luego (no precisa la fecha) tomó una participación minoritaria (“veintialgo por ciento”) en Gestión de Fauna sin comunicarlo al operador aeroportuario. Hace unos meses, Aena le comunicó que su compatibilidad “dejaba de ser apta”.

Ferrer, que aduce “desconocimiento”, asegura que Gestión de Fauna SL “no se ha beneficiado de nada” por su vinculación con el grupo aeroportuario. “Soy un currante de base, vivo de mi trabajo en Aena”, dice. Asegura que su actividad en esa empresa contratista del operador aeroportuaria siempre la ha realizado “fuera del aeropuerto” y en tareas como estudios de impacto ambiental.

La ley de incompabilidades de los empleados públicos les prohibe, entre otras cosas, tener una participación “superior al 10 por 100” y “el desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros”.

A preguntas sobre este asunto, Aena se limita a señalar que la empresa “ya ha actuado en consecuencia”: “Se tiene conocimiento de este tema y se han adoptado las medidas oportunas”, indica una portavoz de la compañía, que tiene cerca de 7.500 empleados.

El pasado jueves, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de la provincia de Málaga publicó el cese de Ferrer como administrador de Gestión de Fauna SL con fecha 13 de abril. Desde entonces, su único socio y administrador es Francisco Llopis, que en una breve conversación telefónica confirma que Ferrer “ya no está en la administración de la sociedad”. 

Según información disponible en el portal de contratación de Aena y de acuerdo con datos remitidos por la empresa a eldiario.es tras una petición al amparo de la Ley de Transparencia, desde 2008 la compañía semipública ha adjudicado a Gestión de Fauna SL cinco contratos en los aeropuertos de Málaga (cuatro contratos en los años 2009, 2012, 2015 y 2017) y Jerez (2010).

“Desde 1991”

El primer contrato es del 19 de abril de 2009, para el “control de fauna y mantenimiento del acuario en el Aeropuerto de Málaga” por importe de 93.000 euros. Pero todo indica a que antes de esa fecha hubo más adjudicaciones de Aena para la empresa administrada por Ferrer y Llopis.

En enero de 2009, Diario de Jerez publicó un reportaje en el que los dos administradores de Gestión de Fauna SL explicaban que la empresa “trabaja desde 1991 para controlar la fauna en los aeropuertos”, donde se ocupa de “compatibilizar seguridad aérea y conservación”.

En la web de Aena se indica que el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, el cuarto de la red del grupo en España por número de pasajeros, “dispone, desde 1991, de un servicio de control de fauna basado en las técnicas de cetrería. El control de la fauna con rapaces se utiliza como método disuasorio para evitar que las aves y otros animales invadan el área de movimiento del aeropuerto. El objetivo fundamental de este servicio es la seguridad en el tráfico aéreo”.

Gestión de Fauna es, según su web, “una consultora de gestión medioambiental formada por biólogos, y técnicos especializados en el manejo de fauna”. “Somos la primera empresa en Málaga dedicada al control biológico de aves plaga, sobre todo palomas y gaviotas y a la realización de eventos con rapaces relacionados con la educación ambiental y divulgación científica”. En 2016, último ejercicio disponible, tenía 19 empleados y registró un beneficio de 57.663 euros tras alcanzar una facturación de 443.098 euros, un 19,6% más.

La aplicación inflexible de la regla de gasto del Ministerio de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid ha supuesto la intervención de las cuentas del consistorio. El tira y afloja de requerimientos y alegaciones de los últimos meses entre ambas administraciones se ha saldado de la peor manera para Manuela Carmena. Cristóbal Montoro lo ha dejado claro: “La izquierda no acepta que exista el control del gasto público, se opone programáticamente a ello” pero “todos van a cumplir la Ley de Estabilidad”, ha prometido.

Pero no solo “la izquierda” parece “eludir” –como afirma el ministro– el control del gasto. El ayuntamiento de Jaén está gobernado por Javier Márquez (PP),  que sustituyó al  actual “número dos” de Montoro, José Enrique Fernández Moya. Hace unos meses mantuvo un intercambio epistolar con Hacienda sobre incumplimientos presupuestarios, recortes y exigencias, en línea con el madrileño. Pero el consistorio andaluz salió mucho mejor parado que la capital: mientras los primeros han acabado aprobando el presupuesto, a los segundos se les quiere obligar por ley a paralizar obras e inversiones.

Hay una diferencia entre ambos casos: mientras que Madrid está tutelada por el Ministerio de Hacienda, los planes económico-financieros de Jaén están bajo la supervisión de la Junta de Andalucía, por su estatuto de autonomía. Sin embargo Hacienda sí mantiene un control sobre esta administración por la inclusión de Jaén en el Fondo de Ordenación, en el que están ciudades en situación de riesgo financiero. “Necesitan el visto bueno para aprobar los presupuestos. La relación de subordinación y tutelaje es la misma, y de ahí que el Ministerio imponga medidas iguales en materia presupuestaria, como el acuerdo de no disponibilidad. Y si tuvieran que ser más exigentes con alguien, tendría que ser con Jaén”, recalcan fuentes del Ayuntamiento madrileño. Fuentes de Hacienda, por su parte, niegan que ambas situaciones sean comparables.

Según la documentación obtenida por eldiario.es a través del buzón seguro Fíltrala, el pasado marzo el Ministerio reclamó a Jaén efectuar una serie de recortes y ajustes presupuestarios. El ayuntamiento contestó en abril con un conjunto de alegaciones en las que admite que la corporación municipal sufre “un grave problema estructural de desfase entre ingresos y gastos, y de casi imposible encuadre presupuestario”. “Esta cuestión, planteada de forma reiterada durante casi una década, es obvio que precisa para su adecuada solución de medidas extraordinarias, solicitadas de forma reiterada por este Ayuntamiento a todas las administraciones públicas”, añaden. Se da la circunstancia de que el actual secretario de Estado de Hacienda fue alcalde de Jaén entre 2011 y 2015, y dejó el ayuntamiento en quiebra técnica, con un agujero de 550 millones de euros.

En su contestación a las alegaciones del ayuntamiento de Jaén, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (que depende de Fernández Moya) respondió que aprobaban el plan presupuestario en un escrito plagado de concesiones “con carácter excepcional” y “por razones operativas”, “teniendo en cuenta que se ha producido la aprobación de los presupuestos de los organismos autónomos”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), alertó en un informe de que ocho ayuntamientos, además de Madrid, podrían incumplir la regla de gasto este año. En el caso de Jaén, el riesgo es “muy alto”, pero el organismo califica la información proporcionada por el consistorio de “incompleta” o “incongruente” y por lo tanto no puede dar un diagnóstico preciso. En cualquier caso, el propio Estado ha incumplido la regla de gasto en los tres últimos ejercicios.

Acuerdo de no disponibilidad en diferido

Uno de los ejemplos paradigmáticos del doble rasero, según lo definen fuentes del Ayuntamiento de Madrid, es el de los acuerdos de no disponibilidad (recortes). En marzo de 2017 la Secretaría de Estado de Hacienda remite un informe de 21 páginas al Ayuntamiento de Jaén en el que, entre otras cuestiones, le reclama un acuerdo de no disponibilidad por valor de 81 millones de euros. En su escrito de alegaciones, el ayuntamiento andaluz pide que este acuerdo “se adopte a lo largo del ejercicio, en función de la liquidación efectiva de los requeridos derechos”. Y en una posterior respuesta, Hacienda responde que “con carácter excepcional se acepta la alternativa propuesta por el Ayuntamiento”.

¿Y qué pasó con el acuerdo de no disponibilidad que se reclamó a Madrid? En abril el Ayuntamiento tuvo que ejecutar en solo dos tandas recortes por valor de 238 millones de euros. Pese a que habían pedido lo mismo que Jaén, poder efectuarlos a lo largo del ejercicio, Hacienda dio pocos días para acometerlos y a través de medidas concretas, no con la ejecución del presupuesto. El argumento es que en caso contrario podrían “difuminarse” los ajustes. En sus últimos requerimientos, que han abocado a Madrid a la intervención, Hacienda, les pide otros 365 millones de recorte.

Algunas diferencias entre Madrid y Jaén

En una reciente comparecencia parlamentaria, Fernández Moya, ejecutor de la intervención de Madrid, tuvo que responder a numerosas cuestiones sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Jaén. También a una (del diputado de Unidos Podemos-En Comú-En Marea Segundo González) sobre la situación de su sucesor, es decir, sobre el incumplimiento de la regla de gasto de el ejercicio actual.

En todo momento, Fernández Moya alegó que los casos de Madrid y Jaén son incomparables, tesis repetida este lunes por fuentes de su departamento. Sobre su propia labor como alcalde achacó los graves problemas financieros de la ciudad a sus antecesores, PSOE e IU: “Así es como me había dejado la izquierda la ciudad. Ya lo decían por las escaleras del ayuntamiento: El que venga detrás que arree. Y claro que arreamos, pero sacamos adelante el Ayuntamiento de Jaén con la ayuda inestimable del Gobierno de España”, dijo en el Congreso. Lo cierto es que la deuda del consistorio alcanzaba los 390 millones de euros a su llegada y sobrepasaba los 550 en el momento en el que abandonó el puesto. En la actualidad, según datos del ayuntamiento, es de 560 millones, y según el PSOE  se acerca a los 750. Jaén tiene 116.000 habitantes. Es la ciudad de más de 100.000 censados con mayor deuda per cápita.

El Banco de España (que da cifras de ciudades de más de 300.000 habitantes), explica que la deuda de Madrid ha pasado de 5.637 millones en el segundo trimestre de 2015 (cuando Carmena llega al Ayuntamiento) a 3.567 en la actualidad (2.070 millones menos). Además, Madrid cuenta con un superávit de 1.000 millones de euros.

En La Llamada de Actualidad hablamos con Stéphane M. Grueso (@fanetin@fanetin), coordinador del buzón de filtraciones seguro y anónimo Fíltrala. Nos contará lo que ha sucedido con la detención del supuesto autor de la filtración de los denominados #PapelesCastellana#PapelesCastellana, una de las filtraciones más grandes de España con más de 40.000 documentos que expusieron las cuestionables prácticas fiscales de decenas de empresarios de nuestro país.

Puedes escuchar la entrevista completa en nuestro podcast.

La llamada de actualidad está patrocinada hoy por 198, la marca de lo que viene:

Recuerda que este programa es solo posible gracias a ti. Difúndelo y, si puedes, hazte Productor o Productora de #CarneCruda.

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Mucho se habla mucho de que cualquier cosa parece sacada del Gran Hermano que ya nos dibujaba George Orwell, aplicaciones, servicios por Internet... la vida en línea compromete nuestra privacidad. Nuestros compañeros de Hoja de Router han vuelto a leer el libro y han comprobado si el universo orwelliano ya es una realidad. Para ello, hemos buscado distintos expertos españoles que han estudiado el tema desde distintas perspectivas y hemos pensado responder a la pregunta “¿de verdad vivimos en el Gran Hermano?”.

Entrevistamos a Gemma Galdón, experta en seguridad, vigilancia e impacto social, legal y ético de la tecnología. Directora de Eticas Consulting. A los responsables de Facebook Data Validation Tool (FDTV), una herramienta hecha por dos hermanos españoles que calcula el dinero que gana la red social con los datos de cada usuario. También contamos con Fran García, que ha estudiado cómo las cookies se utilizan para modificar nuestro comportamiento. Y a Itziar de Lecuona, investigadora en bioética y derecho, para hablar sobre el fenómeno de la monitorización con wearables.

Y sobre el propio Orwell trata lo último de nuestra sección “Otra película de la Guerra Civil”. Visitamos la exposición Orwell toma café en Huesca que recorre los pasos del autor de Homenaje a Cataluña.

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Un informe secreto del Ministerio de Agricultura duplica el agujero en las cuentas de Acuamed. El informe, encargado por la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concluye que hubo irregularidades en una decena de obras adjudicadas por Acuamed que no estaban incluidas en el sumario judicial, según documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es través del buzón seguro Fíltrala –que comparte con Diagonal, La Marea y Mongolia–.

“No vamos a seguir pidiéndole a [Miguel] Arias Cañete [comisario de Acción por el Clima y Energía] que dimita porque para eso hace falta un mínimo nivel de dignidad y ha demostrado no tenerla, por eso hemos escrito a Jean-Claude Juncker [presidente de la Comisión] solicitándole que le destituya”, explica la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que ha reclamado por carta a Junker el cese de Cañete tras la publicación del informe de Agricultura que duplica el agujero de Acuamed.

“Se suman demasiados escándalos”, argumenta Albiol: “Acuamed, Taula, los Papeles de Panamá y el conflicto de intereses por las empresas petroleras en el estrecho de Gibraltar y Canarias. Ahora, justo el día antes del debate sobre el Estado de la Unión, Juncker, vuelve a tener un problema con su comisario, Juncker ha defendido en todo momento a Cañete, pero debería entender de una vez que el pueblo europeo está por encima de la reputación de su Comisión y debe destituirlo ya”.

Albiol también ha escrito a la Oficina Antifraude de la Comisión Europea: “Nos hemos dirigido a la OLAF para enviarles las nuevas informaciones sobre la gestión de Acuamed y hemos solicitado que respete el principio de transparencia y nos explique el estado de las investigaciones sobre el presunto mal uso de fondos públicos europeos”.

El Ministerio de Agricultura ha encontrado otros 17,7 millones de euros en gastos irregulares en obras de la empresa pública Acuamed financiadas con fondos europeos. Un informe interno, encargado por la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concluye que hubo irregularidades en una decena de obras adjudicadas por Acuamed que no estaban incluidas en el sumario judicial, según documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es través del buzón seguro Fíltrala -que comparte con Diagonal, La Marea y Mongolia-.

Tres meses después de que estallase el caso que motivó las detenciones de varios altos cargos del Ministerio de Agricultura, el pasado enero, el departamento que dirige Isabel García Tejerina puso en marcha un plan de acción “para proteger los fondos europeos otorgados a Acuamed”.

La investigación interna identificó 17,7 millones de euros de sobrecostes sin justificar con un modificado del proyecto y materiales que no coincidían con la certificación original. Según aclaran fuentes del Ministerio, esto no “significa que sea ilegal” pero sí supone que ha habido irregularidades.

Las nuevas cifras duplicarían el supuesto fraude cometido en la empresa publica Acuamed. Según el mismo informe, las desviaciones en los proyectos que ya habían sido incluidos en el sumario suponen 18,3 millones de euros, a los que se sumarían los nuevos 17,7 millones identificados en el estudio interno.

Entre los implicados en la investigación judicial del caso Acuamed estaban el director general de la empresa pública Acuamed, Arcadio Mateo, un estrecho colaborador de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas, otros altos cargos del Ministerio y directivos de las empresas beneficiadas por la trama.

Fuentes del Ministerio consultadas por eldiario.es aseguran que el Gobierno se dio “prisa” en realizar esta auditoría con el objetivo de no perder los fondos europeos asignados a esos proyectos.

Perder ocho millones en el material de una tubería

Entre los importes “dudosos” desvelados por el informe destaca una tubería del proyecto de Embalse de la Llosa del Cavall en la comarca de Solsonés. La auditoría concluye que la empresa adjudicataria colocó una tubería de acero frente a la de fundición dúctil que estaba certificada en el proyecto, que era ocho millones de euros más cara.

Los 13 proyectos analizando suman más de 380 millones de euros en gastos certificados por Acuamed. Las conclusiones del informe determinaron que hasta un 6,2% de esos proyectos estaban contaminados por gastos irregulares. Sin embargo, esos importes se refieren a la muestra analizada por el Plan de Acción de Agricultura. Solo suponen 13 de los 35 proyectos de Acuamed no incluidos en el sumario judicial.

El informe propone la “descertificación” de los importes afectados en los proyectos analizados para redistribuir los fondos europeos en otros departamentos del Gobierno. “El Ministerio de Hacienda puede reasignar estas ayudas y utilizarlas en otros proyectos europeos”, afirman fuentes de Agricultura.

Según el informe ministerial, el análisis de las obras de Acuamed se planificó cuando la Comisión Europea alertó del “elevado riesgo que la investigación podría tener sobre los citados proyectos y también sobre otros” gestionados por la empresa pública y pidió un “control exhaustivo” de los fondos.

Fuentes del Ministerio de Agricultura han asegurado a eldiario.es que este estudio ya está en manos de la Audiencia Nacional y aclaran que estas ayudas europeas “no se han perdido” ya que se podrán destinar a otros proyectos. “Ya sabíamos que la UE nos iba a pedir explicaciones y por eso hicimos antes el Plan porque sino hubiéramos perdido esos fondos europeos”, declaran esas mismas fuentes.

El Plan de Acción para verificar los trabajos de Acuamed, realizado por ingenieros del Magrama en colaboración con Tragsa y el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP), analizó una muestra de 13 proyectos no incluidos, hasta el momento, en el sumario judicial. En total, se realizaron más de 2.000 comprobaciones en campo (inspecciones subacuáticas, catas, etc.) y otras 800 comprobaciones de partidas.

¿Qué es el Caso Acuamed?

El caso Acuamed es una investigación de la Audiencia Nacional a la empresa pública Acuamed por una presunta adjudicación fraudulenta de obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción indagan una supuesta falsificación de las certificaciones y facturas de los proyectos para inflar su coste final.

Según la investigación, distintos altos cargos del Ministerio de Agricultura recibieron prebendas a cambio de adjudicaciones a estas empresas, lideradas por la constructora FCC. Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, fue arrestado como presunto cabecilla de la trama.

Además, la investigación también apunta al ex subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, colaborador cercano de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, tal y como publicó eldiario.es. Tras esta información, Ramos de Armas presentó su dimisión “para defender su honorabilidad” tras haberse visto relacionado con el caso Acuamed.

La Comunidad de Madrid se saltó sus propias normas para avalar los cursos organizados por una multinacional farmacéutica para profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud en esa comunidad. De esta manera, le concedió al laboratorio Gilead la acreditación oficial como entidad docente. Las empresas comerciales no pueden contar con este aval público, según las instrucciones publicadas por la Consejería de Sanidad.

Gilead, famoso por vender el medicamento contra la hepatitis C Sovaldi, obtuvo el visto bueno de esta consejería como “proveedor de actividades docentes” el 21 de julio de 2015, según la notificación remitida al laboratorio a la que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón filtrala.org (que comparte con las publicaciones Diagonal, La Marea y Mongolia). Se trataba de un curso online denominado “actualizaciones en hepatología”.

Sin embargo, el documento de “instrucciones y normas establecidas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid”, establece que “no se admitirán las solicitudes presentadas por entidades comerciales de productos sanitarios o relacionados”.

La exclusión de las empresas se hizo general y concreta en un acuerdo de la Comisión Nacional de Formación celebrado en diciembre de 2012. Esto ha hecho que la medida aparezca entre las Instrucciones Generales del Ministerio de Sanidad. Además, la Comunidad de Madrid ya había publicado esa medida, al menos, en su documento de instrucciones de 2011. La Comisión Nacional reúne a representantes de todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y Educación. De ella emanan los criterios generales y comunes que marcan la actuación de las administraciones regionales, según el convenio que creó esta entidad en 1997.

La Consejería de Sanidad de Madrid ha contestado a eldiario.es que “existe una zona de ambigüedad” entre el reglamento que publica su comisión y el decreto redactado, también, por la Comunidad de Madrid para crear ese mismo organismo. Indican que el decreto, elaborado en 2000, “no excluye explícitamente a las entidades comerciales”. Justifican el aval concedido a Gilead en que “seguimos el criterio que nos han indicado los servicios jurídicos” y por temor a que “el laboratorio ganase una reclamación legal en caso de denegar la acreditación”.

Una docena de cursos desde 2004

Así que la encargada de emitir estas acreditaciones ignora las reglas que ella establece en virtud de lo que ha llamado “zona oscura de la normativa”. Con todo, el decreto al que el Ejecutivo regional se refiere indica que, a la hora de gestionar estos avales, actuará “siguiendo los criterios generales, comunes y mínimos establecidos por la Comisión Nacional”.

Si no se sigue el reglamento ¿por qué se mantiene como información oficial a disposición de los interesados en impartir formación a los sanitarios? Aquí la Comunidad de Madrid ha explicado que “está en nuestro ánimo implementar esas normas”. También dicen que el caso de Gilead es “anecdótico porque son una docena de cursos entre más de 100.000 solicitudes”. El laboratorio lleva impartiendo formación desde 2004, según informa Sanidad.

La formación continuada es necesaria para actualizar a los profesionales de la sanidad. El progreso científico y las innovaciones técnicas hacen preciso que los sanitarios sigan formándose para mantener el nivel de atención del sistema público. El proceso de acreditaciones está diseñado para que aquellos que reciben este sello oficial puedan aplicarlo en cualquier sistema regional de salud.

La Confederación de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) considera que la estrategia seguida por la industria de la carne para contrarrestar el informe de la OMS sobre la relación entre el consumo de carne procesada y roja y el cáncer crea “confusión y termina por diluir el mensaje de las autoridades sanitarias”. Se refiere la confederación a la campaña de imagen que llevó a cabo la consultora Sprim para la patronal del sector de la que informa eldiario.es.

Sprim diseñó una “respuesta científica” unitaria y gestionó entrevistas de “expertos en nutrición” para atajar la llamada “crisis OMS”. La organización publicó en ocutbre de 2015 un informe en el que concluía que existe evidencia científica sobre la acción de la carne procesada sobre el cáncer colorrectal. También apuntaba que había cierta evidencia para la carne roja.

Ceaccu ha enviado este documento a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Además, se ha quejado de que las asociaciones empresariales tiene libertad para crear y difundir sus campañas de información “sin ningún control” mientras que “la información que difunden las asociaciones de consumidores sobre alimentación está minuciosamente regulada”.

La confederación cree que debe reforzarse el papel del comité científico de la agencia para que actúe como “portavoz autorizado en materia de seguridad alimentaria evitando que la figura de expertos se use de manera torticera, como ahora se ha podido comprobar que ocurre”.

Les iba el negocio en ello. Un negocio de 20.000 millones de euros al año. El 26 de octubre pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó su evaluación sobre la relación entre el consumo de carne y el cáncer colorrectal: había “evidencia suficiente” de que los productos procesados son cancerígenos. Y “probablemente”, la carne roja también. Así que la industria cárnica española se lanzó a una campaña para contrarrestar los efectos negativos de esta información. No lo hicieron de manera directa, sino que contrataron a una consultora para que dirigiera lo que denominaron: “Crisis IARC-OMS”. 

La estrategia de actuación fue diseñada y coordinada por la empresa Sprim y se basó en lanzar una “respuesta científica unificada” mediante un “equipo de interlocución único”. No se debía, “ofrecer a los medios de comunicación testimonios de ningún representante del sector”, según el documento estratégico al que ha tenido acceso eldiario.es en el buzón filtrala.org –que comparte con las publicaciones Diagonal, La Marea y Mongolia–. Solo se admite un “comunicado de prensa”. Para defender el producto, la consultora utilizó una batería de “expertos científicos” que enviaba a radios, periódicos y televisiones aunque sin especificar que, en definitiva, hacían las veces de portavoces indirectos de las organizaciones de la carne: Interporc, Provacuno, Asici e Interovic.

Nada más aparecer el informe de la OMS, Sprim dibujó un plan de ataque. El protocolo incluía la “elaboración de un documento con los argumentos científicos en defensa del sector y envió a expertos especialistas en oncología, nutrición, pediatría, medicina de familia y comunitaria líderes de opinión”. Con ese argumentario lanzado, se abordaba una segunda actuación: las voces científicas.

La consultora detalla en su presentación que “las solicitudes de intervención por parte de un portavoz se cubrían con entrevistas a los diferentes expertos con los que se acordó su colaboración como expertos en nutrición y salud”. El documento recoge a cinco profesionales: Carmen Vidal Carou (catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona), Abel Mariné (catedrático Emérito de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona), Carmen Gómez Candela (jefe de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz),

Antonio Villarino (Catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid) y Susana Monereo (jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón).

La consultora Sprim ha contestado a eldiario.es que “al ser un tema que hacía referencia a la salud, las interprofesionales decidieron que era más lógico que fueran profesionales de la salud quienes respondieran a las preguntas”. Y luego añade que “los medios de comunicación que se pusieron en contacto con el gabinete de comunicación recibieron el ofrecimiento de hablar con un experto en nutrición. En ningún caso actuaron como portavoces del sector”.

Cátedra financiada por la Asociación Empresarial

De entre estos expertos, tanto Antonio Villarino como Susana Monereo y Abel Mariné han confirmado a eldiario.es que Sprim les pidió que participaran en entrevistas con medios de comunicación tras la aparición del documento de la OMS. Villarino ha puntualizado que con quien tiene “una relación profesional para este caso es con Sprim”. La doctora Monereo ha recordado “que tenía mucha actividad en el hospital y solo pude atender a un par de radios”.

Abel Mariné ha explicado que considera “una obligación” intervenir para decir “lo que dicen los científicos”. Este catedrático emérito puntualiza que esto se inscribe en “la actuación de la cátedra Carne y Salud de estudios sobre esta materia” de la Universidad de Barcelona que está financiada por la Asociación Empresarial Cárnica Anafric. “No nos indican qué hay que decir y yo no he cobrado nada personalmente”, asegura.

La directora de esa cátedra es Carmen Vidal. Vidal ha querido aclarar a eldiario.es que “yo no represento al sector y la credibilidad de los científicos no se vende porque entonce se pierde”. La catedrática explica que “se nos consultó si estaríamos dispuestos a hablar de este tema y yo dije que sí porque creo que es importante compartir el conocimiento”. Vidal sí afirma que “nos ofrecieron una gratificación de 500 euros por las molestias pero yo no voy a decir nada que no piense”. 

Las informaciones de la OMS sobre carne y cáncer provocaron un gran interés a finales de octubre de 2015. Hubo mucha demanda de opiniones para ilustrar reportajes, análisis o tertulias. La consultora contratada por la patronal contabilizó “cerca de cien gestiones con medios de comunicación” y “más de 50 intervenciones de profesionales de la salud en los medios”, según su documento. El rastreo de esas intervenciones muestra que sus valoraciones eran precedidas por los cargos profesionales que desempeñan pero no incluían que estuvieran participando mediante la gestión de una empresa que coordinaba la campaña de imagen de las industrias cárnicas.

En su evaluación de esta primera fase, la empresa dice que “se multiplicaron las críticas a la forma de comunicar el informe realizado por la IARC/OMS, hasta el punto [de que] tuvieron que matizar su primer comunicado”.

Planes de futuro

Una vez pasada la vorágine del informe, las asociaciones de la industria han manejado un plan a medio plazo para seguir lavando los rastros de la advertencia sobre riesgos asociados científicamente al consumo de carne.

La estructura se repite: la idea es que las bondades del producto sean divulgadas por terceros, sin que haya vínculo directo con las patronales. La consultora propone que se elabore “un documento explicativo sobre las cualidades de la carne y la necesidad de su consumo en la frecuencia recomendada”. Una guía no pensada para los consumidores sino “para los profesionales de la salud”. Ellos harían luego de altavoz. El plan incluye a “sociedades científicas de interés con el fin de reforzar los mensajes positivos”.

Además, el documento especifica la puesta en marcha de una estrategia digital para “contrarrestar la información negativa aparecida por la publicación de la IARC”. Se trata de limpiar todo lo que se pueda la red de aportaciones contrarias al consumo de carne. Lo denominan “evangelización en foros y comunidades online que hablen sobre el informe de la OMS”.

Esta operación incluye el desarrollo de una web, la elaboración de “artículos que atiendan a las necesidades de información de los usuarios” y una campaña de publicidad online para “atraer rápidamente tráfico cualificado”. La planificación manejada por Sprim en su documentación señala que se puede aprovechar el dominio carneysalud.com aunque “es de vital importancia renovarla”, explican, para que salga bien posicionada en las búsquedas de Google. La estructura que avanza es muy similar a lo que puede observarse actualmente en esa web. carneysalud.com incluye una información en la que se indica que está “cofinanciado por el Ministerio de Agricultura” aunque el departamento de la ministra Tejerina avisa de que “no se hace responsable de los contenidos del Portal”.

Campaña de más de 100.000 euros

La campaña de imagen ha costado más de 100.000 euros. Además de las actuaciones descritas, el plan ha previsto hacer una revisión de los estudios en los que basó su informe la OMS así como la celebración de un seminario para profesionales de los sectores sanitario, agroalimentario, de consumidores e instituciones oficiales. También producir un vídeo para el público en general acerca de las cualidades del consumo de carne.

El documento revisado por eldiario.es recoge un presupuesto que Sprim preparó para las fases de medio y largo plazo de su estrategia: 50.000 y 52.000 euros respectivamente “IVA no incluido. Gastos de viaje, desplazamientos, mensajería, catering y alquiler de salas no incluidos”. La última facturación del sector cárnico sumó 22.168 millones de euros, según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España. Anice calcula que 80.900 empleos están ligados a su actividad.

El grupo Ercros ocultó durante años que su planta industrial a orillas del río Odiel en Huelva había contaminado las aguas subterráneas bajo sus suelos. Los responsables de la planta eran conscientes de las filtraciones tóxicas al acuífero, pero no informaron a la “administración hidráulica competente”, en este caso la Junta de Andalucía, según los documentos internos de la empresa a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Los correos electrónicos entre encargados y los informes internos que ha consultado este diario mediante el buzón de filtraciones Filtrala.org que comparte con los medios La Marea, Diagonal y Mongolia, dan cuenta de cómo se sabía que el agua subterránea contenía contaminantes altamente tóxicos “organoclorados” y de que “de todo esto no se ha informado nunca a la Administración”.

Es decir, la empresa había comenzado a analizar el suelo del centro en 2007. Ese análisis de suelos había revelado que el terreno había filtrado los tóxicos al acuífero y se había mantenido en secreto. La frase del informe de Situación de suelos en el centro de Palos. Febrero 2011 es: “La conclusión es que tenemos cuatro zonas con aguas subterráneas contaminadas”.

El análisis se refiere a los “seguimientos analíticos desde agosto de 2007 hasta octubre de 2010” encargados a la empresa Geocisa (del grupo ACS). Ercros ha contestado a eldiario.es que “la empresa interpretó que no se tenía la obligación de informar hasta haber valorado esa contaminación y sus riesgos”. Esa valoración se fue hasta 2013: “Es en ese momento y no antes cuando disponiendo del suficiente conocimiento del grado de contaminación (…) y de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 9/2005 Ercros entrega la documentación”. Es decir, años después.

Ese Real Decreto sobre estándares para la declaración de suelos contaminados dice que, si al analizar los suelos, “se derivan evidencia o indicios de contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia de la contaminación de un suelo, tal circunstancia será notificada a la administración hidráulica competente”.

De hecho, el mismo informe interno explicita que “en estos momentos estamos incumpliendo: el artículo 5 del RD ya que somos conocedores de una contaminación del acuífero y no hemos informado”. Ercros contesta que “esa fue la interpretación sesgada y restrictiva de un técnico. No había que informar hasta valorar los riesgos”. Y remata: “Hay que dejar claro que hemos cumplido la ley”.

Red de control sin declarar

El celo por mantener sus análisis –y una eventual contaminación subterránea– fuera del alcance de Medio Ambiente viene ilustrado por un episodio de vertido de ácido clorhídrico que se dio en esas instalaciones en 2010. La empresa no lo notificó al considerarlo “menor”.

Pero los representantes de los trabajadores sí dieron parte. Como consecuencia, la Consejería envió a sus técnicos a investigar y, más allá de la cantidad de ácido, descubrieron que la planta tenía medidores de agua (piezómetros) que sirven para llevar a cabo análisis. “A continuación se reciben dos requerimientos en los que se nos pide que se les informe de la situación y el perfil de todos los piezómetros existentes en la fábrica”, explica el informe de la empresa.

Sin embargo, Ercros no se dio por concernida y mantuvo oculta la mayoría de su red de control. “Solo se le informa de la situación y perfil de cuatro de ellos”. Tanto es así que entre los incumplimientos que se reconocen en 2011 se incluye que no se ha cumplido “el requerimiento en el que nos pide que informemos de ‘todos’ los piezómetros y solamente hemos informado de cuatro”. En 2015, Ercros admite que no se informó de todos y se excusa en que “entendimos que únicamente se nos pidieron los de la zona afectada por el ácido clorhídrico”. Si hubieran dado toda esa información, podría haberse sabido que el acuífero se había contaminado desde los suelos de la fábrica, ya que habían comenzado los trabajos de análisis.

Lo que revela este episodio es que la fábrica tenía una red de medición creada, al menos desde 2007 –que estaba indicando aguas contaminadas- que mantenía fuera del conocimiento de la Administración. Para sortear este escollo, en 2011, Ercros se adhirió a un estudio de recuperación de suelos contaminados financiado por la Unión Europa y que había recaído técnicamente en la empresa que tenían contratada para analizar sus terrenos: Geocisa.

El proyecto UPSOIL implicaba la realización de análisis de situación de los terrenos donde se quería estudiar la eficacia del método de descontaminación así que “aprovechando que se van a comenzar los trabajos de campo”, dice una propuesta interna elaborada entonces por Ercros, podría justificarse la creación de una red de medidores que podrían decir que el agua estaba contaminada.

Según un documento de propuesta de Pasos a seguir con la administración andaluza remitido al jefe de Servicio de la fábrica en marzo de 2011, se dice que es preciso pedir a Geocisa que retrase “como mínimo una semana” los sondeos, dar tiempo para hacer una explicación oficial a la Junta de Andalucía del proyecto y mantener la ficción de que no existían medidores en la planta química: “Recordemos que no podemos decir que ya existen piezómetros”. Así, el 25 de marzo de aquel año, Ercros envió una carta a Medio Ambiente para corroborar que se incorporan en ese proyecto. “Ercros acepta colaborar aportando el terreno y autorizando los trabajos que necesiten, sin ningún coste”, escribieron a la delegación provincial de Huelva.

De esta manera, la red de piezómetros de medición en la fábrica quedó justificada. De un total de 34 medidores, la empresa da cuenta oficial a Medio Ambiente de 13 y mantiene otros 21 bajo su control exclusivo. En un correo electrónico de 4 de marzo de 2015, el jefe de Servicios de la planta recuerda a la central de Ercros “no sé si sabes que disponemos de dos informes iniciales referidos a, llamemos, dos redes de piezómetros. La oficial que es la que entregamos a la Consejería de Medio Ambiente sobre 13 puntos y el resto que analizamos pero no entregamos ni existen”. La oficial es la utilizada para la “renovación de la Autorización Ambiental Integrada” que dispensa el Gobierno autonómico.

“Riesgo aceptable para la salud”

Fuentes de la empresa insisten en que la red interna la instalaron “sin ánimo de ocultar” y para avisar con antelación de “una posible afectación de las aguas subterráneas y podamos detectarla lo más rápidamente posible” para evitar que llegue a la “red periférica”, la que aparece como “oficial”. A noviembre de 2015, la empresa asegura que “la contaminación está en regresión”. Según su criterio, el análisis de riesgos que ellos elaboran indica que “el riesgo es aceptable para los trabajadores y para los hipotéticos usuarios de la ría Odiel” así como que la contaminación del acuífero “no afecta a la calidad de las aguas del río”.

El coportavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde, tras conocer esta situación ha subrayado este jueves que “los delitos medioambientales en España parece que gozan de impunidad” para luego añadir que “hasta ahora ningún gobierno se ha tomado esto en serio, e incluso se han estado saltando la normativa para favorecer a empresas contaminantes y destructoras del medio ambiente”. Equo ha pedido a la Junta de Andalucía que actúe “con contundencia” al analizar que la empresa se ha saltado “el principio de prudencia”.

Manuel (nombre ficticio), vendedor de cupones de la ONCE en Madrid, recibió hace unas semanas una carta: “Hemos analizado las cifras medias de venta alcanzadas por usted en los últimos meses, y hemos constatado que se encuentran muy por debajo del mínimo obligatorio pactado en el convenio colectivo”. Su empresa, la ONCE, le recuerda que su deber es “cumplir de forma ágil y diligente” sus tareas y, de paso, que la disminución “continuada y voluntaria” de su rendimiento es considerada una falta grave que conlleva medidas disciplinarias. Podía ser, incluso, el paso previo al despido.

Este trabajador no ha sido el único al que ha llegado la misiva. En los últimos meses, cientos de vendedores de la ONCE han recibido esta carta tipo, una situación de la que eldiario.es ha tenido constancia a través una denuncia en el buzón seguro Fíltrala, que comparte con La Marea, Diagonal y Mongolia. Representantes sindicales y trabajadores han confirmado que la ONCE está sometiendo a una gran presión a sus vendedores y denuncian que sus prácticas tienen poco que ver con el fin social que la institución vende al exterior.

La carta es el primer paso del proceso, explica el secretario general de la sección sindical de CCOO en la delegación territorial de ventas de la ONCE, Miguel Ángel Lázaro: “Jurídicamente no tiene valor, es más una amenaza velada”. La misiva hace referencia a un concepto incluido en el Estatuto de los Trabajadores y recogido en el convenio de la ONCE, firmado por UGT y CCOO: la bajada del rendimiento voluntario y pactado. Los sindicatos denuncian que la ONCE usa ese precepto genérico para amedrentar a los trabajadores.

“Relacionan ese concepto con la bajada de las ventas. Lo que decimos es que la ONCE no puede culpar al vendedor de que no le compren. Si vendes menos no es porque tengas bajo rendimiento. Si demuestran que se produce porque estás incumpliendo tu horario o que desatiendes tu puesto o tratas mal a tus clientes, entonces no hay nada que decir. Pero se abren expedientes solo porque bajan tus ventas”, asegura Lázaro.

Tanto CCOO como CGT denuncian que la ONCE propicia que los vendedores trabajen todos los días de la semana, festivos incluidos, con tal de que sus ventas suban. La Inspección de Trabajo ha emitido varios requerimientos a la ONCE para que ponga fin a estas prácticas.

En uno de esos informes, que data de finales de 2014 y que ha podido consultar eldiario.es, la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid constata que la dirección de la empresa “fomenta y/o tolera que vendedores y vendedoras ejerzan venta en días festivos sin que exista comunicación escrita previa, lo que altera las previsiones del artículo 31.4 del Convenio Colectivo”.

La Inspección señala que esta práctica vulnera los derechos laborales de los trabajadores afectados, pero también genera competencia desleal para los vendedores que tienen esos días asignados para su actividad, “máxime cuando la pérdida de ventas en esos días los sitúa en la denominada baja rentabilidad que se combate con expedientes disciplinarios o poniendo en riesgo la renovación de su contrato”. La Inspección propuso dos sanciones a la ONCE, que las recurrió. El recurso aún no se ha resuelto.

No es el único expediente de la Inspección de Trabajo. Otros dos pusieron de manifiesto que en Valencia la ONCE transgrede “las normas y límites legales o pactados en materia de jornada de trabajo”, incluidos el disfrute de vacaciones.

Criterios pocos sociales

La denuncia va más allá: trabajadores y sindicatos se quejan de que la ONCE exija a sus trabajadores estos criterios mientras abre la venta de sus productos a establecimientos que nada tienen que ver con sus fines sociales ni con el empleo de personas discapacitadas, como gasolineras, estancos o bares.

El secretario general de CGT ONCE en Valencia, Jordi Carbonell, subraya que la baja rentabilidad es uno de los principales problemas de la institución en este momento. “En absoluto depende únicamente del vendedor, influyen muchos factores. El punto de venta, por ejemplo, te lo asignan ellos. Las ventas de la ONCE van a menos desde 2001, sus productos no son atractivos, la gente elige otras opciones”, explica.

Ventas mínimas

El convenio marca el mínimo mensual de ventas de los trabajadores, 210 euros, por el número de jornadas que haya hecho en un mes. Asimismo, fija como falta muy grave una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado, así como la venta sistemática por debajo del mínimo vensual de ventas durante un periodo de dos meses seguidos, siempre que esta disminución “resulte suficientemente acreditada”. Por ejemplo, para un trabajador que haya hecho veinte jornadas al mes, el mínimo de sus ventas en dos meses tiene que ser de 8.400 euros.

La ONCE se escuda en el convenio para justificar sus prácticas. Los sindicatos no comparten su interpretación: “El tope está puesto como referencia, pero no como una cifra aislada. Para hablar de disminución continuada y voluntaria hay que tener en cuenta si hay, por ejemplo, una actitud negligente. Pero si yo atiendo a mis clientes como debo y cumplo mis jornadas no se puede hablar de bajo rendimiento”, subraya el representante de CCOO.

Muchos vendedores, asegura Carbonell, han pedido a la ONCE que les sitúen en puestos donde puedan cumplir con los mínimos de venta asignados. “La ONCE da la callada por respuesta”, señala Carbonell. Según los cálculos de los sindicatos, el 20% de los vendedores no cumple actualmente los mínimos requeridos por la ONCE.

Un portavoz de la organización reconoce el envío de las cartas, pero rechaza que se trate de un anticipo del despido. “Hay un proceso muy largo antes de que eso pueda producirse. Los gestores comerciales de los que dependen los vendedores toman decisiones, como el cambio de destino o de los productos de venta antes de cualquier otra cosa”, especifica.

La plataforma Fíltrala, de la que eldiario.es es socio colaborador junto con otros medios –La Marea, Diagonal y Mongolia- ha cumplido un año formando y debatiendo. Formando a la ciudadanía, en materias tan esenciales como la creación de caminos seguros por los que puedan denunciar asuntos de relevancia pública para que salgan a la luz.

Y lo ha celebrado debatiendo las grietas que una disciplina, el periodismo de filtraciones, tiene después de 365 días de funcionamiento del buzón. El punto en que periodistas, hackers y activistas se encuentran no está siempre definido pero la comunidad alrededor de la que se configura es cada vez más amplia. Y todo con cierto punto de ambición y positividad, porque “la filtración grande está por venir”, como se dijo en una de las mesas  redondas.

Quizá Wikileaks siga siendo la filtración paradigmática y más conocida. Pero sin la implicación de ciudadanos activistas sería imposible haber destapado en el último año más de una veintena de casos en varios ámbitos: corrupciones, medio ambiente, subvenciones ilícitas… La mesa redonda, compuesta por representantes de los medios colaboradores de la herramienta –Ter García, Toni Martínez, Juan Luis Sánchez y Eduardo Bravo- y moderada por Marilín Gonzalo destacó los aspectos clave de esta disciplina.

La confianza entre filtrador y buzón es la pieza clave para que el engranaje funcione. Por parte de Fíltrala ofrecen la alta seguridad de un sistema de buzón por el cual es posible que la fuente entre en contacto con el periodista tantas veces como necesite, pero sea imposible rastrear quién es el filtrador (¿quieres ser uno de estos filtradores? Envíanos una pista).

Por parte de los medios, se establece la seguridad de que la identidad de la fuente no será revelada. ¿Es conveniente la transparencia total ante una filtración? El periodista y el buzón de filtraciones ejercen de intermediarios necesarios para asegurar el anonimato de ciertos agentes, aunque el debate en torno a este asunto está aún abierto.

Seguridad para dummies

dummiesMás del 50% de los españoles considera que las nuevas tecnologías son uno de los mayores progresos de la sociedad, según el último CIS. Por esto quizá sea el momento de señalar sus amenazas. El turno de tarde en este aniversario de Fíltrala se centró en una serie de talleres básicos para asegurar las comunicaciones. Marta Peirano, jefa de Cultura de eldiario.es, Susana Sanz, coordinadora de Fíltrala, Claudio Agosti, coordinador de GlobalLeaks, y Luis Rodil, docente y hacker, fueron los ponentes del lado más práctico en este aniversario.

En el momento en que un dispositivo está conectado a una red externa, las amenazas a la seguridad son evidentes. La información, sin cifrar en la mayoría de los casos, pasa por servidores de grandes multinacionales que venden datos a otras multinacionales y gobiernos.

¿Hay que ser un paranoico con la seguridad? No, pero hay que tomar las mismas precauciones que se tomarían con cualquier elemento desconocido. La seguridad 100% es una quimera, pero se pueden poner trabas: la encriptación, el uso de servidores de correo seguros o las llamadas cifradas end-to-end son algunas de las opciones. Estas son algunas de las herramientas que aseguran tus conexiones.

Tor: navegar de forma segura es posible. El sistema de Tor elimina el rastro del ordenador desde el que se efectúa una conexión. Es un sistema similar al de una carrera de relevos, quien recoge el testigo conoce a su compañero anterior, pero no a los previos. Cada vez que el “testigo” se pasa entre conexiones, la información del ordenador anterior desaparece.  

Thunderbird: gestionar las cuentas de correo electrónico de forma segura es bastante sencillo con este programa. Además, junto a algunas extensiones como Enigmail, encriptar las conversaciones es tan simple como un clic. Además, la creación y uso de claves PGP (Pretty Good Privacy, de privacidad suficiente) permite que las conversaciones entre personas no sean accesibles para un tercero.

Signal: a pesar de que algunas aplicaciones de mensajería instantánea tienen fama de establecer conexiones seguras, los mensajes no se encriptan, por lo que acceder a las conversaciones es sumamente sencillo. Para esto, la aplicación Signal ofrece una alternativa para el envío y recepción de mensajería segura. Además, permite realizar llamadas bajo un sistema de cifrado end-to-end.

Fíltrala cumple un año. El buzón de filtraciones seguras que comparten eldiario.es, La Marea, Diagonal y la revista Mongolia empezó a funcionar hace 365 días como una nueva de hacer periodismo sostenible y con valores sociales en una sociedad en red.

Gracias a esta herramienta, desarrollada por la Associated Whistleblowing Press, a la que llegan denuncias anónimas hemos conseguido revelar algunos detalles sobre el Tratado de Libre Comercio que negocian en secreto EEUU y la Unión Europea, las malas prácticas del grupo químico ERCROS o en qué se gastó el dinero destinado a Madrid 2012, entre otras. A este buzón llegó también las últimas revelaciones de Edward Snowden sobre los servidores en internet.

El equipo de Filtrala ha organizado una jornada sobre periodismo ciudadano y seguridad para celebrar el primer aniversario de la plataforma. Los talleres, que se celebrarán el jueves 23 de abril en el Media Lab Prado (calle Alameda 15, primera planta. Madrid), tratarán los retos del periodismo y las nuevas formas de expresión. También se abordarán las comunicaciones seguras y la criptografía para medios.

Este es el programa completo:

10:00 - PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 10:00 - LIBERTAD DE INFORMACIÓN, NUEVOS MEDIOS DE EXPRESIÓN CIUDADANA Y ENTORNO LEGAL EN ESPAÑA

Presentación del nuevo entorno legal en el que operan los periodistas, cuáles son los sistemas de protección con los que cuentan, y cuáles las principales amenazas a la libertad de información y de expresión. // Yolanda Quintana (@y_quintana), periodista y fundadora de la Plataforma en Defensa de Libertad de Información.

11:00 - PRIMER ANIVERSARIO DE FÍLTRALA: OBJETIVOS Y RETOS

El 23 de abril 2015 Fíltrala cumple 1 año como plataforma de denuncia ciudadana, puesta a servicio de la sociedad. Para celebrarlo queremos exponer y compartir los aprendizajes y los retos experimentados durante este periodo. // Equipo Fíltrala (@filtrala).

12:15 - MESA REDONDA SOBRE PERIODISMO DE FILTRACIONES EN ESPAÑA: EXPERIENCIAS, PROBLEMAS, RETOS Y PERSPECTIVAS AL FUTURO

A través de esta mesa redonda queremos visibilizar las distintas experiencias, motivaciones, retos y perspectivas de futuro que se enmarcan dentro del desarrollo de este tipo de iniciativa, centrándonos en el caso de estudio de Fíltrala. Modera Marilín Gonzalo, especializada en internet y medios digitales. Desde hace más de 10 años trabaja en proyectos relacionados con periodismo en internet - escribe sobre tecnología, medios y cultura. // Gonzalo Boye (@boye_g), Revista Mongolia. Juan Luis Sánchez (@juanlusanchez), eldiario.es. Pedro Noel y Santiago Carrión (@wbpress), Associated Whistleblowing Press. Ter García (), Periódico Diagonal. Toni Martinez (@tonillo), Revista La Marea. Susana Sanz (@suysulucha), Fíltrala.

[ZONA A] 17:00 X 18:00 - TALLER: COMUNICACIONES SEGURAS Y LIBRES DESDE LOS SMARTPHONES

Partiendo de la fragilidad en la seguridad de nuestras comunicaciones a través de los dispositivos móviles y smartphones, durante este taller vamos a intentar superar algunas por medio de la revisión e instalación de distintas aplicaciones basadas en código abierto y encriptadas - desarrolladas para dificultar el acceso a nuestras comunicaciones. // Susana Sanz, (@suysulucha), coordinadora de Fíltrala, mediaactivista y experta en social media.

[ZONA B] 17:45 X 18:45 - CHARLA TALLER: CRIPTOGRAFÍA PARA MEDIOS

Una introducción a las herramientas necesarias para proteger comunicaciones por Marta Peirano, autora de El Pequeño Libro Rojo del Activista en la Red. Todo el mundo debería salir de esta charla con una clave PGP para enviar y recibir correos cifrados. ¡Traigan su ordenador! // Marta Peirano, (@minipetite), escribe sobre cultura y tecnología. Hoy es Jefe de Cultura en eldiario.es. Su último libro es El Pequeño Libro Rojo del activista en Red, el único libro del mundo prologado por Edward Snowden.

[ZONA A] 18:30 X 19:30 - CHARLA TALLER: UNA CAJA DE PANDORA ESPERANDO PARA VERTERSE, EL NEGOCIO DE LOS ANUNCIOS EXTERNOS

Los anunciantes externos realizan analisis comportamental indiscrimanada y masiva: es un tipo de vigilancia legalizada, pero que conlleva a violaciones de la privacidad. “Trackography” es un sistema de analisis distribuida de las fuentes externas de rastreamento en sítios web de medios de comunicación, detectando el percentaje y la cantidad de conexiones no-intencionadas que los usuarios realizan cuando leen noticias en Internet. Si una violación a la privacidad ocurre, se puede exporner el hecho mediante filtraciones: iremos hablar de cómo, en el contexto de España, Fíltrala puede expandir su configuración para aceptar envios relacionados a empresas de rastreamento y cómo una campaña pública puede ser armada. // Claudio Agosti, (@sniffjoke), aboga y desarrolla por Globaleaks y Trackography.

[ZONA B] 18:45 X 19:45 - TALLER: TECNOLOGÍA Y DEMOCRACIA, MAPEANDO LAS AMENAZAS

El propósito de este taller es comprender de qué manera las tecnologías que usamos a diario nos exponen y como minimizar estas amenazas. Juntos elaboraremos un mapa personalizado de la información que manejamos y diferentes maneras de protegerla. // Luis Rodil-Fernández, (@dropmeaword) Desarrollador de software para GreenHost, artista.