Era de esperar, pero no deja de ser sumamente amargo el encontrarse con la realidad creada por Vox que, tan solo en cuatro días desde la constitución de los nuevos Ayuntamientos, nos describe -con crudeza- en elDiario.es el periodista Juan Luis Sánchez: “Ya no son amenazas. Ya no son hipótesis. Ya no pueden decir que estamos alimentando el miedo, el ”que viene la ultraderecha“. Ya son medidas concretas, probablemente solo la superficie de lo que está por venir, pero que anticipan una legislatura durísima para miles de personas en más de 100 pueblos y ciudades de toda España.”

Nos habla de la prohibición en localidades como Náquera (Valencia), Torrijos (Toledo) o Vegas del Genil (Granada) de colgar la bandera arcoíris de los derechos LGTBI en edificios públicos. El paradigma es Náquera donde tampoco habrá más comunicados oficiales de condena tras un asesinato machista ni se convocarán minutos de silencio que rechacen de manera específica la violencia de género, algo que ya ha generado una respuesta preocupada desde Bruselas: “Las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental en todos los países democráticos”, responden en la Comisión Europea.

No queda la cosa ahí. En Elche (Alicante) “desaparece la concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas; ahora hay otra que se llama ”Familia y Mayores“. Allí se anulan las políticas de movilidad contra la contaminación, igual que en Valladolid (donde se eliminará el carril exclusivo para bus y taxi), Burgos o Ponferrada. Pero es que en varias de ellas directamente se va a quitar el carril bici” relata el periodista. ¿Pararán la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Talavera como ha pretendido Vox?

En la Ciudad de la Cerámica la primera medida que ha emprendido el nuevo equipo de gobierno de José Julián Gregorio ha sido el desmantelamiento de la Casa Consistorial de los paneles que informaban a la ciudadanía de los contenidos de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina.

Una Agenda Urbana que molestaba -y molesta- a los negacionistas representantes de Vox, pero que no era de esperar importunase tanto a los del Partido Popular. Hay que recordar que esta Agenda Urbana se aprobó por mayoría absoluta en el Pleno municipal (sin que se haya invertido esta posición), y que a ella solo se opuso el PP bajo la excusa de una supuesta “falta de participación” solo real en cuanto a la falta de implicación de este partido. Implicación en los trabajos que, con el esfuerzo de todos, sirvieron para dar luz al documento. No han tardado ni cuatro días en retirar a la ciudadanía algo que constituye una útil herramienta para el progreso de la ciudad y que viene avalada desde instancias europeas, suponiendo la puerta para la llegada de más fondos europeos dado que la Unión Europea priorizará aquellos proyectos que vengan de la mano de una Agenda Urbana -como la de Talavera- promovida desde las instituciones europeas.

¿Hay que pensar que el PP de Gregorio está en contra de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina? ¿Está también el nuevo alcalde en contra, como Vox, el PP de la Agenda 2030 de la que deriva aquella? La pronta y explicita retirada de la Agenda Urbana de la Casa Consistorial induce a pensar así, pero también es cierto que, fuera de Talavera, el Partido Popular -a diferencia de Vox- sí se ha posicionado a favor de la Agenda 2030 en diversas ocasiones dando eco de ello . Y en algunas de esas ocasiones no ha faltado, como en Castilla y León, fricción con sus socios de la ultraderecha. Sin embargo, ahora el nuevo alcalde y el nuevo concejal de urbanismo de Talavera de la Reina, ambos del PP, dan gusto en la boca a Vox y “desahucian” del Ayuntamiento a la Agenda Urbana tan solo cuatro días después de tomar posesión del gobierno de la ciudad.

¿Qué es la Agenda Urbana de Talavera? Lo primero es conocerla para ver si incluso los representantes de Vox pueden ser incapaces de estar a favor de ella. Con el contenido completo del documento accesible -todavía- en la web municipal, hay que recordar que Talavera de la Reina fue uno de los cinco municipios de Castilla-La Mancha que concurrió (en gran parte gracias a la propia iniciativa -e intensísimo y elogiable trabajo- de los funcionarios municipales de Urbanismo que se involucraron en el proyecto) a la convocatoria lanzada desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que consiguió los fondos a tal fin venidos desde Europa. Y hay que añadir que, en su redacción, se dio un ejercicio de participación sin precedentes en la ciudad, con la activa colaboración de colectivos profesionales, empresariales y, sobre todo, vecinales que -lo hemos dicho gráficamente- cogieron el lápiz y dibujaron de manera literal lo que hoy defenestra la dupla PP-VOX: la hoja de ruta del futuro de la ciudad expresada en un Plan de Acción con 20 retos claros:

·        Agua : Degradación del Tajo y su relación con la ciudad; gestión del ciclo del agua. Inundaciones y sequías; pérdida de suelo virgen. Excesiva pavimentación impermeable; renaturalizar la ciudad. Ecosistema endémico; Paisaje urbano y Paisaje natural.

·        Tierra : pérdida de la horticultura tradicional y la ganadería extensiva; las trazas históricas. La huella en el territorio; el borde la ciudad y las EATIM; la movilidad pública con la comarca, las EATIM y los polígonos industriales; espacio público privatizado; problemas de accesibilidad: las áreas mono funcionales y la calidad del espacio público; degradación de la ciudad consolidada; especial atención a las barriadas de la segunda mitad del siglo XX; dispersión urbana.

·        Aire : Desarrollo industrial y modelo de ciudad; convivencia entre plantas de energía renovable y medio natural; pérdida de Talavera como cabecera comercial comarcal y nacional; pérdida de la actividad ligada al Mercado de Ganado. Las ferias y congresos; equilibrio entre turismo y ciudad. gentrificación y valorización de la cerámica; el reto del relevo generacional en oficios tradicionales/históricos; integración de Formación profesional, universidad y centros de Investigación; la Brecha digital.

·        Fuego: Gestión y sostenibilidad patrimonial; gestión, difusión y promoción de los trabajos académicos sobre Talavera y su comarca; gestión municipal. Colaboración y comunicación intermunicipal y supramunicipal; desarrollo de los programas y fondos europeos. Integración Agenda Urbana y Objetivos de Desarrollo Sostenible; colaboración público-privada; gestión de la participación ciudadana. El asociacionismo; satisfacer la demanda asistencial: medios, personal y burocracia; riesgo de exclusión de colectivos vulnerables. Aislamiento respecto a la ciudad.

¿Qué equipo de gobierno no quiere trabajar por sacar adelantes estos retos: mejorar nuestro rio; por mejorar las infraestructuras educativas; por fomentar nuestro sector primario; por integrar el medio ambiente en el conjunto urbano; por mitigar la desigualdad social; por asistir a nuestros mayores; por fomentar la cerámica como seña de identidad; ¿por renovar nuestros barrios, etc? Es esto la Agenda Urbana de Talavera y estos son los objetivos que concreta la misma desde los contenidos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Ahora corresponde al nuevo equipo de gobierno implantar y desarrollar esta Agenda Urbana aprobada por el Pleno municipal en septiembre de 2022. No sólo las autoridades nacionales y europeas harán seguimiento de esta labor sino también el conjunto de la sociedad talaverana. Las primeras por ser un documento global, no exclusivamente local, que se enmarca en un contexto de estrategias nacionales e internacionales en pos de la preservación y mejora de nuestro planeta y de su sostenibilidad. Y la segunda, la sociedad de Talavera, porque en este documento se recogen en forma de objetivos y medidas concretos y tangibles el futuro -compartido- de la ciudad: medio ambiente, desarrollo del sector primario, turismo, artesanía, preservación y mejora del rio Tajo.

Quizás hoy -de momento- solo se trate de paneles. Quizás, y ojalá, el alcalde del PP siga el ejemplo de su compañera de Extremadura y se aparte de Vox y de sus “lonas del odio” como las que este partido ha desplegado en la calle Alcalá de Madrid, porque odiar y destruir cuesta poco y otorga poco bueno, construir el futuro cuesta más, pero también nos da (a todos) más y mejor. Nuestra sociedad quiere lo segundo, quiere futuro.

Una vez que se ha constituido la nueva Corporación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y se han establecido las áreas de trabajo y las concejalías con la que contará también el nuevo equipo de Gobierno, queda por concretar quiénes ocuparán los cargos liberados de los cuatro grupos políticos con representación: PSOE, PP, Ciudadanos y Vox.

En este sentido, la alcaldesa, Agustina García Élez, ya señaló que en esta legislatura habrá cuatro liberaciones menos entre la Corporación y el personal eventual de Alcaldía. En concreto, el equipo del Gobierno del PSOE -compuesto por un total de 14 concejales- contará con ocho liberaciones completas y dos parciales. Así, además de García Élez, tendrán dedicación completa al Consistorio los siguientes concejales: Luis Enrique Hidalgo, Flora Bellón, Sergio de la Llave, Nuria Sánchez, Sergio Gutiérrez, Daniel Tito y Paloma Sánchez Garrido. Por su parte, las dos liberaciones parciales serán para Marta Ramos y Roberto Gallego.

Quien no contará con una liberación será el concejal de Urbanismo y actual director general de Vivienda y Urbanismo en funciones de la Junta, José Antonio Carrillo. Esta decisión podría ser una pista de que Carrillo compagine ambos cargos (no ambos sueldos) y continúe así liderando esta Dirección General integrada en la Consejería de Fomento, de la que su titular, antes de afrontar la Alcaldía de Talavera de la Reina, era Agustina García Élez.

El resto de liberaciones se reparten de la siguiente manera: el PP, que cuenta con cinco concejales, tendrá una liberación completa que podrían repartirse entre el portavoz del grupo, Santiago Serrano, y el anterior alcalde talaverano, Jaime Ramos. De su lado, Ciudadanos y Vox tendrán media liberación para sus grupos -de tres concejales cada uno de ellos-. Aunque no está todavía decidido, es previsible que ambas medias liberaciones para cada grupo la ostenten sus candidatos a la Alcaldía, Susana Hernández y David Moreno, respectivamente.

Ahorro de 150.000 euros anuales

Por otra parte, García Élez también subrayó que se reducirá el personal de confianza adscrito a Alcaldía, que serán cuatro personas y no seis como hasta ahora. “Todo ello supondrá un ahorro aproximado de 150.000 euros anuales,

También se reduce el personal de confianza adscrito a Alcaldía, que serán cuatro personas y no seis como hasta ahora. Todo ello supondrá un ahorro aproximado de 150.000 euros anuales.

“No estamos para solucionar urgencias de ningún partido político ni tampoco las personales, incluido mi grupo”, ha recalcado la primera edil, al tiempo que ha insistido en que tienen que dar “una imagen de ciudad diferente y buscar fondos e ingresos. Hemos comenzado por quitarnos esta aportación de Alcaldía y dotar de presupuesto a otras prioridades”.

Una de las medidas más importantes de la actual legislatura en Castilla-La Mancha para hacer frente a los desahucios fue la creación de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que actualmente funcionan en las cinco provincias de la región. En estos cuatro años han evitado que se produzcan lanzamientos hipotecarios de orden judicial pero la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que estipula que los jueces, antes de decretar un desahucio por impago de hipoteca, deben avisar a los servicios sociales para valorar si hay vulnerabilidad, ha provocado que en estas oficinas se hayan visto con las manos atadas por procedimientos paralizados.

La consecuencia es que hacen falta más trabajadores sociales, apuntan desde el Colegio Oficial de este colectivo profesional, y por ello llevan meses trabajando en un nuevo protocolo junto con la Dirección General de Vivienda.  

“El legislador estatal ha puesto a los servicios sociales y a los ayuntamientos una tarea importante y también necesaria, sobre todo porque lo venían haciendo ya”, explica el director general de Vivienda de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo. Se refiere con ello al hecho de que muchos procedimientos de desahucio ya se han visto paralizados bien porque así lo demandaban los afectados, o bien porque los jueces “tenían esa sensibilidad”. “En el papel estaba ya latente, faltaba consagrarlo”.

Los trabajadores sociales son “la voz más cualificada”

Apunta por ello que los servicios sociales son “los grandes protagonistas” en esta modificación normativa estatal, por constituir la “voz más cualificada” y porque “son ellos los que deben hablar de personas, de su situación personal y no los técnicos de vivienda”. Por eso desde la Junta dan la bienvenida a la medida pero reconocen que eso está acarreando “una carga de trabajo importante” en el trabajo social, sobre todo en “los más cercanos”, los servicios municipales.

El director general recuerda que desde hace meses el Gobierno regional y el Colegio de Trabajo Social trabajan de forma conjunta en un protocolo de actuación y que las Oficinas de Intermediación Hipotecaria fueron el “germen”. No obstante, asume que se tendrá que “reforzar el servicio entre todos”. Los trabajadores sociales, insiste, son “el alma” de estas oficinas y ahora toca “confirmarlas y desarrollarlas más”. Según adelanta, la Dirección de Vivienda está hablando con la Consejería de Bienestar Social y con el Colegio de Trabajo Social, y “seguiremos trabajando y profundizando en ese sentido”.

Un protocolo para “agilizar” la respuesta

Es un extremo que confirma el Colegio de Trabajo Social de Castilla La Mancha, que es el encargado de elaborar junto con las consejerías de Fomento y de Bienestar Social el mencionado protocolo de actuación que permita agilizar la respuesta de la Administración en relación a la detección del supuesto de vulnerabilidad en lanzamientos por impago de hipoteca o alquiler de vivienda.

Según explica este colectivo profesional, el protocolo, que se inicia con la notificación por parte del juzgado a los servicios sociales de atención primaria, prevé la actuación coordinada con los servicios provinciales de vivienda para la adjudicación de una alternativa habitacional mientras se pone a disposición de la familia prestaciones del sistema público de servicios sociales desde el abordaje de una situación de urgencia social.

Y en base a todo ello, considera que es fundamental que “se amplíe el número de profesionales en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria”, así como que los servicios provinciales de vivienda cuenten con trabajadores sociales especializados en intervención social en vivienda “para dar una respuesta profesional dentro de los plazos que la ley prevé”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha deja encauzada una web específica de Vivienda en la región antes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Tiene apenas unos días de vida y según el director general del ramo, José Antonio Carrillo, es “una web ”intuitiva“ que, confía, tenga continuidad tras el periodo electoral.

“Nos han llegado ya sugerencias para añadir nuevos enlaces”, explica Carrillo. De hecho, la web ni siquiera informa del Programa de Garantía Habitacional desarrollado a instancias de Podemos, socio de gobierno de Emiliano García-Page, y que se presentó como una de las actuaciones estrella del Plan Integral de Garantías Ciudadanas que no ha llegado a convertirse en ley.

El director general señala que “es la primera versión de la web que habrá que completar o mejorar” y en un primer momento “queríamos salir con el grueso de los apartados de Ciudadanía, Profesionales y Ayudas”.

La web tampoco recoge información sobre la polémica vivienda turística, ni siquiera para saber a qué se atiene la comunidad autónoma en esta materia. Carrillo se remite a la normativa desarrollada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en materia de turismo, aunque reconoce que “tiene relación con la vivienda porque afecta de manera sensible al entorno. ”Sí, quizá es otro de los contenidos, no tanto de Fomento, de los que no hemos puesto en un primer momento“ y asegura que ”será otro de los aspectos a abordar“ debido a su ”incidencia“ especial  en Toledo y Cuenca.

El objetivo, dice, es “ponernos en contacto estrecho con los ciudadanos que son los que demandan las políticas de vivienda para difundirlas y que les sean útiles” y que, además, “no se limiten a las actuaciones de la Junta”.

La web dispone también de información básica desde cómo comprar una vivienda, el papel del notario o dónde pagar los tributos. “Estamos trabajando para crear un enlace al portal tributario de Castilla-La Mancha y con los administradores de fincas”. Para los profesionales también existe un apartado “con información más global sobre normativa, ayudas o de control de la calidad de la edificación”.

Los jóvenes, los que más demandan vivienda pública pero en alquiler

La web cuenta con un registro de demandantes, “la puerta de acceso a la vivienda pública”, subraya Carrillo, que permite a los gestores de vivienda obtener “datos muy importantes” sobre las necesidades en la región. La Junta, sostiene, ha tratado de “agilizar trámites” a la hora de adjudicar vivienda pública en esta legislatura pero, matiza, “nos hemos encontrado con una situación hetereogénea, con datos confundidos” por lo que se prepara una modificación del decreto que regula este tipo de vivienda. 

La demanda de este tipo de vivienda procede fundamentalmente de los jóvenes. “Entre la movilidad, la situación económica y otras circunstancias, se está tendiendo a pedirnos más vivienda en alquiler que en compraventa”. Y eso a pesar de la reciente convocatoria del departamento de Vivienda para sufragar la adquisición de vivienda habitual y permanente por jóvenes en municipios de menores de 5.000 habitantes, todavía con plazo de solicitud abierto hasta el 24 de mayo. Es una de las alternativas que ofrece la web.

El departamento de Vivienda del Gobierno regional hace pública este martes la lista provisional de ayuntamientos adjudicatarios de las ayudas para financiar la redacción de varios instrumentos de planeamiento urbanístico en municipios con menos de 10.000 habitantes o en barrios y zonas concretas de las ciudades.

La Dirección General de Vivienda abrirá un plazo de diez días para la presentación de alegaciones, antes de publicar la Resolución definitiva que estará dotada con 3,3 millones de euros. 

“Los ayuntamientos nos pidieron ayuda para la gestión de trámites urbanísticos”, explica Carrillo, quien recuerda que la convocatoria que ahora se resuelve se publicó en noviembre del pasado año 2018 como complemento a un decreto con más de 40  medidas (incluyendo la modificación de 33 normas reglamentarias) relacionadas con el urbanismo en Castilla-La Mancha.

180 ayuntamientos se han interesado por estas ayudas. “Hemos logrado mover este tema que, en especial les cuesta a los pequeños ayuntamientos que son los que menos recursos tienen económicos y materiales”, asegura Carrillo, aunque, en esta primera convocatoria, solo llegarán a 86 municipios de menos de 10.000 habitantes.

“Agotamos el crédito para estas ayudas que, en un 65% se concentran en Cuenca y Guadalajara”, señala el responsable regional de Vivienda, para la redacción de documentos de planeamiento general de cara a la ordenación de los núcleos urbanos y su suelo rústico, “sobre todo los que tienen actividad en el sector primario, aunque otros municipios quieren plantear algún desarrollo industrial o productivo acorde a su tamaño”.

En estos casos, cada ayuntamiento  recibirá un tope de 50.000 euros en los municipios de hasta 10.000 habitantes y 40.000 si se trata de pueblos que no superen los 5.000. Estas cuantías podrán incrementarse en un 10 % para aquellos municipios cuyos instrumentos de planeamiento general incluyan la realización de actuaciones concretas de rehabilitación urbana.

Ayudas para proteger cascos históricos y mejorar barrios degradados

Por otro lado, José Antonio Carrillo explica, “hemos innovado en esta convocatoria”, y también se otorgarán ayudas  para municipios de la región que procedan a la redacción planes especiales para la protección de cascos históricos.

En este caso, hay siete beneficiarios: Sigüenza y Pastrana (Guadalajara), Talavera de la Reina (Toledo), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) además de Chinchilla de Montearagón y Hellín y su poblado de colonización, Cañada de Agra (Albacete). “Se trata de poner orden y protección en sus cascos históricos, los compañeros de Cultura están muy contentos”, bromeaba el director general. 

Finalmente, una tercera línea de ayudas se destinará a actuaciones de regeneración y renovación urbana en áreas urbanas degradadas y los beneficiarios son Valmojado (Toledo) y los barrios de Santa Teresa y  Hermanos Falcó en Albacete. “Son operaciones de cirugía urbanística que terminan incidiendo en la vivienda”. 

Para las dos últimas líneas de subvención la cuantía máxima por municipio será de 30.000 euros.

Actualmente se encuentra pendiente de tramitación en Castilla-La Mancha la nueva Ley regional de Vivienda. Es un complejo texto legislativo que recoge los compromisos que adquirió el presidente, Emiliano García-Page, a principios de legislatura pero que, pese a estar ya finalizado, no ha entrado en tramitación parlamentaria. Mientras tanto, desde el Gobierno regional se ha ido legislando mediante ayudas públicas al alquiler o a la rehabilitación edificatoria, entre otras, para a facilitar el derecho constitucional a la vivienda. Ahora también prepara un decreto referido al régimen de vivienda protegida en la comunidad autónoma, frente a la “dicotomía” que a este respecto presenta la normativa, el decreto estatal y los planes de vivienda.

¿A qué se refiere el Ejecutivo? Ahora, el régimen jurídico de este tipo de viviendas se rige por un marco plural, concretado, por un lado, en el Decreto de Viviendas con Protección Pública de 2004 -que tiene carácter indefinido- y, por otro lado, por los decretos autonómicos temporales que culminan en los Planes Estatales de Vivienda, por periodos temporales y concertados entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para su aplicación.

Sucede que estos programas, en la práctica, se han formulado por periodos trianuales, pero en el caso específico del régimen jurídico de la vivienda protegida, establecen una regulación que o bien no se ajustaba a esa temporalidad, o bien se solapa con el mencionado decreto de 2004, que es atemporal. Los planes no derogan ese decreto, pero lo “desplazan de facto” en  su  aplicación respecto a varios de sus contenidos.

El Gobierno castellano-manchego argumenta que esta realidad se ha prolongado en el tiempo suscitando dudas en la aplicación diaria de este conjunto normativo. Por ejemplo, en esta región se han aprobado los decretos correspondientes al V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y el posterior Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016. Este último, en su Disposición Transitoria Única mantuvo la vigencia del régimen del régimen jurídico establecido por el primero, pero también con referencia la aplicación del referido Decreto de 2004.

“Compleja articulación y aplicación práctica”

Esta “dicotomía” de normas ha hecho “compleja su ”articulación y aplicación práctica“. Ha provocado ”no pocos casos de relevancia práctica y difícil integración“, denotando con ello la necesidad de ”aclarar y actualizar“ el régimen jurídico que, hoy por hoy, debe regular la  vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.

Por otra parte, el Ejecutivo castellano-manchego argumenta tras el periodo de crisis del sector inmobiliario vivido en los pasados años, se hace precisa la reconsideración, sino del conjunto de la normativa relativa al régimen jurídico de la vivienda protegida, sí al menos de aspectos como los relativos a sus procesos de adjudicación, o a la cuantificación de ingresos máximos y mínimos para los posibles adjudicatarios.

De igual modo, el decreto pretende abordar otras cuestiones de relevancia como pueden ser las referidas a la promoción pública de viviendas y su particular gestión, algo “sobre lo que las experiencias iniciadas en el parque autonómico, fundamentalmente desde 2015, hace aconsejable una reconsideración”. Todo ello en teniendo en cuenta la “trascendencia” que estos inmuebles tienen “en pos de la satisfacción del derecho de acceso y permanencia en la vivienda de sus usuarios”, bajo el mandato de  intervención que establece la Constitución.

El director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, ha explicado a este respecto que “se trata de recuperar el papel que la vivienda protegida ha tenido tradicionalmente, haciéndola accesible para el conjunto de los ciudadanos y, en especial, para los jóvenes. Se trata de que recupere su papel en favor de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre”. Entre estos, no están solo aquellos en situación de emergencia habitacional, sino que hoy se refiere a un colectivo más amplio, “como nuestros jóvenes, que por lo general quedan en un limbo entre un mercado libre que les resulta difícilmente accesible, y una vivienda pública que, en primer lugar, se destina a atender situaciones de exclusión residencial”.

“Plenamente compatible” con la futura Ley de Vivienda

Además, el Gobierno regional resalta que este nuevo decreto, que se haría con “vocación de permanencia”, es “plenamente compatible” con la tramitación del Anteproyecto de la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, norma con la cual resulta plenamente compatible. Pero ante todo, insiste en la necesidad de “aclarar” el régimen jurídico vigente para evitar que las normas vigentes se “solapen entre sí”; y de hecho, apuesta por que estas normas se actualicen dado el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, y a los profundos cambios sociales y económicos que han afectado al sector de la vivienda en todo el país.

El complejo anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, que está pendiente de la luz verde del Consejo de Gobierno, dedica buena parte de su contenido a reseñar el nuevo régimen de vivienda pública en la región. Forma parte del objetivo de dar carácter “social” a la nueva normativa. Busca intentar cohesionar su estructura y funcionamiento como “sistema autonómico”, pero su novedad más destacada es que incorpora a nuevos colectivos que pueden solicitar su acceso a este tipo de viviendas.

Se trata de todas aquellas personas que no dispongan de la posibilidad de acceso a una vivienda en régimen de arrendamiento en el mercado libre, o bien que deban ser alojadas en otras viviendas que las que ocupan, “por indignidad o inadecuación de estas”. En esos supuestos, se producirá un reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda que garantice que puedan ser alojadas o, subsidiariamente, percibir ayudas al pago del alquiler.

Es previsible que esta ley no se apruebe antes de que termine la legislatura. El nuevo decreto, cuyos plazos de aprobación pueden ser más cortos, contribuiría a clarificar al menos esta cuestión, aunque tampoco está garantizado que pueda aprobarse antes de que se convoquen elecciones el próximo mes de mayo.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento, va a desarrollar unas jornadas informativas sobre la orden y convocatoria de las ayudas a la rehabilitación edificatoria para viviendas de tipología residencial colectiva (Línea A).

Se desarrollarán durante cinco jornadas para llegar a todas las provincias, comenzando este lunes, 12 de noviembre, por la de Toledo. En este caso tendrá lugar en el salón de actos de la Dirección Provincial de Fomento. El martes 13 será en el salón de actos de la Delegación del Gobierno regional en Guadalajara; el miércoles 14, en el salón de actos de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca; el jueves 15 en el salón de actos de la Diputación Provincial de Albacete y el viernes 16 en el salón de actos del Edificio Servicios Múltiples de Ciudad Real. En la primera de ellas participará la consejera de Fomento, Agustina García Élez.

El Gobierno regional destinará para esta línea un total de 10,3 millones de euros que complementan a la de las ayudas a viviendas individuales cuyo plazo para solicitarlas finalizó a mediados del mes de octubre. Esta nueva convocatoria contará con dos programas. Uno para mejorar la eficiencia energética, dotado con casi 2,1 millones de euros y otro para la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad del edificio, con un presupuesto de más de 8,2 millones de euros.

Las ayudas irán destinadas a zonas comunes, siendo susceptibles de subvención los gastos de la obra material de rehabilitación, el coste de los proyectos, el coste de los informes técnicos, la dirección de obra, gestión de residuos, los certificados o el propio Informe de Evaluación del Edificio (IEE). El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el próximo 31 de octubre.

Más subvenciones complementarias y adicionales

Además de las ayudas directas a la comunidad de vecinos, la convocatoria contempla ayudas complementarias, y adicionales, para los propietarios de las viviendas que forman parte de ella en los supuestos de que sean mayores de 65 años, discapacitados o tengan unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM. Como novedad, también podrán recibir esta ayuda extra en los casos en que los propietarios sean jóvenes menores de 35 años y que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Habrá también una mayor dotación en las ayudas cuando las viviendas sean de Bien de Interés Cultural (BIC) o estén catalogadas.

La cuantía de las ayudas oscilará entre el 40 y el 75 por ciento, como máximo, de la actuación subvencionable. El Ejecutivo autonómico prevé atender alrededor de 8.500 solicitudes, pudiendo beneficiar a una población aproximada de entre 25.000 y 30.000 personas.

Durante todas las jornadas se contará con la presencia del director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, así como con otros técnicos de estas áreas, para explicar con detalle y resolver dudas en torno a esta orden de ayudas. Además, se ofrecerán explicaciones de casos reales con arquitectos y directores de obra. Igualmente, se cerrarán las jornadas con mesas redondas que estarán integradas por representantes de Colegios Profesionales, como Arquitectos, Arquitectos Técnicos o Administradores de Fincas; asociaciones empresariales, entidades financieras y asociaciones vecinales.

El departamento de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha publicará en breve las ayudas destinadas a rehabilitación edificatoria, según ha confirmado el director general del ramo, José Antonio Carrillo, después de que se publicasen hace un mes las bases que regulan la concesión de estas subvenciones.

Carrillo acaba de reunirse con entidades financieras y colegios profesionales que representan a arquitectos, aparejadores y administradores de fincas. Con ellos se ha coordinado el diseño de las bases que regulan las ayudas. Los colegios profesionales realizan el papel de “captadores” con comunidades de propietarios o usuarios particulares. “Este año se han sumado los administradores de fincas para que transmitan la trascendencia de las ayudas. Ellos son los principales interlocutores junto con arquitectos y aparejadores”.

Además se ha pedido a las entidades financieras que participen también en la iniciativa a través de préstamos personales a los interesados en la rehabilitación edificatoria. En 2016, cuatro entidades se prestaron a favorecer este tipo de ayudas. Ahora Vivienda ha convocado a ocho: Caixabank, Liberbank, Globalcaja, Eurocaja Rural, Bankinter, Kutxabank, Bankia y Banco Santander para que se suban al carro de la rehabilitación. “Estamos seguros de que podemos convencer a muchos más ciudadanos y comunidades de propietarios que si no existiese esa financiación”, sostiene Carrillo.

En este mismo mes de julio se espera que las entidades financieras convocadas puedan dar respuesta sobre sus intenciones y condiciones de financiación que ofrecerían. En 2016 facilitaban el del 100 por 100 de la inversión mediante préstamos personales a bajo tipo de interés y empleando como garantía la propia ayuda otorgada por el Gobierno regional, dado que ésta última cubre el 50 por ciento de la inversión total a realizar. Lo que vaya a ocurrir este año, aún está por definir.

En todo caso, el departamento de Vivienda de la Junta ha pedido a las entidades financieras que “dejen la puerta abierta en los convenios no solo a rehabilitación sino a las áreas de renovación y regeneración de barrios completos. A los ARRUS (ayudas de regeneración urbana) habría que darles también esa opción”. En este sentido, el director general anuncia que habrá un nuevo encuentro para cerrar la propuesta concreta.

La postura que finalmente adopten las entidades financieras no condicionará, sin embargo, la convocatoria. “No, no, en absoluto, es un complemento a las ayudas pero no el presupuesto”. Hace un mes se publicaron las bases de estas subvenciones que tendrán una novedad. Se ampliará a dos años el plazo para ejecutar las obras de rehabilitación edificatoria.

Eso será posible ante la “inminente” firma del acuerdo con el Gobierno central para fijar la cantidad que Castilla-La Mancha percibirá del Plan Estatal de Vivienda aunque “no hay una fecha cierta”, reconoce Carrillo. Desde el Gobierno central llegarán 53 millones de euros y con la aportación de la Junta castellano-manchega se llegará a los 75 millones para repartir entre nueve programas “que iremos distribuyendo entre líneas”. Once millones se destinarán a la rehabilitación en edificios de viviendas de particulares, administraciones públicas y entidades asistenciales, a fin de lograr la mejora del estado de éstos.

Carrillo cree que se está produciendo una “simbiosis” entre todos los colectivos implicados porque “empieza a calar entre empresarios, técnicos, administradores de fincas, entidades financieras que la rehabilitación es positiva”. De hecho el Gobierno de Emiliano García-Page la concibe como forma de recuperar un “gran parque de viviendas infrautilizado”, y con ello mejorar la calidad de vida de las personas que las habitan, y a la vez impulsar el sector de la construcción. Así consta, al menos, en la orden que recogía las bases reguladoras de estas ayudas el pasado 12 de junio.

La cuantía de las ayudas

Sobre la cuantía de las ayudas máximas de la subvención a conceder por vivienda unifamiliar, no podrá superar los 12.000 euros ni en general el 40% de la inversión subvencionable. Podrán sumarse 1.000 euros de ayuda unitaria complementaria para las declaradas Bienes de Interés Cultural, catalogadas, con protección patrimonial o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

En aquellas viviendas unifamiliares en que los ingresos de la unidad de convivencia residente y solicitante de la ayuda sean inferiores a 3 veces el IPREM, el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión subvencionable. La cuantía máxima de la subvención será de 18.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad y de 24.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad.

Por otro lado, la cuantía máxima de la subvención total a conceder en edificios de viviendas residenciales, incluidas si las hubiera las que se realicen en el interior de sus viviendas, no podrá superar el importe de multiplicar 8.000 euros por cada vivienda y 80 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles. Al igual que en el caso anterior, la ayuda básica podrá ser incrementada en 1.000 euros por vivienda y 10 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de uso comercial u otros usos para edificios declarados Bienes de Interés Cultural.

Para aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia residente y solicitante de la ayuda, sean inferiores a 3 veces el Iprem el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión.

La cuantía máxima de la subvención a conceder por vivienda en edificio de tipología residencial colectiva será de 12.000 euros para las viviendas en las que resida una persona con discapacidad y de 16.000 euros si residen personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

El director general de Vivienda y Urbanismo José Antonio Carrillo ha anunciado que su departamento convocará a primeros del próximo mes de julio a las entidades bancarias y financieras para que “se sumen” a la iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha para dotar de ayudas a la rehabilitación de vivienda.

Carrillo ha recordado que el Ejecutivo castellano-manchego pidió al Ministerio de Fomento del Gobierno de Rajoy que “desde su especial posición firmase convenios con estas entidades y que ayudasen en actuaciones de rehabilitación”, algo que no hizo.“No viene recogido en el plan pero nosotros sí lo hemos hecho, logrando préstamos personales para las actuaciones hasta con cuatro entidades financieras” y ha citado, en concreto, a Banco Sabadell, Liberbank, Globalcaja y CaixaBank. En este sentido, agradecía también la “colaboración” de los colegios de administradores de fincas.

Así lo ha dado a conocer durante su comparecencia en la Comisión de Fomento de las Cortes regionales para dar cuenta del estado de ejecución a fecha 31 de agosto de 2017 de las ayudas a la vivienda en Castilla-La Mancha. Ha desglosado los datos correspondientes al Plan Regional de Vivienda 2013-2016 para explicar que “en 2013 no hubo nada” y en 2014, con la puesta en marcha de una única convocatoria de ayudas al alquiler, solo se ejecutó un 20% de los fondos tanto estatales como autonómicos, bajo el Gobierno de Dolores de Cospedal.

Ya en 2015, “año de transición”, ha dicho, en alusión a la llegada al Gobierno regional de Emiliano García-Page en julio, la ejecución de ayudas a la vivienda llegó al 31%. En 2016 se agotaron todos los fondos y la ejecución del plan llegó al 100% y en 2017 fue de un 95%.

“Las cifras compensan las de la pasada legislatura”, ha asegurado, para recordar que en el vigente Plan de Vivienda 2018-2021 (tras el fallido 2017, con un Gobierno central en funciones), Castilla-La Mancha tendrá que esperar para ejecutar los nueve programas de ayudas a las vivienda a la firma el convenio correspondiente con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras tanto, ha explicado, ya se están publicando las bases reguladores de las ayudas. De momento se conocen las relacionadas con el alquiler y la rehabilitación y, en breve, ha dicho, se publicarán otras relacionadas con las Áreas de Renovación y Regeneración Ubana (ARRU) , adquisición de viviendas para menores de 35 en municipios de menos de 5.000 habitantes, ayudas a mayores y discapacitados o por desahucios hipotecarios. “Queremos darle una visión de intervención social. No es solo un plan de ayudas sino de personas”, ha concluido.

Una jornada técnica celebrada esta semana en Toledo sobre la vivienda en el populoso barrio del Polígono ha servicio para intercambiar ideas sobre buenas prácticas sobre cómo afrontar el reto que supone la concentración de vivienda pública y que persigue mejorar la convivencia y la cohesión social.

Organizada por IntermedIAcción y por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMV) de Toledo congregaba a especialistas en la gestión pública de vivienda social para poner sobre la mesa los avances y también los retos de futuro.

En Castilla-La Mancha hay 11.000 familias en viviendas de titularidad autonómica. José Antonio Carrillo, director general de Vivienda de Castilla-La Mancha sostiene que desde 2015, la Junta ha “intentado implantar el aspecto social en cada una de las políticas de vivienda” porque, reconoce, “ha habido un déficit de intervención” en los últimos años. Su departamento lo hace “contando con las consejerías de Bienestar Social y Empleo y es verdad que eso no se había hecho hasta la fecha, al menos a nivel autonómico”.

El departamento de Vivienda ha incorporado a seis trabajadores sociales. “No nos podemos quedar en adjudicar vivienda y luego derivar la gestión a GICAMAN”, pero son pocos, reconoce, para una región tan extensa. El objetivo pasa por “priorizar los recursos habitacionales de la Junta en casos de especial vulnerabilidad y no se descarta cambiar los criterios de adjudicación teniendo en cuenta si la vivienda social disponible es o no adecuada al usuario y si tiene o no capacidad de pago. ”Lo hemos estado haciendo mal“, reconocía durante la jornada, para apuntar la necesidad de incorporar medidas de acompañamiento que propicien la integración socio-laboral de los usuarios de este tipo de vivienda.

La vivienda vacía y las entidades financieras

Carrillo reconoce también la necesidad de aportar “transversalidad ”en la política de vivienda que prestan no solo los distintos departamentos de la Administración autonómica sino los de otras administraciones o entidades. Y pone como ejemplo la “experiencia piloto” con Bankia con la que se firmó un convenio para la cesión de varias viviendas en la región, algunas en Toledo, para destinar a alquiler social. “La Ley de Vivienda que hoy está en anteproyecto, también incide mucho en esta cuestión, en la movilización del parque de viviendas vacías y todas las líneas de ayudas del Gobierno regional tienen a facilitarlo”.

Queda mucho trabajo por hacer, reconoce. En el ánimo de las entidades financieras está enajenar estas viviendas y destinarlas al mercado pero, señala, “entendemos que gran parte de ellas y en localidades con dificultades para esa venta, pueden ser útiles a los fines de vivienda pública”.

En una reciente reunión con Caixabank, según desvelaba, la entidad se ha mostrado interesada en la propuesta. “Lo hemos intentado también con la SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, y lo seguiremos intentando”.

“Son todo experiencias piloto pero queremos ir a más”. Y en este sentido resaltó la labor que están haciendo algunas entidades. “Hemos actuado como puente” entre la Mancomunidad La Sagra Alta, en Toledo, a través de un “programa de movilización de vivienda” en el que participan Solvia (filial inmobiliaria del Banco Sabadell) y Liberbank. “Se trata de dar sentido a esas viviendas vacías y evitar ocupaciones que en La Sagra lamentablemente se están produciendo”.

Bilbao: alquileres a bajo precio a jóvenes para dinamizar y regenerar el barrio

Bilbao gestiona 4.100 viviendas exclusivamente en régimen de alquiler de las que una cuarta parte están en el barrio de barrio de Otxarkoaga, tristemente conocido por el reciente asesinato de una pareja de ancianos a manos presuntamente de dos jóvenes. José María Escolástico explicaba la experiencia de ‘Viviendas Municipales de Bilbao’ de la que es subdirector operativo para regenerar y mejorar la convivencia en este barrio.

“Cada vez que la Administración pública se separa de sus obligaciones, surge el fracaso social y cuesta un esfuerzo exponencial recomponerlo”. Para los gestores bilbaínos, “convivencia significa rehabilitación, no confundir ladrillo y personas, y hacerlo no solo desde la perspectiva del equipamiento público sino de la dignidad de las viviendas”. Una dignidad que tiene que ver con la accesibilidad, los ascensores, a la eficiencia energética, el confort, la estanqueidad o la modernización de los habitáculos.

Por otro lado, aseguraba, “si firmamos un contrato y se rompe la convivencia, se rompe el contrato” y la idea es desarrollar un “compromiso social común que no tiene carácter legal sino pedagógico para informarnos mutuamente de los derechos y obligaciones de los usuarios de vivienda pública y de la Administración pública”.

Bilbao facilita así los cauces a los vecinos para que informen de situaciones de ruidos, altercados, ocupaciones ilegales, trapicheo en las viviendas… “Eso nos permite poder arbitrar medidas administrativas para si es necesario resolver el contrato y desalojar a las personas”.

En el ámbito de la regeneración desde lo público, Escolástico resalta lo que tiene que ver con la adjudicación de vivienda. “Si hablamos de espacios deteriorados es porque no se ha desarrollado la mixtura social correspondiente, porque se ha ‘guetizado’, porque hay personas que se han apropiado del espacio público. Eso se rompe con variados sistemas de adjudicación”.

En el caso de Bilbao pasa por contar con jóvenes universitarios solidarios que a cambio de 50 euros ocupan una vivienda compartida y participan en la vida comunitaria a través de entidades del tercer sector, sanitarias o educativas “Eso genera una dinámica en el barrio terrible”. También se adjudican viviendas a menores de 35 años directamente a través de un sistema telemático, por 150 euros, siempre que tengan ingresos anuales por encima de los 13.000 euros.

“En Otxarkoaga hemos adjudicado en un año más de 100 viviendas a este colectivo del total de 1.300. Eso supone un impacto brutal de regeneración para un barrio que se hace mayor y que también afecta a la vida comercial”. Un programa al que unen un plan de dinamización de locales para generar nuevas actividades, comercio de barrio y otras alternativas. “El feedback que nos llega de las asociaciones vecinales que hablan de satisfacción con medidas sencillas, y con servicios sociales de fondo, para regenerar el barrio”.

La importancia del “diseño” de la vivienda social

“Desde el Colegio de Arquitectos creemos que hay una serie de estrategias colectivas que pueden ayudar a que esa vivienda social se integre en el tejido urbano y genere una mejor ciudad” comenta Miguel Díaz Martín, miembro del Colegio de Arquitecto de Castilla-La Mancha. Pero, recuerda, “este no es solo un problema de los arquitectos, de los promotores privados o del Ayuntamiento sino de todos”.

Resaltó la importancia del “diseño” de la vivienda social para mejorar la calidad de vida de los usuarios y facilitar la convivencia. “No se ha hecho lo suficiente”, sostiene, para “evitar los guetos” y plantea “espacios abiertos” sin zonas “de sombra” o “residuales”. En su opinión, “gran parte del éxito de la vivienda colectiva pasa por el mestizaje de distintos estratos sociales”. Y es que, señala, “la arquitectura social no pasa por mejores o peores materiales sino simplemente por el diseño de la vivienda”.

En este aspecto resalta la necesidad de desarrollar edificios con bajo nivel de mantenimiento, utilizando las energías renovables. La actual normativa de edificación, explica, se lo pone ahora más fácil a estos profesionales. “El Código Técnico de Edificación nos obliga a implementar energías renovables”. Y de hecho, el Gobierno regional, en sus competencias, sigue también avanzando en paralelo en este terreno.

Zaragoza o empoderar a los vecinos para resolver sus posibles conflictos

Pilar Aguerri es la jefa del área de Gestión Social y Alquileres de la Sociedad Municipal Zaragoza que gestiona 2.000 viviendas de alquiler. “No somos simples caseros. Tengo un amplio equipo y un peso importante en la política de vivienda, sobre todo en su papel social”.

Ese equipo trabaja codo con codo con los residentes para buscar su “implicación” en la propia gestión de la vivienda y junto a los agentes públicos y privados del barrio “para que todos se sientan protagonistas”. La idea es “ver los conflictos en clave de solución. ¿Qué puede aportar cada uno?”. En la práctica eso permite, según la experiencia de Zaragoza, “empoderar a las personas. Frente a la crítica o la pasividad ser activos para mejorar las cosas”.

Se trata también de que el vecino “deje de ser pequeño frente a la Administración” porque, lamenta, “partimos de una situación injusta porque la política de vivienda en España es tan escasa que tenemos solo un 2% de vivienda social y eso no da para cubrir las necesidades de las personas que no disponen de unos ingresos muy altos y no pueden ir al mercado libre”. Y por eso, sostiene que, “en vez de conseguir una mezcla social más amplia en este tipo de viviendas hay un mayor peso de familias con grandes necesidades y eso lleva a una visión negativa y complicaciones en la convivencia interna y externa”.

“La vivienda pública tiene que ser la primera en resolver las emergencias sociales aunque se trabaje también en que haya vivienda asequible para todo el mundo”, dice esta gestora para quien acumular muchas viviendas sociales en un mismo lugar, como ocurre en el toledano barrio del Polígono, “no es bueno porque se da sensación de que son una isla cuando lo que pretendemos es la integración en el barrio”.

La “encrucijada” del sector público de vivienda: falta un “pacto” Administración-agentes sociales

Guillermo Hernández es jefe de equipo de Intervención Social de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Esta comunidad autónoma gestiona un extenso parque público cercano a las 76.000 viviendas con un modelo que “cercano” al ciudadano. “Apostamos por distinguirnos de cualquier inmobiliaria, con enfoque social y compromiso desde lo público donde la intervención social es clave”. Un concepto que, reconoce, se ve condicionado por “la parcelación de la acción pública, de las entidades y del sector privado”.

Sin embargo, denuncia la “incomprensión” hacia las competencias de estos gestores públicos de un bien fundamental como es la vivienda. “Erróneamente se vincula la desfachatez bancaria con la vivienda pública”, dice este trabajador social de profesión que apuesta por una gestión “no estandarizada” en los barrios con mayor complejidad social.

Pide “un pacto” entre las administraciones y los agentes sociales. “Muchas veces nos vemos solos” y habla de “encrucijada” en el sector público de vivienda y de la “necesidad” de trabajar en red, creando espacios colaborativos. Y es que, señala, “las posibilidades de dar un servicio de calidad a la ciudadanía se ven muy mermadas por los determinantes sociales que no son de nuestra competencia” y se refiere, por ejemplo, a la existencia de narco-pisos, al descontrol de “conductas intimidatorias” que alteran la convivencia llegando a crearse “zonas de sombra” en los inmuebles que “propician el delito”.

Eso, dice, termina afectando no solo al cumplimiento de los contratos suscritos con los usuarios de vivienda pública sino a la “competencia” atribuida a la agencia andaluza que “ha de velar por que la convivencia sea pacífica”.

El fenómeno de la ocupación

En Zaragoza trabajan ya con casos de ocupación. Un fenómeno cada vez más habitual sobre todo en viviendas vacías que pertenecen a entidades financieras. “Es una realidad difícil y que tendremos que afrontar porque existe, desde las entidades financieras, una actitud negativa a hablar del tema”.

En Andalucía, ha habido un repunte “no significativo” de ocupaciones irregulares de vivienda. Guillermo Hernández explica que el acceso a la vivienda protegida en esta comunidad autónoma está regulada por un decreto que otorga a los registros municipales de demandantes la competencia de proponer quién debe ser adjudicatario. Si alguien entra sin esa condición lo hace de forma ilegal. Ahí está el reto de los promotores públicos de vivienda: trabajar bien con los registros“.

Un Plan Estatal de Vivienda “decepcionante”

Para lograr avanzar en la mejora de la política de vivienda pública, José Antonio Carrillo cree que el Plan de Estatal de Vivienda recién aprobado “se ha quedado corto, es manifiestamente mejorable” y así lo trasladó la responsable del área en Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, al ministro en la última Conferencia Sectorial de Vivienda.

“Echamos en falta la recuperación de la subsidiación de los préstamos hipotecarios, una cuestión muy sensible en barrios como el del Polígono en Toledo, por poner un ejemplo. O que los tipos de interés en los préstamos hipotecarios se calculen con arreglo a normas de mercado como el Euroríbor, la recuperación de ayudas para vivienda protegida y lamentablemente el Ministerio no lo ha recogido”. Sostiene que seguirán insistiendo porque “es cuestión de justicia y tiene mucha relevancia en el ámbito social pero con los diez programas que nos dan, no vamos a desperdiciar ni un solo recurso que tengamos, aunque nos gustaría otra cosa”.

“Estamos muy decepcionados los gestores públicos de vivienda, comenta Pilar Aguerri, por lo ”insuficiente“ de los recursos económicos. Ofrece un dato: Lo que se ha invertido en el rescate de los bancos serviría para realizar 50 años de política de vivienda tal y como está planteada en el plan. ”Es escasísimo, un 0,4% del PIB frente al 1,5% de la media en Europa“.

Entre los numerosos cambios que siguen poniéndose en marcha desde la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha se encuentra también una futura ampliación de la regulación en la evaluación de edificios. Concretamente, se encuentra en consulta pública previa un proyecto de decreto para regular el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), la conocida como 'ITV' de las construcciones, así como el registro de los mismos. Se trata de una medida importante porque sin estas evaluaciones no hay acceso a las subvenciones públicas de rehabilitación y accesibilidad. Es más, también para realizar las IEE la Junta de Castilla-La Mancha convoca ayudas públicas.

El principal objetivo, según el texto de consulta previa consultado por eldiarioclm.es, es establecer el régimen jurídico en el que se han de llevar a cabo estas inspecciones. Y aquí se encuentra la principal novedad: no solo serás obligatorias para construcciones de tipología residencial colectiva, como hasta ahora, sino también para aquellas que correspondan a edificios de cualquier uso.

Sobre esta cuestión, María Eufemia Martínez Puente, secretaria técnica del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Toledo, precisa que en esta consulta se está proponiendo una ampliación en la aplicación, de forma que estas ‘ITV’ de edificios abarquen a todos aquellos en municipios con más de 25.000 habitantes y con más de 50 años independientemente de su uso, algo que “puede repercutir positivamente” entre los profesionales de este sector.

Otro punto esencial en cuanto al tema competencial es que el decreto recoja una serie de facultades que deben estar “residenciadas en los municipios” a la hora de revisar el estado del parque inmobiliario, fomentar su mantenimiento y adecuarlo a las prestaciones de calidad. Esto significa que trasladará mayor poder a los ayuntamientos (y a sus ordenanzas al respecto) para realizar las inspecciones. Por ejemplo, en el caso de la provincia toledana, explican los aparejadores de esta provincia, solo afectaría a Toledo y a Talavera de la Reina, ya con ordenanzas municipales propias.

Además, en el borrador la Junta hace mención a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional afirmando que la materia referida a los IEE se ha “quedado prácticamente sin legislación básica estatal”. Se refiere con ello a la doctrina del pasado mes de diciembre por la que este tribunal considera inconstitucional y nula la mayor parte de la regulación de los IEE dentro de la Ley estatal del Suelo y Rehabilitación Urbana. La sentencia viene así a refutar la necesidad de otorgar a los ayuntamientos esa mayor carga competencial en la elaboración de estos informes. Para María Eufemia Martínez, estas cuestiones, de entrada, vislumbran una buena regulación autonómica pero consideran que es necesario además “realizar un seguimiento y control del mantenimiento del parque inmobiliario por parte de los municipios”.

El Colegio Oficial toledano todavía no ha realizado propuestas al decreto, a la espera del borrador articulado, pero considera que hay algunas otras cuestiones que también se pueden mejorar. Es el caso de las subvenciones, que actualmente otorga el Gobierno castellano-manchego tanto para la realización de las IEE como para la rehabilitación de edificios, afirma que el problema no es tanto la cuantía de la ayuda como el acceso a la misma. “Mucha gente no sabe que existen esas subvenciones, porque simplemente lo desconocen o porque el plazo para presentar la documentación es muy corto”.

A ello se une el hecho de que la documentación requerida para acceder a las ayudas es muy dificultosa. Hasta ahora la que pedía la ayuda era la comunidad de propietarios, cuando podía darse la circunstancia de que estuviera sin constituir o que no hubiera acuerdo. “No llega toda la información al ciudadano de a pie, que incluso desconoce que cumple los requisitos para solicitarla, tanto para la redacción del IEE como para la rehabilitación del edificio en el que está ubicada su vivienda o su local comercial”, agrega María Eufemia Martínez.

Más “concienciación social” sobre estas ayudas

Desde el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edifición de Toledo han venido realizando campañas de difusión de estas subvenciones en otras convocatorias con la colaboración de la Dirección General de Vivienda (de la Consejería de Fomento), con los representantes de los Administradores de Fincas y con los consumidores. Y por ello, han vuelto a ofrecer su colaboración a todos las administraciones y colectivos que lo soliciten para realizar “cuantas acciones sean necesarias para la concienciación social de la rehabilitación del parque inmobiliario”.

Precisamente sobre las próximas ayudas a la rehabilitación de edificios se ha pronunciado el director general de Vivienda, José Antonio Carrillo. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, recientemente conocido en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, obligará  a la Consejería de Fomento a rehacer buena parte del Plan Estratégico de Subvenciones, entre las que se encuentran estas partidas. Las bases de esta estrategia ya se habían publicado como una “previsión” en base a los documentos enviados por el Ministerio pero no será hasta la firma del convenio autonómico -que dará aplicación en la región al Plan Estatal- cuando se estipulen las cuantías y bases definitivas.

“Nuestra idea en sacar estas ayudas cuanto antes”, afirma el director general de Vivienda, pero prefiere mantener la prudencia hasta que el convenio esté firmado debido a que el Gobierno central, dentro de la partida destinada a Castilla-La Mancha para estas ayudas, no ha especificado a qué programas debe destinarse ese dinero. La Junta espera ahora que no suceda al igual que el año pasado, cuando las estas subvenciones tuvieron que convocarse y ejecutarse “con muy poco tiempo”.  

Desde que se conocieron las líneas maestras del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido que hacer toda una recomposición de lugar respecto a las previsiones que había establecido en su política de ayudas y subvenciones y en el borrador del propio Plan de Vivienda castellano-manchego. Las comunidades autónomas no solo han conocido el proyecto definitivo a través del BOE, sino que muchas de ellas tampoco están de acuerdo con los criterios de reparto de fondos que se han aprobado en la Conferencia Sectorial y que datan de 1992. Es el motivo por el que Castilla-La Mancha se ha abstenido en la votación del Plan estatal, junto con Andalucía, Aragón, Extremadura, Comunitat Valenciana y Baleares. En el caso castellano-manchego, además, denuncian que al “desfase” de los criterios se unen circunstancias especiales de la región como el efecto de la cercanía de Madrid y su dispersión geográfica.

Hasta ahora, todas las comunidades autónomas entendían que había sido un proceso más o menos participado, con alegaciones en tiempo y forma. Los problemas se han producido al final del proceso: falta de coordinación y hechos consumados en un Plan “que ya no podemos alegar y que ni siquiera conocíamos”. Así lo detalla el director general de Vivienda de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo, quien explica que el reparto de fondos “se dio a conocer 'in voce' durante la Conferencia Sectorial, ni siquiera por escrito”. A esta región le corresponden 57,7 millones de euros. Son casi 25 millones más que en el plan anterior (por el que recibió 32 millones de euros) y en base al 4% que le corresponde a Castilla-La Mancha. Pero afirma que la cantidad en sí es lo de menos porque el reparto se ha hecho “sin que sepamos ni de dónde sale esa cifra ni con qué argumentos”.

“Las circunstancias han variado desde 1992 y por lo tanto los criterios deberían ser actualizados y conocidos, y así lo hemos pedido por escrito”, subraya. Carrillo deja claro que no podían votar en contra porque el Plan Estatal hay que aplicarlo “nos guste más o menos”. Son fondos “necesarios” para la región que el Gobierno regional gestionará “lo mejor” que pueda.

No obstante, y tal como adelantó la consejera de Fomento, Agustina García, esta comunidad seguirá pidiendo el aumento del 4% al 5% de la dotación para la región. Es una petición basada en varios motivos, el primero de ellos su dispersión geográfica: “Tenemos que llegar también a los pueblos más pequeños, lo que supone asimismo un mayor coste de gestión”. Pero además, otra cuestión “excepcional” y que no se ha tenido en cuenta en el reparto es el ‘efecto Madrid’, es decir, el hecho de que haya zonas “que se están desbordando” desde la Comunidad de Madrid hacia el Corredor del Henares, en Guadalajara, y hacia la comarca de La Sagra (Toledo), con fuerte demanda de vivienda. “Esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta y hay comunidades periféricas que no las tienen. Son criterios que deben ser primero conocidos y luego participados. Y es que el Ministerio ni siquiera nos ha dicho por qué no se ha atendido esta petición”.

Otra cuestión fundamental ha sido el retraso en la aprobación del Plan Estatal y la prórroga del anterior. Las consecuencias han sido múltiples en Castilla-La Mancha, sobre todo generando un desfase entre lo presupuestado y lo ejecutado en ayudas. “El año pasado ha sido el ejemplo más palmario de que por mucho que presupuestes un dinero, si abres la ejecución del presupuesto cuando firmas el convenio, que fue a finales de julio y lo cierras en octubre, es muy difícil que, aunque nos dieran 200 millones de euros, fuésemos capaces de ejecutarlo. Y no es cuestión de echar la culpa a quien gestiona si no le dejan gestionar”.

Esa es por tanto otra de las reclamaciones de la Junta. Que el convenio autonómico para la aplicación del Plan Estatal se firme cuanto antes. En caso contrario, “estaremos en las mismas”. “Hay que sacar las convocatorias, poner medios, atender las solicitudes, toda una tramitación que ya debería estar en marcha”.

Y aparte, el retraso en su aprobación ha hecho que el Gobierno castellano-manchego haya trabajado “anticipando” bases de convocatorias que ahora hay que modificar. “Que ahora cambien ciertos condicionantes supone volver a rehacerlo todo”. Así ha sucedido con el borrador del Plan Estratégico de Subvenciones de Fomento. Es un documento global de la Administración autonómica en la cual los distintos órganos gestores tienen que ir previendo aquellas convocatorias de ayudas que van a sacar para arrendamiento, rehabilitación o regeneración urbana, entre otras, pero que se realiza con datos estimativos. El Ejecutivo regional ha pisado el acelerador publicando estas previsiones con antelación y que las previsiones estuvieran hechas, pero “habrá que adecuarlas” cuando se firme el convenio con el Ministerio que dará vigencia al nuevo Plan Estatal.

Lo que sí ha aceptado el Ministerio

Pese a todo ello y al margen de estas cuestiones, el director general de Vivienda ha celebrado que el Gobierno central haya decidido darle carácter nacional a la iniciativa de Castilla-La Mancha, aprobada en el verano de 2016, mediante la cual se amplió hasta el 75% la cobertura de ayudas a rehabilitación en viviendas para personas mayores de 65 años o con algún tipo de discapacidad. Según José Antonio Carrillo, el Ministerio “ha entendido que esa medida no podía quedarse solo en una región” y lo plasmará en el Real Decreto que regulará las normas de convocatorias de estas ayudas.

Otra petición que el Gobierno central ha aceptado del Ejecutivo castellano-manchego es que no haya un número de viviendas mínimo en las ayudas de regeneración urbana (las conocidas como ARRU) para barrios completos o pequeñas poblaciones en su conjunto.

Finalmente, la Junta ha trasladado al Ministerio de Fomento la propuesta de algunas asociaciones de consumidores para que el cálculo de los tipos de interés en préstamos para la adquisición de vivienda protegida se puedan adecuar al mercado. “Ahora mismo hay unos tipos que se manejan al margen del Euríbor y no se benefician por tanto de las condiciones de este índice de referencia”. Esto ha provocado, concluye, que las hipotecas en el mercado libre estén bajas mientras que las de VPO “no tienen esa flexibilidad”.

Una serie de obligaciones vincularán a las entidades financieras para que antes de iniciar una ejecución hipotecaria en Castilla-La Mancha que derive en desahucio, prevean la posibilidad de ofrecer a la persona o personas afectadas una “alternativa habitacional”. Así lo recogerá la futura Ley regional de Vivienda cuyo articulado ya ha finalizado el Gobierno castellano-manchego y que actualmente estudian los servicios jurídicos. El objetivo para su aprobación sigue siendo el año que viene, pero aún tiene que recibir luz verde del Consejo de Gobierno, del Consejo Consultivo, pasar el proceso de información pública e iniciar después su tramitación parlamentaria, un proceso que se puede alargar debido a su complejidad.

Según ha explicado a eldiarioclm.es el director general de Vivienda, José Antonio Carrillo, el texto ya ha sido derivado también a la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ya que buena parte de sus medidas están contempladas en esta iniciativa de Podemos que forma parte de la acción de Gobierno para 2018.

Las situaciones de emergencia habitacional son solo una parte de la nueva normativa, ya que no se trata de una ley ‘ad hoc’ para frenar los desahucios, sino de un cuerpo legislativo completo para regular todos los aspectos en materia de vivienda. Aún así, en la Junta reconocen que este objetivo es uno de los más importantes y que para ello se regularán con rango de ley tanto las Oficinas de Intermediación Hipotearia (‘Antidesahucios’) como una serie de “obligaciones” para que las entidades financieras que vayan a a iniciar una ejecución hipotecaria, prevean antes ofrecer al afectado una alternativa habitacional, “tanto con medios propios como con la colaboración de las administraciones públicas”. La futura ley también establece que si el banco en cuestión se queda con alguna vivienda, aparte de dar una solución a la persona, también “tendría que ofertarla” para la Administración, “no para que se la quede, sino para que la adjudique a alguien que tenga esa necesidad”.

El director general de Vivienda precisa que esta ley parte con la base de que ya ha habido una respuesta del Estado a comunidades autónomas que han legislado contras los desahucios, en forma de recursos ante el Tribunal Constitucional, como ha sucedido recientemente con la Comunidad Valenciana. Por esto, la Junta ha querido conformar una norma con “medidas respetuosas” tanto con los bancos como con la doctrina del Constitucional que ya se está creando y que no entren en esa situación de conflicto con el Estado. Por ejemplo, la apelación a las entidades financieras para que ofrezcan soluciones se ha estudiado para que no sea recurrida, pero “otra cosa es que lo pueda interpretar el Gobierno central”.

Posibilitar la “movilización” de viviendas

De cualquier forma, es también el motivo por el que la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha contempla una serie de acciones previas y mecanismos antes de iniciar un proceso coercitivo (de multas y sanciones, que también establece la norma) hacia constructores, empresas o dueños de viviendas desocupadas. El objetivo, precisa Carrillo, “no es buscar la sanción” sino posibilitar la movilización de las viviendas, ofreciéndoles ayudas a la rehabilitación como las que ya se han ido convocando, o subvenciones para el alquiler, “en vez de tenerlas vacías”. “Ahora, si no se adoptan, sí llegaremos a las multas”, subraya.

Como novedad, la Ley también prevé un censo de viviendas vacías que todavía no existe en la región. En este caso, el Gobierno quiere ir un poco más allá debido a las particularidades de la región y su extenso ámbito rural: ese registro no se centrará en cada uno de los municipios de la comunidad autónoma, sino en aquellos donde haya demanda de vivienda como Ciudad Real, Albacete, Toledo o los del Corredor del Henares, entre otros. Es decir, “aquellas zonas donde hemos acreditado que hay una necesidad de vivienda gracias el registro de demandantes”, ya que “no podemos fomentar la ocupación de viviendas en zonas donde la dinámica poblacional no lo requiere”.

Además, dentro de los inmuebles vacíos, también se diferenciará entre que lo están sin ningún motivo y los que son susceptibles de beneficiarse de los instrumentos de ayudas al alquiler o a la rehabilitación antes mencionada.

Promociones públicas que “se quedaron a medias”

En cuanto a la vivienda social, el Gobierno regional reconoce que la situación económica no permite desarrollar todas las promociones económicas de vivienda que serían deseables. “Lo que estamos intentando esta legislatura, con mucho esfuerzo, es culminar todas aquellas promociones públicas tanto de la Junta como de GICAMAN (Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras) que se dejaron a medias la pasada legislatura y se paralizaron. Antes que hacer nuevas viviendas desde cero, tenemos promociones detectadas que, habiendo también demanda, se quedaron a medio construir y a las que ahora hay que dedicar más recursos públicos porque se han depreciado, desgastado o han sido vandalizadas”. Estas acciones se suman al ‘stock’ “aprovechable” del que ya disponen los bancos y “que tenemos que poner en valor”.

Precisamente, la delegación castellano-manchega de Amnistía Internacional hizo públicas recientemente sus propuestas para garantizar el derecho a la vivienda. A las ayudas al alquiler, la intermediación y a la puesta en valor de los recursos habitacionales públicos, ha añadido otras peticiones como la adopción de un protocolo de coordinación entre juzgados y servicios sociales para que en cuanto exista un proceso de desalojo se contacte con los servicios sociales para garantizar una vivienda adecuada alternativa.

Esta organización ha solicitado igualmente incrementar el parque de vivienda social para hacer frente al volumen de desahucios en la región y realizar un diagnóstico de las necesidades de vivienda de la población, con el fin de “elaborar políticas orientadas a satisfacer las necesidades de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad”. Para ello considera necesario contar con datos desagregados de cuántas personas han perdido la vivienda como resultado de un desalojo; cuántas de ellas son mujeres, menores, personas mayores o personas con discapacidad. Según apunta, tan solo en 2016 hubo 1.018 desahucios de viviendas en alquiler en Castilla-La Mancha y 1.251 desalojos hipotecarios pero se desconoce a cuántas personas afectaron.

Ya hay un borrador completo de la futura Ley regional de Vivienda de Castilla-La Mancha. Desde hace semanas, un equipo de expertos y técnicos están repasando los más de cien artículos que componen el texto legislativo para que pueda remitirse al Consejo de Gobierno y se convierta en anteproyecto. De momento, sigue sin haber plazos fijos, pero el objetivo sigue siendo la presente legislatura, tal y como se comprometió el presidente regional, Emiliano García-Page. Así lo ha explicado a eldiarioclm.es el director general de Vivienda, José Antonio Carrillo, quien ha adelantado que la “complejidad” de la futura ley se debe a que tendrá carácter integral y servirá para dar “soluciones estables” en el tiempo.

El objetivo que se ha marcado el Ejecutivo autonómico es diferente al de otras comunidades autónomas, donde se han aprobado leyes de “emergencia” para el freno de los desahucios y la situación de las viviendas vacías, es decir, en base a una situación coyuntural. En el caso castellano-manchego, la intención es sacar adelante una norma con “perdurabilidad en el tiempo” donde se abordarán medidas contra los desahucios pero también otras cuestiones como la regulación de la compra-venta, las relaciones de consumo y garantías, los seguros, el régimen de vivienda protegida y la calidad en la edificación, dentro de las competencias de la comunidad autónoma.

“Vamos a dar solución a los desahucios, pero también queremos un marco de estabilidad que sirva de cara al futuro; de ahí que hayamos elaborado un cuerpo legislativo denso y de ahí la complejidad y el alargamiento del plazo”, explica el director general. Las situaciones de emergencia, explica, se siguen dando hoy, pero también se pueden dar mañana “y hay que afrontarlas con estabilidad, no tanto dando una respuesta a una coyuntura como ofreciendo soluciones estables”.

Destaca por ello que haya sido una norma “muy participativa” en la que han aportado sus ideas más de 90 colectivos a los que se recibió cuando todavía no había un texto articulado, para que realizaran sus propuestas “sin condicionantes”. Desde el Colegio de Aparejadores, hasta las entidades financieras, los trabajadores sociales, diferentes ayuntamientos y asociaciones de vecinos, ha habido “multitud de aportaciones” que dieron lugar un documento síntesis que ha servido como base para el borrador.

Alegaciones y Plan Estatal de Vivienda

El proceso continuará cuando se termine de pulir el texto, reciba luz verde del Consejo de Gobierno y se abra del proceso de información pública y alegaciones, donde el Gobierno regional prevé seguir “enriqueciendo” la futura Ley de Vivienda. 

La elaboración del borrador de esta ley castellano-manchega se ha producido además mientras se elabora a su vez un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021. De momento, tan solo existe un borrador donde el Ministerio plantea, entre otras cuestiones, una serie de ayudas para personas que han sido objeto de desahucio y que perdieron su vivienda. Desde la Junta explican que se trata de una situación de rescate habitacional que en esta región ya se ha abordado con las denominadas Oficinas Antidesahucios, por lo que en sus alegaciones también piden la regulación de ayudas para evitar que se produzca el embargo de la vivienda. Se trata de peticiones que diferentes colectivos han elevado a la Comisión Regional de Vivienda y que el Ejecutivo regional ha hecho suyas para que el Gobierno central las incorpore al nuevo Plan Estatal.

La futura Ley regional de Vivienda es una de las promesas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizó durante su debate investidura, hace ya dos años, y también una petición muy reiterada desde las diferentes Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comunidad autónoma. El propio jefe del Ejecutivo avanzó que se obligaría a los bancos y a las inmobiliarias a notificar a la Administración regional, antes de que se produzca cualquier desahucio por razones sociales, dicho lanzamiento, y se dotaría al Gobierno de un mecanismo claro de intermediación.

En general, la norma vendrá a completar la política antidesahucios del Ejecutivo castellano-manchego, hasta ahora materializada a través del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, donde se incluyen las Oficinas Antidesahucios, en marcha desde casi hace dos años, y consideradas “insuficientes” desde los colectivos antidesahucios. Es, de hecho, la normativa regional de vivienda una de las demandas que estas plataformas han venido solicitando desde hace años.

Precisamente, la portavoz de la PAH de Toledo y de Castilla-La Mancha, Olga Ávalos, ha confirmado que esas reuniones para hacer aportaciones a la ley se produjeron hace ya un año y que desde este colectivo insistieron en incluir la dación en pago y los rescates habitaciones de urgencia, al igual que en las normas aprobadas en País Vasco y Cataluña. El problema, remarca, es que debe realizarse con la garantía de que no será recurrida por el Tribunal Constitucional, como ha sucedido en el caso catalán, porque si no, “no servirá para nada”.

Desde la Plataforma Antidesahucios denuncia que, mientras, “no se está haciendo nada para ayudar a la gente que se queda en la calle”, sobre todo si no tienen ingresos. Afirman asimismo que algunas Oficinas Antidesahucios han sido “desmanteladas” y que no sirven para los casos “más extremos”.

“Seguimos muy decepcionados e indefensos ante la ley. Llevamos 11 años luchando y no vemos decisiones claras. Somos los primeros que han pedido la ley, pero todavía no hay nada; los bancos no están nerviosos, van a sus anchas, y eso significa que tienen que estarlos los afectados”, concluye.

La situación de las 68 familias que desde hace años viven en un edificio desocupado de Alovera (Guadalajara) y a las que el pasado mes de agosto cortaron el suministro eléctrico, ha llegado hoy a la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha después de que diputado de Podemos, José García Molina, haya preguntado al director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, por esta cuestión. El representante del Gobierno regional ha precisado que las obras para que estas viviendas vuelvan a tener luz comenzarán esta semana, tras el acuerdo que alcanzaron hace ya dos meses Iberdrola y el Banco Sabadell y donde intervino la Junta como administración mediadora.

García Molina ha preguntado por este tema después de que hayan pasado semanas tras el acuerdo alcanzado entre las dos entidades, que aunque teóricamente solucionó los problemas derivados de la adquisición del inmueble, todavía no se ha materializado en la reparación del suministro eléctrico.

“No es que sigan sin luz, sino que siguen sin acometerse las obras”, ha denunciado Molina, que ha señalado que la situación es “digna de la España de Berlanga o el camarote de los hermanos Marx” en el contexto de una acometida que “se ha complicado” porque Iberdrola tiene que facilitar la devolución del suministro eléctrico para que el Foro Social de Viviendas del Banco Sabadell (Sogeviso) pueda realizar las obras de adecuación.

En este sentido, el director general de Vivienda ha resaltado que la actuación no se ha llevado a cabo todavía por “la compleja situación física de los inmuebles”, una afirmación a la que el diputado de Podemos ha respondido que esta reparación “no es tan complicada”, por lo que ha instado a la Junta a “poner orden” y que las familias puedan vivir con normalidad. “Las empresas están para hacer negocio, pero el Gobierno debe velar por la protección de los ciudadanos”, ha concluido.

Estas familias viven en el inmueble de la localidad alcarreña desde hace años y muchas de ellas ya están empadronadas en la localidad y con hijos escolarizados. La mayoría ‘ocuparon’ el inmueble después de haber sido desahuciadas y ante la imposibilidad de poder pagar alquileres sociales.

El edificio cerró en 2008 debido a un conflicto entre el constructor y la entidad financiera. Tras ello, entre 2010 y 2011, varias familias procedieron a ocupar las viviendas. Fue una “obra social” de realojo ante la carencia de viviendas para ellos. Todas sin quedaron sin luz después de que el Banco Sabadell adquiriera el edificio en agosto, un problema que esta entidad solucionó con Iberdrola hace dos meses pero que todavía no se ha materializado.

Propietarios e inquilinos de viviendas propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha están recibiendo notificaciones de la empresa pública castellano-manchega GICAMAN en las que se les conmina a saldar la deuda que mantienen con la Administración regional por el impago de recibos. No se trata de avisos de desahucio, ni de “afán recaudatorio”, sino de una iniciativa llevada a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha para conocer la situación de todos estos particulares y familias. La Junta quiere saber si los impagos se deben a la situación económica que puedan estar atravesando, a la “mala gestión” sobre estas viviendas llevada a cabo por el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal, a ambas cosas, o a otros motivos. En total, la Junta y GICAMAN cuentan en toda la región con unas 11.000 viviendas.

Así lo ha detallado a eldiarioclm.es el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, tras la alarma surgida debido a la recepción de estas misivas. No en vano, se han enviado alrededor de 3.000 notificaciones. En las mismas se avisa a los adjudicatarios del impago de los recibos (en algunos casos de varios meses y en otros, de hasta cuatro años) y se les recuerda que esas viviendas fueron edificadas a cargo de los presupuestos públicos para “aquellas familias que cuentan con menores recursos económicos”.

Se añade en la notificación que por resultar “infructuosos” los intentos de la empresa pública para los pagos, se requiere al adjudicatario para que en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, proceda a regularizar la situación y satisfaga la integridad de la deuda. Afirma GICAMAN que en caso contrario, la Administración puede exigir la resolución del contrato suscrito en su día para la adquisición de la vivienda y procurar la recuperación de la misma, “a fin de destinarla a los fines públicos para los que fue construida”.

No obstante, se informa también de que el requerimiento interrumpe legalmente la prescripción de la deuda (por cuatro años) y apuesta por promover “todas las alternativas posibles” para que se pueda mantener la vivienda adjudicada, mediante un modelo de compromiso de pago en el que se le ofrece la posibilidad de que proponga “el modo de saldar la deuda”. En un caso concreto, esa deuda es de más de 17.000 euros por 43 recibos. El alquiler medio de estas viviendas es de unos 400 euros mensuales más el gasto de la comunidad.

El modo de saldar la deuda se verá “caso por caso”

Esa coletilla sobre “el modo de saldar la deuda” es lo que ha hecho preocuparse a muchas familias. Pero tiene matices. El director general de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, explica que aunque en la carta se les conmina a pagar la deuda, hay muchos casos en los que los impagos se deben a la “mala gestión” que de estas viviendas públicas hizo el Ejecutivo anterior. Apunta que hay gente pagando mensualidades “muy altas” y que se encuentran en una mala situación económica, por lo que quieren revisar “caso por caso” y según las respuestas que vayan recibiendo.

Ante todo, ha destacado que el objetivo es que “mantengan la vivienda” pero que entre los 3.000 casos, habrá situaciones de todo tipo. “En algunos casos, son personas o familias enteras sin empleo, donde podrías ajustar su renta a los ingresos, y en otros, se deberá a la pésima gestión anterior de las viviendas”, explica, añadiendo que ahora necesitan “hacer esa foto fija” de la situación y resolver sus situaciones “una a una”.

“Somos muy sensibles a esta cuestión”, enfatiza el director general, recordando que es la primera vez que la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha se implica directamente en cuestiones sociales, como es el caso de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, también llamadas ‘Antidesahucios’. “Hay que poner fin a esta situación y lo haremos viendo la particularidades”, remarca.

De hecho, dice que la Consejería de Fomento ha pedido colaboración a los ayuntamientos de los municipios donde se encuentran estas viviendas para que pongan sus servicios sociales a disposición de aquellos adjudicatarios que se encuentran en una situación desfavorecida. “Queremos trabajar con los ayuntamientos, asociaciones vecinales y ONG implicadas para ver los casos y ofrecer soluciones sociales”. De momento, la Junta ya estudia algunas medidas como un plan de acompañamiento y otro de mejora de la gestión de los inmuebles.

“Va a haber un diálogo constante y un plan adecuado a cada situación”

“Hemos abierto un melón que llevaba mucho tiempo cerrado, pero nuestro afán no es recaudatorio. Esto perjudica a todos y nosotros queremos ayudar a la gente, va a haber un diálogo constante, un plan adecuado a cada situación y es importante que las familias sepan que estamos ahí y que lo vamos a resolver”, ha concluido.

GICAMAN es la empresa pública de infraestructuras de Castilla-La Mancha. Al finalizar la legislatura de la expresidenta María Dolores de Cospedal acumulaba más de 162 millones de euros de euros de deuda. Pese a que otras empresas públicas y organismos dependientes de la Junta fueron liquidados durante la legislatura del PP, GICAMAN se mantuvo mucha menor actividad que antes y una importante reducción de plantilla.

Con el cambio de Gobierno al PSOE, el proyecto de los Presupuestos de la Junta para el presente año ha presupuestado una nueva subvención para esta empresa pública con el objetivo de contrarrestar un resultado negativo previsto de 3,6 millones. En total en este ejercicio recibirá, según el presupuesto, unas subvenciones y transferencias de la Junta por 11.744.000 euros para sostener su actividad.