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Las viviendas de uso turístico de la región disponen ya de un año para su registro y regulación

Se ha publicado en el Diario Oficial el decreto que regula tanto esta modalidad como los apartamentos turísticos

Establece una serie de requisitos que busca poner fin al problema de legalidad que existe desde 2011

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EFE

Ya se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) el decreto por el que se regulan  los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico (conocidas como VUT) en esta comunidad autónoma, que recibió luz verde del Consejo de Gobierno hace dos semanas. En el mismo, además de detallarse  los requisitos que se exigirían a los apartamentos también se regula la figura de las viviendas turísticas, modalidad de carácter residencial aupada por sistemas colaborativos como Airbnb y de gran importancia para ciudades como Toledo y Cuenca.

En general, el decreto regional pone fin al problema de legalidad que existía desde 2011 cuando se derogó la normativa estatal. Es la primera vez que Castilla-La Mancha regula esta materia ante el aumento exponencial de las viviendas alquiladas para turistas, que se han regido hasta ahora por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Mediante el nuevo decreto se establecen unos requisitos mínimos para establecer qué es una vivienda de uso turístico y que obligará también a su registro para conocer qué pisos se están utilizando para esa finalidad. Según la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, con ello se conocerán nuevos datos de pernoctaciones, “más reales de los que tenemos ahora” porque se han configurado a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) incluyendo solamente, por un lado, alojamientos hoteleros, y por otro, cifras extrahoteleras sobre campings, casas rurales y apartamentos turísticos.

Los propietarios de las VUT deberán ahora inscribirse en un registro y darse de alta como empresarios turísticos, es decir, declarar el uso de esa vivienda. Recuerda el Gobierno castellano-manchega que se trata de un sector que ya cuenta con asociaciones de empresas y colectivos debido a su proliferación, quienes además han participado en la elaboración del decreto.

¿Por qué solamente unos requisitos mínimos para esas viviendas de uso turístico? La directora general ha explicado que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado permite ordenar el sector como actividad económica para darle seguridad jurídica, pero no restringirlo ni intervenirlo con medidas prohibitivas. De hecho, esta modalidad no requerirá de las categorías por llaves (como las estrellas de un hotel) que sí se exigirán a los apartamentos turísticos. En el decreto simplemente se requiere que reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad y que dispongan de garantías de confort, como en casas rurales y hoteles. Eso sí, los vecinos podrán saber si hay una VUT en su edificio porque se obligará a poner una placa identificativa.

El caso especial de Toledo

La urgencia del decreto es evidente. Desde el Ayuntamiento de Toledo, su concejal de Urbanismo, Teo García, ha subrayado que “sin regulación regional no tenemos instrumentos y sí dificultades para asentar algunas cuestiones” en cuanto a las VUT. Todo lo que se pueda llevar a cabo desde el punto de vista urbanístico (que es competencia municipal) necesitaría el amparo legal autonómico que ahora dará este decreto, con la intención de mantener un equilibrio entre la eclosión de las VUT, las demandas del sector hotelero y los residentes del casco histórico.

Solo en la capital castellano-manchega, el  número de estas viviendas turísticasque se pueden identificar en el portal de Airbnb alcanza ya las 426 (datos del mes de mayo), con una capacidad de 1.878 plazas. Una cifra que supone el 42% del total de las plazas hoteleras que hay en la ciudad: 4.433 plazas y 2.226 habitaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de abril de 2018.

A partir de ahora, todas las viviendas de uso turístico de Castilla-La Mancha disponen de un año de plazo para adaptarse a la nueva regulación. En las alegaciones presentadas, diferentes colectivos pidieron su modificación tanto por exceso como por defecto, pero finalmente se ha mantenido el mismo plazo. Ahora queda por saber si la normativa autonómica dará o no amparo legal a los ayuntamientos para incluir más requisitos o si tendrán que atenerse exclusivamente al texto del decreto.

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