Tindouf está en Argelia. Allí se asientan temporalmente miles de saharauis en mitad del desierto del Sáhara, en mitad de la nada, en mitad del olvido. Viven mayoritariamente en jaimas, sin luz eléctrica ni agua potable, resistiendo gracias a la ayuda humanitaria internacional porque carecen de los recursos más básicos. Sus campamentos de refugiados son la antítesis de la vida cómoda del mundo desarrollado y el castigo para quienes, día tras día, siguen esperando la tan ansiada noticia que les permita volver a su única y verdadera casa. Esa espera dura cincuenta y un años, pero nunca han olvidado el camino de retorno.

Mientras tanto, la mirada de muchos niños y niñas se pierde a través de la verja que constituye ese desierto, prisioneros en el espacio y el tiempo. Crecen con las historias que les narran sus progenitores y abuelos, experiencias personales que cada uno guarda con nostalgia en su particular y endeble caja de cartón, llamada recuerdos. La edad de la inocencia, de descubrir, experimentar, reír, soñar y jugar es una etapa caracterizada por un inmenso vacío de bienestar y una sensación de rutina diaria, que les condena a crecer sin expectativas presentes ni futuras.

El programa de acogida temporal Vacaciones en Paz nació en la Transición, gracias a la colaboración entre el Partido Comunista de España y el Frente Polisario, y permitió la llegada de los primeros niños y niñas saharauis a determinados lugares del territorio español en el verano de 1979. Cuatro años antes, el Gobierno de Franco entregó el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, que lo invadieron y ocuparon, obligando a los saharauis a iniciar un éxodo. El destino final fue Tindouf. Desde entonces, su población adquirió el estatuto de refugiado y los niños y niñas de distintas generaciones que nacieron y viven allí son la herencia de un pueblo que resiste.

Este proyecto no constituye unas vacaciones como las que disfruta el alumnado de nuestro país. Tampoco un viaje de placer ni mucho menos un premio por haber aprobado un curso académico. Todo lo contrario. Se trata de una oportunidad única para arrancar a esos menores de los brazos y el corazón del desierto argelino y de sus condiciones extremas, salir de un marco geográfico donde reciben el castigo diario de las altas temperaturas y desprenderse temporalmente de la pesada mochila del sentimiento de no pertenecer a ningún lado porque a nadie le interesa su pueblo, salvo para explotar sus recursos minerales y pesqueros.

El objetivo es que, durante unas semanas, tengan una infancia acorde con su edad y con todo lo básico que necesitan, pero también que la experiencia les sirva como aprendizaje y crecimiento personal. Los meses de julio y agosto de cada año marcan la oportunidad de salir de su particular isla, rodeada de arena, donde sus abuelos, madres y padres llevan varados durante décadas, soportando sus frustraciones. Solo esperan que su estirpe no continúe con esa pesada herencia.

Año tras año, las familias que acogen a esos menores demuestran que ese período del desarrollo infantil está por encima de cualquier ideología y marco político, abriendo sus casas para integrarlos en sus respectivas familias y fomentando que se relacionen con otros niños y niñas de su edad, que los reciben con los brazos abiertos. Además, este caso está justificado porque los saharauis se han convertido en apátridas y sufren la represión constante de Marruecos. Esas familias hablan desde el corazón y se suman al mensaje internacional que demanda un Sáhara Occidental libre, así como que se proteja a esos menores para que no vivan en condiciones infrahumanas.

Cuando se comprende esa realidad adversa y se tiene conciencia de hasta dónde llega su sufrimiento, entonces se asimila que hay que tomar partido en esta causa. El camino es formar una voz colectiva que, una vez tras otra, reclame que esos niños y niñas deben crecer de una manera sana y bajo el paraguas del cumplimiento de los derechos que los ampara, cuyos pilares constan en la Convención de los Derechos del Niño (1989), adoptada por Naciones Unidas.

Esto ha desembocado en una red de familias por todo el territorio español, que aúnan esfuerzos y voluntades para ayudar y reconfortar a estos menores, que necesitan mucho más que cariño. El resultado es un compromiso con la libertad y los derechos básicos, sobre todo la dignidad, que perdura en el tiempo y crea un vínculo que, en muchas ocasiones, les permite regresar verano tras verano con la misma familia. Cada una simboliza un triunfo frente al olvido de esos pequeños, demostrándoles que no están solos, a pesar de la lejanía geográfica, porque cualquier apoyo moral es un pilar básico para seguir adelante.

Asimismo, Vacaciones en Paz en una denuncia pública sobre la situación del pueblo saharaui, que sigue a la espera de la aprobación de un referéndum de autodeterminación que no llega y donde la ONU y el Gobierno español se han lavado las manos. Aquí, en el primer mundo, estamos acostumbrados a los desahucios por el impago de una hipoteca; ponemos el grito en el cielo cuando una familia se va a la calle. Los saharauis fueron desahuciados de su tierra para que otros países se la apropiaran; los abandonamos a su suerte porque ya no eran rentables para los intereses de la antigua metrópoli.

Hace unos años, una amiga me comentó la historia de uno de esos niños acogidos en la Península. Se sentó en la orilla de una playa. Permaneció inmóvil durante horas, mirando fijamente aquella masa de agua que tenía enfrente. Nunca había visto el mar, una extensión azul tan grande como inabarcable. No sabía qué era una ola ni su movimiento envolvente, suave al principio, furioso y dominante al final. Desconocía el olor a sal. Quiero pensar que cuando ese niño, quizás ya adulto, se siente derrotado en los infernales días en el Tindouf, cierra los ojos y recuerda aquel instante, símbolo de la libertad.

El Frente Polisario ha anunciado la muerte este domingo en combate del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador de la organización independentista y miembro de su Secretariado Nacional, quien cayó “mártir en la contienda” contra Marruecos junto a otros dos combatientes.

Las fuerzas armadas saharauis han difundido un comunicado en el que no especifican las circunstancias de las muertes ni detallan la identidad de las otras dos personas fallecidas. El País ha confirmado, citando fuentes de su organización, que un ataque marroquí con drones ha matado al dirigente saharahui.

Lahbib Mohamed Abdelaziz es hijo del expresidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) e histórico líder del Polisario Mohamed Abdelaziz, muerto en mayo de 2016, a los 68 años de edad tras una larga enfermedad, y que llevó la lucha por la independencia saharaui de los campos de batalla a los pasillos de la ONU.

Abdelaziz nació en 1989 en los campamentos saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia), era licenciado en Relaciones Internacionales y se incorporó al Ejército de Liberación Popular Saharaui –que lucha por la independencia del Sáhara Occidental de Marruecos– en noviembre de 2011.

Ocupó diversos cargos en las estructuras políticas y militares saharauis hasta llegar a ser miembro del Estado Mayor General del Ejército y director central de formación.

Casado y padre de tres hijos, fue nombrado comandante de la primera brigada de campaña de las fuerzas armadas saharauis en 2024 y elegido miembro del Secretariado Nacional en el XVI Congreso del Frente Polisario.

En la zona este del Sáhara se vive una situación de tensión desde 2020 cuando las tropas marroquíes penetraran en el área desmilitarizada de Guerguerat, que separa Mauritania de los territorios del Sáhara, para desmantelar una sentada de activistas saharauis que bloquearon la única carretera que conecta Marruecos con los países subsaharianos.

El Polisario consideró que la acción marroquí suponía una ruptura del acuerdo de alto el fuego firmado bajo los auspicios de la ONU en 1991, y emprendió operaciones militares contra el muro levantado por Marruecos en el Sáhara Occidental para blindar su control sobre el 80% del territorio saharaui que se encuentra bajo su administración.

Marruecos respondió principalmente con bombardeos de drones contra las fuerzas independentistas cuando intentaban acceder al territorio disputado.

Las franjas este y sur del Sáhara Occidental, que suponen el 20% del territorio, son para el Polisario parte de sus “territorios liberados”, mientras que la ONU las llama “zona colchón” (obligatoriamente desmilitarizada).

En escasos días se cumplen cinco décadas desde que Marruecos invadiera el territorio del Sáhara Occidental.

Aunque oficialmente, desde un punto de vista simbólico, se escogiese el 6 de noviembre para escenificar, o mejor dicho, teatralizar lo que verdaderamente supuso el inicio de la condena al pueblo del Sáhara Occidental; la realidad del pueblo saharaui había empezado a cambiar drásticamente desde aquel 31 de octubre de 1975.

Marruecos invadió, y posteriormente ocupó, el territorio del Sáhara Occidental con el apoyo, la connivencia y la ayuda directa de actores con gran relevancia en el escenario político internacional del momento -y de la actualidad-.

Obviaron, así, el derecho a la autodeterminación e independencia que el pueblo saharaui tenía reconocido por la Organización de las Naciones Unidas desde 1963. Decidieron, por el contrario, tergiversar el contenido del dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia, y otorgarse por la fuerza aquello que el Derecho jamás les ha reconocido.

Desde ese momento, el destino del pueblo saharaui cambió para siempre. Desde ese momento, se enfrentaría al exilio, la ocupación, las guerras, la obstaculización constante de un proceso de descolonización inconcluso, el expolio de sus recursos naturales, incesantes intentos de imposición sutil o directa de soluciones contrarias a sus derechos y, de manera más acuciada en los últimos tres años, un cambio de posicionamiento por parte de varios países europeos que choca frontalmente con el apoyo incondicional ofrecido al pueblo palestino y sus pretensiones.

Especialmente sorprendente por su condición -todavía- de potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental resulta la falta de coherencia evidenciada por parte del Gobierno de España en materia de Derechos Humanos.

Con todo, el pueblo saharaui demostró -y sigue demostrando- una enorme capacidad de resistencia y resiliencia, una unión férrea en torno a su legítimo representante -acentuada muy notablemente en los momentos más delicados-, la construcción de un Estado en el exilio y el escrupuloso respeto al fin último por el que sigue luchando medio siglo después.

Tras la ocupación, el pueblo saharaui enfrentaría la más dura represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, vulneraciones sistemáticas de las libertades individuales. Marruecos convirtió así el territorio ocupado del Sáhara Occidental en una cárcel a cielo abierto, en un escenario de impunidad donde negar la existencia del pueblo saharaui mediante todos los medios posibles.

No obstante, a pesar de la ferocidad del régimen de ocupación, la RASD como actor prominente en África, las victorias irrebatibles en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la legitimidad indiscutible del Frente Polisario como único representante, el reconocimiento en el ámbito internacional constituyen pruebas irrefutables de la fortaleza de un pueblo para enfrentar la ocupación hasta la consecución de un Sáhara Occidental libre e independiente.

Por tanto, y pese al contexto internacional cada vez más incierto, la cautela, el convencimiento y la determinación, sin lugar a dudas, serán elementos decisivos en el futuro próximo del Sáhara Occidental.

Así, para el pueblo del Sáhara Occidental, como para el resto de pueblos que luchan por el efectivo ejercicio de sus legítimos derechos, la unión como herramienta para resistir no se erige como una opción sino como una obligación.

Obligación asignada y asumida a partes iguales, que en fechas como las que se aproximan, conviene tener presente. Especialmente, ante las filtraciones de las últimas semanas, y a las cuales habrá que prestar especial atención a su devenir.

Todas ellas apuntaban a un intento de Estados Unidos de imponer la aprobación de una resolución por parte del Consejo de Seguridad que abogase por la autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos como la única solución posible al conflicto.

Sea cual fuere, procede recordar que la historia ha demostrado sobradamente que no existe fórmula que pueda resultar impuesta a ninguna nación. Toda nación tiene el derecho y el deber de decidir consecuentemente su futuro. No hay nada más democrático, legal y justo.

Solo de este modo, cualquier solución resultará justa y duradera, porque de ser impuesta por actores externos, únicamente puede tener el mismo destino que el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos aplicable al Sáhara Occidental: el fracaso.

La justicia europea confirma la anulación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos porque vulneró los derechos del pueblo saharaui al no tener en cuenta el principio de autodeterminación. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) concluye que el consentimiento del Sáhara Occidental a los acuerdos comerciales, dado que afectan a los recursos naturales y las aguas adyacentes al territorio, “no puede presumirse”. En el caso de la liberalización de los productos agrícolas, los jueces de Luxemburgo avalan su aplicación durante doce meses más para evitar “consecuencias negativas graves para la acción exterior” de la UE. A partir de ahora, se tendrá que explicitar la procedencia del Sáhara Occidental y no de Marruecos en los productos, como melones o tomates, recolectados en ese territorio.

El acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, que afecta especialmente a los pescadores de Andalucía, Canarias y Galicia, lleva suspendido desde julio de 2023 a raíz de la sentencia que el Tribunal General de la UE (TGUE) dictó dos años antes. Aquel fallo anuló tanto ese convenio, firmado en 2019, como el acuerdo de asociación con el país norteafricano -que afecta al comercio de alimentos como los tomates- dado que no se habían tenido en cuenta los intereses de la población saharaui, en cuyas costas están los caladeros de los que se benefician los barcos comunitarios.

El Frente Polisario elevó la queja a Luxemburgo dado que no se había respetado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. La sentencia comunitaria concluyó que, en la medida que los acuerdos se aplican expresamente al Sáhara Occidental y afectan al pueblo de dicho territorio, requerían que se obtuviera su consentimiento. Y consideraba al Frente Polisario como un interlocutor válido en calidad de representante de los saharauis. El Consejo de la UE -donde están representados los gobiernos de los 27- y la Comisión Europea recurrieron el fallo ante el TJUE, que ha rechazado los recursos y confirmado la anulación de los acuerdos. La sentencia pone fin al litigio “definitivamente”.

“El Tribunal de Justicia confirma la anulación de las decisiones del Consejo por parte del Tribunal General. La relativa al Acuerdo de pesca expiró en julio de 2023 y, por tanto, ya [ha] dejado de surtir efecto. Por lo que atañe al Acuerdo sobre medidas de liberalización en materia de productos agrícolas, el Tribunal de Justicia mantiene, por un período de doce meses a partir de hoy, los efectos de la decisión del Consejo, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica”, señala el TJUE en un comunicado.

Los jueces de Luxemburgo dejan claro que el pueblo saharaui no dio su consentimiento a los acuerdos comerciales. A pesar de que la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior de la UE llevaron a cabo consultas, no se dirigieron al pueblo del Sáhara Occidental, sino a la población que actualmente habita el territorio y que no es el “único titular del derecho a la autodeterminación”. El TJUE recuerda que una gran parte del pueblo saharaui vive en el exilio desde la década de los 60.

En lo que difiere el TJUE de la instancia anterior es en la fórmula del consentimiento y establece la jurisprudencia de cara a futuros acuerdos. Así, señala que no tiene por qué otorgarse de manera explícita si se dan algunos requisitos. “Puede considerarse que se ha obtenido ese consentimiento cuando el acuerdo de que se trata no crea obligaciones para ese pueblo y prevé en favor de este último una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio, debiendo, además, esa ventaja ser proporcional a la importancia de dicha explotación. Si se cumplen esos requisitos, el hecho de que un movimiento que se presenta como el representante legítimo de dicho pueblo se oponga a ese acuerdo no puede, como tal, bastar para cuestionar la existencia del consentimiento que se presume”, señala el TJUE.

Fuentes citadas por la Agencia EFE ven factible una nueva negociación con Marruecos para esos acuerdos si se explicitan las ventajas de los mismos para el territorio del Sáhara Occidental: “La sentencia considera que no se recabó adecuadamente el consentimiento, pero en dos pronunciamientos importantes señala que el consentimiento puede presumirse cuando el acuerdo no genera obligaciones y sí ventajas precisas y claras para el Sáhara Occidental. Además, y en relación con los acuerdos anulados, el TJUE constata que efectivamente no se creaban indebidamente estas obligaciones”.

El Fórum Canario Saharaui ha expresado, a través de un comunicado, “su más enérgica condena ante un nuevo episodio, el enésimo, relacionado con la estancia en Logroño en 2021 de Brahim Ghali, con objeto de recuperarse de Covid-19”. Así, el Fórum hace referencia a la intención del Gobierno de La Rioja de reclamar judicialmente las costas derivadas de la hospitalización de Ghali y que superan los 45.500 euros. “Dejó una factura de 45.658 euros que permanece impagada, un hecho que consideramos inaceptable y una burla a la transparencia y justicia que deben prevalecer en nuestro sistema”. “Ya resultaba bochornoso que Brahim Ghali utilizase identidades falsas para entrar ilegalmente en España con objeto de mantener en secreto dicha estancia, y que esta fraudulenta entrada estuviese pre acordada con las autoridades estatales, autonómicas y locales en una trama organizada a distintos niveles para su posterior tratamiento médico”, han añadido.

Además, el Fórum ha indicado que “es más bochornoso aún si cabe cuando se demostró posteriormente que dicha falsedad documental se amplió durante los trámites administrativos previa admisión al hospital, firma falsificada incluida”. Capítulo aparte merecen “las irregularidades que se cometieron durante su toma de declaración telemática para la Audiencia Nacional en relación a las querellas pendientes por delitos de lesa humanidad”. Pero lo que “resulta inaudito es que, sumativo a todo lo anterior, el ínclito Ghali perpetre un 'sinpa' de proporciones bíblicas cercano a los 50.000 euros que repercuten sobre los impuestos de todos los ciudadanos”.

“Es indignante” que Brahim Ghali, “utilizando identidades falsas, haya recibido tratamiento en el Hospital San Pedro de Logroño sin asumir los costos correspondientes. Algo que, por otra parte, a cualquiera que conozca bien al personaje no le debería de sorprender”. Este episodio, “permitido por la complicidad de ciertas autoridades evidencia una total falta de control y rigor, poniendo en el foco la cuestión de la rendición de cuentas y la falta de transparencia en la gestión gubernamental del anterior gobierno autonómico de Concha Andreu”.

Además, las autoridades que han permitido y “ocultado posteriormente estas irregularidades, deben ser investigados y dar explicaciones tanto por su acción en relación a la estancia de Ghali, como por su inacción posterior ocultando esta deuda a la opinión pública bajo motivos inconfesables”. Es “inadmisible” que, tras múltiples reclamaciones y procedimientos administrativos, “el cobro de esta deuda se ocultase y siga sin resolverse, afectando a los recursos públicos y la confianza ciudadana en nuestras instituciones”.

El Fórum Canario Saharaui exige que se emprendan “todas las acciones legales necesarias para recuperar el dinero adeudado y que se depuren responsabilidades entre quienes facilitaron y encubrieron las actividades fraudulentas vinculadas a Brahim Ghali”. Asimismo, “instamos a las autoridades competentes a garantizar que situaciones como esta no se repitan, protegiendo los intereses de los ciudadanos y manteniendo la integridad de nuestro sistema judicial y administrativo”.

Por último, “esperamos que este vergonzoso episodio de estafa hospitalaria, sea incluido en la causa que permanece abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza”. Actualmente, el juez que lleva la causa “sigue esperando sin éxito la respuesta de la comisión rogatoria enviada a Argelia, decretando la busca y captura del hijo de Ghali como uno de los principales sospechosos de la trama. Pero como se acaba de demostrar, a este caso le siguen apareciendo numerosas aristas”.

El Gobierno de La Rioja reclama judicialmente el pago de los 45.658 euros, intereses incluidos, al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por los 44 días que estuvo ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño. Ghali ingresó en el hospital riojano el 18 de abril de 2021 para ser tratado de coronavirus donde permaneció hasta el 1 de junio. Desde el Ejecutivo regional confirman a Rioja2 que “en el momento del ingreso, Ghali firmó un documento en el que se reconocía que se iba a generar una deuda que tenía que pagar. Al ser extranjero, no tiene derecho a asistencia sanitaria aunque se les atiende, atención que posteriormente deben pagar”.

Desde el Gobierno de La Rioja afean la “inacción” del anterior equipo de Gobierno regional“ liderado por Andreu en la gestión de este asunto. Y es que el Ejecutivo socialista, explican ”emitió una factura el 7 de julio de 2021 a nombre de Mohamed Benbatouche, nombre falso y facilitado en el momento del ingreso por cantidad adeudada. El 2 de septiembre de 2021, y agotados los trámites administrativos ordinarios de gestión administrativa que el Hospital San Pedro tiene encomendados para realizar los cobros por servicios prestados a terceros, se remitió el caso a la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Es entonces cuando “se tiene conocimiento oficial por los Servicios Jurídicos de que la persona que fue objeto de atención sanitaria no responde al nombre que consta en la factura”. Se emite una nueva factura, esta vez a nombre de Brahim Ghali. Pero hay otro problema, no se conoce el domicilio de líder del Frente Polisario y se “procede a recabar dichos datos a través de los organismos estatales competentes. Una vez comunicado el domicilio por los organismos estatales competentes, se emite la factura con fecha 28 de diciembre de 2022 a nombre de Brahim Ghali por un importe 45.658 euros”. Y en marzo de 2023, agotada la gestión administrativa, se remite a la Dirección General de Servicios Jurídicos el expediente de la factura para iniciar las actuaciones y reclamar el cobro. Y una vez que el Gobierno de La Rioja tiene constancia del supuesto domicilio oficial de Ghali en España, ya se puede iniciar la reclamación judicial.

Conflicto diplomático

El traslado del líder del frente polisario al hospital riojano estuvo envuelto de polémica y de hecho desencadenó un conflicto diplomático. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque evitó aclarar si fue él quién autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, justificó su traslado a Logroño por razones humanitarias. “Hubo una petición humanitaria para salvar una vida a una persona que estaba a punto de morir” además de defender que se actuó “conforme a la Ley”.

Aquellos días, fuentes diplomáticas explicaron que Ghali, el líder de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se encontraba en España por “razones estrictamente humanitarias”, pero lo cierto es que su llegada desencadenó una importante crisis diplomática y migratoria con Marruecos, país enfrentado a Argelia por el conflicto del Sáhara Occidental. Y es que la Audiencia Nacional había citado en 2016 a Ghali en calidad de investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia), por lo que su entrada en España, realizada de forma secreta, enfadó a Marruecos, que abrió las fronteras y permitió la entrada de una oleada de inmigrantes a Ceuta. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya fue cesada por esta crisis en julio de 2021.

Además, un juzgado de Zaragoza inició una investigación sobre este asunto, toda vez que Ghali ingresó al país sin pasar por controles de frontera, ni de documentación y que se identificó en el Hospital San Pedro con otra identidad. González Laya fue imputada y en su declaración aseguró que su entrada fue legal y que las autoridades argelinas le habían avisado de que Ghali portaba un pasaporte diplomático argelino.

También fueron citados a declarar, entre otros, el jefe de de la Oficina de Presidencia de La Rioja del Gobierno de Concha Andreu, Eliseo Sastre, y el gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente. Sastre explicó que la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, le dijo el 16 de abril que se pusiera en contacto con el jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino --también imputado en esta causa-- para localizar una habitación en el Hospital San Pedro y que se enteró de su identidad por la prensa días después. Una declaración que coincidía con la de Lafuente. Un año después, la Audiencia Provincial de Zaragoza debe decidir si mantiene la imputación contra González Laya y la relación de España con Marruecos y Argelia ha cambiado radicalmente, tras el giro de Pedro Sánchez al mostrar su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara y negar así su derecho a la autodeterminación.

Así están las cosas tres años después de la llegada de Brahim Ghali a Logroño. El Gobierno de La Rioja le reclama los más de 45.000 euros que dejó de deuda tras su estancia durante 44 días en el Hospital San Pedro de Logroño.

De partida, todos aspiramos a la plena coherencia entre nuestros actos y los valores y principios que decimos que nos definen y alumbran nuestro comportamiento. Pero cuando se entrecruzan los intereses que defendemos, tanto los legítimos como los que no lo son tanto, la cuestión se suele complicar sin remedio. Y eso es lo que parece estar ocurriéndole al Gobierno español cuando no encuentra la manera de esconder su incoherencia ante la indiscutible doble vara de medida que emplea cuando se refiere al Territorio Ocupado Palestino y cuando lo hace sobre el Sahara Occidental.

Por supuesto, siempre se puede aducir, con razón, que se trata de asuntos distintos y con particularidades que es necesario tener muy en cuenta. En el primer caso se trata de un territorio ocupado por Israel desde 1967, con el derecho internacional reconociendo al pueblo que lo habita el derecho a la resistencia armada contra la potencia ocupante y su legítima aspiración de tener algún día un Estado propio (tal como ya recogía el incumplido Plan de Partición de la ONU de 1947).

En el segundo, se trata de un territorio ocupado en un 80% por Marruecos, identificado por la ONU como sujeto a descolonización, con un plan de paz que contempla (desde 1991) la celebración de un referéndum de autodeterminación que nunca se ha podido llevar a cabo por la férrea oposición marroquí.

En ambos casos hay razones suficientes para, alineados con lo que establece el derecho internacional, respaldar la creación de un Estado palestino, la celebración del mencionado referéndum saharaui y la crítica sin paños calientes a quienes –sea Tel Aviv o Rabat– incumplen sus obligaciones como ocupantes y violan el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Y de ningún modo adoptar esa actitud convierte a quienes se atrevan políticamente a hacerlo en cómplices del terrorismo internacional o en enemigos de un pueblo o de una religión. De ahí que más que señalar a los que muestran esa voluntad política, habría que hacerlo con los que prefieren mirar para otro lado cuando se está conculcando la voluntad popular y las normas éticas y jurídicas más básicas que nos definen como humanos y demócratas.

Sin embargo, es bien visible que el Gobierno español está adoptando posiciones distintas en un caso y en otro, aunque eso suponga quedar en evidencia. En el caso palestino es inmediato entender que la valentía política mostrada por el presidente del Gobierno (sólo en comparación con la pasividad y el ensimismamiento de la mayoría de sus homólogos en el marco de la Unión Europea) se debe a razones de oportunidad política.

En primer lugar, se alinea con lo ya dicho por otros mandatarios como el secretario general de la ONU o el Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, tomando simplemente al derecho internacional como vara de medida para enjuiciar los comportamientos de los actores implicados en el conflicto. Además, se suma al sentir mayoritario de la sociedad española, no sólo por las simpatías emocionales que pueda suscitar la causa palestina, sino también por el deterioro que ha ido acumulando Israel como consecuencia de la política de fuerza bruta ejercida por sus gobiernos.

Igualmente, expresa el amplio consenso político entre los miembros de la actual coalición gubernamental, sin que en esta ocasión los intereses económicos –con unos intercambios comerciales que en el pasado año se elevaron hasta los 3.200 millones de euros, con un notable superávit a favor de España– hayan sido un factor determinante. Por último, conviene recordar que hasta ahora todo se resume en gestos, sin que las declaraciones hayan ido acompañadas de decisiones diplomáticas y/o económicas.

En el caso saharaui, por el contrario, lo que ha primado es la defensa de intereses. Hace tiempo ya que ha quedado claro que la política de vecindad con Marruecos viene determinada por la moderación a toda costa, tratando de evitar (sin lograrlo) los exabruptos de Rabat. Una actitud que deriva de asumir que Marruecos tiene no sólo la sartén por el mango, sino la sartén entera; es decir, que puede provocar prácticamente a su antojo una crisis jugando sin ningún reparo con las desgracias de su propia población y de quienes de manera irregular se encuentran de tránsito en su territorio, simplemente dejando hacer a las mafias que trafican con personas.

Si a eso se une la necesidad de contar con su colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo yihadista, más el potencial desestabilizador de los contenciosos territoriales que Rabat modula a su gusto, se entiende que España haya optado por pagar el peaje de alinearse con su vecino del sur en su pretensión de ver reconocida su soberanía sobre lo que denomina las “provincias del Sur”.

Un cálculo que no toma en cuenta el abrumadoramente mayoritario apoyo social a la causa saharaui, ni la responsabilidad histórica de España como potencia administradora, ni los mismos valores y principios que emplea para explicar su posición respecto a los palestinos.

En definitiva, cabría incluso aventurar que en el ámbito diplomático hay una relación inversa que determina que a mayor distancia geográfica del asunto a tratar, menor nivel de incoherencia cabe esperar entre los intereses y los principios, y viceversa. El problema es que actuando de ese modo, además de hacer visible esa incoherencia, nada permite imaginar que Israel vaya a modificar su rumbo belicista, ni que podamos garantizar que Marruecos vaya a ajustarse a lo que nosotros se supone que queremos. Todo ello mientras tanto palestinos como saharauis quedan en la estacada.

7 de julio: El Frente Polisario ofrece a pescadores licencias para faenar en aguas del Sáhara Occidental ante el inminente final del acuerdo entre la UE y Marruecos, algo que el portavoz del sector en las islas, David Pavón, califica como ilusionante. 17 de julio: Expira el pacto entre los 27 y Rabat, cuya renovación queda pendiente de que el máximo órgano judicial europeo ratifique o revoque la sentencia que anuló cualquier negociación sobre los recursos del Sáhara Occidental sin contar con su representante legal. En otras palabras, el reino alauí no puede explotar ni vender los recursos del territorio autónomo pendiente de descolonización, si la Corte de Justicia europea no dice lo contrario. La respuesta del lado marroquí no se hizo esperar: el mismo día, Israel reconoció la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental, siguiendo el mismo camino que Estados Unidos y el giro de posición del Gobierno de España.

En un escenario en el que Marruecos ha acelerado su ofensiva para que se reconozca al Sáhara como una provincia de su reino y más países apoyen esta vía como la solución “más realista” a un conflicto enquistados durante casi 50 años, ¿qué implicaciones tiene el final del acuerdo de pesca con la UE? “Legalmente, la UE ya no puede negociar con Marruecos si se confirma la sentencia”, explica Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, que lleva 30 años trabajando el conflicto. El Polisario, como representante legal del pueblo saharaui que administra el 20% del espacio terrestre, ha conseguido un reconocimiento por la vía del derecho que no ha logrado por el camino diplomático ni las armas.

“Es un proceso lento y muy largo, ha durado casi 11 años. Se han ido agotando todas las vías y ha llegado a la sentencia en casación. Las anteriores permitían recursos, pero esta última no. Y renovar el acuerdo de pesca sería una violación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, explica Soroeta. Si se ratifica en la Corte de Justicia, se confirmaría que el único actor que tiene capacidad para negociar con la UE sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental es el Frente Polisario. Así, la opción de conceder licencias de pesca en su territorio es una opción que defendió Abdulah Arabi, representate del Frente Polisario en España, y Gilles Devers, su abogado ante las instancias europeas, durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria.

El encuentro inédito entre el sector pesquero de las islas -representado por David Pavón, presidente de la Federación Regional de Cofradías en Canarias- y el Frente Polisario fue organizado por Carmelo Ramírez. El consejero de Solidaridad Internacional y Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria ha estado vinculado en la defensa de la causa saharaui desde la época colonial por los lazos históricos entre ambas comunidades. Fruto de esa reunión, Arabi propuso otorgar licencias de pesca directas de un año de duración para “salvaguardar los intereses de los pescadores canarios y sus familias” que no puedan faenar en las aguas del Sáhara por el final del acuerdo. En este sentido, reconoció que dichos permisos tendrían que ser aprobados por el Gobierno de España, algo que rechazó de forma inmediata Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Pavón es favorable a que se negocie un nuevo acuerdo pesquero respetando lo que dicte la Corte de Justicia europea. “Tenemos el máximo respeto a lo que diga la Justicia. A partir de ahí, entendemos y defendemos que se debe actuar y negociar”, abunda. En esta línea, muestra su deseo de que un nuevo pacto incluya a más especies, como los pulpos y los calamares saharianos, ya que el que se firmó en 2019 apenas ha repercutido en el sector de las islas (de una flota de 700 buques, solo tenían licencia una quincena, de los cuales cuatro faenaban con regularidad). La UE abonó 208 millones a cambio de 128 licencias, pero el número de licencias activas no ha superado la treintena.

“Realmente, los acuerdos de pesca para la UE son un negocio ruinoso”, califica Soroeta, que recuerda la existencia de informes del Parlamento europeo que los catalogaban como contraproducentes. “Si repartes el dinero que le das a Marruecos entre los barcos que salen a faenar, esos barcos se pueden quedar en el puerto y tan felices”, añade. A su juicio, el acuerdo pesquero “es una forma más que tiene la UE de ceder al chantaje de Marruecos por Ceuta y Melilla, la inmigración o el terrorismo… A través de los acuerdos de pesca, paga una cantidad que no se corresponde con la realidad”.    . 

El abogado del Frente Polisario ante la UE también avanzó, durante la rueda de prensa en la capital grancanaria, que si España rechaza la propuesta de las licencias, se dirigirán a los otros socios: “Porque la UE la conforman 27 países, por lo que empezaremos por consultar a Portugal, Francia e Italia”. Al respecto, Soroeta indica que el Polisario, legalmente, puede conceder esas licencias para los barcos que quieran pescar en las aguas del Sáhara Occidental. “Pero previsiblemente ¿qué pasaría? Que Marruecos apresaría a estos buques”, vaticina. Sin embargo, también añade que en este escenario podría intervenir el Tribunal Internacional de Derecho al Mar, “que tiene competencia automática en caso de apresamiento de un buque” y podría condenar a Rabat.

Además, Soroeta indica que a efectos prácticos “los estados buscan las vías para violar el derecho internacional” y una de las opciones que podría explorar Marruecos es formar empresas mixtas con otros países para que puedan seguir pescando en aguas del Sáhara. Asimismo, también recuerda que Rusia y Japón son “quienes más esquilman las aguas del Sáhara Occidental y no hay mecanismos para atacar a estos estados como con la UE”. Porque la realidad es que quien controla el espacio marítimo y terrestre del Sáhara Occidental es Marruecos, “por la fuerza”, y explota sus recursos sin consecuencia alguna.

El experto en Derecho Internacional apunta que, una vez se ratifique la sentencia, el Polisario podría pedir indemnizaciones correspondientes al expolio de sus recursos en el Sáhara Occidental. “Desde 2016 ya hay una sentencia que establece que se están explotando recursos ilegalmente. Son siete años y el Frente Polisario puede reclamar una cantidad, que no es calderilla, porque Marruecos ha negociado ilegalmente con unos recursos que no son suyos y, por lo tanto, debe indemnizar a su propietario”, añade Soroeta.

En Canarias, las repercursiones del final del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos han tenido escasa trascendencia en el subsector. En una flota con unos 700 barcos, “una quincena” tenían licencia, según dijo el presidente del Gobierno regional Fernando Clavijo, de los cuales cuatro faenaban en los caladeros de Rabat y del Sáhara. “No tiene una gran relevancia para la flota canaria en general”, señala David Pavón, portavoz de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, que a su vez matiza que para unos pocos barcos sí “era bastante importante porque era su única zona de pesca”.

La mayoría de las licencias en las Islas las aglutinaba Optuna 43, una cooperativa de Lanzarote que concentra a siete barcos dedicados a la pesca de atún. El gerente Andrés Cedrés explica que el acuerdo de pesca con Marruecos suponía una “puerta abierta” a complementar las capturas que realizan desde las Islas, pero también en Azores o Madeira. De hecho, revela que el año pasado pudieron “salvar la campaña” faenando durante los meses de noviembre y diciembre en la costa africana continental porque en el Archipiélago “había sido flojo”. Ahora, Cedrés dice que tendrán que prescindir de los armadores y tripulantes marroquíes o saharauis que contrataban y esperar a que se vuelva a negociar un nuevo pacto.

Pero también hay barcos que se han quedado sin la única zona en la que podían realizar capturas. Es el caso de El Rajitero, de la cooperativa Teidetuna, una comercializadora privada que se dedica a la pesca de túnidos con sede en Tenerife. Su presidente Francisco Jiménez explica que obtuvieron la licencia para poder realizar capturas en caladeros marroquíes y saharauis de pescado blanco, como la sama. Asegura que contaba con nueve tripulantes, siete españoles y dos marroquíes a los que contrababan y hacían las descargas en la isla del Teide. “Aún seguimos pagando el barco y ahora tendremos que amarrarlo en el muelle con todas las consecuencias que conlleva”, lamenta.

Vender ni siquiera es un posibilidad: “¿A quién le vendes un barco sin licencia? Lo compramos a unos 20 años y nos quedan unas tres cuartas partes para pagarlo… tendremos que ir sacando de los otros barcos para amortizarlo”, añade Jiménez. Sobre las ayudas anunciadas por el Gobierno de España -que contempla unos 300.000 euros para 11 buques-, Jiménez considera que “son pan para hoy y hambre para mañana. No le da a uno ni para pagar la seguridad social”.

El 17 de julio, tras su primer Consejo de Gobierno, Fernando Clavijo aseguró que ya ha pedido una reunión “urgente” con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación “para afrontar esta situación” al entender que va a generar un quebranto económico a las familias canarias que viven de la pesca por la desidia y la falta de implicación y diligencia de los gobiernos de Canarias y de España“. En su intervención, también reivindicó que Coalición Canaria advirtió ”en el Parlamento de Canarias, así como en el Congreso y el Senado“ que no se podría faenar en las aguas marroquíes y del Sáhara.

En 2019 la Unión Europea renovó con Marruecos un acuerdo pesquero heredado desde 1976 con España. Los Veintisiete abonaban 208 millones de euros hasta 2023 a cambio de 128 licencias para capturar determinadas especies, la mayoría para España (93), pero también para para Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia. 

Sin embargo, durante estos cuatro años el máximo de licencias activas ha sido de 27 buques, de los cuales, 19 son españoles (de la flota gallega, andaluza y canaria); si bien, esto no quiere decir que realicen la actividad con frecuencia. De hecho, la mayor cantidad de pescado la han recogido países que  de la flota gallega, andaluza y canaria. Y los que más cantidad de pescado recogen los otros países, entre el 80 %y el 90 % del total, y principalmente boquerón, anchoa o arenque para la fabricación de harinas.

De forma implícita, el pacto ha llevado aparejado el reconocimiento por parte de la UE que el Sáhara Occidental es un territorio bajo soberanía marroquí sobre el que el reino tiene potestad para usar los recursos a su antojo. Pero el Frente Polisario, representante legal del pueblo saharaui, llevó al Tribunal General de la Unión Europea el acuerdo pesquero al considerarlo ilegal por explotar recursos sin contar con el beneplácito de la población ocupada por Marruecos. En septiembre de 2021, la Justicia comunitaria dio la razón al Polisario y anuló el acuerdo, que se ha mantenido vigente hasta que expiró el 17 de julio por el recurso presentado en la Corte de Justicia por España, Francia, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE.

El desenlace de ese recurso aún está por ver, pero de momento el acuerdo pesquero ha finalizado sin visos de renovación. El ministro de Agricultura y Pesca marroquí, Mohamed Sadiki ya advirtió en abril que cualquier escenario estaba ya previsto y anunció la intención de Rabat de explorar alternativas para imponer su línea roja: que el Sáhara Occidental es un territorio que está bajo su soberanía. Este 12 de julio, el ministro de Asuntos Exterior Nasser Bourita expresó la intención del reino de buscar una nueva asociación pesquera con la UE.

El Frente Polisario también ha movido ficha y el pasado 7 de julio, su representante en España, Abdulah Arabi, se reunió en Las Palmas de Gran Canaria con la Federación de Cofradías de las Islas para ofrecer licencias de pesca en las aguas del Sáhara Occidental como la “solución práctica” e inmediata para “salvaguardar los intereses de los pescadores canarios y sus familias”. Pavón, por su parte, calificó la oferta como “ilusionante”. Sin embargo, para que esto fuera una realidad, tendría que contar con la aprobación del Gobierno de España y el ministro de Agricultura, Luis Planas, restó valor a la propuesta, al tiempo que reivindicó que sólo negociaría con Marruecos.

El portavoz de la Federación de Cofradías de las Islas reconoce su predilección por “respetar” las sentencias del TJUE si se ratifica en la Corte de Justicia sobre el acuerdo de Pesca. Pavón dice que el pacto tiene “un alto potencial para Canarias”, pero actualmente lo considera escasamente rentable para la flota canaria por el canon que se debe abonar y las limitaciones en las especies que se permiten capturar. “La flota canaria se dedicaba a pescar atún y pescado blanco. Lo ideal sería poder pescar pulpo o calamar sahariano, pero está vetado, no queda dentro del acuerdo”, añade.

“Entendemos que para los pescadores de las Islas puede ser interesante que se abra un nuevo marco de oportunidades más adelante, cuando se pronuncie la Corte de Justicia europea. Se verán las condiciones en las que tendrán que llevarse a cabo las negociaciones y quizá pueda ser más ventajoso para Canarias”, manifiesta Pavón. 

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concluido la investigación contra Brahim Ghali, líder del frente polisario, rechazando que deba ser juzgado por torturas. El magistrado entiende, después de años de investigación, que no hay pruebas que relacionen a Ghali con supuestas torturas al activista Fadel Breica en 2019 en el campo de refugiados argelino de Tinduf.

El magistrado instructor explica que concluye el sumario y que no encuentra indicios para procesar a Ghali. “De las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados”, dice el juez.

Diligencias que, explica, han consistido en testificales que se basan en “meras referencias no constatadas, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos”. No hay pruebas de que Ghali, explica el juez, “ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara”.

El juez deja ahora el caso en manos de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que debe decidir si el proceso sigue o no contra Ghali. La Fiscalía ha apoyado la decisión del juez de concluir el caso sin un procesamiento contra el líder del Frente Polisario.

El Juzgado de Instrucción número 7 de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha archivado la causa contra la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, al no ver delito en la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, según ha adelantado el Heraldo de Aragón.

Los jueces han concluido que la entrada al país de Ghali fue una “decisión política” y que se hizo de manera “sigilosa” para que no afectase a las relaciones de España con otros países: “Es un acto político que excede del ámbito de la prevaricación”. La ex titular de Exteriores estaba también acusada de haber mantenido en secreto la entrada del líder del Frente Polisario para que no declarara en la Audiencia Nacional, algo que, según recoge el texto de la audiencia provincial, está “totalmente desprovisto de apoyo fáctico”.

El juez que investiga el caso, Rafael Lasala, citó en septiembre de 2021 a González Laya para declarar en octubre por el ingreso del líder saharahui, así como el exjefe del gabinete de la exministra, Camilo Villarino, cuya investigación fue también archivada por el magistrado. González Laya, que estaba siendo investigada por prevaricación, falsedad documental y encubrimiento, aseguró entonces que el ingreso y salida de Ghali se realizó “de acuerdo con la Ley”.

Días después de la comparecencia de González Laya, la Abogacía del Estado solicitó el archivo de las diligencias, y el juez Lasala lo descartó: “Se está pidiendo un juicio anticipado que solo procedería en el caso de que 'el hecho' material fuera inexistente”, aunque apuntaba que una “cuestión distinta” era si los hechos investigados eran tipificables “penalmente”.

Brahim Ghali llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, desde donde partió en secreto en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, e ingresó en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche para ser tratado contra la COVID-19. El 2 de junio salió del país desde Pamplona después de haber declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien le dejó en libertad sin medidas cautelares.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho lo que ni Zapatero ni Rajoy se atrevieron a hacer, aunque ambos, siguiendo el lenguaje del Consejo de Seguridad de la ONU, hablaron en su momento de los esfuerzos “serios y creíbles” de Rabat con respecto al Sáhara. Zapatero añadió en 2008 que la oferta marroquí “constituye una contribución positiva”. Rajoy en 2012 y 2015 abogó por “el realismo y el espíritu de compromiso para llegar a una solución política a este contencioso que ha durado demasiado tiempo”.

Por tanto, ¿de qué giro habla la oposición parlamentaria y la prensa española prácticamente al unísono cuando Sánchez ha usado las mismas palabras que sus antecesores uno del PP y otro del PSOE?. No hay giro alguno, ni volantazo, entre otras cosas porque en política exterior España nunca hará nada que moleste a Estados Unidos y la Unión Europea. Trump reconoció la marroquinidad del Sáhara y Biden le siguió. Alemania, Francia y Reino Unido están en la misma línea. Entonces, tal y como está Ucrania, ¿alguien piensa que el bloque de la OTAN va a permitir la más mínima posibilidad de que Rusia (con la colaboración de Argelia y el Frente Polisario) tenga salida al Atlántico por el Sáhara o que se apropie de la mina de fosfatos de Boukra?.

Pedro Sánchez escribió lo que cualquier persona bien informada suscribiría: “La propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 es la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.

Marruecos gobierna el territorio desde 1975. Lo que pasó entonces es irreversible. Como lo es la lista de 289 españoles cuya muerte se atribuye al Frente Polisario en los años 70 y 80 cuyas familias siguen esperando una reparación que nunca llega. Familias que contemplan con estupor y rabia como casi todo el arco parlamentario y la prensa española, blanquean a alguien que ha sido acusado de crímenes como Brahim Gali y a una organización que mantiene prácticamente secuestradas a unas 150.000 personas en Tinduf (según algunas estimaciones, porque la cifra de habitantes nunca se desveló oficialmente), mientras sus élites viven a cuerpo de rey en Argelia, España, Francia o Reino Unido.

Resulta escandaloso el sesgo informativo que desde el 18 de marzo observo en la prensa, radio y televisión españolas con respecto al Sáhara. ¿A nadie se le ha ocurrido investigar quien es Gali o por qué Argelia y Polisario se niegan a negociar? ¿Alguien puede garantizar que en los campamentos de refugiados se respetan los Derechos Humanos o que la ayuda humanitaria llega al destino previsto? ¿Nadie se acuerda dónde se formó Abu Walid al Saharaui, el líder de Estado Islámico en el Sahel, “neutralizado” por Francia en agosto pasado?. Por cierto, Putin ya tiene presencia militar en el Sahel.

Para el futuro de España es vital su relación con Marruecos, pero en la península se vive de espaldas al país magrebí, que está en plena modernización política desde la reforma constitucional de 2011, en continuo crecimiento económico, y con un futuro prometedor en sus Regiones del Sur, una de las cuales, El Aaiún-Saguía el Hamra, he tenido la oportunidad de conocer recientemente.

La noticia de la carta de Sánchez al Rey de Marruecos me pilló en Smara, justo antes de comenzar un acto público en el campus universitario. La reacción general a mi alrededor fue de alegría, casi euforia. Pregúntense por qué.

A efectos prácticos, tengamos en cuenta que:

a) Ni España ni la ONU pueden corregir sus históricas meteduras de pata.

b) La República Árabe Saharaui es un sueño, no existe ni va a existir porque no habrá referéndum, lo sabe todo el mundo.

c) El Sáhara Occidental desapareció del mapa, aunque permanece en los corazones de muchos españoles.

d) La solución ha de ser política y consensuada, y ese es el camino que ha emprendido España impulsando su amistad con Marruecos.

e) Dentro de los campamentos de refugiados son cada vez más las voces que se oponen al Polisario, que en sus orígenes ya anunció: “a la independencia se llegará con sangre, no con negociación”. Discurso sin futuro.

f) Las Regiones del Sur de Marruecos, Guelmin, El Aaiún y Dajla, están aumentando su nivel de vida con inversiones públicas y privadas que no van a parar de llegar, ojalá los empresarios españoles se den cuenta a tiempo.

Me alegro de que el presidente de mi país haya entendido que el Sáhara es marroquí y que haya tenido la valentía de hacer lo que hizo y como lo hizo. Hasta en la forma acertó, dando a la Casa Real de Marruecos la opción de anunciar la noticia, ya que en Marruecos se valora mucho más su significado. En España la jauría político-mediática habría echado a perder lo que ya está en marcha: una imparable relación de amistad y cercanía con Marruecos.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha pedido al Gobierno que aclare si cuando habla de integridad territorial en su carta a Mohamed VI incluye el Sáhara Occidental en lo relativo a Marruecos.

En rueda de prensa en Madrid, Arabi ha denunciado que algunos de los conceptos incluidos en la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió al monarca alauí y que ha allanado la reanudación de la relación bilateral con la visita del primero a Rabat el jueves pasado, “son de suma peligrosidad”.

Más concretamente, ha pedido al Gobierno que aclare si cuando habla de la integridad territorial de los dos países en el caso de Marruecos está incluyendo al Sáhara Occidental, lo cual, ha advertido, “es muy grave” e iría contra el Derecho Internacional.

El Polisario, que gobierna la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), anunció este domingo que rompía relaciones con el Gobierno. Su delegado ha aclarado este lunes que esto afecta a todo el Ejecutivo de coalición si bien “una parte ha dejado claro su posicionamiento” con respecto al Sáhara, en alusión a Unidas Podemos.

Asimismo, ha denunciado que “Marruecos intenta condicionar las buenas relaciones con España en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui” y ha confiado en que el Gobierno rectifique en su respaldo al plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española.

El Frente Polisario ha decidido suspender sus contactos con el Gobierno de España como reacción a la reciente declaración conjunta entre los Gobiernos de Madrid y Rabat para normalizar sus relaciones.

A través de un comunicado de la delegación del Frente Polisario para España dado a conocer esta madrugada y fechado en Bir Lehlu (Sáhara Occidental), indica que la decisión se toma después del apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la “ilegal propuesta del ocupante marroquí que pretende legitimar la anexión de los territorios del Sáhara Occidental por la fuerza e ignorando los derechos inalienables del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia”. 

El Polisario recuerda que el Estado español tiene responsabilidades tanto ante el pueblo saharahui como ante Naciones Unidas como potencia administradora del territorio, “cuyas responsabilidades no prescriben”.

La medida, continúa, pretende “desmarcarse de utilizar la cuestión saharaui en el marco de míseros tratos con el ocupante”, y hasta que se adhiera a las resoluciones de legitimidad internacional “que reconocen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a respetar las fronteras de su país tal como son reconocidas internacionalmente”.

El pasado jueves, España y Marruecos establecieron una nueva etapa en sus relaciones con la reunión en Rabat del rey Mohamed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reunión concertada tras el cambio de posición de España al avalar la propuesta de Marruecos de que la antigua colonia española del Sáhara Occidental sea una región con autonomía dentro de Marruecos.

La Marcha Verde arrancó el 6 de noviembre de 1975. Y el 18 de marzo de 2022 ha llegado a La Moncloa, con Pedro Sánchez. El movimiento audaz con el que Hassan II, con el beneplácito de Estados Unidos, aprovechó la agonía del régimen franquista –el dictador acabó muriendo dos semanas después, el 20 de noviembre de 1975– sirvió para ocupar con cientos de miles de civiles –y algunos miles de militares– la colonia española del Sáhara Occidental. La ocupación, condenada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha ido taponando la solución negociada por la metrópoli descolonizadora, España, en noviembre de 1975 con Marruecos y Mauritania, y que pasaba, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, por un referéndum de libre determinación del Sáhara.

Las misiones de la ONU nunca prosperaron, por las trabas marroquíes, que, poco a poco, ha ido sumando apoyos a su causa, que pasa por la asimilación del Sáhara como territorio autónomo marroquí. Hasta tal punto ha sido así que Donald Trump, ya como presidente derrotado y saliente, reconoció en diciembre de 2020 la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

Menos de un año y medio después del gesto de Trump –no revocado por Joe Biden–, quien lo hace es Pedro Sánchez, presidente de la potencia que dejó sin concluir la tarea descolonizadora. Así se lo pedía el PSOE en noviembre de 2016 al Gobierno de Mariano Rajoy: “Reclamamos que el Gobierno de España ponga en marcha aquellas medidas y actuaciones diplomáticas a su alcance, especialmente durante su próxima Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mes de diciembre, para promover una solución del conflicto de Sáhara Occidental, a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.

La posición expresada por el PSOE en 2016 es la tradicional de los socialistas españoles, del resto de la comunidad internacional y de todos los inquilinos que precedieron a Sánchez en Moncloa. No obstante, en 2008 el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero “brindó un apoyo moderado a la propuesta de Rabat de resolver el conflicto del Sáhara Occidental otorgando a la ex colonia española una autonomía”, según las crónicas de la época, que el expresidente ha recordado este viernes. En una entrevista en la Cadena Ser, Zapatero ha señalado la propuesta de la “amplia autonomía” del Sáhara ya se la presentó Marruecos en 2007 y él la apoyó “públicamente” un año después. “En esa política estuve, que es una política de tener en cuenta como una base importante el proyecto de autonomía para una salida que solo podrá ser con un acuerdo en el marco de Naciones Unidas”.

Es más, EEUU se convirtió en diciembre de 2020 en el primer país occidental en reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y la posición que prevalece, incluida la de la Unión Europea, es la reflejada por las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas que prevén un referéndum de autodeterminación del territorio.

De hecho, en el 39 congreso del PSOE de junio de 2017, el que supuso el regreso de Pedro Sánchez al liderazgo del partido, se recogía lo siguiente: “Los socialistas hemos de trabajar para que España, como antigua potencia colonial y por tanto administradora del Sáhara Occidental, impulse iniciativas de diálogo que permitan la conclusión del proceso de descolonización del Sáhara Occidental conforme a las resoluciones de Naciones Unidas al respecto”. 

Un estatus que viene a reconocer incluso la Justicia europea en dos sentencias recientes, de septiembre pasado, por las que anulaba sendos acuerdos pesqueros y arancelarios firmados por la Unión Europea y Marruecos. La Justicia dio la razón al Frente Polisario al considerar ilegales los acuerdos por no haberse consultado de forma apropiada a la población saharaui.

Es más, hasta el responsable de Relaciones Internacionales del PP en tiempos de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, una de las personas más cercanas a quien luego se convirtió en presidente del Gobierno, se reunió en 2011 con una delegación saharaui para expresar su apoyo a la autodeterminación del territorio.

Pero Sánchez, a diferencia de otros líderes socialistas, ha evitado aparecer próximo a los saharauis. En el pasado, José Luis Rodríguez Zapatero se fotografió con el entonces líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, siendo ya presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

El Frente Polisario entró como observador en la Internacional Socialista en 2008 y, en 2017, como miembro de pleno derecho.

Es más, el entonces secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, acudía a manifestaciones a favor de la independencia del Sáhara en aquellos años junto con el entonces coordinador de IU, Gaspar Llamazares –tanto IU como el PCE previamente han sido aliados históricos del Polisario, posición que también comparte Podemos–.

Pero ni Sánchez ni su dirección han hecho este tipo de demostraciones. Hace un mes, en Bruselas, el presidente del Gobierno daba cuenta de sus contactos en la cumbre entre la UE y la Unión Africana. Al ser preguntado por sus encuentros con los representantes del Polisario y de Marruecos, Sánchez se limitó a confirmar que había hablado con el saharaui, mientras se explayaba en relatar el contenido de su conversación con el marroquí.

Más bien al contrario, el único gesto amistoso del Gobierno de Sánchez con el Polisario supuso la caída de la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, tras la entrada en España del líder saharahui, Brahim Gali, con nacionalidad española, para ser atendido en un hospital español en mayo de 2021.

Aquella cama de hospital para una persona septuagenaria con nacionalidad española y necesitada de cuidados vino seguida de otra maniobra marroquí consistente en empujar a miles de personas, muchas de ellas menores, a cruzar las fronteras con España. González Laya fue destituida y reemplazada por José Manuel Albares, quien empezó a pilotar un cambio en las relaciones con Marruecos hasta el punto de inflexión de este viernes. Por el camino se han producido diferentes acercamientos, devoluciones en caliente y repatriaciones de menores que habían cruzado la frontera entre numerosas quejas de organizaciones por los derechos humanos y del Defensor del Pueblo.

El Frente Polisario ha denunciado este miércoles la muerte de 12 civiles saharauis en dos ataques con drones, que atribuye a Marruecos, ocurridos en las denominadas “zonas liberadas” de la antigua colonia española del Sahara Occidental. También ha negado la caída en un ataque marroquí de un “alto responsable militar saharaui” de la que habían informado algunos medios.

Una fuente del Polisario, que ha pedido no ser identificada, dice que el ataque más mortífero, en el que al parecer murieron once 11 civiles, tuvo lugar el día 15 en el área de Mijek, en la franja del Sahara Occidental que permanece controlada por el lado saharaui.

Los presuntos bombardeos son similares al ataque de hace una semana en el que murieron tres civiles argelinos que conducían un convoy de tres camiones por la ruta que atraviesa el desierto y une la frontera de Argelia y la capital de Mauritania, Nuakchott.

El Gobierno argelino, que en agosto rompió relaciones diplomáticas con Rabat, ha denunciado ante la ONU el ataque, que está bajo investigación de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).

La situación es de alta tensión en la zona desde que hace un año tropas marroquíes penetraran en la zona desmilitarizada de Guerguerat, que separa Mauritana de los territorios ocupados por Marruecos en 1975, para desmantelar una sentada de civiles saharauis que protestaban contra el uso comercial que Rabat y Nuakchot hacen de este área en disputa.

Al día siguiente, el Frente Polisario consideró que la acción bélica marroquí suponía una ruptura del acuerdo de alto el fuego firmado bajo los auspicios de la ONU en 1991 y emprendió operaciones de hostigamiento militar contra el muro levantado por Marruecos en el Sahara Occidental.

El Polisario insiste, además, en que la única solución es celebrar la consulta para la autodeterminación acordada por ambas partes hace 30 años y admite que el acuerdo suscrito entonces debe ser actualizado.

Marruecos, por su parte, se niega a hablar de la posibilidad de la independencia del Sahara Occidental y asegura que solo está dispuesto a negociar una “amplia autonomía”, siempre y cuando se reconozca primero la soberanía marroquí sobre el territorio.

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, considera que la polémica formada en España por la gestión del traslado humanitario para ser atendido por una grave afección de COVID-19 “es un falso debate”. En su primera rueda de prensa ante periodistas internacionales, el líder del Frente Polisario “respeta” las explicaciones proporcionadas por el Gobierno español “a los medios” sobre la manera en la que se llevó a cabo su viaje y acogida, ha agradecido el gesto, y ha rechazado dar más detalles al respecto.

“Este es un falso debate. Respeto lo que el Gobierno español ha respondido a los distintos medios sobre cómo entré, en qué condiciones entré y no voy a ir más allá. Lo fundamental es que he estado en una situación crítica, he ingresado en el hospital, me curé y estoy aquí vivo”, ha respondido Brahim Gali tras ser preguntado sobre la negociaciones previas de su traslado a España y la documentación aportada para viajar al país, cuya gestión por parte del Gobierno español se encuentra judicializado en un tribunal de Zaragoza y ha acarreado la imputación de la exministra de Exteriores Arantxa González Laya.

En relación al caso que investigaba a Gali por un posible delito de lesa humanidad ha celebrado la respuesta de la Justicia española, que ha archivado la causa. “El pueblo saharaui ha defendido y defenderá la justicia. Partiendo de esa realidad, hemos respondido al juzgado que trataba una querella presenciada por ciertas organizaciones promarroquíes con acusaciones falsas que no se basan en ninguna realidad y creo que el juzgado dio su punto de vista y tomó su decisión que todos vosotros conocéis, especialmente los procedentes del Estado español”, ha afirmado en español durante su intervención inicial.

La rueda de prensa, celebrada en Rabuni, la capital administrativa de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, ha tenido lugar en el marco del primer viaje de periodistas organizado por el Frente Polisario tras la pandemia y el fin del alto el fuego del conflicto saharaui. Brahim Gali ha centrado su discurso en “la nueva situación” derivada del regreso a las armas el pasado 13 de noviembre, de la que responsabiliza a la ocupación marroquí de su territorio pero también al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según el líder del Polisario, la ONU “nunca ha tomado sus decisiones, ni ha implementado las resoluciones, ni ha tomado medidas para obligar a Marruecos a cumplir, implementar y respetar sus responsabilidades a nivel internacional”.

En este sentido, Gali pide que el nombramiento del nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental (Minurso) traiga un nuevo enfoque en la intermediación para la resolución del conflicto saharaui, que se encuentra a la espera desde hace 46 años de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

“Es una nueva situación que requiere un nuevo tratamiento por parte del consejo de seguridad para corregir el error que ha originado un fracaso durante 30 años y ha conllevado y originado la vuelta a las armas”, ha dicho el mandatario saharaui, que ha defendido el retorno a las armas tras la intervención marroquí en el paso de Guerguerat, que el Frente Polisario interpretó como la ruptura del alto el fuego. “No hay una contradicción entre seguir negociaciones y la guerra para conseguir resultados a este respecto”, ha dicho Gali.

“Tras el nombramiento del nuevo enviado especial muchos se preguntarán si tendrá éxito con las negociaciones”, ha afirmado el presidente de la RASD, “cabe destacar de nuevo que el nombramiento del enviado especial en la ONU no debe ser un objetivo en sí. Sino que el objetivo principal fue y será siempre terminar con la ocupación del Sáhara Occidental, la última colonia de África”.

El líder del Polisario ha interpretado como “una gran victoria del pueblo saharaui” la sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea que anula el acuerdo europeo de pesca con Marruecos, que incluye las aguas del Sáhara Occidental. “Tenemos el derecho internacional de nuestra parte frente a una gran potencia compuesta por Francia, España, la Comisión Europea con todos sus recursos y lobbys”, ha afirmado Gali. La decisión de la Justicia europea, ha añadido, “puso de manifiesto que el Sáhara es un país separado y diferente del pueblo marroquí y consideró al Frente Polisario como el único representante del pueblo saharaui” y que es necesario “contar con consentimiento del pueblo saharaui para cualquier actividad económica que involucre al país”.

Un cohete sobrevuela el desierto en dirección al muro. El sol empieza a caer cuando un fuerte estruendo avisa de la llamarada rosada que avanza hacia una torre de vigilancia marroquí levantada en la barrera de arena de más de 2.000 kilómetros, rodeada de miles de minas antipersona, que separa los territorios bajo control saharaui de los ocupados por Marruecos. Al otro lado, varios soldados del Frente Polisario intentan divisar, acostados en lo alto de una duna, el lugar de su caída.

No llega a alcanzar la garita pero, en realidad, su principal objetivo no era la torre de vigilancia que detecta el movimiento enemigo. Ese cohete, lanzado este viernes por el Ejército saharaui, buscaba demostrar al mundo la existencia de una guerra negada por Marruecos desde la ruptura del alto el fuego del histórico conflicto. Los soldados del Frente Polisario, desplegados a unos 8 kilómetros del muro marroquí, no estaban solos. Los acompañaba, por primera vez y durante casi 24 horas, una decena de periodistas españoles, entre los que se encuentra elDiario.es, que presenció la respuesta marroquí.

El fuego cruzado se produjo en el sector militar de la región de Mahbes, donde se han producido un 83% de las operaciones militares desde la vuelta a las armas del conflicto saharaui, según un reciente informe del secretario general de la ONU. La réplica del lado marroquí no tardó en provocar una fuerte detonación que desembocó en la retirada del bando saharaui.

El primer mortero, de 120 milímetros, cayó a menos de un kilómetro de la posición del Polisario. “¡Corred”, gritaron varios de los soldados desplegados, que se retiraron de la zona en escasos minutos, a bordo de varias pick-ups. Según el Frente Polisario, los marroquíes lanzaron otras dos bombas en la misma dirección, que colisionaron en puntos más próximos al lugar donde los soldados dirigían la operación, acompañados de la prensa. Los militares atravesaban el desierto en zig-zag para, decían, evitar ser detectados por un dron cuya presencia no ha podido ser comprobada por este medio. Marruecos niega el uso de aviones teledirigidos de combate.

Bajo la sombra de un árbol, sobre un cojín verde colocado en la arena, el jefe militar de este punto del muro, Baali Hamudi, explica los detalles de una guerra distinta. Una guerra de desgaste, cuenta, desarrollada en la superficie casi lisa del desierto, solo resguardados por la orografía dibujada entre sus dunas. El lado saharaui realiza desde el 13 de noviembre “una cadena de hostigamientos” con la finalidad de dañar bases militares, personal o armamento militar marroquí.

Las AK-47 que cargan los soldados en el operativo datan de 1978 y los vehículos artilleros, visiblemente antiguos, se enfrentan a una tecnología de guerra más desarrollada del bando marroquí. “A pesar del material bélico habitual, nos enfrentamos a otro nuevo que parte de Israel, que incluye drones, cámaras térmicas o infrarrojos, seguimos manteniendo la capacidad de maniobra y nos adaptamos a la nueva situación”, sostiene el general, un antiguo soldado con experiencia en la guerra anterior del Sáhara Occidental. El Ejército del Polisario se dedica a atacar ciertos objetivos estratégicos, mientras que Marruecos toma, por lo general, una actitud defensiva. En ocasiones, el bando marroquí ha derribado “objetivos detectados” sin una previa incursión marroquí, asegura el jefe militar.

La vuelta a las armas en el conflicto saharaui era, desde hacía casi una década, deseada y solicitada por la mayoría de jóvenes del Sáhara Occidental, esa generación que no ha nacido –y en su mayoría no ha pisado– el país por el que, se les transmitía desde niños, debían luchar. El 13 de noviembre de 2020, después de que un grupo de refugiados procedentes de los campamentos de Tinduf protagonizase durante semanas una protesta en el paso de Guerguerat, que conecta Marruecos con Mauritania, el Ejército alauí decidió disolver la concentración. La operación fue interpretada por el Polisario como la ruptura del alto el fuego, después de confiar durante 20 años en la vía diplomática para la resolución del conflicto que, según las Naciones Unidas, pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental.

Omar Deidih, de 23 años, está sentado en la parte trasera de uno de los vehículos, mientras se levanta una polvareda de arena durante su retirada. Con su rostro semicubierto con un turbante verde oscuro, el joven saharaui avisaba de la posible presencia de aviones teledirigidos a su superior. El 16 de noviembre, dos días después de la ruptura del alto el fuego, Deidih se ofreció como voluntario para aprender durante tres meses en las escuelas militares ubicadas en los campamentos de refugiados saharauis y alistarse para combatir en el frente.

“El anuncio me pilló estudiando en Argelia. Había acabado los exámenes, pero tenía otros estudios. La lucha de mi pueblo es más importante. No puedo estar en otro lado mientras mi pueblo está en guerra”, dice el joven. La mayoría de sus compañeros de batalla son jóvenes voluntarios como él. Omar solapa desde hace unos años unos estudios con otros. Antes estudiaba Ingeniería de Telecomunicaciones, que no llegó a acabar, porque empezó un curso internacional en desarrollo web. También le interesa la Medicina y la Literatura. A sus 22 años, ha vivido en Cuba, Túnez, Argelia y Libia. Ya en el frente, recibió el aviso de una nueva beca para cursar Medicina en la Universidad de Moscú, según su relato.

Tiene muchos planes, sus ambiciones se acumulan, pero participar en la ofensiva militar es, dice, un deber: “Ahora la batalla es una responsabilidad de los intelectuales y jóvenes saharauis. Ahora hay un relevo generacional, creo que los jóvenes saharauis van a ser importantes en esta nueva etapa de la guerra, y tienen mucho que aprender de la experiencia de los guerreros anteriores”, explica en español, aprendido también durante sus veranos en España –a través del programa vacaciones en paz–.

Uno de esos maestros de los que Deidih aprende es Mahmud Salama, jefe de sanidad militar de la región 6 del muro. El veterano combatió durante cerca de una década en la anterior guerra del Sáhara Occidental, extendida desde 1975 hasta 1991, tras el inicio de la ocupación marroquí de la excolonia española. De la guerra de guerrillas librada entonces, el soldado aprende ahora a esquivar armamento de última tecnología que, según el Frente Polisario, posee el Ejército marroquí.

“En la guerra no hay diferencia. Se cambia el material, pero la guerra es una guerra”, asegura Salama, antes de señalar uno de los arbustos dispersos por el desierto. “Si tocas esta rama y hay algo que te molesta, no lo vuelves a tocar otra vez. Así se aprende en la guerra”, dice, en referencia a las espinas que cubren el tallo de la planta. Las mejores estrategias para esquivar los ataques de drones, dice, los aprendió a través de Internet.

Salama, cuando camina hacia el muro, piensa en los compañeros caídos en la anterior guerra. “Yo no puedo quitarme eso de la cabeza. Pienso en ello más que en mis hijos”, detalla el veterano, que dirige la mirada hacia la dirección donde se encuentra el muro, aún indistinguible. Se acuerda de Sidi: “Murió delante de mí con una bala en la cabeza”.

Las filas saharauis han sufrido, desde hace casi un año, nueve bajas, según Mohamed Hamida, un veterano militar que trabaja en la dirección militar del Frente Polisario. Los heridos, dice, no superan la veintena. Uno de ellos es Lahsan Salek.

Tras un juego de té, recostado y apoyado en la pared de la vivienda donde vive, Salek muestra las heridas que le impiden volver al frente desde el 22 de noviembre, la primera semana de regreso a las armas. En una de las operaciones de guerra, que pretendía batir varias bases militares en la región 5 del muro, los soldados marroquíes respondieron con artillería para frenar su avance, detalla.

En la tibia del soldado, de 48 años, sobresale una fijación externa de hierro que busca tratar la ruptura sufrida debido al impacto de restos de artillería, explica.

“Lo que quiero es curarme para poder volver”, dice el soldado lesionado en los alrededores del muro a los que Saleck quiere regresar. Su mujer, Zruga Mohamed, estaba embarazada de siete meses cuando su marido cayó herido. “Cuando me llamaron desde el hospital, me asusté mucho. No pude creerlo hasta que lo vi en el hospital”, cuenta, ataviada con una melfa de flores. La mujer, a un mes de dar a luz, tenía que hacerse cargo sola del cuidado de sus otros seis hijos, con el apoyo de sus vecinas y familiares. Su bebé nació cuando Saleck aún estaba hospitalizado, relata.

En el campamento de refugiados de Bojador (Tinduf), Arabia Sidahmed, de 37 años, recuerda el día que conoció la muerte de su único hermano. Representantes del Ministerio de Defensa del Polisario acudieron a su casa para informarla de que el nombre de Chej Sidamed estaba en la lista de víctimas mortales. Cayó, cuenta, en una operación militar desarrollada en el área de Tifariti. “Había ido tres veces a la guerra –suelen combinar un mes en el frente y dos meses de descanso–. Él estaba encantado de ir, estaba entregado en favor de la vida del pueblo. Sacrificó su única vida para alcanzar la libertad”, explica.

El último día antes de dejar su casa y trasladarse a los alrededores del muro, Arabia acompañó a Chej al Ayuntamiento del campamento, el punto de encuentro de los militares que salen hacia la zona de combate. Su hermano le pidió que cuidara de su hijo, de cinco años. La mujer se cubre la cara con su melfa: “Desde que murió ya no me interesa nada, solo la guerra”.

El mismo día que España celebra la Fiesta Nacional, en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) se habla de independencia. Mientras las Fuerzas Armadas españolas recorrían las calles de Madrid, este 12 de octubre, el refugiado Hamed Saleh recordaba el tiempo en el que ha trabajado como conductor del Ejército español en la excolonia del Sáhara Occidental.

Vestido con el traje típico saharaui, Saleh escuchaba atento los discursos de la fiesta que conmemora la “unidad” del pueblo ante un proceso descolonización que España nunca concluyó. “Convivimos con los españoles, pero las autoridades españolas nos abandonaron”, dice el saharaui a elDiario.es en la parte trasera de una gran sala repleta de oyentes. 

La celebración del 12 de octubre en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) no tiene nada que ver con la festividad española. Su objetivo es recordar lo contrario. Este día conmemora la disolución de los distintos consejos y líderes oficiales saharauis, acordada en 1975, bajo la única representación del Frente Polisario como único representante legítimo del pueblo frente a la colonización española y a la entonces previsible ocupación marroquí. 

46 años después de la firma de un acuerdo clave en la historia saharaui, el líder del partido y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, realizó su primera aparición en un gran acto público tras su acogida humanitaria en España y ser tratado de una grave afección de COVID-19.

Su discurso llega tras el espaldarazo recibido por parte de la reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que cancela el acuerdo europeo de pesca con Marruecos, por incluir al Sáhara Occidental sin una consulta previa dirigida al pueblo saharaui. 

“La resolución es una llamada explícita para los países de la UE y el mundo a acabar con la ocupación marroquí del Sáhara Occidental”, ha dicho Gali en un discurso en el que también ha mirado hacia el papel de España como potencia administradora en la zona.

“Y es una llamada al Estado español para asumir su responsabilidad de completar la descolonización del Sáhara Occidental y responder a la enorme deuda resultante de la caótica evasión, a través de los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid, los cuales no absuelven a España como potencia administradora del Sáhara Occidental”, ha añadido el mandatario saharaui.

El líder del Polisario, que también ha inaugurado una escuela, ha realizado un recorrido en el que ha evidenciado su recuperación tras la enfermedad sufrida en abril y mayo de este año. Gali ha defendido además el regreso a las armas como vía para desbloquear el conflicto. 

Tras la polémica acogida humanitaria del líder del Polisario, que ha costado el cargo a la exministra de Exteriores, el líder saharaui ha resaltado en su discurso la responsabilidad de las autoridades españolas en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental.   

Gali se refiere a los Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados por España en 1975, poco tiempo antes de la muerte de Franco, con los que España pretendía ceder Marruecos y Mauritania la que fue su provincia 53. Poco después, Marruecos organiza la marcha verde que da comienzo a la ocupación del territorio saharaui.

La ONU, sin embargo, cree que este acuerdo es ilegal, por lo que sigue considerando el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonizar. El Tribunal de la Haya descartó también cualquier soberanía histórica de Marruecos sobre suelo saharaui. 

En una jaima no muy lejana al lugar donde Gali reclamaba a España su papel en el conflicto saharaui, Mohamed Mbarec Mohamed Salem rompe en lágrimas al recordar una de las batallas en la que participó durante la anterior guerra del Sáhara Occidental. Ahora, con 77 años, sus nietos son quienes se han alistado en la guerra de baja intensidad que enfrenta a soldados marroquíes y saharauis en el muro que divide los territorios ocupados de los liberados.

El hombre, tras 32 años en el exilio, no cree que haya otra solución para el conflicto hispano marroquí que no pase por la guerra. “La situación es insostenible. El alto el fuego ya no es aceptable. Solo habrá fuego y eso que lo sepa Marruecos”, sostiene el señor. 

Mohamed participó en la histórica protesta del pueblo saharaui contra la colonización española celebrada en junio de 1970. Recuerda el campamento de jaimas levantado en El Aaiún para pedir independencia y la mejora de la situación económica. La protesta, sostiene, fue duramente reprimida por las fuerzas armadas españolas. Meses después, cuenta el anciano, España promovió la contratación de saharauis en compañías españolas. 

Mohamed, nacido en la ciudad saharaui de Smara, se benefició de esta medida, trabajando en una compañía española de construcción de carreteras después de haber sido nómade durante la mayor parte de su vida. Tras el inicio de la ocupación marroquí, el saharaui huyó de su ciudad natal. Su DNI español lo dejó en la casa a donde nunca más pudo regresar.

Minutos antes de la intervención del líder saharaui en el campamento de Dajla, el refugiado Hamed Saleh describe su llegada a este punto de la hamada argelina, donde miles de refugiados saharauis levantaron hace 46 años cientos de jaimas y casas de adobe bajo la esperanza de abandonarlas cuanto antes. A este punto llegaron también la mayoría de refugiados atacados por Marruecos con fósforo blanco y napalm mientras escapaban de la guerra.

Cuando Saleh llegó, tenía 17 años. Estaba en plena adolescencia, esa edad en la que parecen atropellarse las aspiraciones de futuro. A sus 63 años sigue esperando. “Cuando me fui sabía que tenía que esperar a que llegase la independencia. Y aquí sigo y seguiré”, añade el saharaui que aún conserva su viejo DNI y el carnet de conducir español que le permitía transportar a los soldados de España.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado que solicitaba el archivo de la causa sobre la entrada y salida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En un auto con fecha siete de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado asegura que con el sobreseimiento “se está pidiendo un juicio anticipado que sólo procedería en el caso de que 'el hecho' material fuera inexistente”. “Algo que no es así pues hasta la parte solicitante reconoce que ha existido”, recuerda.

En este sentido, el escrito reconoce que una “cuestión distinta” es si los hechos investigados son tipificables “penalmente”. “Ése es el objeto de la instrucción que desea concluir la defensa por entender que no se han obtenido datos para la tipificación delictiva y que no podrán obtenerse de modo alguno, realizando una anticipación probatoria de la que se discrepa”, apunta el juez.

Así, el magistrado insiste en que ahora no es el “momento” en el que tenga que realizarse “una valoración completa del hecho investigado, del material indiciario existente y de la participación penalmente relevante en él de los investigados o de otras personas”.

El juez responde de esta forma al escrito que la abogada del Estado presentó el pasado 17 de septiembre y en el que solicitaba el sobreseimiento libre para el exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino así como el archivo de la causa.

Reprocha la invocación parcial del reglamento Schengen

En el mismo, la Abogacía del Estado argumentaba su petición refiriéndose a una serie de artículos del reglamento Schengen o del acuerdo bilateral entre España y Argelia. En esta línea, magistrado reprocha la invocación “parcial” por parte de la letrada del artículo 5.2.a) del Reglamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece un código de normas de la unión para el cruce de personas por las fronteras.

Según ese artículo, se permite que los Estados miembros puedan eximir de la obligación de cruzar las fronteras exteriores únicamente por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas a personas o grupos de personas en el supuesto de que exista alguna necesidad especial siempre que estén en posesión de las autorizaciones requeridas por el Derecho interno. Eso sí, el juez recuerda que no debe haber conflicto con “intereses de orden público o seguridad interior de los Estados miembros”.

En cuanto al hecho de que el Gobierno alegase razones humanitarias para autorizar la llegada de Ghali, el juez señala que el Ejecutivo debió notificárselo a los demás Estados miembros. “Algo que no sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada ”fuera discreta“, asevera el magistrado.

Por otro lado, Lasala hace referencia al hecho de que no se sellase el pasaporte de Ghali a su entrada en el país, hecho que la Abogacía justifica en otro de los artículos del reglamento de Schengen. “Nada que objetar a que se selle o no el pasaporte en el caso indicado, pero lo que aquí se enjuicia es si se mostró y se controló, no si se selló”, apunta el juez.

Así, el juez asegura que “lo que no ha de desconocerse es que la exención se refiere al sellado en los documentos de viaje de 'Jefes de Estado o personalidades' cuya llegada haya sido previamente anunciada 'de manera oficial por vía diplomática'.

“No se da ninguna de las circunstancias pues la República Árabe Saharaui Democrática no está reconocida por ninguno de los Estados del Espacio Schengen, la consideración de personalidad que hace la defensa de los investigados no es la pretendida por el reglamento como equivalente a un alto dignatario y la llegada, aunque haya sido anunciada por vía diplomática, no lo ha sido de modo oficial precisamente por el carácter reservado y discreto que se le quiso otorgar”, explica Lasala.

“Puerta abierta” a la hipótesis de la documentación falsa

Adicionalmente, el juez se refiere a las alegaciones al Acuerdo bilateral entre España y Argelia, que permite la entrada a titulares de pasaporte diplomático sin visado. Así, recuerda que el mismo no puede oponerse al Reglamento Schengen o a una disposición menor como es la Orden INT/657/2020, de 17 de julio.

En lo referido a la posible falsedad de la documentación de Ghali, Lasala afirma que “la omisión del control de pasaportes” puede “dejar abierta la puerta a la hipótesis de que pudiera entrar con una documentación falsa o que pudiera causar problemas”.

También se refiere el juez al hecho de que Ghali fuese registrado en el Hospital de Logroño con el nombre de Mohamed Benbatouche “con el pretexto de preservar datos íntimos sobre su salud”, una “excusa que ofende a los profesionales sanitarios y administrativos”. Para el magistrado, “el índice de probabilidades de que las variaciones de

identidad“ de Ghali ”sean debidas a una casualidad se reducen al mínimo“.