Lucía llevaba apenas unos días viviendo en la localidad. Se había trasladado allí después de quedarse sin trabajo tras la muerte de la mujer a la que cuidaba en régimen interno, algo a lo que se había dedicado los tres años que llevaba en España tras migrar de su Nicaragua natal. Ya en la nueva ciudad, que pertenece a Euskadi pero que prefiere no revelar, consiguió unas horas para limpiar la casa de un hombre que vivía en una zona conocida por el poder adquisitivo de sus residentes. Fue un par de veces a realizar su trabajo. El tercer día, el hombre, de unos 70 años, la agredió sexualmente.

Así lo considera probado la sentencia que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi dictó el pasado noviembre, que confirma una anterior de la Audiencia Provincial de Bizkaia recurrida por el hombre. El fallo le condena a seis años de cárcel y le impide acercarse durante diez años a Lucía –que utiliza un nombre que no es el suyo por temor a ser reconocida– por agredirla sexualmente el 24 de enero de 2022 en su chalet, un lugar que “imposibilitaba de forma absoluta” el auxilio de la víctima.

La sentencia describe lo que ocurrió aquel día: el hombre había recogido con su coche a Lucía en la estación de metro más cercana, como había hecho los días anteriores, debido a que la vivienda está lejos de las paradas de transporte público. Nada más estacionar el vehículo en el garaje, que tiene acceso directo a la vivienda sin necesidad de salir a la calle, el condenado “cogió de los hombros” a la mujer, la condujo a la cocina y “se le echó encima, comenzando a tocarla y a besarla sin su consentimiento”. Lucía “forcejeó” con él, pero fue “inmovilizada por los brazos”, le quitó la ropa y la violó. La mujer “dejó de hacer resistencia antes por miedo a que le sucediera algo peor”, detalla el fallo.

“Sentí mucho miedo, solo me venía el miedo... Me sentía encerrada porque para salir de allí era difícil”, le contó a su psicóloga a los pocos días en una grabación del primer encuentro con ella a la que ha accedido elDiario.es. Según su testimonio, cuando cesó la agresión, él le dijo que se quedara trabajando y ella le respondió que se quería ir a su casa. Lucía estaba “vencida y perdida”, en estado de shock y sin saber cómo salir de la vivienda. El hombre la llevó en coche hacia una farmacia y la dejó allí. En ese momento, llamó a su entonces novio y le dijo que “le había pasado algo”. Su expareja declaró en el juicio que Lucía estaba “llorando y muy nerviosa, sin poder hablar” y que él mismo le recomendó que llamara al 112. A las 20.20 horas de aquel día, el agresor le envió un Whatsapp pidiéndole perdón “por todo lo ocurrido”.

“Le deshizo la vida”

A Lucía, todo lo ocurrido le provocó un trastorno de estrés postraumático y ha tenido consecuencias en prácticamente todos los ámbitos de su vida, según consta en el informe de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) que la evaluó. “Me daba miedo hasta salir del portal. Tenía temor a encontrármelo y pensaba que igual alguien querría hacerme daño para que no hablara. Los primeros días no tenía fuerzas ni para levantarme”, sostiene ella misma ante Sheila Melcón, su psicóloga. La agresión le produjo “aversión” a los hombres de pelo blanco, una situación que limitó sus posibilidades de trabajar en el empleo de hogar, al que se había dedicado desde que llegó. Se veía incluso obligada a salirse del metro si compartía vagón con algún hombre con esos rasgos.

Ella nos decía al inicio que no iba a poder, pensaba que no podía ir al juicio, que nadie le iba a creer. Lo repetía mucho

Sheila Melcon — Psicóloga de Lucía

“Le deshizo la vida por completo. No podía sostenerse ni lo más elemental del día a día y tenía un trauma tremendo por la brutalidad de la agresión unida a ese contexto en el que ella vivía, que era prácticamente de recién llegada porque los años anteriores había estado interna. Hay que tener en cuenta que estaba en situación irregular, apenas conocía nada ni a nadie. No sabía ni lo que era el padrón”, esgrime Melcón. La profesional es parte del equipo de la consultora especializada en violencia machista Sortzen, encargada de prestar la asistencia a víctimas en el municipio en el que vive Lucía, a la que ha acompañado en el proceso.

Cuando elDiario.es y Univisión revelaron que dos extrabajadoras de Julio Iglesias le han denunciado por violencia sexual, las profesionales de la consultora pensaron en Lucía. “Esto también ocurre aquí, lo que pasa es que romper el silencio es muy difícil. En estos casos hay una gran asimetría de poder y de eso se aprovechó el agresor, que conocía su situación de vulnerabilidad”, apunta Norma Vázquez, directora de Sortzen. En este caso, la agresión fue “tan brutal” y ella estaba en “tal estado de shock”, que al llamar al 112 se inició el protocolo que culminó en la denuncia: “De lo contrario, ella nunca hubiera denunciado, como la mayoría de mujeres. Ellos lo saben y lo utilizan”.

Lucía era consciente de esa “asimetría de poder” al inicio del proceso judicial y se sentía “indefensa” porque “es una persona de aquí que puede defenderse económicamente y yo no tengo nada”, decía. El informe de la UVFI acredita la “vulnerabilidad” de la mujer por varios motivos como el “origen extranjero” y la situación administrativa irregular, su “escasa red de apoyo informal” y la “precariedad laboral”. “Ella nos decía al inicio que no iba a poder, pensaba que no podía ir al juicio, que nadie le iba a creer. Lo repetía mucho”, recuerda su psicóloga, que remarca que la imposibilidad de Lucía de salir del chalet no era solo “una cuestión física”, sino que “estaba bloqueada” y no sabía qué hacer.

Salir de la culpa

En el juicio, Lucía explicó que había conseguido el empleo a través de un conocido portal de anuncios de Internet en el que es común que las trabajadoras de hogar oferten sus servicios. Según su testimonio, le contactó una supuesta mujer que decía ser la secretaria del dueño del chalet y eso le dio “confianza” porque ya había vivido en otras ocasiones cómo hombres utilizan esta vía para intentar mantener relaciones sexuales con trabajadoras. El primer día, la mujer fue a conocer la casa y todo “fue normal”, pero después empezó a mandarle mensajes que excedían la relación laboral, que además solo tenía dos días de antigüedad y no estaba mediada por ningún tipo de contrato.

La transcripción de los mensajes acredita que el condenado se mostró esos dos días insistente con Lucía para quedar y verla sin atender a la negativa de la mujer, que el día de la agresión sentía que “no quería ir” a trabajar. Sin embargo, la precariedad que atravesaba le hizo acudir. “Fui porque necesitaba el dinero”, aseguró ante su psicóloga. Como suele ocurrir en las víctimas de violencia sexual, Lucía “sigue arrastrando” vergüenza y culpa por eso: “Todavía hoy se machaca y cuestiona por qué fue aquel día. Poco a poco hemos ido trabajando que de fondo hay una necesidad económica y una situación estructural que la empujó”.

La defensa señaló que Lucía había denunciado "por dinero", pero la sentencia destaca que esa acusación carece "del más mínimo respaldo".

El condenado utilizó varias estrategias de defensa habituales de los acusados de violencia sexual. Aseguró que se trató de sexo consentido y mintió afirmando que habían quedado en varias ocasiones para pasear o que se había iniciado entre ellos “una amistad bastante grande”. Como ha hecho el cantante Julio Iglesias para intentar desacreditar las acusaciones contra él, el hombre utilizó unos emoticonos descontextualizados enviados por Whatsapp por Lucía y aseguró que era posible salir de la casa si hubiera querido para intentar reforzar su versión. Además, acusó a la mujer de denunciar “por dinero”.

Sin embargo, la sentencia concluye que el móvil lucrativo carece “del más mínimo respaldo” y recuerda que, pese a los “factores superpuestos de discriminación” que enfrentaba Lucía y que podrían haber actuado “como barrera” para interponer la denuncia, la mujer denunció “nada más ocurrir los hechos”. Remarca que la declaración de la mujer “ha sido siempre la misma en sus puntos esenciales” y que, a pesar de que el acusado trató de “empañar su credibilidad”, el testimonio es acorde a la relación que tenía con el hombre: “laboral de solo unos días” y en ningún caso afectiva, ya que ella “rehusó” y “no correspondió” sus pretensiones.

Desde Sortzen son conscientes de que “no es habitual” que este tipo de casos acaben en condena, más aún si son abusos sostenidos en el tiempo y no una agresión sexual con violencia física como es esta. Las profesionales creen que ha sido “clave” el acompañamiento “feminista” que han seguido desde los servicios municipales y que “no se ha limitado a atender el trauma”, sino que ha sido “muy integral” y no dependiente de un número de sesiones limitadas, como ocurre en otros municipios. Lucía no solo ha contado con atención psicológica, también acompañamiento “en todos los ámbitos” como las gestiones ante la Policía, para lograr la regularización, comprar un billete de metro, abrir una cuenta en el banco, ir con ella al médico o incluso ayudarle a poner alarmas en el móvil o recordatorios en la nevera de casa.

“En estos tres años no ha vivido, no podía salir, tenía fobia a todo, no dormía y se descomponía físicamente”, apunta Vázquez. Con “mucho tiempo y mucha paciencia”, ha ido dando pasos hacia adelante. Aún hoy sigue sin poder cruzar a la zona en la que está la vivienda en la que sufrió la agresión, pero está empezando a reponerse y a descubrir qué le gusta hacer más allá del trabajo de hogar y cuidados al que se sintió empujada a dedicarse ante la falta de alternativas. Sueña, quizá algún día, con abrir una peluquería.

Denunciar es un verbo que se menciona con facilidad. En el caso de la violencia sexual, denunciar es la coletilla permanente. El discurso general anima a las mujeres a hablar sobre lo que sufren y les sucede, pero eso no es del todo cierto: cuando una mujer decide hablar, entonces la exigencia es que denuncie. Tampoco ahí se agota la exigencia, siempre hay más preguntas: ¿por qué ahora?, ¿por qué no antes?, ¿por qué aquí y no allá?, ¿con qué interés?

Hemos asistido a esa fase de exigencias en muchos casos, también ahora, cuando hablamos de las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias. Hablaron. Rompieron el silencio. Denunciaron ante la justicia. Y llegaron las consabidas preguntas. Es lícito hacerse preguntas, las periodistas también nos las hacemos y las hacemos, es nuestro trabajo. El problema es cuando detrás de esos interrogantes no hay tanto afán por saber y entender como por sospechar y poner en entredicho siempre a las mismas personas: las mujeres que rompen el silencio sobre la violencia machista.

Sabemos que las víctimas de violencia de género y de violencia sexual tardan una media de entre ocho y diez años en contar lo que vivieron o en denunciar. La violencia física es la que más tarde se verbaliza. Sabemos también cuáles son los motivos de que esto suceda: la culpa, la vergüenza, la falta de apoyo, el miedo al agresor o la falta de recursos para afrontar el proceso. Porque denunciar es un verbo que se pronuncia rápido, pero un proceso judicial es largo y costoso. Hay que poder sostenerlo en el tiempo y, si quieres una buena acusación, hay que pagarlo.

Si denunciar es, por tanto, un acto complicado de llevar a cabo para cualquiera, ahora aterricemos en el caso Iglesias. Un hombre poderoso, influyente, rico, un icono de la música, que ha sido tu jefe y al que has visto en acción, un hombre con la capacidad de movilizar una legión de abogados. En el otro lado de la balanza, las mujeres: jóvenes, de orígenes humildes, en un contexto vulnerable, trabajadoras que apenas han cobrado unos cientos de euros al mes y que, además, describen un ambiente de control e intimidación.

Quizá así entendamos mejor lo extraordinario que es que estas dos mujeres hayan decidido hablar y, todavía más, denunciar ante la justicia. No debería ser así, pero lo es: el acceso a la justicia tiene sesgos y si eres una mujer pobre, precaria, si eres migrante, si eres una empleada de hogar, lo tienes mucho más complicado. Si delante hay un hombre como Julio Iglesias, todavía más. El desequilibrio es descomunal. Solo desde ese contexto es posible responder a esas preguntas que estos días se lanzan con demasiada facilidad.

Denunciar a tu jefe es un acto de valentía. Denunciar a quien te agrede es un acto de valentía. Denunciar a un hombre tremendamente rico y poderoso que ha sido tu jefe cuando eres una mujer que vive en un contexto vulnerable y con pocos recursos económicos es prácticamente una heroicidad.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado este jueves que los empleadores domésticos están obligados a establecer un sistema que permita registrar la jornada laboral diaria de las trabajadoras del hogar, a fin de garantizar un cómputo de horas trabajadas para que puedan reclamar sus derechos en caso de despido, informa la agencia Europa Press.

El TJUE se ha pronunciado así sobre el caso de una empleada de hogar contratada a tiempo completo que impugnó ante los tribunales españoles su despido, que fue declarado improcedente, por lo que sus empleadores debían abonarle las cantidades correspondientes a los días de vacaciones no disfrutados y a las pagas extras.

El juez español consideró que la trabajadora no había probado ni las horas trabajadas ni el salario que reclamaba y estimó que su petición no podía aceptarse únicamente por la falta de aportación de sus empleadores de los registros horarios y las horas trabajadas, ya que la normativa española exime de esta medida a determinados trabajos de carácter especial, entre los que se encuentran las trabajadoras del hogar. No obstante, el tribunal consultó a la justicia europea sobre la legalidad de esta exclusión, dentro de la normativa comunitaria.

El TJUE recuerda que en un fallo de 2019 ya declaró ilegal la normativa española entonces vigente y la interpretación de esta por los órganos jurisdiccionales nacionales, según la cual los empresarios no estaban obligados a establecer un sistema que permitiera computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. Justo unos días antes, el primer Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra Magdalena Valerio como titular del Ministerio de Trabajo, aprobó el registro horario obligatorio.

No cabe la exclusión total, pero puede haber “excepciones”

El Tribunal de Justicia ha apuntado que una ley que excluye a las trabajadoras del hogar de un sistema que permita computar su jornada laboral diaria, “y que priva por tanto” a estas empleadas de la posibilidad de “determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo realizadas y su distribución en el tiempo”, “vulnera manifiestamente las disposiciones de la Directiva” europea.

No obstante, los magistrados reconocen que pueden existir “excepciones” dadas las particularidades del empleo doméstico. “Debido a las particularidades del sector del trabajo doméstico, un sistema que obligue a los empleadores a computar la jornada laboral diaria de cada empleado del hogar puede prever excepciones por lo que respecta a las horas extraordinarias y al trabajo a tiempo parcial, siempre que tales excepciones no vacíen de contenido la normativa en cuestión”, extremo que corresponderá comprobar al tribunal español que ha elevado la consulta al TJUE, recoge la sentencia.

Además, la sentencia insiste en que, dado que el trabajo doméstico es un sector claramente feminizado, pide tener en cuenta posibles casos de discriminación indirecta por razón de sexo, salvo que esta situación de exclusión esté objetivamente justificada, algo que también corresponde a la justicia nacional evaluar.

La Junta de Extremadura preveía que las ayudas para la contratación de personal doméstico llegaran a “400 o 500 familias”, según dijo la portavoz del Ejecutivo, Victoria Bazaga, tras la aprobación de la convocatoria, pero ese cálculo se ha quedado muy alejado de la realidad.

Solo 74 familias, ni el 15% de las previsiones de la Junta, han solicitado las “ayudas para la contratación, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral”, como se conocen formalmente, y para las que Presidencia destinó en su primera convocatoria más de 1,17 millones de euros, como se recoge en el decreto firmado por la presidenta, María Guardiola.

La convocatoria se cerró el 30 de octubre y de 74 solicitudes se han resuelto 27, lo que supone el pago de 88.171,18 euros.

La Junta considera que se trata de un buen balance, puesto que en los tres últimos años no se habían concedido ayudas y se tuvieron que devolver tres millones de euros al Fondo Social Europeo. El año pasado se presentaron solo cinco solicitudes, todas ellas rechazadas.

Por lo tanto, el número de solicitudes se ha incrementando de forma notable pero solo han llegado al 14,8% de las que se preveían, a pesar de las modificaciones introducidas en el decreto de ayudas. El Gobierno del PP, y entonces también de Vox, decidió eliminar el criterio de renta en esta convocatoria, con lo que se abrió también a las rentas altas, y también se permitió la contratación de familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Además, en esta convocatoria también han podido acceder aquellas familias en la que ambos progenitores tuvieran un contrato parcial. Antes solo se permitía que uno de los dos tuviera esa modalidad de contratación.

Teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional, las ayudas cubren alrededor del 70% del sueldo de la persona contratada, aunque la cuantía de cada subvención tiene en cuenta las bases de cotización por contingencias comunes para las personas empleadas y las horas trabajadas. El tope máximo son 1.100 euros mensuales y el mínimo 200 euros.

Con estas ayudas se favorece la contratación de personas desempleadas, inactivas o en riesgo de vulnerabilidad para el cuidado a domicilio de hijos menores de 14 años o familiares de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Navarra ha seguido creando empleo en el mes de octubre. Según los datos del último mes las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido en 2.916 con respcto a septiembre. Además, la comunidad foral ha vuelto a alcanzar así la cota máxima histórica de empleo con 312.744 personas afiliadas, 4.585 más que hace un año, lo que supone un 1,5% más. Con todo, las oficinas de empleo en Navarra han sumado 476 parados más en octubre, aunque el crecimiento interanual ha sido de 88 personas, un 0,3%. Así el número total de personas registradas en la oficina de empleo alcanza las 30.088.

Por otro lado, se han registrado 52.626 contratos indefinidos. Se trata de un 174,8% más que en el mismo periodo de 2021, año previo a la implantación de la reforma laboral. El número de contratos registrados en octubre ha sido de 27.892, de los cuales 6.752 han sido indefinidos (un 24,2%). Se ha producido un crecimiento anual del número total de contratos del 7,9%. 

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, ha celebrado que se siga “crando empleo en Navarra con un nuevo récord histórico de personas trabajando”. Al mismo tiempo, ha considerado que “el desempleo se mantiene estable”, teniendo en cuenta que octubre es un mes que “resulta habitualmente negativo en términos de desempleo”. “Desde 2007 únicamente en dos ocasiones se ha producido un descenso del paro en octubre (concretamente en 2016 y 2021)”, ha apuntado. 

Desglose de las cifras

La variación mensual del desempleo por sexo refleja que el aumento del desempleo ha sido algo superior en el caso de los hombres. Así, mientras que el número de desempleados aumenta un en 287 parados más (2,5%), el número de paradas crece en 189 (un 1% en un mes). Sin embargo, en términos anuales, la variación del desempleo resulta desfavorable para las mujeres, ya que el número de desempleadas asciende un 1,5% (266 mujeres paradas más) mientras que el de parados se reduce un 1,5% (178 desempleados menos). Además, la distribución final del desempleo sigue siendo claramente desigual. A último día del mes de octubre, el 61,5% de las personas registradas como paradas en Navarra han sido mujeres (18.516) frente al 38,5% de hombres (11.572).

Respecto a la edad, se produce un aumento del desempleo en todos los tramos de edad. Cabe destacar el incremento mensual del desempleo de jóvenes de menos de 25 años. En este caso, el número personas jóvenes desempleadas aumenta mensualmente un 5,3% (151 más). También hay que reseñar el incremento del 2,5% de personas desempleadas de 25 a 34 años (132 más). De esta forma, del total de personas desempleadas en Navarra, el 10% tiene menos de 25 años (2.994) y casi tres de cada diez (29,5%) tiene más de 54 años (8.876).

Por nacionalidad, el número de personas paradas con nacionalidad española aumenta respecto al mes de septiembre en 272 (un 1,2%), mientras que se produce un mayor incremento de personas desempleadas con nacionalidad extranjera de un 3,1% (204 más en un mes). En un año (de octubre de 2023 a octubre de 2024) el número de personas paradas con nacionalidad española se ha incrementado en un 0,1% (34 más) y el número de personas paradas extranjeras ha crecido un 0,8% (54 más en un año). Así, del total de personas registradas como paradas, el 22,4% tiene nacionalidad extranjera (6.746).

En cuanto al nivel de estudios, en un mes se produce un aumento de 397 personas paradas con estudios básicos (hasta primera etapa de secundaria), un 1,9%. Por su parte, desciende el número de personas paradas con estudios universitarios (60 menos en un mes, un 2%). Con estos datos, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de secundaria suponen el 69,8% del total (se trata de 20.999 personas paradas con ese nivel de estudios).

En lo que se refiere a las agencias de empleo, en todas ellas aumenta mensualmente la cifra de paro, aunque es cierto que lo hace de manera diversa. En términos relativos, el mayor incremento mensual del desempleo se produce en la agencia de Aoiz / Agoitz con un 5,1% de aumento (35 personas paradas más), le sigue la agencia de Lodosa (3,8%, 45 más), Estella-Lizarra (3,5%, 59 más), Altsasu / Alsasua (2,8%, 20 más), Tafalla (1,9%, 35 más), Tudela (1,5%, 74 más), Doneztebe / Santesteban (1,5%, 8 más) y las agencias de Pamplona / Iruña (1,1%, 200 personas paradas más en un mes).

En un año, se observa un descenso del desempleo en las agencias de Tudela (2,4%, 122 personas paradas menos en un año), Lodosa (0,9%, 11 menos) y Aoiz (0,6%, 4 menos). En el resto se producen crecimientos del desempleo de diversa intensidad. Así, el paro aumenta anualmente en la agencia de Alsasua un 8% (55 personas paradas más), en la agencia de Estella lo hace un 2,1% (37 más), en la de Tafalla un 1,9% (36 más), en la de Doneztebe (1,9%, 10 más) y en las de Pamplona un 0,5% (87 personas paradas más en un año). 

Por otra parte, las actividades en las que se ha dado un mayor incremento mensual del número de personas paradas han sido las actividades sanitarias (98 personas paradas más en un mes), la industria de la alimentación (75 más), el sector primario (65 más), las actividades relacionadas con el empleo (65 más) y otras actividades profesionales, científicas y técnicas (56 más en un mes). En cuanto al principal descenso mensual, este se ha producido en el sector de la educación (72 personas paradas menos).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en administración pública (113 personas paradas menos), sector primario (101 menos), hostelería (77 menos) y actividades de servicios sociales sin alojamiento (49 menos). Por su parte, las actividades en las que se ha incrementado el desempleo han sido “Otras actividades profesionales” (240 más), “educación” (153 más) y “actividades sanitarias” (96 más).

Por último, respecto al desempleo de larga duración, se ha dado un leve descenso mensual de un 0,1%, lo que ha supuesto 18 personas paradas de larga duración menos en un mes. Sin embargo, en un año, se ha producido un aumento de 53 personas paradas de larga duración. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 40,9%, es decir, 12.291 personas, llevan en situación de paro continuado más de un año.

Contratación

En el mes de octubre se han registrado 27.892 contratos, un 13,6% menos que en el mes anterior (4.407 contratos menos). Sin embargo, en términos anuales, se ha producido un crecimiento de la contratación del 7,9% respecto al mes de octubre de 2023; se trata de un aumento de 2.034 contratos.

Según el tipo de contrato, se han formalizado 6.752 contratos indefinidos y 21.140 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en octubre, el 24,2% han sido indefinidos.

En términos acumulados (enero-octubre) se han registrado 52.626 contratos indefinidos. Se trata de un 174,8% más que en el mismo periodo de 2021, año previo a la implantación de la reforma laboral. Son exactamente 33.473 contratos indefinidos más.

Cabe añadir que, del total de los contratos indefinidos registrados en octubre (los señalados 6.752 contratos), el 43,9% se han registrado para menores de 29 años, el 46,2% han sido contratos indefinidos de mujeres y el 30,8% de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que amplía la protección a las empleadas del hogar, un grupo eminentemente feminizado y cuyos derechos laborales han ido siempre por detrás de los del resto de la clase trabajadora. Con la nueva regulación, Trabajo pretende mejorar la protección de la salud y las condiciones laborales de las personas que prestan sus servicios en el ámbito doméstico, unas 360.000 dadas de alta en la Seguridad Social en el mes de agosto, con evaluaciones de riesgo de los domicilios donde realicen su actividad, la garantía de reconocimientos médicos, la dotación de equipos adecuados para el desempeño de sus funciones o formación en materia de prevención. Nada que no esté reconocido ya en otras actividades.

“Gracias a las trabajadoras del hogar, son ellas las que han conseguido esta norma”, ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha destacado la discriminación laboral histórica que han sufrido estás mujeres. “45 años atras no es solamente que no tuvieran derechos, es que el legislador español las privaba de ellos”, ha defendido Díaz, que ha señalado que la norma supone cumplir con dos artículos del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, pero que no tiene un equivalente en otras legislaciones del entorno. “No hay normativa en la que mirarse, somos el primer país europeo que ha dado este paso”, ha reivindicado.

Según los datos de Trabajo, el colectivo de personas empleadas en el ámbito de las tareas domésticas está formado mayoritariamente por mujeres, más del 95%, de las que el 45% son migrantes. La mayor parte tienen entre 40 y 50 años y trabajan principalmente en Madrid y Catalunya.

Una evaluación inicial de los riesgos y un equipo de protección

Según el texto aprobado este martes, la persona empleadora deberá realizar una “evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud” de la trabajadora y adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los que se detecten. Esta tendrá que actualizarse con la periodicidad que se determine en ese primer análisis o cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo.

El real decreto amplía algunas protecciones de la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las empleadas domésticas, principalmente las que tienen que ver con las personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos, las vinculadas a la maternidad, a los menores y los temporales. Pero también suma obligaciones a las trabajadoras: deberán velar, “según sus posibilidades”, por el cumplimiento de las medidas de prevención, utilizar adecuadamente el material y los equipos de protección e informar de situaciones que, a su juicio, entrañen riesgos.

Las familias o personas empleadoras estarán obligadas a dotar a las empleadas, sin coste para ellas, de equipos de trabajo adecuados para el desempeño de su actividad, así como aquellos de protección individual en los casos en los que los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente por medios técnicos.

Formación para las empleadas del hogar

Para que las trabajadoras puedan cumplir con ese deber, los empleadores deberán garantizar que tienen a su disposición toda la información necesaria sobre riesgos y medidas de protección, así como permitir que participen “en el marco de todas las cuestiones que afecten a su seguridad y salud”.

El texto no se queda solo en la información. “Las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir una formación en materia preventiva en el momento de su contratación”, señala. Si prestan servicio en varias casas, esta será única, salvo que algún domicilio “entrañe riesgos excepcionales”. En ese caso, “se deberá impartir una formación complementaria que correrá a cargo de la persona empleadora”. En cualquier caso, deberá considerarse tiempo de trabajo.

En el caso de la formación ordinaria, esta se realizará a través de una plataforma, cuya gestión corresponderá a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

Actividad preventiva

Los empleadores deberán cumplir con el deber de prevención de riesgos profesionales. Como cualquier empresa, podrán hacerlo de dos maneras: contratando a una persona que se encargue de esta labor o concertando esta tarea con una compañía dedicada a estas funciones. Existe una tercera vía: que el propio empleador cuente con la capacitación exigida en el Reglamento de los Servicios de Prevención, que tiene que ver con materias relativas a la medicina del trabajo, la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la ergonomía y psicosociología aplicada.

No obstante, los empleadores no estarán solos. El ministerio se compromete a que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga listo, en el plazo de 10 meses desde la publicación de la norma, una herramienta que “facilite el cumplimiento de las obligaciones” relativas a la evaluación y prevención de riesgos y los equipos de protección para las personas empleadas. Además, este organismo deberá desarrollar, en el plazo de un año, un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar.

Ante un riesgo grave, se abandona el trabajo

Otra de las novedades que incorpora la norma es que las trabajadoras podrán irse del trabajo cuando consideren que la actividad que están desarrollando supone “un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, así como abandonar el domicilio si fuera necesario”. En estos casos, deberán informar inmediatamente al empleador, que deberá revertir la situación de peligro. Además, la adoptación de esta medida preventiva no podrá suponer un perjuicio para las empleadas, “a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave”, indica el texto.

La protección se amplía también a situaciones de violencia o acoso en el ámbito laboral. El abandono del domicilio ante estas casuísticas “no podrá considerarse dimisión ni ser causa de despido”.

Un reconocimiento médico cada tres años

Las empleadas del hogar tendrán derecho a un reconocimiento médico que se realizara, al menos, cada tres años. En cualquier caso, este será voluntario y se realizará “con las debidas garantías de respeto a su intimidad”. En este punto entra en juego el Ministerio de Sanidad, que deberá incluir la realización de estos chequeos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, por lo que no tendrá coste para el empleador.

La entrada en vigor

El Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente este miércoles. No obstante, las obligaciones que contiene no serán exigibles hasta seis meses después de que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo active las herramientas comprometidas para dar soporte a los empleadores, en el plazo de 10 meses, lo que alarga la adopción de estos derechos hasta 2026.

Primero, la mantita que le tapa los pies. Después, la colcha, la manta y la sábana, todo al armario, empieza la jornada. Para el anciano, no para su cuidadora, que lleva horas de trajín por la casa para que todo se mantenga en orden y preparado. Ellos son los dos protagonistas de Centímetro a centímetro, el libro que el escritor asturiano Eduardo Romero acaba de publicar en la editorial Pepitas de Calabaza y Los Aciertos.

En apenas 60 páginas, desgrana al detalle la cotidianeidad de esa pareja obligada por la necesidad –de cuidados, él; de trabajo, ella– que se reproduce en la vida real todos los días en todos los puntos del país. Y cada vez serán más. En la actualidad, el porcentaje de población de más de 65 años es del 20,4% pero en 2055 será del 30,5%, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Esto implica que la asistencia a personas dependientes será un servicio cada vez más solicitado, aunque no necesariamente mejor considerado.

Este es un tema que Romero ha tratado en varios de sus libros anteriores, en los que la migración está muy presente. Su novela En mar abierto (2021) está protagonizada por Jenny, una mujer peruana que viene a España y trabaja para una pareja de ancianos, y en ¿Cómo va a ser la montaña un dios? (2024), explora el vínculo entre un minero con silicosis y la mujer afrocolombiana que se ocupa de él después de que se rompa la cadera por una caída.

“Tengo muy presente la existencia de las redes transnacionales de cuidados, el flujo de mujeres migrantes que acaban en Europa haciéndose cargo de los cuidados de una población envejecida”, explica el autor a elDiario.es. Además, también reconoce una fascinación por el comportamiento de esas duplas en el exterior de las casas. “Cuando me cruzo por la calle con un viejo que empuja un andador me suelo quedar embobado. Me gusta observar sus movimientos, los movimientos de quien le acompaña, la manera en que interactúa la gente que se cruza con ellos”, sostiene.

La cuestión de los cuidados tiene muchas capas, pero Romero ha querido fijarse en los detalles más específicos –las heridas que supuran de los pies del anciano, la ceremonia de la ducha, el paseín de 150 metros los días buenos– sin que la extensión fuese un factor determinante del libro. Sus otros títulos tienen muchos más personajes cuyas historias se entrelazan y exigen más desarrollo, cambios de ritmo y recursos narrativos. Aquí, sin embargo, esos ejercicios no eran necesarios, sino que más bien sobraban. “Entendía que en Centímetro a centímetro tenía que buscar esa minuciosidad, pero también pensaba que el tono de la novela podía llegar a agotar al lector si pretendía sostenerlo durante ciento y pico o doscientas páginas”, afirma. “La extensión que tiene creo que es suficiente para contar lo que quiero contar. Nunca me ha gustado escribir de más”.

En la piel de la otra

Desde fuera nunca es fácil, aunque lo parezca, entender del todo lo que implica cualquier trabajo. Bien sea el de un minero, el de una empleada del hogar, el de un recepcionista o el de una cirujana. En esa percepción intervienen todos los prejuicios que acumule cada persona y es imposible no tenerlos. Para construir a sus personajes de la manera más fiel posible a la realidad, Romero se empapó de las experiencias de otros y otras. “En los últimos veinte años, he podido escuchar muchos testimonios de mujeres migrantes dedicadas a cuidar a personas mayores. Algunas son amigas y a lo largo del tiempo me han contado los pormenores de su día a día”, declara el escritor.

Asimismo, para la documentación de su novela ¿Cómo va a ser la montaña un dios? visitó algunas residencias de ancianos para hablar con algunos de sus inquilinos y también con la gente que trabaja allí “a veces en condiciones muy precarias”, señala. Además, en los últimos años ha vivido de cerca la cuestión de los cuidados a personas ancianas por motivos familiares, así que ha tenido material de primera mano con el que trabajar. “Creo que fue Leila Slimani a la que leí que los novelistas nos alimentamos de los detalles. A través de estas diversas fuentes, tuve acceso a infinidad de detalles”, declara.

Aunque el libro no es un ensayo, sí invita a pensar y a sacar conclusiones particulares sobre los aspectos de esta historia, por breve que sea. A Romero sí le gustaría que la lectura de su obra alimentara el debate sobre las condiciones de las trabajadoras, por ejemplo, aunque no se trata de un manifiesto. Una de las motivaciones que le impulsó a escribirla es la sensación de que en la literatura faltan relatos que inviten a pensar en esto.

Si bien títulos como Renata sin más, que Catherine Guérard escribió en 1967 (Tránsito la publicó este año traducida por Regina López Muñoz) o el ensayo Fámulas de Cristina Sánchez-Andrade (Anagrama, 2022) han indagado en la realidad de las trabajadoras del hogar, quizá el de las cuidadoras de personas mayores no se ha explorado tanto (aunque tampoco es que el servicio doméstico se haya visibilizado demasiado. O no lo suficiente). “El otro día, en Logroño, una mujer que está cuidando a su padre me dijo al final de la presentación que, al leer el librito, había resignificado su papel”, comenta el escritor. “Que, de pronto, al verlo plasmado en el libro, lo había sentido más digno, y hasta le había parecido un trabajo un poco heroico. Me gustó que la lectura provocase ese efecto en ella”.

También hay “viejos cabrones”

La relación entre los personajes de Centímetro a centímetro es buena, algo que en la vida real no siempre es así. Cuidar y ser cuidado es complicado en múltiples aspectos y los enfrentamientos pueden ser habituales. Sin embargo, los protagonistas del librín –por corto, no por menor– establecen una relación que llega a ser tierna. “No pretendo decir con ello que los cuidados son siempre así, que los ancianos son siempre como el de mi relato. Hay viejos cabrones o a los que se les ha ido la olla que insultan y golpean a quien les cuida. Hay personas que trabajan como cuidadoras (remuneradamente o por lazos familiares) que son crueles o simplemente poco delicadas. Yo he optado por una historia a través de la que trato de transmitir belleza. No solo, pero también belleza”, señala. “Además, ella hace algo muy importante: le da espacio a él para alcanzar, por poca que sea, toda la autonomía que pueda”.

La escritora Noemí Sabugal, autora de El asesinato de Sócrates (Alianza, 2010) o Hijos del carbón (Alfaguara, 2020), ha definido la escritura de Romero como ‘literatura de la escucha’. “Tal y como está el mundo de la creación cultural, los autores y autoras estamos ”obligados“ a hablar demasiado de nosotros mismos. Por eso prefiero que sean otros los que caractericen, si lo desean, mi escritura”, responde a la pregunta de si se siente cómodo con la descripción de la autora.

A él le gustan autores que han recibido etiquetas similares como Svetlana Aleksiévich o el colombiano Alfredo Molano, a quien le atribuye la cita “Escuchar es casi escribir” que abre su novela ¿Cómo va a ser la montaña un dios?. “Es verdad que algunos de mis libros tratan de recoger múltiples voces de personajes que van componiendo una historia colectiva. Nunca he usado una grabadora. Pero sí he conversado con muchas personas que acaban siendo protagonistas de mis libros, personas que me han confiado su historia”.

Las obras de Romero tienen una innegable carga de reivindicación social. Quizá no de forma explícita, porque no escribe proclamas, pero sí a través de la reflexión a la que intenta dirigir al lector como en el caso de Centímetro a centímetro. Para él, una manera de intervenir en el mundo a través de la literatura es “haciendo buena literatura”. ¿Qué significa esa frase tan grandilocuente? “Que quien logra llevarla a cabo, ha podido despertar la imaginación y las ganas de pensar de quien lee. La literatura siempre es política, pero no creo que el libro más radical sea necesariamente el más contundente o el más explícito, el que dice verdades como puños”, contesta. “Suelo preferir aquellos textos que, como decía Berger, a través de ‘el arte de jugar con el silencio’, obligan al lector a completar la historia”, concluye.  

El día que se aprobó en el Congreso el derecho a paro de las empleadas del hogar, buena parte del hemiciclo coincidió en que su labor legislativa llegaba tarde. “Hagamos que nuestra democracia no tenga que avergonzarse por más tiempo de sus olvidos”, dijo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. La medida igualaba las garantías de cientos de miles de mujeres trabajadoras, discriminadas gravemente en su condiciones laborales. Un año y medio después, la Cámara Baja volvía a afrontar una votación trascendental: la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de medio millón de migrantes, según las estimaciones iniciales, que ya viven y trabajan en España.

Aunque ambas votaciones pueden no tener relación aparente, están íntimamente ligadas. Porque la medida que dotó de derechos a las trabajadoras del hogar olvidó a otras muchas, que ejercen ese mismo trabajo en la brecha de la economía sumergida: las que no tienen papeles pero cargan sobre sus cuerpos con buena parte del peso de los cuidados de este país. “Estoy en tres casas y trabajo en 'b', estoy irregular en este momento”, explica Carmen, una empleada del hogar que llegó a Euskadi desde El Salvador y recorre la margen izquierda del Nervión, de domicilio a domicilio, para ganar 800 euros al mes, por 10 horas de trabajo al día. “Cobro lo que no tengo que cobrar”, reivindica este mujer de 38 años, que cuida a personas mayores, limpia sus casas y prepara comidas y que afirma que su testimonio es el de muchas: “Lo que vivo yo, lo vivimos todas. Es un ciclo del que no hemos logrado salir todavía”.

Con la regularización de extranjeros emprendida por el Gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se materializó en 2005, afloró una realidad que no era un secreto. En un momento en el que la legislación laboral era más laxa y las empleadas del hogar no estaban obligadas a afiliarse a la seguridad social en todas las circunstancias, el número de registros se duplicó, como puede verse en el siguiente gráfico. Aunque en apenas un par de años esta cifra se redujo, los niveles siguieron quedando muy por encima.

“Todo el mundo sabe que estamos realizando el trabajo de cuidado y que muchas compañeras no tienen documentación, no pueden ni darlas de alta en la Seguridad Social y están privadas de un montón de derechos”, explica la portavoz de Territorio Doméstico, Rafaela Pimentel, muy activa en la lucha por los derechos de este colectivo. “La ley de extranjería es una de las más hipócritas que tiene este país, porque no deja trabajar a las personas que llegan durante tres años, pero dice que, en el caso de que trabajen, deben tener los mismos derechos en materia laboral pero no de seguridad social”, coincide Lorea Ureta, militante de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH/ELE).

Más personas trabajando que afiliadas

Tras el de 2005, el siguiente salgo en la evolución de afiliaciones se dio en 2012. De nuevo Zapatero amplió los derechos de las trabajadoras del hogar y se pasó a un sistema espacial, que obligaba a cotizar y dar de alta a las empleadas, nacionales o con su situación regularizada. Desde entonces, hay una brecha entre aquellas que están afiliadas a la Seguridad Social y los datos que recoge la Encuesta de Población Activa, de entorno a un 25% a finales de 2023.

Aunque son mediciones diferentes —uno son cifras reales en un momento concreto y otro el resultado de una encuesta trimestral—, este desajuste preocupa a los sindicatos. “La diferencia entre ambas fuentes respondería a situaciones de economía sumergida, al existir más personas trabajadoras que afiliadas”, señalaba un informe sobre protección al desempleo de Comisiones Obreras. Nerea (nombre ficticio) es peruana. Si le preguntan en una encuesta, dirá que trabaja en una casa muchas horas y que tiene el tiempo justo para llegar a la suya, donde vive con varios conocidos y familiares, y ver despierta a su hija, de seis años. También dirá que no tiene papeles, ni derecho a una baja médica, ni a paro si es despedida, ni vacaciones, ni garantías, y que no puede enfermar porque, si falta a trabajar, le descuentan esas horas de los 600 euros que recibe cada mes.

“Es muy difícil estar con la niña aquí, hay muchas trabas y miedo por no tener papales”, explica la joven, de 25 años, que acepta con resignación las imposiciones de sus jefes. “Cuando se fueron de vacaciones me dijeron que me iban a pagar igual, pero cuando el niño no vaya al colegio tendré que quedarme todas esas horas”, pone como ejemplo.

Ureta explica que desde 2012 hasta ahora ha habido una evolución en todas las personas que tienen papeles. “El porcentaje de alta a la Seguridad Social ya era alto”, señala. De hecho, ella atribuye el descenso, mantenido pero no pronunciado en las afiliaciones, pero también en la EPA, a “múltiples factores”. Según los propios datos del ministerio, en las últimas dos décadas se ha producido un aumento paulatino de las asalariadas en servicios a edificios, que ha coincidido con ese descenso en el sistema de empleadas del hogar. “Quien consigue trabajo en otro sector, se va, porque tienen convenios colectivos donde mejoran los salarios, limitación de la jornada horaria a 40 horas en vez de 60 y otras ventajas”, explica.

Cobraba 900 euros al mes de interna y en febrero me querían pagar por días

Carmen — Trabajadora del hogar

“Hay avances para las que están regularizadas, pero las que no lo están son las que tienen mayor desprotección”, reconoce Carolina Elías, quien ha sido durante mucho tiempo la cara más visible de la plataforma Servicio Doméstico Activo (Sedoac) y ahora es concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Esta situación lleva a aceptar “los peores trabajos que les ofrecen, sobre todo el de interna”, desarrolla. “A eso no quiero volver”, coincide Carmen, que entró en una casa a trabajar nada más llegar a España. “Cobraba 900 euros al mes (por debajo del salario mínimo interprofesional) y en febrero me querían pagar por días”, explica.

Además de la brecha de las mujeres que no tiene regularizada su situación, el grueso de la economía sumergida, hay una zona gris. “Hemos observado que hay trabajadoras con documentación y dadas de alta en algunas casas, pero no en todas”, señala Elías. Laura aterrizó en Holanda el “Día de la Raza”, el 12 de octubre de 2018. Una semana y media después llegó a España y a los tres días sacó el abono transporte y comenzó a trabajar. A los tres años, una pareja para la que trabajó durante la pandemia le facilitó regularizar su situación. Las personas migrantes pueden obtener papeles si después de tres años en el país son capaces de acreditar la estancia y un trabajo. El trámite es perverso: necesitan un trabajo para obtener los papeles mientras necesitan los papeles para poder trabajar con los mismos derechos que el resto.

El 36%, sin contrato

Actualmente, Laura tiene un trabajo a media jornada, por el que cotiza, y otros dos por horas, “en negro”, con unas estudiantes universitarias y un señor con problemas de salud. “En el futuro es lo que me va a ayudar con el paro”, dice sobre el trabajo por el que está afiliada a la Seguridad Social. Ella habla rápido, con seguridad y tranquila. Porque su caso no es como el de otras compañeras: “En la República Dominicana yo era abogada, tenía piso en propiedad y carro y mis hijas tienen un buen trabajo. Vendí mi casa y vine a España porque necesitaba un cambio, pero no tengo que aguantar que me falten al respeto. Cuando me han dicho ”eh, tú, haz esto“, respondo que tengo un nombre muy bonito y no me vuelven a ver. Con necesidad o sin ella, todas tenemos que hacernos respetar”.

Según el informe '¿Qué pasa con la salud laboral de las trabajadoras de hogar y cuidados?', elaborado por el Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento de la Universidade da Coruña, el 98% de las personas que trabajan en este sector son mujeres y el 68%, migrantes. El 25%, una de cada cuatro, se encuentra en situación administrativa irregulares. El trabajo señala que el 36% de las empleadas domésticas lo está sin contrato ni alta en la Seguridad Social y que más del 80% han padecido problemas de salud relacionados con sus tareas. El Ministerio de Trabajo trabaja ya en la regulación de la prevención de riesgos en el sector.

Somos las personas migrantes las que estamos sosteniendo el Estado de los cuidados que España no tiene y una sociedad no se puede permitir tener a las personas en esas condiciones, porque no somos mercancía

Rafaela Pimentel — Territorio Doméstico

“La mayoría (de las que no tienen papeles) van con pastillas y dolores a trabajar, porque los empleadores no les permiten una baja”, lamenta Pimentel. “Somos las personas migrantes las que estamos sosteniendo el Estado de los cuidados que España no tiene y una sociedad no se puede permitir tener a las personas en esas condiciones, porque no somos mercancía”, asevera. En la misma línea se pronuncia Ureta: “El Estado español se aprovecha de la situación de pobreza de esas mujeres para solventar el problema de los cuidados de manera barata, sin que lo asuman las administraciones”.

Para Carlos Bravo, el secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO, desde la presidencia de Mariano Rajoy ha habido una relajación en las labores informativas que pueden haber favorecido ese paulatino descenso en las afiliaciones. “Salvo la protección por desempleo, no ha habido otros elementos y el nuevo Gobierno no ha recuperado la tensión sobre este asunto para explicar qué se juega el empleador si una trabajadora del hogar tiene un accidente en casa y no está dada de alta”, desarrolla. Para este sindicato, las administraciones deben combinar tres elementos: información permanente, sensibilización sobre los riesgos y la labor de control. “La Inspección de Trabajo no puede entrar al domicilio, como si fuera una empresa, así que debe tener otras herramientas”, aclara.

“La Seguridad Social te protege de situaciones no deseadas, como el desempleo o estar enferma. Además, es un derecho que la ley considera irrenunciable. Aunque haya empleadores que digan que la propia trabajadora ni quiere, se puede reclamar”, explica Ureta. Si el proceso de regularización que han apoyado 700.000 ciudadanos llega a buen puerto, decenas de miles de mujeres podrán salir también de esa brecha de la economía sumergida de los cuidados. Si no, la desigualdad se perpetuará: “No se trata de si venimos o no, ya estamos aquí, formamos parte de esta sociedad diversa”.

Yesenia tiene 49 años. Llegó a España desde Perú con un contrato para trabajar en el sector turístico en Salou (Tarragona) pero desde 2018 vive en la provincia de Albacete donde ha trabajado como empleada doméstica porque “cuando uno emigra, tus condiciones no son tan favorables. Trabajar como interna me brindaba techo y comida”.

Su primer empleo en este sector lo encontró en la ciudad. “Me ofrecieron trabajar de lunes a lunes y lo acepté. Cuidaba a un señor. Sus hijos no podían estar los fines de semana”. Le pagaban 1.100 euros, sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

En su rutina diaria comenzaba a atender su trabajo a primera hora de la mañana entre cuidados, limpieza, compra y comidas “en una casa grande”, con dos horas libres de cinco a siete, para terminar la jornada laboral entre las diez y las once de la noche. “Esta persona estaba conectada a una máquina de oxígeno”, nos cuenta, así que también atendía este aspecto de su cuidado diario.

“Poco a poco me di cuenta de que otras chicas libraban los fines de semana. Con el horario de interna lo normal es entrar el domingo a las nueve o diez de la noche y salir el sábado por la mañana y que te busquen una persona de reemplazo a la que suelen pagar entre 100 o 120 euros”. En su caso eso no ocurrió, pero siguió trabajando. “Ya estaba dentro y me había comprometido”, justifica.

Todo cambió cuando el señor al que cuidaba fue hospitalizado. “Entonces me pidieron que trabajase también durante las noches, yendo al hospital, pero sin pagarme más. Me puse rebelde. Eso no les gustó a los hijos y me dijeron: hasta acá no más, bye, bye”.

Se quedó en la calle, sin posibilidades de indemnización o de prestación por desempleo. “Gracias a una amiga conseguí otro trabajo”. Fue su segunda experiencia como interna, aunque esta vez sí le hicieron un contrato. “Fueron más conscientes de la labor de la persona que cuida”.

“Tuve que cuidar a una persona con alzhéimer. A veces tenía que levantarme de madrugada. Hay que estar preparada emocionalmente… Al final, una hace el papel de psicóloga, de enfermera…”

Tras las experiencias como interna pasó a trabajar por horas. “Conocí a mi marido, me casé, y no me interesaba ya trabajar para estar en otra casa 24 horas al día”. Dice que le gusta su trabajo con personas mayores porque es “tranquilo y sencillo”.

A pesar de lo irregular de los empleos por los que ha pasado dice sentirse una privilegiada porque “a la gente que no tiene papeles le pagan poquísimo y le privan hasta de la comida. Yo no me he sentido explotada”. A pesar de todo.

Ahora está en el paro, pero no puede cobrarlo. Sus sucesivos empleos no se lo permiten, entre los que no tuvieron contrato y los que no llegan al año de duración. Su caso, como tantos, queda en el limbo para el sistema público.

Es algo habitual, dice Laura Moreno, psicóloga y orientadora laboral que forma parte del sindicato USO en Albacete. Y eso a pesar de estar reconocido como un derecho desde septiembre de 2022 en España en virtud de un Real Decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. “Esta norma fue muy importante, ha sido como agua de mayo, pero al leerlo me desilusioné mucho por lo que tiene que ver con las causas de despido”. En su opinión, “el decreto se quedó corto porque no regula la penosidad, ya que se están cubriendo los servicios de cuidados con empleadas del hogar” y, además, “hay que seguir regulando los descansos”.

El real decreto que regula este oficio se centra en una interna de cofia y delantal, una Gracita Morales que todos conocemos, pero cuando hablamos de cuidados la interna nunca se retira a descansar 12 horas entre jornada y jornada. Muchas ni duermen

Laura Moreno — USO Albacete

Yesenia es una de las personas que acuden para informarse en los servicios que ofrece la Plataforma de Apoyo a Empleadas de Hogar, no solo a la hora de buscar empleo sino para gestiones prestaciones u otros cometidos.

Este colectivo nació en Albacete en 2006 a integra a Cáritas, a Cruz Roja y los sindicatos USO y CCOO. Entonces todavía estaba vigente una normativa de 1985 que regulaba la relación laboral de carácter especial del Servicio del Hogar Familiar. “Aquello era del Pleistoceno”, recuerda Laura Moreno.

La lucha ha sido larga porque “hasta 2012 los y las empleadas de hogar no tenían condición de trabajadores y todavía están menospreciadas en el sistema”. Por ejemplo, su sistema de cotización sigue siendo diferente. Y también alude a la situación de las internas. “En las reivindicaciones en toda España se suele corear el lema internas, la esclavitud moderna”, lamenta, porque “el real decreto que regula este oficio se centra en una interna de cofia y delantal, una Gracita Morales que todos tenemos en mente, pero cuando hablamos de cuidados la interna nunca se retira a descansar 12 horas entre jornada y jornada. Hay muchas que ni duermen”.

Moreno resalta que “cada vez hay más empleadores que lo quieren hacer bien”, pero se mantienen las lagunas. Y si no, que se lo digan a Yesenia. “Después de estar interna he tenido muy malas experiencias con las agencias. Te prometen el oro y el moro verbalmente, que te van a hacer contrato de trabajo… Pero pasan los días, te tontean y después de un mes te dicen que no gustas a la familia”.

Trabajar gratis, reclamar...

La última agencia para la que trabajó está en Madrid. Hoy en su página web aparece como un negocio cerrado. “Fui el año pasado para hacer una sustitución dos meses, ni me han pagado. He trabajado gratis, solo conseguí techo y comida y conocer algo de Madrid”. Se ríe irónicamente mientras hablamos. “Me dicen que busque un abogado para reclamar y estoy intentando localizar alguno de oficio”.

En España hay 600.000 hogares que declaran tener servicio de hogar pero “los datos los datos de alta de la Seguridad Social solo hablan de unas 350.000. Hay mucho empleo sumergido en un colectivo que además está muy poco valorado para la labor que realizan”, apunta la psicóloga. 

Yesenia homologó su certificado de estudios para obtener el Bachillerato cuando llegó a España y ahora se plantea mejorar su situación laboral. “En mi país estudié atención al cliente y marketing. Me gustan mucho las ventas, aunque también me gusta el cuidado de personas. Tengo que hacer algunos cursos”.

Dice ver el futuro con optimismo para buscar nuevas perspectivas laborales. “Solo pido que tengan más consideración con las chicas internas. Que se valore más. Tengo a mi madre lejos. Mi padre ya se fue… Creo que durante el tiempo que pasamos con esas personas mayores, y algunas son como niños, tratamos que estén bien en todos los sentidos. Mucha gente se aprovecha de los inmigrantes, sobre todo si no tienen papeles”.

En eso coincide Selmy Luz que llegó a Albacete en 2006 en un proceso de reagrupación familiar. “Son muchos años y yo ya soy de aquí”, nos dice. Esta risueña colombiana es veterana en el oficio de empleada de hogar, aunque, como Yesenia, probó antes con la hostelería. “No me gustó. Yo era vigilante de seguridad en mi país y en mis tiempos libres trabajaba también como manicura”. Había tenido que cuidar a un abuelo con Alzhéimer, así que en España optó por el cuidado de personas mayores como forma de ganarse la vida, tras obtener su permiso de trabajo.

“Hago mi trabajo por vocación, con cariño y respeto hacia las personas”, asegura azorada mientras charla con elDiarioclm.es por teléfono en el intervalo de la caminata entre uno y otro trabajo.

En su primer trabajo, cuenta, “me dieron de alta durante el tiempo que me duró mi viejita. Era un matrimonio y estuve después cuidando también al abuelo hasta que le ingresaron en una residencia. El resto de trabajos vinieron por el boca a boca”.

No siempre ofrecen contrato. “Si no me lo hacen al menos exijo cobrar lo justo. Ahora estoy dada de alta con quince horas semanales, según lo que marca la ley”. Acaba de conseguir un certificado sociosanitario porque su intención es lograr un empleo “único y más estable”, pero no es fácil. “Suelen ofrecer un puesto de trabajo para el que no estoy titulada para pagar menos”.

Selmy suspira profundamente cuando le preguntamos por el derecho al paro recién adquirido para este colectivo de personas. “¡Madre mía! Que lo hayan aprobado ha sido muy gratificante para mí, aunque no busque estar desempleada. Yo lo que quiero es cotizar y cotizar”. El mismo decreto recogió ayudas públicas a la cotización a la Seguridad Social de los hogares que proporcionan este tipo de empleo. 

Es uno de los nuevos ‘salvavidas’ para un colectivo históricamente maltratado. Desde enero también tienen acceso a las mejoras en sus pensiones por las llamadas 'lagunas' de cotización en sus carreras laborales.

Pese a todo Selmy Luz cree que “va muy lento” y apela “a la importancia de las empleadas de hogar. Deben darnos el sitio que nos corresponde y valorarnos. Hacemos de todo”. Algo que también subraya Laura Moreno desde el sindicato USO.

En los últimos tiempos no se trata solo de tareas domésticas sino sobre todo de cuidados. Están cubriendo con empleadas de hogar la tarea de los cuidadores

Laura Moreno — Sindicato USO Albacete

Acaba de celebrarse el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Como cada 30 de marzo de 1988. Este año coincidió con la Semana Santa y en Albacete han esperado hasta este jueves 4 de abril para conmemorarlo en un acto en el Museo de la Cuchillería y seguir recordando que todavía queda mucho por avanzar. “Hay que seguir visibilizando a estas personas. Es un trabajo encomiable el de estas personas que descuida a sus propias familias para cuidar a otra ajena. En los últimos tiempos no se trata solo de tareas domésticas sino sobre todo de cuidados. Están cubriendo con empleadas de hogar la tarea de los cuidadores”.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Trabajadoras del Hogar de Albacete valora los avances laborales y sociales conseguidos en los últimos años, pero cree que hay que seguir trabajando para llegar a la equiparación plena de los derechos del colectivo con el resto de personas trabajadoras.

“Abogamos por la desaparición del arcaico sistema de cotización por tramos, que en muchos casos afecta a las bases de cotización” y eso, recuerdan, les perjudica a la hora de acceder a las diferentes prestaciones sociales.

También reclaman “un mayor control por parte de la administración públicas de las peculiares situaciones que se presentan en los centros de trabajo”. Laura Moreno explica que “los domicilios privados se escapan de las competencias de la Inspección de Trabajo” y provocan indefensión para las mujeres y los hombres que se dedican al trabajo de hogar y cuidados.

Después, también quedan al descubierto cuestiones como la seguridad y la salud en el trabajo porque no hay ni revisiones ni controles médicos para estas personas trabajadoras.

Esta plataforma calcula que hasta un 30% sigue sin estar de alta en la Seguridad Social. “Esto ocurre tanto con personas nacidas en el país, como con migrantes que tienen permiso de trabajo y, sobre todo, con aquellas que todavía no han obtenido sus papeles”.

Selmy Luz lo tiene claro. “Todavía hay mucho miedo a denunciar, pero yo siempre digo que hay que hacerle frente. Creo que debe haber más inspecciones y control para el gremio”.

El próximo mes de junio se cumplirán dos años desde que España ratificase el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo del hogar. El Gobierno se comprometió a instaurar los cambios necesarios para dignificar este tipo de empleo. Todavía hay margen de mejora. “Los derechos deben ser efectivos y no solo algo publicado en el BOE”, sentencia Selmy Luz.

Un matrimonio no da crédito cuando su empleada del hogar, que trabaja como interna, anuncia que se va en busca de la libertad total. No ansía nada más para su vida que sentarse en un banco de la calle a escuchar el canto de los pájaros. Le da igual no tener ingresos o un sitio en el que dormir, de hecho, quiere librarse de cualquier cosa que le impida decidir qué y cuándo hacer lo que le apetezca. Ni maletas quiere: mete sus pertenencias en unas cajas que ata con un cordel y, después de despedirse de sus ya antiguos jefes, que la tratan de loca e insensata, se lanza a las calles de París con la intención de encontrar un rincón en el que ser feliz. Es el comienzo de la historia de la protagonista de Renata sin más, la novela escrita a modo de monólogo interno por Catherine Guérard en 1967. La editorial Tránsito la acaba de publicar en castellano traducida por Regina López Muñoz.

La idea de libertad de cada parte no puede estar más enfrentada. Si para el señor no se puede ser libre si no se gana dinero y eso se consigue con el trabajo, la monologuista opina precisamente lo contrario: “Trabajar para qué, con el dinero metido en una caja y siempre encerrada entre cuatro paredes que aborrezco”, le dice. Si bien el marido y la esposa intentan convencerla para que se quede –sin demasiado ímpetu–, la protagonista está decidida. Pero cuando ya ha dicho adiós a todo el mundo y comienza, por fin, su existencia libre, se encuentra con trabas a cada paso. No puede dormir en cualquier sitio aunque no moleste, ni entrar al andén del metro sin pagar aunque no vaya a viajar ni sentarse en un banco bajo la lluvia aunque no le importe mojarse. Las personas que la rodean se inmiscuirán de una forma u otra para ponerle freno a su existencia.

Pero ninguna de las trabas que se encuentra en el camino son peores que la vida como interna. Uno de sus recuerdos más satisfactorios es el de las ocasiones en las que conseguía vengarse de su patrona, como cuando no atendía a sus peticiones haciéndose la despistada. “Qué lejos quedaba todo eso, la casa de la señora, y la campanilla, y la señora Florence que entraba en la cocina dos minutos después y decía 'Me parece que no ha oído usted la campanilla', y yo decía 'No, no la he oído', y la risa me desbordaba el corazón porque en ese momento la patrona era yo, no la señora”, rumia la protagonista de la novela. Está llena de una rabia acumulada durante años de servidumbre a unos burgueses que no pueden ni imaginarse qué alternativa mejor a su casa puede tener una criada.

“Que decía que un embajador de Francia la había amado con locura, dijo la señora, pues mira, siempre tendrá la opción de entrar de asistenta en el Ministerio de Exteriores, dijo el señor”. Esa conversación sucede mientras ella empaca sus bultos, entre los que se encuentra un fajo de cartas de amor firmadas por Paul. No se dan más detalles sobre esa persona, podría estar muerto o paseando por los Campos Elíseos, pero resulta que es fácil encontrar una conexión con él en la vida real pese a la falta de detalles.

Hay muy pocos datos sobre la biografía de la escritora de Renata sin más, aunque uno de ellos es que fue amante del periodista y escritor Paul Guimard, que le escribió unas cartas que aún se conservan. Como las que la heroína de Guérard guarda en una de sus cajas atadas con cordel. La autora, que nació en 1929, solo publicó dos libros: Ces princes (1955) y el que ahora ha traducido Tránsito, que está escrito sin puntos, estuvo a punto de ganar el Premio Goncourt y está dedicado a François Mitterrand. Y, después, nada más que la fecha de su muerte: el 14 de julio de 2010. Como la protagonista de Renata sin más, cogió sus cosas y se fue de la vida pública.

Fregar el suelo y limpiar las ventanas

La realidad sobre el trabajo doméstico ha generado diversas obras literarias específicas, tanto de ficción como de ensayo. Un ejemplo de lo segundo es Nunca delante de los criados. Retrato de la vida arriba y abajo, de Frank Victor Dawes, publicado originalmente en 1973 y que la editorial Periférica recuperó en 2022 traducido al castellano por Ángeles de los Santos. En 1972, el autor puso un anuncio en el periódico The Daily Telegraph solicitando testimonios de personas que hubiesen trabajado como empleadas del hogar en Reino Unido para un trabajo de investigación. Dawes se fue de vacaciones con su familia y al regresar se encontró que, en lugar de las 30 o 40 cartas que se esperaba, había recibido más de 250 respuestas y aún quedaban más por llegar.

El libro fue un auténtico best seller y, de hecho, la mítica serie británica Arriba y abajo coge muchos detalles de las experiencias narradas en el título, como también se aprecian en otras ficciones como Downton Abbey. La realidad estaba bastante alejada de esas series –sobre todo en la segunda– donde la vida doméstica de los trabajadores se romantiza. Aunque no todas las cartas cuenta malas experiencias y también hay testimonios masculinos de mayordomos o lacayos, lo cierto es que una gran parte de las criadas tuvieron que aguantar acoso sexual, precariedad, malas condiciones y, en muchas ocasiones, el desprecio absoluto de sus empleadores que ni siquiera se sabían sus nombres.

Cristina Sánchez-Andrade recoge en su ensayo breve Fámulas (Anagrama, 2022) la experiencia de cuatro mujeres extranjeras –de Portugal, Honduras, Cabo Verde y Nicaragua– que han trabajado en España como empleadas del hogar. Los testimonios no están aderezados con ningún edulcorante: abusos sexuales, violencia y menosprecio que hacen ver que la realidad de ese sector no ha cambiado tanto desde los tiempos de Frank Victor Dawes. De hecho, hasta 2022 no se aprobó el decreto que da derecho a estas trabajadoras de cobrar el paro y a tener una cobertura legal más amplia (en el caso de que estén contratadas, claro).

La autora pensó en escribir este libro después de ver la obra de teatro Las criadas, de Jean Genet, basada en el crimen de las hermanas Papin, que conmocionó a toda Francia en los años 30 del siglo pasado. Ambas trabajaban como criadas en la misma casa y, un día, asesinaron a la señora y a su hija de una forma terrorífica –les sacaron los ojos con una cuchara cuando aún estaban vivas, por ejemplo–, limpiaron los utensilios que usaron y se acostaron en la cama de su habitación a esperar a la policía, abrazadas. El crimen suscitó un gran debate en el país, que se dividía entre los que pensaban que eran unas asesinas sin alma y los que las consideraban unas heroínas de la lucha de clases. Aún no existía X.

La editorial Capitán Swing añadió a su catálogo Criada. Trabajo duro, sueldos bajos y la voluntad de supervivencia de una madre, de Stephanie Land en 2021, un best seller en Estados Unidos que llegó a colarse en la lista de lecturas de verano de Barack Obama. Además, Netflix la adaptó también con éxito a la pantalla bajo el título La asistenta, protagonizada por Margaret Qualley y Andie McDowell, con lo que la historia de superación de una joven desclasada con una hija pequeña se hizo conocida en todo el mundo. En su libro, Land recoge su experiencia como empleada del hogar pero también la de las personas que se encontró en el camino y con las que compartió la realidad de los trabajadores ‘no cualificados’ en su país.

En Yeguas exhaustas (Los Aciertos / Pepitas de Calabaza, 2023), Beatriz Navarro recuerda cómo acompañaba a su madre a limpiar apartamentos turísticos en verano. Ella era una niña y a veces podía darse un baño en las piscinas de las urbanizaciones que tenían, aunque los inquilinos no dejasen que sus hijos jugasen con ‘la hija de la limpiadora’. Se acostaban tarde y se levantaban de madrugada, la madre trabajaba durante horas y horas y ella la acompañaba. Un día, aburrida, miró debajo de una cama, vio un preservativo usado y lo cogió. Era pequeña, no sabía lo que era y cuando se lo preguntó a su madre, esta le dio un manotazo para que lo soltara. Ambas lloraron. “No volvimos a decirnos nada hasta que llegamos a casa. Quizá esa noche mi madre empezó a soñar con que fuera cajera del Mercadona para no tener que recoger el semen de nadie”, escribe Navarro.

Casi 400.000 trabajadoras están a la espera de un cambio histórico, de gran calado para su futuro: el derecho al paro. Dos meses después de que la justicia europea fallara que España discrimina a las empleadas del hogar y de cuidados al negarles la protección por desempleo, el Ministerio de Trabajo sostiene que está “ultimando” el real decreto con el derecho al paro del colectivo. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que la norma estará lista en “los próximos días” o “semanas”. Aún quedan varios pasos antes de que la medida sea efectiva y permita que estas trabajadoras accedan a las prestaciones, pero mientras los tribunales están ya reconociendo subsidios a empleadas que denunciaron a la Administración.

Uno de los últimos en hacerlo ha sido, de nuevo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya, que reconoció el 11 de mayo el derecho de una trabajadora del hogar al subsidio para parados mayores de 52 años. Los magistrados condenaron al SEPE a abonar la prestación desde la fecha en la que cumplió la edad para acceder a este, en 2019. Se trata del segundo caso de este tipo que el tribunal resuelve favorablemente, aunque las empleadas no cotizaran al desempleo en el pasado, ya que la legislación no lo permitía.

En el Ministerio de Trabajo explican que tienen “muy avanzado” el texto legislativo con la regulación del paro para estas trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres y muchas de ellas, migrantes. Aunque las cifras de la Seguridad Social dan cuenta de las 378.178 empleadas del hogar de alta en su Régimen Especial, hay otras 180.000 trabajadoras más en la economía sumergida. En total, unas 550.000 empleadas domésticas en España, según la EPA.

Convenio 189 de la OIT y legislar la ampliación de derechos

La legislación con el derecho a paro se plasmará en un real decreto ley, justificado por la urgencia de resolver la discriminación que refleja la sentencia europea del pasado 24 de febrero tras la denuncia de una trabajadora gallega contra la Administración. La norma no solo abordará el derecho al paro de las trabajadoras del hogar sino también otras cuestiones, “una extensión de derechos de estas trabajadoras en sentido extenso”, según las palabras de la vicepresidenta.

En esta ampliación de derechos, aún por concretar, Yolanda Díaz ha mencionado expresamente que revisará la normativa sobre despido, aunque sin especificar cómo. En concreto ha señalado al despido por “desistimiento”, por el que los hogares pueden echar a las trabajadoras domésticas sin alegar causa alguna.

Y antes de la aprobación de esta norma, el jueves llega al Congreso de los Diputados otra promesa pendiente desde hace años, nunca cumplida: la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Se trata del convenio internacional sobre trabajadoras domésticas, una reclamación histórica de los colectivos de empleadas del hogar por lo que supone su cumplimiento en equiparación de derechos con otros trabajadores. “Para nosotras es un gran logro, una victoria tras la lucha de muchos años”, explica Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar y miembro de Territorio Doméstico.

No queremos una ratificación del Convenio 189 de foto y que se meta en un cajón

Aunque las empleadas del hogar son conscientes de que la ratificación no supone una ampliación automática de sus derechos. Esto debe regularse de manera específica, como se va a hacer con el derecho al desempleo. Pimentel apunta que los doce meses posteriores a la ratificación son claves para consolidar la agenda normativa y los cambios legislativos que garanticen el cumplimiento del convenio internacional. “Queremos poder aportar, participar en la mesa de negociación, o al menos que la ministra nos llame para ver qué medidas estamos reclamando”, explica la trabajadora de Territorio Doméstico.

En los últimos días, colectivos de empleadas del hogar y organizaciones feministas han lanzado una campaña que reclama que la ratificación del Convenio 189 de la OIT se traduzca, además del derecho al paro, en medidas como la “obligación de comunicar el despido con 15 días de antelación” y la “incorporación en la ley de prevención de riesgos laborales, con el reconocimiento de enfermedades laborales”. Las trabajadoras se movilizarán el próximo 9 de junio frente al Congreso. “No queremos una ratificación de foto y que se meta en un cajón, queremos que se note en el sector”, insiste Rafaela Pimentel.

Mosqueo en los sindicatos por falta de negociación

En el Ministerio de Trabajo explican que la intención es que la regulación “vaya muy rápido”, pero apuntan que “es muy complejo dado el gran cambio en la dimensión administrativa que requiere en coordinación, además, con otros departamentos”. “Una vez esté elaborado se trasladará a los agentes sociales”, añaden estas fuentes.

Al contrario de lo que sucede con otras normas laborales, el Ministerio de Trabajo está cerrando el texto por su cuenta y luego va a llevarlo “a consulta” al diálogo social. La expresión, a la que se han referido en varias ocasiones en el Ministerio, no es baladí. No se está hablando de una “negociación”, ni de la elaboración del texto desde el diálogo social con la participación de los sindicatos y las patronales mayoritarias, como sucede en el proceder habitual del Ministerio. Sino de una “consulta” con estos una vez la norma esté lista.

La falta de negociación de este asunto “ha mosqueado bastante” en los sindicatos, apuntan a elDiario.es desde las centrales mayoritarias, ya que se han visto al margen de la regulación de esta protección por desempleo. En CCOO y en UGT sostienen que el Ministerio de Trabajo no les ha sentado a hablar de esta materia y desde CCOO incluso indican que mandaron dos cartas a Trabajo y a la Seguridad Social emplazando a una reunión que no han sido respondidas siquiera.

Los sindicatos mayoritarios exigen su participación en la elaboración de la norma, que no consideran que pueda ceñirse solo a una “consulta” con la ley cerrada. Algo que no sucede con ninguna materia en un Ministerio que suele hacer gala de la negociación y, en especial, del diálogo social.

En Trabajo, aunque no responden sobre la crítica de los sindicatos, destacan la intención de que la legislación sea rápida y se apruebe “lo antes posible” para acabar con la discriminación que advirtió el tribunal de Luxemburgo. Terminado el texto, tendrá lugar la “consulta” con los agentes sociales y su aprobación finalmente por el Consejo de Ministros. El decreto tendrá que contar más tarde con el respaldo parlamentario para su convalidación.

Cuándo podrán las trabajadoras del hogar pedir el paro de manera efectiva es todavía una incógnita. “No puedo decirles una fecha”, respondía el jueves el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Dada la regulación vía real decreto ley, todo indica que la protección se desplegaría con la entrada en vigor de la norma, pero habrá que atender al detalle de la legislación. “La conocerán en los próximos días”, adelantó Yolanda Díaz en su comparecencia en el Congreso.

El número de parados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Euskadi ha descendido en 2.934 personas el pasado mes de diciembre en relación a noviembre (-2,49%), con lo que se cierra el año 2021 con 114.845 desempleados, según datos del Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno vasco y del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esta cifra supone 14.395 parados menos que en diciembre de 2020 (-11,14%), según informa Europa Press. El último mes de 2021 deja 2.392 parados menos que febrero de 2020, último mes justo antes de que comenzara la crisis sanitaria. En la evolución mensual, Euskadi ha reducido el desempleo en diciembre por encima de la media estatal, que ha caído un 2,41% en comparación con noviembre, mientras que en el descenso interanual está por debajo de la media nacional del -15,97% respecto a diciembre de 2020.

Por territorios, el desempleo bajó en Bizkaia un 3,4%, con 2.276 personas desempleadas menos, situándose en 64.878 parados. En Gipuzkoa el descenso es del 1,4%, con 417 desempleados menos y un total de 30.553 personas paradas. Álava es el territorio con el peor comportamiento en diciembre, con una reducción del 1,2%, lo que supone 241 desempleados menos y sitúa el número de parados en 19.414. En el saldo anual, el mejor comportamiento corresponde a Gipuzkoa, con una disminución relativa del 11,27%, seguido de Bizkaia con un 11,22% y de Álava con el 10,65%. Entre las capitales, en Bilbao baja el paro en 677 personas (-3%), en Vitoria en 188 (-1,2%) y en dONOSTIA en 221 personas (-2,9%).

Diciembre deja 2.392 parados menos que febrero de 2020, último mes justo antes de que comenzara la crisis sanitaria. En agosto de 2020 se alcanzó el número más elevado, 146.450, que eran 29.211 personas más que en febrero de ese año, y desde entonces se ha logrado recuperar todo el empleo destruido en esta crisis e incluso crear puestos de trabajo, según han apuntado desde el Departamento de Trabajo y Empleo. El paro desciende en diciembre especialmente entre las mujeres (-2.585), mientras que entre los hombres el descenso ha sido más discreto (-349). No obstante, en la relación anual el descenso del paro es mayor entre los hombres (-7.667) que entre las mujeres (-6.728). Aunque ellos fueron los más perjudicados en el momento inicial de la crisis, están mostrando una mayor capacidad de recuperación. Actualmente el 55,4% de las personas paradas son mujeres.

Por edad, la franja de menores de 35 años es la que acumula un 54% del descenso del desempleo este mes, y en la actualidad suman 28.280, lo que significa que son el 24% de quienes buscan empleo y no lo encuentran. Son 6.439 menos que hace un año, un 18% menos. En cuanto a los mayores de 45, sigue siendo el grueso de la población parada, y suman 60.799, casi la mitad de los demandantes. Este mes también ha descendido el paro en esta franja y casi en 3.000 personas en este año.

En cuanto a sectores, durante diciembre el paro disminuye más en Servicios (-3,1%), con 2.475 desempleados menos, lo que sitúa la cifra de personas en paro en 76.568 y en el sector Primario (-1,4%), con 37 parados menos y un total de 2.632 desempleados. Aumenta en la Industria (+2,7%), con 356 parados más, lo que hace un total de 13.708 desempleados, y la Construcción (+0,3%), con 23 personas más en paro, hasta alcanzar los 7.717 desempleados. En el cómputo interanual, el descenso es del 14,3% en Industria, del 11,3% en Servicios y del 10,7% en Construcción. Entre quienes no han tenido todavía su primera experiencia laboral disminuye el paro un 8,5% en el último año, y ascienden a 14.220 los desempleados en este colectivo. Además, durante este mes de diciembre se reduce el paro de larga duración en 791 personas y también el de corta en 2.143.

Contratación

Con respecto a la contratación, en diciembre ha habido 74.716 contrataciones, lo que supone un descenso del 14,06% en relación al mes anterior (12.220 contratos menos) y un incremento del 25,86% respecto al mismo mes de 2020 (+15.353). Del total de contrataciones, 67.914 han sido temporales y 6.802 de carácter indefinido. En relación a diciembres de años anteriores, el volumen de contratación registrado se queda a 603 contratos de 2019, pero es superior a la de este mes de años anteriores.

El retorno de la incertidumbre y las restricciones en sectores como la hostelería derivadas del repunte de la pandemia han frenado el proceso de recuperación que se venía observando en los últimos meses, según el Departamento de Trabajo y Empleo. Asimismo, durante diciembre el número de titulares de la Renta de Garantía de Ingresos ha disminuido en 116 personas, un 0,22%. El número total de perceptores se sitúa en 52.723 personas, 2.024 menos que en diciembre de 2020.

Trabaja con contratos por horas en tres casas diferentes y a principios de mes hay algo más de 700 euros en su cuenta. Jacqueline Amaya tiene 44 años, es empleada doméstica, una de las aproximadamente 600.000 que existen en España y cuyos derechos, a día de hoy, aún no están equiparados con el resto de trabajadores. Sin cotizar por sus salarios reales y sin derecho a paro, Jacqueline resume en dos palabras el estado en el que se encuentran estas trabajadoras: “Estamos desamparadas”.

En los últimos años, las empleadas domésticas han sufrido avances y también retrocesos en sus derechos. Aunque se integraron en el régimen general de la Seguridad Social y se hizo obligatorio que sus contratos se registraran y que fueran dadas de alta por todos los hogares en los que trabajan, también han visto cómo se postergaban varios compromisos que auguraban mejoras laborales.

Es el caso de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que les reconoce el derecho a paro, y que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a cumplir. “Se postergó a este año, pero mientras no haya Gobierno es algo que no va a suceder”, explica Jacqueline, que es peruana y no conoce otro oficio desde que llegó hace doce años a España. No solo se trata de ratificar el convenio, sino de concretar la forma en la que se aplicará en España y dotarlo presupuestariamente. “Si no, sería papel mojado”.

Mientras esto sucede, los salarios de las empleadas domésticas representan el 44% del salario medio y es el único trabajo donde el despido puede ejercerse sin causa, solo por “desestimiento”. Sueldos bajos, mucha economía sumergida, sin protección frente a un despido extremadamente fácil. “Aún hay muchas compañeras trabajando en negro y las que tenemos contrato casi nunca cotizamos por lo que realmente trabajamos. Y cuando te echan te quedas sin nada”, asegura esta empleada, una de las fundadoras de la Asociación de Empleadas del Hogar de Sevilla.

Hace unos meses, el Grupo Turín, una plataforma que aglutina a asociaciones y colectivos que trabajan por la dignificación del empleo doméstico, envió una carta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social pidiendo cambios y denunciando la situación de “abandono institucional” de las trabajadoras. El sistema de cotización por tramos, la falta de control sobre la jornada declarada y el salario recibido, o la no entrega de las nóminas a las trabajadoras como práctica habitual eran algunas de sus quejas. La Secretaría respondió asegurando que tendrían en cuenta sus recomendaciones y aludiendo al bloqueo gubernamental': “Debido al momento político actual en el que nos encontramos no podrá celebrarse la reunión que solicita”.

Otro de los varapalos que ha sufrido el colectivo fue la enmienda por la que el Gobierno del Partido Popular retrasó que sus lagunas de cotización (los periodos vacíos sin alta) se les completaran, como sucede con el resto de trabajadores. Un retraso que, sin embargo, se ha prolongado con la prórroga de los presupuestos de 2018. Mientras, la pensión media de las empleadas domésticas ronda los 520 euros, aunque la mayoría ni siquiera llegan a poder jubilarse legalmente debido a la falta de cotizaciones.

Todas estas condiciones laborales hacen que la norma española pueda estar discriminando por razón de sexo de manera indirecta a las empleadas del hogar, según un estudio de la Fundación Alternativas elaborado por la investigadora Arantxa Zaguirre y publicado en marzo. Así que Jacqueline lo tiene claro: “Que llegue un Gobierno y que se ponga con esto, que atienda nuestras reivindicaciones”.

Si le preguntas a una niña lo que quiere ser de mayor jamás te contestará limpiadora. Ganarse la vida limpiando lo que otros ensucian no es el sueño de nadie. Tocará hacerlo a regañadientes, cuando no queda otra, cuando la edad, la salud o la miseria te han echado del sistema.

Hay algo que se rompe adentro la primera vez que metes la mano en un váter ajeno. La soberbia, básicamente. Trabajar de limpiadora ha sido la cura de humildad más grande de mi vida. He limpiado lámparas de caireles, estatuas de Tuset, habitaciones de hotel y baños de camioneros. La España de principios del siglo XXI era un festín y miles de inmigrantes vinimos a sobrevivir de las migajas que caían del convite. Los trabajos en sectores primarios eran los únicos a los que acceder sin papeles. Tocó aprender a limpiar, porque no es lo mismo que en casa. En Latinoamérica llamamos de forma diferente a las herramientas en cada país, así que ni siquiera entendía de lo que me estaban hablando. “Aclara el mocho” fue una de las primeras consignas. En Argentina “mocho” es cabeza así que deduje que me estaban llamando tonta y casi contesté una barbaridad.

Hubo mujeres increíbles que con toda la paciencia del mundo me explicaron las tareas básicas, que me palmearon la espalda y felicitaron cuando conseguía hacer la faena. Mujeres que me pusieron paños helados en las muñecas para bajar rápido los golpes de calor, mujeres que aceptaban un destino de lesiones crónicas con resignación.

Recuerdo a la señora María, mi primera patrona, que me invitaba a té con galletas cuando acababa de limpiar y me contaba las historias de la postguerra. De cuando sus padres la mandaron a servir a una casa de ricos con 7 años porque no tenían para darle de comer. Era una buena mujer que me daba propina “para comprar dulces a tus niños”. Yo tragaba las galletas y la tristeza al comprobar que el primer mundo no era lo que imaginaba. Tampoco olvidaré a la señora Enriqueta, que me hacía limpiar de rodillas con un cepillo de dientes los zócalos de su casa, trabajar todos los festivos y lavar la ropa delicada a mano en el agua que quedaba en la bañera después de su baño. Las limpiadoras pueden ser la delicia de los déspotas.

Si trabajas en oficinas nadie sabe tu nombre ni te cuentan a la hora de repartir el pastel de cumpleaños. Eres “la de la limpieza”, la sospechosa habitual, la que se observa con menos aprecio que a una mascota. Una compañera imprescindible, necesaria pero invisible.

Hay tantas carreras universitarias que han pagado manos cuarteadas por la lejía, tantos niños con plato de comida caliente gracias a una madre que está a miles de kilómetros partiéndose la espalda, tantos abuelos que tienen un rato de compañía.

También me tocó limpiar las naves del Imperio de Amancio con sus 63 baños por almacén, subir a las oficinas a repasar 500 metros cuadrados de escritorios. Y hay algo común a todos: las fotos de los seres queridos. En cada escritorio, en cada máquina de coser, en cada rincón privado hay imágenes de lo importante: niños que sonríen, mascotas disfrazadas y notas de amor. Las mismas que llevaba en mi móvil, lo único que me dejaban entrar porque los bolsos están prohibidos al personal de limpieza.

He visto a mujeres salir llorando después de diez horas en un hotel y volver al otro día con la sonrisa puesta y los bolsillos llenos de analgésicos. A Puri, que después de 15 años como auxiliar geriátrica limpia porque ya no le da el corazón para tanta muerte, vaciar las papeleras de la sección de diseño gráfico y alegrarse porque “estos chavales están comiendo fruta”. A Silvia, que logró escapar de un marido que la molía a palos y mantiene a su hija haciendo doble turno. A Tere, que prefiere trabajar en el turno de noche para llegar a los mil euros y evitar las miradas denigrantes de becarios que cobran la mitad de su sueldo.

Ninguneadas, ignoradas y a plena precariedad, miles de mujeres se levantan cada día a poner orden. Detrás de ellas hay historias que quitarían el sueño a muchos. Se merecen el respeto y la admiración que pocos les daremos.

En Argentina la limpieza es un trabajo de personas pobres, marginales. Por eso mi madre nunca le contó a nadie que en España me gané la vida limpiando. Cómo iba a explicar que su hija que había ido a la universidad, que había trabajado en una multinacional, que sabía idiomas, limpiaba baños para comer. Era el colmo de los fracasos. Nunca un fracaso me enseñó tanto sobre la sociedad. Quien limpia sabe lo que comes, lo que escondes, lo que sueñas, lo que te enorgullece.

En un mundo más lógico habría una señora de la limpieza en los estudios de arquitectura, en los proyectos de diseño y en los talleres pedagógicos de los institutos. Ellas saben del después, del uso, del desgaste y de volver a empezar cuando se ha perdido la esperanza.

Carmen trabaja limpiando casas por horas. Ojea el teléfono cada poco porque es ahí donde recibe las ofertas que le llegan a través de Wayook, una plataforma digital en la que está registrada y en la que quien primero pulsa el botón de 'aceptar', se queda el trabajo. “Pero no me tienen asegurada”, repite varias veces. La empresa explica en un recoveco de su página web que es el usuario quien debe darla de alta en la Seguridad Social, a pesar de que es la propia compañía quien marca los precios mínimos (y, de facto, los que se perciben), canaliza el cobro, se queda una comisión e, incluso, establece estructuras organizativas entre las trabajadoras.

Carmen, que prefiere ocultar su nombre real, es, estableciendo un paralelismo sencillo con plataformas más conocidas como Delivero o Glovo, una rider de la limpieza. Este tipo de plataformas orientadas a los servicios del hogar han experimentado un aumento en los últimos años. En el informe 'El trabajo en las plataformas digitales de reparto' publicado por UGT en septiembre, ya se mencionaba más de media docena de empresas de limpieza y otros servicios a domicilio: Clintu, Flycleaners, GetYourHero, Taskrabbit (adquirida por Ikea) o la propia Wayook.

Para el sindicato, “en varias de estas actividades la relación que une a las partes es, en realidad, por cuenta ajena”, pero todas tienen un modelo de negocio similar pese a que pueden cambiar de denominación o forma jurídica: presentarse como intermediarios que no asumen ningún tipo de compromiso laboral con las trabajadoras, pero que tampoco realizan ninguna labor proactiva para asegurarse de que sus clientes regularicen su situación.

El coordinador de turespuestasindical.es de UGT, Rubén Ranz, explica que “hay que tener en cuenta que muchas de estas plataformas son agencias de colocación, lo que parece que le da un viso de legalidad, pero es todo lo contrario, porque entendemos que existe un fraude”. Para él, este tipo de plataformas, aunque operen de distinta manera, en el fondo hacen lo mismo, funcionar como empresas multiservicios que, a su juicio, “deberían tener a las trabajadoras en el régimen general de la Seguridad Social, aplicándoles el convenio de limpieza”.

“Si funcionan como una agencia de colocación, que efectivamente solo intermedia, el ilícito lo estaría haciendo la familia, pero en muchos casos (las empresas) no solo hacen eso, sino que también deciden un precio y cobran por ello, u ofrecen otros servicios, como aportar los productos de limpieza u otros”, explica el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí, que reconoce, no obstante, que “no es fácil distinguir”.

Para registrarse en las plataformas, las trabajadoras tienen que rellenar cuestionarios en los que responden sobre su experiencia, su forma de trabajar, etc. “Te preguntan de todo, estuve casi dos horas con el cuestionario”, indica Carmen. Algo que choca con los datos que deben completar los usuarios. “No sabes qué te vas a encontrar”, indica, “un día llegué a un piso para limpiar el salón, la cocina y el baño y empezaron a salir chicos de las habitaciones... No pasó nada, pero ves tantas cosas en la televisión que lo primero que pensé fue: ¿dónde me he metido?”.

Lo de aportar los productos también es algo habitual. “Si los traigo yo, me pagan un euro más por hora”, explica Carmen, pese a que la empresa carga al cliente un suplemento de 3,99 euros por un servicio con este extra. Ella cobra unos siete euros por hora (8 si se hace cargo de los productos de limpieza). En su página web, Wayook indica que la profesional recibe directamente el pago en un plazo de 24 horas. En su caso, no es cierto. Ella cobra a mediados y a finales de mes en dos pagos únicos, realice los servicios que realice, que le ingresa la empresa. Para Todolí, “si el cliente paga a la plataforma y la plataforma paga a la trabajadora, volvemos a la prestación del servicio, como los riders, falsos autónomos o lo que sea. Quien tiene que darlas de alta es la plataforma, no el cliente”. Esta redacción se ha puesto en contacto con Wayook, pero no ha obtenido respuesta.

Cómo identificar si existe relación laboral

¿Crees que te penaliza cuando rechazas una oferta? “No, puedo decir que no y me siguen apareciendo otras”, explica Carmen. Ana, que trabaja con Clintu y también prefiere utilizar un nombre ficticio, responde lo mismo: “Puedes decir que no”. El fundador y CEO de esta compañía, Alex Espel, explica que “no existe algoritmo” y que, como trabajador, “no estás obligado a realizar ningún trabajo, ni horarios, ni nada. Obviamente, si estás disponible más horas, podrás trabajar más horas. Si haces más servicios a más clientes a los que les gustas, te piden, están dispuestos a pagar más y se genera una cierta meritocracia”.

La profesora de derecho del trabajo de ESADE Anna Ginès establece varios elementos clave para identificar cuándo existe una relación laboral entre la plataforma, independientemente de su funcionamiento, y las trabajadoras: la asignación del trabajo, el rol de la empresa –si el medio esencial sin el cual el trabajo no tendría sentido es la propia plataforma- o quién se relaciona con el mercado. Sobre el primero, explica que “si la plataforma interviene en esa asignación oferta-demanda, se convierte en la prestadora del servicio”. En ese sentido, existen diferentes sentencias contra Glovo o Delivero -también otras a favor- en las que reconocen que los riders son, de facto, trabajadores de la empresa y en las que dan por sentado la existencia de un algoritmo para la asignación de servicios, que penaliza a aquellos que rechazan algunos o que están disponibles menos horas.

La valoración de las trabajadoras, que éstas se puedan marcar como 'favoritas' para que tengan prioridad sobre el resto cuando un cliente para el que ha trabajo publique una oferta o pedir que la plataforma envíe siempre a la misma limpiadora es para los expertos en derecho laboral una forma de “establecer un sistema de organización empresarial”. “Al establecer un sistema de reputación digital está decidiendo quién va a trabajar en cada sitio, porque la casa le está diciendo a la plataforma a través de 'favoritos' que prefiere a esa persona”, desarrolla Todolí. “Eso es parte de la organización, no sé si suficiente. Eso tendría que decirlo el juez, pero que unos se vean antes que otros es el algoritmo como jefe”, matiza. “Para mí, la variable en si misma -valoración de clientes, servicios rechazados, favoritos, etc.- no es determinante, sino que utilice unas variables que la empresa elige”, coincide Ginès.

“Unos te pagan 8,50 euros, otros 9, otros 10”

Clintu nació hace cuatro años y su trayectoria ha sido ascendente: cerró 2018 con más de 400.000 euros en facturación y tres millones de euros en pedidos. Actualmente tiene registradas a alrededor de 500 personas, “por un lado el perfil del 'manitas', que no es el mayoritario, y luego el de limpieza, que normalmente son mujeres, en muchos casos en riesgo importante de exclusión social o que vienen de backgrounds bastante complicados y a las que poder trabajar limpiando por horas les da la vida” porque “encontrar trabajo limpiando es un drama”, explica Espel.

Los usuarios solicitan, a través de la web, el servicio que necesitan, las características de la vivienda, el tiempo y el precio que quieren pagar, aunque la plataforma determina un mínimo. Esta oferta llega a las limpiadoras, que la aceptan o rechazan. Ana ve en la aplicación lo que se paga por un servicio. “Unos te pagan 8,50 euros, otros 9, otros 10. No lo sé, será el cliente quien pone el precio, no lo sé”, indica. El dinero lo recibe a través de una pasarela de pago que gestiona la propia aplicación, que se queda con entre el 8 y el 15%, según las características del servicio, pero no comprueba que la trabajadora sea dada de alta por la familia. Sí asegura, no obstante, posibles desperfectos en la casa originados durante el servicio, como muestran en un lugar destacado de su web.

“Nosotros no podemos controlarlo, la administración vive en el mundo analógico”, justifica su CEO. Y añade: “Hay muchísima gente que no quiere trabajar legalmente, aunque todo el mundo se escandalice. Es como el '¿con IVA o sin IVA?'. A veces nos dicen que si tienen que cotizar, pasan. A día de hoy no existen los mecanismos para una colaboración público-privada para plataformas como nosotros, que podemos ser un gran canal para aflorar la economía sumergida”.

“¿Quién fija los precios y cobra los servicios?”

Ginès menciona también lo que los juristas llaman “ajenidad”, que se refiere a quién se relaciona con el mercado, quién toma las decisiones económicas, organizativas y estratégicas. “¿Quién fija los precios? ¿Quién cobra los servicios? ¿Quién fija la marca? ¿Quién tiene los datos del cliente? Obligar a que toda relación pase por la plataforma implica que quien se está presentando en el mercado, es la plataforma”, dice.

En este sentido aparece otro punto que puede determinar la existencia de una relación laboral o no: la capacidad de las trabajadoras de marcar precios. “Desde el momento en el que el servicio se ofrece a mucha gente, esa capacidad de negociación cuando no hay contacto directo entre el trabajador y el empleador se desvirtúa”, indica. Y añade: “Se le da la capacidad de fijar el precio a la persona que contrata, pero la persona que trabaja no tiene capacidad real. Su única capacidad es elegir cuántas horas está disponible, que no trabajando”.

Rocío Echevérria pertenece al sindicato independiente de trabajadoras del hogar y los cuidados (Sindihogar) y trabaja con la plataforma Cronoshare. El director de marketing de la compañía, surgida en 2012 en Valencia, Carlos Alcarria, indica que se trata de “un marketplace de intermediación de servicios (de varios tipos)” entre profesionales y empleadores. “Proveemos la tecnología y facilitamos un punto de encuentro para ambos y tanto el empleador como la empleada acuerdan cómo se realiza el servicio”.

¿Cómo se ponen en común? La empleadas deben ingresar dinero en euros en la plataforma para compra 'cronos', una moneda virtual inventada por la compañía con la que pueden acceder al número de teléfono de los empleadores cuya oferta de trabajo les interese. “Tenemos unos listados y los vamos ordenando por ciudades y demás, y por calidad de los perfiles, pero a día de hoy el algoritmo de ordenación no lo tenemos desarrollado al 100%”, indica Alcarria. Para acceder al número de teléfono del cliente, la empleada paga unos 9 euros de media. A cada oferta pueden acceder un máximo de cuatro trabajadoras: a las que no se quedan con el trabajo, tan solo les devuelven 6 de los 9 euros pagados.

“Los clientes no suelen darlas de alta”

A partir de ese momento, la relación entre Cronoshare y la trabajadora desaparece: ella contacta con la familia, deciden un precio y la forma de realizar ese servicio y los futuros (normalmente se indica si el servicio que se solicita es de varios días o muchas horas, lo que hace que compense dejarse los cronos en esa oferta). “Las condiciones son que ellos son intermediarios, no te aseguran, ni te garantizan las condiciones de trabajo que se anuncian. Me ha pasado con familias que pedían una solicitud constante, yo pagué y a las cuatro semanas te dicen que no”, indica Rocío. Ella trabaja en cuatro casas, pero no está contratada en ninguna. “Es un sector un poco complicado, porque los clientes no suelen darlas de alta en la Seguridad Social”, reconoce Alcarria, que matiza que “nosotros recomendamos que el cliente pague lo que corresponda, pero no entramos en gestiones porque seríamos otro tipo de empresa”.

Por eso, el director de marketing de Cronoshare se muestra “totalmente tranquilo” frente a los conflictos laborales que han encarado plataformas que ofrecen otro tipo de servicios, como los de reparto. “La relación que tenemos con los profesionales no tiene nada que ver con la que tienen las empresas de comida a domicilio. Somos una plataforma de marketing y captación de clientes. Nadie está obligado a nada, ni a contactar. En otras plataformas puede que si no coges un trabajo, no trabajes más. Estamos fuera de la polémica”, explica.

Una diferencia fundamental con otras plataformas como Glovo o Delivero es que mientras estas alegan que losriders son autónomos y no tienen relación laboral con la empresa, las trabajadoras domésticas, por ley, no pueden ser autónomas. Así, tiene dos opciones: que las contrate la plataforma o que lo haga la familia. Las empresas, por su parte, no niegan que exista una relación laboral, pero sí niegan que esa relación laboral sea entre empleada y empresa, sino que cargan la responsabilidad a las familias.

Para Estel se trata de “un problema estructural legislativo, a nivel mundial si quieres, sobre qué hacemos con los trabajos que se generan a través de plataformas”. “Puedes ver las plataformas como un canal que te genera economía y riqueza o que no, y cerrarlo. Nosotros conseguimos que encuentre trabajo gente a la que no le dan otras alternativas. Nos dicen que no es una opción buena, ¿qué alternativa propones tú? 'Ah, no sé'. A una persona con dos hijos no le vale un 'ah, no sé'”, desarrolla.

Según los expertos consultados, estas plataformas “están precarizando a las limpiadores y no sé si dejan claro a los empleadores que tienen que darla de alta”, denuncian desde el departamento de inmigración de Unión Sindical Obrera Madrid (USO). “Nosotros recomendamos otras como Senda de Cuidados, que respetan los derechos de los trabajadores”.

El Sistema Especial de Empleadas del Hogar no reconoce a estas trabajadoras los mismos derechos que al resto. No tienen, por ejemplo, prestación por desempleo y pueden ser despedidas sin causa. En la última Encuesta de Población Activa, se declaraban empleadores de personal de servicio domestico unos 600.000 particulares, pero en septiembre la Seguridad Social solo contabilizó 395.000 empleadas. Es decir, una de cada tres trabajadoras no está dada de alta. Estos números sitúan a las empleadas domésticas en una situación dramática. Más aún si se tienen en cuenta los bajos salarios que perciben. Según un informe de UGT, publicado a principios de año, en 2017 las aseguradas cobraban de media 776 euros al mes, 81 euros menos que en 2008.

616.900 personas trabajan en España en el empleo del hogar. El 89% son mujeres y la mayoría, de origen extranjero. Este sector, que sostiene los cuidados, es el que tiene los salarios más bajos de toda la economía española. Es también el único empleo en nuestro país que no genera derecho a ninguna prestación por desempleo y el único en el que se puede despedir sin alegar causa alguna. Estas condiciones laborales hacen que la norma española pueda estar discriminando por razón de sexo a las empleadas del hogar, según un estudio de la Fundación Alternativas elaborado por la investigadora Arantxa Zaguirre.

Se trataría de una discriminación indirecta que, según define la directiva europea de igualdad de trato, se produce cuando una “disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo”, salvo que esa situación “pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”.

Para empezar, de las 616.900 empleadas del hogar que, según la EPA, hay en España, solo 410.634 están dadas de alta en la Seguridad Social. Su cotización, sin embargo, no corresponde con su salario real (como ocurre con el resto de trabajadores) sino que se basa en un sistema de tramos que hace que sus aportaciones a la Seguridad Social sean bajas. Esta rama de actividad es, además, la que registra los salarios más bajos de todos los sectores económicos. Los sueldos de las empleadas domésticas representan, de media, el 44% del salario promedio de la economía, “lo que explica las tasas diferencialmente altas de riesgo de pobreza y exclusión social” del colectivo.

Las trabajadoras domésticas son las únicas que no generan derecho a paro. Esto incluye tanto la prestación contributiva como los subsidios a los que sí pueden acceder el resto de trabajadores una vez terminan de cobrar el desempleo ordinario. Es, además, el único trabajo donde el despido puede ejercerse sin causa, solo por “desestimiento” del empleador, algo que, señala el informe, está prohibido por el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación de alegar causas y la capacidad de poder cuestionarlas. Una empleada de hogar puede, por tanto, ser despedida de un día para otro y quedarse sin salario y sin prestación.

Estas circunstancias, agravadas por el hecho de que la mayoría son extranjeras y necesitan el contrato para acceder y renovar sus permisos, favorece la “escasa conflictividad” del colectivo y la aceptación de salarios muy bajos y condiciones ilegales. 

La norma no contempla además ninguna consecuencia para el despido de una trabajadora embarazada. Las empleadas domésticas están protegidas por los preceptos generales, que consideran nulo el despido de embarazadas, pero no se adecua a su situación. En las relaciones laborales que se desarrollan dentro del hogar no puede imponerse la readmisión (como sí sucede en los despidos nulos en cualquier otro sector) y no tienen asignada una indemnización concreta si eso sucede.

“A la vista de las diferencias descritas entre el Sistema Especial de empleadas de hogar y el Régimen General y atendiendo al porcentaje de mujeres al que afecta, podemos afirmar que estas constituyen un supuesto de discriminación indirecta en las condiciones de trabajo y Seguridad Social”, apunta el informe. La discriminación es indirecta porque la norma, aunque está formulada de forma neutra y por tanto no busca vulnerar de manera directa los derechos de las mujeres, afecta a número de mujeres mucho mayor que de hombres. 

Una reforma urgente

En 2011, el Gobierno de Zapatero aprobó una modificación de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las empleadas del hogar que supuso un avance sustancial respecto a la regulación anterior, que permitía situaciones “de cuasi servidumbre”, señala el informe. Sin embargo, algunos de sus contenidos no se han materializado y otros cambios han quedado pendientes. Es el caso de las lagunas de cotización, que en el resto de sectores la Seguridad Social compensa con unos mínimos para que no perjudique tanto el cálculo final de las pensiones. Aunque estaba previsto que este mecanismo también se les aplicara desde 2019, una enmienda de PP a sus presupuestos de 2018 retrasó la medida hasta 2024.

“El mantenimiento indefinido de unos inferiores niveles de protección social para este colectivo resulta difícilmente justificable y evidencia la necesidad urgente de una reforma que equipare los derechos laborales y sociales de las empleadas del hogar con los previstos en el Régimen General para el resto de trabajadores”, señala el informe. 

La investigación enumera varias propuestas para acabar con esta discriminación. Por ejemplo, ratificar el convenio 189 de la OIT que reconoce el derecho a paro de las empleadas domésticas y diseñar prestaciones adecuadas y suficientes. Para compensar parte de la carga económica que implicaría para los empleadores, propone que el Estado subvencione una parte de las cuotas en función de la capacidad económica y de la situación familiar. Plantea también la necesidad de explicitar en la norma las consecuencias de despedir a una empleada doméstica embarazada.

“El sistema de cuidados no puede contar indefinidamente para su sostenimiento con un colectivo de trabajadoras a las que, deliberadamente y mediante una legislación discriminatoria, se mantiene en condiciones de pobreza, vulnerabilidad e infraprotección”, concluye.

“Ven con tu delantal y tu escobilla”. Las empleadas del hogar han tomado sus herramientas diarias como armas de batalla: una lucha por el reconocimiento de sus derechos laborales, mermados respecto al resto de trabajadores en diferentes aspectos. No tienen acceso a la protección por desempleo, por ejemplo. Las trabajadoras, muchas de ellas migrantes, han dicho basta. “¡Ya es hora!” es el lema de una campaña de concentraciones y protestas en varias ciudades españolas, con bailes incluidos, para exigir “plenos derechos” laborales y políticas públicas que pongan en el centro los cuidados. Ahora, denuncian, los cargan miles de mujeres a sus espaldas de manera invisible, sin remunerar o en condiciones precarias.

Este miércoles por la tarde, las movilizaciones estaban convocadas en Madrid, Bilbao, Valencia y Pamplona, y el próximo domingo 1 de julio llega la cita para las trabajadoras de las empleadas domésticas de Sevilla y Granada. “No estamos todas, faltan las internas”, han clamado las manifestantes en el acto de Madrid, en recuerdo de las empleadas internas en los hogares, más vulnerables a los abusos y la explotación. “Se acabó la esclavitud”, gritaban. 

En las llamadas a las protestas, el Grupo Turín –que agrupa a numerosos colectivos por los derechos del trabajo doméstico– y el Observatorio Jeaneth Beltrán ya adelantaban el tono festivo y reivindicativo de las protestas: las proclamas se iban a colar en canciones de verano y en forma de flashmob.

El Congreso de los Diputados ha sido testigo de los bailes reivindicativos, con escobilla en mano a modo de micrófono, de la concentración convocada en la capital, en la Plaza de las Cortes. “No tengo un día libre, ni para enfermar. Si este curro que hacemos es fundamental, ¿por qué pagan tan mal?”, se preguntaban las trabajadoras en una nueva versión de Yo quiero bailar de Sonia y Selena.

Esta es una lucha que se expresa en femenino. “Somos muchas, somos fuertes. Sin nosotras ¡no se mueve el mundo!”, defienden las trabajadoras en un comunicado. En España hay 637.700 trabajadores del hogar, según la última EPA, de los que el 88% son mujeres, entre las que hay muchas migrantes. El número de las que están dadas de alta en la Seguridad Social es mucho menor: 420.288, pese a ser obligatoria su alta desde la primera hora trabajada. Según las estimaciones de la OIT, una de cada tres empleadas domésticas carece de protección social en España.

Enemigo nº1: la 'Enmienda 6777'

La protesta en las calles de las empleadas domésticas y de cuidados llegan tras un mes de movilización de estas profesionales contra la llamada 'Enmienda 6777'. En la actualidad es el enemigo número 1, como han recordado hasta las meninas que adorman las calles de Madrid. Se refiere a la enmienda que coló el Partido Popular en los Presupuestos para retrasar la integración de estas trabajadoras en el Régimen General.

En la actualidad, las trabajadoras forman parte de un Sistema Especial para Empleados de Hogar, diferente del Régimen General, pero se ha ido avanzando de manera progresiva para su integración (que estaba prevista para enero de 2019). La enmienda del PP la retrasa hasta 2024, lo que para el colectivo Grupo Turín supone “cinco años más de discriminación laboral”. Entre los inconvenientes figuran que las trabajadoras no cotizan por su remuneración real, sino por tramos, y que no se benefician de un mecanismo para compensar lagunas de cotización en la carrera laboral.

Las protestas de las trabajadoras exigen al nuevo Gobierno que legisle para anular el resultado de esta enmienda, ya que el PSOE va a sacar adelante los Presupuestos que sacó adelante el PP en el Congreso antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Unidos Podemos ha registrado este miércoles por la tarde una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a hacer esto, además de “ratificar, sin más demoras, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos” para que entre en vigor “no más allá de 2019”, entre otras cuestiones.

El Ministerio de Trabajo ha confirmado esta semana a eldiario.es su intención de ratificar del Convenio 189 de la OIT, la principal reivindicación de las trabajadoras domésticas desde hace años. Las empleadas domésticas le recuerdan al Gobierno que “ya es hora de firmar” la ratificación de este convenio. También de que el Estado asuma su responsabilidad en materia de cuidados, es decir, de articular una política pública “con un sistema de atención a la dependencia que procure atención y cuidados con dignidad a quien lo necesite y no solo a quien pueda pagarlos”.

Denuncian que su trabajo se ha infravalorado e ignorado como si fueran “trabajadoras de segunda clase”, pero que ya es hora de que esto cambie. “Las trabajadoras de hogar y de cuidados estamos aquí, somos más de 600.000”.

Es una de las principales demandas de las empleadas domésticas y de los sindicatos. El nuevo Gobierno pretende ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, que supone ampliar los derechos de estas profesionales, la inmensa mayoría mujeres. “Hay intención de firmar el convenio”, confirman fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad a este medio después de que la ministra Magdalena Valerio se haya encontrado este lunes con el director general de la OIT, Guy Ryder.

El Convenio 189 de la OIT ha sido ratificado por 25 Estados, entre ellos, Alemania, Portugal, Bélgica, Italia y Finlandia. Fue elaborado en junio de 2011 y busca sentar las bases normativas para que los países mejoren en sus regulaciones internas las condiciones de trabajo de las miles de personas que se dedican laboralmente al trabajo doméstico. Entre los derechos que reconoce el Convenio figuran la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, y una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.

Además, una de las cuestiones más subrayadas por los colectivos de empleadas domésticas es que reconoce la equiparación de la protección social de estas trabajadoras, que en la actualidad no tienen derecho a paro, por ejemplo. El artículo 14 recoge que todo estado miembro “deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.

Se suele hablar de empleadas domésticas en femenino porque en España hay 637.700 trabajadores del hogar, según la última EPA, de los que el 88% son mujeres. El número de las que están dadas de alta en la Seguridad Social es mucho menor: 420.288, pese a ser obligatoria su alta desde la primera hora trabajada. Según las estimaciones de la OIT, una de cada tres empleadas domésticas carece de protección social en España.

“La intención del Gobierno es sacarlo adelante”

Fuentes del equipo de Magdalena Valerio explican a eldiario.es que el objetivo de Trabajo es ratificar el convenio, “como ya había una iniciativa del grupo parlamentario socialista en ese sentido, la idea es continuar esa vía”. Sobre cuándo llegará esa ratificación, desde el Ministerio argumentan que “si se podrá hacer o no en esta legislatura dependerá de los tiempos parlamentarios, pero la intención del Gobierno es sacarlo adelante”.

Desde el primer nivel de la OIT, el director general Guy Ryder ha expresado este lunes sus expectativas de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez saque adelante la ratificación de España, algo que no hizo el Gobierno del PP. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no avanzó hacia la equiparación de derechos pese a que lo ordenaba la reforma legal de este tipo de empleo, aprobada por Zapatero justo antes de dejar el poder en noviembre de 2011. La ley exigía crear un grupo de expertos para estudiar la viabilidad de la protección por desempleo para las empleadas del hogar en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, pero nunca lo constituyó.

Ryder ha afirmado que espera “que el nuevo Gobierno de España esté en condiciones de ratificar este convenio”, una llamada que ha recogido la ministra Magdalena Valerio, encargada de presentar a Ryder en un desayuno informativo de la tribuna Fórum Europa. “Creo que ya sería justo y necesario firmarlo”, ha afirmado Valerio.

Protestas de las trabajadoras del hogar

Este anuncio llega en una semana en la que las empleadas domésticas tienen convocada una concentración frente al Congreso de los Diputados, este miércoles. Las trabajadoras protestan contra la llamada “enmienda 6777”, una vía que utilizó el PP para colar en los presupuestos un retraso en la integración de estas trabajadoras al Régimen General.

En la actualidad, las trabajadoras forman parte de un Sistema Especial para Empleados de Hogar, diferente del Régimen General, pero se ha ido avanzando de manera progresiva para su integración (que estaba prevista para enero de 2019). La enmienda del PP la retrasa hasta 2024, lo que para el colectivo Grupo Turín –que exige la ratificación del Convenio 189– supone “cinco años más de discriminación laboral”.

Este régimen especial implica que las trabajadoras no cotizan por sus remuneración real, sino por tramos de cotización, ni cuentan con un mecanismo para amortiguar las lagunas de cotización en la vida laboral que tienen la mayoría de trabajadores. Este último aspecto es determinante para las pensiones de jubilación de las empleadas domésticas, advierten en el Grupo Turín.

La concentración de las empleadas domésticas tiene lugar el día antes de que se voten los Presupuestos en el Congreso, este jueves, después de su paso por el Senado. En la Cámara Alta, el grupo de Unidos Podemos presentó una enmienda para que estas trabajadoras domésticas se incorporaran al Régimen General el 1 de enero de 2019, como estaba previsto, pero fue rechazada por el PP (con mayoría absoluta en la cámara) y por el PSOE. Desde el grupo socialista afirman que la propuesta de Unidos Podemos era “menos ambiciosa” que la que defiende el PSOE.

María Pazos (Cañameros, 1953) es una de las voces más destacadas de la economía feminista en España. 'Contra el patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y sostenible' (Editorial katakrak) es su último libro, en el que desarrolla su apuesta por las políticas que cree claves para acabar con la desigualdad de género. Pazos asegura que son momentos como el actual, en plena ola feminista, cuando pueden hacerse los cambios estructurales que pongan las bases de una sociedad más justa. Investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales, esta experta es parte de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), que lleva años apostando por la equiparación e intransferibilidad de los permisos de maternidad y paternidad como medida fundamental para terminar con la discriminación laboral de las mujeres y los roles de género tradicionales.

¿Cómo se combate el patriarcado desde la economía?

Poniendo las condiciones materiales para que la igualdad sea posible. En este momento la igualdad no es posible: las trampas en esta fase de patriarcado de consentimiento en el que estamos son muy sutiles pero muy efectivas. Consisten en hacernos creer a las mujeres que elegimos nuestra situación de desigualdad, mientras se presiona tanto a mujeres como a hombres para que tengamos un comportamiento desigual.

¿Y cómo operan esas trampas en la economía?

Hay tres condiciones para que la igualdad sea posible. La primera es el cuidado en casa, porque siempre hay una parte del cuidado que tiene que hacerse en ese espacio y que hay que repartir equitativamente entre hombres y mujeres. La segunda condición es que los servicios públicos sean suficientes y la tercera es que el mercado laboral permita un empleo compatible con el resto de la vida y en particular con el cuidado. En este momento esas tres condiciones no se dan.

Para repartir equitativamente el cuidado en casa usted defiende que los permisos de paternidad y maternidad deben ser iguales e intransferibles, una medida que cada vez genera más consenso.

Cuando nace una criatura ya de entrada las mujeres tienen unos permisos que, en la mayoría de países de Europa, están diseñados para que se queden ellas ininterrumpidamente a cargo del bebé durante, de media, diez meses, mientras que los hombres tienen, también de media, dos semanas desde el nacimiento y otras dos semanas repartidas durante los siguientes años. Ese diseño ya establece quién es la cuidadora principal y quién se convierte en el padre ayudante. Cuando terminan los permisos, que para el bebé son cortos, resulta que en muchos países no hay esos servicios públicos que permitan a la mayoría de la población acceder a ellos de forma suficiente y compatible con el empleo. Y eso hace que las mujeres sigan retirándose de sus empleos. 

La precariedad no ayuda. Muchas mujeres, ante un mercado laboral que las maltrata o que en el que no se sienten realizadas, deciden dedicarse plenamente a cuidar, al menos durante un tiempo, en lugar de trabajar.

Claro, es una acumulación de factores y una pescadilla que se muerde la cola. El mercado laboral y la familia son los dos elementos de la estructura social, las dos caras de la misma moneda, no se puede ver una sin otra. El hecho de que las mujeres seamos consideradas mano de obra de alto riesgo incide en nuestra precariedad laboral. Por otro lado, esto también es producto de una falta de condiciones materiales. Hay incentivos para mantener la desigualdad.

¿Qué tres medidas concretas en política económica debería en su opinión tomar el gobierno para hacer economía feminista?

Hay tres medidas fundamentales. La primera, los permisos igualitarios sin trampas, cuyo efecto sea que cada persona, independientemente de su sexo y tipo de familia, se quede a cargo de su bebé el mismo tiempo durante el primer año de vida. Estamos a las puertas de esa reforma y es crucial, va a lanzar el mensaje de que de verdad estamos por la igualdad. Hay algunas propuestas que no equiparan totalmente los permisos pero que dicen que es mejor que lo que hay ahora. Si fuera así, ¿estamos dispuestas a admitir ese porcentaje de discriminación laboral?, ¿es aceptable esa desigualdad que sabemos que se produce en el salario a causa de esto? La segunda y tercera reforma deberían ser la universalización de la educación infantil y de la atención a la dependencia al estilo de Suecia.

¿Qué supone que sea al estilo de Suecia?

Un sistema basado en que los servicios públicos tienen que asegurar la autonomía funcional de cada personal, suficientes para que cada persona pueda vivir sin necesidad de personas de la familia o de tener que pagar ese cuidado. El cuidado es totalmente gratuito, aunque la manutención y vivienda sí hay que pagarlo. Si la persona no puede hacerlo entonces se le dará una ayuda pero eso ya es política de vivienda. Pero si el cuidado es gratuito, sin copago, ya permites que toda la población pueda acceder en igualdad de oportunidades y que por cuidados de larga duración nadie tenga que dejar su empleo. Otra cosa es que también haya permisos para que la gente atienda esos cuidados en momentos y circunstancias, como la enfermedad terminal de un familiar o la hospitalización.

¿No es este un modelo que adapta los cuidados al mundo del trabajo?, ¿no deberíamos adaptar el mundo del trabajo a los cuidados?

Claro que sí, el mundo del trabajo se tiene que adaptar a los cuidados. Las reformas laborales hay que revertirlas. Y es urgente lanzar el debate sobre las 35 horas de jornada laboral máxima a la semana. Hay que aprobar medidas de estabilización del empleo. Por poner un ejemplo, antes en el trabajo a turnos la gente tenía un cuadrante con antelación y que era estable, es algo importante para organizarse, ahora ya no es así, la gente apenas lo sabe con antelación. 

¿Es el empleo la única forma que tenemos de conseguir estatus?, ¿no pueden serlo los cuidados?, ¿si damos al empleo toda el poder para darnos la independencia económica no volvemos a relegar los cuidados en lugar de revalorizarlos?

Cuando se habla de revalorizar los cuidados creo que alguna gente se refiere solo a revalorizar los cuidados que hacen las mujeres en casa y no es sinónimo. Los cuidados no son eso, son mucho más. ¿Quién valora más los cuidados, Suecia o España? Suecia invierte en dependencia un 4,5% del PIB, aquí menos del 1%, eso es valorar los cuidados. Integrar a los hombres en los cuidados va a redundar en una revalorización de los cuidados también.

¿Y no es eso un poco perverso que hasta que los hombres no cuiden los cuidados no se vayan a valorar?

Se va a valorar cuando lo hagan ellos, creo que es tener en cuenta como funcionan las cosas. Va a ser bueno que entren ellos y va a ser bueno que se compartan y que se revaloricen. Valorar los cuidados es un verbo que hay que conjugar no solo en primera o segunda persona, sino que también tiene género y tiempo. Ellos tienen que valorar los cuidados, repartirlos equitativamente es la única forma de acabar con la división sexual del trabajo. Quienes no están de acuerdo con un programa para eliminar la división sexual del trabajo deben decir cuál es su programa. Yo planteo este, pero si el programa alternativo es que las mujeres se sigan quedando en casa y los hombres no, eso es mantener la división sexual del trabajo y yo diré que eso no es un programa económico feminista. 

No solo es cuestión de liberar a las mujeres, sino de atender las necesidades de las personas que hoy están desatendidas y que se aseguren los derechos de las personas que cuidan y que hoy en día lo hacen por debajo de los derechos mínimos. Si alguien cree que es posible conceder una paguita las mujeres para cuidar, que sea digna, que no perjudique en el empleo, que sin empleo se pueda hacer las cosas... que explique cómo. No se trata de una sociedad donde las mujeres sean como ahora son los hombres ni donde los hombres sean como ahora las mujeres, sino de que haya una sociedad de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad donde no haya estructura de género.

¿Y eso es posible dentro del capitalismo?

Eso es un gran debate. A largo plazo creo que no, que el capitalismo en alianza con el patriarcado hace que casi no podamos hablar a largo plazo porque directamente nos está conduciendo a la extinción. La catástrofe ecológica es a corto plazo. Y para eso hay que luchar contra el capitalismo y el patriarcado, que tienen una alianza histórica que ha ido cambiando. El feminismo es vital para este cambio de comportamientos y valores. Si se hacen todas estas reformas dirigidas a la eliminación de la división sexual del trabajo y a un estado del bienestar inclusivo sin sesgos de género será liberador para las mujeres y bueno para toda la sociedad y el resultado será un capitalismo distinto. No todos los capitalismos son iguales.

¿Hay que cambiar el estatus actual del empleo doméstico?

Hay que eliminar el régimen especial de empleadas de hogar, que tienen que estar en el Estatuto de los Trabajadores y tener los mismos derechos laborales. El problema es que para poder tener los mismos derechos no pueden estar empleadas extensivamente por las familias. Si les concedes todos esos derechos y no pones medidas para que el régimen general de cuidados cambie, lo que haces es sumergir gran parte de ese empleo. La mayoría de las familias ya no puede pagarlo ni siquiera en las condiciones actuales. La única manera de que esas mujeres tengan derechos es que estén empleadas masivamente por los servicios públicos. Y la solución para las empleadas precarias de los servicios privatizados de atención a domicilio es remunicipalizar esos servicios.

Entre las medidas prioritarias no ha mencionado la transparencia salarial que, sin embargo, está en el centro del debate en España y en muchos otros países de Europa, que han aprobado medidas a este respecto para combatir la brecha salarial. ¿Qué le parece?

La transparencia salarial es buena, pero siempre que no olvidemos que la discriminación salarial tiene causas estructurales que son más fáciles de atacar que conseguir la transparencia salarial total. Y luego, cuando se gane un juicio en base a esos datos, como ya a veces sucede, ¿cuál es la consecuencia? Porque no está claro que se cambie la estructura salarial de la empresa de oficio, hay juicios que terminan con que tienen que ser sindicatos y empresa quienes negocien un cambio salarial. Lo que sí está casi asegurado es que quien denuncia se queda sin trabajo o relegada.