Este jueves se ha celebrado en un juzgado de Madrid un acto de conciliación entre la representación legal de Julio Iglesias y la de elDiario.es, su director y cuatro de sus periodistas. El cantante solicitó que este periódico rectificara las informaciones publicadas sobre él a partir del pasado 13 de enero, “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una idemnización sin cuantificar pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es y sus periodistas, que no han acudido al juzgado y han estado representados por un procurador, se han negado a todo ello.

Al no realizarse la conciliación solicitada, Iglesias ya puede querellarse en cualquier momento contra este medio, como anticipaba el propio escrito que dirigió al tribunal de instancia, anunciando que le seguiría la “interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias”. Los periodistas contra los que Julio Iglesias pretende querellarse son Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera.

Hace más de cuatro meses, elDiario.es, junto a Univision Noticias, comenzó la publicación de una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de sus extrabajadoras domésticas al servicio del cantante en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Dos de estas mujeres, conocidas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Además, se distribuyó en plataformas tres episodios especiales del podcast Un tema al día.

Tres años de investigación

Julio Iglesias no respondió a las preguntas que le hicieron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias de manera previa a la publicación. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Rebeca, empleada del servicio doméstico en Punta Cana y Lyford Cay (Bahamas), relató a ambos medios que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ella y Laura, cuyo desempeño en la casa era el de fisioterapeuta, contaron que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos, según las entrevistadas, ocurrieron en 2021. La más joven tenía entonces 22 años.

elDiario.es inició esta investigación tres años antes de su publicación, a la que se unió la división informativa de la cadena de televisión Univision en 2025. Durante ese tiempo, las periodistas que trabajaron en la investigación entrevistaron en repetidas ocasiones a Rebeca y a Laura, las cuales prestaron un testimonio sólido y sin contradicciones. Además, se contactó en total con una quincena de extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, que pudieron confirmar diferentes puntos de la investigación.

Intento de descrédito de las denunciantes

Como demostró la investigación, aportando capturas de WhatsApp y fotografías, la encargada responsable de la selección de empleadas en las casas de Julio Iglesias gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, como VIH, hepatitis o clamidia, así como detección de embarazos. La Ley del Sida de República Dominicana sanciona con multas económicas e indemnizaciones la solicitud de realización de pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos por parte de cualquier empleador privado.

Con la incorporación de Univision Noticias, se volvieron a realizar las entrevistas a Rebeca y a Laura en formato audiovisual, emitiéndose con diferentes medidas para proteger su identidad, como planos a contraluz o el doblaje de sus voces para evitar su reconocimiento. Este doblaje se realizó respetando cada palabra y entonación original durante la entrevista.

Después de que se hiciera pública la interposición de la denuncia, Iglesias intentó desacreditar a las mujeres divulgando sus identidades —que habían sido protegidas por la Fiscalía—, mensajes personales y fotografías que las demandantes habían publicado en sus redes sociales.

Archivo de la denuncia

Unos 20 días después de la interposición de la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y tras tomar declaración a las denunciantes, este órgano decidió archivarla al no entender que existieran los suficientes “vínculos” entre Julio Iglesias y España como para que este país tuviera jurisdicción para investigarle.

Este rápido archivo se produjo sin entrar al fondo de los hechos y sin responder a tres peticiones clave que habían hecho las abogadas de Rebeca y Laura. La primera, que se tomaran medidas contra la difusión de información por parte del cantante sobre las denunciantes. La segunda consistía en la aportación de más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. Y la tercera, que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguna de las tres obtuvo respuesta.

La tercera petición estaba relacionada con la información que publicó elDiario.es sobre los visados de turista que permitían trasladar a España a empleadas domésticas para trabajar en verano en la casa que Julio Iglesias tiene en Málaga, sin contrato y con sueldos de 340 euros. Así era el caso de Carolina (nombre ficticio), otra de las extrabajadoras entrevistadas.

Yolanda Díaz no se retracta

A pesar del archivo, Women's Link Worldwide, la organización que defiende a Rebeca y Laura, anunció que estás mujeres seguirán adelante en la búsqueda de justicia. Pocos días después, Rebeca denunció a la policía del país en el que vive que estaba siendo objeto de vigilancia y seguimiento por parte de un detective privado español y que su marido había encontrado una baliza GPS en su automóvil. La investigación policial tendrá que determinar si estas actividades de seguridad privada las ha realizado un profesional acreditado únicamente en España, ya que de ser así, constituiría una sanción “grave”, según los expertos.

Ya en marzo, Iglesias demandó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz por sus opiniones al respecto de los testimonios de Rebeca y Laura, que calificó de “escalofriantes”. El acto de conciliación previo a la interposición de la querella se celebró el pasado 19 de mayo y, en él, la representación legal de Díaz rechazó retractarse de sus comentarios.

El Instituto Internacional de Prensa apoya a elDiario.es

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha mostrado su apoyo a elDiario.es en un comunicado. La organización dedicada a proteger la libertad de prensa en el mundo, con sede en Viena, dice que espera que se abandone la posibilidad de “una demanda por difamación y no se presente ninguna acusación penal tras la vista”.

Además, el IPI “respalda” al medio de comunicación y sus periodistas, y afirma estar dispuesto a ofrecer asistencia jurídica para hacer frente a lo que “parece ser una acción legal abusiva”.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido la sentencia que absolvía a la agitadora Pilar Baselga del delito de injurias por el que fue sometida a juicio. Esta tertuliana difundió falsamente en un programa de televisión que Gómez era transexual y la calificó de 'Begoño', y la jueza Beatriz Suárez Martín aseguró en su sentencia que Baselga no menoscabó el honor de Gómez y falló que sus afirmaciones no tenían relevancia penal.

En el recurso de apelación contra esa sentencia, adelantando por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal de la esposa de Pedro Sánchez indica que la magistrada aplicó de manera indebida el Código Penal en lo referente a los artículos que tipifican el delito de injuria grave con publicidad. “No hay duda de lo que se dijo ni de quien lo dijo”, indica.

Para la acusación particular, las declaraciones de Baselga son suficientes para cumplir con las especificidades del delito de injurias y por eso no se explica la decisión de la magistrada de absolver. “En este escenario, no existiendo duda sobre lo sucedido, no estamos ante un error en la apreciación de la prueba, sino más bien en un error en la apreciación de la legalidad de los hechos enjuiciados”, lamenta. Así, denuncia que la sentencia de instancia “ha incurrido en una clara infracción de ley” y, subsidiariamente, plantea que se enfoque el asunto alternativamente “como un error en la apreciación de la prueba”.

El recurso recuerda que Baselga en el programa 'Los Intocables' de Distrito TV aseguró en noviembre de 2022 que en un inicio Begoña Gómez fue 'Begoño', que fue nombrada directora de un máster al llegar a La Moncloa y que “por lo visto los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez está involucrada (...) en temas de narcotráfico en Marruecos”.

Así, apunta que las manifestaciones de la acusada incorporaban hasta cuatro expresiones que lesionaban la dignidad de Begoña Gómez, “menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación”. “Todas ellas son relativas a cuestiones de hecho que son objetivamente falsas, como se reconoce en la sentencia de instancia”, añade, para luego sumar a esto que queda excluida la posibilidad de que esas manifestaciones puedan ser justificadas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.

Para el letrado de Gómez, estas injurias pronunciadas por Baselga “no colman mínimamente el requisito de la veracidad” que se exige a la hora de informar, y, por lo tanto, son informaciones “falsas que se publican y divulgan con conocimiento de su falsedad o, al menos, con un temerario desprecio hacia ella” y que, además, “no tenían relevancia pública”.

En este sentido, también pone el foco en que esas afirmaciones se hicieron con publicidad dado que se hicieron en un programa de televisión y que, las mismas, tuvieron una gran repercusión mediática. Por eso, insiste en que los argumentos de la jueza para absolver son “complicados de entender” y la acusa de exponerlos de manera “desordenada”.

A esto, suma que la gravedad de las manifestaciones “es tan relevante y el contenido denigratorio tan manifiesto” que debería ser suficiente para considerar que hubo delito “sin mayor esfuerzo argumentativo”. Para la acusación, la atribución de la transexualidad a Begoña Gómez, acompañada de la modificación infamante de su nombre, “es una idea copiada por la acusada de lo sucedido en Francia con Brigitte Macron -esposa del actual presidente Emmanuel Macron- y en Estados Unidos con Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama”.

Los argumentos “ligeros y absurdos” de la jueza

A su juicio, el éxito que en las redes sociales han cosechado ambos infundios animó a Baselga a intentarlo también en España “con parecido éxito, por desgracia”. “La falsedad de la afirmación no le ha preocupado, dándola por descontada, porque no buscaba transmitir una información sino provocar una difusión pública escandalosa”, añade.

Afea, asimismo, a la magistrada que “de una manera ligera y absurda” califique los insultos de “gracieta”y no comprende que valore como una “sátira” o como “humor satírico” el insulto. Y puntualiza que es difícil advertir “qué gracia o risa puede provocar, por ejemplo, implicar a alguien en una trama de narcotráfico”.

Además, ataca la redacción de la sentencia indicando que, “en un error impropio”, la magistrada “confunde” aspectos procedimentales “aumentando lo irrazonable de una motivación cada vez más incomprensible”. Y le echa en cara que califique a Begoña Gómez de persona pública. “Mi mandante no es persona pública en ninguna de estas dos acepciones: ni es un representante público cuyo comportamiento debe someterse al lógico escrutinio de la población, ni es una persona que haya comerciado con su intimidad”, explica, para matizar que “es una persona conocida, que no pública, y muy a su pesar”.

La acusación recuerda además a la Audiencia Provincial que tan pronto se dictó sentencia absolutoria, la acusada colgó un video en Telegram vanagloriándose de sus insultos y anunciando que, ya con el expreso aval de la Justicia, los repetirá impunemente: “Hola a todos. ¡Hemos ganado! Se puede decir 'Begoño'. No es ningún delito. No hay condena en costas. No hay multa. No hay nada. Absolución total. Begooooño, se puede decir, y ya no es delito, no es delito, ¿lo veis? ¡He ganado! ¡He ganado!”.

Cabe recordar que la magistrada, en su resolución, reconocía que expresiones de Baselga como 'Begoño' para referirse a la mujer del presidente del Gobierno o acusaciones contra ella como estar relacionada con el tráfico de drogas en Marruecos “pudieran ser considerados términos o expresiones de contenido humillante, despreciativo, injurioso para su destinataria, al haberse realizado en un programa televisivo, y haberse difundido en redes sociales”. Pero a continuación remataba que no alcanzaban para ser considerado delito.

Ahora, la acusación solicita que se anule la sentencia y se condene a Baselga por un delito de injurias graves con publicidad con la pena de multa de 21.000 euros, más una indemnización de 20.000 euros para Begoña Gómez.

Un juzgado de Madrid acaba de absolver del delito de injurias a la activista ultra que había acusado a la mujer del presidente del Gobierno de estar involucrada en cuestiones de narcotráfico al tiempo que la llamaba reiteradamente “Begoño” y se refería a ella en masculino.

El apelativo no es gratuito ni ocasional. En el submundo ultraderechista patrio se ha extendido cómo una forma de denigrarla aludiendo al bulo de que en realidades una mujer transexual que nació y se crio como hombre. El objetivo es dañar la reputación del máximo dirigente político del país a través de la humillación de su mujer. Una estrategia bien estudiada y que antes de llegar aquí ya se ha utilizado en otros países.

En torno 2015 se extendió por los grupos radicales de derecha de los Estados Unidos la falsedad de que Michelle Obama era un hombre travestido. La mentira se sustentaba en prejuicio racistas y machistas, cuestionando la femineidad de mujeres negras destacadas, a la vez que se ponía en duda la propia sexualidad del presidente. Con la misma base machista y pretendidamente humillante se aplicó un lustro después a Brigitte Macron.

El fenómeno es tan extendido que tiene nombre propio: transvestigación. En todos los casos pretende poner en duda la integridad de los jefes de gobierno y vincularlos a conspiraciones elitistas. Al mismo tiempo se resalta un supuesto papel central de sus consortes en su toma de decisiones, que estaría justificado por su masculinidad de origen. En todos los casos los instigadores pruebas falsas similares. De Begoña Gómez circulan fotos manipuladas en las que aparece como un muchacho; incluso se han llegado a inventar cuál era su nombre anterior y en qué momento pasó a presentarse públicamente como mujer.

Al llamarla Begoño se quiere evocar toda esta teoría que niega la dignidad misma de la mujer del presidente del Gobierno, presentándola como una persona mentirosa que se hace pasar por quien no es, finge una feminidad que no posee y sobre la que se insinúa la misma depravación moral que en los círculos ultra se atribuye a las personas transexuales. Todo eso buscaba Pilar Baselga, la versión española de la conocida activista de ultraderecha Candence Owen, que fuera denunciada por la primera dama francesa por expresiones muy similares. Y todo eso es claramente injurioso, en cuanto menoscaba sin base alguna la dignidad ajena.

No lo ve así la jueza encargada de resolver el caso. Comienza por atribuirse la facultad de valorar libremente cuándo un insulto es o no desproporcionado. Literalmente, escribe que solo es posible condenar “cuando los términos usados son desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica”. Y para ella llamar Begoño a la consorte del presidente del Gobierno, con la carga que ello conlleva, no es en absoluto desmesurado. Bien al contrario, cree la magistrada que se trata de mero humor satírico; una simple gracieta, dice, aplicando su propia visión del mundo a los hechos. Ninguna sorpresa.

Hace unos meses tuve ocasión de comparecer ante una comisión reservada del Parlamento Europeo destinada a evaluar la situación del Estado de derecho español. En la misma intervino también la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces españoles que es además decana de los juzgados de Madrid. Allí, en la sede de la soberanía europea si es que tal cosa existe, esta señora jueza también usó con desparpajo el mismo apelativo referido a la cónyuge del presidente Sánchez. Todo lleva a pensar que es una expresión frecuente entre jueces retrógrados. Su ilicitud no debería depender de que a los jueces les parezca gracioso o incluso estén de acuerdo con ella. Lo relevante es que, como prevé la ley, es un ataque contra la dignidad. Para aceptarlo así haría falta una capacidad de imparcialidad y profesionalidad poco frecuente en nuestro sistema judicial.

Técnicamente, la sentencia es un desastre. Respecto a la imputación de conexiones con el narcotráfico dice que no se ha demostrado dolo (mala intención) suficiente. El Código Penal, sin embargo, señala que para que haya delito basta con que las afirmaciones se hayan realizado con temerario desprecio a la verdad, es decir -en palabras del Tribunal Constitucional— sin el mínimo contraste de su veracidad. Justo lo que sucedió en este caso, aunque la jueza no lo tenga en cuenta.

Parece incluso que intente dar un poco de caña a la mujer del presidente, a pesar de que en esta ocasión ella es la víctima del delito. Reprochándole no haber declarado personalmente durante el juicio, introduce la disparatada idea de que una jueza no puede saber si una expresión daña la dignidad de alguien o perjudica su fama a menos que interrogue personalmente a la víctima. Así, confunde la percepción del daño sufrido con su misma existencia. El hecho de que la afectada se haya querellado contra la activista conspiranoide debe bastar para demostrar que se ha sentido subjetivamente dañada. A partir de ahí corresponde al juez examinar objetivamente si se trataba de expresiones dañinas o perjudiciales para la reputación de cualquiera. 

La suma de todos estos saltos lógicos permite preguntarse si de ser la perjudicada otra persona, ideológicamente más cercana a la jueza, su criterio habría sido igual de laxo. Así ha sucedido en las redes sociales; parte de la opinión pública parece convencida de que difícilmente resultaría absuelto quien, por ejemplo, acusara sin base alguna a una jueza de esconder su transexualidad o tener vínculos con el narcotráfico.

Es una duda legítima, habida cuenta de la evidencia cada vez mayor de que muchos de los miembros del poder judicial español son incapaces, por formación, de desprenderse de sus sesgos y resolver los asuntos que se les someten con la debida imparcialidad. No prevarican porque no lo hacen a sabiendas y ese es precisamente el problema: no se dan ni cuenta de que resuelven los asuntos en función de sus propias convicciones.  

Como dice Heinrich Boll en un libro de título parecido al de este artículo, la violencia de las palabras a veces puede ser peor qué las de las bofetadas. Esta sentencia no es peligrosa porque deje impune la violencia de una agitadora ultra. Lo es porque abre la duda de si todos -con independencia de la ideología que tengamos- gozamos de la misma protección frente a quienes atacan nuestros derechos.

La jueza Beatriz Suárez Martín ha absuelto a la agitadora ultra Pilar Baselga del delito de injurias del que la acusaba Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por haber difundido falsamente que es transexual. La magistrada Suárez Martín asegura en su sentencia que Baselga no menoscabó el honor de Gómez y falla que sus afirmaciones “no tienen relevancia penal”.

La propia jueza reconoce que expresiones de Baselga como “begoño” para referirse a la mujer del presidente del Gobierno o acusaciones contra ella como estar relacionada con el tráfico de drogas en Marruecos “pudieran ser considerados términos o expresiones de contenido humillante, despreciativo, injurioso para su destinataria, al haberse realizado en un programa televisivo, y haberse difundido en redes sociales”. Pero a continuación remata que no alcanzan para ser considerado delito. Fuentes de la defensa de Begoña Gómez en esta causa han explicado a elDiario.es que están valorando recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid, añade: “Examinado en profundidad el vídeo en cuestión, con las declaraciones en el juicio oral de la acusada que reconoce que todo fue desafortunado, y visto que no resulta acreditado el elemento subjetivo del tipo, permiten concluir la falta de relevancia penal de los hechos traídos a enjuiciamiento”.

La jueza continúa: “El término 'Begoño' no es por sí solo injurioso, a no ser porque pretenda poner en duda el género de la querellante, pudiendo ser considerado, como alega en su informe la propia acusación particular 'una gracieta', que vendría amparada por el prevaleciente derecho de crítica y por concurrir el 'animus iocandi' en el supuesto de autos, es decir, el humor satírico”.

La esposa del presidente del Gobierno optó por la vía penal y solicitaba que Baselga fuera condenada a un total de dos años de cárcel, multa de 21.000 euros y una indemnización de 100.000 euros más por injurias y calumnias. Las declaraciones que motivaron la querella fueron realizadas en 2022 en una tertulia de Distrito TV.

En el juicio, celebrado el pasado 12 de marzo, Baselga declaró que ella se limitó a “comentar noticias publicadas”, que todo lo que dijo fue fruto “de la improvisación” y que, ahora con el tiempo transcurrido, considera que “el tono” que utilizó fue “inadecuado” si bien nunca buscó “ni injuriar ni calumniar a nadie”.

Según la magistrada Beatriz Suárez, llamar a Begoña Gómez “Begoño”, “esposo” o acusarla de “narcotráfico” no son expresiones que se puedan considerar “graves” para constituir el delito de injurias. “No se considera la existencia de dolo suficiente y necesario para ello, entendido como propósito de atentar contra el honor y la fama del ofendido”, recoge la sentencia.

La magistrada justifica que la esposa del presidente del Gobierno es “un personaje público” y que no goza “de la misma protección a la vista del carácter público y notorio” que tiene. La jueza añade que Gómez no declaró durante la vista y que así es imposible conocer si las expresiones vertidas por Baselga “afectaron a su honor” o si tuvieron “repercusión en su ámbito profesional o personal”.

La jueza concluye recordando que la sentencia absolutoria en la vía penal no es óbice para que Begoña Gómez recurra a la vía civil.

El fallo es completamente distinto al del caso de Brigitte Macron, mujer del presidente francés, a la que también lanzaron insultos tránsfobos a través de las redes. En enero, el Tribunal Correccional de París condenó a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados, pero no por un delito contra el honor sino por ciberacosar a la primera dama francesa, que solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia. Además, todos tuvieron que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

El Tribunal Supremo rechaza admitir a trámite la querella que el empresario y comisionista Víctor de Aldama presentó contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un presunto delito de injurias. Aldama, imputado en varias causas, denunció que Montero lo llamó “delincuente” en el programa de Jordi Évole en laSexta y le reclamó una indemnización de 250.000 euros. 

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Penal considera que las expresiones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda fueron “poco respetuosas” con el derecho a la presunción de inocencia del empresario, pero no suponen un delito. 

“El contenido de las expresiones que se deslizan en las entrevistas son poco respetuosas con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pero no por ello son delictivas”, dice la resolución de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar. El auto señala que “debería exigirse mucha más prudencia y contención en las manifestaciones públicas”. Sin embargo, subraya que el derecho penal está reservado para cuando existe “una patente transgresión del derecho al honor de las personas” que no se da en este caso. 

La resolución subraya que, según la propia doctrina de la Sala de lo Penal, la injuria precisa de dos elementos fundamentales: la existencia de actos o expresiones que tengan la suficiente potencia ofensiva para lesionar la dignidad de la persona y el propósito de ofender.

El auto considera que “existen expresiones o actos que pueden evidenciar por sí ese ánimo difamatorio, pero también es posible que esa intención quede diluida en otros casos en los que subyace una ”voluntad de defenderse, de criticar, de narrar o de bromear“ que sí puede estar amparada por la libertad de expresión. 

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresiones sexuales, según ha difundido este lunes su abogado a través de Okdiario. elDiario.es ha confirmado con el despacho de José Antonio Choclán que la demanda de conciliación se ha interpuesto este lunes en Madrid, pero el abogado se ha negado a facilitar una copia a este periódico.

La demanda, según Okdiario, cita los delitos de injurias y calumnias. “El medio reconoce haber fabricado la denuncia que luego difunde con grave desprecio hacia la verdad”, dice ese medio atribuyendo la cita a la demanda, la cual contiene acusaciones falsas.

elDiario.es nunca ha reconocido haber “fabricado” la denuncia presentada por las dos extrabajadoras de Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta denuncia fue archivada tras recabar el testimonio de las dos mujeres no porque los fiscales encargados de la investigación entendieran que su versión de lo ocurrido fuera falsa, sino porque consideraron que la justicia española carecía en ese caso de jurisdicción para juzgar unos hechos ocurridos en el extranjero. Este criterio ha suscitado un debate jurídico y catedráticas de derecho penal como Lucía Martínez Garay valoran que España sí es competente para investigar y juzgar a Iglesias. Las abogadas de las extrabajadoras aseguraron que a pesar de este archivo, continuarán con su batalla legal para acceder a la justicia.

La denuncia de las extrabajadoras Rebeca y Laura (nombres ficticios) presentada ante la Fiscalía el pasado 5 de enero hacía referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”, unas acusaciones que Julio Iglesias niega.

La demanda de conciliación por injurias y calumnias es el paso previo a la interposición de la querella que Julio Iglesias dice tener voluntad de llevar adelante, según informa Okdiario. La demanda de conciliación ha sido presentada contra el director de elDiario.es, Ignacio Escolar; contra las periodistas que han firmado algunas de las informaciones: Ana Requena Aguilar, María Ramírez y Elena Cabrera; contra el autor del podcast Un Tema Al Día y subdirector de elDiario.es, Juan Luis Sánchez, así como contra Diario de Prensa Digital S.L., empresa editora de elDiario.es.

Okdiario asegura que la demanda de 33 páginas acusa a elDiario.es de “elaborar un montaje periodístico que supuso una grave lesión a los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la imagen y a la presunción de inocencia” del cantante. elDiario.es no elaboró ningún montaje periodístico. Informó sobre la denuncia de dos mujeres por graves agresiones sexuales contra Julio Iglesias, al que este medio de comunicación ofreció reiteradamente su derecho a dar su versión sobre la información que se iba a publicar, un derecho que el artista no quiso utilizar.

Señala la demanda que la publicación de la noticia por elDiario.es se hizo “a sabiendas de que no se había comprobado su veracidad”. Para comprobar su veracidad, el trabajo de las redactoras de elDiario.es, al que se sumó en 2025 un equipo de cinco periodistas de Univision Noticias, se prolongó durante tres años. Este medio realizó las debidas comprobaciones periodísticas para chequear la credibilidad de los testimonios: entrevistó a las mujeres en repetidas ocasiones a lo largo de dos años, que ofrecieron siempre testimonios consistentes, buscó testimonios secundarios de personas que confirmaron que habían tenido noticia de los hechos en el momento en el que se produjeron, y recabó toda una serie de pruebas documentales que afianzaban el relato de estas mujeres.

Entre esas pruebas estaban los exámenes ginecológicos que se mandaba hacer a las trabajadoras de la casa de Julio Iglesias en Punta Cana, incluyendo pruebas de enfermedad de transmisión sexual, como hepatitis C o VIH, y eran conocedores de los resultados, algo que es ilegal en República Dominicana.

Además, tanto elDiario.es como Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.

El requisito de veracidad

La injuria es una lesión a la dignidad o a la fama de una persona. Solo suponen un delito cuando se consideran “graves”, según el Código Penal. Y son graves si se realizan con conocimiento de su falsedad o desprecio por la verdad. Por su parte, el delito de calumnias se da cuando se imputa un delito concreto a sabiendas de su falsedad, lo cual se castiga en España con penas de multa e incluso prisión.

Cuando las noticias suponen un menoscabo del crédito de una persona, para que prevalezca el derecho a la información se exige que las noticias cumplan con el requisito de la veracidad. “Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”, según una de las muchas sentencias del Tribunal Supremo al respecto de los conflictos entre honor e información.

“El requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información”, dice la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional. “Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”, señalan las sentencias judiciales.

La primera de las informaciones de la investigación sobre Julio Iglesias se publicó el 13 de enero, junto a la cadena de televisión estadounidense Univision, la cual no ha sido mencionada en la demanda de conciliación, según Okdiario.

Durante los 10 días previos a su publicación, los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias intentaron por diferentes medios recabar la versión del cantante denunciado, sin obtener respuesta suya ni de sus representantes legales. Posteriormente a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante negó en un comunicado a través de sus redes sociales “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

“Es imposible judicializar algo en este país que afecte a Don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo”. La frase sobre un supuesto arreglo de partidos a través de los árbitros la pronunció José Manuel Villarejo en el año 2023 durante un programa de radio y también forma parte de la sentencia de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que acaba de ratificar una condena civil contra el ex comisario.

En la entrevista, que tuvo lugar en la emisora RAC1, Villarejo hablaba del “tema de los árbitros” y del “amaño de partidos” con el que relacionaba al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “De alguna manera el Real Madrid, ya antes de eso, ya había detectado lo mismo”, aseguraba en una de sus respuestas, recogida en el texto judicial. Villarejo aseveraba después que el máximo dirigente del Real Madrid “es intocable, primero lo fue el señor Botín y ahora le ha ocupado su puesto Florentino, y él sabe por qué”, recoge el auto de la Audiencia, que ratifica una primera sentencia condenatoria de mayo de 2024, dictada por el juzgado de primera instancia 98 de Madrid.

La sentencia considera que este fragmento de la entrevista, que tuvo lugar en el programa El món a RAC1 del 3 de octubre de 2023, está “vulnerando innecesariamente el honor” tanto del Real Madrid como de Florentino Pérez, por considerar las palabras del ex comisario como “desproporcionadas, al haber empleado unas expresiones y haber llegado a unas conclusiones que, por los motivos expuestos en esta resolución, resultan manifiestamente injuriosas, sobrepasando los límites admisibles de la libertad de expresión”.

La Audiencia asegura que no son “manifestaciones vertidas en un ámbito privado” sino que es “la actuación de quien, habiendo sido comisario de policía y basándose en las investigaciones que realizó como tal, afirma en una emisora de radio que él ya sabía”. E indican que la expresión amaño, en su acepción de traza o artificio para ejecutar o conseguir algo, especialmente cuando no es justo o merecido, “tiene incuestionable incidencia en su derecho al honor”.

La sentencia sobre este presunto arreglo nunca probado concluye que “la ausencia total de indicios de veracidad de la información y de base fáctica suficiente de la opinión, lleva implícita la vulneración del derecho al honor de los demandantes”. Y la Audiencia considera afectados por las palabras sobre el “amaño de partidos” tanto a Florentino Pérez como al Real Madrid porque “la expresa referencia y mención de ambos demandantes en pregunta y respuesta es suficiente para constatar la atribución conjunta de la actuación a ambos demandantes”.

Por todo ello, considera que José Manuel Villarejo debe abonar 10.000 euros a Florentino Pérez y una cantidad idéntica al Real Madrid por su vulneración del derecho al honor, cantidad sensiblemente inferior a la que solicitaban los demandantes en la primera demanda y que ascendía a 100.000 euros. En un comunicado oficial lanzado justo después de la entrevista del año 2023, el Real Madrid ya había advertido que el presidente del club había presentado “la correspondiente acción judicial contra el ex comisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1”.

El fallo judicial, que fue emitido el pasado mes de diciembre y es todavía recurrible, condena también a Villarejo a publicar la sentencia en cinco ediciones digitales e impresas de dos periódicos deportivos y tres de tirada nacional, si bien la Audiencia Provincial reduce el tamaño de la publicación al encabezamiento y el fallo, en lugar del texto completo. Esta es la única apelación del ex comisario que ha admitido sobre el fallo inicial del juzgado 98 de Madrid.

El juzgado de Instrucción 12 de Madrid ha archivado la investigación abierta sobre la pancarta de grandes dimensiones que la asociación ultracatólica HazteOir desplegó el 19 de mayo de 2025 cerca del Congreso con la foto del presidente del Gobierno y la palabra “corrupto”. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada María Dolores Baeza considera que esta acción es una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. El PSOE había denunciado a HazteOir por un posible delito de injurias con publicidad contra Pedro Sánchez. 

Tras la denuncia de los socialistas, la lona fue retirada el mismo día de su instalación por orden de otro juzgado, que entendió que era un movimiento “claramente lesivo” para la “reputación” del presidente. Debido a la falta de operarios de la empresa instaladora en ese momento, la retirada fue ejecutada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. 

Tras la retirada de la lona, HazteOir continuó su campaña por otras vías: aparecieron pancartas con la misma imagen en puentes del distrito de Fuencarral-El Pardo y también puso a circular un camión por la ciudad de Madrid exhibiendo los mismos carteles. Además, en la madrugada del 28 de mayo se proyectó un haz de luz sobre la fachada del Congreso con la expresión “Sánchez Corrupto”. Esa acción fue difundida por HazteOir en redes sociales. 

Esta práctica es una estrategia habitual de este grupo ultracatólico, que ejerce la acusación popular en casos como el de Begoña Gómez o David Sánchez. La organización contrata camiones para que circulen alrededor de los juzgados con imágenes en alusión a la “mafia” del Gobierno y en la que sus miembros aparecen caracterizados como personajes de 'El Padrino'.

La magistrada considera que estos hechos no constituyen un delito de injurias o calumnias. Afirma que se enmarcan dentro del derecho a la crítica política y la libertad de expresión, dado que no incitaban a la violencia ni constituían un discurso de odio.

Se basa, para ello, en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha determinado que los “límites permisibles de crítica son más amplios” cuando se dirigen a personas que ostentan un cargo público, como el presidente del Gobierno, en comparación con los particulares. La crítica, según la jueza, es “inseparable de todo cargo político”, dado que quienes los ocupan están más expuestos al escrutinio público.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia ha condenado a un vecino de Malpartida de Plasencia a nueve meses de prisión y pago de 6.000 euros de indemnización por un delito de calumnias e injurias tras publicar en una red social acusaciones falsas contra el alcalde, José Raúl Barrado, el secretario y el teniente de alcalde de esta localidad cacereña.

Según la sentencia, el acusado -que carecía de antecedentes penales- difundió en un grupo de Facebook con unos 2.000 miembros varios mensajes en los que acusaba a los responsables municipales de “falsificar informes”, “engañar al juez” y “robar a los vecinos” en relación con un conflicto sobre la red de agua.

El tribunal considera probado que el acusado, sin pruebas ni resoluciones judiciales que avalaran sus afirmaciones, llamó públicamente “ladrones” y “prevaricadores” a los denunciantes, imputándoles delitos inexistentes, lo que excede el derecho a la libertad de expresión y constituye calumnia tipificada en los artículos 205 y 206 del Código Penal.

El juez subraya en la resolución que las publicaciones causaron un “daño en su vida íntima y pública” a los cargos públicos afectados, a quienes deberá indemnizar con 2.000 euros a cada uno.

Además, el condenado deberá publicar la sentencia íntegra en el mismo grupo de Facebook donde difundió las calumnias y abonar las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular. 

La concejala del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) Belinda Martín tendrá que declarar el próximo 26 de septiembre en sede judicial como investigada por un presunto delito de odio y otro de injurias contra el director de Recursos Humanos del área sanitaria placentina, Luis Domingo Díaz, ambos militantes del PP y excompañeros en el gobierno local en la anterior legislatura.

La querella presentada por Díaz se refiere a varios comentarios anónimos vertidos en un medio digital bajo pseudónimo y que, presuntamente, habrían sido escritos por la concejala. En ellos, el denunciante considera que se incluyen referencias ofensivas a su persona y alusiones a su condición de miembro del colectivo LGTBI.

Entre los mensajes denunciados se encuentran: “Si le debe algún favor (en alusión a la presidenta de la Junta, María Guardiola), métale e algo de diversidad o LGTBI, que sería lo único en lo que podría valer” o “[ ] que le hubieran colocado de 'llevabolsos' de la presidenta, eso se a da muy bien”

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia ha admitido la querella a trámite y ha abierto diligencias previas para continuar con la instrucción por la posible comisión de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y/o injurias graves con publicidad.

En este sentido, Luis Domingo Díaz ha explicado, en declaraciones a EFE, que decidió presentar la denuncia tras leer los comentarios anónimos publicados contra su persona. “Estoy muy mal, muy disgustado y muy decepcionado. Es muy desagradable saber que una compañera de partido, con quien además compartí escaño durante cuatro años en el ayuntamiento, está detrás de los comentarios humillantes que se han vertido contra mi persona. Es muy desagradable y decepcionante”, ha asegurado.

Asimismo, ha agradecido el trabajo “brillante” tanto del juzgado como de la Policía Nacional y ha asegurado que su intención es que “el proceso judicial continúe su curso”.

De igual forma, el exconcejal ha agradecido el apoyo mostrado por el PP tanto a nivel regional como provincial. “Yo confío en mi partido, me ha demostrado su apoyo y decidirá qué tiene que hacer”, ha apuntado.

Belinda Martín mantiene su acta de concejala en la actual legislatura, la cuarta de mayoría absoluta del alcalde Fernando Pizarro, mientras que Díaz fue nombrado director de Recursos Humanos en el Área de Salud de Plasencia tras la llegada del PP a la Junta de Extremadura en 2023. 

En la localidad navarra de Arre, en 1585, en el transcurso de una discusión por la muerte de una gallina, Mari Martín de Igunzun y su hija Margarita de Berrio llamaron a su vecina María de Zandio “bruja llena de sapos”, “puta” o “cantonera”, entre otros insultos. Así lo acreditaron varios testigos en el juicio en el que María de Zandio denunció a sus dos vecinas por injurias. Este episodio está recogido en uno de los más de 6.000 procesos judiciales relativos a injurias entre los siglos XVI y XVII que alberga el Archivo General de Navarra. De ellos, se ha hecho una selección de 57 para la exposición 'Insultos de otro tiempo', que permite conocer cómo hablaban y actuaban los hombres y mujeres de hace cinco siglos y observar “que no se alejan demasiado de la realidad actual”, destaca la consejera de Cultura del Gobierno navarro, Rebeca Esnaola.

“El insulto siempre ha perseguido lo mismo, hace cinco siglos y hoy en día, humillar a tu contrario”, explica el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra y uno de los comisarios de la exposición, Jesús María Usunáriz, en conversación con este periódico. “Cada época tiene sus insultos, algunos los seguimos usando hoy en día, otros ya no”, añade. Así, pocos sabrán hoy lo que significa encorozado (quien portaba la coroza, un gorro picudo que se ponía a los condenados por la Inquisición) o bachillerejo. En cambio, borracho, ruin o puta siguen formando parte del catálogo de insultos actual.

Hace cinco siglos el objeto del insulto era el mismo que el de hoy día. Se utilizaba para burlarse y buscar el desprecio social del otro. En los siglos XVI y XVII los más ofensivos eran, sobre todo, aquellos que hacían referencia a la clase social (vagabundo, pechero -de clase baja, que tenía que pagar tributos-), al aspecto físico (enano, patituerto), la falta de aseo (sucio, puerco, merdoso, lechón) o la profesión (mulatero, arriero). En el caso de los dirigidos a las mujeres se destacaba además su comportamiento sexual: puta, bellaca o adúltera.

“Conocer los insultos nos permite reconstruir el ambiente y la actitud de los injuriados y los injuriadores y cómo se defienden entre sí en el juicio”, explica Usunáriz. Así, comprobamos la importancia del contexto religioso en la época. Los cristianos nuevos, los descendientes de judíos, por ejemplo, además de ser apartados de oficios y beneficios, sufrieron reiteradas injurias (perro judío, penitenciado). También la reforma protestante, y su llegada a la frontera pirenaica, contribuyó al uso de injurias como luterano o hereje, una manera de atacar a los procedentes de Francia y del Bearn y su vinculación al calvinismo. Por esta razón también abundaban los insultos que señalaban la procedencia de los injuriados, con insultos como francés, gabacho o gastón. No menos relevantes fueron los desprecios raciales, en especial el caso de los agotes (mala casta, chistrón, agote), un grupo minoritario, marginado y muy despreciado por la sociedad de la época y que habitó zonas del norte de Navarra, así como de Aragón.

Destaca a su vez la originalidad que tenían algunas personas para establecer secuencias encadenadas de insultos para “potenciar su efecto denigrador” con “estrategias similares a las actuales”. Es el caso de Estefanía de Ezpeleta, quien en Pamplona en 1578 le dijo a María Martín de Oscoz, “a altas voces”, que era “una puta serenada, cantonera”. Fue una testigo la que afirmó que Estefanita trató a María “de bellaca desvergonzada, puta cantonera” y que “como tal se solía aderezar y poner las esquinas del paño de la cabeza a manera de cuernos”. María le replicó “que ella no andaba dejado su marido y que ella (Estefanía), por ser mala mujer, andaba dejado su marido por ser bellaca, aderezándose los cabellos y afeitándose el rostro”.

En Navarra no faltaban tampoco los insultos en euskera (axari -zorra-, adaburu -cornudo-, ordi zarra -borracha vieja-), que también eran recogidos por los escribanos en el juicio, personas que “solían ser bilingües”, apunta el catedrático de Historia Moderna y comisario de la exposición. “[...] deciéndole en vascuence estas palabras... la trató de bellaca, puta, bagasa y otras palabras en vascuence que significan e importan esto mesmo”. Las injurias también se proferían en secuencias que mezclaban muchas veces castellano y euskera (bellaco, andurra, markatua -bellaco, malo marcado-, puta ordia apez alaba -puta borracha, manceba de clérigo-). “Es muy interesante para conocer el uso y convivencia de las lenguas”, añade Usunáriz.

En los siglos XVI y XVII la persona injuriada presentaba una queja y era el alcalde quien iniciaba las diligencias solicitando la información de testigos. “Ellos eran la única prueba que había de las injurias. Son los que declaraban y reproducían conversaciones enteras plagadas de insultos, lo que nos permite reconstruir el ambiente social y los valores de la época”, apunta el catedrático de Historia Moderna, Jesús María Usunáriz. “Es contar la historia a través de las vivencias de las gentes”, añade el director del Archivo Real y General de Navarra, Félix Segura.

En la mayoría de los casos, el pleito en primera instancia continuaba ante el tribunal de la Real Corte. Si bien en la mayoría de los casos los procesos judiciales terminaban sin pena para el acusado por la falta de pruebas, la sentencia, en caso de ser condenatoria, solía establecer una pena pecuniaria y se obligaba a la persona injuriadora a pedir perdón públicamente. La pena era mayor en el caso de las blasfemias, protagonizadas por lo general por varones jóvenes, campesinos y artesanos, y que podían ser castigadas por cualquier tribunal, sobre todo, por la Inquisición, con penas que podían ser de penitencia pública, destierro, multa o azotes.

La injuria, además de por vía oral, podía expresarse por escrito, a través de libelos, pasquines y coplas, así como a través de gestos. Era ya habitual hace cinco siglos realizar el gesto de los cuernos para burlarse de quien había sido engañado por su marido o mujer o la higa, similar a la actual peineta. También había gestos que hoy en día no consideramos humillantes como por ejemplo en el caso de los hombres tirarles de la barba o en el de las mujeres quitarles el tocado o pañuelo. No faltaban tampoco otros gestos obscenos, como mostrar el trasero o tocarse los genitales, para afrentar o burlarse de otros.

La exposición finaliza con una estadística que muestra que el insulto más utilizado en la sociedad actual es gilipollas. Hace cinco siglos lo eran borracho, ruin o infame, y no solo en España, sino también en países de América latina o incluso del resto de Europa, traducidos a en sus respectivos idiomas, asegura Usunáriz. “Los seres humanos somos y seremos siempre mezquinos y, por tanto, siempre utilizaremos el insulto”, concluye.

El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron vestidos de paisano en el Parlamento andaluz, identificaron en su despacho al diputado y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y le entregaron en mano un escrito de 17 páginas, con una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Dos meses antes, García había hecho unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Más bien representan un acto de “libertinaje de expresión”, argumenta el fiscal en su escrito de querella, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. “La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya Muñoz Oya en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este periódico no ha encontrado precedentes en la hemeroteca del Parlamento andaluz en los que el Ministerio Público se querellase contra un diputato autonómico por manifestar una opinión política fuera de la Cámara, por muy duras que fueran sus declaraciones. Para encontrar algo similar en el Congreso de los Diputados hay que remontarse a principios de los 80, en los albores de la democracia española.

A principios de la semana pasada, elDiario.es hizo llegar una consulta a la Secretaría General de la Cámara, pero en ese momento el diputado afectado no había informado a los servicios jurídicos. El letrado mayor del Parlamento andaluz tampoco tenía constancia entonces de que dos agentes de la Policía Judicial habían accedido a las dependencias de un grupo parlamentario, habían pedido a un diputado que se identificase con su credencial y le habían notificado una querella de la Fiscalía Superior por un supuesto “delito de opinión”.

Este lunes, por recomendación de su abogado, el portavoz de Adelante Andalucía tiene previsto registrar un escrito de amparo dirigido al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, por sentirse “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

Lo que hasta hace siete días era un problema del señor García pasa a convertirse en un asunto que afecta a la Cámara legislativa, pues obligará a los servicios jurídicos a evaluar la querella contra uno de sus miembros electos y emitir un informe. Adelante Andalucía forma parte del grupo mixto, tiene dos diputados en la Cámara y logró 167.970 votos en las elecciones de 2022, que encabezó Teresa Rodríguez (4,58% del escrutinio).

Los límites de la inmunidad parlamentaria

Los diputados andaluces gozan de una inmunidad parlamentaria de primer nivel blindada en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía, similar a la que protege a sus señorías en el Congreso. El reglamento de la Cámara así lo recoge en el artículo 11 y añade, en el 12, que “el presidente del Parlamento, una vez conocida la detención de un diputado o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Aguirre no ha adoptado ninguna medida desde que, el pasado 4 de abril, la Policía Judicial accedió al Parlamento y entregó a García la querella de la Fiscalía Superior del TSJA. De momento sólo consta el escrito de notificación, la querella aún no se ha materializado, pero el abogado del diputado cree que el juez atenderá al fiscal y citará a su cliente como imputado.

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

El portavoz de Adelante considera que el asunto trasciende la responsabilidad de su persona y afecta de lleno a la segunda institución de Andalucía, pues está precisamente entre las funciones del Parlamento y de sus representantes –elegidos en las urnas– “el contribuir a generar un estado de opinión” en la ciudadanía sobre asuntos de interés general. Incluso a cuestionar el trabajo de otras instituciones.

Esta legislatura, en concreto, está marcada por la polarización del debate político, en el que dirigentes de Vox y también del PP han naturalizado en su discurso denunciar “la falta de legitimidad” de determinadas instituciones del Estado, desde el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez es, además, diana de todo tipo de insultos e improperios] al Fiscal General del Estado o el propio presidente del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tuvo que pedir disculpas por calificar de “vergüenza” la sentencia que absolvió de violación a Dani Alves, porque la jueza primó la presunción de inocencia del futbolista.

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Ministerio Público se ha alineado con los denunciantes, al considerar que García se había “excedido” en sus opiniones y en la forma de difundirlas para que tuvieran un mayor alcance, lo cual está tipificado con mayor gravedad en el Código Penal. “Son expresiones que, analizadas objetivamente, tienen la envergadura suficientemente ofensivas para comprometer la dignidad y el prestigio de un Cuerpo de Seguridad del Estado, llamado a desempeñar un relevante papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas”, argumenta el fiscal, que termina acusando a García de “poner en riesgo las funciones” que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin antecedentes

Es la primera vez que ocurre algo así en el Parlamento andaluz y hay dos o tres antecedentes tardíos registrados en el Congreso, a principios de los 80, cuando la democracia española echaba a andar. El Ministerio Público argumenta que la libertad de expresión tiene límites cuando choca con otro derecho fundamental: al honor. Colisionan dos derechos constitucionales de primer orden, algo siempre controvertido cuando salpica a un ciudadano pero, en este caso, resulta más complejo porque los llamados delitos de opinión no afectan a los diputados como al resto.

Sus señorías no pueden ser “inculpados ni procesados” por un juzgado ordinario, es competencia del Supremo o del TSJA imputarles algún delito, previa autorización de su Cámara legislativa. Los diputados del Congreso tienen “inmunidad parlamentaria” y los diputados andaluces gozan de “aforamiento” y de “inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo”, reza el Estatuto de Autonomía, que tiene rango de Ley Orgánica. Pese a todo, hay jurisprudencia que discute si la inmunidad de los diputados autonómicos es homologable a la del Congreso.

La crítica del diputado andalucista a la actuación policial en el caso de Mamouth Bakhoum, tildándola de “racismo institucional, violencia policial y represión”, se alinea con la familia del senegalés, que denunció su muerte en los tribunales como una consecuencia del “hostigamiento policial” que sufrió, esto es, como un posible caso de homicidio por imprudencia grave.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque los allegados de Bakhoum pretenden llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, en paralelo, algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia describe la intervención de los agentes que persiguieron al mantero senegalés como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

La Audiencia Provincial de Balears ha anulado la condena impuesta a una mujer por insultar con expresiones racistas a una médica en un centro de salud de Eivissa, a la que increpó diciéndole “vete a tu país, negra de mierda” y “qué haces aquí”, además de llamarla “inútil” y escupirle. El tribunal considera que la sentencia de instancia carecía de motivación suficiente y ordena repetir el juicio con otro magistrado.

Los hechos se remontan al 5 de noviembre de 2019, cuando la acusada, paciente de uno de los centros de salud de la isla, le exigió que le proporcionara una receta en papel, a lo que la doctora le respondió que la medicación se ponía en la tarjeta sanitaria. La inculpada manifestó que no la tenía y, ante la reiteración de la negativa por parte de la facultativa, comenzó a increparla, elevando progresivamente el tono, profriendo insultos de carácter racista y lanzádole un escupitajo, tal como declaró probado la sentencia ahora revocada. La escena tuvo lugar mientras la médica se encontraba en el ejercicio de sus funciones asistenciales.

A raíz de estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa condenó a la acusada como autora de un delito leve de injurias con una multa de seis meses a razón de seis euros diarios, y de un delito de atentado contra funcionario público, por el que le imponía una pena de seis meses de prisión y el pago de las costas procesales. La defensa, sin embargo, impugnó la resolución alegando que la condena se basaba en una prueba de cargo insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de su patrocinada y denunciando, además, un error en la aplicación de los tipos penales por los que fue sentenciada. La Fiscalía se adhirió al recurso.

La Audiencia Provincial ha estimado el recurso y ha declarado la nulidad de la sentencia original al detectar “déficits de motivación” que, señala, afectan al núcleo de la sentencia e impiden conocer las razones por las que se consideran probados los hechos por los que se condena a la acusada.

Si bien los magistrados no entran a valorar el fondo de los hechos ni la veracidad de las acusaciones, reprochan a la jueza de instancia no explicar en su resolución por qué otorgó credibilidad a la víctima o por qué no analizó adecuadamente las declaraciones testificales: “La sentencia se limita a señalar que los testigos corroboraron los hechos, pero no expone qué fue exactamente lo que presenciaron ni por qué se considera que dichas declaraciones son suficientes para condenar a la acusada”, inciden.

La resolución de la Sección Segunda de la Audiencia, fechada el pasado mes de diciembre y de la que informó en su momento Diario de Ibiza, subraya que el derecho a la tutela judicial efectiva exige que las sentencias expongan las razones que conducen a la condena, de forma que puedan ser comprendidas y recurridas por las partes. En este caso, considera que la falta de explicación impide conocer los motivos por los que se dieron por probados los hechos y por los que se consideraron constitutivos de delito.

La Sala recrimina, asimismo, que el fallo de instancia incurre en imprecisiones al calificar jurídicamente los hechos, al no desarrollar de forma adecuada su encaje en los tipos penales de injurias y atentado. A su juicio, la resolución no justifica por qué concurren los elementos de estos delitos en el caso concreto. Por todo ello, acuerda no solo anular la sentencia, sino también el juicio oral, que ordena repetir íntegramente con un nuevo juez.

Se da la circunstancia de que el mismo Juzgado ya dictó sentencia por este caso en junio de 2023, que también fue revocada por la Audiencia Provincial. En aquella resolución, la jueza dio por probados los hechos -incluidos los insultos racistas y el escupitajo a la médica-, pero absolvió a la acusada al considerar que se trataba de injurias leves despenalizadas tras la reforma del Código Penal de 2015. La Audiencia reprochó entonces que no se realizara ninguna valoración de la prueba practicada en el juicio ni se justificara por qué los hechos debían considerarse de carácter leve.

El tribunal señaló también que la jueza de instancia omitió pronunciarse sobre cuestiones clave planteadas por la acusación, como la posible existencia de un delito de atentado, lo que supuso una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Por estos motivos, la Saña ordenó dictar una nueva sentencia que diera respuesta motivada a todas las cuestiones planteadas. En la última sentencia, la Audiencia insta ya no solo a emitir una nueva resolución, sino a celebrar un nuevo juicio.

El expresidente del Principado de Asturias, el socialista Antonio Trevín, ha denunciado ante la Guardia Civil de Llanes las amenazas e injurias recibidas a través de una carta anónima enviada al Ayuntamiento de Llanes donde ejerce como concejal y portavoz socialista.

Esta carta llegó a la centralita del consistorio el pasado martes y en ella se vertían fuertes comentarios deseando la muerte al político asturiano.

Apoyo y solidaridad

Antonio Trevín mostró una gran entereza hace apenas unas semanas cuando anunció públicamente que padece un cáncer de páncreas por el que está recibiendo tratamiento de quimioterapia.

Desde que él personalmente anunció públicamente su enfermedad los mensajes de apoyo y solidaridad de la sociedad asturiana se han sucedido e incluso el presidente del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, avanzó que se le ha concedido la Medalla de Oro de Asturias.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado con rotundidad las amenazas a su concejal y portavoz. En un comunicado, ha condenado “con toda la fuerza del mundo” cualquier atisbo de intimidación o violencia.

Asimismo, los ediles socialistas han confirmado el inicio de las diligencias de investigación desde el Puesto de Llanes de la Guardia Civil para tratar de identificar al autor o autora de “la deplorable misiva” para emprender todas las acciones que “estén de nuestra mano para que estos ataques no queden impunes”.

“Queremos hacer pública, con muchísima tristeza, la recepción de una carta anónima cargada de odio, amenazas de muerte e inmundicia dirigida a nuestro compañero, secretario general y portavoz, Antonio Trevín”, asegura el escrito.

El PSOE denuncia la crispación y odio

El Grupo Municipal Socialista recuerda que la convivencia pacífica, el respeto y el diálogo constructivo deben ser las bases sobre las que se asiente cualquier proyecto social, político o vital.

“Por contra, fomentar la crispación y el odio hacia personas, ideales o colectivos, genera situaciones como las que ahora sufrimos las y los socialistas de Llanes con escritos como el recibido esta semana en dependencias municipales, ataques personales deseando la muerte a nuestro líder a los que sigue un rosario de injurias”, señala.

Entre otras expresiones volcadas en ese escrito anónimo se pueden leer las siguientes:“En Posada guardamos tu mortaja preparada (…)” a lo que sigue “esperamos no oses entrar muerto en ninguna iglesia le pesará a tus siglas (…) que te entierren como mereces a paletadas”.

Los concejales socialistas inciden en la importancia de que Llanes sea un ejemplo de respeto mutuo y conviviencia, donde todas las voces, independientemente de su ideología, puedan expresarse libremente y sin temor. Que ninguna persona sufra amenazas de muerte por defender el progreso del concejo. Basta ya. Pongamos freno al odio entre todos y todas.

Vocación municipalista

Antonio Trevín Lombán (Avilés, 1956) es maestro de formación y su biografía ha estado estrechamente ligada a la política y la docencia, dos ámbitos en los que ha desarrollado su dedicación vital al servicio público.

Ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad tanto en el ámbito local como en el autonómico. Así, ha sido presidente del Principado (1993-1995), delegado del Gobierno (2004-2011), alcalde de Llanes en dos períodos (de 1987 a 1993 y de 1999 a 2004) y director provincial de Educación (1985-1987).

También ha ejercido como docente en las escuelas de Hontoria y Purón. Su vocación municipalista le ha llevado ahora a regresar a la política local como concejal de Llanes.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se retracten públicamente tras haberle llamado “delincuente” o interpondrá contra ellos una querella por injurias y calumnias en la que les reclamará 150.000 euros. Así consta sendas solicitudes de conciliación presentadas por el comisionista en los juzgados de Madrid, según revela El Mundo. La solicitud de acto de conciliación es un acto previo a la presentación de una querella. 

El empresario considera que las declaraciones del jefe del Ejecutivo son una “infracción de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”. Sánchez expresó la semana pasada su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pues, a su juicio, había hecho su trabajo: “perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”. También Bolaños se refirió a la pareja de la presidenta madrileña como “delincuente confeso”. 

González Amador reconoció en un correo enviado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, más de un mes antes de que elDiario.es desvelara el caso, que había cometido un doble delito fiscal. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, dejó por escrito su abogado, que también exponía su voluntad de “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria. El empresario había sido denunciado por no pagar a Hacienda el porcentaje que le correspondía tras embolsarse una comisión de casi dos millones de euros por la compraventa de material sanitario en plena pandemia.

Tenía yo escritas desde hace años unas coplillas sobre los Borbones que no me atrevía a publicar, por miedo a que me caiga una multa o algo peor. Así que cuando he oído que el Gobierno aprueba un plan de regeneración democrática, que incluye reformar el Código Penal en materia de injurias a la corona, me he dicho ¡por fin! Venga, voy a compartir mis coplillas aquí con ustedes. Dicen así: “Los Borbones son unos…”

Espera, Isaac, no corras. Mejor léete bien lo aprobado por el Consejo de Ministros, para estar seguro del todo. A ver, a ver… Ley de secretos oficiales… Transparencia de los medios… Pluralismo… Pues no lo veo… Ah, mira, aquí: “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal… libertad de expresión… cuando se refiera a las instituciones del Estado”. Supongo que es eso, aunque no dice nada sobre las injurias a la corona. Pero en todas las noticias dan por hecho que están incluidas aunque no se mencionen, y citan a “fuentes de la negociación”, así que voy con ello: “Los Borbones son unos…”

Un momento. Yo necesito seguridad total, que ya nos conocemos. Que te confías y luego aparece algún fiscal muy monárquico, una organización de ultraderecha o un juez con ganas de protagonismo, y te cae una denuncia por injurias a la corona. Poca broma, que las multas son altas y puedes hasta acabar en la cárcel. Así que voy a asegurarme bien antes: voy a ver qué dijeron en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que seguro que allí lo aclararon. Venga, mientras veo el vídeo voy recitando mis coplillas: “Los Borbones son unos...”

Pues no. Me he visto el vídeo entero, y en tres ocasiones los periodistas preguntan a los ministros de Presidencia y de Cultura. Les preguntan con todas las letras: ¿está incluido el delito de injurias a la corona? ¿Cuál es la posición del gobierno sobre el delito de injurias a la corona? ¿Están de acuerdo en eliminar el delito de injurias a la corona? Y en las tres ocasiones, tanto Bolaños como Urtasun responden con generalidades, repiten la redacción de lo aprobado, dicen que no es momento de entrar en detalles, que ya se verá cuando aprueben el proyecto de ley… Ni siquiera pronuncian “injurias a la corona” en sus respuestas, como si la sola mención de las injurias a la corona ya fuera una injuria a la corona.

Pues mira, yo me voy a esperar un poco más antes de publicar mi coplilla. No sea que al final la parte socialista del gobierno saque su lado más monárquico, o que en el Congreso no haya apoyos suficientes para eliminar un delito por el que Europa nos ha puesto la cara roja ya varias veces, o llegue el siguiente gobierno y en vez de suprimirlo lo refuerce.

Y me diréis: venga, Isaac, si ya cualquiera puede hacer coñas con el rey, que eso era antes... ¿Seguro? Sobran los ejemplos de artistas, políticos o tuiteros condenados por expresiones que sí, pueden ser injuriosas, pero no deberían ser delito, o al menos no tener una protección especial y reforzada como tiene la corona. Y muchos otros que no acabaron en condena, pero soportaron denuncias y procesos judiciales. Y lo más irónico: todos los condenados por injurias a la corona lo fueron por expresiones dirigidas no al actual, sino al anterior rey, al que llamaban corrupto, ladrón, parásito y cosas similares. Y mira tú dónde ha acabado el rey injuriado: fuera de España, enriquecido ilícitamente, con casos de corrupción demostrada y un patrimonio inexplicable que heredarán sus hijas.

Y paseándose cuando quiere por España, eso también, aunque no voy a decir lo que pienso, no sea que me empuren por injurias a la corona.

Como casi todos los acuerdos, el del plan de regeneración que aprobó este martes el Consejo de Ministros se cerró sobre la bocina. Los socios de coalición habían avanzado mucho en las últimas semanas sobre el detalle de las 31 medidas que incluye el texto impulsado por el Gobierno para “reforzar el derecho a la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información veraz”. Pero la negociación encalló a última hora en un punto concreto: la reforma del Código Penal sobre los tipos relacionados con la libertad de expresión y, más concretamente, sobre el de injurias a la corona.

Vieja demanda de la izquierda parlamentaria y línea roja para los de Yolanda Díaz en sus conversaciones con los socialistas para pactar el plan, los equipos de Sumar y del PSOE intercambiaron hasta última hora del lunes documentos con propuestas para pulir una redacción que plantea “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos”. Por parte del equipo técnico de Sumar llegó a participar de esa redacción el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago.

Para Sumar, el pacto alcanzado no deja lugar a dudas sobre la reforma del tipo penal específico sobre la Jefatura del Estado aunque durante la negociación con el PSOE acabaran admitiendo que no se hiciera referencia expresa a ello en el texto. “Lo que hemos acordado es que los artículos que sean objeto de esa reforma integral son los que se refieren a difamaciones a las instituciones del estado. Para mi, como ministro de Cultura, es una gran satisfacción que forme parte del Plan de Acción para la Democracia. La ciudadanía no hubiera entendido que no fuera así”, valoró Ernest Urtasun en rueda de prensa.

A su lado, el ministro de Justicia prefirió ser más cauto sobre el desarrollo de esa reforma. “La opinión del ministro de Justicia será importante o no pero lo que será realmente importante es el Proyecto de Ley que salga aprobado por el Consejo de Ministros cuando lo hagamos y luego contar con los apoyos parlamentarios suficientes para reformar el Código Penal. La legislación penal española ha de adecuarse a las mejores legislaciones penales de los países de nuestro entorno europeos y también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, respondió Félix Bolaños tras ser cuestionado expresamente sobre si esa reforma afectada al delito de injurias a la corona. 

La reforma del Código Penal para suavizar o derogar delitos más controvertidos relacionados con la libertad de expresión es un debate que resurge de forma periódica. Especialmente, en los grupos que están a la izquierda del PSOE. Tanto Unidas Podemos primero como Sumar esta legislatura han presentado varias iniciativas parlamentarias que no han conseguido aprobarse. Ambas formaciones siempre han defendido su derogación total.

Sin embargo, hasta el momento los socialistas se han mostrado partidarios de reformarlos para castigar únicamente las conductas que supongan “claramente” un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de incidente violento y sin penas de cárcel. Así constaba, por ejemplo, en la iniciativa que planteó en 2021 el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Pilar Llop al calor de las protestas a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel tras ser condenado por 64 tuits y una canción en los que criticaba al rey y a la monarquía y censura con expresiones muy duras acciones policiales. 

Ahora, el plan del Ejecutivo propone dar a estos delitos “una redacción homologable” a los países del entorno europeo y “atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en materia de difamaciones y su encaje legal”. La realidad es que la doctrina de la Corte de Estrasburgo viene apuntando hacia una interpretación muy restrictiva de este tipo de delitos. 

La jurisprudencia del TEDH es que la libertad de expresión no sólo ampara las ideas consideradas como inofensivas o indiferentes, sino que protege especialmente aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Las tesis mayoritarias apuntan a que la única posibilidad de una restricción de ese derecho en estos casos es en relación con discursos que supongan una incitación directa a la violencia o que ahonden en la discriminación que ya sufren colectivos vulnerables. 

Por ejemplo, Estrasburgo ha pedido en reiteradas sentencias “contención en la vía penal” ante los ultrajes a los símbolos nacionales e instituciones del Estado aludiendo precisamente a la posición “dominante” de las instituciones. Recientemente, sus magistrados revirtieron la condena que el Tribunal Constitucional impuso a un sindicalista que gritó que había que “quemar la puta bandera”. En ese caso, señaló que la contradicción entre libertad de expresión y respeto a los símbolos debe entenderse “en su contexto”. En este caso, en medio de las protestas de una huelga por impago de salarios.

A pesar de las críticas de Europa, en los últimos años se ha producido en España un auge de procedimientos judiciales sobre tipos penales como los ultrajes a los símbolos nacionales, las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo o los delitos contra los sentimientos religiosos. Son causas que a menudo acaban en archivos, absoluciones o condenas que luego son revocadas, pero que dejan por el camino años de imputaciones para los querellados, con la repercusiones públicas y privadas que eso implica. 

Ley mordaza y secretos oficiales

En el plan de regeneración se abordan también otras demandas recurrentes para la izquierda y para la mayoría de socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Después de comprometerse primero a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', y de fracasar en su reforma la pasada legislatura por falta de consenso en el Congreso, el Gobierno plantea ahora cambios “sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Esa declaración de intenciones resulta insuficiente para los socios habituales del Gobierno en el Congreso, que han calificado específicamente este punto como “ridículo”. Son las palabras que ha usado el Partido Nacionalista Vasco para valorar una propuesta de reforma que solo se refiere a un punto, especialmente, sostienen fuentes del grupo, cuando durante la legislatura pasada estuvo a punto de lograrse un acuerdo que desmontaba más del 90% de aquel texto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para cercenar el derecho de protesta.

En la pasada legislatura se trabajó precisamente sobre un texto de la formación jeltzale para tratar de avanzar en la derogación de la ley. Las negociaciones saltaron por los aires por el choque entre PSOE por un lado y EH Bildu y Esquerra Republicana (ERC) por otro a cuenta de cuatro puntos concretos. Esos dos grupos encuentran los anuncios sobre esa reforma claramente insuficientes.

“No vemos ninguna novedad relevante en los anuncios sobre la reforma de la Ley Mordaza. Es insuficiente. De ser así los artículos más lesivos por los que la reforma no prosperó en la pasada legislatura seguirían intactos, por lo que toca seguir empujando para eliminarlos”, sostienen fuentes de EH Bildu.

ERC, que califica de “pura decepción”, el paquete anunciado por el Gobierno, cree que la reforma de la 'ley mordaza' se basa únicamente en “aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional”. “Quedan fuera, en cambio, aspectos fundamentales, como una reforma integral de esta ley, que debe abordar aspectos clave como la prohibición de las balas de goma, la revisión/eliminación de sanciones por faltas de respeto y desobediencia, y las llamadas devoluciones en caliente, que tantas veces hemos reivindicado”, sostienen, en línea con los argumentos que les llevaron el año pasado a votar en contra de la reforma que se tramitaba en el Congreso y que nunca llegó a ver la luz.

Un sabor de boca parecido ha dejado la propuesta del Gobierno para abordar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Histórica demanda de grupos como el PNV o la izquierda del PSOE, el Gobierno defiende en su plan de regeneración que ha llegado la hora de cambiar una ley que data de 1968. “Es difícilmente explicable que España mantenga una ley en una materia tan sensible que es de 1968, creemos que nuestra democracia merece una ley de secretos oficiales que sea contemporánea, que acoja lo mejor de las legislaciones de países de nuestro entorno”, dijo el ministro Bolaños tras el Consejo de Ministros. 

El PNV, que califica el conjunto del paquete de “inconcreto” y prefiere esperar a que haya más detalles para hacer una valoración en profundidad, advierte de que una reforma como la que intentó sacar adelante el Gobierno la legislatura pasada sería insuficiente. “Si se basa en el Anteproyecto de 2022, implicaría que los plazos para desclasificar documentos llegarían incluso a doblar los propuestos en la Proposición de Ley del Grupo Vasco que está en trámite en el Congreso”, sostienen fuentes de los nacionalistas.

Una idea que comparten los independentistas vascos. EH Bildu alerta de que, a la espera de conocer más detalles, “en el caso de que suponga recuperar los plazos y la propuesta que hizo el Gobierno hace dos años” no contará con su apoyo.

ERC también critica la falta de detalles sobre esta ley. “Cuando tengamos los textos concretos, nos pronunciaremos medida a medida, pero por ahora lo que hemos visto es una declaración de intenciones y muy tibia. El PSOE haciendo de PSOE. Pura decepción. Veremos cómo se concreta todo en la tramitación parlamentaria, pero lo observamos con preocupación”, sostienen, para lamentar que no se depuren “las cloacas del Estado” con medidas para castigar a los “responsables y ejecutores” de actuaciones ilegales o ilícitas o para separarlos de los cargos susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito.

Los independentistas vascos son algo más optimistas a la hora de valorar el conjunto del paquete de medidas, a excepción de estas dos últimas. Consideran que va en la buena dirección porque incluye algunas de las cuestiones que trasladaron al Gobierno en las reuniones que mantuvieron en verano: “hacer frente a los bulos y a la desinformación, aumentar la transparencia y poner en marcha medidas de apoyo a medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano”.

Mucho más escépticos se han mostrado en Podemos, que advierten de que no apoyarán ningún paquete de regeneración democrática que no incluya una de sus principales peticiones: una ley de medios que ponga fin a la concentración de medios y democratice el espacio radioeléctrico, con un reparto en tres tercios, con un espacio para medios públicos, otro para los privados y otro para medios colectivos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el denominado Plan de Acción por la Democracia, que cumple con algunas antiguas demandas de la mayoría de socios parlamentarios e introduce cambios en la ley mordaza, la de secretos oficiales o el Código Penal en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión o el delito de injurias a instituciones del estado, una de las principales demandas de Sumar durante la negociación del texto con el PSOE en el seno de la coalición.

Estas son todas las medidas incluidas en el plan:

Medidas para ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental:

1.1. Desarrollo de estrategias y mecanismos de Gobierno Abierto:

1.1.1. Aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Abierto y remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos.

1.1.2. Celebración en la ciudad de Vitoria-Gasteiz de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025, en la que participarán más expertos en la materia y líderes gubernamentales de todo el mundo.

1.1.3 Terminar la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto (2020-2024) y preparar el V plan en un proceso de creación conjunta con las organizaciones de la sociedad civil.

1.1.4 Adopción del Acuerdo por el que se aprueba el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

1.2. Rendición de cuentas obligatoria:

1.2.1. Establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones.

1.3. Estrategias e iniciativas para combatir la corrupción:

1.3.1. Aprobación del Real Decreto por el que se desarrolla una estrategia para combatir la corrupción contemplada en la Ley 2/2023.

1.3.2. Aprobación del Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023.

1.3.3. Aprobación del Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada.

1.4. Reforma de la Ley de Secretos Oficiales:

1.4.1. Reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

Medidas para fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo:

2.1. Fijación de nuevos estándares de transparencia de los medios de comunicación:

2.1.1. Creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.

2.1.2. Establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. -

2.1.3. Reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.

2.1.4. Reforma de la Ley de Publicidad institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Asimismo, se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.

2.2. Establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación:

2.2.1. Impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes.

2.2.2. Transposición Directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos.

2.2.3. Reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2.2.4. Refuerzo de la auto-regulación de los Medios y las Plataformas digitales en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo.

2.2.5. Introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas.

2.3. Revisión de los mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos:

2.3.1. Revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación.

2.4. Promoción de una mayor calidad del debate público: 

2.4.1. Aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

2.4.2. Reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.

2.4.3. Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal.

2.4.4. Puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad.

2.4.5. Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación, en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. - Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

2.4.6. Creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

Medidas para reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral

3.1. Promoción de instrumentos de transparencia del sistema político y de los procesos electorales:

3.1.1. Reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación.

3.1.2. Reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas.

3.1.3. Reforma de la de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados.

3.2. Reforzamiento de los mecanismos de prevención y detección de los conflictos de interés:

3.2.1. Reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado para reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta.

3.2.2. Aprobación de la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.

3.3. Fortalecer las sanciones a los partidos políticos que no presenten sus cuentas de manera adecuada:

3.3.1. Reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.

En junio se cumplieron seis años de la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Pedro Sánchez asumió entonces el Gobierno, primero con su partido en solitario, después en coalición con Unidas Podemos, con una agenda de reformas pendientes a las que ha ido dando salida. Pero seis años y tres legislaturas después, toda una batería de promesas sobre regeneración democrática sigue pendiente. La derogación de la ley mordaza, una nueva ley de secretos oficiales o la eliminación del delito de injurias a la Corona duermen todavía en el Congreso a la espera de que el Gobierno las aborde en el nuevo plan que quiere impulsar en el nuevo curso político. 

Sánchez se comprometió hace unas semanas a poner en marcha una serie de medidas para democratizar el Estado. Un plan pensado a raíz de los cinco días de reflexión que se tomó en mayo, cuando el juez abrió una investigación contra su pareja, Begoña Gómez, en base a una denuncia con recortes de prensa de periódicos y algunas noticias falsas. En su última comparecencia en el Congreso dio más detalles de ese plan, que centró sobre todo en la transparencia de los medios de comunicación. Y anunció además que el Gobierno se reuniría con los grupos parlamentarios para escuchar sus propuestas de cara a preparar esa batería de medidas. 

Y en esas reuniones, los socios del Ejecutivo pusieron encima de la mesa esas tres medidas que siguen pendientes de aprobarse. Podemos, que además de reclamar que rompiera el pacto con el PP sobre el Poder Judicial, recordó a sus interlocutores la necesidad de derogar la ley mordaza, una reivindicación que comparten tambié el resto de grupos. Y el PNV, por ejemplo, centró sus peticiones en una nueva Ley de Secretos Oficiales como la que ya registraron en el Congreso hace algunos meses. 

Ley Mordaza

La derogación de la ley mordaza fue una de las principales promesas de campaña de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa. También figuraba entre las principales demandas de Podemos antes de llegar al Gobierno y por eso quedó plasmado en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la primera coalición progresista. Pese a todo, la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó para cercenar el derecho de protesta lleva ya más tiempo en vigor bajo la mayoría parlamentaria que prometió derogarla que con el Ejecutivo que la impulsó. 

El Congreso estuvo a punto de desmontar ese texto el año pasado, después de una tortuosa negociación entre los socios parlamentarios y el Gobierno. Esas conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”. 

El uso de las pelotas de goma no estaba regulado en la ley de 2015 y la permisividad sobre las devoluciones en caliente estaban incluidas en una disposición adicional de ese texto, pero el Gobierno pedía abordarlas en una futura reforma legislativa.

En esta legislatura, Sumar registró una propuesta que rescataba todos los acuerdos conseguidos durante los años anteriores y que volvía a dejar fuera esos cuatro puntos polémicos, en aras de volver a abrir una discusión dentro del Congreso con el resto de grupos. Esa propuesta, defendían desde el grupo parlamentario, desmontaba el 98% de la ley mordaza.

No obstante, a mediados de julio la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que habían llegado a un acuerdo con el PSOE para la derogación de esa norma, que finalmente solo incluía la modificación de un punto del texto, referente a la difusión de imágenes policiales, algo mucho menos ambicioso que lo acordado en la pasada legislatura y que lo registrado por ese grupo en el Congreso hace unos meses. 

ERC y EH Bildu siguen manteniendo sus líneas rojas sobre esa ley, como se comprobó en la comparecencia de Sánchez del mes pasado, y no parecen dispuestos esta vez a dar sus votos para una reforma que no aborde los cuatro puntos que generaron conflicto en la negociación anterior. 

Ley de Secretos Oficiales

Aunque no figura dentro del acuerdo de coalición, el Gobierno trabajó durante la legislatura pasada en una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Hace justo ahora dos años, en agosto de 2022, el Gobierno presentó su propio anteproyecto para reformar la ley actual, un vestigio franquista que data de 1968. En su propuesta, el Ejecutivo planteaba un plazo máximo de 50 años para los temas más sensibles, con la posibilidad de prórrogas en algunos casos. Esa norma incorporaba, en consonancia con los estándares europeos y de los aliados, cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Hasta ahora solo hay dos: secreto y reservado.

Aquella reforma, sin embargo, nació sin el apoyo del entonces socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, que consideraba los plazos demasiado extensos. Y tampoco contaba con el aval de la mayoría de socios parlamentarios. Ese proyecto quedó en el limbo parlamentario y decayó con la convocatoria anticipada de elecciones del 23 de julio.

El Congreso va por el quinto intento de tramitar una reforma a esta ley para rebajar los plazos de desclasificación de los documentos y que esa decisión dependa exclusivamente del Gobierno y en ella no puedan influir las Fuerzas Armadas. 

“Toda clasificación de una materia en cualquiera de sus dos categorías fijará el plazo de su vigencia, sin que este pueda exceder de veinticinco años para materias calificadas secretas y de diez años para las calificadas reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años”, propone el texto que registró esta legislatura el PNV y que la Cámara Baja aceptó tramitar. 

Antes de esta propuesta, el Congreso ha aceptado tramitar hasta cuatro reformas, pero ninguna ha visto la luz. La primera vez fue en 2016, todavía bajo el Gobierno de Rajoy a propuesta del PNV, pero la iniciativa decayó con la convocatoria electoral de junio de aquel año. Los nacionalistas vascos la volvieron a presentar en la legislatura siguiente, en noviembre de ese año, pero el plazo para la presentación de enmiendas a la misma se fue prorrogando hasta marzo de 2018 por parte de la mayoría que mantenían entonces el PP y el PSOE en la Mesa del Congreso. Tras las elecciones de junio de 2019, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el PNV volvió a registrar el texto, pero esta vez no llegó al Pleno y volvió a caducar con la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre.

El último intento llegó en 2020, de nuevo con una propuesta de los nacionalistas vascos. Pero los votos del PSOE en la Mesa del Congreso fueron postergando los plazos de enmiendas hasta que el propio Gobierno presentó su propio anteproyecto para reformar la ley. 

Injurias a la Corona

El Congreso aceptó esta legislatura debatir por tercera vez una propuesta de reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado. La proposición de Sumar es un texto muy similar al que presentó Unidas Podemos primero en 2018 y después en 2021. 

En ambas ocasiones, el PSOE fue posponiendo su tramitación y el texto acabó muriendo con el fin de la legislatura el pasado verano. En el Pleno que debatió el pasado diciembre la propuesta, los socialistas defendieron abordar un debate “sereno” sobre la libertad de expresión pero sin perder de vista los “límites constitucionales” a ese derecho. La votación salió adelante con los 177 votos de los socios del Gobierno. 

El texto en cuestión propone una reforma del Código Penal para suprimir delitos de opinión como las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Otro de los puntos de la ley propone sustituir el delito de enaltecimiento del terrorismo por un agravante para dar a las víctimas una protección reforzada, pero evitar que un delito de este tipo se utilice para condenar a artistas, como ocurrió en los casos de Pablo Hásel o el rapero Valtònyc.

Esta reforma es una de las que Sumar ha pedido a su socio de Gobierno incluir en el plan de regeneración democrática, aunque las diferencias con el PSOE en este asunto son claras y de hecho la despenalización de este tipo de actos no está incluida en el acuerdo de Gobierno que sellaron ambas fuerzas para la repetición de la coalición progresista. 

“La libertad de expresión tiene límites. Hay que tener un debate para ver dónde están, dónde está la ética. A mí me parece que enaltecer el terrorismo es un límite. Es una cuestión personal mía”, dijo el portavoz socialista, Patxi López, el día que se debatió la tramitación de la reforma en el Congreso.

Todas estas reformas formarán parte de las demandas que los socios del Gobierno pondrán encima de la mesa en una negociación que, como el resto de la legislatura que queda por delante, promete ser todavía más complicada. La salida de Junts del foco de influencia en la gobernabilidad catalana tendrá su espejo en el Congreso: el partido de Carles Puigdemont ya ha avisado de que endurecerá su apoyo a cada norma. El plan de regeneración democrática junto a la negociación para los presupuestos serán el primer test de ese cambio de actitud.

La localidad toledana de Camuñas celebrará este domingo 28 de julio, a las 12 del mediodía, un acto institucional para colocar una bandera de España en la plaza del Molino, cuyo nombre es un homenaje al Molino de la Unión, un gigante construido en el siglo XIX, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que forma parte del encanto del municipio.

Fernando Gallego, ya jubilado, gobierna por primera vez en este municipio toledano donde el PP cuenta con seis concejales frente a los tres del PSOE, un partido que dirigió el ayuntamiento la pasada legislatura. Gallego dice que será la última y que no tiene intención de repetir candidatura en 2027, en conversación con elDiarioclm.es

Al acto están invitados tanto representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, bomberos, miembros de Protección Civil y militares vinculados al pueblo, según confirma el edil. La bandera ya se colocó el pasado mes de mayo “de forma provisional” y ahora se instalará otra de forma definitiva, más grande y “reglamentaria”.

Habrá un desfile desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza del Molino, con banda de música incluida, hasta un lugar “despejado de barreras arquitectónicas”, donde “se asegura el ondeado perfecto de la bandera. Allí el aire nunca falta” y sin que pueda interferir, asegura el alcalde, con el espacio cultural protegido que ocupa el molino. “Lo vio el arquitecto municipal”.

Camuñas cuenta con algo más de 1.700 habitantes censados. Su ayuntamiento invertirá 3.488 euros en colocar esta bandera. “Se ha intentado que fuera lo más económico posible, y que fuera más testimonial e institucional que ornamental. Éramos el único pueblo sin la bandera y ya tocaba. No es un gasto oneroso y no desequilibra el presupuesto anual”.

Un rey “flojo gobernado por una roja”

El alcalde, un habitual de las redes sociales desde hace años, compaginará la colocación del símbolo del Estado, con sonadas publicaciones en X (antes Twitter) antes de ser alcalde y también una vez incorporado al cargo.

En septiembre de 2023, recién estrenado el bastón de mando, cargaba contra el rey Felipe VI, al que tilda de “blando” o de “flojo gobernado por una roja”, en alusión a la reina Letizia, a la que en otras ocasiones ha calificado de “raspa” o “plebeya comunista”.

Sobre la Guardia Civil también ha escrito en diversas ocasiones y momentos en sus redes sociales para tildar a la Benemérita de “mercenarios” o “putos sacamultas”.

El “payaso” de Feijóo y el “mierda” de Pedro Sánchez

Sus comentarios no se quedan en las instituciones del Estado como la Corona o la Guardia Civil. En los últimos años también han sido habituales sus críticas encendidas a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al que ha calificado de “mierda”, entre otras lindezas.

Sobre los dos últimos presidentes del PP también ha escrito en varias ocasiones. De Pablo Casado escribió: “Cada vez representas menos a la gente, incluso a los que te votan”, allá por enero de 2020. El líder nacional de los 'populares todavía permanecería dos años más al frente del partido.

Y sobre el actual líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en 2021, cuando todavía Pablo Casado lideraba el partido, publicó en las redes sociales varios comentarios en los que calificaba al entonces presidente de Galicia como “nacionalista encubierto”, “plaga” o “payaso” y aseguraba que siempre sería “un segundón”.

En otras ocasiones se ha mostrado partidario de la formación de extrema derecha que lidera Santiago Abascal.

Otros de los comentarios más llamativos del ahora alcalde, estando ya en la oposición en el Ayuntamiento de Camuñas, se caracterizan por su tono machista, sexual o de otro calado, incluso sumándose a mensajes negacionistas sobre el cambio climático.

Duda de la capacidad política de varias mujeres de la izquierda española. Como respuesta a un tuit se refería a Leire Pajín, Susana Díaz, Irene Montero o Ada Colau como “sospechosas de vivir del arte de vivir de la mamada furtiva”.

Tampoco se libran de sus publicaciones la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, a la que califica de “golfa” y se dirige también con sus comentarios a conocidas periodistas como Almudena Ariza, de RTVE, o Rosa Villacastín. También comenta “el tiro” que recibió el concejal del PP Miguel Ángel Blanco y que, dice, hubiera sido “más provechoso” en otros, aludiendo a una publicación sobre el que fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El alcalde de Camuñas ha declinado hacer comentarios a elDiarioclm.es sobre sus publicaciones en las redes sociales.

El PSOE pedirá su dimisión

El secretario de Organización del PSOE Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha anunciado que pedirán “formalmente” la dimisión y “expulsión” del PP.

“Felipe IV es un flojo dominado por una plebeya comunista; la Guardia Civil son mercenarios, saca multas; las dirigentes del PP tienen caras de muy golfas, viven de hacer mamadas furtivas. Si yo dijera todo esto, Paco Núñez y el PP pedirían mi dimisión inmediata. Pero no he sido, yo sino el alcalde de Camuñas, del PP, al que deberían expulsar inmediatamente del partido por decencia democrática”, escribía Gutiérrez en la red social X.