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Piden 66 años de cárcel y 3,3 millones en multas e indemnizaciones al expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola

Iñaki Badiola, en 2008, cuando era presidente de la Real Sociedad

La Fiscalía de Gipuzkoa solicita una pena total de 66 años de prisión (que serían nueve de cumplimiento efectivo) para el empresario y expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola por haber cometido, según sus conclusiones, 47 delitos de injurias, calumnias, contra la integridad moral o descubrimiento y revelación de secretos cuyas víctimas son personalidades donostiarras y guipuzcoanas como el actual diputado general, Markel Olano (PNV), jueces y magistrados o el exalcalde y ahora diputado socialista Odón Elorza. Badiola estuvo detrás de una cuenta de Twitter llamada 'Gipuzkoa Confidencial' en la que atacaba a todos ellos desde el anonimato. El ministerio público, asimismo, plantea el abono de una multa de 1,35 millones de euros y de unas indemnizaciones por daños y perjuicios de entre 40.000 y 500.000 euros para las 16 víctimas, 1,95 millones en total.

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Badiola, que fue presidente de la Real Sociedad en 2008 y que acabó considerado como culpable del concurso de acreedores de la entidad deportiva, creó en octubre de 2015 una cuenta llamada @GipuzkoaConfide que fue suspendida en abril de 2018. Desde entonces, la sustituyó por @gipuzkoaconfid y la empleó para los mismos fines. “De esta forma, el acusado, haciendo uso de ambas cuentas como amplio medio de publicidad, procedió a la realización de innumerables publicaciones, todas ellas relativas a personas de relevancia social, tanto autoridades como funcionarios públicos, así como también empleados del ámbito privado. [Lo hacía] Siempre con la intención de menoscabar su imagen pública en todos los ámbitos de la vida, tanto el personal como el familiar, el profesional y el social”, entiende el fiscal del caso, Juan Carlos Gálvez.

El extenso escrito de calificación del ministerio público incluye una larga relación de mensajes de las cuentas de 'Gipuzkoa Confidencial' y remarca que la investigación de los expertos en delitos informáticos de la Ertzaintza constató que detrás de ellos estaba Badiola. Además de Olano y Elorza, los aludidos fueron los magistrados Ana Isabel Pérez Asenjo, Yolanda Domeño, Pedro José Malagón y María Victoria Cinto (ya fallecida y que era también vocal del Consejo General del Poder Judicial), una funcionaria judicial, el notario Eduardo Clausen, otras tres personas del área de Hacienda de la Diputación y cuatro más vinculadas con 'El Diario Vasco'.

Desde esas cuentas se acusaba con insistencia a la Gipuzkoa judicial y política de tapar la supuesta trama de pederastia detrás del caso del fotógrafo condenado por abusos a modelos Kote Cabezudo -Disney+ paró finalmente la emisión de un documental que defendía una tesis similar- y se aludía también a presuntas maniobras de la Diputación y de Hacienda en relación a la Real Sociedad. Los mensajes se acompañaban de fotografías de las personas señaladas y varias de ellas refieren haber sufrido graves perjuicios tanto su quehacer profesional como en el plano personal. “Ha precisado tratamiento psicoterapéutico de apoyo, debiendo de protegerse por razones de salud personal”, se dice sobre una de las víctimas. Varias de ellas ejercen también una acusación particular contra Badiola en términos similares a la Fiscalía. En el caso de Cinto, sus herederos han mantenido la batalla judicial.

La vista contra Badiola está prevista para este martes. No se cree que la huelga de letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) vaya a interferir con su desarrollo. Es el juzgado penal 3 de Donostia el encargado del caso, aunque la titular de la sala, Mari Carmen Zubimendi, solicitó abstenerse debido a sus lazos de cercanía con varias de las víctimas. Dirigirá la sesión y emitirá sentencia el titular del juzgado penal 1 de la capital de Gipuzkoa, Pedro Santiago Romero Buck-Astrad.

Los 47 delitos que se le atribuyen a Badiola por sus mensajes se traducen en 66 años de prisión por calumnias, actos contra la integridad moral y descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, de asumirse tal cual los hechos que describe la Fiscalía, la condena efectiva sería de nueve años, el triple del delito más alto de todos ellos, que es de tres años por el descubrimiento y revelación de secretos, que guarda relación con sus mensajes contra Olano y otros cargos forales. Las injurias graves no llevan pena de prisión, aunque sí multas que ascienden a 1,35 millones de euros. Hay penas complementarias de inhabilitación, asimismo. Finalmente, el ministerio público propone que se abonen importantes indemnizaciones a las víctimas. Las más bajas, de 40.000 euros, son para los afectados de 'El Diario Vasco'. La más alta, de 500.000 euros, corresponde al notario Eduardo Clausen. Se propone que Badiola compense a Elorza con 300.000 euros y a Olano con 100.000. Fuentes de la Diputación han declinado hacer valoraciones al margen de las que pueda hacer el diputado general en el propio juicio, donde comparecerá en calidad de testigo.

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