El delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la jueza que lo investiga por su presunta participación en la contratación de observadores internacionales para el referéndum. En la última ronda de declaraciones antes del verano de la causa que investiga los preparativos del 1-O, la jueza Alejandra Gil solo ha tomado declaración a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ya que otros dos investigados también se han negado a declarar.

La jueza considera que Manonelles podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia por un expediente de contratación que la delegación de Ginebra firmó el 31 de agosto de 2017 con The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), fundación que ya formaba parte del caso: el exdelegado de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj y altos cargos de Exteriores y del Diplocat ya fueron procesados por contratos con The Hague Center. Los procesados no niegan los pagos, pero los desvinculan del 1-O.

Cabe recordar que la jueza decidió imputar a Manonelles, a petición de la Fiscalía, cuando ya había procesado a 30 altos cargos y empresarios por la preparación del 1-O, lo que, sumado a la resolución pendiente de varios recursos, retrasará el juicio de esta causa iniciada a principios de 2017.

Hasta que el Tribunal de Cuentas no empezó a analizar todos los gastos del Govern en el procedimiento contra Carles Puigdemont y los exconsellers, la Guardia Civil solo había hallado pagos de la Generalitat al HCSS mediante la delegación ante la UE. Ahora se han descubierto otras transferencias de unos 170.000 que efectuó la delegación en Ginebra tres meses antes del 1-O.

Por esta misma contratación al HCSS, la juez volvió a citar para este lunes como imputados a tres altos cargos ya procesados: el director general de Relaciones Institucionales, Aleix Villatoro; la directora de servicios de Exteriores, Marta Garsaball; y la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal. Solo ésta última ha declarado ante la jueza, y ha alegado que no pudo frenar los contratos porque el análisis contable que realiza la Intervención se hace a posteriori y no antes de los pagos.

La Fiscalía ha vuelto a pedir a la jueza de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O que tome declaración por organización criminal a 28 altos cargos del Govern y empresarios que ya han sido procesados por desobediencia, prevaricación y malversación, entre otros delitos.

En un escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ministerio Público afea a la jueza Alejandra Gil que rechazara tomar declaración como investigados por organización criminal a los procesados y que al mismo tiempo dejara la puerta abierta a que la Fiscalía los acusara por este delito en el futuro juicio. La jueza negó que los procesados, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, “contasen con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal”.

Esta decisión de la instructora supone, a criterio de los fiscales, una “notable contradicción”, ya que sin tomar declaración a los procesados por el delito de organización criminal durante la fase de instrucción, el Ministerio Público no puede acusar por este delito en el juicio. De hacerlo, se vulneraría el principio acusatorio y no se garantizaría el derecho de defensa de los procesados, remarcan en su recurso los fiscales anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado y la fiscal Isabel Nevot.

En consecuencia, y para poder “en su caso” acusarlos por organización criminal en el juicio, los fiscales reclaman a la jueza tomar declaración por este delito 28 procesados, entre ellos la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach; los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo; el secretario de Comunicación del Govern, Antoni Molons; el director general de comunicación, Jaume Clotet; el exdirector de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj; o el exsecretario general del Diplocat Albert Royo.

Además de recurrir la negativa a tomarles declaración, en paralelo la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el rechazo de la jueza a procesar por organización criminal a los altos cargos y empresarios investigados.

La jueza no considera que los empresarios y altos cargos del Govern procesados por el 1-O, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, formaran una organización criminal en favor del referéndum. La magistrada ha rechazado la principal petición de la Fiscalía, que solicitó añadir el delito de organización criminal a los 28 altos cargos procesados por malversación, falsedad documental, desobediencia, revelación de secretos o prevaricación.

En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona concluye, al contrario que los fiscales, que de la investigación de los preparativos del 1-O “no resulta” que los procesados “contasen con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal ni que existiese un acuerdo asociativo duradero y no puramente transitorio”, requisitos que exige el delito de organización criminal, penado con hasta ocho años de cárcel.

En concreto, la Fiscalía planteaba añadir organización criminal a los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos por los que la jueza procesó a exaltos cargos, técnicos y empresarios presuntamente involucrados en la logística del referéndum, entre ellos exsecretarios generales de Presidencia, Trabajo, Patrimonio y Relaciones Internacionales o la cúpula de la radio y la televisión catalanas así como responsables de Unipost y T-Systems.

Además, la juez resalta que durante la instrucción de la causa no se ha advertido a ninguno de los procesados de que se les investigaba “por formar parte de una organización criminal de, como mínimo, dos personas que de manera estable o por tiempo indefinido se dedicaban a cometer delitos”. No obstante, la magistrada recuerda a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox podrán atribuir organización criminal a los imputados en sus respectivos escritos de acusación previos al juicio.

Por otro lado, la jueza tampoco accede a la petición de las defensas y mantiene la fianza de 5,8 millones de euros que fijó en su día a los 17 procesados por malversación, cantidad ya pagada y que las defensas recurrieron con el argumento de que no podía ser superior a los 2,1 millones de euros impuestos como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo.

“Nada más lejos de la realidad”, subraya la instructora en relación a ese argumento, tras lo que recuerda que no está vinculada “por las decisiones tomadas por otros juzgados en procedimientos distintos”, y apunta que su objetivo es garantizar las responsabilidades económicas derivadas de la malversación, que no estarían aseguradas si el Supremo absuelve a la cúpula del “procés”. Respecto a la desproporción que alegaron algunas defensas por el carácter solidario de la fianza impuesta, la juez sostiene que es consecuencia del hecho de que “todos actuaron conjunta y concertadamente” para desviar presuntamente los gastos del 1-O.

La batalla entre directivos de los medios públicos

El auto rechaza también el recurso presentado por la defensa del director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, quien alegó que dos directivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) le tendieron una “trampa” y le presionaron para que asumiera responsabilidades que no tenía sobre la emisión de los anuncios del 1-O.

La juez descarta la tesis de Gordillo de que los correos electrónicos y whatsapps que aportó muestren la presión que recibió de la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, para emitir el anuncio del 1-O. En esos mensajes, recalca la magistrada, Gordillo terminó por afirmar que no veía “problema” en el contenido del anuncio del 1-O y, finalmente, dijo no tener “objeción” a que se emitiera el anuncio, “dentro de sus competencias”. Fue después de que su abogado le recomendara esta respuesta una vez analizadas las presiones que recibió de Llorach por correo electrónico.

La secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, ha comunicado a la magistrada que los 17 procesados por malversación en el 1-O no han abonado 2,1 de los 5,8 millones de euros de fianza que les fueron impuestos. En un escrito, la secretaria judicial constata que los procesados han consignado 3,7 millones pero que faltan 2,1. Precisamente esta cantidad está en discusión por las defensas de los procesados, que han pedido a la instructora restarla de la fianza porque ya la pagaron los exconsellers en la causa del Tribunal Supremo.

Antes de que la jueza resuelva los recursos de las defensas sobre la cantidad a depositar como fianza, la secretaria judicial hace constar que los 2,1 millones recurridos por las defensas “se hallan, en su caso, depositados a favor de personas distintas de los procesados” en el juzgado de instrucción 13, en referencia a los exconsellers acusados en el Supremo.

Indica además la secretaria –-cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20-S en la conselleria de Economía es una de las patas de la acusación por rebelión a los dirigentes soberanistas– que se trata de una cantidad depositada como fianza “en un procedimiento distinto del que se instruye aquí, ante un órgano judicial distinto de este juzgado instructor y respecto a unos hechos que ninguna resolución judicial firme haya declarado coincidentes con los investigados en este sumario”.

Por ello, la letrada de la administración de justicia considera que “procede dar cuenta” a la magistrada de que “queda pendiente de afianzar la cantidad de 2,1 millones, debiendo proceder conforme a lo dictado en el auto de procesamiento de fecha 4 de abril de 2019 y a lo establecido en la ley procesal respecto a la responsabilidad civil”.

En su auto de procesamiento, la juez advertía a los altos cargos que debían aportar la fianza –de forma solidaria–, y que si no lo hacían se procedería al embargo de sus bienes. En este sentido, el juzgado ha solicitado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación, informaron este martes fuentes judiciales. Se trata de un trámite habitual en estos casos que no comporta el embargo directo de los bienes, según las mismas fuentes.

La cantidad de 5,8 millones está en cuestión y recurrida por las defensas. Entre los argumentos de las defensas destaca el hecho de que 2,1 de los 5,8 millones ya están consignados en la fianza que los exconsellers abonaron en el Supremo, por lo que el juzgado de Barcelona impone una “fianza doblada” por las mismas partidas y gastos.

La Fiscalía ve una organización criminal en 28 de los 30 procesados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O. El Ministerio Público ha solicitado a la jueza añadir este delito a los de malversación, desobediencia, prevaricación o falsedad documental por el que fueron procesados los altos cargos, entre ellos la cúpula de los medios públicos catalanes: la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo.

En su escrito de recurso contra el procesamiento, los fiscales solicitan incluir el delito de organización criminal porque, a su juicio, 28 de los 30 procesados intentaron “de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de Cataluña del Reino de España mediante su aportación individual y jerarquizada”.

El “objetivo delictivo” de los altos cargos que conformaron la supuesta organización criminal fue “celebrar el referéndum hacia la independencia”, según los fiscales. Se trata de un delito del que la Fiscalía del Supremo no acusa a los exconsellers en el Supremo, pero que el Ministerio Público sí considera aplicable a los funcionarios y altos cargos que serán juzgados en Barcelona. Solo Vox acusa de organización criminal a Forcadell, los 'Jordis' y los exconsellers en el Supremo.

El escrito dirigido a la jueza de Barcelona, firmado por los fiscales anticorrupción Fernando Maldonado y Teresa Duerto, además de la fiscal del caso, Isabel Nevot, argumenta que el auto de procesamiento de la jueza expone una serie de acciones, contrataciones y decisiones de los altos cargos para impulsar la votación de manera coordinada, pero obvia luego procesarles por el delito de organización criminal –castigado con hasta ocho años de cárcel– cuando se dan los requisitos para ello.

Jerarquía, roles y estabilidad

En concreto, argumentan los fiscales, el delito de organización criminal es aplicable a los altos cargos porque hay indicios de que conformaron una agrupación jerárquica –liderada por el president de la Generalitat y los consellers–, con papeles repartidos –cada uno desempeñaba un rol en sus puestos de trabajo en favor del 1-O– y vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo –ya que el procés empezó en 2012 y el plan soberanista se consumó en el otoño de 2017, según los fiscales .

De esta forma, si la jueza Alejandra Gil acepta la petición fiscal, todos los procesados se expondrán a penas de cárcel, y no solo los 17 a los que la jueza atribuyó los delitos de malversación, falsedad documental o revelación de secretos. Por otro lado, en su recurso, la Abogacía del Estado se desmarca de la Fiscalía y no pide el procesamiento por organización criminal. Tan solo reclama incluir más contratos de la Generalitat en el delito de malversación.

Los altos cargos a los que los fiscales reclaman añadir el delito de organización criminal forman parte de distintos departamentos de la Generalitat. De la conselleria de Presidencia, la petición fiscal incluye al secretario de Comunicación del Govern, Antoni Molons (procesado por malversación y prevaricación); el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin (procesado por malversación, desobediencia y prevaricación; el director general de comunicación, Jaume Clotet (procesado por malversación).

Del departamento de Exteriores, los afectados por la solicitud de la Fiscalía son el director general de Relaciones Institucionales, Aleix Villatoro (procesado por malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación); el exdirector de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj (malversación y prevaricación) y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo (malversación y falsedad documental).

Los fiscales también ven en la organización criminal a los procesados del departamento de Trabajo. Se trata de su secretario general, Josep Ginesta; el responsable del área informática de la conselleria, David Palanques; y el informático David Franco, todos ellos procesados por malversación. De la conselleria de Economía los afectados son el director general de Patrimonio, Francesc Sutrias (procesado por malversación y desobediencia); y la directora de servicios, Natalia Garriga (malversación).

Empresarios y la cúpula de los medios públicos

La petición se extiende a Llorach, Sanchis y Gordillo y al director de marketing de la CCMA, Martí Patxot, que tan solo habían sido procesados por desobediencia, delito castigado con penas de inhabilitación. Del sector privado, los fiscales acusan de organización criminal al exdirector general de Unipost, Pablo Raventós; a la directora general de T-Systems, Rosa María Rodríguez; y al administrador de la revista El Vallenc, procesados por malversación y desobediencia.

Dentro de la supuesta organización criminal los fiscales también incluyen a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal (procesada por malversación, desobediencia y falsedad documental); al director del instituto catalán de Estadística, Frederic Udina (procesado por desobediencia y revelación de secretos por el censo del 1-O); y a la directora de la agencia catalana de protección de datos, Àngels Barberà, que fue exculpada por la jueza Alejandra Gil y no fue procesada.

Asimismo, la secretaria del juzgado 13 –uno de los testigos claves de la acusación contra los 'Jordis' por la protesta del 20-S en Economía– ha solicitado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación después de que aportaran 3,8 de los 5,8 millones de fianza, han informado fuentes judiciales. Se trata de un trámite habitual en estos casos que no comporta el embargo directo de los bienes, han informado las mismas fuentes.

La causa judicial que sirvió de caballo de Troya al referéndum y alimentó la causa por rebelión del Tribunal Supremo ha dejado a un paso del banquillo de los acusados a 30 altos cargos de la Generalitat y empresarios. No se enfrentarán a cargos tan graves como los exconsellers presos, pero 20 de ellos si se expondrán a penas de cárcel por el delito de malversación y a una inhabilitación que los podría expulsar de los cargos públicos que ocupan ahora.

Dos meses después de asumir las pesquisas, la nueva titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha precisado los indicios delictivos de las 47 personas que permanecían imputadas en la causa, exculpando a 16. La instructora no se ha separado de la línea marcada por el juez fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer y ha vinculado a los procesados con “un plan común” soberanista. cuyo inicio sitúa en 2012 en el Govern de Artur Mas. Los altos cargos se pusieron, remarca la instructora, a las órdenes de los consellers para realizar “actuaciones ilegales” en los preparativos del 1-O.

La cuestión más acuciante para las defensas es reunir los 5,8 millones de euros de fianza que deberán abonar de forma solidaria los 17 procesados por malversación una vez el auto les sea notificado. Fuentes de las defensas han criticado que la mayor parte de las partidas comprometidas o destinadas al 1-O según la jueza de Barcelona ya formaban parte de la fianza que pagaron los exconsellers en el Tribunal Supremo.

“Si hay gasto solo puede ser uno, no se puede pagar dos veces”, resumían, apuntando además que la única partida nueva que la jueza aporta respecto a la fianza del Supremo son un millón de euros destinados a las obras de una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones del Govern que se empezó a construir en marzo de 2017 –siete meses antes del 1-O– y se terminó de pagar con el 155 en vigor.

La cuestión de la fianza servía a las mismas fuentes para censurar lo que consideran una “causa general” contra el soberanismo, dividiendo en varios juzgados –Supremo, TSJC, Audiencia Nacional e instrucción 13 Barcelona– la investigación sobre un mismo asunto (el 1-O y el proceso soberanista). A las críticas en privado de los letrados se ha sumado en público la Generalitat, con Quim Torra a la cabeza. El president ha afirmado que el procesamiento es una “escalada en la persecución política al independentismo”.

Gastos y partidas concretas

Cada uno de los 30 procesados está relacionado por la jueza con un aspecto concreto de la votación. Los altos cargos del departamento de Presidencia como Antoni Molons –“el tal Toni” que han mencionado varios testigos en el Supremo–, Joaquim Nin o Jaume Clotet se habrían encargado de ejecutar los encargos de publicidad institucional del 1-O, que ascienden a más de medio millón de euros. Por ello han sido procesados por malversación y prevaricación.

A los que recibieron el encargo de los altos cargos pero no se opusieron a emitir los anuncios a sabiendas de que el 1-O ya estaba suspendido –la presidenta en funciones de los medios públicos catalanes, Núria Llorach; y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo así como el jefe de marketing de la corporación– se les procesa tan solo por desobediencia, que no implica cárcel.

En lo referente al censo del 1-O y al registro de voluntarios para la votación, los responsables serían el secretario general de la conselleria de Trabajo, Josep Ginesta; y el director del instituto de Estadística, Federic Udina; y los informáticos David Palanques, Xavier Puig, Daniel Gimeno y David Franco –procesados por malversación y revelación de secretos. Los gastos en estos conceptos ascenderían a 230.000 euros.

El auto también dedica un apartado a los casi 300.000 euros que habrían destinado o comprometido a pagar viajes, estancia y honorarios a observadores internacionales del 1-O. La jueza responsabiliza de ello al exdelegado de la Generalitat ante la UE, Amadeu Altafaj; el exsecretario general del Diplocat Albert Royo; el exsecretario general de Exteriores Aleix Villatoro y a la alto cargo de la conselleria Marta Garbasall.

La segunda mayor partida comprometida para el 1-O son los 979.661,96 euros que la Generalitat comprometió a la empresa Unipost para el envío de sobres y notificaciones del 1-O. La jueza vincula al exdirector general de Unipost Pablo Raventós y a Sutrias, Nin y a Ginesta con los envíos. Hacienda no incluyó este importe en su cálculo de la malversación y la empresa certificó que no reclama el dinero a la Generalitat porque las facturas se anularon. “La creación y anulación de facturas es un modo de evitar la acción de la justicia”, zanja la jueza.

El juez con el que empezó todo, exculpado

El auto de procesamiento se centra exclusivamente en gastos y hechos relacionados del 1-O. Ni rastro de las estructuras de Estado que han formado parte de algunos tramos de la instrucción –y a las que el juez Ramírez Sunyer circunscribió la investigación cuando dijo que no investigaba el referéndum en julio de 2017.

En este sentido, los dos querellados que dieron inicio a la causa, el juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal, y el exvicepresidente del Constitucional y asesor de Puigdemont, Carles Viver Pi Sunyer, han quedado exculpados al no hallar la jueza suficientes indicios contra ellos. De esta forma, Vidal ha quedado libre después de que sus prolijas conferencias sobre el presunto robo de los datos fiscales por parte del Govern o la creación de un sistema judicial catalán permitieran abrir la causa.

Asimismo, el tercer cargo investigados desde el inicio, el exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó, ha quedado en un limbro procesal. La jueza no lo ha incluido en el auto de procesaminento por lo que no figura como imputado en la causa del juzgado de instrucción 13 y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), órgano competente para los aforados como él, tampoco le investiga por el momento, como sí hace con el exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové.

El director comercial de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente que agrupa a TV3 y Catalunya Ràdio, Martí Patxot, ha alegado este viernes ante la jueza que la decisión de emitir el anuncio del 1-O en los medios públicos catalanes recayó sobre los directores de sendas cadenas, Vicent Sanchis y Saül Gordillo.

Lo contrario había asegurado Gordillo en su declaración como investigado, cuando descargó en el departamento comercial todas las decisiones sobre publicidad, incluidas las del anuncio del 1-O. Por su lado, Sanchis negó que hubiera desobedecido al Constitucional e indicó que tuvo sobre la mesa “una serie de documentos que te indicaban lo que tenías y lo que no tenías que hacer y como todo en la vida son interpretables”.

Patxot fue imputado después de la declaración de Sanchis y Gordillo y ha declarado este viernes ante la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil. La instructora sigue el rastro de las facturas que emitió la CCMA al departamento de Presidencia de la Generalitat en vísperas al 1-O por el anuncio institucional de las vías que emitieron TV3 y Catalunya Ràdio (los grandes medios privados se negaron).

Fuentes judiciales han explicado que Patxot ha precisado las fases de la campaña publicitaria. Así, ha indicado que en la primera fase, del 4 al 6 de septiembre, no tuvo dudas de que el anuncio de las vías del 1-O se podía emitir al basarse en el derecho a participación política. Sin embargo, a partir del 7 de septiembre, cuando la publicidad ya hablaba de urnas y el referéndum ya estaba suspendido por el Constitucional, Patxot ha declarado que consultó con Gordillo y Sanchis la emisión del anuncio. Ambos jefes, ha agregado, le dieron su visto bueno.

Patxot también ha confirmado confirma que la campaña publicitaria del 1-O fue de pago, tal y como la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, había respondido a requerimiento del juzgado. Costó 280.000 euros, contestó Llorach a finales de 2017. Luego se desdijo de esa versión e indicó que la campaña se consideró de servicio público y que no costó dinero público. Por ello Llorach pasó de figurar como testigo en la causa a ser una de las 45 personas imputadas.

Asimismo, Patxot también ha reiterado que la petición para emitir el anuncio provino de la dirección general de difusión de la Generalitat. El responsable de la misma, Jaume Mestre, dijo no recordarlo en su declaración como testigo en el juicio del procés del Tribunal Supremo, lo que le valió una petición de la Fiscalía para que fuera investigado por falso testimonio.

La Generalitat de Carles Puigdemont no ejecutó la independencia tras declararla el 27 de octubre de 2017, pero tenía varios planes para hacerlo. Incluso con estructuras de estado que debía construir de cero en caso de independencia al no formar parte de las competencias transferidas a las autonomías, como por ejemplo el Poder Judicial. La dirección general de Patrimonio del Govern llegó a planificar los recursos humanos y los edificios que debían albergar los tribunales de la Catalunya independiente.

Así consta en un documento incautado durante los registros del 20 de septiembre de 2017 en el despacho del director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, y que ha sido analizado en un nuevo informe aportado por la Guardia Civil al juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

El documento analiza la necesidad de incrementar el personal y las sedes físicas de juzgados y tribunales para implementar los nuevos servicios de Justicia. En el caso del Tribunal Supremo catalán –máximo órgano judicial de la independencia contemplado por la ley de transitoriedad jurídica– su sede no se movería del Palacio de Justicia del paseo Lluís Companys que alberga desde hace décadas el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Tampoco se movería de su actual sede en la Baixada de Sant Miquel el reconvertido Consell de Garanties Estatutàries en Tribunal Constitucional de una Catalunya independiente, que se podría poner en marcha, según los planes gubernamentales, en el mismo momento de la secesión.

Hasta el paseo Lluís Companys se tendría que trasladar la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Escuela Judicial de una Catalunya independiente, que según el documento de Sutrias no se podría poner en marcha hasta un año después de la secesión y necesitaría contar con 164 funcionarios, jueces y magistrados nuevos.

Dos años tardaría en funcionar el registro civil, penal y de la propiedad del estado catalán, del que se reconoce que sería difícil conseguir “si no hay acuerdo” con España. Para dicho registro serían necesario 400 empleados nuevos, según la previsión del Govern. El documento plantea la posibilidad de que la Generalitat se “quedara” el edificio de la plaza Duque de Medinaceli, que acoge el registro civil actual.

Y respecto a las Audiencia de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, el documento exponía que “de entrada” no haría falta cambiarlas de su actual sede o dotarlas de más personal. No obstante, el documento ponía un plazo de hasta seis años para poner en marcha las audiencias en cada una de las vegueries catalanas (el sistema de administración territorial en seis demarcaciones que sustituiría a las provincias contemplado por la Generalitat)

Un croquis con respuestas a la Guardia Civil

Los altos cargos del Govern eran conscientes del marcaje en corto a los que les sometía la Guardia Civil en vísperas al 1-O. El propio Sutrias llegó a dejar por escrito qué debían contestar los trabajadores y directivos de Unipost, empresa encargada de repartir los sobres, papeletas y notificaciones a presidentes de mesas del 1-O, en caso de ser requeridos por los agentes del Instituto Armado.

Así consta en un nuevo informe aportado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, por la Guardia Civil sobre la documentación incautada a Sutrias el 20 de septiembre de 2017. En una nota manuscrita, que la Guardia Civil atribuye a Sutrias al haberse hallado en su domicilio, se plasmó un esquema de la estrategia a seguir en caso de que la Guardia Civil llamara a declarar al exdirector general de Unipost, Antón Raventós, o a sus trabajadores (como así sucedió).

Respecto a Raventós, el esquema plantea dos alternativas: declarar o no declarar. En caso de decantarse por la primera opción, se presenta la posibilidad de que alegue que su empresa está en concurso de acreedores y que se explique que tiene “contacto” con la Generalitat. “Cuantos más pedidos mejor, trabajo es trabajo”, se añade.

El documento plasma incluso las cinco facturas que los investigadores relacionan con pagos de la Generalitat a Unipost por el 1-O, efectuadas a través de cinco conselleries distintas –Economía, Presidencia, Trabajo, Cultura y Salud– de las que se han desentendido los exconsellers en el Supremo. De hecho, han recordado que la administradora concursal de Unipost ha certificado que dichas facturas se anularon.

“Pueden pedir correos”, añade la nota manuscrita atribuida a Sutrias, que también anuncia una “reunión” con Raventós y Vendrell. Se trata de un encuentro documentado por la Guardia Civil en el sumario de la causa. En concreto, Sutrias, Vendrell y Raventós se reunieron el 15 de septiembre de 2017, cuatro días antes de que en una oficina de Unipost la Guardia Civil se incautara de miles de sobres con las notificaciones destinadas a los miembros de las mesas del 1-O.

En la segunda columna de la nota manuscrita figura al inicio el epígrafe “trabajadores” y ahí se formulan supuestas preguntas como “quién lo habló” si “algún trabajador lo fue a buscar, ”si recibieron instrucciones internas y cuáles“ y ”si era urgente, cómo sabía que lo era“. En esa misma columna aparece anotado también y en mayúsculas: ”Urgente borrar cámara. Últimos 10 días“. ”Previas 118/2017, 15 personas. Atención Guardia Civil“, se añade.

La instrucción de la causa sobre los preparativos del 1-O del juzgado 13 de Barcelona estaba a punto de concluir, pero al fallecimiento del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer en noviembre pasado le ha seguido un nuevo contratiempo, en este caso procesal. Un recurso de Vox contra la decisión del juez de no imputar a Artur Mas ha paralizado la causa, que no se retomará hasta la decisión de la Audiencia de Barcelona sobre el expresident de la Generalitat.

En una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juez Sergi Casares, que comanda el juzgado mientras no se incorpore la nueva titular, la magistrada Alejandra Gil, decreta la “paralización de la tramitación” de la causa hasta que la Audiencia de Barcelona no resuelva el recurso del partido de extrema derecha, que ejerce la acusación popular.

En consecuencia, han quedado suspendidas sin nueva fecha las declaraciones como imputados previstas este miércoles de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, por los anuncios institucionales del 1-O que emitieron los medios públicos catalanes, han informado fuentes judiciales a este diario.

El juez Ramírez Sunyer rechazó en septiembre la querella de Vox para incluir en la causa de los preparativos a Mas y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independència (AMI), Neus Lloveras. Vox quería que se les investigara por rebelión, pero el juez recordó que no era competente para hacerlo, sino que el caso tendría que llevarse a la Audiencia Nacional. Ramírez Sunyer tuvo que descartar la rebelión, tras investigarla más de un año, después de que el Tribunal Supremo rechazara su exposición razonada para investigar por este delito a los exaltos cargos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

En círculos judiciales se da por descontado que los magistrados de la sección 2 de la Audiencia de Barcelona, la encargada de resolver los recursos de apelación sobre la causa del 1-O, confirmará la negativa del juez a investigar a Mas y Lloveras, habida cuenta a lo largo de la instrucción han respaldado la práctica totalidad de decisiones del juez Ramírez Sunyer cuestionadas por las defensas.

No habrá jurado popular

Por otro lado, los mismos magistrados de la Audiencia de Barcelona que deberán decidir sobre Artur Mas han rechazado los recursos de algunos empresarios investigados para que la causa de los preparativos del 1-O se juzgará mediante un jurado popular. Los magistrados resolvieron a mediados de diciembre los recursos presentados en octubre por las defensas. Si tardan lo mismo para el recurso de Vox, la decisión sobre Artur Mas no se conocerá al menos hasta febrero.

Varios empresarios y altos cargos imputados pedían ser juzgados por un jurado popular porque el juez les imputaba sin motivo, al no ser cargos públicos, el delito de prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas). Si terminaban procesados por este delito, serían juzgados por un tribunal de magistrados. Pero si solo lo estaban por malversación se sentarían en el banquillo ante un jurado.

Los magistrados, en línea con la Fiscalía, descartan las tesis de los imputados ya que, aunque todavía no se ha concretado el delito de prevaricación sobre los empresarios, en cualquier caso este delito se encuentra “en íntima conexión” con la malversación de fondos públicos que también se investiga, por lo que ambos delitos no pueden juzgarse por separado.

En conjunto, la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona acumula ya 43 imputados, entre altos cargos, asesores y empresarios. Será la nueva jueza, Alejandra Gil, quien decida si van a juicio a no cuando redacte el auto de conclusión de sumario, una de sus primeras tareas cuando asuma la plaza del fallecido Ramírez Sunyer.

Contundente respuesta de los 32 jueces de instrucción de Barcelona a la denuncia, basada en una norma desfasada, de un alto cargo del Govern sobre que la causa de los preparativos del 1-O se adjudicó de forma “irregular” al extitular del juzgado de instrucción número 13 de la capital catalana, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer. En un comunicado, los magistrados tildan las informaciones relativas a la denuncia de este alto cargo de “noticias falsas” y lamentan los “juicios de valor falsos” vertidos sobre Ramírez Sunyer.

La denuncia del actual director general de relaciones institucionales de la Generalitat, Aleix Villatoro, imputado por la contratación de los observadores del 1-O cuando era secretario general de la conselleria de Exteriores, sobre presuntas irregularidades en el reparto de la causa causó un gran revuelo político. Representantes de ERC, como el presidente del Parlament, Roger Torrent, llegaron a hablar de “escándalo judicial”.

No obstante, tal y como pudo corroborar eldiario.es, la denuncia del alto cargo se basó en unas normas de reparto desfasadas. La normativa en vigor en 2017, cuando arrancó el caso a partir de una denuncia del abogado Miguel Duran, sí permitía a Ramírez Sunyer asumir las pesquisas de los preparativos del 1-O.

Tras una reunión, los jueces de instrucción de Barcelona han acordado un comunicado en el que lamentan “profundamente” los “juicios de valor falsos” vertidos sobre el juez Ramírez Sunyer, del que destacan que fue “un ejemplo de honestidad, compromiso con su función” y que actuó “en todo momento con elevados valores éticos y con pleno respeto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales”. Las defensas de los 43 imputados en la causas cuestionan este último aspecto.

Asimismo, los instructores han criticado a la exdecana de los jueces de Barcelona, Maria Josep Feliu, que en una entrevista en TV3 inmediatamente después a que se conociera la denuncia del alto cargo dio credibilidad a la misma pese a que fue ponente del acuerdo por el que cambió la normativa de reparto. A criterio de los instructores, las “lamentables” palabras de Feliu causan “un grave descrédito a la Administración de Justicia”, por lo que han acordado dar cuenta de las declaraciones a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “a los efectos oportunos”.

Por otro lado, la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, ha rechazado la denuncia de Villatoro para adjudicar a otro magistrado la causa del 1-O porque recayó de forma “aleatoria” en el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, con un sistema informático ejecutado por la Generalitat. La jueza decana desestima así la petición que planteó la defensa de Villatoro.

La Audiencia de Barcelona ya tiene todos los argumentos sobre la mesa para decidir si empresarios y altos cargos de la Generalitat imputados por los preparativos del 1-O deben ser juzgados por un jurado popular o un tribunal de tres magistrados. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han opuesto a la petición de trece de los 41 imputados por el juzgado de instrucción 13 para que la causa de los preparativos del 1-O se juzgue mediante la fórmula del jurado popular.

Los imputados hicieron la petición a la Audiencia al recurrir el auto del pasado mes de octubre del juez Juan Antonio Ramírez –fallecido a principios de noviembre– que confirmaba que la causa de los preparativos del 1-O pasaba a tramitarse mediante el procedimiento del sumario, al incluir una posible malversación de más de 250.000 euros en el referéndum así como los posibles delitos de desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. Los imputados alegaron que el juez no motivó de forma individualizada los indicios de cada delito y que les atribuyó “de forma genérica” el delito de prevaricación.

La clave para que sea un tribunal de jueces o uno popular el que enjuicie los preparativos del 1-O es el delito de prevaricación y su conexión con el resto de delitos investigados en la causa. Y es que si los imputados terminan procesados por prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas), serán juzgados por tres magistrados. Pero si logran zafarse de este delito y sentarse en el banquillo por malversación, lo harán frente a un jurado.

En concreto, empresarios de Unipost imputados por el envío de sobres y papeletas y exasesores y exaltos cargos investigados expusieron que el juez no les atribuyó ningún hecho prevaricador. En cualquier caso, añadieron, ellos no firmaron ningún documento administrativo a sabiendas de su ilegalidad –como por ejemplo podría ser el decreto de convocatoria del referéndum.

La Fiscalía discrepa y pide a la Audiencia de Barcelona que la causa siga su tramitación para juzgarse en un tribunal de magistrados. Argumenta la fiscal que los indicios del delito de prevaricación se encuentran “íntimamente unidos” con la malversación y el resto de delitos de la causa, habida cuenta de que para poder gastar dinero público en el referéndum “se requiere” un acto administrativo que lo autorice.

“Sin ánimo de ser exhaustivo”, la fiscal enumera en su escrito varias resoluciones que, a su juicio, fundamentan el delito de malversación. Sin embargo, no incluye ninguna relacionada con la empresa Unipost –cuyos responsables han pedido ser juzgados por un jurado al rechazar la prevaricación– ni con las conselleries de los altos cargos que recurrieron el auto de Ramírez Sunyer.

Para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los indicios de la prevaricación se basan en el convenio de febrero de 2017 que firmaron el instituto de estadística catalán, el Idescat, y los secretarios generales de las conselleries de Vicepresidencia y Economía, Exteriores y Gobernación, considerado el embrión del censo del 1-O.

En este sentido, en el sumario de la causa se ha incorporado un informe del gabinete jurídico de la Generalitat que certifica que el Idescat congeló en vísperas del 1-O un nuevo envío de datos de población al departamento de Vicepresidencia y Economía, que estaba previsto en el citado convenio de febrero, debido al “clima político” una vez el Constitucional suspendió el referéndum. El informe concluye que no hay indicios de que el director del Idescat, Francesc Udina, imputado por participar en la preparación del 1-O, haya perpetrado los delitos por los que se le investiga ni “cometido ningún hecho delictivo”.

Además, la Fiscalía y la Abogacía del Estado incluyen en su listado de acuerdos vinculados a la prevaricación la resolución por la que el exsecretario general de Exteriores Aleix Villatoro autorizó al exdelegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj a firmar un contrato con la fundación holandesa The Hague Centre. Para las acusaciones este contrato de 119.700 euros sirvió para financiar a los observadores del 1-O, aunque el propio Altafaj en el momento de suscribirlo firmó una declaración responsable que negaba que estuviera relacionado por el 1-O. En su declaración como investigado, Altafaj atribuyó el pago a informes sobre el Brexit y Trump, no a los observadores.

Asimismo, la Fiscalía considera constitutivo de prevaricación el contrato de 80.440 euros de febrero de 2017 de la conselleria de Presidencia para la campaña publicitaria del registro de catalanes en el exterior, que los investigados desvinculan del 1-O. El ministerio público también ve sospechosa “la difusión” de anuncios del 1-O, aunque reconoce que en este caso se trató de un “acuerdo verbal”, sin constancia documental, entre el exconseller Turull y los exaltos cargos Jaume Mestre y Antoni Molons, para que se emitieran por TV3 después de la negativa de la empresa a la que se adjudicó el contrato.

La instrucción de la causa sobre los preparativos del 1-O que comandaba el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido este domingo, está bastante avanzada. No obstante, la Audiencia de Barcelona tiene que resolver todavía recursos de algunos los 41 imputados en la causa –empresarios, asesores y antiguos y actuales altos cargos de la Generalitat– contra las últimas resoluciones del instructor y que podrían dar un giro al caso. Varios de los investigados han pedido que la causa pase a tramitarse mediante la regulación del tribunal del jurado. De esta forma, los investigados serían juzgados por nueve personas en un jurado popular en vez de por tres magistrados de la Audiencia de Barcelona.

La clave para que sea un tribunal de jueces o uno popular el que enjuicie los preparativos del 1-O es el delito de prevaricación y su conexión con el resto de delitos investigados en la causa. Y es que si los imputados terminan procesados por prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas), serán juzgados por tres magistrados. Pero si logran zafarse de este delito y sentarse en el banquillo por malversación, lo harán frente a un jurado.

El núcleo de los recursos es pues el mantenimiento por parte del juez Ramírez Sunyer del delito de prevaricación “de forma genérica” en los investigados en el auto por el que transformó la causa en un procedimiento sumario. “Se investiga un delito de prevaricación sin que ni tan siquiera hasta el momento se haya identificado cuál es el hecho prevaricador y quién lo ha cometido”, asevera el recurso del letrado David Aineto, que representa al trabajador eventual del departamento de Asuntos Sociales David Palanques, investigado por las webs del 1-O.

En el mismo sentido, la defensa del exdirector general de Unipost, Pablo Raventós, y el exjefe de operaciones de la compañía, Felipe Andanuche, sostiene que la presunta malversación cometida por los empresarios está “diferenciada claramente” de los supuestos actos prevaricadores en la administración que solamente pueden cometer funcionarios o autoridades, no particulares.

A ambos investigados el juez no les atribuyó hechos relativos a la prevaricación, señala el recurso del penalista Jorge Navarro, que también critica que las conductas presuntamente delictivas de ambos “aparecen indeterminadas y faltas de toda concreción”. Además, el auto del juez no presentó, a criterio de la defensa, una conexión concreta de Raventós y Andanuche con el resto de investigados que justifique un juicio conjunto para todos los imputados.

La falta de concreción del auto del juez para transformar la causa en un procedimiento de sumario también aparece en los recursos de otras defensas. El juez se limitó a exponer que las revelaciones de Santiago Vidal denunciadas por VOX y el abogado Miguel Durán que iniciaron la causa en febrero de 2017 “podrían constituir, entre otros, un delito de malversación”, relacionado con otros como prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Añadió que de juzgarse por separado –jurado y tribunal– se rompería la continencia de la causa, es decir, se dividiría en dos la misma investigación.

La defensa de la directora de servicios de la conselleria de Economia, Natàlia Garriga, ha replicado que no existe conexión entre el delito de prevaricación y el resto de delitos investigados, habida cuenta de que las leyes del Parlament para el 1-O y los documentos oficiales firmados por los exconsellers del Govern Puigdemont, como la convocatoria del referéndum, forman parte de la causa del Tribunal Supremo y no de instrucción 13, donde están imputados cargos intermedios, asesores y funcionarios. La letrada Laura Parés recuerda además que la causa del 1-O ya se ha roto al haberse dividido la investigación entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el TSJC y el juzgado de instrucción 13.

Por su lado, el abogado Andreu Van den Eynde, defensor del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que obligue al juez a concretar los hechos delictivos presuntamente cometidos por los investigados ante la “falta de concreción” del instructor. En la misma línea se ha expresado el letrado Ramon Setó, que representa a varios altos cargos, y que ha reclamado un nuevo auto de incoación de sumario “que motive adecuadamente los presuntos hechos cometidos y su tipicidad” delictiva para no vulnerar el derecho de defensa de los investigados.

En círculos judiciales no se albergan dudas de que la petición busca obtener de cara al juicio un jurado con el máximo número posible de ciudadanos favorables a la independencia, que en una causa con un componente político tan elevado podrían inclinarse favorablemente por la absolución. Si se trasponen los datos de los sondeos y las elecciones celebradas hasta la fecha, los miembros independentistas del jurado rondarían el 50%. Un buen porcentaje, de entrada, para intentar desequilibrar la balanza de la Justicia a favor de las defensas.

El fiscal instó al juez a seguir buscando indicios de delito en el exsecretario de Economía y actual Vicepresident del Govern, Pere Aragonès, por su papel en el 1-O. Y en eso está la Guardia Civil. El Instituto Armado ha remitido al juez que investiga los preparativos del referéndum un nuevo informe en el que vuelve a implicar a Aragonès en cuatro “proyectos estratégicos” para la independencia de Catalunya por los que la mano derecha de Oriol Junqueras viajó al extranjero en 2016 y 2017.

Se trata de la financiación del nuevo estado catalán, el Banco Central de una hipotética Catalunya independiente, la Autoridad Catalana de Inversiones y Mercados y la Autoridad Catalana de la Competencia y los Mercados. Aragonès, según la Guardia Civil, “asumió efectivamente la función de crear las estructuras necesarias para garantizar que el nuevo estado independeniente se financiase en los mercados internacionales mediante la emisión de deuda pública”.

Según la Guardia Civil, el ahora vicepresident viajó con este objetivo a Eslovenia. Allí se reunió con los representantes del Banco Central del país balcánico en enero de 2017. Un mes antes, Aragonès, junto al exconseller Raül Romeva, fue a Londres para reunirse con representantes de la City. Y en octubre de 2016 se desplazó hasta Irlanda y mantuvo encuentros con seis agencias públicas que velan por las finanzas y el desarrollo de la economía.

La Generalitat no ha negado la existencia de estos viajes, y de hecho ha aportado las facturas y las reservas de hoteles y aviones, que ascienden a 6.300 euros. No obstante, la explicación que han dado los actuales responsables del Govern no ha convencido a la Guardia Civil. El secretario general de la Vicepresidència, Albert Castellanos, número dos de Aragonès, contestó al requerimiento de la Guardia Civil alegando que los viajes se enmarcaban en el estudio de la Generalitat para volver a emitir deuda –las emisiones quedaron suspendidas por la crisis, cuando la deuda de las autonomías fue asumida por el Estado.

Los viajes, prosiguió Castellanos en la carta a las que ha tenido acceso este diario, se desarrollaron “bajo estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico” y con el objetivo de “intercambiar conocimientos sobre economía internacional y sector financiero”. Dicha explicación es, a criterio de los agentes, “a todas luces contraria a la verdad” y busca “omitir la verdadera finalidad de viajes”, que no era otra que la construcción de las estructuras de Estado.

Además, Castellanos indicó que no había encontrado memoria justificativa de los viajes, ni tampoco el orden del día de las reuniones en el extranjero. No obstante, en el registro del 20 de septiembre de 2017, los agentes hallaron abundante documentación en la conselleria de Economía, con membrete de la dirección general de Análisis Económico, que daba cuenta de la reunión con el gobernador del Banco Central esloveno, Bostjan Jazbec, varios exaltos cargos del organismo así como dos exministros.

En el documento de la Generalitat que resumió el viaje se detalló la “total disposición” del gobernador esloveno para “apoyarnos cuando el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) trate el tema de Catalunya”. De hecho, Jazbec habría mencionado que “comentaría el encuentro con Catalunya” en la siguiente reunión del BCE, que reúne a todos los gobernadores de bancos centrales de la zona euro cada quince días en Frankfurt.

Hay informes oficiales de Economía en el mismo sentido sobre el resto de viajes. En el de Londres, según otro documento de la Generalitat incautado, Aragonès se reunió con representantes de los bancos y fondos de inversión DBRS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, PIMCO e Invesco para “explicar la hoja de ruta política y el estado de la economía catalana y las finanzas de la Generalitat”. Y en cualquier caso, la Guardia Civil también señala a Aragonès por hacer “un mal uso de los fondos públicos” al haber permitido el pago con dinero de la Generalitat de los vuelos y hoteles para los viajes al extranjero. Es decir, no sólo por viajar al extranjero en favor de la república, sino por pagarlo con dinero público.

Asimismo, para acabar de apuntalar su tesis, la Guardia Civil recuerda que en el despacho del exsecretario general de Vicepresidència, Josep Maria Jové, se intervino un documento titulado “Estructuras de Estado, proyectos adscritos a la Secretaría de Economía [la que ocupaba Aragonès]”, en el que se detallaba las actuaciones “para para garantizar el acceso a mercados internacionales” de una Catalunya independiente.

China y el power-point

El nuevo informe de la Guardia Civil relaciona a Aragonès, de forma más matizada y siempre con el tiempo verbal en condicional, con una supuesta operación que intermediarios de la Generalitat (que no han podido ser identificados) habrían emprendido con el Gobierno de China para financiar a la república catalana.

Los indicios del Instituto Armado se basan en un power–point de octubre de 2015 hallado dentro en un 'pen-drive' incautado en el despacho del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó. A diferencia de los documentos sobre los viajes de Aragonès en el extranjero, este documento no contiene ningún sello oficial. Antes de presentar las necesidades económicas del “estado independiente” en 11.000 millones de euros durante sus primeros seis meses de existencia, el documento presenta a Catalunya en varias diapositivas.

Además de una localización geográfica y varios indicadores, se resaltan las “celebridades de fama mundial” de Catalunya en distintos campos, como los artistas Miró y Dalí, la chef Carme Ruscalleda o los deportistas Gerard Piqué, Marc Màrquez y Pau y Marc Gasol. Con errata incluida, pues se confunde a Antoni Gaudí por “Salvador” Gaudí.

Es gracias a una versión de este power-point dirigida supuestamente al gobierno chino y a un documento donde se habría copiado el contenido de un correo electrónico (pero no las direcciones desde ni a las que se envió el correo) que los agentes sostienen que Aragonès “habría llegado al extremo de mantener contactos previos con el Gobierno chino a través de un representante para solicitar una financiación de 11.000 millones destinados a evitar la asfixia financiera de Cataluña después de la DUI”.

Y es que en el documento de word, en cuyo encabezado figura “mail del 17/05/2016”, se indica a un tal “Pere”, que los agentes relacionan con Aragonès, las preguntas “formuladas por el Gob. chino”. Entre las cuestiones figuran saber si los primeros “11.000 millones”, la misma cifra que en citado power-point, son “para poder hacer y/o declarar la independencia unilateral”. Otra de las preguntas versa sobre los dirigentes catalanes “tienen intención una vez confirmados los fondos por parte del Gobierno Chino de negociar con el Gobierno español”. Los dirigentes asiáticos también buscarían saber cuándo se crearía el Banco Central catalán, que nunca llegó a formalizarse.

Sin respuesta del TSJC

Fuentes judiciales enmarcan el nuevo informe en el análisis de la abundante documentación y objetos electrónicos incautados en la operación del 20-S, que tal y como explicó este diario, está lejos de completarse. A nivel procesal, Aragonès se encuentra pendiente de si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decide imputarle, tal y como le ha pedido el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

El TSJC, tribunal competente para investigar a Aragonès por ser aforado, lleva más de un mes tomando una decisión sobre la imputación del vicepresident, un tiempo que fuentes jurídicas ven excesivo, más después de la claridad del informe del teniente fiscal Pedro Ariche que sí vio suficientes indicios para imputar a Jové, pero no a Aragonès.

Lo ha certificado en decenas de informes aportados a las causas abiertas en Madrid y Barcelona por el proceso soberanista, y este martes lo ha dicho de viva voz ante el juez que investiga los preparativos del 1-O en su declaración como imputada. La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha negado que permitiera cualquier malversación de fondos públicos para el referéndum. Además, para hacerlo, ha usado las palabras del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desmintió que las urnas del 1-O se hubieran pagado con fondos públicos, abriendo una crisis con el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Según fuentes presentes en la declaración ante el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, la interventora ha recordado que ella misma se aseguró de bloquear las partidas anuladas por el Constitucional con las que los presupuestos de la Generalitat planeaban sufragar el referéndum, que ascendían a 5,8 millones de euros.

También ha reiterado que ninguna de las partidas de las conselleries de las que tuvo conocimiento después sirvió para financiar el referéndum. Por todo ello, la interventora, funcionaria de carrera, ha concluido que de los expedientes de gasto de la Generalitat que fiscalizó no se desprende ni una sola partida destinada al 1-O, tal y como dijo el propio exministro Montoro.

Respecto a las facturas sospechosas del Diplocat, la fundación público-privada que habría financiado gastos de observadores para el 1-O, la interventora ha explicado que al ser una entidad jurídica distinta a la Generalitat ella no ejercía un control previo sobre las cuentas del Diplocat, a diferencia de las partidas de los distintos departamentos. El control se hacía a posteriori. En consecuencia, no ha podido ni validar ni refutar la tesis del juez sobre si la Generalitat pagó directamente gastos del Diplocat para el referéndum.

En este sentido, el juez pidió hace unos días explicaciones a la interventora sobre varias facturas de observadores halladas en el registro contable de la Generalitat y que cree que ésta le ocultó. Y es que Vidal había certificado al juez que el departamento de Exteriores y el Diplocat tenían una partida presupuestaria con la misma numeración, aunque negó que ésta hubiera servido para pagar gastos de visitantes internacionales.

Tanto el juez como la Guardia Civil creen que Vidal, imputada por desobediencia y falsedad, ocultó gastos del 1-O, que en su conjunto ascenderían a 3,2 millones de euros. De hecho Ramírez Sunyer ha llegado a dejar escrito en un auto que la interventora niega gastos públicos para el referéndum “contra las más elementales reglas de la lógica”.

Los otros imputados que han comparecido este martes han sido la vicepresidenta de la empresa de medios públicos catalanes, Núria Llorach, investigada por desobediencia por la emisión por TV3 y Catalunya Ràdio del anuncio del referéndum. Se ha negado a contestar ninguna pregunta. Y la exresponsable de procesos electorales, Montserrat Vidal, ha asegurado que desde el Govern la apartaron de cualquier tarea relacionada con el 1-O antes del verano.

Sobre el supuesto uso fraudulento de los datos personales de los catalanes para el censo del 1-O, el director del instituto catalán de estadística, Idescat, Frederic Udina, ha alegado que el convenio por el que se cedieron datos a Vicepresidència fue legal. Por su lado, el exasesor de Oriol Junqueras Daniel Gimeno ha desmentido, tal y como cree el juez, cualquier participación en la firma del convenio sobre los datos.

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha vuelto a sorprender a las defensas. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer ha comunicado que no ha dejado de investigar los delitos de rebelión y sedición, pero que de momento no le constan indicios de los mismos sobre los más de 40 imputado que acumula la causa. Y en caso de encontrar algún indicio, ha añadido, lo enviaría a la Audiencia Nacional por ser el tribunal competente para investigar ambos delitos.

La explicación del instructor se ha producido a raíz de un escrito presentado por el exdirector de estrategia del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI), Josuè Sallent, hombre de confianza del exvicepresident Oriol Junqueras y uno de los investigados en el caso. En concreto, Sallent pidió al juez que le aclarara por qué se habían “omitido” de un auto del pasado mes de agosto los delitos de rebelión y sedición, presentes hasta entonces. 

La respuesta del juez llegó el pasado dos de octubre. “No se han dejado de investigar los delitos de rebelión y sedición sino que, por el momento y pese a que en su caso no correspondería la instrucción a este juzgado, no se han observado indicios de su participación en los mismos de los, hasta el momento, investigados en esta causa”, reza el auto de Ramírez Sunyer, al que ha tenido acceso este diario.

Las defensas consultadas han mostrado su satisfacción por la retirada de los cargos de rebelión y sedición, dos de los delitos más graves del Código Penal, sobre sus clientes, pero a la vez han manifestado su desconcierto por la alusión del juez a que sigue investigando una posible rebelión. Algunas fuentes lo vinculan con el hecho de que en las querellas de VOX y del abogado Miguel Duran que dieron inicio al caso incluyeron una amplia lista de presuntos delitos, entre ellos rebelión y sedición.

En cualquier caso, y a la espera de si la investigación arroja nuevos indicios, los cargos de rebelión y sedición en la causa de Barcelona ya estaban tocados desde hacía meses: el Tribunal Supremo rechazó en mayo los argumentos de Ramírez Sunyer para investigar por rebelión a los dos cargos de mayor rango de la causa del juzgado de instrucción 13, el exsecretario de Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.

La cuestión de la rebelión en la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que se ha convertido en la bestia negra del independentismo, ha sido polémica desde el inicio de la investigación. Cuando el pasado mes de febrero declararon los primeros imputados, el juez Ramírez Sunyer les comunicó que también investigaba una presunta rebelión, pese a que la Audiencia Nacional se había declarado el tribunal competente para investigar este delito en vez de los juzgados de instrucción ordinarios.

Ahora el juez Ramírez Sunyer se acoge al criterio de la Audiencia Nacional. De hecho, el instructor reconoce en el mismo auto que “pese a que muchos de los investigados se les informó de que lo eran por los delitos de rebelión y/o sedición, lo cierto es que tal y como expresó el ministerio fiscal [...] la Audiencia Nacional es competente” para investigar los presuntos delitos de rebelión y sedición. De ahí que Ramírez Sunyer añada que, si encuentra nuevos indicios sobre la comisión de estos dos delitos, enviará el caso a la Audiencia Nacional.

Con todo, cabe recordar que la competencia de la Audiencia Nacional –que envió a prisión provisional a los exconsellers el pasado mes de noviembre, antes de que el Supremo asumiera toda la causa por la presencia de diputados aforados– para instruir la causa por rebelión ha sido cuestionada tanto por las defensas de los dirigentes independentistas como por la mayoría de catedráticos de Derecho Penal de España.

Así las cosas, los delitos que quedan en instrucción 13 son, entre otros, desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos por los preparativos y el censo del 1-O. En este sentido, el juez ha vuelto ha requerir a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, para que aclare si el Govern sufragó gastos del consorcio público–privado Diplocat para traer a observadores del 1-O, después de que la Guardia Civil haya afeado que la alta funcionaria “no haga ninguna mención” a las mismas en su primer informe.

Vidal declarará este martes como imputada, junto a otros investigados de la causa, como la expresidenta de la empresa de medios públicos catalanes, Núria Llorach, por la publicidad en TV3 del 1-O; el director del instituto de estadística catalán, Frederic Udina, por el censo de la votación; y la exresponsable de procesos electorales de la Generalitat, Meritxell Masó. Todos ellos ya libres, por ahora, de la rebelión.

La Guardia Civil sigue analizando toda la documentación y material informático incautado en la conselleria de Economía. De unos trozos hallados en la papelera del cuarto de la fotocopiadora, los agentes han reconstruido un documento de ocho páginas por los que el Govern trazó su propio “desarrollo de escenarios” tras el 1-O. El objetivo final era proclamar la independencia de manera unilateral. Antes, se establecían cuatro fases: noche electoral del referéndum; “gestos simbólicos” que acompañasen la proclamación de la independencia; aprobar todos los decretos–ley de la futura república, entre ellos la entrada en vigor de un Poder Judicial catalán; y la apertura de un “proceso constituyente y de transición”.

Este documento reconstruido forma parte de un nuevo informe que la Guardia Civil ha aportado al juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O y que compromete en especial al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó. De Aragonès el Instituto Armado destaca su liderazgo en cuatro “proyectos clave” del futuro estado catalán –sostenibilidad económica, banco central, inversiones y competencia–, mientras que a Salvadó le sitúan como “responsable de preparar” el escenario post 1-O.

Las ocho páginas recompuestas se inician con los planes para después del 1-O. En una primera fase, el documento aboga por “desplegar el conjunto de gestos trascendentes que solemnizan la importancia del momento” en caso de que los resultados del referéndum sean “favorables”. Después se iniciaría una segunda fase, consistente en la “declaración formal” de la independencia y varios “gestos simbólicos”, como la retirada de “símbolos estatales” de la Generalitat y el Parlament. Los planes no se cumplieron y la bandera española siguió izada en el plaza Sant Jaume el 27 de octubre, cuando se declaró la independencia.

En tercer lugar, los planes independentistas pasaban, tal y como marcaba la ley de transitoriedad jurídica aprobada en el Parlament, por desplegar varios decretos ley claves para la república. Es el caso de los miembros del nuevo Poder Judicial catalán –Tribunal Supremo y Fiscal General de Catalunya– y las leyes por las que se creaba el Banco Central catalán o el régimen tributario. Antes de aprobarlos se debía “identificarlos”, con Carles Viver Pi Sunyer, el asesor del Govern para la independencia e investigado por el juzgado de instrucción 13.

La última fase incluía el inicio de un proceso constituyente así como un “proceso de negociación multilateral” en distintos ámbitos: institucional, económico y sectorial, así como una “mesa de negociación” con el Estado. De hecho, el documento tilda de “imprescindible” realizar “una oferta de diálogo”. Tras las tensiones internas del independentismo que siguieron al 1-O y las diferencias entre los que querían convocar elecciones y proclamar la DUI, los planes teóricos del Govern terminaron en el mismo lugar donde los encontró la Guardia Civil: una papelera.

Cada una de las cuatro fases se componía de distintas “tareas a desarrollar”, según otros documentos incautados en el despacho de Salvadó el 20-S. En el ámbito jurídico e institucional, el documento muestra, según la Guardia Civil, que la Generalitat estaba preparada para “adaptar” el nuevo estado a la normativa local, autonómica, estatal y europea, los tratados bilaterales y multilaterales y suceder en las organizaciones internacionales al Estado. También quedaban contempladas la sucesión de funcionarios y personal de todas las administraciones y las normas de carácter sectorial, así como un inventario que valoraba en 19.134 millones los bienes inmuebles del Estado en Catalunya.

El documento incluye los distintos grados de preparación de la independencia. Mientras los decretos ley de la república estaban “preparados”, otros aspectos estaban en estado “crítico”. Es el caso de de la política de defensa o del sistema nacional de inteligencia, de los que se reconocía que el departamento desconocía “el alcance de los análisis o planificaciones realizadas”.

En este sentido, también se consideraba crítico diseñar nuevas unidades dentro de los Mossos d'Esquadra, como las de registro de identidad, control de fronteras y extranjería, salvamento marítimo, control de armas y explosivos, ciberdelincuencia o aduanas. El informe también incluye anotaciones manuscritas de Salvadó sobre reuniones de trabajo y de partido relacionadas con la confección de la estructuras de Estado y el despliegue de la República, que según la Guardia Civil el Govern tenía el propósito de desarrollar “plenamente” en un plazo de medio año.

Más allá de los documentos internos, el nuevo informe de la Guardia Civil vuelve a poner el foco sobre el vicepresidente, Pere Aragonès, después de que la Fiscalía rechazara el primer intento del juez Ramírez Sunyer para que fuera imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Así, el informe insiste en que Aragonès, que fue secretario de Economía en la conselleria de Oriol Junqueras, trabajó en un proyecto de “sostenibilidad económica” de una hipotética Catalunya independiente y en la creación del banco central catalán, la autoridad catalana de inversiones y mercados y la autoridad catalana de la competencia.

La Guardia Civil enmarca estos tres encargos en los viajes que Aragonès realizó a Irlanda, Londres y Eslovenia y que según los investigadores sirvieron “para explicar el contexto político de Catalunya, la hoja de ruta y los distintos escenarios económicos que contemplaban”.

“Aragonès conocía, además, el programa de visitantes internacionales en colaboración con el Diplocat”, añade el informe de la Guardia Civil, que basa sus indicios en la documentación intervenida tanto a Salvadó –ahora diputado de ERC e investigado por el juez Ramírez Sunyer– como a Josep Maria Jové, exnúmero dos de Economía y ahora diputado de ERC. Los tres formaban el núcleo de confianza de Junqueras en el departamento.

El juez Ramírez Sunyer ha conseguido que Jové esté a las puertas de ser imputado por el TSJC, el tribunal que investiga a los aforados. No obstante, la Fiscalía frenó la imputación a Aragonès y exhortó al juez a hallar nuevos indicios. Y Salvadó, pese a formar parte de los investigados por los preparativos del 1-O desde el inicio de la causa, no fue incluido por el juez en la exposición razonada por la que pidió al TSJC imputar a Aragonès y a Jové.

Nuevo giro en la investigación sobre el dinero público que el Govern destinó al referéndum. La administración concursal de Unipost, que gestiona la empresa desde que quebró el año pasado, ha certificado ante el juez que la firma no cobró de la Generalitat por el envío de sobres, papeletas y notificaciones para los miembros de las mesas. El motivo es que todas las facturas que los investigadores vinculan con la presunta malversación por el envío de material electoral fueron anuladas el mismo día que se generaron, el 7 de septiembre del año pasado.

La participación en el 1-O de Unipost está fuera de duda. La Guardia Civil se incautó de miles de sobres y notificaciones en las vísperas de la votación. Sin embargo, la manera en que el Govern abonó a la empresa los servicios prestados para el 1-O ha suscitado divergencias entre los investigadores y las defensas, que continúan un año después. En conjunto, están bajo sospecha cinco facturas emitidas desde cinco conselleries a Unipost que ascienden a 979.661,96 euros, casi un tercio del total de 3,2 millones de euros presuntamente malversados en el 1-O.

Ahora, en un documento remitido al juez que investiga los preparativos del 1-O, el despacho de abogados Jausàs, nombrado administrador concursal de Unipost, revela que las cinco facturas se anularon. Y lo más importante: que no reclamará a la Generalitat el millón de euros que suman las facturas, pues no figuran como cantidad pendiente de cobro en la contabilidad de Unipost.

“Las facturas no figuran como cobradas, ni compensadas ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación puesto que son facturas anuladas y no figuran como pendiente de cobro en la contabilidad de la concursada”, reza el documento enviado por el bufete Jausàs al titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, al que se adjuntan las cinco facturas anuladas.

Al haber ya una factura denominada 'proforma' (no comercial, sino relativa a la información de una futura factura definitiva) emitida por Unipost, las acusaciones argumentaban que hay malversación. Entendían que la factura implica una obligación de pago y una deuda de la administración con un proveedor aunque finalmente no se abonara. Este es el caso del millón de euros por los envíos de Unipost y de otros gastos del 1-O que no se llegaron a pagar.

Pero ahora la administración concursal deja claro que no piensa reclamar a la Generalitat por lo que dejó de cobrar. De esta forma, el documento de Jausàs aportado al juez da aire a las defensas, que niegan cualquier malversación en el 1-O. El Ministerio de Hacienda tendrá la última palabra, pues el juez le ha encargado un informe pericial.

En conjunto, según los cálculos de la Guardia Civil –asumidos por la Fiscalía, el juez Ramírez Sunyer y el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena–, la Generalitat habría malversado 3,2 millones de euros en el 1-O, de los que 1,6 sí se llegaron a abonar. De estos, 1,2 millones corresponde a la rehabilitación de una nave industrial que los investigadores relacionan con el 'call–centre' del 1-O. Las obras, no obstante, finalizaron y se terminaron de pagar con el 155 ya en vigor.

Otros 300.000 euros corresponden a transferencias de la Delegación de la Generalitat ante la UE y el Diplocat para los observadores internacionales del 1-O. El resto de los gastos del 1-O –publicidad institucional del 1-O y del registro de catalanes en el exterior, impresión de carteles– constan como facturados pero no abonados.

Con todo, la Fiscalía ya ha dejado claro que no hace falta factura para hablar de malversación. El teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, especialista en delitos económicos, advirtió cuando se mostró en contra de investigar al vicepresidente Pere Aragonès de que basta con que se acredite el empleo de recursos públicos para objetivos contrarios a los de una administración que actúa bajo el principio de legalidad, como por ejemplo la cesión de locales públicos para la votación.

El Ministerio de Hacienda tendrá que determinar el coste para las arcas de la Generalitat del 1-O. Así lo ha ordenado el juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, Juan Antonio Ramírez Sunyer, a petición de la Fiscalía. El objetivo del juez es individualizar las responsabilidades de los imputados por un presunto delito de malversación, de lo que se desprende que la instrucción de la causa empieza a entrar en su recta final. El caso acumula una cuarentena de investigados, entre altos cargos de la Generalitat, funcionarios y empresarios.

En un auto, al que ha tenido acceso este diario, el juez manda a los técnicos del Ministerio de Hacienda elaborar un informe pericial para determinar “la cuantía que fue empleada para la celebración del referéndum”. El instructor también quiere que los peritos de Hacienda concreten desde que departamentos de la Generalitat se aprobó el gasto y con cargo a qué cuentas o partidas presupuestarias.

Asimismo, Ramírez Sunyer ha encargado a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) otro informe pericial “sobre la cuantificación que supone el uso de las instalaciones públicas para la celebración del referéndum”.

De esta forma, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona recibirá un informe pericial de Hacienda que no consta en la causa del Tribunal Supremo contra los exconsellers, han indicado fuentes jurídicas. La polémica entre el exministro Cristóbal Montoro y el magistrado Pablo Llarena a cuenta del gasto de la Generalitat en el 1-O se cerró con la renuncia del instructor a un informe contable del Ministerio sobre la presunta malversación, aunque dejó la puerta abierta a que técnicos de Hacienda declararan durante el juicio.

Mientras los exconsellers en el Supremo y los altos cargos investigados en instrucción 13 defienden que el 1-O no se pagó con dinero público, los investigadores elevan la presunta malversación a 3,2 millones de euros. Los empresarios investigados han negado que la Generalitat les pagara por gastos del 1-O, pero la Fiscalía recuerda que hay malversación aunque no se abone la factura: basta con que se acredite el empleo de recursos públicos para objetivos contrarios a los de una administración que actúa bajo el principio de legalidad. En el 1-O sería el caso de la cesión de locales públicos.

Por otro lado, el juez ha rechazado la querella del partido ultraderechista VOX, que ejerce la acusación popular, para incluir en la causa al expresident de la Generalitat Artur Mas y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independència (AMI), Neus Lloveras. VOX quería que se les investigara por rebelión, pero el juez recuerda que no es competente para hacerlo, sino que el caso tendría que llevarse a la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el juez ya tuvo que descartar la rebelión después de que el Tribunal Supremo rechazara su exposición razonada para investigar por este delito a los exaltos cargos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

La Fiscalía ha rechazado este viernes que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigue por desobediencia en los preparativos del referéndum al actual vicepresident del Govern, que el año pasado era el secretario de Economía. Por contra, ha apoyado que el TSJC asuma las pesquisas contra el exsecretario de Vicepresidencia y actual diputado de ERC, Josep Maria Jové.

El informe de la Fiscalía era necesario después de que el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, pidiera el pasado mes de julio al TSJC que imputara a Aragonès y a Jové. El juez, que investiga los preparativos del 1-O desde hace más de un año y medio, no puede imputarlos al ser los dos aforados ante el TSJC.

La desobediencia está castigada únicamente con la inhabilitación para ejercer un cargo público, a diferencia de la malversación, que puede comportar penas de cárcel. En el caso de Aragonès, el juez Ramírez Sunyer le atribuía haber hecho caso omiso de la suspensión del referéndum que el Tribunal Constitucional ordenó el 7 de septiembre del año de pasado, cuando el ahora vicepresident era secretario de Economía.

Ahora la Fiscalía Superior de Catalunya, en un informe emitido por el teniente fiscal Pedro Ariche, considera insuficiente la exposición razonada de Ramírez Sunyer por no incluir suficientes indicios que justifiquen la imputación de Aragonès. En concreto, tilda la argumentación del juez Ramírez Sunyer de “excesivamente parca” en cuanto a la indicación de indicios incriminatorios.

A diferencia del vicepresident, el juez sí ve el presunto delito de malversación, además de los de revelación de secretos y desobediencia, en la actuación del exsecretario general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, a día de hoy diputado de ERC en el Parlament. En el documento, el juez define a Jové como “coordinador de la organización logística del referéndum”. Se basa Ramírez Sunyer en los decretos que aprobó la Generalitat que dejaban la gestión de los procesos electorales en la conselleria de Economía, además de los pinchazos telefónicos y el documento 'Enfocats' y la célebre ,libreta Moleskine incautadas a Jové.

En su informe, el teniente fiscal de Catalunya apoya que el TSJC investigue a Josep Maria Jové por los tres delitos que pide el juez y añade el de prevaricación. El fiscal defiende asimismo que hay malversación aunque no se pague la factura. “La vigencia del tipo penal de malversación –argumenta Ariche– no precisa de una cuantificación exacta del dispendio de fondos públicos verificada”. A criterio del fiscal, basta con que se acredite el empleo de recursos públicos para objetivos contrarios a los de una administración que actúa bajo el principio de legalidad. En el 1-O sería el caso de la cesión de locales públicos.

Un año después de negarlo, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha admitido que en julio de 2017 ya investigaba el referéndum. Lo ha hecho después de que la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir la investigación sobre los interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos del verano del año pasado para averiguar si “los funcionarios policiales actuaron por iniciativa propia” al margen del juez. El propio juzgado ha confirmado que no.

En un certificado, la secretaria del juzgado 13 aclara que “desde el primer momento” la instrucción y los investigadores de la Guardia Civil de la causa que se abrió en febrero de 2017 por las palabras del exsenador Santi Vidal “advirtieron actuaciones y gastos directamente encaminados con la celebración de un referéndum de autodeterminación”. Todo ello pese a que en julio del mismo año, cuando ya estaban en marcha los interrogatorios a altos cargos, el juez rechazó la personación en la causa de la CUP porque, argumentó, la causa no tenía “por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum”.

La operación contra el 1-O del 20 de septiembre de la que este jueves se cumple un año fue la culminación de una extensa investigación al referéndum. Antes de los registros, la Guardia Civil había interrogado a lo largo del verano a funcionarios y altos cargos. El Govern y la asociación de abogados Drets denunciaron a la Guardia Civil porque consideraron que los había hecho sin permiso judicial.

El juzgado de Barcelona que recibió las denuncias las archivó, pero la Audiencia ordenó al juzgado de instrucción 32 reabrir la investigación por descartar “prematuramente” el posible delito de falsedad documental. Este es el único delito que la Audiencia avaló investigar, rechazando el resto de delitos.

La Audiencia obligó al juzgado a investigar una “aparente contradicción”: en julio del año pasado, cuando se produjeron los interrogatorios, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona aseguró que no investigaba los preparativos del referéndum. No obstante, los agentes de la Guardia Civil comunicaron a los altos cargos que los interrogatorios se practicaban en relación a las diligencias abiertas por ese juzgado, en aquel momento secretas, sobre su participación en la creación de la web del Pacto Nacional del Referéndum.

El certificado de la secretaria del juzgado de instrucción 13 confirma que el juez Ramírez Sunyer sí investigaba tanto la web del Pacto por la que posteriormente fueron imputados los altos cargos interrogados primero por la Guardia Civil como los preparativos del 1-O. Es decir, confirma lo que todo el mundo sabía pero el instructor había negado. Ahora Drets ha informado que se plantea denunciar tanto a Ramírez Sunyer como a la secretaria del juzgado por prevaricación, falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales.