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CATALUNYA

Un alto cargo del Govern denuncia en base a una norma desfasada que el juez del 1-O se quedó "irregularmente" con la causa

Dirigentes de ERC salen en tromba contra el supuesto "escándalo judicial" pese a que las normas de reparto sí permitían al juez fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer asumir las pesquisas de los preparativos del 1-O

Todas las normas de reparto de los juzgados catalanes aparecen en la página web del TSJ, salvo las de los de los juzgados de instrucción de Barcelona

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Un alto cargo de la Generalitat imputado en la causa abierta en Barcelona por los preparativos del 1-O ha denunciado que se adjudicó de forma "irregular" al extitular del juzgado de instrucción número 13 de la capital catalana, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, por su "obsesión" con el proceso independentista. El alto cargo pide anular toda la causa de Barcelona, que ha servido para recoger documentos y pruebas para las acusaciones en la causa por rebelión del Tribunal Supremo.

La denuncia, sin embargo, se basa en una normativa de reparto desfasada. Y es que el punto clave de la denuncia es un párrafo que se encontraba recogido en la normativa de 2010 sobre el reparto de causas en los juzgados de instrucción de Barcelona, pero que no fue incluido en la norma actual, vigente desde 2014, tal y como se puede comprobar en los documentos adjuntos al final de esta información y que ha distribuido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (páginas 22 y 24, respectivamente).

La denuncia la ha presentado el actual director general de relaciones institucionales de la Generalitat, Aleix Villatoro, imputado por la contratación de los observadores del 1-O cuando era secretario general de la conselleria de Exteriores. Tras un mes de gestiones infructuosas ante los juzgados, el abogado del imputado logró a través del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) una propuesta de las normas de reparto en la capital catalana del año 2014 que establecía, al igual que la norma de 2010, que no se pueden adjudicar diligencias sin detenidos sobre hechos sucedidos con anterioridad a las 72 horas del servicio de guardia a un juez que haya entrado o salido de la guardia del día que se interpone la denuncia.

En el caso que propició la investigación sobre el 1-O, el abogado Miguel Duran interpuso el 27 de enero de 2017 una denuncia contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus conferencias –en las que afirmó que el Govern tenía una partida oculta de 400 millones para el referéndum– y que permitieron iniciar la investigación. La jueza de guardia aquel día, la de instrucción 9, la remitió al decanato para su reparto, tal y como marcan las normas.

Se da el caso de que el día siguiente, el 28 de enero de 2017, entraba de guardia el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por lo que el recurso sostiene que en una "aplicación correcta" de las normas de reparto las diligencias "nunca podrían" haber recaído en Ramírez Sunyer. Sin embargo, la argumentación de Villatoro contiene un error al basarse en la normativa de reparto antigua, vigente desde 2010 a 2014.

Y es que norma actual, en vigor desde 2014, sí permitía a Ramírez Sunyer quedarse la denuncia inicial que abrió la causa en 2017. El párrafo de 2010 que impedía asumir causas a los juzgados entrantes y salientes de la guardia fue derogado en 2014. Asimismo, en la tarde de este martes, el TSJC ha facilitado un nuevo documento de septiembre de 2010 que ya en esa fecha, incluso antes del cambio en 2014, eliminó la referencia a las exclusiones en el reparto de causas.

El nuevo reglamento eliminó el artículo que impedía a los jueces que entraban y salían de una guardia quedarse con una causa. Es decir, no importa el día y el juzgado en que se denuncien unos hechos sucedidos hace más de 72 horas por los que nadie está detenido: cuando el juez de guardia envía a reparto una denuncia de este tipo, la causa se sortea entre todos los 33 jueces de instrucción de Barcelona.

Este martes los dirigentes más destacados de ERC han criticado con dureza esta supuesta vulneración de las normas de reparto. El presidente del Parlament, Roger Torrent, la ha tildado de "uno de los mayores escándalos judiciales de la historia reciente de Europa", mientras que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado a "esclarecer lo que parece una investigación parcial, intencionada y con las cartas marcadas". 

El embrión de la causa por rebelión

La causa de instrucción 13 que se convirtió en un caballo de Troya del referéndum –con seguimientos y pinchazos telefónicos a altos cargos– que desembocó en la operación del 20 de septiembre en la conselleria de Economía. Los sucesivos informes de la Guardia Civil aportados a la causa –que ya acumula 43 imputados– han servido además de base para las acusaciones contra los líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo.

Las defensas de los investigados en Barcelona han denunciado vulneraciones de derechos desde el inicio de la causa. "La manera en la que se ha llevado a cabo la instrucción ha sido ‘sui generis’ e irregular, con una falta de garantías hacia los investigados", apunta el abogado de Villatoro.

El escrito insiste en que la "obsesión" del juez en relación al proceso independentista era "tan patente" que incluso un vocal del CGPJ, José María Macías Castaño, publicó un artículo en que, refiriéndose a Ramírez Sunyer, destacaba: "Siempre se negó (a dejar el juzgado), obsesionado con culminar una investigación en la que tanto se juegan Catalunya y España”. Además, apunta que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes envió una carta al juez pocos días antes de su fallecimiento en la que agradecía su labor: "Tú decidiste cambiar el rumbo de tu propia historia y, al hacerlo, cambiaste el de la Historia mismo de nuestro país".

A pesar del error de la defensa, lo que sí permite constatar la denuncia de Villatoro son las dificultades que ha tenido su defensa para acceder a los normas de reparto de los juzgados de instrucción de Barcelona. Este martes por la mañana en la página web del TSJ,  las normas de reparto de causas de los juzgados de instrucción de Barcelona eran las únicas que no aparecían en la mañana de este martes en la web del TSJC. El resto de jurisdicciones –contencioso administrativo, penal, social, e incluso las de los juzgados de instrucción de Lleida, Tarragona y Girona– sí estaban en la web.

La denuncia incluye respuestas evasivas de la sala de gobierno del TSJ catalán, que instaba al abogado a dirigirse al decanato de los juzgados de Barcelona. Cuando el letrado escribía al decanato, éste le conminaba a dirigirse a la sala de gobierno del TSJ.

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