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CATALUNYA

El juez del 1-O de Barcelona admite que sí investigaba el referéndum cuando negó hacerlo

El juzgado de instrucción 13 reconoce que investigaba "desde el primer momento" el 1-O pese a que negó hacerlo cuatro meses antes del referéndum

La Guardia Civil interroga hoy a otros dos altos cargos del Govern por el 1-O

Interrogatorios el verano de 2017 en la comandancia de Travessera de la Gurdia Civil EFE EFE

Un año después de negarlo, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha admitido que en julio de 2017 ya investigaba el referéndum. Lo ha hecho después de que la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir la investigación sobre los interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos del verano del año pasado para averiguar si "los funcionarios policiales actuaron por iniciativa propia" al margen del juez. El propio juzgado ha confirmado que no.

En un certificado, la secretaria del juzgado 13 aclara que "desde el primer momento" la instrucción y los investigadores de la Guardia Civil de la causa que se abrió en febrero de 2017 por las palabras del exsenador Santi Vidal "advirtieron actuaciones y gastos directamente encaminados con la celebración de un referéndum de autodeterminación". Todo ello pese a que en julio del mismo año, cuando ya estaban en marcha los interrogatorios a altos cargos, el juez rechazó la personación en la causa de la CUP porque, argumentó, la causa no tenía "por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum".

La operación contra el 1-O del 20 de septiembre de la que este jueves se cumple un año fue la culminación de una extensa investigación al referéndum. Antes de los registros, la Guardia Civil había interrogado a lo largo del verano a funcionarios y altos cargos. El Govern y la asociación de abogados Drets denunciaron a la Guardia Civil porque consideraron que los había hecho sin permiso judicial.

El juzgado de Barcelona que recibió las denuncias las archivó, pero la Audiencia ordenó al juzgado de instrucción 32 reabrir la investigación por descartar "prematuramente" el posible delito de falsedad documental. Este es el único delito que la Audiencia avaló investigar, rechazando el resto de delitos.

La Audiencia obligó al juzgado a investigar una "aparente contradicción": en julio del año pasado, cuando se produjeron los interrogatorios, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona aseguró que no investigaba los preparativos del referéndum. No obstante, los agentes de la Guardia Civil comunicaron a los altos cargos que los interrogatorios se practicaban en relación a las diligencias abiertas por ese juzgado, en aquel momento secretas, sobre su participación en la creación de la web del Pacto Nacional del Referéndum.

El certificado de la secretaria del juzgado de instrucción 13 confirma que el juez Ramírez Sunyer sí investigaba tanto la web del Pacto por la que posteriormente fueron imputados los altos cargos interrogados primero por la Guardia Civil como los preparativos del 1-O. Es decir, confirma lo que todo el mundo sabía pero el instructor había negado. Ahora Drets ha informado que se plantea denunciar tanto a Ramírez Sunyer como a la secretaria del juzgado por prevaricación, falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales.

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