La Guardia Civil vigilaba a altos cargos del Govern por el 1-O al menos desde junio

Los pasos hacia el referéndum que iba dando el Govern viraron el sentido de la investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. De las palabras del exjuez Santiago Vidal sobre posibles ilegalidades en la obtención de datos fiscales, la causa se centró en intentar impedir el 1-O. Para ello, al menos a partir del mes de junio, el juez autorizó a la Guardia Civil a seguir a altos cargos del Govern investigados y, un mes después, avaló pinchazos telefónicos.

Desde el principio de la investigación, los agentes focalizaron sus sospechas en el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; el director de estrategia e innovación del Centro de Telecomunicaciones del Govern (CTTI), Josuè Sallent; y el secretario general de vicepresidencia, Josep Maria Jové, todos ellos hombres de confianza de Oriol Junqueras y detenidos el pasado 20 de septiembre.

En una de las conversaciones interceptadas, Sallent, que había recibido la negativa de la empresa SCTIL para obtener un sistema de gestión de procesos electorales, presionó a una directiva de T-Systems, Rosa Maria Rodríguez Curto, para que la empresa finalizara los trabajos de una “plataforma” electrónica. “En la conselleria están cansados porque no saben si T-Systems ayuda o boicotea”, le habría dicho Sallent.

Ante las sospechas de que T-Systems formaba parte de las empresas subcontratadas por el Govern por el 1-O, el juez también autorizó la intervención del teléfono de Rodríguez Curto, que fue igualmente detenida el 20 de septiembre.

Con todo, del conjunto de pinchazos y seguimientos que obran en el sumario de la causa, cuyo secreto ya se ha levantado, no se obtuvo el paradero de las urnas, que principalmente custodiaron ciudadanos y particulares en sus casas. La investigación tampoco ha sido capaz de determinar el coste de éstas, ni cómo fueron conseguidas por la Generalitat. Sí se localizaron 9,5 millones de papeletas, que fueron incautadas en la operación del 20 de diciembre.

Fue gracias a una llamada de Jové con Natàlia Garriga, directora general de servicios de vicepresidencia, a principios de agosto, donde muestran su confianza en un “tercera persona” –que resultó ser Pau Furriol, otro de los imputados. La Guardia Civil vigiló entonces a Garriga, que se montó en un coche para hablar con otra mujer y le enseñó unos documentos. Luego se dirigió hacia la nave industrial de Bigues i Riells donde se incautaron las papeletas, propiedad de Furriol.

En el sumario del caso también se incluye un informe de la Guardia Civil del pasado mes de julio en que el Instituto Armado, tras un mes de seguimiento a Salvadó y Sallent, constata que ambos “comienzan a tomar medidas de seguridad” para realizar sus desplazamientos habituales.

En concreto señala que a Salvadó, tras salir de la conselleria el 7 de julio y dirigirse a un parking de la Gran Vía, “se le observa muy nervioso y observador” con los vehículos y personas de su alrededor. Una vez en el coche, “realiza itinerarios ilógicos y se fija en los vehículos que le siguen cada vez que realiza un giro en su marcha”.

En el caso de Sallent, además, la Guardia Civil llegó a sospechar su seguimiento al alto cargo era objeto de “contravigiliancia”, aunque sin especificar si habría corrido a cargo de los Mossos d'Esquadra. Y es que el pasado 6 de julio, mientras Sallent se encontraba en el edificio del CTTI, los agentes observaron cómo “personal de paisano a pie” y “dos vehículos camuflados [uno de ellos, con matrícula de la Generalitat]” esperaban la salida del alto cargo.

Además, el juez y el fiscal pararon en julio la petición de la Guardia Civil para instalar localizadores por satélite en los vehículos de Salvadó y Sallent por ser una medida demasiado invasiva. Recordó la fiscal en su escrito que un localizador en el coche de los investigados “no añadía mayores datos” a la causa porque ambos ya eran objeto de seguimiento y sus teléfono estaban pinchados.

La información contenida en la investigación para parar el 1-O podría terminar en manos de la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, que este jueves ha enviado a prisión incondicional a ocho exconsellers: la Fiscalía ha pedido que se acumule en la causa por rebelión contra el Govern de la Audiencia Nacional.