El asesor fiscal de los Pujol se declara “incapaz” de trazar los movimientos de fondos de la familia

Dos pendrives guardaban el secreto más oscuro y andorrano de los Pujol. Y el asesor fiscal Joan Antón Sánchez Carreté los tenía en el despacho porque se lo entregaron los abogados de la familia en julio de 2014 después de la publicación del famoso 'pantallazo' con sus datos bancarios.

Fiel custodio de los datos que destrozarían la credibilidad de los Pujol, Sánchez Carreté ha explicado este lunes que regularizó los fondos ante Hacienda “deprisa y corriendo”, tal y como le pidieron los abogados, pero que fue “incapaz” de llevar a cabo la segunda petición de los letrados: trazar los movimientos de fondos de la familia. La tarea, que la propia Audiencia Nacional lleva casi una década intentando, la tuvo que encargar a un auditor especializado.

La vista contra el expresident de la Generalitat y sus siete hijos se ha retomado este lunes con una notable ausencia, la del empresario acusado Carles Vilarrubí, fallecido estas navidades. Con su muerte, se extingue su responsabilidad penal en la causa. Nuevo ejemplo de la tardanza de la Justicia en celebrar la vista.

En todos los juicios hay secundarios muy relevantes, y Sánchez Carreté lo es en la vista que intenta dirimir si la fortuna oculta de los Pujol es fruto de la corrupción o de un legado del abuelo: el expresident y su esposa, la fallecida Marta Ferrusola, eran sus clientes desde el año 1983. Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, también buscó su asesoramiento años más tarde para la fiscalidad de sus empresas. Y en 2014, cuando llegaron los problemas (“por circunstancias conocidas”, en palabras de Sánchez Carreté) conoció al resto de la familia.

Según ha declarado Sánchez Carreté, el 7 julio de 2014, el mismo día que El Mundo publicó la fotografía del pantallazo de los datos bancarios de la familia (que las defensas creen que se trata de una prueba obtenida ilegalmente por la brigada política del PP), recibió una llamada. Eran Albert Carrillo y Javier Melero, por entonces abogados de la familia Pujol.

“Me convocaron a una reunión para ver cómo se regularizaban los fondos en el extranjero no declarados”, ha rememorado Sánchez Carreté, que también apostó por admitir a Hacienda el fraude y realizar las declaraciones complementarias. “Me facilitaron una serie de documentación para preparar las complementarias y eso fue lo que hice”.

El relato de Sánchez Carreté explica los movimientos entre bambalinas de la familia en esas frenéticas fechas veraniegas de 2014 que no salieron a la luz hasta el comunicado público del expresident del 25 de julio. Regularizar los fondos fue la estrategia finalmente adoptada por la familia tras días de debate. El expresident creía que confesando el fraude obtendría el perdón de la sociedad catalana. No fue así entonces y una tormenta política y judicial, que solo ha amainado diez años después, se desató sobre los Pujol.

Sánchez Carreté se encargó de regularizar los fondos de la familia mediante declaraciones complementarias que, ha reconocido, se llevaron a cabo “deprisa y corriendo”. También fue el representante de la familia ante Hacienda. La documentación fue la que los abogados de la familia, en Catalunya y Andorra, le facilitaron a través de dos pendrives.

“Yo no recuerdo los números de cuenta, pero estaban ahí. No fui capaz de interpretarlos a pesar de 45 años de ejercicio y les recomendé otras personas”, ha ahondado el asesor fiscal, que ha dicho que hasta que se lo dijeron los abogados nada sabía del dinero sin declarar de los Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción no ha querido indagar más, ni ha preguntado, por ejemplo, por algo que el asesor sí dijo en fase de instrucción, cuando recordó que Jordi Pujol le hizo una consulta en 2012 y le pidió consejo acerca de un amigo que aparentemente tenía fondos en el extranjero sin declarar. ¿Ese amigo en realidad era el propio expresident? La pregunta no se ha hecho y ha quedado sin respuesta.

El registro y la advertencia

La historia con los pendrives no terminó aquí. También protagonizaron el registro de octubre de 2015 en el despacho profesional de Sánchez Carreté. La Audiencia Nacional obtuvo esos datos gracias al registro y a la comisión rogatoria que Andorra respondió. Pero las defensas creen que el registro fue excesivo.

La razón estriba en que el auto del juez ordenaba incautarse de los datos de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, su exesposa, y de tres de sus sociedades. Pero la Policía se terminó incautando de los dos pendrives, con los datos de toda la familia. Pese a que el acta de entrada y registro dejó constancia de la advertencia de Sánchez Carreté al secretario judicial que practicó el registro, este lunes, a preguntas de las defensas, ha dicho no recordarlo.