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CATALUNYA

El 80% del material informático incautado en la operación contra el 1-O aún se está analizando

En la operación del 20 de septiembre de hace un año los agentes de 198 aparatos electrónicos y se copió el correo de 21 altos cargos y funcionarios de la Generalitat

La Guardia Civil justifica al juez que no se ha podido estudiar todos los aparatos requisados "debido al gran volumen de información intervenida"

El 84% de los dispositivos que sí se han analizado e informado al juez no tienen relevancia para la investigación del 1-O

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Concentración en la sede de la conselleria Economía por los registros de la Guardia Civil

Concentración en la sede de la conselleria Economía el 20S ©Sandra Lázaro

Ordenadores, lápices de memoria (pendrives), teléfonos móviles, 'tablets', discos duros... Por orden del juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, la Guardia Civil se incautó de un total de 198 componentes informáticos y copió el correo electrónico de 21 altos cargos y funcionarios de la Generalitat en la operación del 20 de septiembre de 2017. Cuando se cumple casi un año de la intervención policial, el 80% de ese material todavía no se ha terminado de analizar.

Según indica la Guardia Civil en un informe entregado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, la ingente cantidad de material incautado ha impedido completar su estudio. "No se ha podido realizar el estudio de la totalidad de efectos debido al gran volumen de información intervenida", expone el Instituto Armado, que señala que en posteriores diligencias "se informará de aquellos soportes informáticos que todavía no han podido ser analizados". En el anexo del informe se detalla que aún hay que informar al juez de 164 ordenadores, teléfonos móviles y lápices de memoria así como 18 correos electrónicos.

El material –34 aparatos informáticos y tres cuentas de correo electrónico– que sí se ha analizado e informado al juez permite confirmar algo ya se sabía antes del 1-O, esto es, que la logística del referéndum (y está por ver si su coste) se cocinó en buena medida en la conselleria de Economía de la Rambla Catalunya de Barcelona. Destaca una lista de locales de votación que se halló en un lápiz de memoria de Mercedes Martínez, trabajadora del departamento que dirigía Oriol Junqueras.

Por otro lado, del teléfono móvil del anterior y actual director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, se han extraído conversaciones con otros altos cargos para traer como observadores de la votación a una asociación de magistrados brasileños. No obstante, de la lista de observadores que acudieron invitados (y pagados) por la Generalitat, no figura ningún brasileño y todos son europeos o norteamericanos.

Y del correo electrónico y el ordenador de un trabajador eventual del departamento de Asuntos Sociales, David Palanques, se obtuvieron las instrucciones para crear la web para voluntarios del 1-O y el registro de catalanes en el exterior, que permitió inscribirse para votar a los catalanes residentes en países extranjeros.

En otros 30 ordenadores, 'tablets', lápices de memoria que se han analizado por completo "no se ha hallado nada de interés para la investigación". Pertenecen a Sutrias, Martínez, un empresario y al exsecretario general de Vicepresidència, Josep Maria Jové, considerado el cerebro del 1-O. Un pendrive de Jové, además, está cifrado y no se ha podido abrir. Es decir, el 84% del material informático analizado hasta ahora no sirve para la causa de los preparativos del referéndum.

Al margen del material informático, los documentos incautados el 20-S tuvieron mucha relevancia al inicio de las causas contra los líderes independentistas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El contenido de la famosa moleskine de Jové y el documento 'Enfocats', incautados en el domicilio del exsecretario de Vicepresidència fueron uno de los motivos para mantener a los exconsellers en prisión provisional. No obstante, la evolución de la investigación ha ido reduciendo su relevancia, hasta el punto que el juez Llarena, en su auto de procesamiento, les otorga una importancia testimonial.

El material informático pendiente de analizar pertenece a parte de la cuarentena de altos cargos, funcionarios y empresarios que permanecen imputados por su presunta vinculación con los preparativos del 1-O por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer. Es el caso de distintos aparatos del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó y varios cargos del Centro de Tecnologías de la Generalitat (CTTI). La operación del 20-S supuso un golpe al referéndum, del que el soberanismo, no obstante, se supo reponer: el 1 de octubre hubo urnas y papeletas donde la Policía y la Guardia Civil no lo impidió por la fuerza.

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