La jueza rechaza la petición de la Fiscalía para procesar por organización criminal en el 1-O a 28 altos cargos del Govern
La jueza no considera que los empresarios y altos cargos del Govern procesados por el 1-O, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, formaran una organización criminal en favor del referéndum. La magistrada ha rechazado la principal petición de la Fiscalía, que solicitó añadir el delito de organización criminal a los 28 altos cargos procesados por malversación, falsedad documental, desobediencia, revelación de secretos o prevaricación.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona concluye, al contrario que los fiscales, que de la investigación de los preparativos del 1-O “no resulta” que los procesados “contasen con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal ni que existiese un acuerdo asociativo duradero y no puramente transitorio”, requisitos que exige el delito de organización criminal, penado con hasta ocho años de cárcel.
En concreto, la Fiscalía planteaba añadir organización criminal a los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos por los que la jueza procesó a exaltos cargos, técnicos y empresarios presuntamente involucrados en la logística del referéndum, entre ellos exsecretarios generales de Presidencia, Trabajo, Patrimonio y Relaciones Internacionales o la cúpula de la radio y la televisión catalanas así como responsables de Unipost y T-Systems.
Además, la juez resalta que durante la instrucción de la causa no se ha advertido a ninguno de los procesados de que se les investigaba “por formar parte de una organización criminal de, como mínimo, dos personas que de manera estable o por tiempo indefinido se dedicaban a cometer delitos”. No obstante, la magistrada recuerda a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox podrán atribuir organización criminal a los imputados en sus respectivos escritos de acusación previos al juicio.
Por otro lado, la jueza tampoco accede a la petición de las defensas y mantiene la fianza de 5,8 millones de euros que fijó en su día a los 17 procesados por malversación, cantidad ya pagada y que las defensas recurrieron con el argumento de que no podía ser superior a los 2,1 millones de euros impuestos como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo.
“Nada más lejos de la realidad”, subraya la instructora en relación a ese argumento, tras lo que recuerda que no está vinculada “por las decisiones tomadas por otros juzgados en procedimientos distintos”, y apunta que su objetivo es garantizar las responsabilidades económicas derivadas de la malversación, que no estarían aseguradas si el Supremo absuelve a la cúpula del “procés”. Respecto a la desproporción que alegaron algunas defensas por el carácter solidario de la fianza impuesta, la juez sostiene que es consecuencia del hecho de que “todos actuaron conjunta y concertadamente” para desviar presuntamente los gastos del 1-O.
La batalla entre directivos de los medios públicos
El auto rechaza también el recurso presentado por la defensa del director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, quien alegó que dos directivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) le tendieron una “trampa” y le presionaron para que asumiera responsabilidades que no tenía sobre la emisión de los anuncios del 1-O.
La juez descarta la tesis de Gordillo de que los correos electrónicos y whatsapps que aportó muestren la presión que recibió de la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, para emitir el anuncio del 1-O. En esos mensajes, recalca la magistrada, Gordillo terminó por afirmar que no veía “problema” en el contenido del anuncio del 1-O y, finalmente, dijo no tener “objeción” a que se emitiera el anuncio, “dentro de sus competencias”. Fue después de que su abogado le recomendara esta respuesta una vez analizadas las presiones que recibió de Llorach por correo electrónico.
