El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

El sistema judicial de Extremadura camina hacia la estabilidad organizativa mientras asume una profunda transformación estructural. Los órganos judiciales de la comunidad autónoma registraron durante el pasado año 2025 una reducción de la litigiosidad del 4,7%, alcanzando un total de 131.718 asuntos ingresados. Un descenso “ligero” que, según ha destacado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha permitido equilibrar la balanza de trabajo: en el mismo periodo se resolvieron 131.417 procedimientos, lo que demuestra una sólida capacidad de respuesta del servicio público.

Durante la presentación de la Memoria Judicial anual, Tena ha subrayado que el principal hito organizativo del ejercicio ha sido el despliegue progresivo de los Tribunales de Instancia en los 21 partidos judiciales de la región. Este ambicioso proceso de reconfiguración se completó en dos fases a lo largo del año pasado: el 1 de julio arrancó la primera etapa en 16 partidos judiciales, mientras que los cinco núcleos de mayor carga —Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito— culminaron su integración el 31 de diciembre. “Su desarrollo se ha llevado a cabo con normalidad y sin incidencias reseñables”, ha remarcado la presidenta, vinculando este éxito al impulso paralelo de la digitalización y a las herramientas telemáticas que han agilizado trámites y evitado desplazamientos innecesarios a la ciudadanía.

Vanguardia en la protección frente a la violencia machista

Uno de los puntos más destacados del balance anual se sitúa en el ámbito de la violencia de género. Tras la creación de nuevas secciones especializadas y el refuerzo de magistrados en distintas sedes, Extremadura se ha blindado de manera integral. “Somos la única comunidad autónoma que tiene todo su territorio especializado en esta importante y preocupante materia”, ha aseverado Tena en referencia a la cobertura total de los órganos judiciales de violencia sobre la mujer.

Los datos estadísticos de la memoria reflejan el peso de esta actividad judicial en la región: a lo largo del año se dictaron 1.064 sentencias firmes por delitos de violencia machista, que se tradujeron en 6.316 penas y medidas de distinta índole, además de 2.100 medidas cautelares (entre ellas, 510 órdenes de protección).

El informe del TSJEx también arroja radiografía sobre el perfil de estos delitos en Extremadura: la franja de edad mayoritaria tanto de los agresores condenados como de las víctimas se sitúa entre los 31 y los 50 años. Asimismo, en el 75% de los casos analizados existía una relación de pareja y se daba una situación de convivencia entre ambos en el momento de los hechos.

Petición de refuerzos a Madrid y apertura social

A pesar de los buenos índices de resolución y la estabilidad del sistema, el alto tribunal extremeño no pasa por alto las necesidades acuciantes de la planta judicial de la región. La memoria vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de crear nuevas plazas de magistrados para reforzar las secciones civiles de las Audiencias Provinciales de Cáceres y de Badajoz, así como la ampliación de efectivos en las áreas Civil, Mercantil y Social de los recién creados Tribunales de Instancia. Unas demandas que permanecen a la espera de recibir luz verde mediante un Real Decreto de nuevas unidades judiciales por parte del Gobierno central.

Más allá de las cifras y las reformas estructurales, el TSJEx ha querido destacar el éxito de su programa de apertura institucional 'Educar en Justicia'. Durante el último curso escolar, un total de 1.600 alumnos procedentes de 45 centros educativos de toda Extremadura han podido conocer de primera mano el engranaje de los tribunales. Un broche de divulgación ciudadana que coincidió, además, con las actividades conmemorativas del 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura, que incluyeron sus primeras jornadas de puertas abiertas y la visita institucional del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la región.

Es la primera vez que ocurre en España. Y no ha sido contra Vox, sino contra el gobierno autonómico formado por Coalición Canaria y Partido Popular. Varias organizaciones sociales han demandado al Gobierno de Canarias por endurecer los requisitos de acceso a la vivienda pública, en sintonía con la denominada “prioridad nacional” de la extrema derecha.

Las organizaciones aseguran que esta medida “es ilegal” y confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dará la razón dada la cantidad de precedentes judiciales que en toda Europa se han pronunciado contra la medida. Denuncian que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda del gobierno insular ante la falta de vivienda pública.

Así lo han explicado, en la mañana de este martes en rueda de prensa, las organizaciones Derecho al Techo y el Observatorio de Derechos Humanos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Canarias.  

El pasado 7 de abril entró en vigor el decreto que modifica los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial pública. El nuevo decreto establece un mínimo de 12 años de empadronamiento en Canarias de forma ininterrumpida. Una medida que para los demandantes “está en línea con la llamada `prioridad nacional´ que las derechas ya están impulsando en otras comunidades, como Aragón o Extremadura, y en varios países de Europa”, y que ya tiene en contra a la justicia europea. 

“Nos encontramos ante un mecanismo que crea barreras estructurales y, por tanto, desvirtúa la noción de vivienda protegida”, afirma Sofía Olivares del colectivo Derecho al Techo. 

“Aunque el presidente de Canarias defiende que en este territorio no hay cabida a la prioridad nacional, la realidad es que este decreto es un ejemplo claro de la prioridad nacional. Nosotros le llamamos prioridad racista, es una prioridad clasista, y es una prioridad abiertamente ilegal”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Estas organizaciones aseguran que el Decreto 23/2026 de 9 de marzo, contiene varias medidas que provocan lo que se denomina “discriminación indirecta”, es decir, que aunque en la norma no se pone de forma explícita que se excluya a un colectivo en particular, el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto. Y en este caso las más perjudicadas son las personas migrantes“, aseguran las organizaciones. 

“Esto no es un invento nuevo, ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de Clavijo. Esto es un invento del Frente Nacional de la extrema derecha de Francia en los años 80, que lo que tratan es de convertir los derechos en privilegios”, explicaba Miguel Ruiz.

Contra la jurisprudencia internacional

Las organizaciones sociales recuerdan que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que exigir “un requisito de 10 años para poder acceder a ayudas de servicios sociales era discriminatorio y, por lo tanto, es una jurisprudencia muy reciente que refuerza nuestra posición. Pero esta es una jurisprudencia que lleva desde los años 80 dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los distintos tribunales constitucionales”, asegura el abogado del Observatorio DESCA.  

Se refieren a la sentencia, publicada el pasado 7 de mayo, por la que la Gran Sala del TJUE formada por 15 jueces, considera que Italia había vulnerado el Derecho comunitario al exigir diez años de residencia, para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, una prestación de lucha contra la pobreza y reinserción laboral.

En declaraciones a este medio desde el Observatorio DESCA sugieren al presidente Fernando Clavijo que lo consulte con la IA. “Es un caso de manual, de hecho si le preguntas a ChatGPT sabemos que no hay que confiar en ChatGPT, pero es lo primero que te dice, ojo, cuidado, que esto puede ser discriminatorio”, ironizan desde el Observatorio DESCA.  

El decreto canario de acceso a la vivienda pública exige más años de arraigo que lo que se pide para obtener la nacionalidad española. Mientras en Canarias ahora se exige un mínimo de 12 años para acceder a una vivienda pública, en España para obtener la nacionalidad se piden diez años, como tiempo máximo general de residencia legal y continuada. 

Contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Las organizaciones afirman que esta exclusión vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Constitución Española, especialmente aquellos referentes al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a una vivienda digna. 

También señalan que “contradice los propios planes del gobierno canario”, como el Plan de inmigración y convivencia intercultural 2026-2029, que enfatiza “la importancia de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas en el disfrute de una vivienda adecuada, sin discriminación ni segregación”. 

Aseguran que este decreto no solo afecta a las personas migrantes de origen extranjero, “también quedan excluidas las personas de origen canario que vivan en la península y quieran volver”. 

“Irrazonable y discriminatorio” 

Además, califican de “discriminatorio e irrazonable” exigir estar empadronado o trabajar en el mismo municipio de forma ininterrumpida durante cinco años, una condición que perjudica a las personas que, por precariedad laboral y residencial tienen más probabilidades de cambiar de trabajo frecuentemente y tienen que mudarse de un municipio a otro.  

Otra de sus críticas va dirigida contra los nuevos baremos económicos, que también “resultan discriminatorios”. Como la condición de poseer unos ingresos mínimos de entre 12.600 euros y 21.000 euros al año, según la composición de la familia. Según los cálculos del Observatorio DESCA y de Derecho al Techo, a través de los datos publicados por el INE, hasta el 16,8% de las personas inquilinas de Canarias se verían excluidas directamente por este baremo de requisitos económicos. Lo que supone más de 68.144 hogares, independientemente de si son de origen canario o no. 

También critican que el decreto canario excluye a quienes han tenido que ocupar una vivienda. “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya ha establecido que los reglamentos que permiten el acceso a las viviendas protegidas y a los servicios sociales no pueden estigmatizar a la población más vulnerable y que las conductas de estas personas que ocupan porque no hay un parque público de vivienda suficiente no puede ser una excusa para castigarlas”, explica Miguel Ruiz del Observatorio DESCA.

“Miseria Nacional”

Derecho al Techo y el Observatorio DESCA consideran que los requisitos que exige el gobierno canario “constituye más bien una ´miseria nacional´ y que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda ante la falta de vivienda pública”, con el precio del alquiler disparado, la expulsión de residentes de las ciudades, y el “secuestro de la oferta de vivienda por parte del sector turístico”, añaden.

Estas organizaciones sociales apuestan por una “prioridad habitacional”, con una serie de medidas que “sí funcionan y no dejan a nadie fuera”, como: la ampliación y blindaje del parque de vivienda protegida, “ya sea con la cesión de solares a promotoras o el uso del tanteo y el retracto”, imponer impuestos a los pisos vacíos de bancos y fondos buitre; prohibir las viviendas de uso turístico para que retornen al mercado residencial, unas 50.000 viviendas en 2025, o limitar las compras de viviendas por parte de inversores con intenciones especulativas. Y por supuesto, regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. 

“Hay un montón de viviendas vacías en manos de fondos buitres, a los que hay que penalizar de una vez por todas. Y, por supuesto, hay una medida que la pueden aprobar mañana, que es: limitar los precios de alquiler, declarando zonas tensionadas. Esto está solicitado incluso por algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria”, explica Isabel Saavedra, abogada del colectivo Derecho al Techo. 

Ambas organizaciones instan al Gobierno de Canarias a ser “más valiente y ambicioso con las políticas públicas” para abordar el problema de la vivienda en Canarias “sin dejar fuera precisamente a quienes más lo necesitan”.

Esta demanda puede tardar un año en resolverse. El abogado del Observatorio DESCA ha explicado que el recurso tiene una tramitación preferente porque el decreto ya está en vigor, y afecta a todas las personas que quieran acceder a una vivienda protegida, “por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia le va a tener que dar preferencia, pero esto puede tardar incluso un año en tener una resolución final”. 

Aunque aseguran que tienen “plena confianza” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les vaya a dar la razón por la amplia jurisprudencia que ya existe, recuerdan que todavía podrían acudir “al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional”, y aseguran que incluso podrían llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de tres años de cárcel e inhabilitación impuesta por la Audiencia de Bizkaia a un abogado por apropiarse de 38.212 euros que debía haber entregado a unos clientes en el marco de una demanda civil de nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos suscribieron con Kutxabank. El alto tribunal vasco destaca, además, que el letrado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica del matrimonio al que defendía, y se aprovechó de la confianza que depositaron en él.

El abogado fue condenado como autor de un delito de apropiación indebida agravada por aprovecharse de su credibilidad profesional y por la entidad del perjuicio causado y, además de la pena de prisión, la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia le inhabilitó para ejercer como abogado durante tres años. Según los hechos declarados probados por el tribunal vizcaíno, el letrado llevó la demanda civil interpuesta por un matrimonio que reclamaba la nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos habían suscrito con Kutxabank, según recoge Europa Press.

Un juzgado de Primera Instancia de Bilbao dio la razón al matrimonio y reconoció su derecho a percibir 91.912 euros. El letrado instó la ejecución estimatoria dictada por ese juzgado, y este emitió un mandamiento de pago a favor del matrimonio por esa cantidad que fue cobrado por el letrado. Sin embargo, el acusado “aprovechándose de la confianza que habían depositado en él” sus clientes, les ocultó la cuantía real y les trasladó que lo que se les había reconocido eran 60.000 euros a lo que había que restar sus honorarios (6.300 euros).

De esta manera, incorporó a su patrimonio un total de 38.212 euros, la diferencia entre la cantidad reconocida en la sentencia y la comunicada a sus clientes, 31.912 euros, más los 6.300 euros de sus honorarios. Además, el letrado ocultó a sus clientes que esa sentencia no era firme y que la cantidad percibida podría estar sujeta a reversión, como así sucedió porque Kutxabank recurrió, y la Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia le dio la razón y ordenó la devolución de las cantidades consignadas, tal como se recuerda en la resolución.

De ahí que la sentencia de la Audiencia vizcaína que condenó en primera instancia al letrado fijara que este, en concepto de responsabilidad civil, debía abonar a esa entidad bancaría 38.212 euros, el montante total que, según se declaró probado, se apropió el abogado. El letrado recurrió ante el TSJPV solicitando la revocación de la sentencia argumentando, principalmente, que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba.

Por su parte, el TSJPV rechaza su recurso y mantiene que ha existido prueba de cargo testifical y documental que denota que este “ocultó la cifra reconocida en la sentencia” del juzgado de Primera Instancia de Bilbao y que “la actuación efectuada estuvo presidida por la voluntad consciente de incorporar a su propio patrimonio un dinero que hubiera debido ingresar en el acervo patrimonial de sus clientes”.

Prevalerse de la confianza

El alto tribunal vasco añade que el acusado se prevalió de la confianza que en él depositaron sus clientes y que existió un desvalor adicional en su actuación, porque para realizar la encomienda profesional efectuada por sus clientes, no era preciso que estos le otorgaran un poder específico para cobrar en su nombre las cantidades que se reconocieran en el procedimiento judicial. “La atribución al abogado de este específico poder, del que se valió para cometer el delito, únicamente descansó en la especial credibilidad profesional que el letrado inspiró a los clientes”, un dato, añade el TSJPV, que “desvela un desvalor adicional” para justificar que se agrave la pena.

El TSJPV también considera acreditado que el acusado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica de sus clientes y el “significativo quebranto económico” que suponía para ellos “verse privados de una cantidad superior a los 30.000 euros con su maniobra de distracción”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalado este lunes que los servicios mínimos impuestos por la Generalitat ante la huelga del profesorado.

Los sindicatos habían recurrido los servicios mínimos impuestos en el curso de segundo de bachillerato por la Conselleria de Educación, al considerarlos “abusivos”.

Sin embargo, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal autonómico ha dictado dos autos que rechazan suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat.

Los magistrados han desestimado así las medidas cautelarísimas solicitadas por los sindicatos CSIF y CCOO contra la resolución dictada el pasado 7 de mayo por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

El tribunal considera que se dan las razones de urgencia extraordinaria para resolver sobre las peticiones de las dos organizaciones sindicales sin dar traslado previo para que se pronuncien a la Administración demandada y al Ministerio Fiscal, ante el inicio de la huelga.

El pronunciamiento de la Sala no entra en el fondo del asunto, pues es el objeto del recurso y requiere de un análisis más profundo, pero rechaza las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos recurrentes al no apreciar en la resolución impugnada una “evidente falta de motivación” ni tampoco una “notoria y evidente falta de proporcionalidad en los servicios establecidos”.

“Desde el ángulo de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y al observar los porcentajes de los servicios mínimos establecidos y su fundamentación, la Sala no encuentra evidentes y ostensibles defectos de motivación ni desproporciones notorias”, concreta uno de los autos.

El TSJ-CV alude al “obvio interés general del funcionamiento del servicio público educativo”, así como al derecho fundamental a la educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución española, “que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

“Es consustancial a la huelga en los servicios públicos que los usuarios de esos servicios se enfrenten a molestias, distorsiones e incertidumbres relativas. Ahí reside la capacidad de presión de los trabajadores y su capacidad de negociación con el empleador. Pero el derecho de huelga encuentra un primer límite al enfrentarse a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la educación”, argumentan los magistrados.

Evitar “incertidumbres o zozobras” con la EBAU

En esa línea, destacan especialmente los derechos e intereses de los alumnos de segundo de Bachillerato, que próximamente se van a enfrentar a la prueba de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad), que es “un hito muy destacado de sus vidas académicas y también de sus respectivos futuros profesionales”.

La Sala constata en este punto “un relevante interés general en que todos esos alumnos afronten esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba”.

Es precisamente por la ponderación de los intereses en conflicto y la consideración de que el interés general de esos alumnos es “preponderante” por lo que el TSJ-CV desestima las peticiones de los sindicatos.

Se trata de la primera huelga indefinida en el sector de Educación desde 1988, convocada por todos los sindicatos. La Conselleria de Educación ha cifrado la participación de la huelga en un 24%. Por su parte, los sindicatos han elevado la participación a más del 80%.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha rechazado el recurso de los propietarios de una vivienda que fueron condenados a abonar 25.104,52 euros a una empresa de reformas por el incremento presupuestario en la rehabilitación de su casa.

El conflicto se originó en 2021 a raíz del contrato entre el recurrente y una empresa de interiorismo para la reforma integral de su vivienda, con un presupuesto inicial de 107.998,20 euros más IVA. A lo largo de la ejecución, se produjeron diversos cambios consensuados entre los propietarios, los técnicos y la constructora. Aunque se abonaron las certificaciones de junio, agosto y octubre de 2021, estas no recogían las modificaciones reales, por lo que las partes acordaron realizar una liquidación final basada en la obra realizada.

Por ello, a finales de octubre de 2021 se entregó un documento de mediciones provisionales y, una vez finalizados los trabajos en enero de 2022, se concretaron los datos finales. En ese periodo, el propietario solicitó actuaciones adicionales en la segunda planta que no estaban contempladas en el plan original, pero que resultaban imprescindibles para obtener la financiación bancaria solicitada, lo que generó un sobrecoste de 7.600 euros.

Por último, la empresa presentó una liquidación final con un saldo pendiente de 51.653,36 euros, cuantía que motivó esta reclamación judicial. El procedimiento de instancia concluyó con una estimación parcial de la demanda, condenando a los propietarios al pago de 25.104,52 euros a la mercantil.

La sentencia desestima la falta de congruencia alegada, confirmando que la resolución de instancia atendió todas las pretensiones de las partes conforme a la normativa procesal. El núcleo de la disputa reside en la reclamación del pago de una obra frente a la oposición del propietario, quien alegaba defectos y partidas no ejecutadas.

El tribunal fundamenta que un presupuesto cerrado inicial no impide modificaciones posteriores si estas cuentan con la autorización del dueño, la cual puede ser verbal o tácita al aceptar las obras sin oposición. En este caso, aunque el demandado sostenía que los trabajos en la primera planta estaban incluidos en el contrato original, la documentación técnica demostró que dicha zona debía quedar inicialmente vacía, “en bruto”. Por tanto, lo que se hizo allí fue un extra fuera de lo pactado pero que fue aceptado por el propietario, determinando la obligación de abonar el precio resultante.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la sentencia que condenó a diez años de prisión a un hombre por agredir gravemente a otro en un establecimiento público de Valencia de las Torres (Badajoz), debiendo indemnizarle con 63.489 euros por las severas secuelas.

La sentencia relata cómo el acusado increpó y amenazó repetidamente a un conocido en un bar durante la madrugada del 24 de diciembre de 2023. Mientras la víctima estaba distraída, le propinó por sorpresa un fuerte codazo en el rostro. La agresión, realizada con clara intención lesiva, lo dejó inconsciente en el suelo con una fractura craneal.

El afectado, de 32 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que requirió intervención especializada en neurocirugía y otorrinolaringología. Tras un proceso de curación de 131 días, han persistido secuelas permanentes: anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida parcial del gusto) y presenta una notable sordera en el oído derecho, además de una cicatriz facial.

El recurrente denuncia un error en la valoración de la prueba, alegando una infracción del derecho a la presunción de inocencia respecto al ánimo de lesionar, la agravante de alevosía y la omisión de la atenuante por intoxicación etílica, bajo el argumento de que el testimonio de la víctima y de un único testigo de cargo resultan insuficientes.

No obstante, el tribunal sostiene que la declaración de la víctima fue sólida, coherente y creíble, constituyendo una prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia conforme a la doctrina del Tribunal Supremo. Aunque el afectado no recuerda el momento exacto de la agresión tras perder el sentido por el impacto, sí relató con claridad las amenazas previas recibidas tanto ese día como en fechas anteriores. A esto se suma el testimonio de cuatro testigos imparciales y conocidos de la localidad, sin motivos de venganza, a quienes el tribunal otorga plena credibilidad. Por el contrario, la declaración del procesado presentó contradicciones que restaron veracidad a su versión.

Finalmente, la resolución judicial considera incuestionable la conexión entre la agresión y las lesiones. La intención de lesionar se desprende de la violencia y la naturaleza fulgurante e inesperada del golpe, lo que descarta la tesis de la imprudencia. De este modo, queda acreditado un dolo genérico de lesionar que asume los resultados graves derivados de la acción.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación.

La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 ha decidido remitir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una denuncia de Vox por las obras que realizó en su domicilio el ex 'número dos' de Chivite en el PSN y parlamentario foral, Ramón Alzórriz. Las obras las realizó la empresa Adentro Construimos, la misma a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó los cuatro contratos para la reconstrucción del parque natural de Sendavida tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022. La magistrada ha admitido a trámite la querella que interpuso Vox por el presunto troceamiento de estos contratos.

Según expone la jueza en el auto, Alzórriz está aforado por ser parlamentario. Así ha dado traslado de la denuncia al TSJN. Alzórriz presentó su dimisión como vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario tras reconocer que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública tras encontrar en el domicilio de Alonso un contrato por el que le vendió a Santos Cerdán el 45% de las participaciones de la compañía.

“Se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias y se deduce una pieza al TSJ de Navarra para investigar al aforado señor Alzórriz, que es la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época gloriosa en la que se cocía toda la corrupción en Navarra”, ha señalado el presidente provincial de Vox en Navarra, José María García Elorz, que ha reclamado a Alzórriz que entregue su acta de parlamentario.

En cuanto a las obras de Sendaviva, el parque de la naturaleza gestionado por Parquenasa, una sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene una participación del 45% a través de la sociedad pública NICDO, la jueza ha admitido a trámite la querella. Tras los incendios de junio de 2022, el parque quedó inutilizado y el Gobierno navarro adjudicó a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas. Los cuatro contratos se quedan al límite de superar esos 200.000 euros, superando tres de ellos los 1980.000 euros.

Tras ser denunciado por Vox en verano del 2025, ahora la jueza incoa diligencias previas y ordena el traslado de la querella a los no aforados -el dueño de la empresa constructora y el exgerente del parque Sendaviva-, el requerimiento a la Intervención General del Gobierno de Navarra de los informes elaborados sobre los contratos de reconstrucción de Sendaviva tras el incendio de 2022, y el envío de la documentación a la Cámara de Comptos para que emita un informe sobre la licitud del fraccionamiento de los contratos, según ha informado el partido de extrema derecha en una nota de prensa.

La magistrada no ha admitido la querella contra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, al no haberse aportado inicialmente el poder especial para su interposición, si bien Vox ha asegurado que se trata de un error electrónico “que será subsanado en los próximos días”.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un guardia civil, ratificando así la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que le condenó por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El agente ha sido condenado al pago de una multa de 2.700 euros, una indemnización de 643,82 euros y la retirada del permiso de conducir durante un año y nueve meses.

Según los hechos probados, el incidente ocurrió el 15 de diciembre de 2024. El recurrente se dirigía en un vehículo oficial de la Guardia Civil hacia el Centro Penitenciario de Cáceres cuando, al intentar detenerse en la zona de acceso, engranó por error la marcha atrás y colisionó con un vehículo de la Policía Nacional.

Los agentes locales que acudieron a realizar el atestado detectaron síntomas evidentes de embriaguez. En ese momento, el acusado admitió haber consumido alcohol en una churrería y manifestó su intención de solicitar una “baja psicológica de dos años”. Las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados de 0,73 y 0,71 mg/l, triplicando la tasa permitida.

La defensa basaba su recurso en que el consumo de alcohol se había producido entre el choque y la realización del test, hecho que rebate la Sala al relacionar el momento de la colisión, las 9:25, y la personación de la policía local, a las 10:30. “En ese transcurso de una hora es materialmente imposible, como se afirma en la sentencia de instancia, que saliera del centro penitenciario y volviera”, señalan los magistrados, especialmente a la vista de la declaración del agente de seguridad del recinto, pues le hubiera visto salir y regresar. Por ello, el tribunal considera que no existe ninguna vulneración de carga de la prueba, practicada con todas las garantías legales y fundamentada en la sentencia de instancia.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Castilla-La Mancha cuenta con una nueva Comisión de Seguimiento Regional para revisar, aplicar y coordinar los protocolos de violencia machista entre instituciones de distintos niveles, Sanidad, Justicia y Servicios Sociales, con la intención de mejorar la atención a las víctimas y crear un canal único para tramitar los casos. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, han presidido en Albacte la constitución de dicho órgano.

Simón ha catalogado la creación de este nuevo cuerpo, en el que participa el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha o los colegios de Enfermería, Trabajo Social y Educación Social, como “un mensaje hacia la sociedad en el que decimos que estamos unidos frente a la violencia machista y la desigualdad”.

La responsable regional de Igualdad ha remarcado que la nueva organización responde al acuerdo entre instituciones firmado el pasado 25 de noviembre en el Palacio de Fuensalida en Toledo.

La primera reunión servirá, según ha detallado, para iniciar la constitución de las diferentes comisiones provinciales de cara a “trabajar sobre el terreno y de forma más cercana en los territorios” y actualizar protocolos que tenían anteriormente, que databan en algunos casos de hace más de 15 años.

Deberíamos dejar de tirarnos los trastos a la cabeza los partidos políticos, entonar el mea culpa

La consejera ha valorado que la violencia machista es una cuestión en la que “deberíamos dejar de tirarnos los trastos a la cabeza los partidos políticos, entonar el mea culpa” y centrarse en mejorar los sistemas de protección a las mujeres.

En referencia al fallo ocurrido hace meses con las pulseras electrónicas de seguimiento, la consejera ha concretado que no se pueden “denostar” los sistemas de protección hacia las mujeres, porque “eso solamente genera inseguridad y empodera a los agresores”. “Hablamos de mecanismos electrónicos que hay que entender que hay veces que pueden fallar, pero lo importante es que los protocolos que están detrás estén funcionando y las mujeres estén protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha afirmado Simón.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha descrito que el nuevo acuerdo marco entre instituciones sitúa a la región “dentro de las comunidades más punteras en las herramientas estructuradas de coordinación” contra la violencia machista.

El nuevo cuerpo busca lograr “una confluencia de todo el sistema en una misma red” para asistir a las víctimas dentro de “un circuito único” que comparta un mismo protocolo. Esto permitirá ahorrar tiempos, que no haya duplicidad y que acelere y mejore no sólo el proceso judicial, ya que se empieza desde la primera atención sanitaria“ hasta el final del proceso.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón rechaza pronunciarse sobre el proceso judicial que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre. El exdirigente popular, que confiesa que “es difícil mantener el silencio” en estos momentos, insiste en mantenerse a raya sobre los pasos de la instrucción.

El expresidente ha realizado estas precisiones en los pasillos de las Corts Valencianes durante la celebración del pleno de este miércoles, en una semana marcada por las novedades judiciales. Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó la decisión de no investigarle, considerando que el anterior jefe del Consell no tenía una posición de garante porque la legislación no le atribuía específicamente un deber jurídico de actuación. El martes, la jueza de instrucción acordó aplazar su declaración testifical hasta que la Audiencia de Valencia resuelva sobre su recurso en el que solicita poder personarse en la causa. La magistrada le ha solicitado aportar voluntariamente los mensajes de whatsapp de aquel día, algo que el expresidente no ha aclarado si hará.

Aunque ha apuntado que “no suele hablar sobre los procesos”, por “respeto”, Mazón sí ha ironizado: “No lo hacía cuando parecía que lo más importante era si me había puesto o me había quitado un jersey y no lo hago ahora, cuando la unanimidad de las instituciones jurisdiccionales han declarado muy claramente lo que veníamos diciendo desde hace tiempo”, en referencia a la decisión del TSJ. “Se trata de principios y hay que mantenerlos”, ha insistido.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado un recurso presentado por una paciente que sufrió daños irreversibles tras ser intervenida en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, y ha condenado al Sergas a indemnizarla en más de 50.000 euros, según una sentencia con fecha del pasado 26 de marzo.

Según recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en 2016, cuando la mujer fue intervenida para la implantación de una malla suburetral como parte del tratamiento de una incontinencia de esfuerzo. A raíz de esta operación, la mujer sufrió lesiones en el nervio pudendo, con consecuencias irreversibles, tales como dolor crónico intenso o imposibilidad de mantener relaciones sexuales.

La mujer presentó una reclamación ante el Sergas, que le fue denegada, y un juzgado de Santiago validó inicialmente ese rechazo, al no quedar probada la mala praxis médica, ya que la indicación de la cirugía había sido correcta, la neuralgia es una complicación “posible” y no se constató el uso de una técnica defectuosa.

No obstante, el TSXG ha estimado el recurso porque, aunque no hubiera mala praxis y no se haya podido probar un error del cirujano, debe aplicarse la 'doctrina del daño desproporcionado', “debido a la evidente asimetría entre la intervención programada y el resultado obtenido”.

Así, recuerda que la paciente se sometió a una operación por una patología que no compromete la integridad vital, “y el resultado ha sido una lesión neurológica bilateral crónica con dolores quemantes y punzantes de gran intensidad”. En estas circunstancias, expone el TSXG, se produce “una inversión de la carga de la prueba” y no es la paciente la que debe probar el error del cirujano, sino la Administración la que debe demostrar una causa fortuita o de fuerza mayor que rompa el nexo causal (entre la intervención y el resultado lesivo).

Al no haber podido explicar el Sergas de forma coherente por qué la colocación de esa malla terminó lesionando los nervios, la Sala concluye que el daño es “jurídicamente insoportable”, y esa conclusión se apuntala por el hecho de que no ha sido posible retirar la malla por “motivos técnicos”. “Esta circunstancia sitúa a la paciente en un escenario de desamparo que agrava la desproporción: no solo sufrió una lesión inesperada en una cirugía, sino que el sistema sanitario admite que no puede retirar el agente causante”, señala el TSXG en su sentencia.

Por todo ello, revoca la sentencia de instancia y anula la resolución del Sergas que denegó la reclamación, reconociendo el derecho de la paciente a ser indemnizada en 50.427,76 euros más intereses legales. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación.

El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado, por unanimidad, los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos.

“La defensa de la exposición razonada que todos los recurrentes —principales y adhesivos— hacen en sus escritos no llega al extremo de proporcionar razones bastantes de la equivocación de la Sala a la hora de valorar y concluir sobre la posición de garante del aforado y la existencia de indicios serios y fundados que conduzcan a la competencia de la Sala”, indica el auto notificado este lunes a las partes.

El alto tribunal autonómico ratifica así, íntegramente, y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, el auto que dictó el pasado 16 de marzo, tras la exposición razonada elevada por la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

El TSJ-CV rechaza que el auto recurrido haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, pues dicho derecho “no garantiza un resultado concreto, sino solamente el derecho a obtener una resolución motivada, razonable y fundada en derecho”.

En este caso, apostilla la Sala, “el rechazo está debidamente explicado” y en él se responde “tanto a la ausencia de ese cuadro indiciario de cierto nivel que se precisa para entender que la conducta activa del aforado pudiera ser constitutiva de un delito de homicidio imprudente como a la imposibilidad de apreciar el carácter delictivo en el actuar por omisión que se atribuye al, en aquel tiempo, presidente de la Generalitat”.

El aforamiento de Mazón no abusa “de derecho alguno”

Por otro lado, los magistrados desestiman la solicitud de no aplicar la prerrogativa del aforamiento al exjefe del Consell, pues no aprecian en su adquisición de la condición de diputado autonómico “abuso de derecho alguno”.

En esta línea, señalan que ya era diputado con anterioridad al 29 de octubre de 2024 y lo sigue siendo en la actualidad, por lo que no existe un paralelismo, como sostenían los recurrentes, con el denominado 'caso Gallardo', resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

“Allí se trataba de un supuesto de adquisición sobrevenida de la condición de parlamentario de las Cortes de aquella Comunidad Autónoma por quien hasta ese momento carecía de fuero procesal”, precisa el TSJ-CV, y se había obtenido justo antes de la apertura del juicio oral, lo que no ocurre en el caso de Mazón, quien figura como diputado de la XI legislatura desde su inicio (el 26 de junio de 2023).

El auto desestima también el resto de las alegaciones de los recurrentes y reitera los argumentos ya expuestos en la resolución del pasado 16 de marzo y que confluyeron en su decisión de declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para investigar al expresident de la Generalitat y de dictar el archivo de las actuaciones.

Sin “deber jurídico de actuación”

De este modo, alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo e insiste en que el análisis de las normas autonómicas “pone de manifiesto inequívocamente” que al entonces jefe del Ejecutivo valenciano “no se le atribuía un deber jurídico de actuación” en la gestión de la emergencia, y por tanto no tenía la posición de garante.

Por otro lado, el TSJ-CV repite en esta resolución que no aprecia los indicios de delito sólidos y cualificados que requiere la jurisprudencia, en cuanto a la supuesta participación activa del aforado en el envío del mensaje de alerta a la población.

Malas noticias para los 14 acusados de narcotráfico en el Puerto de València que fueron absueltos al cuestionar el tribunal la prueba clave de los chats encriptados de la aplicación SKY ECC, entregada por las autoridades judiciales francesas. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado el recurso del fiscal antidroga, Ismael Teruel, contra la absolución, declarando nula la sentencia y obligando al mismo tribunal, sin necesidad de repetir el juicio oral, a dictar una nueva resolución que tenga en cuenta los comprometedores chats “excluidos so pretexto de su irregularidad”.

La resolución del alto tribunal autonómico, que es firme y cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Ferrer, recuerda que la investigación se inició antes de obtener los chats desencriptados por las autoridades policiales belgas, francesas y holandesas, con el hallazgo en un control rutinario (el 25 de agosto de 2020) de un contendor abierto en el Puerto de València con 117 kilos de cocaína en su interior. “No podemos ignorar los antecedentes del caso”, afirma el TSJ-CV.

Los investigadores se centraron en analizar los camiones que habían entrado al Puerto en aquellas fechas y las sospechas recayeron “particularmente” en dos vehículos que accedieron “para salir poco después sin haber recogido nada”, gracias a una orden de transporte emitida por la empresa Avanza Logistics SL y posteriormente anulada. El hallazgo, según las pesquisas policiales, podía formar parte de un envío “más amplio” de alrededor de 1.650 kilos de cocaína, que “pudiera haber llevado a cabo un grupo organizado con infiltraciones en el Puerto”.

Y, “unos meses después”, la investigación recibió la información de inteligencia policial francesa con los chats desencriptados de la aplicación SKY-ECC que los policías españoles pudieron acreditar que correspondían a los acusados (por referencias a asuntos personales como cumpleaños de familiares) y al alijo de coca.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que absolvió el pasado 23 de enero a los 14 acusados, cuestionó de plano la validez de la principal prueba, aceptando los reparos de las defensas de los presuntos narcos por no haber podido acceder a los datos en bruto proporcionados por las autoridades francesas en el marco de una Orden Europea de Investigación (OEI). La absolución de los presuntos narcos, tal como informó este diario, propició cierto estupor entre las autoridades policiales y judiciales europeas, al haberse convertido los chats desencriptados en la prueba clave de decenas de procedimientos contra el crimen organizado en varios países.

Por el contrario, el TSJ-CV otorga plena validez a la prueba, en la línea mantenida por el Tribunal Supremo en casos muy similares relativos a la aplicación EncroChat.

“En contra de lo pretendido por las defensas”, afirma la sentencia, “no podemos hacer esa falta de acceso a los datos brutos por sí misma equivalente a una situación de indefensión, sino que deberemos valorar si en este caso concreto las defensas han tenido ocasión de debatir las pruebas obtenidas a raíz de la OEI librada”.

Aval a la “integridad” de los datos

El TSJ-CV avala la “integridad” de los datos aportados por las autoridades francesas, que las defensas deslizaban que podían haber sido manipulados “en origen”. La sentencia recuerda que los chats desencriptados afectan a unos 70.000 usuarios de distintos países (la aplicación supuestamente impenetrable se puso de moda en ambientes del crimen organizado), “cuyo acceso, tal como desarrolla la propia resolución, puede ser limitado al haberse declarado ciertos aspectos secreto de Estado”.

El alto tribunal cuestiona que un perito de la defensa pudiera haber accedido “de una forma amplia” a la totalidad de los datos en bruto. Además, sostiene que las defensas alegaron meras “objeciones genéricas” por una eventual pérdida de datos —“que no necesariamente debe producirse”— a la hora de transformar el formato original de los archivos en Excel.

“Para eludir los inconvenientes puestos de manifiesto a través de esa genérica exposición, obligaría a llevar a cabo un minucioso y amplio examen de la base de datos original, para contrastar que está todo tal como se obtuvo tras la intervención original llevada a cabo por las autoridades policiales francesas, belgas y holandesas, en busca de una posible merma que se ignora realmente se haya producido, ni que necesariamente ha de haberse producido”, argumenta la resolución, que considera “prácticamente inviable” el desarrollo de una prueba de tal calibre.

“Se alega la cuestión [por parte de las defensas] desde un punto de vista estrictamente formal y de una forma genérica, sin la más mínima concreción sobre qué datos les pudieran beneficiar, o qué datos se han omitido”, concluye.

Por otro lado, el servidor de la aplicación SKY-ECC, situado en Francia, “almacena una ingente cantidad de datos, no solo atinente a esta causa, lo que hace cuestionable que se permitiera un acceso incontrolado a la misma por las autoridades de dicho país, como de hecho se llegó a afirmar por alguna de las partes en la vista llevada a cabo durante la tramitación del recurso, o cuando menos haría exigible un mayor esfuerzo de precisión”.

La sentencia cuestiona de plano la absolución inicial de los acusados, entre los que figuran los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet.

Una absolución “contradictoria”

El alto tribunal autonómico coincide con el fiscal en que la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Valencia “es contradictoria, dado que tras entender la intervención plenamente legítima desconoce completamente su contenido repeliéndola del proceso como si de una prueba nula se tratara”.

Por otro lado, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV también alude a las diligencias de investigación posteriores que permitieron la identificación de los acusados como usuarios de los chats en cuestión gracias a “menciones profesionales, personales y familiares de los interlocutores que igualmente permiten asociarlos a una persona concreta”.

“Sin olvidar”, apostilla la sentencia, “que se intervino en el Puerto un importante alijo de cocaína por lo que en el contexto de la conversación pueden igualmente aparecer datos y referencias, directamente relacionados con ese hecho objetivo que pueden así, junto a las demás referencias, importantes indicios de culpabilidad”.

La “necesaria colaboración” dentro del Puerto

Además, también consolida la prueba con el principio de no indagación, que impide que los distintos Estados y sus respectivas autoridades puedan entrometerse en la legitimidad de la normativa de otros países, ni fiscalizar sus investigaciones tomando como parámetro la regulación interna propia.

La sentencia abunda en que la medida de injerencia autorizada ante supuestos de especial gravedad o relacionados con la delincuencia organizada está plenamente acorde con el ordenamiento procesal francés, que la considera “constitucional y lícita”.

El TSJ-CV también arguye los “importantes indicios” contra los 14 acusados y describe el Puerto de València como un “ámbito cerrado” con entradas y salidas de camiones que requieren, en el caso del narcotráfico, la “necesaria colaboración de personas vinculadas” a la gigantesca infraestructura.

Si las cuatro plazas de refuerzo con las que cuenta la jueza de la dana no se pudieran cubrir en una comisión de servicios, mediante la bolsa de interinos “se intentaría” que fueran las mismas personas que han trabajado en el juzgado de Catarroja. Ese fue el condicional que usó este miércoles Nuria Martínez, consellera de Justicia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su reunión con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, David Castellá. Martínez acudió al Palacio de Justicia de la localidad de l'Horta Sud tras la polémica por la decisión de estabilizar las plazas de refuerzo del juzgado que instruye la causa de la dana, un movimiento que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra lamentó en un auto dictado el pasado 10 de abril por la “gran dilación en la instrucción” que podría suponer, al desmantelar el “equipo” formado por las funcionarias de refuerzo, muy familiarizadas con un procedimiento que acumula 56 tomos de sumario, 400 piezas de perjudicados y en el marco de la cual ya se han celebrado 555 testificales (además de un centenar de testigos pendientes de declarar).

Las cuatro funcionarias recibieron este pasado martes la notificación de su cese, según ha podido saber elDiario.es. Aunque la titular de Justicia arguyó el “firme compromiso” de la Generalitat de “garantizar” que la jueza instructora “siga contando con los mismos recursos materiales y humanos” y el “mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en las condiciones y con los medios adecuados”, el hecho de que no asegure fehacientemente la continuidad de las mismas trabajadoras de refuerzo inquieta de cara a la continuación de la causa.

A pesar de que las plazas se ofertarán en comisión de servicios, “es muy probable” que no se cubran ya que, “entre otras cosas, no cobran guardias”, según indican fuentes judiciales. Por otro lado, en caso de que se recurriera a interinos, “con casi total seguridad serían otras personas, que no solo desconocerían la causa, sino que en muchas ocasiones no tienen formación”, apostillan las mismas fuentes.

La “conveniencia de mantener al mismo personal”

Y eso que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), en la comisión del pasado 15 de abril, acordó —por unanimidad— solicitar a la conselleria (que ostenta las competencias en la materia) que se mantuviera “al mismo personal” con el que ha contado la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico, remitido “a los efectos oportunos” a la directora general de Justicia, María José Adalid, rezaba: “En cuanto al mantenimiento de los refuerzos de funcionarios actualmente existentes para la atención a la plaza 3 de Catarroja, y a la vista del comunicado recientemente emitido por la Conselleria de Justicia, por el que indica que el eventual cese de dichos refuerzos responde a una fase previa al proceso de creación y consolidación de los correspondientes puestos de trabajo con carácter estructural, y asimismo, el compromiso manifestado por la Conselleria de dotar al Juzgado de Catarroja de los medios materiales y humanos necesarios, esta Sala pone de relieve la especial trascendencia que la continuidad de los refuerzos tiene para el adecuado funcionamiento del órgano, por lo que confía en que se adopten las medidas necesarias para garantizar dicha continuidad, preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”.

Por otro lado, la Sala de Gobierno del TSJ-CV también consideraba “igualmente necesario asegurar la continuidad del servicio público sin interrupciones, en aquellos supuestos de mayor criticidad, para lo que deberá valorarse especialmente la conveniencia de mantener al mismo personal, en atención a la calidad del servicio y a la estabilidad organizativa”.

Si les quatre places de reforç amb què compta la jutgessa de la dana no es pogueren cobrir en una comissió de serveis, mitjançant la borsa d’interins “s’intentaria” que foren les mateixes persones que han treballat en el Jutjat de Catarroja. Aquest va ser el condicional que va usar dimecres Nuria Martínez, consellera de Justícia del Govern de Juan Francisco Pérez Llorca, després de la seua reunió amb el president del Tribunal d’Instància de Catarroja, David Castellá. Martínez va acudir al Palau de Justícia de la localitat de l’Horta Sud arran de la polèmica per la decisió d’estabilitzar les places de reforç del jutjat que instrueix la causa de la dana, un moviment que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra va lamentar en una interlocutòria dictada el 10 d’abril passat per la “gran dilació en la instrucció” que podria suposar, en desmantellar l’“equip” format per les funcionàries de reforç, molt familiaritzades amb un procediment que acumula 56 toms de sumari, 400 peces de perjudicats i en el marc de la qual ja s’han celebrat 555 testificals (a més d’un centenar de testimonis pendents de declarar).

Les quatre funcionàries van rebre dimarts passat la notificació del seu cessament, segons ha pogut saber elDiario.es. Encara que la titular de Justícia va argüir el “ferm compromís” de la Generalitat de “garantir” que la jutgessa instructora “continue comptant amb els mateixos recursos materials i humans” i el “mateix nombre de funcionaris per a poder dur a terme la instrucció en les condicions i amb els mitjans adequats”, el fet que no assegure fefaentment la continuïtat de les mateixes treballadores de reforç inquieta amb vista a la continuació de la causa.

A pesar que les places s’oferiran en comissió de serveis, “és molt probable” que no es cobrisquen, ja que, “entre altres coses, no cobren guàrdies”, segons indiquen fonts judicials. D’altra banda, en cas que es recorreguera a interins, “quasi amb total seguretat serien altres persones, que no sols desconeixerien la causa, sinó que moltes vegades no tenen formació”, postil·len les mateixes fonts.

La “conveniència de mantindre el mateix personal”

I això que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la comissió del 15 d’abril passat, va acordar —per unanimitat— sol·licitar a la conselleria (que deté les competències en la matèria) que es mantinguera “el mateix personal” amb què ha comptat la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra.

L’acord de la Sala de Govern de l’alt tribunal autonòmic, remés “als efectes oportuns” a la directora general de Justícia, María José Adalid, deia: “Quant al manteniment dels reforços de funcionaris actualment existents per a l’atenció a la Plaça 3 de Catarroja, i a la vista del comunicat emés fa poc per la Conselleria de Justícia, pel qual indica que l’eventual cessament d’aquests reforços respon a una fase prèvia al procés de creació i consolidació dels corresponents llocs de treball amb caràcter estructural, i així mateix, el compromís manifestat per la Conselleria de dotar el Jutjat de Catarroja dels mitjans materials i humans necessaris, aquesta Sala posa en relleu l’especial transcendència que la continuïtat dels reforços té per al funcionament adequat de l’òrgan, per la qual cosa confia que s’adopten les mesures necessàries per a garantir aquesta continuïtat, preferentment mitjançant el manteniment del mateix personal, evitant interrupcions a partir del 30 de juny”.

D’altra banda, la Sala de Govern del TSJCV també considerava “igualment necessari assegurar la continuïtat del servei públic sense interrupcions, en els supòsits de més criticitat, per a la qual cosa haurà de valorar-se especialment la conveniència de mantindre el mateix personal, en atenció a la qualitat del servei i a l’estabilitat organitzativa”.

La primera decisión de María Azucena Recio tras llegar a la presidencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue trasladar por la fuerza a los jueces Luís Villares y María Dolores López de la Sección Tercera –la que estudia los casos de los parques eólicos– a la Cuarta. Una medida que ha encendido todas las alarmas porque Villares había sido señalado reiteradamente por el PP y la patronal eólica, contrariados por unas sentencias que no tomaba en solitario, sino como miembro de una Sección que, según Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), queda ahora “desmantelada”. Dos años antes, la Xunta ya había tratado de evitar a esos mismos magistrados. Para ello, cambió su estructura de gobierno, y traspasó las atribuciones sobre la instalación de aerogeneradores de la Consellería de Economía e Industria a la de Medio Ambiente. Según el reparto del TSXG, los asuntos ambientales recaen en la Sección Segunda que, en aquel momento, estaba presidida por la propia Recio. Entonces no funcionó, pero esta semana, Recio ha firmado un acuerdo gubernativo para asegurarse de que sea la Segunda la que decida en un procedimiento sobre una línea de alta tensión que une tres parques paralizados por la Tercera.

Tras la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en febrero de 2024, el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 24 de abril publicó el decreto que fijaba la estructura de las consellerías de la Xunta. Entre los cambios que se hacían oficiales, destacaba el traspaso de las competencias en “materia de instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables” de Industria a Medio Ambiente. “En particular”, citaba el texto, al departamento que dirige Ángeles Vázquez le tocaría, en adelante, la “autorización administrativa de las instalaciones de parques eólicos y de sus instalaciones de conexión, así como la declaración de su utilidad pública”. Lo hacía, dijo Rueda en su discurso de investidura, para “centralizar y reforzar” toda la tramitación normativa.

Cinco días antes, un post del PP gallego en la red social X acusaba a uno de los miembros de la Sección Tercera, Luís Villares, de ser “juez y parte”. Los populares acusaban a Villares, líder de En Marea entre 2016 y 2020 de haber “intentado paralizar todos los proyectos industriales de Galicia” durante esa etapa. En marzo de 2026, Villares y su compañera María Dolores López fueron trasladados forzosamente a la Sección Cuarta por la presidenta de la Sala de lo Contencioso, María Azucena Recio, que había tomado posesión una semana antes tras competir por el cargo con Villares. XXpD alertó de que se trasladaba la imagen de que el Poder Judicial “se doblaba a los intereses de algunas de las partes”. La asociación progresista Xustiza e Sociedade pidió al Consejo General del Poder Judicial que aclarase si existió desviación de poder en esa decisión.

Del DOG al TSXG

La Xunta no tardó de tratar de trasladar su nueva estructura a la acción judicial. Poco después de la aprobación del nuevo diseño, probó suerte en las alegaciones previas a la demanda contra la construcción del parque eólico de Seselle, en el entorno del Monte do Gato, en el concello coruñés de Oza Cesuras. Los vecinos, en pie de guerra, alegaban que había 16 viviendas a menos de 500 metros de la instalación, además de bienes patrimoniales y naturales. El parque era uno de los seis que formaban parte del macrocomplejo eólico promovido por Greenalia –donde ocupaba un alto cargo la exconselleira del ramo, Beatriz Mato– y Galenergy. En enero de 2023 había recibido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable.

En el escrito enviado a la Sección Tercera, el gobierno gallego consideraba que la impugnación de esa decisión tenía “carácter ambiental” y “dado que el reparto de asuntos aprobado por la Sala de Gobierno atribuye a la Sección Segunda de la Sala el conocimiento de los asuntos en materia ambiental, es a esa Sección y no a la Tercera a la que le corresponde el conocimiento del presente procedimiento”. La presidenta de la Sección Segunda era, por aquel entonces, María Azucena Recio.

El intento cayó en saco roto. En su respuesta, la Sección Tercera acusa a la Xunta de tratar de cometer un “fraude procesual prohibido” al pretender “hacer pasar una norma de reparto entre secciones como una cuestión de competencia”. Pero, además, le señala que el litigio “no versa sobre una resolución dictada en materia ambiental”, sino sobre la autorización de la construcción de un parque eólico, “es decir, una instalación industrial, materia que es propia de la industria e innovación tecnológica, cuyo conocimiento le corresponde a esta Sección Tercera”.

Las alegaciones del gobierno gallego fueron rechazadas en marzo de 2025 por los cinco magistrados de la sección. Dos meses después, el tribunal decidía suspender cautelarmente la autorización del parque eólico de Seselle. Lo basó en su cercanía a las viviendas pero, también, en el hecho de que los vecinos consiguieron “acreditar indiciariamente la existencia de elementos ambientales altamente sensibles, bien por estar catalogados, bien por tratarse directamente de especies con distinto grado de protección o peligro”. La instalación, concluía la sentencia, amenazaba con “causar un grave daño a valores ambientales sensibles”. La Xunta no volvió a ensayar esa estrategia.

Una nueva “vuelta de tuerca”

Sin embargo, el ascenso de Recio a presidenta de la Sala ha venido acompañado de novedades también en este sentido. La primera –adelantada por La Voz de Galicia– se conoció a principios de mes: fue la decisión de desestimar la suspensión de la línea de alta tensión diseñada para evacuar la energía de los parques eólicos de Campelo, Bustelo y Monte Toural (A Coruña), todos ellos impulsados por Greenalia y paralizados por la Sección Tercera del TSXG. En este caso, el cambio de criterio vino acompañado de un cambio de sección: la desestimación fue obra de la Sección Segunda.

Los denunciantes, la asociación ecologista Petón do Lobo, presentaron entonces un escrito solicitando que el asunto pasase, como venía siendo habitual, a la Sección Tercera. Recio respondió esta misma semana. Emitió un acuerdo gubernativo en el que explica que ese procedimiento, “de acuerdo con las normas de reparto vigentes desde 2023, es competencia de la Segunda, pues es sobre una cuestión medioambiental”, según explica una portavoz del TSXG. Por ese mismo motivo, añade, “no admite discusión”, algo que sí tendría, pone como ejemplo, “una cuestión de competencia entre diferentes órganos judiciales”.

Desde el alto tribunal se insiste en que no ha habido “ningún cambio de criterio” desde la publicación de las competencias de cada sección en el Boletín Oficial del Estado del 27 de diciembre de 2023. “La Segunda es competente en medio ambiente; y la Tercera, en industria y minas. Otra cosa es que la tercera, a la hora de resolver asuntos que le llegan por industria o minas, pueda aludir a cuestiones medioambientales”, aseguran. Ese reparto lo realiza el funcionariado de la Oficina de Registro y no magistrados del TSXG. Estos sí tienen “potestad” para “remitir el procedimiento a otra sección si desde la oficina se lo reparten, por ejemplo, a la Segunda por medioambiente y ven que el fondo del asunto trata sobre industria o expropiaciones, por lo que lo derivarían a la Tercera”, concluye.

Por su parte, XXpD mostraron su “preocupación” por la que definen como “sorpresiva reinterpretación” de las normas de reparto. En un comunicado emitido este mismo viernes destacan que, en un “cambio radical” se hayan retirado de la Sección Tercera “las autorizaciones administrativas industriales”, como las de los parques eólicos, lo que va “en contra del criterio aplicado en los últimos años”.

Esto, recuerdan, sucede “tras años de reiteradas presiones mediáticas, políticas y empresariales por las suspensiones cautelares” de instalaciones que dictaminó el órgano “y después del también sorpresivo cambio forzoso de Sección” de parte de sus integrantes. La asociación enmarca esta “vuelta de tuerca” en la “batería de medidas gubernativas” que, desde la toma de posesión de Recio, “afectan, sin que advirtamos una explicación razonable, a la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG”. “Una situación”, finalizan, “que no podemos contemplar en silencio”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 250.000 euros a un paciente que sufrió una demora en la intervención que necesitaba tras padecer un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto tribunal gallego ha incrementado de 150.000 a 250.000 euros la indemnización que le corresponde a la víctima al considerarla “más ajustada a derecho”.

De esta manera, acoge parcialmente el recurso de apelación presentado contra la sentencia de la Plaza número 2 de la Sección Contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela.

El fallo explica que el paciente fue inicialmente atendido en el hospital Ribera Povisa tras sufrir una hemorragia subaracnoidea, teniendo que aguardar más de 15 horas para ser derivado al Cunqueiro, hospital de referencia en estos casos.

Los jueces subrayan que “ningún protocolo” obliga a esperar en un pronóstico así, mientras que “queda acreditada la existencia de guías que obligan a actuar lo antes posible”.

“Debemos concluir que no hacerlo supuso una infracción clara de la lex artis ad hoc. Es decir, la no realización de la intervención que estaba pautada en las guías y que además tenía como uno de sus efectos principales evitar la producción de un resangrado que al producirse empeoró el pronóstico del paciente”, añaden.

Precisamente, el estado final del varón es de “gran invalidez” con dependencia “total” y con un grado de discapacidad del 95%.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso contra la misma.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha aprobado en su reunión de este miércoles elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta para renovar otros seis meses el refuerzo judicial con que cuenta la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye la causa por la gestión de la dana.

Esa medida de apoyo, vigente hasta el próximo 30 de junio, consiste en una comisión de servicio por la que una jueza asume el funcionamiento ordinario del órgano judicial, de forma que la magistrada titular pueda dedicarse en exclusiva a la instrucción de las diligencias previas 692/2024.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y magistrados de la Comunitat Valenciana ha adoptado este acuerdo después de que la magistrada haya prorrogado el plazo de instrucción del procedimiento otros seis meses, a partir del próximo 30 de abril, con informe favorable del Ministerio Fiscal y sin oposición de ninguna de las partes.

Paralelamente a la propuesta de prórroga del refuerzo judicial, el secretario de gobierno iniciará las gestiones oportunas con el Ministerio de Justicia para logar que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) asignada como refuerzo a esa causa sea prorrogada en sus funciones otros seis meses.

Por último, la Sala de Gobierno del TSJ-CV destaca en su acuerdo de hoy “la especial transcendencia” que tiene para el “adecuado funcionamiento” de este órgano judicial la continuidad de los refuerzos de funcionarios.

En esta línea, a la vista del comunicado emitido recientemente por la Conselleria de Justicia, confía en que se “adopten las medidas necesarias para garantizar dicha continuidad, preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”.