La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, antigua CRTVG y que agrupa a la TVG y a la Radio Galega, intentó imponer al cuadro de personal un “protocolo general que tiene como objeto la tramitación de las medidas de conciliación” sin abrir negociación con la representación sindical. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tumbado la iniciativa, condenado a la empresa pública por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, anulado el documento y obligado a indemnizar a los sindicatos que habían presentado la demanda: CUT, UGT y Comisións Obreiras.

Según la sentencia, dictada por la Sala de lo Social, “cualquier documento de este tipo que afecte de forma colectiva a las condiciones de trabajo de la plantilla debe pasar obligatoriamente” por la mesa de negociación o el comité intercentros “en virtud del derecho a la negociación colectiva”. La cúpula de la compañía quiso evitar el trámite al enviar un texto a las centrales, “una propuesta de instrumento de ordenación de las solicitudes de conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, y conceder 15 días para presentar alegaciones. Los sindicatos se negaron, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa insistió en su táctica y el comité intercentros -del que forman parte CUT con cinco delegados, CIG con tres, UGT con 2, USO y Comisións uno cada uno- replicó con una propuesta de apertura de mesa de negociación. La empresa se negó y anunció que aplicaría unilateralmente el protocolo. Ahora el Tribunal Superior “considera que no es legalmente posible que la CSAG imponga unilateralmente un protocolo de conciliación sin abrir una negociación colectiva con el comité intercentros”. “Existe, por tanto, una vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho a la libertad sindical”, concluye.

La sala deja sin efecto el mencionado documento y obliga a la CSAG a pagar 7.501 euros a cada uno de los tres sindicatos denunciantes en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Contra la resolución, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico ha solicitado una valoración de la sentencia a la compañía pública gallega, pero de momento no ha recibido respuesta.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el veto de la Delegación del Gobierno a la petición de residencia temporal por circunstancias sobrevenidas (concretamente, por haber sufrido la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 231 fallecidos) de un ciudadano colombiano escudándose en un informe policial desfavorable al solicitante. El informe de la Dirección General de la Policía excluyó al hombre, vecino de Benetússer y con arraigo familiar, por sus antecedentes policiales contra la seguridad del tráfico y falsedad documental, concluyendo que su conducta podía suponer una amenaza al orden público y a la seguridad.

La defensa del ciudadano de origen colombiano, que ejerce el abogado Fran Raga, vincula el antecedente policial con el uso de un vehículo en un contexto laboral (de camino al trabajo). Una vez recurrida la resolución denegatoria, el titular de la Plaza número 9 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València concluyó que el informe policial desfavorable reseñaba una conducta que no evidenciaba la “entidad suficiente como para denegar la autorización de residencia solicitada”.

La resolución en primera instancia reprochaba a la Administración la falta de valoración de los demás requisitos para pedir la residencia y consideraba que el antecedente policial “no debe ser tenido en cuenta para denegar al recurrente la autorización solicitada”.

“Ninguna” valoración del informe policial

Tras un recurso de la Delegación del Gobierno, el TSJ-CV ha vuelto a dar la razón al solicitante, un hombre con hijos residentes legales en España. La sentencia, dictada el pasado 29 de junio, concluye que la subdelegación del Gobierno en València “no puso en práctica la más mínima (ninguna) actividad de valoración del informe policial desfavorable”. También afirma que las alegaciones contienen “afirmaciones erróneas”.

La resolución del alto tribunal autonómico, que no es firme, echa en falta una mínima ponderación de los antecedentes policiales e impone las costas procesales por un importe de 800 euros a la Administración del Estado.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat el veto de la Delegació del Govern a la petició de residència temporal per circumstàncies sobrevingudes —concretament, per haver patit la dana del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 231 víctimes mortals— d’un ciutadà colombià, fonamentat en un informe policial desfavorable al sol·licitant. L’informe de la Direcció General de la Policia va excloure l’home, veí de Benetússer i amb arrelament familiar, pels seus antecedents policials contra la seguretat viària i per falsedat documental, i concloïa que la seua conducta podia suposar una amenaça per a l’ordre públic i la seguretat.

La defensa del ciutadà d’origen colombià, que assumeix l’advocat Fran Raga, vincula l’antecedent policial amb l’ús d’un vehicle en un context laboral, de camí al treball. Una vegada recorreguda contra la resolució denegatòria, el titular de la plaça número 9 de la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d’Instància de València va concloure que l’informe policial desfavorable ressenyava una conducta que no evidenciava “prou entitat per a denegar l’autorització de residència sol·licitada”.

La resolució de primera instància retreia a l’Administració la falta de valoració de la resta de requisits per sol·licitar la residència i considerava que l’antecedent policial “no ha de ser tingut en compte per denegar al recurrent l’autorització sol·licitada”.

“Cap” valoració de l’informe policial

Després d’un recurs de la Delegació del Govern, el TSJ valencià ha tornat a donar la raó al sol·licitant, un home amb fills residents legals a Espanya. La sentència, dictada el passat 29 de juny, conclou que la Subdelegació del Govern a València “no va posar en pràctica la més mínima (cap) activitat de valoració de l’informe policial desfavorable”. També afirma que les al·legacions contenen “afirmacions errònies”.

La resolució de l’alt tribunal valencià, que encara no és ferma, troba a faltar una mínima ponderació dels antecedents policials i imposa les costes processals, per un import de 800 euros, a l’Administració de l’Estat.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido una sentencia en la que establece la cesión ilegal de los 13 trabajadores de mantenimiento y conducción del aeropuerto de Loiu y les reconoce la condición de indefinidos en Aena, según ha informado CSIF País Vasco. En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha celebrado esta sentencia que ha estimado el recurso presentado en relación con la situación laboral de estos trabajadores, declarando la existencia de cesión ilegal entre AENA y CIMC-Tianda Airport Services y EFS Mantenimiento y Servicios Técnicos S.L. Se les ha reconocido la condición de indefinidos no fijos en AENA.

Para CSIF, esta resolución supone un “importante respaldo” a las reivindicaciones defendidas durante todo el procedimiento y refuerza su compromiso con la defensa de los derechos laborales de la plantilla. Durante la tramitación del procedimiento, se ha puesto de relieve el “papel esencial” que desempeñan los 13 trabajadores de EFS Mantenimiento y Servicios Técnicos S.L. en el funcionamiento diario del aeropuerto, ha apuntado la central sindical, para añadir que la sentencia permite poner en valor la labor que desarrollan estos trabajadores, y “trasladar a la sociedad y a las instituciones la importancia de un colectivo profesional, cualificado y esencial para la operatividad del aeropuerto”.

En su opinión, el procedimiento judicial también ha contribuido a “visibilizar las condiciones laborales del personal externalizado y la necesidad de avanzar hacia modelos que garanticen una mayor igualdad de trato y de oportunidades”. CSIF ha anunciado que continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales de los empleados de los servicios de mantenimiento y conducción y seguirá defendiendo la equiparación de derechos y condiciones con otros trabajadores que desarrollan funciones similares en la red aeroportuaria.

CSIF presentó una demanda ante los Juzgados por entender la existencia de conflicto colectivo por cesión ilegal a AENA de 13 trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios en el aeropuerto realizando funciones de conducción, operación, mantenimiento y custodia de las pasarelas de embarque/desembarque de pasajeros. La pretensión principal era declarar cesión ilegal y que los 13 trabajadores pasaran a ser fijos indefinidos de AENA.

El Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao desestimó la demanda y consideró que no existía cesión ilegal, por lo que CSIF recurrió ante el TSJPV, que en su fallo revoca la sentencia del Juzgado, y entiende que sí existe cesión ilegal de trabajadores entre AENA y las empresas contratistas (CIMC y EFS), y se reconoce a los 13 trabajadores la condición de indefinidos no fijos en la empresa. La resolución judicial no concede la fijeza plena (fijos de plantilla) porque, siguiendo la jurisprudencia del TS, los trabajadores no han superado un proceso selectivo de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La secció primera de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalat la sanció de 60.000 euros a l'empresa Medena Import Export SL, imposada arran de la fugida a la carrera de huit recol·lectors de taronja en plena inspecció de treball.

L'apartat de fets provats de la sentència ressenya que el 24 de novembre de 2021 la Inspecció de Treball va acudir al paratge de la Matanza, al municipi de Fortuna (Múrcia), a la finca Fenoll —situada a tocar de la frontera amb la província d'Alacant—, “i quan es va identificar com a tal, almenys huit persones que estaven recol·lectant taronges van eixir corrent sense que la Policia els atrapara, mentre que altres huit persones es van quedar i van ser identificades”.

L'empresa que explotava la finca Fenoll, domiciliada a Almoradí (Alacant) i dedicada al comerç a l'engròs de fruites i hortalisses, va entregar quatre dies més tard les nòmines de huit treballadors i els contractes d'altres tants. El Jutjat Social número 6 d'Alacant va avalar la sanció imposada per la Inspecció de Treball. Després d'un recurs de la mercantil, el TSJ-CV ha confirmat els 60.000 euros de sanció en descartar la caducitat del procediment al·legada per l'empresa.

La sentència, de la qual ha sigut ponent el magistrat Jacobo Pin, delimita la qüestió de fons a determinar si hi va haver o no obstrucció de la labor inspectora. L'empresa descartava qualsevol negativa i matisava que es va produir una “impossibilitat puntual d'identificar en l'acte les persones treballadores a causa de la seua fugida”, esmenada posteriorment amb l'aportació de la documentació dels contractes i els parts de treball.

El recurs de l'empresa, amb un resultat pròxim al mig milió d'euros en l'últim exercici declarat davant del Registre Mercantil, concloïa que es va acreditar la identitat dels treballadors fugits mitjançant “comunicacions posteriors” i argumentava que una sanció per obstrucció “suposaria exigir una prova diabòlica a la mercantil”.

El TSJ-CV, per la seua banda, recorda que els funcionaris de la Inspecció de Treball, que gaudeixen de presumpció de certesa, “van poder observar personalment la fugida” dels huit recol·lectors de taronja.

La resolució de l'alt tribunal autonòmic també esgrimeix la jurisprudència del Tribunal Suprem i afirma que “el fet que foren les persones treballadores les que fugiren del centre de treball davant la presència de la Inspecció no impedeix apreciar la culpabilitat de l'empresa”.

A més, la sentència afig: “Resulta difícil de creure que, trobant-se dos capatassos de la mercantil en el moment dels fets, no tingueren en el seu poder les dades identificatives de les persones treballadores que van fugir de la finca per a poder aportar-les a la Inspecció actuant en aquell moment”.

La resolució, que no és ferma, imposa les costes processals a l'empresa per un import de 800 euros.

La sección primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalado la sanción de 60.000 euros a la empresa Medena Import Export SL, impuesta tras la huida a la carrera de ocho recolectores de naranja en plena inspección de trabajo.

El apartado de hechos probados de la sentencia reseña que el 24 de noviembre de 2021 la Inspección de Trabajo acudió al paraje La Matanza de la localidad de Fortuna (Murcia), en la Finca Fenoll —situada a tiro de piedra de la frontera con la provincia de Alicante—, “y cuando se identificó como tal, al menos ocho personas que estaban recolectando naranjas salieron corriendo sin que la Policía les diese alcance, quedándose otras ocho personas que fueron identificadas”.

La empresa que explotaba la Finca Fenoll, domiciliada en Almoradí (Alicante) y dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas, entregó cuatro días más tarde las nóminas de ocho trabajadores y los contratos de otros tantos. El Juzgado de lo Social número 6 de Alicante avaló la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo. Tras un recurso de la mercantil, el TSJ-CV ha confirmado los 60.000 euros de sanción al descartar la caducidad del procedimiento alegada por la empresa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jacobo Pin, acota la cuestión de fondo a si hubo o no obstrucción de la labor inspectora. La empresa descartaba negativa alguna y matizaba que se produjo una “imposibilidad puntual de identificar en el acto por la huida de las personas trabajadoras”, subsanada posteriormente con la aportación de la documentación de los contratos y los partes de trabajo.

El recurso de la empresa, con uno resultado cercano al medio millón de euros en el último año declarado ante el Registro Mercantil, concluía que se cumplió la acreditación de la identidad de los trabajadores huidos mediante “comunicaciones posteriores” y argüía que una sanción por obstrucción “sería exigir una prueba diabólica a la mercantil”.

El TSJ-CV, por su parte, recuerda que los funcionarios de la Inspección de Trabajo, que gozan de presunción de certeza, “pudieron observar personalmente la huida” de los ocho recolectores de naranja.

La resolución del alto tribunal autonómico también esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo y afirma que “el que hecho de que fueran las personas trabajadoras las que huyeran del centro de trabajo ante la presencia de la Inspección no impide la apreciación de culpabilidad por parte de la empresa”.

Además, la sentencia añade: “Resulta difícil de creer que encontrándose dos capataces de la mercantil en el momento de los hechos, los mismos no tuviesen en su poder los datos identificativos de las personas trabajadoras que huyeron de la finca para poder aportárselos a la Inspección actuante en ese momento”.

El fallo, que no es firme, impone las costas procesales a la empresa por un importe de 800 euros.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha anul·lat la resolució de la Generalitat que va excloure una sol·licitant d'ajudes a l'habitatge en aplicar-li incorrectament la normativa. La sentència, que no és ferma, ha sigut dictada quasi dos anys després que la dona interposara un recurs de reposició contra la resolució de l'aleshores Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, dirigida per la vicepresidenta Susana Camarero.

L'exclusió de la sol·licitant es va produir en plena polèmica per la gestió del Consell de Carlos Mazón de les ajudes al lloguer, que va deixar fora 4.000 persones i que va coincidir amb la dimissió de la directora general d'Habitatge, Ana Caballer.

La Generalitat va considerar que la dona superava l'import màxim de la renda establit per a la zona de València (770 euros). No obstant això, la defensa de la sol·licitant va esgrimir que la renda del lloguer aportada, amb un import de 800 euros, incloïa les despeses de comunitat, tal com s'especificava en una clàusula del contracte de lloguer.

La normativa de la Generalitat vigent en aquell moment establia que, si no s'especificava l'import de les despeses de comunitat, calia entendre que representaven un 5% de la renda del lloguer.

“El càlcul que fa la part demandant és que el 5% de 800 euros són 40 euros, que s'han de restar i que suposen un arrendament, a aquests efectes, de 760 euros al mes. Com que el límit són 770 euros al mes, s'hauria d'haver donat per esmenat aquest requisit, tal com va assenyalar en el recurs de reposició, que no va rebre resposta expressa”, afirma la sentència de l'alt tribunal autonòmic.

El TSJ-CV avala el càlcul de les despeses de comunitat i conclou que la dona “té dret a l'ajuda sol·licitada”.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha anulado la resolución de la Generalitat que excluyó a una solicitante de ayudas a la vivienda al aplicarle incorrectamente la normativa. La sentencia, que no es firme, ha sido dictada casi dos años después de que la mujer interpusiera un recurso de reposición contra la resolución de la entonces Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, dirigida por la vicepresidenta Susana Camarero.

La exclusión de la solicitante se produjo en plena polémica por la gestión del Consell de Carlos Mazón de las ayudas para el alquiler, que dejó fuera a 4.000 personas y que coincidió con la dimisión de la directora general de Vivienda, Ana Caballer.

La Generalitat consideró que la mujer superaba el importe máximo de la renta establecido para la zona de València (770 euros). Sin embargo, la defensa de la solicitante esgrimió que la renta de alquiler aportada, con un importe de 800 euros, englobaba los gastos de comunidad, tal como se especificaba en una cláusula del contrato de alquiler.

La normativa de la Generalitat vigente en aquel momento establecía que, si no se especificaba el importe de los gastos de comunidad, debía entenderse que suponían un 5% de la renta del alquiler.

“El cálculo que hace la parte demandante es que el 5% de 800 euros son 40 euros, que se deben restar y que suponen un arrendamiento a estos efectos de 760 euros al mes. Siendo que el límite son 770 euros al mes, se tendría que haber dado por subsanado este requisito como señaló en el recurso de reposición que no recibió respuesta expresa”, afirma la sentencia del alto tribunal autonómico.

El TSJ-CV avala el cálculo de los gastos de comunidad y concluye que la mujer “tiene derecho a la ayuda solicitada”.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ya con nueva composición sin los magistrados Luís Villares y Dolores López trasladados de forma forzosa a la sección cuarta, ha resuelto por unanimidad acoger el recurso de Adega y paralizar el parque Pena do Pico, que impulsa Greenalia con autorización de la Xunta en los Ancares lucense.

Este auto con fecha de 15 de junio de 2026, recogido por Europa Press, la Sala sostiene que “tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”.

En una pieza separada de medidas cuatelares, este auto da la razón a la asociación ecologista Adega y estima su solicitud de decretar la suspensión de las autorizaciones previas y de construcción emitidas por la Xunta.

“El hecho de que las codemandadas”, en referencia a Xunta y Greenalia, “invoquen un interés público general (como la transición energética), no lo convierte automáticamente en prevalente, ya que dicho interés debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno regulado en la DIA (declaración ambiental) y los informes sectoriales”, deja claro el TSXG. “Ninguna norma valida, ni en sede cautelar ni sustantiva/principal, el desarrollo de un proyecto industrial si puede menoscabar algún elemento del medio susceptible de protección”, avisa.

En concreto, se trata de la primera paralización cautelar adoptada en un contencioso eólico tras el polémico traslado de jueces entre secciones, cuestión recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Adega censura que esos cambios fueron “una maniobra aplaudida sin disimulo por la Xunta, que achacó a la supuesta parcialidad de Villares la paralización del sector eólico del TSXG”.

Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental de la Xunta

Esta resolución recoge los argumentos de Adega que apunta a la existencia de peligro de daño jurídico ('periculum in mora') por la afección a elementos de patrimonio natural, ya que se autorizó en un territorio (municipio de Baralla y Quiroga, en los Ancares lucenses), designado por la propia Xunta para ampliar la Red Natura 2000, considerado como zona de exclusión eólica por parte del Ministerio. Apunta a la presión sobre especies amenazadas como el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido.

El Tribunal indica que la documentación aportada por Adega “goza de un indubidable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado por esta Sala”.

Al respecto, Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental del Gobierno gallego, que “ejerce más como expedidora de permisos que como garante del patrimonio y del interés público”. “Este Auto del TSXG apunta directamente a las graves carencias en la tramitación administrativa del proyecto, particularmente en el que alcanza a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, agrega.

Una sentència de la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) obri la porta que dues concessionàries sanitàries es queden sense la indemnització que reclamen a la Generalitat —un pastís valorat en un total de 45,8 milions d'euros— per les derivacions de pacients a l'Institut Valencià d'Oncologia (IVO). L'alt tribunal autonòmic ha desestimat el recurs de Ribera Salud, propietat del Grup Vivalto Santé, contra la resolució de la Conselleria de Sanitat que va desestimar les seues al·legacions sobre la reclamació amb què l'empresa sol·licitava que se li perdonaren els 8,4 milions assumits pels comptes autonòmics per les derivacions a l'IVO entre els exercicis 2012 i 2018 al departament de salut d'Alzira. La sentència, que no és ferma, resol el primer dels nou litigis que mantenen Ribera Salud i Sanitas amb la Generalitat per la derivació de pacients a l'IVO, una fundació privada vinculada a la família de Manuel Llombart, exconseller del PP de Sanitat.

Es tracta d'un escenari complex de caràcter triangular. El model de sanitat privatitzada del PP valencià, pioner a Espanya, establia les condicions econòmiques de la concessió en cada àrea en funció de la càpita (el resultat de multiplicar la prima per persona per la població total protegida), la denominada facturació intercentres i una tercera partida corresponent a l'incentiu per l'estalvi en la prestació farmacèutica mitjançant recepta. La facturació intercentres comprén l'assistència especialitzada a la població protegida que es factura primer al concessionari i, de manera recíproca en una segona fase, a la Conselleria de Sanitat.

No obstant això, en matèria de derivacions oncològiques entrava en joc un tercer actor: l'IVO, com a proveïdor privat amb el qual la Generalitat també manté relacions contractuals. La Conselleria de Sanitat i l'IVO van signar un acord per a l'atenció oncològica al qual les concessionàries dels departaments de salut es podien adherir, una opció que Ribera Salud va declinar.

Així, en el període objecte del litigi, en què l'empresa ostentava la concessió del departament de salut d'Alzira (entre 2012 i 2018), la fundació privada va tractar pacients oncològics d'aquesta àrea, bé per derivació o bé per lliure elecció (fins a 2015, la lliure elecció era únicament interdepartamental i limitada a determinades especialitats, entre les quals no figurava l'oncologia).

L'anterior batalla judicial de l'IVO

Abans de 2012, l'impagament per part de l'Administració autonòmica a l'IVO dels tractaments prestats als pacients de departaments de salut gestionats per concessionàries privades va motivar que la fundació de la família de Manuel Llombart interposara un recurs per a reclamar els imports corresponents als exercicis 2009, 2010 i 2011.

El 2014, mentre Llombart era precisament conseller de Sanitat del Consell d'Alberto Fabra, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de València va estimar el recurs de l'IVO i va condemnar la Generalitat a assumir el cost dels tractaments oncològics. És a dir, va obligar el departament autonòmic dirigit per Llombart a pagar a la fundació de la seua pròpia família.

En el marc del mateix procediment, la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV va concloure dos anys més tard, el 2016, que l'Administració autonòmica estava obligada a pagar en la mesura que mantenia una relació jurídica amb l'IVO que era “determinant” de la prestació sanitària de què havien gaudit els pacients de l'àrea de salut d'Alzira, tot i que la fundació oncològica i Ribera Salud “no mantenien cap relació entre elles”.

La sentència distingia entre els pacients atesos en virtut de l'exercici del seu dret de lliure elecció (amb les corresponents quantitats que havien de ser abonades per l'Administració a l'IVO i, en una segona fase, mitjançant la “pertinent acció de repetició”, per Ribera Salud a la Conselleria de Sanitat) i els que havien sigut atesos per derivacions de la mateixa concessionària, que havien de ser satisfetes directament a l'IVO.

El canvi de criteri del TSJ-CV

No obstant això, el TSJ-CV ha modificat el seu criteri. La qual cosa s'explica perquè aquella sentència de la mateixa sala i secció, dictada fa una dècada, comptava amb un vot particular d'Edilberto Narbón (al qual es va adherir la magistrada Rosario Vidal) que considerava que la Generalitat havia d'abonar la totalitat de les factures reclamades per l'IVO, fora quin fora el motiu que originara la prestació, “tant la lliure elecció del pacient com la derivació efectuada per la concessionària”.

“Plantejada de nou aquesta qüestió en el present procediment, per raó de la diferent composició de la secció que el resol, modifiquem el nostre criteri en el sentit de convertir en majoritària la postura del vot particular emés en aquella sentència (...)”, afirma la resolució del passat 30 de juny, de la qual ha sigut ponent la magistrada Rosario Vidal.

La sentència, que Ribera Salud estudia recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem, destaca que l'empresa va acceptar “formalment” —en un document del 31 de gener de 2025 signat per l'aleshores president, Alberto de Rosa, la CEO, Elisa Tarazona, i la directora financera, Sonia Hernández— el compromís d'acceptar l'abonament del saldo de 16,6 milions d'euros per derivacions oncològiques a l'IVO en relació amb els departaments de salut d'Alzira, Dénia, Torrevieja i Elx-Crevillent, tot reservant-se, això no obstant, el dret d'exercir les accions legals que considerara oportunes en defensa dels seus interessos.

D'aquest import total de 16,6 milions d'euros, la quantia corresponent al departament de salut d'Alzira ascendia a 8,4 milions, que havia assumit inicialment la Generalitat. La sentència del TSJ-CV es pronuncia, específicament, sobre la reclamació d'aquest import, a l'espera de la resolució dels altres huit procediments, que també inclouen Sanitas com a recurrent (en relació amb una quantia total de 29,2 milions d'euros).

La sentència alerta del perill del “doble pagament”

El pagament dels 45,8 milions per part de Ribera Salud i Sanitas es va executar després de l'informe del Tribunal de Comptes, del qual va informar aquest diari, que qüestionava l'abonament per part de la Generalitat Valenciana de les derivacions reclamades per l'IVO, en considerar que hauria pagat dues vegades pel mateix servei.

Les dues empreses van sol·licitar com a mesura cautelar que se les eximira del pagament fins que es resolguera el recurs, una opció que els va ser denegada. La recent sentència del TSJ-CV aplana el camí per a descartar el conjunt de les reclamacions de les dues empreses de la sanitat privada.

El TSJ-CV també sosté que Ribera Salud, representada per la lletrada Rosa Vidal, del despatx Broseta Abogados, ni tan sols “ha acreditat la incorrecció de la xifra prèviament acceptada”, en referència a l'import de 16,6 milions d'euros ressenyat en l'informe signat per l'expresident de l'empresa, que va ser destituït pocs mesos després, després de 28 anys al capdavant del grup sanitari.

La resolució, coincidint amb la tesi de la Conselleria de Sanitat, avala que la Generalitat actua, per a l'abonament de les assistències oncològiques, com una mera “intermediària”, perquè no existeix cap vincle contractual entre l'IVO i Ribera Salud, titular de la concessió. “Es tracta de quantitats prèviament satisfetes per la Generalitat per a reclamar-les posteriorment a la concessionària (...)”, recorda la sentència.

“Procedir d'una altra manera, havent-se prestat l'assistència, implicaria no sols un doble pagament per part de l'Administració, sinó també un enriquiment injust per a la concessionària”, conclou el TSJ-CV.

Una sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) abre la puerta a que dos concesionarias sanitarias se queden sin la indemnización que reclaman a la Generalitat —un pastel valorado en un total de 45,8 millones de euros— por las derivaciones de pacientes al Instituto Valenciano de Oncología (IVO). El alto tribunal autonómico ha tumbado el recurso de Ribera Salud, propiedad del Grupo Vivalto Santé, contra la resolución de la Conselleria de Sanitat que desestimó sus alegaciones sobre la reclamación que solicitaba la empresa para que se le perdonaran los 8,4 millones asumidos por las cuentas autonómicas por las derivaciones al IVO entre los ejercicios 2012 y 2018 en el departamento de salud de Alzira. La sentencia, que no es firme, resuelve el primero de los nueve litigios que mantienen Ribera Salud y Sanitas con la Generalitat por la derivación de los pacientes al IVO, una fundación privada vinculada a la familia de Manuel Llombart, exconseller del PP de Sanitat.

Se trata de un complejo escenario de carácter triangular. El modelo de sanidad privatizaba del PP valenciano, pionero en España, establecía las condiciones económicas de la concesión en cada área en función de la cápita (el resultado de multiplicar la prima por persona por la población total protegida) y la denominada facturación intercentros, además de una tercera partida correspondiente al incentivo por ahorros en la prestación farmacéutica mediante receta. La facturación intercentros comprende la asistencia especializada a la población protegida que se factura primero al concesionario y, de forma recíproca en una segunda fase, a la Conselleria de Sanitat.

Sin embargo, en materia de derivaciones oncológicas entraba en juego un tercer actor: el IVO, como proveedor privado con el que la Generalitat también mantiene relaciones contractuales. La Conselleria de Sanitat y el IVO firmaron un acuerdo para la atención oncológica al que las concesionarias de los departamentos de salud se podían adherir, una opción declinada por Ribera Salud.

Así, en el periodo objeto de litigio en que la empresa ostentaba la concesión del departamento de salud de Alzira (entre 2012 y 2018), la fundación privada trató a pacientes oncológicos de esa área, bien por derivación o bien por libre elección (hasta 2015, la libre elección era únicamente interdepartamental y limitada a determinadas especialidades, entre las que no figuraba la oncología).

La anterior batalla judicial del IVO

Antes de 2012, el impago por parte de la Administración autonómico al IVO de los tratamientos prestados a los pacientes de departamentos de salud gestionados por concesionarias privadas motivó que la fundación de la familia de Manuel Llombart interpusiera un recurso para reclamar los importes correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

En 2014, mientras Llombart era precisamente conseller de Sanitat del Ejecutivo autonómico de Alberto Fabra, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de València estimó el recurso del IVO y condenó a la Generalitat a asumir el coste de los tratamientos oncológicos. Es decir, obligó al departamento autonómico dirigido por Llombart a pagar a la fundación de su propia familia.

En el marco del mismo procedimiento, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV concluyó dos años más tarde, en 2016, que la Administración autonómica estaba obligada a pagar en la medida en que ostentaba una relación jurídica con el IVO que era “determinante” de la prestación sanitaria de que habían disfrutado los pacientes del área de salud de Alzira, pese a que la fundación oncológica y Ribera Salud “carecían de relación alguna entre ellos”.

La sentencia distinguía entre los pacientes atendidos en virtud del ejercicio de su derecho de libre elección (con las consecuentes cantidades que debían ser abonadas por la Administración al IVO y, en una segunda fase mediante la “oportuna acción de repetición”, por Ribera Salud a la Conselleria de Sanitat) y los que habían sido atendidos por derivaciones de la propia concesionaria, que debían ser satisfechas directamente al IVO.

El cambio de criterio del TSJ-CV

Sin embargo, el TSJ-CV ha modificado su criterio. Lo cual se explica porque aquella sentencia de la misma sala y sección, dictada hace una década, contó con un voto particular de Edilberto Narbón (al que se adhirió la magistrada Rosario Vidal) que consideraba que la “Generalidad” debía abonar la totalidad de las facturas reclamadas por el IVO fuera cual fuera el motivo que originó la prestación, “tanto la libre elección del paciente como la derivación operada por la concesionaria”.

“Planteada de nuevo esta cuestión en el presente procedimiento, por razón de la distinta composición de la sección que lo resuelve, modificamos nuestro criterio en el sentido de hacer mayoritaria la postura del voto particular emitido en aquella sentencia (...)”, afirma la resolución del pasado 30 de junio, de la que ha sido ponente la magistrada Rosario Vidal.

La sentencia, que Ribera Salud estudia recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, destaca que la empresa aceptó “formalmente” —en un documento del 31 de enero de 2025 firmado por el entonces presidente, Alberto de Rosa, por la CEO, Elisa Tarazona, y por la directora financiera, Sonia Hernández— el compromiso de aceptación del abono del saldo de 16,6 millones de euros por derivaciones oncológicas al IVO en relación con los departamentos de salud de Alzira, Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillente, reservándose por lo demás su derecho a ejercitar las acciones legales que estimara oportunas en defensa de sus intereses.

De ese monto total de 16,6 millones de euros, la cuantía correspondiente al departamento de salud de Alzira ascendía a 8,4 millones, que había sido asumida inicialmente por la Generalitat. La sentencia del TSJ-CV dictamina, específicamente, sobre la reclamación de ese importe, a la espera de la resolución de los otros ocho procedimientos, que también incluyen a Sanitas como recurrente (en relación con una cuantía total de 29,2 millones de euros).

La sentencia alerta del peligro del “pago doble”

El pago de los 45,8 millones por parte de Ribera Salud y Sanitas se ejecutó tras el informe del Tribunal de Cuentas, del que informó este diario, que cuestionó el abono por parte de la Generalitat Valenciana de las derivaciones reclamadas por el IVO (al considerar que habría pagado dos veces por el servicio).

Las dos empresas solicitaron como medida cautelar que se les eximiera del pago hasta que se resolviera el recurso, opción que les fue denegada. La reciente sentencia del TSJ-CV allana el camino para descartar el conjunto de las reclamaciones de las dos firmas de la sanidad privada.

El TSJ-CV también sostiene que Ribera Salud, representada por la letrada Rosa Vidal, del despacho Broseta Abogados, ni siquiera “ha acreditado la incorrección de la cifra previamente aceptada”, en referencia al importe de 16,6 millones de euros reseñado en el informe firmado por el expresidente de la empresa, que fue destituido pocos meses después tras 28 años al frente del grupo sanitario.

La resolución, coincidiendo con la tesis de la Conselleria de Sanitat, avala que la Generalitat actúa para el abono de las asistencias oncológicas como una mera “intermediaria”, al no existir vínculo contractual entre el IVO y Ribera Salud, titular de la concesión. “Se trata de cantidades previamente satisfechas por la Generalitat para su posterior reclamación a la concesión (...)”, recuerda la sentencia.

“Proceder de forma distinta, habiéndose prestado la asistencia, implicaría no solo un pago doble de la Administración, sino también un enriquecimiento sin causa para la concesión”, concluye el TSJ-CV.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de obligar a Ciudad Real a devolver nombres vinculados a la dictadura franquista a cinco de sus espacios públicos no es solo un revés administrativo, es un choque frontal contra el espíritu democrático de la mayoría de la ciudadanía.

Por ello, la postura del Ayuntamiento de Ciudad Real, con su Alcalde a la cabeza, debe ser la de recurrir judicialmente esta sentencia por ser una obligación moral y política con los vecinos.

Las leyes de memoria histórica y democrática en España no nacieron para reabrir heridas, sino para cerrarlas sobre una base de justicia, reparación y no repetición. Desde Podemos Ciudad Real defendemos que mantener en el callejero a figuras estrechamente vinculadas con el régimen franquista contradice el marco legislativo actual.

El Ayuntamiento tiene el deber de velar por que el espacio público —que pertenece a todos los ciudadrealeños, sin distinción— sea un lugar de encuentro democrático y respetuoso con los derechos humanos.

El callejero también es el reflejo de los valores democráticos de una sociedad moderna. Las calles de Ciudad Real deben homenajear a quienes construyeron convivencia, cultura, ciencia y progreso, no a quienes formaron parte de un periodo de fractura social y privación de libertades.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy. El espacio urbano educa, y el mensaje que enviamos a los jóvenes debe ser de concordia y libertad, y no de admiración al franquismo.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy

El alcalde no es solo un gestor de recursos; es el máximo representante de la voluntad y la dignidad de la ciudadanía. Al presentar el Recurso que proponemos, el Alcalde demostraría que su compromiso con la calidad democrática de la ciudad está por encima de reminiscencias franquistas; el no presentarlo demostraría que esas reminiscencias existen en su persona o/y en su partido, el PP.

La vía judicial es el cauce democrático para corregir una Sentencia que en Podemos Ciudad Real consideramos profundamente injusta, que no refleja lo ordenado en la vigente Ley de Memoria Democrática, ni el sentir mayoritario de una sociedad moderna como la ciudadrealeña. No se trata de borrar la historia, sino de decidir a quién honramos en el presente.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras decretar que le corresponde hacerlo a la concesionaria. Es la misma decisión que había tomado en 2022 y que, entonces, fue tumbada por el Tribunal Supremo al considerar que existían dudas sobre la “imparcialidad” del juez Luís Villares. “Salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” fue el argumento que utilizó la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, para trasladar a Villares y su compañera Dolores López a la sección cuarta desde una sección tercera donde habían sido duramente criticados por PP y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos. El entorno del juez considera esta nueva sentencia, emitida por un tribunal totalmente diferente, una “buena noticia” ya que “disipa las dudas sobre su imparcialidad” pero admiten que “llega tarde”.

Entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Cunqueiro poniendo en tela de juicio la “imparcialidad” de Villares, que fue líder de En Marea entre 2012 y 2016. Pese a que la Xunta de Alfonso Rueda lo había convertido en una de sus bestias negras, el juez, en todas sus resoluciones, había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente al fallo de los juzgados de instancia. Tras aceptar los recursos, el alto tribunal ordenó retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”. Esa sala es la que acaba de fallar en el mismo sentido que la anterior.

La decisión del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que es –según Xuíces e Xuízas para a Democracia– “habitual en la vida normal de los tribunales”, dio a una recién nombrada presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el argumento que necesitaba para “desmantelar” –el término es también de XXpD– la Sección Tercera, que llevaba tiempo en el objetivo de la derecha política y mediática por sus sentencias que llegaron a paralizar, de forma cautelar, más de 60 parques eólicos en Galicia.

Recio y Villares compitieron por la presidencia de la Sala y en el entorno del juez existe el convencimiento de que esa supuesta falta de imparcialidad fue determinante en el apoyo a su rival por parte de los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recio tomó posesión en mayo y en sólo unos días firmaba la resolución que enviaba a Villares y López a la Sección Cuarta. Se amparaba en lo dicho por el Supremo: “Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribió en una resolución en la que invocaba la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. Villares ha recurrido su traslado forzoso.

Antes, XXpD fue la primera entidad en oponerse. Consideraba que se estaba enviando a la sociedad el mensaje de que el TSXG se “doblaba” ante los intereses de las partes tras unas “inusuales” y “desmedidas” presiones. La asociación de juristas Xustiza e Sociedade pidió al CGPJ que aclarase si se podía entender “desviación de poder” en la decisión de Recio. La CIG, el principal sindicato gallego, junto a la asociación ecologista ADEGA han denunciado a la presidenta de la Sala por una posible prevaricación. Y la Fiscalía Superior de Galicia cree que los traslados adolecen de “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos”, lo que puede generar “apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad”.

La sentencia

La nueva sentencia del TSXG anula la emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, en la que se condenaba a la Xunta a reembolsar a la concesionaria del Cunqueiro el IBI correspondiente a 2019 por un importe cercano al millón de euros. Según la Sección Tercera, la documentación del contrato “no permitiría deducir racionalmente a un licitador medio” que los derechos y obligaciones que adquiría “resultarían distintos a los previstos en dicha documentación”. Particularmente, destaca “que en el caso de que el Ayuntamiento de VIgo eliminase la exención del IBI –como sucedió–, el Sergas debía garantizar la indemnidad del futuro concesionario”.

Los jueces explican así que rechazan “una interpretación al abrigo de la documentación complementaris que suponga generar una obligación” frente a “cualquier vicisitud surgida durante la ejecución del contrato por la que esta última dejase de disfrutar del beneficio fiscal previamente existente”.

En un tono que suena a reproche, la Sala destaca que, “ante la claridad de los términos del contrato”, la regla interpretativa del Código Civil “impide acudir a alambicadas interpretaciones extraídas de documentos que carecen de naturaleza contractual para constituir nuevas obligaciones no expresamente previstas y que contradicen de forma radical su clausulado”.

El fallo de la Sección Tercera no es firme y cabe presentar, una vez más, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) multa con 1.800 euros a un abogado por presentar un recurso elaborado con Inteligencia Artificial (IA) con reiteradas “incoherencias o invenciones”. En total, el magistrado ponente identificó 24 citas –y sus textos adicionados– “de libérrima creatividad jurídica”. La Sala de lo Social dará traslado de la resolución al Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, “a los efectos disciplinarios que procedan”.

Tal y como informa el propio TSXG, el auto explica que, si bien el letrado indica haber “reconocido los hechos, pedido disculpas e informado de lo ocurrido a su propio cliente, no ha ofrecido ”explicación suficiente sobre el modo en que tal resultado pudo haberse producido ni sobre la herramienta empleada“, es decir, ”qué IA utilizó“.

Los magistrados indican que “el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa en el ejercicio de la abogacía no es, en sí mismo, una práctica vedada”, pero advierten de que, tanto en el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, como la Instrucción 2/2026 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, señalan que debe de haber un “control humano consciente y efectivo”, así como que su uso está “restringido a la preparación o estudio -no a la elaboración del cuerpo del escrito procesal debido-”.

“La conclusión es clara” para los magistrados: “el uso de herramientas generativas obliga no solo a un control ex ante (evaluación del sistema de IA que se pretende utilizar), sino también ex post (verificación de los resultados arrojados: reserva de humanidad)”, subraya la Sala.

Partiendo del marco normativo y deontológico sobre el uso de la IA, el TSXG concluye que la conducta del abogado constituye una infracción merecedora de una corrección. Así, señala que tuvo “una forma de actuar poco diligente, al menos, cuando no directamente reveladora de una mala fe procesal, dado que no se ha comprobado la veracidad de las citas, su existencia y su literalidad, sino que o bien se han inventado directamente o bien se han asumido como válidas, tras la perniciosa –y habitual- alucinación de la inteligencia artificial utilizada para su redacción”.

Así, el TSXG recuerda que la buena fe procesal “impone a los profesionales que actúen ante los tribunales el deber de comportarse con lealtad, veracidad y coherencia, absteniéndose de conductas que, aun sin dolo, resulten contrarias a los deberes de honradez y rigor que presiden las relaciones entre las partes, sus representantes y el órgano jurisdiccional”, por lo que destaca que “la presentación de un recurso sustentado sobre una fundamentación jurisprudencial fabricada –al margen de que ello obedezca a simple negligencia y no a un propósito de engaño– constituye una infracción objetiva de dicho principio”.

Jurisprudencia “íntegramente inventada”

A ello añade que la conducta analizada “supone una vulneración de los deberes deontológicos más elementales que el ejercicio de la abogacía impone”. Además, incide en que “traiciona la confianza que su cliente ha depositado en él”, así como que “supone una falta de respeto” al TSXG, pues advierte de que suministrarle “una fundamentación jurisprudencial íntegramente inventada, con apariencia de rigor y de autenticidad, aumenta la carga de trabajo del Tribunal, desvirtúa la función del recurso y compromete la credibilidad del propio proceso, con independencia de la intención que hubiera guiado al autor del escrito”.

A la hora de fijar la cuantía de la sanción, los magistrados resaltan que la legislación les faculta para imponer una multa de 600 hasta 6.000 euros. “Como ya advertíamos, y para determinar su importe, se ponderarán la gravedad de la conducta, los perjuicios causados al procedimiento, a la parte contraria y a la Administración de Justicia, la capacidad económica del infractor y la posibilidad de reiteración”. Todo ello, según manifiestan en el auto, les conduce a fijarla en 1.800 euros, pues tienen en cuenta “no solo el alcance del incumplimiento, sino también de la reprobación que la conducta merece, de cuál ha sido su evidente causa y de su palmario remedio: una IA generativa especializada de pago”.

El auto cita en precedente en Canarias para justificar el uso “como fiel el coste de una herramienta de inteligencia artificial diseñada específicamente para la investigación jurídica –y verificada–, cuyo uso habría eliminado o reducido drásticamente el riesgo de que se produjeran las alucinaciones constatadas”, explica el TSXG, quien señala que “las principales editoriales jurídicas del mercado español ofrecen suscripciones a soluciones de inteligencia artificial integradas con bases de datos jurisprudenciales verificadas, con planes de acceso anual que oscilan, en modalidades básicas, entre 1.500 y 3.000 euros”. De esta forma, afirma que “la contratación de cualquiera de estas herramientas (o, en su defecto, la simple comprobación de las citas a través del CENDOJ, de acceso gratuito y muy intuitivo) habría impedido el resultado que ahora se enjuicia”.

En definitiva, asegura que ese coste es el que le parece adecuado “para cumplir las dos facetas que tiene toda multa: la sancionadora, para castigar el comportamiento inadecuado –vulneración de la buena fe procesal– y la disuasoria, a fin de evitar que se reitere en el futuro”. Por otra parte, la Sala considera, como factores atenuantes, “tanto el reconocimiento expreso de los hechos por parte del letrado implicado, como la comunicación espontánea de la situación a su propio cliente, pasando por una acreditada ausencia de antecedentes similares”.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha obliga al Ayuntamiento de Ciudad Real a recuperar los nombres de cinco vías vinculados a la dictadura franquista, que fueron modificados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica por el PSOE cuando Pilar Zamora ostentaba la Alcaldía de la ciudad.

De esta forma, el pasaje de la Pandorga volverá a denominarse José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes volverá a ser la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa recuperará la denominación de Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Adolfo Suárez volverá a llamarse Grupo Vicente Galiana.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno municipal (PP), Guillermo Arroyo, quien ha precisado que la resolución judicial no afecta a las nueve calles incluidas en aquel acuerdo, sino únicamente a las cinco que hacían referencia a nombres propios.

Según ha explicado Arroyo, el tribunal diferencia entre las denominaciones referidas a batallas o acontecimientos de la Guerra Civil, como Belchite, y las dedicadas a personas concretas.

Por ello, no se revierten los cambios de la calle Belchite por Emilia Pardo Bazán, de Brunete por María Zambrano, de Santa María de la Cabeza por Sara Montiel y de Simancas por Miguel Ángel Blanco.

El portavoz municipal ha indicado que la sentencia fue recibida a finales de la pasada semana y que los servicios municipales ya están estudiando cómo ejecutar el fallo y qué consecuencias administrativas tendrá para los vecinos, comercios y propietarios de inmuebles situados en las cinco vías afectadas.

Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento cumplirá la resolución y procederá a recuperar las anteriores denominaciones, aunque todavía debe determinar el procedimiento y la forma de comunicar los cambios a los organismos públicos y a las personas afectadas.

El portavoz ha aprovechado la resolución para cargar contra el equipo de Gobierno de la etapa de Pilar Zamora, al que ha acusado de actuar de manera “sectaria” y de estar pendiente de “conductas ideológicas” en lugar de centrarse en los principales problemas de la ciudad.

El proceso se inició en 2016

El proceso para modificar estas calles comenzó en 2016, cuando la Mesa de la Memoria Histórica de Ciudad Real consideró que nueve denominaciones constituían una exaltación de personas o acontecimientos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista. Posteriormente se abrió una votación ciudadana para elegir los nuevos nombres.

La Junta de Gobierno Local aprobó formalmente los cambios en febrero de 2018, pero una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 anuló aquel acuerdo al considerar que la decisión debía ser adoptada por el Pleno municipal y no por la Junta de Gobierno.

Para responder a esa resolución, el Pleno volvió a aprobar en mayo de 2021 las nueve modificaciones, con 15 votos a favor y diez en contra, correspondientes estos últimos al Partido Popular y Vox. El acuerdo mantuvo los nombres que ya se utilizaban desde 2018.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado parcialmente aquella decisión y ha determinado que no procedía modificar las cinco denominaciones vinculadas a personas, mientras que mantiene los otros cuatro cambios referidos a acontecimientos o emplazamientos relacionados con la Guerra Civil.

¿Quiénes fueron los hombres que recuperarán un hueco en el callejero?

Todos los que volverán a tener su nombre vinculado a una calle de Ciudad Real eran hombre vinculados a la dictadura franquista. En el caso de José Gutiérrez Ortega fue miembro de Falange - fue el fundador de esta corriente en Granada-, además de vicepresidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, incluso, provisionalmente, presidente. Además fue el fundador del periódico Lanza en 1943 que dirigió con una clara orientación de apoyo al régimen.

José María Aparicio Arce fue alcalde de Alcázar de San Juan y delegado del Movimiento Nacional, vinculado al franquismo. También ostentó el cargo de presidente de la Diputación de Ciudad Real hasta su marcha a Zamora en 1964 como gobernador civil.

Mientras, Vicente Galiana Utrilla, fue el fundador de Falange Española de Daimiel, y primer presidente de la Junta Provincial de Falange de Ciudad Real. Su figura fue utilizada propagandísticamente por el franquismo manchego.

Gregorio Sánchez-Puerta fue miembro del Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y delegado nacional de Personal del Movimiento. En cuanto a Fernando Merry del Val y García Zapata, ingeniero, fue consejero de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA).

El PSOE de Ciudad Real anima a recurrir la sentencia

La exalcaldesa y actual senadora autonómica, Pilar Zamora, ha pedido hoy al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y al PP provincial que recurran la sentencia del Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha (TSJ) sobre el callejero de la capital, porque “defender la democracia y homenajear a quienes han luchado por ella y representan valores positivos para la sociedad no puede ser considerado sectarismo político”, ha sostenido.

Recuerda, además, que la decisión se tomó por los órganos legítimos y democráticos del ayuntamiento, por acuerdo del pleno municipal y con la creación de una mesa de trabajo a la que aportaron su opinión los 1.779 ciudadrealeños y ciudadrealeñas que intervinieron en la decisión de los nuevos nombres de las calles.

Zamora se pregunta “qué tiene de sectarismo homenajear al primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez, quien precisamente no fue un político de izquierdas, sino militante de la UCD; a una joven víctima del terrorismo etarra como Irene Villa, a un profesional de la fotografía que retrató la Mancha como nadie, como Manuel Herrera Piña, o una poeta y escritora como Gloria Fuertes que emocionó a todos los niños de una generación”.

Y, además, en un momento en el que se está persiguiendo la Declaración de Interés Turístico Nacional de la Pandorga, pregunta también “a quién molesta” que un Pasaje de la ciudad reconozca una fiesta tan considerada y querida por sus vecinos y vecinas. “No defender estos cambios no es apostar por la democracia”, ha insistido.

La ofensiva de Alfonso Rueda para rebajar el derecho a baja laboral, que antecedió en algunos meses a las estridentes declaraciones de Feijóo al respecto, ha tropezado con la Justicia. El principal sindicato gallego, la CIG, llevará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la resolución de la Xunta de Galicia que refuerza el papel de las mutuas privadas en el control y gestión de las incapacidades temporales, cuya legalidad cuestiona. “El Gobierno gallego disfraza de 'agilización' y 'refuerzo del control' del llamado 'absentismo laboral' lo que es parte de una ofensiva patronal y mediática contra las personas trabajadoras”, denuncia la central.

“Rueda pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso”, añade el sindicato en un comunicado, “al prevalecer la presión económica sobre el criterio médico”. La medida, una de las anunciadas por el presidente de la Xunta en el último debate sobre el estado de la autonomía -fue la iniciativa estrella de su intervención-, implica además una “fiscalización creciente” del criterio del personal de atención primaria de la sanidad pública.

La resolución impugnada modifica el protocolo de la Consellería de Sanidade para el seguimiento de la incapacidad temporal y permite a la inspección a autorizar de una sola vez “todas las pruebas y procedimientos” relacionados con una baja solicitados por entidades privadas. Antes, debían solicitar el permiso prueba a prueba, siempre y cuando las hubieran pedido antes profesionales de la sanidad pública. No figura, critica la CIG, ninguna limitación por tipo de patología y desaparece la mediación del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

“En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no paran de crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada”, considera Paula Carril, secretario general del sindicato que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior.

Que un piso se dedique al alquiler turístico o al mercado convencional no tiene incidencia en las competencias de administración aeronáutica. Esto, que parece evidente, acaba de plasmarlo por escrito el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para rechazar un recurso de la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra la regulación de esta actividad en Santiago de Compostela, el único que quedaba pendiente. Entre sus argumentos, todos refutados por la sentencia, estaba la falta de los informes preceptivos de la Dirección General de Aviación Civil. La resolución del alto tribunal es firme, por lo que la normativa –tres años y medio después de su aprobación por el ayuntamiento compostelano– puede ya volar segura.

El 16 de febrero de 2023, un pleno municipal extraordinario daba luz verde a la modificación del título 3 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para prohibir la apertura de pisos turísticos en el Casco Histórico y su entorno –una zona reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad–, además de establecer límites en otros barrios de la ciudad. Aviturga alegó entonces que la decisión se tomó sin solicitar la aprobación de Aviación Civil ni de la Delegación del Gobierno en Galicia.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo –a la que ha tenido acceso elDiario.es– considera que esos informes “no resultan relevantes” ya que la modificación puntual del PXOM “tiene por objeto simplemente la categorización de nuevos usos”, sin modificar los que ya existían en las ordenanzas urbanísticas. Señala que la memoria justificativa incluye un anexo donde se “advierte que la modificación puntual tampoco altera las actuales determinaciones del plan vigente que afectan al ejercicio de las competencias de la administración aeronáutica”. Tampoco cambian los ámbitos afectados por servidumbres o “afecciones acústicas” ni se tocan “las otras restricciones y condiciones protectoras establecidas en el planeamiento vigente”. En cuanto a la Delegación del Gobierno, los magistrados consideran que “ante la falta de mayor precisión” de los denunciantes “se puede entender irrelevante en atención a la modificación puntual recurrida, ya que no se aclara en qué aspecto pudiera afectar” su falta.

Una norma con “mero interés político”

El recurso de Aviturga cargaba con dureza contra la decisión política de poner coto a las viviendas turísticas (VUTs) con una normativa que, a su entender, “no responde al interés general, sino a un mero interés político y al particular de personas y organizaciones”. Su argumentación consideraba que la modificación suponía “una vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, atenta contra la seguridad jurídica, resulta lesivo para derechos adquiridos con anterioridad al mismo y, además se ha dictado sin respetar el procedimiento administrativo legalmente previsto”.

También esto fue desestimado por la Sala: “Merece ser rechazado por cuanto no concreta qué derecho vulnera” la modificación del PXOM, “, ya que la referencia al derecho de propiedad privada regulado en el artículo 33 es simplemente genérica y, por ello, no puede fundamentar la nulidad que impetra la parte recurrente”.

Quedaba todavía un tercer argumento que los magistrados se encargaron de desmontar: la falta de motivación de un normativa con “criterios de regulación arbitrarios y no adecuados” a las “finalidades confesadas en la tramitación”. La Asociación trata de demostrar que la definición, por parte del ayuntamiento, de la vivienda de uso turístico como actividad de hospedaje “es errónea”. El tribunal, sin embargo, no lo vio así. “El artículo 111 de las normas urbanísticas es claro” y define el uso de hospedaje como “el que no se destina a satisfacer las necesidades de vivienda habitual de las personas residentes, sino que provee necesidades de alojamiento temporal no residencial por turismo de vacaciones u otros motivos laborales”. Por tanto, incluir las VUTs como hospedaje “es adecuado y conforme a la normativa referido a alojamiento temporal que se realiza en viviendas” y, así, afirman que “la modificación puntual en modo alguno puede ser inmotivada, sino que es coherente con el ordenamiento vigente”.

Fueron dos los recursos contra esta medida que llegaron al alto tribunal. El primero, que consideraba que la normativa invadía competencias autonómicas, fue desestimado en febrero. Ahora, esta nueva decisión –anunciada en rueda de prensa por la portavoz del gobierno local, Miriam Louzao–, supone el cierre del único que continuaba abierto. En su comparecencia, Louzao confirmó que ya había transcurrido el plazo para que Aviturga recurriese en casación ante el Supremo, por lo que la sentencia fue declarada firme, mediante decreto del alto tribunal, el pasado 25 de junio. Y, con ella, también, la regulación de viviendas turísticas de la capital gallega.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, la socialista María Concepción Monzón, a la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo. Con ello, ratifica su condena a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

Según el fallo, el Alto Tribunal castellanomanchego rechaza la primera de las alegaciones de presentadas por Monzón en su recurso en la que afirma que en el fallo de la Audiencia Provincial de Toledo que la condena existe un “déficit de motivación”, para señalar que “no asiste la razón a la recurrente”. “Podrá disentir del razonamiento, pero en modo alguno existe el déficit de motivación que denuncia”, añade.

Respecto a que la alcaldesa alegue en su recurso que la licencia había expirado el 11 de enero de 2021, por lo que el 8 de marzo de 2021 el vendedor no era titular de ninguna licencia y que ello “condiciona el punto de partida para la aplicación del artículo 404 del Código Penal (que regula el delito de prevaricación administrativa), así como la sanción impuesta”, el TSJCM concluye que se trató de una decisión “administrativa arbitraria”.

Del mismo modo, el tercer motivo que alega la alcaldea se basaba en la infracción de normas del Ordenamiento Jurídico en la medida en que defiende la existencia de la “indebida aplicación” del artículo 404 del Código Penal. Ante ello, el TSJCM apunta que, en el presente caso, se desprende del relato fáctico “con claridad” la “consciente injusticia” de la “arbitraria actuación” de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, “por lo que procedería la desestimación del motivo”.

Por todo ello, el Ato Tribunal castellanomanchego afirma que la decisión alcanzada por la Audiencia Provincial de Toledo es “coherente y razonable”, así como “conforme a las máximas de experiencia y reglas de la lógica”, por lo que este último motivo que alega la demandnate “se desestima”.

En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas

La alcaldesa ha mostrado su respeto por la resolución del TSJCM, pero ha anunciado que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “en ejercicio de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico”.

“En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, velando por el interés general del municipio”, apunta la regidora, que añade que durante todo este proceso ha mantenido “una actitud de plena colaboración” con la Administración de Justicia y que seguirá actuando con el mismo respeto institucional en las sucesivas fases del procedimiento.

No obstante, el coordinador general de Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, ha exigido al PSOE que actúe con “responsabilidad y coherencia” y “obligue” a dimitir de “inmediato” a la alcaldesa. “El tribunal es contundente al señalar que la actuación de Monzón no fue un simple error administrativo ni una interpretación jurídica discutible, sino una decisión administrativa arbitraria, adoptada tras un enfrentamiento personal y completamente al margen de la legalidad”, ha argumentado.

Velasco ha explicado que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula, en su artículo 6, que no pueden seguir en sus cargos los condenados por sentencia, aunque no sea firme, contra la Administración Pública, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Así, para el coordinador provincial del PP, la situación en el municipio de Villarrubia de Santiago es “insostenible”. De hecho, ha advertido de que el PP estudiará todas la acciones jurídicas oportunas ante una alcaldesa “enrocada” en el cargo “en coincidencia con la actual política socialista en el Gobierno de España de mantenerse en los puestos aunque se demuestren graves ilegalidades”.

“El PSOE debe decidir si está del lado de la legalidad y la ética pública o si, una vez más, prefiere proteger a sus cargos condenados, confirmando que ya no tiene otra bandera que la de los casos judiciales y la corrupción”, ha concluido el coordinador general del Partido Popular de Toledo.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la planta de basuras de Los Hornillos, que abarca el área metropolitana de València, se embolsará de las arcas de una treintena de municipios y de dos mancomunidades una indemnización por daños y perjuicios de 4,9 millones de euros por las toneladas de residuos no tratadas en dos ejercicios, tal como ha establecido la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), según ha podido saber elDiario.es. De ese importe total, repartido entre los consistorios que integran la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), 2,4 millones de euros corresponden al Ayuntamiento de València, gobernado por María José Catalá.

El concejal delegado de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, en un escrito al que ha tenido acceso este diario, reconoce la “imposibilidad” de demorar a ejercicios posteriores el crédito extraordinario para asumir la indemnización, que supone la mitad del monto total.

Se trata de la UTE que pagó supuestas mordidas de hasta 2,4 millones de euros al abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, en el marco de la presunta trama corrupta investigada en el 'caso Azud'.

La Intervención General del Estado también detectó presuntas irregularidades en la adjudicación de la planta a la UTE Los Hornillos formada inicialmente por Sufi SA, Cyes y Corporación F. Turia SA, cuya concesión finaliza en 2030 (actualmente forman parte Valoriza Servicios Medioambientales SA y Corporación F. Turia SA). La planta de residuos, tal como informó este diario, también consiguió en otro litigio con la Emtre un ahorro de 7,4 millones de euros al tumbar la revisión de precios.

400.000 toneladas métricas por año

La última sentencia del TSJ-CV, en la misma línea de resoluciones anteriores, reconoce el derecho de la UTE a percibir en concepto de daños y perjuicios una indemnización que resulte de aplicar el canon de explotación a la diferencia de toneladas de residuos existentes entre 400.000 toneladas métricas por año y las toneladas efectivamente tratadas. Además, al importe se le aplican los correspondientes intereses legales.

El TSJ-CV también rechaza la nueva fórmula de cálculo de la indemnización propuesta por el Emtre y avala, en definitiva, las indemnizaciones a la UTE de Los Hornillos. El alto tribunal autonómico notificó el pasado 7 de abril en una diligencia de ordenación la ejecución forzosa de la sentencia.

La asamblea de la entidad metropolitana celebrada el pasado 15 de mayo acordó los criterios de reparto entre los municipios que forman parte del Emtre para la aportación económica de cara a abonar la indemnización, con las toneladas que aporta cada uno como principal variable para el cálculo.

El Ayuntamiento de València, tal como indica la tabla reproducida en esta información, asume así la mitad de la aportación, con 2,4 millones de euros; seguido de Torrent (299.317 euros); la Mancomunitat de l'Horta Nord (274.098 euros); Paterna (256.468 euros); Manises (110.291 euros); Burjassot (106.294 euros), o Alaquàs (103.408 euros), entre otros.

La Unió Temporal d'Empreses (UTE) encarregada de la planta de fems dels Forns dels Ulls, que abasta l'àrea metropolitana de València, s'embutxacarà de les arques d'una trentena de municipis i de dues mancomunitats una indemnització per danys i perjudicis de 4,9 milions d'euros per les tones de residus no tractades en dos exercicis, tal com ha establit la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), segons ha pogut saber elDiario.es. D'aquest import total, repartit entre els consistoris que integren l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), 2,4 milions d'euros corresponen a l'Ajuntament de València, governat per María José Catalá.

El regidor delegat de Neteja i Recollida de Residus, Carlos Mundina, en un escrit al qual ha tingut accés aquest diari, reconeix la “impossibilitat” de demorar a exercicis posteriors el crèdit extraordinari per a assumir la indemnització, que suposa la meitat del muntant total.

Es tracta de l'UTE que va pagar suposades mossegades de fins a 2,4 milions d'euros a l'advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, en el marc de la presumpta trama corrupta investigada en el “cas Azud”.

La Intervenció General de l'Estat també va detectar presumptes irregularitats en l'adjudicació de la planta a l'UTE Los Hornillos, formada inicialment per Sufi SA, Cyes i Corporación F. Turia SA, la concessió de la qual finalitza el 2030. Actualment en formen part Valoriza Servicios Medioambientales SA i Corporación F. Turia SA. La planta de residus, tal com va informar aquest diari, també va aconseguir en un altre litigi amb l'Emtre un estalvi de 7,4 milions d'euros en tombar la revisió de preus.

400.000 tones mètriques per any

L'última sentència del TSJ-CV, en la mateixa línia que resolucions anteriors, reconeix el dret de la UTE a percebre, en concepte de danys i perjudicis, una indemnització que resulte d'aplicar el cànon d'explotació a la diferència entre les 400.000 tones mètriques anuals i les tones de residus efectivament tractades. A més, a aquest import se li apliquen els corresponents interessos legals.

El TSJ-CV també rebutja la nova fórmula de càlcul de la indemnització proposada per l'Emtre i avala, en definitiva, les indemnitzacions a la UTE dels Forns. L'alt tribunal autonòmic va notificar el passat 7 d'abril, mitjançant una diligència d'ordenació, l'execució forçosa de la sentència.

L'assemblea de l'entitat metropolitana celebrada el passat 15 de maig va acordar els criteris de repartiment entre els municipis que formen part de l'Emtre per a l'aportació econòmica destinada a abonar la indemnització, amb les tones que aporta cadascun com a principal variable de càlcul.

L'Ajuntament de València, tal com indica la taula reproduïda en aquesta informació, assumeix així la meitat de l'aportació, amb 2,4 milions d'euros; seguit de Torrent (299.317 euros); la Mancomunitat de l'Horta Nord (274.098 euros); Paterna (256.468 euros); Manises (110.291 euros); Burjassot (106.294 euros), i Alaquàs (103.408 euros), entre d'altres.