Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrán que decidir en las próximas semanas quién preside durante el próximo lustro el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la instancia por donde pasarán previsiblemente los casos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; o del empresario Alberto González Amador, vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre los seis aspirantes figura María Jesús del Barco, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien lleva años ejerciendo la portavocía oficiosa del sector de la judicatura contrario a diversas políticas del Gobierno.

Del Barco, actual decana de los juzgados de Madrid, ha llegado a decir que las matemáticas “nunca traen nada bueno”, en referencia al acuerdo del PSOE con varios partidos para investir a Pedro Sánchez a finales de 2023; o que en las leyes del Gobierno “hay que leer entre líneas y saber quién tienes enfrente”. También ha aventurado que España se aproxima a “un régimen de aquellos que le gustan a algunos y está al otro lado del Atlántico”, sin desvelar si se refería a Cuba o Venezuela.

Todas esas afirmaciones las hizo en febrero de 2025, en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados al que acudió invitada por el Partido Popular. Previamente, con ocasión de la ley de amnistía, lideró desde su asociación la oposición a esa norma. De hecho, antes incluso de que se aprobara la ley, la APM auguró “el principio del fin de la democracia” y afirmó que es una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y “vuela por los aires el Estado de Derecho”. Del Barco llegó a decir que tras el “señalamiento” a jueces por parte de Junts, lo siguiente sería colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que imponían los nazis a los judíos.

Entre los aspirantes a presidir el TSJM figuran también otros tres miembros de la asociación conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Se trata de Francisco Manuel Oliver Egea, quien formó parte de los Ejecutivos de Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre e Ignacio González. Con la primera fue director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto y con el segundo fue director general de Seguridad e Interior bajo el mando del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, según publicó infoLibre. 

En la lista aparece también José Manuel Suárez-Robledano, quien fue elegido consejero del Tribunal de Cuentas en junio de 2012 por el Congreso a propuesta del PP. Cuando estaba en el órgano fiscalizador, votó a favor de librar a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre a un precio por debajo de mercado. 

Al igual que Del Barco, Suárez-Robledano fue portavoz de la APM. Entre los aspirantes que son afiliados a esta asociación está también María Prendes Valle, magistrada del TSJM que se encuentra actualmente en comisión de servicio en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 

En la lista de candidatos aparece también la magistrada María Jesús Millán, actual directora del Servicio de Formación Continua del CGPJ. Millán, que no está asociada, ocupó el puesto de directora de la Escuela Judicial, el órgano técnico donde se forman los jueces. Fue elegida durante el anterior mandato gracias a los votos de los consejeros conservadores.

El único aspirante afiliado a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia es Leandro Martínez Puertas, actual magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Ha estado destinado en órganos de naturaleza penal, con destinos en Canarias y la Comunidad de Madrid.

Los aspirantes serán convocados por la Comisión de Calificación del CGPJ a una comparecencia por videoconferencia en la que detallen su currículo y sus méritos. Una vez concluidas las comparecencias, está Comisión de Calificación formulará una terna al pleno. Los nombramientos requieren 13 votos, lo que requiere el acuerdo entre parte de dos bloques del órgano, formado por diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar, a los que se suma una presidenta, Isabel Perelló. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado cuatro de los cinco recursos que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio presentaron contra las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria tras descubrir que habían intentado defraudar con una factura falsa, entre otras irregularidades fiscales.

La inspección fiscal descubrió en su momento que el estudio de arquitectura de Monasterio no realizó labor de asesoría alguna para la operación de venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó Espinosa de los Monteros. Pese a ello, el estudio de Monasterio emitió una “factura falsa” por 169.400 euros, IVA incluido.

Los hechos están relacionados con la venta de un edificio en Madrid, en el número 3 de la calle General Castaños, en el elitista barrio de Justicia en pleno centro de la capital. El edificio era propiedad de familiares de Iván Espinosa de los Monteros, quienes recurrieron a la experiencia de este en la intermediación inmobiliaria para proceder a su venta. 

Espinosa de los Monteros alegó ante Hacienda que había contratado al despacho de arquitectos de su esposa para que realizara un estudio sobre las posibilidades del edificio. Pese a facturarlo e incluirlo en sus declaraciones y las de sus sociedades, el trabajo de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) fue “una simulación”, esto es, jamás se realizó, según comprobó la Agencia Tributaria.

Posteriormente, el Tribunal Económico-Administrativo confirmó las conclusiones de la Agencia Tributaria. Los cinco recursos presentados contra esa decisión administrativa por Espinosa de los Monteros, dos de sus sociedades, Rocío Monasterio y su estudio de arquitectos recayeron cuatro de ellos en la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJM, y un quinto, el que falta por dictar, en la Sección Cuarta. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explica que la Sección Cuarta aguardaba a que sus compañeros de la Quinta se pronunciaran sobre el grueso de la cuestión y que se resolverá en breve. 

Este periódico desveló las trampas del matrimonio halladas por Hacienda en 2023 cuando Espinosa de los Monteros era portavoz parlamentario de Vox y Monasterio candidata a la Alcaldía de Madrid. En julio pasado, los jueces se han pronunciado en cuatro recursos, a los que ha tenido acceso en su integridad elDiario.es. Todos culminan igual: “Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo formulado”.

La Sección Cuarta condena en costas a los recurrentes en sus cuatro autos. Espinosa de los Monteros, su esposa y la representación de sus sociedades tenían un plazo de 30 días para recurrir desde la fecha de la notificación pero no lo han hecho, así que las resoluciones devinieron en firmes el pasado jueves, según la citada fuente del TSJM.

Espinosa de los Monteros no atendió la petición de aclaraciones por parte de este medio cuando publicó en 2023 que Hacienda le había descubierto defraudando. Solo cuando se publicó la información, intentó desacreditarla. El entonces responsable de Vox anunció, como había hecho por noticias anteriores, acciones legales contra elDiario.es. Y como ya había ocurrido, nunca llegó a ejercerlas. 

“La factura deducida es falsa”

El exportavoz parlamentario de Vox acompañó de diversa documentación sus recursos ante el TSJM, pero los jueces concluyeron el pasado 22 de julio lo siguiente: “No se ha aportado prueba alguna ni documento que pueda probar la tan decisiva participación de Rocío Monasterio y Asociados por la que dicha sociedad emite la factura controvertida. Asimismo, el análisis de la factura pone de manifiesto una serie de incongruencias que no hacen sino reafirmar la conclusión de que la factura deducida es falsa”.

La operación inmobiliaria investigada se desarrolló entre 2015 y 2016, cuando Iván Espinosa de los Monteros era secretario general de Vox. En el negocio, Espinosa de los Monteros implicó a dos de sus sociedades, Premium y Citrum, de las que es poseedor de más del 99% de cada una. La primera de ellas declaró unos ingresos por la operación inmobiliaria de 90.000 euros en 2016, y de 160.000 en 2017. Por su parte, Citrum declaró 375.000 euros de ingresos por la misma operación en 2017. En total, 625.000 euros para Espinosa por vender el edificio de sus familiares.

Una segunda inspección fiscal concluyó que el dirigente de Vox había dejado de ingresar una cuota de 268.676,79 euros en concepto de IRPF, al intentar atribuir a dos sociedades suyas un trabajo que en realidad había realizado él. Espinosa de los Monteros debió declarar los 625.000 euros de ingresos por la operación de venta del inmueble en concepto de IRPF y no como trabajos de sus sociedades Premium Capital Management SL y Citrum SL.

El TSJM concluye ahora que Espinosa de los Monteros “utiliza la personalidad jurídica de la sociedad de un modo ilícito, simulando la actividad de intermediación inmobiliaria efectuada en el caso sometido a decisión a la parte vendedora y abusando de la forma jurídica mercantil para eludir o minorar el pago de impuestos”. 

Según los jueces, el político traslada bases imponibles de una persona física —el interesado— con un tipo marginal muy superior al de una persona jurídica que tiene un tipo de gravamen fijo inferior, “con la única finalidad de conseguir una ventaja fiscal ilícita”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Iván Espinosa de los Monteros y ha respondido que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “no tienen especial importancia, pues las increíbles acusaciones contenidas en esas sentencias están siendo enjuiciadas paralelamente en la Audiencia Nacional”. “Confío en que nuestros motivos de oposición sean estimados en la Audiencia Nacional”, ha añadido. Según la versión del antiguo responsable de Vox, “el proceso se bifurcó” y en la Audiencia Nacional se investigan los mismos hechos, asegura, pese a que las resoluciones de las que informa este lunes elDiario.es son firmes.

El resultado de la operación inmobiliaria que esconde el fraude adquirió notoriedad en 2021 cuando el comprador, Mabel Capital, puso a la venta las 11 viviendas que pasaron a integrar el edificio. Mabel Capital es un vehículo de inversión participado, entre otros, por un hijo del exministro del PP Abel Matutes o el tenista Rafa Nadal. Las viviendas se vendieron a razón de 20.000 euros el metro cuadrado, según publicó Expansión, medio que incluyó entre los compradores de un piso a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. Fuentes conocedoras de la operación inmobiliaria con el número 3 de la calle General Castaños aseguran que los familiares de Espinosa de los Monteros obtuvieron 25 millones de euros por el edificio.

Después de que elDiario.es desvelara el fraude de la pareja, Espinosa de los Monteros aseguró que no mantenía ninguna deuda con Hacienda porque hacía dos años, en 2021, que había abonado los “300.000 euros” que le reclamaba la Administración del Estado y que después de la resolución del TSJM ya no recuperará.

Con motivo del desahucio de Maricarmen, Espinosa de los Monteros llamó “jeta” a la mujer y añadió: “Yo que vivo en Madrid, con mis impuestos le voy a pagar el piso delante de El Retiro a Maricarmen. Es flipante”.

Renuncia al 29-N

Iván Espinosa de los Monteros abandonó todos sus cargos en Vox tras los resultados electorales de julio de 2023, los comicios generales en que perdió 19 escaños. Su marcha fue una de las crisis internas más graves de cuantas ha tenido que afrontar Santiago Abascal. Detrás de su marcha se encontraba un choque entre facciones del partido. Algunos analistas situaban a Espinosa de los Monteros al frente de un ala de corte más liberal. El pasado julio, el propio Espinosa de los Monteros anunció que Vox le había expulsado del partido, al que había seguido perteneciendo como militante de base.

Espinosa de los Monteros centra su actividad política ahora en la Fundación Atenea, un ‘think tank’ desde el que también valoró presentarse a las próximas elecciones generales. Este mismo fin de semana, Espinosa de los Monteros descartó esa posibilidad en una entrevista a El Confidencial. “El momento llama a la responsabilidad y la responsabilidad hoy principal es derrocar a Pedro Sánchez y yo no querría bajo ningún concepto contribuir a quebrar el objetivo principal”, afirmó. 

La família valenciana que manejava l'entramat de La Cruz Azul, una galàxia d'entitats dedicades a l'atenció domiciliària de persones majors, ha sigut condemnada a 13 anys de presó pels delictes contra la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors i per frustració de l'execució. Es tracta de Manuel Gordillo Gómez; la seua esposa, María del Carmen Solá Pérez, i els fills de tots dos, David i Rubén Gordillo Solá —aquest últim condemnat a una pena més baixa, de sis anys de presó—. En matèria de responsabilitat civil, hauran d'indemnitzar de manera conjunta i solidària amb un import de 2,1 milions d'euros, a més dels interessos de demora, la Tresoreria General de la Seguretat Social, que exercia l'acusació juntament amb el fiscal Ricardo Olivares.

La sentència dictada per la secció segona de l'Audiència Provincial de València, a la qual ha tingut accés elDiario.es, considera provat que, entre octubre de 2017 i desembre de 2021, els condemnats van donar d'alta com a autònoms 1.978 treballadors que “prestaven els seus serveis en domicilis particulars per tot Espanya atenent persones majors i dependents, malgrat que en realitat eren treballadors per compte d'altri, per la qual cosa haurien d'haver sigut donats d'alta en el Règim General [de la Seguretat Social]”. Es tractava, segons conclou la resolució, d'un mer “ardit” que va propiciar el frau.

Els condemnats van constituir una “organització empresarial” per a la prestació de l'atenció domiciliària a través de les entitats Asociación Dependencia La Cruz Azul, La Cruz Azul Tercera Edad SL i, a partir de 2017 (a conseqüència dels importants deutes generats amb la Seguretat Social), Darucama Cooperativa Valenciana, el consell rector de la qual estava format per Manuel Gordillo, María del Carmen Solá i els dos fills de tots dos. L'Asociación Depma, per la seua banda, s'encarregava de reclutar els treballadors, captar clients i prestar l'atenció telefònica.

L'estructura familiar manejava xifres cridaneres. L'Asociación Dependencia La Cruz Azul, que “formalment no té treballadors i pràcticament no declara ingressos”, es va embutxacar entre 2017 i 2021 un import total de 17,5 milions d'euros, segons acredita el tribunal.

800 euros per una jornada de dilluns a diumenge

“Encara que formalment Darucama aparentava ser una cooperativa de treball associat, en realitat no funcionava com a tal”, afirma l'apartat de fets provats de la sentència, de la qual ha sigut ponent el magistrat José María Gómez Villora. De fet, les condicions laborals i de Seguretat Social dels empleats de la cooperativa “els venien donades” pels condemnats, “sense possibilitat real que aquests treballadors pogueren optar per unes altres”.

Es tractava, generalment, de “ciutadans estrangers en atur, amb poca formació i una necessitat urgent d'accedir a una ocupació”, que desconeixien que eren autònoms i que tenien prestacions per desocupació inexistents o en pitjors condicions que les del Règim General de la Seguretat Social. A més, “només podien contactar amb l'empresa per via telefònica o per correu electrònic”.

“Les condicions de vacances, salaris, jornada, descans setmanal i permisos eren pitjors que les d'un treballador ordinari del mateix sector”, postil·la la sentència de l'Audiència de València, que avala totes les conclusions de l'acusació pública.

Els treballadors de la cooperativa solien percebre un salari de 800 euros mensuals per una jornada de dilluns a diumenge (si estaven com a interns al domicili) i de 700 euros si tenien un dia de descans a la setmana. “No es cobraven les vacances i no es percebien pagues extraordinàries, ni plusos d'antiguitat, nocturnitat o festius”, indica la sentència.

L'Asociación Dependencia La Cruz Azul transferia a la cooperativa el 75% dels ingressos que percebia de les famílies que abonaven l'atenció domiciliària i Darucama, al seu torn, pagava el salari dels treballadors al seu servei. D'altra banda, Manuel Gordillo i María del Carmen Solá disposaven de les quantitats ingressades “en benefici propi, transferint-les als seus comptes particulars”, afirma la resolució de l'Audiència de València, que absol els acusats del delicte de falsedat documental.

Entre 2017 i 2020, Manuel Gordillo Gómez va percebre 123.000 euros; la seua esposa, María del Carmen Solá, 125.000 euros; David Gordillo Solá, 148.000 euros, i Rubén Gordillo Solá, 120.000 euros.

Vehicles d'alta gamma i una embarcació

El matrimoni —“amb la finalitat de preservar el patrimoni familiar de futures reclamacions de la Seguretat Social” contra La Cruz Azul— havia creat la mercantil Macardaru SL, per a la constitució de la qual va aportar dos xalets: un a la urbanització Cumbres de Calicanto de Chiva, el seu domicili, i un altre a la urbanització El Tossal de la Nucia, destinat de vegades al lloguer vacacional (tots dos immobles hipotecats).

A més, Macardaru SL també figurava com a titular d'un notable parc automobilístic, que inclou un Jaguar, dos Porsche, un Aston Martin, un Audi Q7, un BMW Z3, un Jeep Wrangler i un Mercedes. També era titular d'una embarcació —l'Anadena Cuatro— registrada al districte marítim de Maó (Menorca).

Manuel Gordillo va reconéixer en el juí l'“ús familiar” dels vehicles i de l'embarcació, encara que va al·legar que eren d'“escàs valor”. Per la seua banda, segons va esgrimir María del Carmen Solá, els cotxes esportius eren “molt antics”.

“Els acusats”, afirma la sentència, “han aconseguit mantindre els béns que apareixen com a titularitat de Macardaru SL fora de l'abast de l'acció recaptatòria que la Tresoreria General de la Seguretat Social ha dut a terme per a intentar cobrar els abundants deutes generats des de l'inici de la seua activitat i que s'ha traduït en la tramitació de 33 expedients d'execució dirigits contra l'acusat Manuel Gordillo Gómez i quatre contra l'entitat Darucama, amb resultat infructuós”.

La defensa de Manuel Gordillo va negar la intenció de defraudar o d'eludir deutes; la de la seua dona va dir que María del Carmen Solá “confiava plenament en el seu espòs”, i la dels dos fills va mantindre que “es limitaven a complir les directrius que en la gestió del negoci els donaven els seus progenitors”.

Gordillo també va defendre que una societat sense ànim de lucre pot mantindre “tràfic mercantil” i va assumir la gestió de “tot”, mentre que el paper de la seua dona, segons va manifestar, es limitava a la coordinació dels sanitaris, el del seu fill David a “la publicitat” i l'altre fill, Rubén, no es dedicava “a res, només a ajudar sa mare”. El condemnat va adduir que les inspeccions inicials a La Cruz Azul es van encadenar “perquè les famílies no donaven d'alta les sòcies” que s'encarregaven de l'atenció domiciliària de les persones majors i dependents (d'ací la creació posterior de la cooperativa, segons la tesi de la defensa).

Despeses en “activitats nàutiques i joieria”, segons la UDEF

El tribunal, per contra, comparteix les conclusions de les inspectores de treball, que van comparéixer en qualitat de pèrites en la vista oral. D'altra banda, l'informe elaborat per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional va concloure que la majoria de les treballadores tenien un “nivell cultural baix” i algunes ni tan sols parlaven o entenien “correctament el castellà”.

“A causa de la seua necessitat de treballar, van confiar en els seus interlocutors i van firmar tots els documents que els van enviar, sense assessorar-se prèviament i sense desconfiar de l'empresa”, agrega l'informe policial. Més d'un centenar d'aquests treballadors, la majoria dones, van declarar en el juí com a testimonis.

La UDEF també va destacar els huit cotxes a nom de l'empresa, “d'alta gamma” i amb “alta valoració econòmica”, com també les “importants despeses” de la família “relacionades amb els vehicles, amb activitats nàutiques i joieria”.

La mercantil, a més, es constituïa en un “instrument” que permetia al matrimoni “disfrutar del seu patrimoni, sense risc de reclamacions”. “Si qualsevol dels béns mobles o immobles fora titularitat del matrimoni en compte de Macardaru SL, podrien respondre dels deutes”, explicava l'informe de la UDEF.

37 expedients de constrenyiment en 24 províncies

La sentència de la secció segona de l'Audiència de València, dictada el 15 de desembre de 2025, va ser recorreguda per les defenses de la família. No obstant això, la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) va desestimar el passat 16 de juny els recursos, i va confirmar la condemna com a “correcta”.

La resolució de l'alt tribunal autonòmic, a la qual també ha tingut accés aquest diari, considerava que la intervenció del matrimoni i dels seus dos fills en la constitució i en el funcionament de les societats i de la cooperativa havia quedat plenament acreditada. El TSJ-CV sosté que amb l'empresa Macardaru SL, una “societat sense activitat” administrada per María del Carmen Solá, “tenien els seus béns a resguard”.

“Tota l'activitat abans descrita duta a terme pels recurrents els va portar a crear aquesta societat per a salvaguardar els seus béns” i evitar així el reguer d'embargaments acordats en un total de 37 expedients de constrenyiment, “seguits en 24 direccions provincials de la Seguretat Social de tot Espanya”.

La Sala Civil i Penal del TSJ-CV assevera que la participació dels quatre condemnats “és evident, perquè intervenen en les societats familiars”. A més, Carmen Solá “va participar activament en la direcció dels negocis familiars des de la constitució de les primeres societats, juntament amb el seu marit”, agrega la sentència, de la qual ha sigut ponent el magistrat Vicente Torres.

La sentència del TSJ-CV, que no és ferma, va ser recorreguda per la família davant del Tribunal Suprem, segons ha pogut saber elDiario.es. Fonts de les defenses no han contestat les telefonades d'aquest periòdic.

La familia valenciana que manejaba el entramado de La Cruz Azul, una galaxia de entidades dedicadas al cuidado a domicilio de personas mayores, ha sido condenada a 13 años de prisión por los delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y por frustración de la ejecución. Se trata de Manuel Gordillo Gómez; su esposa María del Carmen Solá Pérez, y los hijos de ambos, David y Rubén Gordillo Solá –este último condenado a una pena más baja, de seis años de cárcel–. En materia de responsabilidad civil, deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con un importe de 2,1 millones de euros, además de los intereses de demora, a la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercía la acusación junto con el fiscal Ricardo Olivares.

La sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera probado que, entre octubre de 2017 y diciembre de 2021, los condenados dieron de alta como autónomos a 1.978 trabajadores que “prestaban sus servicios en domicilios particulares por toda España atendiendo a personas mayores y a dependientes, pese a que eran en realidad trabajadores por cuenta ajena, por lo que debían haber sido dados de alta en el Régimen General [de la Seguridad Social]”. Se trataba, según concluye el fallo, de un mero “ardid” que propició el fraude.

Los condenados constituyeron una “organización empresarial” para la prestación de la atención domiciliaria a través de las entidades Asociación Dependencia La Cruz Azul, La Cruz Azul Tercera Edad SL y, a partir de 2017 (a consecuencia de las importantes deudas generadas con la Seguridad Social), Darucama Cooperativa Valenciana, cuyo consejo rector estaba formado por Manuel Gordillo, María del Carmen Solá y los dos hijos de ambos. La Asociación Depma, por su parte, se encargaba del reclutamiento de los trabajadores, de la captación de clientes y de la atención telefónica.

La estructura familiar manejaba cifras llamativas. La Asociación Dependencia La Cruz Azul, que “formalmente carece de trabajadores y no declara prácticamente ingresos”, se embolsó entre 2017 y 2021 un importe total de 17,5 millones de euros, según acredita el tribunal.

800 euros por una jornada de lunes a domingo

“Si bien formalmente Darucama aparentaba ser una cooperativa de trabajo asociado, en realidad no funcionaba como tal”, afirma el apartado de hechos probados de la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José María Gómez Villora. De hecho, las condiciones laborales y de Seguridad Social de los empleados de la cooperativa “les venían dadas” por los condenados, “sin posibilidad real de dichos trabajadores de optar por otras”.

Se trataba, generalmente, de “ciudadanos extranjeros en paro, con escasa instrucción y una necesidad apremiante de acceder a un empleo”, que desconocían que eran autónomos y que tenían prestaciones por desempleo inexistentes o de peor condición que el Régimen General de la Seguridad Social. Además, “solo podían contactar con la empresa por vía telefónica o por correo electrónico”.

“Las condiciones de vacaciones, salarios, jornada, descanso semanal y permisos eran de peor condición que las de un trabajador ordinario del mismo sector”, apostilla la sentencia de la Audiencia de Valencia, que avala todas las conclusiones de la acusación pública.

Los trabajadores de la cooperativa solían percibir un salario de 800 euros mensuales por una jornada de lunes a domingo (si estaban como internos en el domicilio) y de 700 euros si tenían un día de descanso a la semana. “No se cobraban las vacaciones y no se percibían pagas extras, ni pluses de antigüedad, nocturnidad o festivos”, indica la sentencia.

La Asociación Dependencia La Cruz Azul transfería a la cooperativa el 75% de los ingresos que percibía de las familias que abonaban los cuidados a domicilio y Dacurama, a su vez, pagaba el salario de los trabajadores a su servicio. Por otro lado, Manuel Gordillo y María del Carmen Solá disponían de las cantidades ingresadas “en su propio beneficio, transfiriéndolas a sus cuentas particulares”, afirma la resolución de la Audiencia de Valencia, que absuelve a los acusados del delito de falsedad documental.

Entre 2017 y 2020, Manuel Gordillo Gómez percibió 123.000 euros; su esposa María del Carmen Solá, 125.000 euros; David Gordillo Solá, 148.000 euros y Rubén Gordillo Solá, 120.000 euros.

Vehículos de alta gama y una embarcación

El matrimonio —“con el fin de preservar el patrimonio familiar de futuras reclamaciones de la Seguridad Social” contra La Cruz Azul— había creado la mercantil Macardaru SL, para cuya constitución aportó dos chalés: uno en la urbanización Cumbres de Calicanto de Chiva, su domicilio, y otro en la urbanización El Tossal de La Nucia, destinado a veces al alquiler vacacional (ambos inmuebles hipotecados).

Además, Macardaru SL también figuraba como titular de un notable parque automovilístico, que incluye un Jaguar, dos Porsche, un Aston Martin, un Audi Q7, un BMW Z3, un Jeep Wrangler y un Mercedes. También era titular de una embarcación —el Anadena Cuatro— registrada en el distrito marítimo de Maó (Menorca).

Manuel Gordillo reconoció en el juicio el “uso familiar” de los vehículos y de la embarcación, aunque alegó que eran de “escaso valor”. Por su parte, según esgrimió María del Carmen Solá, los bólidos eran “muy antiguos”.

“Los acusados”, afirma la sentencia, “han conseguido mantener los bienes que aparecen como titularidad de Macardaru SL fuera del alcance de la acción recaudadora que la Tesorería General de la Seguridad Social ha llevado a cabo para intentar el cobro de las cuantiosas deudas generadas desde el inicio de su actividad y que se ha traducido en la tramitación de 33 expedientes de ejecución dirigidos contra el acusado Manuel Gordillo Gómez y cuatro contra la entidad Darucama, con resultado infructuoso”.

La defensa de Manuel Gordillo negó la intención de defraudar o de eludir deudas; la de su mujer dijo que María del Carmen Solá “confiaba plenamente en su esposo”, y la de los dos hijos mantuvo que “se limitaban a cumplir las directrices que en la gestión del negocio les daban sus progenitores”.

Gordillo también defendió que una sociedad sin ánimo de lucro puede mantener “tráfico mercantil” y asumió la gestión de “todo”, mientras que el papel de su mujer, según manifestó, se limitaba a la coordinación de los sanitarios, el de su hijo David a “la publicidad” y el otro vástago, Rubén, se dedicaba “a nada, tan solo a ayudar a su madre”. El condenado adujo que las inspecciones iniciales a La Cruz Azul se encadenaron “porque las familias no daban de alta a las socias” que se encargaban de los cuidados a domicilio de las personas mayores y de los dependientes (de ahí la creación posterior de la cooperativa, según la tesis de la defensa).

Gastos en “actividades náuticas y joyería”, según la UDEF

El tribunal, por el contrario, comparte las conclusiones de las inspectoras de trabajo, que comparecieron en calidad de peritos en la vista oral. Por otro lado, el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional concluyó que la mayoría de las trabajadoras tenían un “nivel cultural bajo” y algunas ni siquiera hablaban o entendían “correctamente el castellano”.

“Debido a su necesidad de trabajar, confiaron en sus interlocutores y firmaron todos los documentos que les mandaron, sin asesorarse previamente y sin desconfiar de la empresa”, agrega el informe policial. Más de un centenar de esos trabajadores, la mayoría mujeres, declararon en el juicio como testigos.

La UDEF también destacó los ocho coches a nombre de la empresa, “de alta gama” y con “alta valoración económica”, así como los “importantes gastos” de la familia “relacionados con los vehículos, con actividades náuticas y joyería”.

La mercantil, por lo demás, se erigía en un “instrumento” que permitía al matrimonio “disfrutar de su patrimonio, sin riesgo de reclamaciones”. “Si cualquiera de los bienes muebles o inmuebles fuesen titulados por el matrimonio en vez de por Macardaru SL podrían responder de las deudas”, explicaba el informe de la UDEF.

37 expedientes de apremio en 24 provincias

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, dictada el 15 de diciembre de 2025, fue recurrida por las defensas de la familia. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó el pasado 16 de junio los recursos, confirmando la condena como “correcta”.

El fallo del alto tribunal autonómico, al que también ha tenido acceso este diario, consideraba que la intervención del matrimonio y de sus dos hijos en la constitución y en el funcionamiento de las sociedades y de la cooperativa resultó plenamente acreditado. El TSJ-CV sostiene que con la empresa Macardaru SL, una “sociedad sin actividad” administrada por María del Carmen Solá, “tenían a resguardo sus bienes”.

“Toda la actividad antes descrita llevada a cabo por los recurrentes los llevó a la creación de esta sociedad para salvaguardar sus bienes” y evitar así el reguero de embargos acordados en un total de 37 expedientes de apremio, “seguidos en 24 direcciones provinciales de la Seguridad Social de toda España”.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV asevera que la participación de los cuatro condenados “es evidente, porque intervienen en las sociedades familiares”. Además, Carmen Solá “participó activamente en la dirección de los negocios familiares desde la constitución de las primeras sociedades, junto con su marido”, agrega la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Torres.

La sentencia del TSJ-CV, que no es firme, fue recurrida por la familia ante el Tribunal Supremo, según ha podido saber elDiario.es. Fuentes de las defensas no han contestado las llamadas de este periódico.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha denegado la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la resolución del Gobierno regional que establece un cupo de extracción de hasta 30 ejemplares para este año, 20 en la zona 1 del plan de gestión y 10 en la zona 2.

La asociación pedía la suspensión temporal de la medida, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la petición en un auto fechado el 5 de octubre y difundido este viernes, en el que impone las costas a la parte actora, ASCEL, limitadas a 300 euros.

En su resolución, contra la que cabe interponer recurso de reposición ante el mismo órgano judicial en el plazo de cinco días, los magistrados señalan que la controversia planteada por la asociación se refiere principalmente al fondo del asunto, es decir, a la validez y motivación de la decisión administrativa, una cuestión que deberá resolverse cuando finalice el procedimiento judicial.

Asimismo, consideran que, en esta fase cautelar, no se ha evidenciado “error” en los datos técnicos y científicos utilizados por la Administración, tal y como argumenta ASCEL. También destacan que la resolución del Ejecutivo autonómico se apoya en informes igualmente técnicos y en la necesidad de compatibilizar la conservación del cánido con la protección de la actividad ganadera.

El auto subraya además que la resolución recurrida no autoriza de forma directa e inmediata la extracción de los ejemplares, ya que requiere actuaciones posteriores para su ejecución. Asimismo, deja abierta la posibilidad de nuevas autorizaciones si, una vez cumplido el cupo anual de extracción aprobado, continuaran produciéndose daños significativos por su cuantía, recurrencia o concentración temporal o espacial.

El Plan de Gestión y las extracciones se retomaron desde que el lobo salió del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en primavera de 2025.

Tras ponderar los intereses en conflicto, la Sala entiende que deben tenerse en cuenta tanto la conservación del lobo como los daños ocasionados a la ganadería y los costes que estos generan para los ganaderos y para las administraciones públicas.

“Los intereses en juego se encuentran por un lado en el interés público medioambiental en la conservación de la especie y, por otro lado, también en el interés público socioeconómico, por los daños que la especie puede generar a los intereses de la ganadería... Esto significa, por lo tanto, que tales daños existen y con ello, el interés invocado de contrario”.

Cuarta vez que se deniega

Por todo ello, el TSJC ha acordado desestimar la petición de la asociación ecologista, por “cuarta vez”, como incide el Gobierno en un comunicado. El Ejecutivo apunta que este colectivo lleva a los tribunales cada paso del Plan de Gestión, aprobado este año, y resalta que en todas las ocasiones la Justicia se ha pronunciado en el mismo sentido y ha denegado las cautelares solicitadas.

En esta ocasión, al denegar la petición de suspensión cautelar presentada por ASCEL, la resolución del Gobierno continúa siendo efectiva mientras se tramita el procedimiento judicial principal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) desestimó el pasado mes de agosto la solicitud cautelar de un padre para que su hijo pasara a 2º de Bachillerato con tres suspensos. La decisión iba del tribunal va acorde con la del colegio de Pamplona, que había establecido que el alumno debía repetir curso.

El padre acudió a los tribunales tras haber recurrido primero a Educación. Sin embargo, la revisión de dos de las tres notas de las asignaturas suspendidas en 1º de Bachillerato por el hijo del demandante fueron rechazadas. Es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha tenido que pronunciarse sobre una petición de revisión de las calificaciones finales de un alumno.

El pasado 28 de agosto, la Sala dictó una resolución judicial en la que desestimaba la medida cautelarísima (sin oír a la parte demandada) instada por el padre para que su hijo se matriculara provisionalmente en 2º de Bachillerato. En el escrito, el padre alegaba que de estimarse el recurso una vez comenzado el curso, su hijo habría perdido semanas o meses de 2º de Bachillerato.

El Tribunal no consideró la situación tan urgente como para aplicar estas medidas “cautelarísimas” y además respondió al padre que, “de desestimarse el recurso contencioso-administrativo”, de igual modo su hijo “habría perdido la posibilidad de integrarse en las clases de 1º de Bachillerato”, curso que “inicialmente ha de cursar”. De forma que los magistrados también aprecian un perjuicio al alumno si se aplicase la medida.

Además, la Sala subrayó que tanto el colegio como el departamento de Educación motivaron y explicaron sus decisiones. El Servicio de Inspección de Educación expuso en un informe remitido al Tribunal el 26 de agosto el perjuicio que podría suponer para el menor la adopción de la medida solicitada, y argumentaba que la repetición de curso le podía ayudar al alumno a consolidar los conocimientos no adquiridos, así como a mejorar sus hábitos de estudio, trabajo y organización. El departamento también señalaba que todos los aspectos anteriores mejorarían su preparación para 2º de Bachillerato y la selectividad.

El 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso volvió a desestimar la medida cautelar reclamada por el padre. Sin prejuzgar el fondo de la demanda, los magistrados ratificaron su decisión del 28 de agosto. La causa sigue actualmente en tramitación y, próximamente, el Tribunal se pronunciará sobre el fondo del pleito, es decir, la solicitud de revisar y, en su caso modificar, dos de los tres suspensos del alumno repetidor. 

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha defendido este lunes la independencia de los jueces durante el acto de apertura del Año Judicial en la región, un curso que, según ha reconocido, “no ha sido fácil”.

En su alocución institucional, Tena ha advertido de que buscar una justificación o explicación a una resolución o actuación judicial distinta de la estrictamente jurídica supone “equivocar a la ciudadanía” y “atacar el Estado de Derecho”.

Asimismo, ha subrayado que la identidad del juez “no es relevante” y que, “sea quien sea el juez o la jueza, tiene una sola obligación: aplicar la ley”, recordando que los errores o equivocaciones deben solventarse mediante los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Durante su balance, la presidenta del alto tribunal extremeño ha destacado las “magníficas relaciones institucionales” mantenidas en la comunidad bajo el “respeto y la consideración mutua”, y se ha detenido en la implantación de los Tribunales de Instancia, que funcionan desde el pasado 1 de enero de 2026 en todos los partidos judiciales.

Según ha asegurado, esta transformación se ha producido “sin especiales disfunciones” ni una ralentización de los asuntos, permitiendo una mejor redistribución de las cargas de trabajo y avances en especialización.

Del mismo modo, ha puesto en valor el papel de las Oficinas de Justicia en el Municipio, clave en un territorio disperso y que en su primer año registraron más de 75.000 actuaciones en Badajoz y más de 72.000 en Cáceres.

De cara al nuevo año judicial, el TSJEx impulsará iniciativas punteras como una experiencia piloto de ‘Justicia orientada al dato’ en colaboración con el Ministerio de Justicia (para automatizar borradores de resoluciones repetitivas sin valoración jurídica) y un proyecto de ‘Justicia Restaurativa’ penal en Cáceres para delitos leves y menos graves.

En el plano de infraestructuras y personal, Tena ha anunciado la creación de siete nuevas plazas de magistrados distribuidas entre las Audiencias Provinciales y los Tribunales de Instancia de Cáceres y Badajoz, aunque ha recordado que el TSJEx continuará reclamando más plazas para otros partidos judiciales de la región, así como mejoras urgentes en las sedes de Navalmoral de la Mata, Montijo y Don Benito.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Pilar Astray, ha ofrecido una rueda de prensa previa al acto solemne de apertura del curso judicial donde ha expuesto los datos más significativos de la memoria judicial.

El año pasado urgía cubrir 42, ha recordado, pero todavía restan otras 21 por completar, con especial urgencia en las audiencias provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara.

Aunque esas son las plazas “más acuciantes” en cuanto a la necesidad de cobertura, ha recalcado también que restan otras en órganos unipersonales en algunos pueblos donde “hay un problema estructural”, como es el caso de La Roda, Ciudad Real capital, Almagro, Tomelloso, Tarancón, Orgaz o Valdepeñas, según los datos que recoge Europa Press.

Faltaría, además, incrementar plazas en las secciones de lo Social de Albacete y Guadalajara y también en las secciones penales de Ciudad Real, Guadalajara, Albacete y Toledo. Del mismo modo, señala, “falta en Instrucción en Albacete”.

Reclama especialización en infancia y adolescencia

Astray ha considerado además que, “si fuera posible, habría que dedicar una parte del esfuerzo a favorecer una especialización compatible en delitos contra la infancia y la adolescencia” en los juzgados de Castilla-La Mancha.

Mientras tanto, se ha referido al ámbito penal, con más de 128.000 casos de los que se han resuelto poco más de 122.500. Algo que, apunta, provoca que “cada vez haya más atraso”, con más de 66.000 pendientes de juzgar en el cómputo global.

Existen, además, 16.621 ejecutorias pendientes de ejecución, razón que justifica que se completen plazas en esta sección en las capitales de provincia.

La “presión” en casos de civil creció “un 23,5%”, asuntos que si bien son “fáciles”, a nadie le gusta que un juez “lo resuelva de un vistazo”.

En Primera Instancia “hay un descenso ligero”, ha señalado, aunque la entrada de casos venía creciendo en los últimos años.

En Mercantil sube la presión un 13,5% elevando los casos pendientes por encima de los 4.300 en todo el territorio; mientras que en Social “también ha habido un pequeño descenso”. En Contencioso-Administrativo, de su lado, “hubo un pequeño incremento”, si bien mantiene “una situación preocupante” que requiere “medidas de refuerzo”.

“Castilla-La Mancha tiene una baja ratio de jueces por habitante, aunque estamos contentos de que por lo menos haya un punto de resolución”, asegura, celebrando también que se hayan iniciado los trámites para la cobertura de nuevas plazas en 2027.

Astray ha agradecido por tanto la “respuesta importante” para cubrir plazas, si bien no resuelve las “necesidades prioritarias”. Como conclusión, ahora la prioridad “debe de ser reducir los tiempos de respuesta al ciudadano”.

Cuenca necesita una plaza contra la violencia machista

El año que cerró se impulsó la creación de nuevas plazas en juzgados de violencia machista, si bien “faltaría Cuenca” para reforzar.

El problema en este ámbito, tal y como ha incidido la presidenta del TSJCM, es que estas plazas necesitarían más infraestructura para poder dar el servicio adecuado.

“Si no garantizamos la accesibilidad a los tribunales no atendemos la necesidad de las víctimas y su confianza. Y para ello necesitamos también de las demás administraciones”, ha abundado Astray.

Urge edificio en Tomelloso

En otro orden de cosas, ha apuntado que en 2025 se pudieron inaugurar los institutos de medicina legal en Ciudad Real y Toledo y se ha completado el edificio de Torrijos.

En este punto, ha celebrado el “esfuerzo del Ministerio”, si bien hay todavía necesidades “obvias”, como la adaptación del edificio del tribunal de instancia de Toledo. “Ahí ya no caben los órganos”.

También, Tomelloso requiere “una sede única” para prestar un mejor servicio, ha reparado la presidenta del TSJCM.

También hay más carga para la Fiscalía

De su lado, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha tomado la palabra en el acto posterior de apertura de acto institucional, ofreciendo también los datos de la memoria del trabajo del centenar de fiscales que operan en territorio castellanomanchego.

Fernández ha iniciado sus palabras haciendo alusión a la situación en Ceuta para dirigirse a los compañeros de la sección de la Ciudad Autónoma dentro de la Fiscalía, que “están haciendo un esfuerzo considerable para satisfacer el trabajo que les viene determinado por el devenir de los hechos”.

Del mismo modo, ha querido tener una dedicatoria a los profesionales fiscales, sobre todo de Guadalajara y Ciudad Real, en cuanto a su trabajo en torno a los incendios forestales que ha sufrido la región durante la época estival.

Entrando en datos, ha apuntado que han sido 62.000 las diligencias previas incoadas en 2025, sobre todo en torno a violencia y delitos contra el patrimonio.

Se ha incrementado el número de casos pendientes, con algo más de 48.000 asuntos en los órganos fiscales de Castilla-La Mancha, un 10% más que al final de 2024.

Se han tramitado más de 9.000 casos por la vía urgente, algo que ha celebrado, si bien ha alertado de “un bajo índice de conformidad” en estas tramitaciones, solo en el 65%, por debajo de la media.

Cada fiscal ha hecho unas 134 calificaciones de media, cuando en el anterior ejercicio no se llegaba a cien, “una muestra de la mayor carga de trabajo”.

Con todo, cada año “se decretan menos situaciones de prisión preventiva”, algo que puede justificarse por “la duración de los procedimientos”, y es que “es muy difícil que una instrucción esté terminada antes de los dos años de límite ordinario de prisión preventiva”.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado hoy a los gobiernos socialistas de “atacar permanentemente la independencia del Poder Judicial” o de “cuestionar” el trabajo de los jueces.

Lo hacía en Albacete, coincidiendo con el acto oficial de apertura del año judicial que se ha celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Ha ido incluso más allá, asegurando que “no solo” lo hacen con el ámbito judicial sino que “también estamos viendo cómo se ponen trabas y cómo se entorpece el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Lo ha dicho en el mismo día en el que el juez Peinado ha dado el último paso para que Begoña Díaz sea juzgada por un jurado popular. Algo que el Gobierno de España ha condenado, precisamente porque lo atribuye a una clara intencionalidad política. “Condenamos la decisión del Juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Núñez, cuyo partido ha esquivado en los últimos días (y años) pronunciarse sobre sonados casos en los tribunales que afectan a la que fuera su antecesora en el cargo y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, ha pedido hoy “respeto” a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial porque hacerlo es “algo absolutamente fundamental, ya que es la esencia de la democracia”, ha afirmado.

“Cuando te guste y cuando no te gusta puedes opinar, pero desde luego no se puede dudar en acatar la sentencia y no se puede dudar tampoco en respetar el trabajo y la independencia que debe de tener el Poder Judicial”. Cree que eso, “en nuestro país, por desgracia, no siempre está sucediendo”, y ha culpado de ello al PSOE y a quienes respaldan su gobierno. “Tan culpables son los que lo están impulsando desde el gobierno como los que con su voto lo están respaldando”.

En su opinión, la independencia de jueces y de juezas es “necesaria” para que puedan ser “útiles en democracia desde el punto de vista del respeto a las instituciones”.

A reglón seguido ha defendido como “fundamental” que haya un cambio de gobierno para que “haya un cambio de rumbo en el país y en la comunidad autónoma”. Un cambio, decía “en la que se aborda la política del día a día, la convivencia social, el respeto a las instituciones, el respeto al Estado de Derecho”.

Els lentíssims temps de l’Administració de Justícia solen ser incompatibles amb la vida quotidiana de qualsevol fill de veí. Un testimoni citat a declarar en un judici amb un any d’antelació o té molt bona memòria, o s’apunta la data en un post-it ben visible, o s’arrisca a despistar-se de dia i s’enfronta a multes d’entre 200 i 5.000 euros. Una cosa així li va passar a Rosa Pérez Garijo, exdiputada provincial d’Esquerra Unida del País Valencià i denunciant del “cas Taula”.

Pérez Garijo havia sigut citada el passat 28 de gener al judici relatiu a la peça separada E de la macrocausa, celebrat davant de la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València. No obstant això, aquella jornada, la testimoni no apareixia per cap lloc ni responia al telèfon. Resulta que s’havia confós de data —el judici s’havia suspés prèviament i era l’enèsima vista oral d’una peça separada en la qual declarava— i, a més, tenia el telèfon silenciat quan una funcionària li va telefonar a les 10.25 per a intentar localitzar-la. L’exdiputada provincial impartia en aquell precís moment una classe a la Facultat de Dret de la Universitat de València, de la qual és professora. Tan prompte com es va assabentar del desgavell, es va posar en contacte amb el tribunal —en una telefonada a les 11.14— per a intentar acudir ràpidament a la Ciutat de la Justícia, però la sessió del judici d’aquella jornada ja havia acabat i, finalment, va haver de declarar l’endemà.

A la presidenta del tribunal, quan per fi va tindre cara a cara la testimoni, no la van convéncer massa les seues queixes per la multa de 200 euros, la més lleu de les previstes en la Llei d’Enjudiciament Criminal. La sancionada, tal com va informar aquest diari, va relatar els detalls de la investigació inicial del “cas Taula” i com va obtindre les gravacions secretes de Marcos Benavent, autodenominat “ionqui dels diners” i un dels personatges més rellevants de la presumpta trama corrupta.

Per la seua banda, Rosa Pérez Garijo va recórrer la multa, que finalment ha anul·lat —per unanimitat— la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), segons indica l’acord del passat 17 de setembre —ferm i de caràcter reservat— al qual ha tingut accés elDiario.es.

La resolució, de la qual ha sigut ponent el magistrat Juan Luis de la Rúa Navarro, avala com a “rellevants” les circumstàncies al·legades per la recurrent davant de la multa imposada per la secció cinquena de l’Audiència de València.

Un oblit “raonablement excusable”

La Sala de Govern del TSJ-CV també veu una “absència final de perjudici” per al desenvolupament de la vista oral —que es va saldar amb una sentència absolutòria per a l’“ionqui dels diners”—, cosa que “impedeix considerar una actitud de menyspreu a la citació judicial” per part de Pérez Garijo, a qui atribueix un “mer oblit o error de bona fe, raonat i raonablement excusable”.

L’òrgan de l’alt tribunal autonòmic recorda que la testimoni va telefonar tan prompte com va poder al tribunal, “mostrant plena disposició a comparéixer immediatament”, tal com al·legava Rosa Pérez Garijo en el seu recurs d’alçada.

Per contra, la secció cinquena de l’Audiència de València considerava que era una “testimoni important en el judici” —per la qual cosa “amb més raó havia d’haver estat més atenta a la seua citació”— i, fent seua la postura del Ministeri Fiscal, va concloure que, encara que “no tinguera una voluntat inequívoca de no comparéixer, sí que almenys és d’apreciar negligència, desatenció o falta de previsió de l’acte, no sent causa suficient que justifique la seua incompareixença l’al·legació que es va confondre en haver-se suspés el judici l’any anterior”. El tribunal també sostenia que a “cap” dels testimonis o pèrits els va passar per alt la data de les respectives citacions per al judici oral.

Sense “pertorbació de l’ordre processal”

No obstant això, la Sala de Govern del TSJ-CV considera “necessari” analitzar les al·legacions de Pérez Garijo, “evitant acudir automàticament a presumpcions de culpabilitat, valorant la possibilitat d’un error assumible, excusable o de bona fe, que exclouria de manera raonada i raonable un retret sancionador, i la consegüent responsabilitat disciplinària”.

La seua conclusió exclou que l’absència sobrevinguda de la testimoni fora per si mateixa “manifestament negligent”.

“No es pot desconéixer que la citació va ser lliurada més d’un any abans de l’acte judicial al qual es convocava, cosa que determina el transcurs d’un període de temps molt dilatat, sense recordatoris intermedis, a la qual cosa s’uneix una reacció immediata de la citada tractant d’esmenar la situació, mitjançant una telefonada al Tribunal a una hora —les 11.14 hores— que hauria permés raonablement la seua compareixença i la pràctica de la seua declaració aquell mateix dia, en cas de no haver transcorregut tan ràpidament la resta de diligències previstes per a aquella jornada, prestant, en tot cas, la seua declaració l’endemà, en la segona sessió prevista per a aquell judici, sense causar, per això, una efectiva i material pertorbació de l’ordre processal o altres perjudicis afegits”, conclou la resolució.

Los lentísimos tiempos de la administración de Justicia suelen ser incompatibles con la vida cotidiana de cualquier hijo de vecino. Un testigo citado a declarar en un juicio con un año de antelación o tiene muy buena memoria, o se apunta la fecha en un post-it bien visible, o se arriesga a despistarse de día y se enfrenta a multas de entre 200 y 5.000 euros. Algo así le pasó a Rosa Pérez Garijo, exdiputada provincial de Esquerra Unidad del País Valencià y denunciante del 'caso Taula'.

Pérez Garijo había sido citada el pasado 28 de enero al juicio relativo a la pieza separada E de la macrocausa, celebrado ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Sin embargo, aquella jornada, la testigo no aparecía por ningún lado ni respondía al teléfono. Resulta que se había confundido de fecha (el juicio se había suspendido previamente y era la enésima vista oral de una pieza separa en la que declaraba) y, además, tenía el teléfono silenciado cuando una funcionaria la llamó a las 10.25 para tratar de localizarla. La exdiputada provincial impartía en aquel preciso momento una clase en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, de la que es profesora. En cuanto se enteró del desaguisado, se puso en contacto con el tribunal (en una llamada a las 11.14) para tratar de acudir rápidamente a la Ciudad de la Justicia, pero la sesión del juicio de aquella jornada ya había acabado y, finalmente, tuvo que declarar al día siguiente.

A la presidenta del tribunal, cuando por fin tuvo cara a cara a la testigo, no le convencieron demasiado sus quejas por la multa de 200 euros, la más leve de las previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La sancionada, tal como informó este diario, relató los pormenores de la investigación inicial del 'caso Taula' y cómo obtuvo las grabaciones secretas de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y uno de los personajes más relevantes de la presunta trama corrupta.

Por su parte, Rosa Pérez Garijo recurrió la multa, que finalmente ha anulado —por unanimidad— la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), según indica el acuerdo del pasado 17 de septiembre (firme y de carácter reservado) al que ha tenido acceso elDiario.es.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Luis de la Rúa Navarro, avala como “relevantes” las circunstancias alegadas por la recurrente frente a la multa impuesta por la sección quinta de la Audiencia de Valencia.

Un olvido “razonablemente excusable”

La Sala de Gobierno del TSJ-CV también ve una “ausencia final de perjuicio” hacia el desarrollo de la vista oral (que se saldó con una sentencia absolutoria para el 'yonqui del dinero'), lo cual “impide considerar una actitud de desprecio a la citación judicial” por parte de Pérez Garijo, a la que achaca un “mero olvido o error de buena fe, razonado y razonablemente excusable”.

El órgano del alto tribunal autonómico recuerda que la testigo telefoneó en cuanto pudo al tribunal, “mostrando plena disposición a comparecer de inmediato”, tal como alegaba Rosa Pérez Garijo en su recurso de alzada.

Por el contrario, la sección quinta de la Audiencia de Valencia consideraba que era una “testigo importante en el juicio” (por lo que “con mayor razón debió estar más atenta a su citación”) y, haciendo suya la postura del Ministerio Fiscal, concluyó que, aunque “no tuviera una voluntad inequívoca de no comparecer, sí al menos es de apreciar negligencia, desatención o falta de previsión del acto, no siendo causa suficiente que justifique su incomparecencia la alegación de que se confundió al haberse suspendido el juicio el año anterior”. El tribunal también sostenía que a “ninguno” de los testigos o peritos se les pasó la fecha de sus respectivas citaciones para el juicio oral.

Sin “perturbación del orden procesal”

Sin embargo, la Sala de Gobierno del TSJ-CV considera “necesario” analizar las alegaciones de Pérez Garijo, “evitando acudir automáticamente a presunciones de culpabilidad, valorando la posibilidad de un error asumible, excusable o de buena fe, que excluiría de forma razonada y razonable un reproche sancionador, y la consecuente responsabilidad disciplinaria”.

Su conclusión excluye que la ausencia sobrevenida de la testigo fuera de por sí “manifiestamente negligente”.

“No cabe desconocer que la citación fue librada más de un año antes del acto judicial al que se convocaba, lo que determina el transcurso de un muy dilatado periodo de tiempo, sin recordatorios intermedios, a lo que se une una reacción inmediata de la citada tratando de subsanar la situación, mediante llamada telefónica al Tribunal en una hora —a las 11.14 horas— que habría permitido razonablemente su comparecencia y la práctica de su declaración ese mismo día, caso de no haber transcurrido tan rápido el resto de diligencias previstas para esa jornada, prestando, en todo caso, su declaración el día siguiente, en la segunda sesión prevista para dicho juicio, sin causar, por ello, una efectiva y material perturbación del orden procesal u otros perjuicios añadidos”, concluye la resolución.

Diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han formulado voto particular contra el acuerdo del Pleno de 16 de septiembre que inadmitió, por falta de legitimación, el recurso de Jueces y Juezas para la Democracia frente a la modificación de la composición de dos secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y que supuso el traslado de los jueces Luís Villares y Dolores López. Los firmantes sostienen que la asociación judicial sí ostenta un interés legítimo y que el Pleno debió examinar el fondo del recurso y estimarlo.

Esa misma proporción —once contra diez, contando con el voto de la presidenta— fue la que avaló en julio el traslado de ambos magistrados. Villares, líder de En Marea entre 2016 y 2020, había sido señalado con frecuencia por el PP y los empresarios debido a las sentencias de la Sección Tercera relacionadas especialmente con la paralización de parques eólicos, por lo que su cambio forzoso de destino se interpretó desde el principio en clave política. Curiosamente, desde el paso de los dos jueces a la Sección Cuarta, sus sustitutos en la Tercera han mantenido la doctrina en varios fallos.

El más relevante, el que sirvió como detonante para la decisión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio: la decisión de a eximir a la Xunta de pagar el IBI del hospital de Vigo, inicialmente tumbada por el Supremo alegando dudas sobre la falta de imparcialidad por parte de Villares. El alto tribunal retornó la causa al TSXG que, con un nuevo grupo de jueces, dictaminó en el mismo sentido.

En el voto particular, al que ha tenido acceso elDiario.es, los vocales aseguran que la decisión de Recio —que utilizó como excusa la intención de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” tras la decisión del Supremo— no se atuvo a los “criterios objetivos” que establece cada año la Sala de Gobierno. “Si admitiéramos que las presidencias de Sala pueden recomponer sus secciones sin atenerse” a estos criterios “estaríamos convalidando que estas medidas puedan ejecutarse sin control alguno por cualquier otra presidencia de Sala”, lo que promovería “un modelo autoritario y no democrático del ejercicio de las presidencias”.

Por eso, consideran que “la actuación controvertida no afectó únicamente a los componentes de las Secciones afectadas”, sino que presenta “una dimensión colectiva, que afecta directamente al estatuto judicial, así como a los intereses de todos los juece/as y magistrado/as” y, consecuentemente, “es claro que la asociación recurrente está legitimada para la impugnación de las medidas”. “Por todo ello, este Consejo General debió reconocer que la asociación recurrente ostenta un interés legítimo suficiente para promover el presente recurso y obtener un pronunciamiento”, concluye el voto particular.

La asociación ultra HazteOir, una de las acusaciones populares personadas en la causa contra David Sánchez, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó por prevaricación a los 11 procesados en el procedimiento. La asociación reclama que se considere también cometido un delito de tráfico de influencias y solicita seis años de prisión para el hermano del presidente del Gobierno.

El recurso de apelación no cuestiona los hechos en los que la Audiencia Provincial sustentó las condenas por prevaricación, sino la decisión de excluir el delito de tráfico de influencias. HazteOir sostiene que las mismas actuaciones pueden encajar también en este segundo delito porque, a su juicio, las decisiones sobre las plazas estuvieron acompañadas de una influencia ejercida para favorecer a sus beneficiarios.

En concreto, la acusación popular sostiene que existió un “concurso medial” entre la prevaricación y el tráfico de influencias en las decisiones que dieron lugar a la contratación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, posteriormente como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, y de Luis María Carrero como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas.

HazteOir considera que la Audiencia Provincial aplicó un concepto demasiado restrictivo de la influencia al descartar este delito. Según expone en su recurso, para que exista tráfico de influencias no es necesario que haya una orden, un mandato o una petición formal, sino que puede consistir en una actuación destinada a “alterar el proceso motivador” de quien adopta la decisión.

La asociación sostiene que las plazas fueron creadas, modificadas y adjudicadas y que de ellas se derivaron retribuciones y ventajas profesionales para sus ocupantes. A partir de ahí, defiende que las actuaciones encajan también en el delito de tráfico de influencias.

Sobre esta base, la asociación ultra pide al TSJEx que modifique la calificación jurídica de los hechos y eleve las penas solicitadas. Para David Sánchez reclama seis años de prisión y más de 20 años de inhabilitación para cargo público. Para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo solicita cuatro años de cárcel y 19 años de inhabilitación. La asociación también reclama penas de prisión e inhabilitación para otros nueve procesados.

Nueva denuncia contra Gallardo por la plaza de Carrero

Además del recurso, HazteOir ha presentado una nueva denuncia contra el que fuera líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación de la plaza que posteriormente ocupó Luis María Carrero. La asociación recuerda que este asunto no fue investigado respecto a Gallardo en el procedimiento seguido ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La propia resolución dejó abierta la posibilidad de que se ejercitaran acciones sobre este extremo.

Esa organización sostiene ahora que la competencia para crear esa plaza correspondía al pleno de la Diputación, que estaba presidido por Gallardo, y que no se trataba de una competencia susceptible de delegación.

La denuncia también cuestiona el procedimiento seguido para cubrir el puesto, que, según la asociación, se hizo con urgencia y sin concurrencia en favor de Carrero, al que identifica como “amigo” de David Sánchez.

HazteOir vincula esta actuación con las decisiones anteriores relacionadas con la plaza de David Sánchez y sostiene que Gallardo mantenía facultades sobre la delegación mediante la que se llevó a cabo la provisión del puesto.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de 14 años de prisión impuesta a un hombre por agredir sexualmente en 2022 de una menor, de 13 años de edad, tutelada por la Diputación de Bizkaia, con la que contactó a través de las redes sociales. En el momento de los hechos, el condenado tenía 60 años. El TSJPV ha rechazado el recurso interpuesto por el acusado y ha ratificado íntegramente la sentencia dictada en marzo de 2026 por la Audiencia Provincial de Bizkaia, que lo condenó como autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor.

Además de los 14 años de prisión, el órgano judicial vizcaíno le impuso un máximo de diez años de libertad vigilada a cumplir tras salir de la cárcel con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio, o actividad que conlleve contacto con menores de edad durante veinte años. El tribunal declaró probado que el acusado contactó con la menor por una red social el 9 de febrero de 2022 cuando él tenía 60 años y ella 13 años. La víctima se encontraba tutelada por la Diputación de Bizkaia, informa Europa Press.

La sentencia destaca que mantuvo con ella conversaciones de carácter “romántico, íntimo y sexual” hasta que el 18 de febrero concertó un encuentro en un centro comercial. Fue en el interior de su coche, en el aparcamiento, cuando se produjeron las primeras agresiones sexuales y, después, la volvió agredir en unas escaleras del edificio de su domicilio. Posteriormente, el acusado llevó a la menor de vuelta al centro comercial y “le dio 20 euros”. La víctima falleció en 2025 “por causas no relacionadas con estos hechos”.

Ante el recurso interpuesto por el acusado contra esta sentencia, el TSJPV responde que la sentencia de la Audiencia de Bizkaia no incurre en “déficit constitucional de prueba ni en irracionalidad valorativa”. Entre otras cuestiones, el alto tribunal vasco remarca que la condena impuesta no descansó únicamente en la declaración de la menor durante la instrucción, cuya grabación fue reproducida en el juicio, sino que contó con una “pluralidad de elementos probatorios convergentes”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) analiza si el expresident Carlos Mazón, que ostenta la condición de aforado al seguir de diputado autonómico del PP valenciano, cometió un presunto delito de falso testimonio en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso el pasado 17 de noviembre.

El PSPV-PSOE se querelló contra Mazón al considerar que, a pesar de ser advertido expresamente de su obligación legal de no faltar a la verdad en su testimonio ante la comisión parlamentaria, mintió en relación con el listado de llamadas del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 232 fallecidos, con su itinerario tras la salida del restaurante El Ventorro (en el que comió con Maribel Vilaplana en plena catástrofe), con las comunicaciones con la entonces consellera Salomé Pradas, con el conocimiento de la existencia de fallecidos y con las ayudas del Gobierno central vinculadas a la dana.

“Faltar a la verdad”, recuerda el Ministerio Público, supone que debe darse una alteración sustancial de la verdad, entendida como una contradicción inequívoca con la realidad objetiva, en el marco de las respuestas del declarante a las preguntas que se formulen, y deben dichas respuestas afectar a hechos relevantes“.

Para proceder al “análisis de si fue relevante lo declarado” por Carlos Mazón, la Fiscalía del TS ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) el auto de la Sala de lo Civil y Penal que el pasado 16 de marzo rechazó investigar al aforado Mazón por la gestión de la dana.

El Ministerio Fiscal suspende así el trámite para el dictamen sobre el contenido de la querella presentada por el PSPV-PSOE.

La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto para la normalización del euskera aprobado en febrero de 2024 por el Gobierno vasco, entonces con Iñigo Urkullu como lehendakari y Bingen Zupiria como consejero del ramo. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, atiende un recurso de Vox pero aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo. El fallo no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El texto, que venía respaldado expresamente por consejeros de PNV y PSE-EE, excluyó en su redacción definitiva algunos puntos espinosos que habían sido objeto de recursos judiciales en el pasado. Regula el impulso del euskera en la Administración vasca, incluidos los funcionarios de Lakua pero también organismos como la Ertzaintza y Osakidetza y sociedades públicas, unas 140.000 personas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular las normativas de impulso a la lengua vasca. En paralelo, colectivos de la denominada 'euskalgintza' y fuerzas como EH Bildu e incluso algunos sectores del PNV han denunciado una “ofensiva” contra el euskera.

Esta resolución llega a pesar de que, en verano, el Tribunal Constitucional inadmitiera una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, de nuevo por procedimiento instado por las derechas. En aquel momento, aunque se conocía que quedaban recursos pendientes, el Gobierno vasco dijo ver respaldada su política lingüística. Políticamente, el PNV promovió también un retoque de la norma de 2022 en busca de seguridad jurídica, aunque en esta ocasión sin consenso con los socialistas, su socio de Gobierno. Esa nueva ley requiere precisamente otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo. Ahora Zupiria es consejero de Seguridad y la responsable de Política Lingüística es su compañera de gabinete Ibone Bengoetxea.

¿Por qué se anula el decreto? El Superior entiende que el Gobierno no atendió un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno, que en un dictamen “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos” alertó de algunos problemas sobre las consecuencias financieras del reglamento. A partir de ahí, se afea al Gobierno que dijera que el decreto inicialmente no iban a tener repercusión económica y que luego presentara una memoria económica insuficiente. Se menciona, por ejemplo, que se “evidencia” la “ausencia de los necesarios créditos presupuestarios” para hacer frente a las exigencias. En definitiva, no entra como tal al fondo de la política lingüística o a valorar si las medidas de impulso del euskera son o no acertadas, sino a afear la forma de trabajar del Ejecutivo vasco.

La vicelehendakari Bengoetxea, horas después, ha afirmado que la sentencia “no cuestiona el objetivo de normalizar el euskera en la Administración”. “Vamos a seguir dando pasos en el camino de la normalización del euskera”, ha comprometido. Ha añadido que tienen capacidad de recurrir ante el Supremo y que, igualmente, pueden usar el futuro decreto para incorporar los elementos anulados con “seguridad jurídica”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza los últimos recursos del teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva y dos de sus antiguos colaboradores en la causa que se sigue contra ellos por cohecho y revelación de secretos, hechos acaecidos mientras integraban OCON-Sur, el dispositivo especial para la lucha contra el narcotráfico en El Estrecho que fue desmantelado por Interior en 2022. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella, por lo que aboca a los tres agentes a sentarse en un banquillo ante un tribunal del jurado en fecha aún por determinar.

Hace más de un año, en abril de 2025, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide seis años y medio de cárcel para el teniente coronel Oliva, en otro tiempo aupado mediáticamente como azote de las redes del narcotráfico en el sur de España. El Ministerio Público le acusa de haber comprado la voluntad de otro guardia civil, destinado en Asuntos Internos, para que le facilitara toda la información que había sobre él en el citado servicio. Asuntos Internos sospechaba de los vínculos de Oliva con un clan de narcotraficantes de la provincia de Cádiz. Como pago de Oliva al guardia civil filtrador este fue destinado en el dispositivo comandado por David Oliva.

Junto a Oliva y el ex agente de Asuntos Internos se sentará un teniente, colaborador del teniente coronel. Para este teniente, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por los mismos delitos que debe responder el teniente coronel Oliva, cohecho y revelación de secretos, mientras que para el antiguo agente de Asuntos Internos, el Ministerio Público pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.

Oliva y el teniente acusado integraron el dispositivo OCON-Sur desde su puesta en marcha, en 2018. OCON-Sur fue la respuesta del actual Gobierno al crecimiento de la vía del narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, su penetración en distintas capas de la sociedad y la violencia utilizada por los miembros de los clanes, que habían empezado a atacar a los agentes de la autoridad.

En los apenas cuatro años que estuvo desplegado, el dispositivo sumó más de 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga. En octubre de 2018, con una explicación que no convenció al tejido social de la zona, Interior devolvió la lucha antidroga a las comandancias de la Guardia Civil y disolvió el dispositivo especial, compuesto por 150 agentes que habían tenido una dedicación exclusiva y mayores retribuciones.

El motivo de aquella decisión ministerial fue un misterio hasta que trascendió la imputación del teniente coronel Oliva en abril de 2023. El año anterior, el ministro del Interior había sido advertido de la investigación en marcha contra Oliva, por lo que decidió poner fin al dispositivo especial de la Guardia Civil, explican fuentes del instituto armado.

Según la investigación, Oliva había averiguado que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil andaba tras él por su relación con un clan asentado en la playa de Bolonia (Cádiz), así que contactó con uno de los agentes del SAI. Acordó con él que le facilitara toda la información obrante en Asuntos Internos a cambio de llevarlo a trabajar con él a OCON-Sur, en Cádiz, destino al que aspiraba el filtrador por motivos familiares.

El agente de Asuntos Internos entregó a Oliva un pendrive con toda la información y terminó destinado en OCON-Sur. La filtración de información, obtenida del servidor de Asuntos Internos, constituiría un delito de revelación de secretos, mientras que la concesión del puesto en el lugar donde quería el filtrador, otro de cohecho.

La estrategia de defensa de los guardias civil incluyó denunciar un presunto montaje de la Policía Nacional para acusar en falso a Oliva de vínculos con los narcotraficantes. La denuncia de los guardias civiles motivó la imputación de un mando de la Udyco. El TSJ de Madrid rechaza que esa causa abierta contra el policía en un juzgado de Madrid sea motivo para invalidar el procedimiento contra los tres mandos del instituto armado. Los guardias civiles argumentan que el montaje policial respondería al deseo de la Udyco de que desapareciera el exitoso OCON-Sur, dentro de la rivalidad entre Cuerpos

Al tiempo, la defensa de los guardias civiles interpuso numerosos recursos que han retrasado la decisión que implica finalmente que vayan a ser juzgados por un tribunal del jurado, competente en los delitos de cohecho que cometen funcionarios públicos.

“La nulidad carece de justificación”

Los guardias civiles acusados sostienen que toda la investigación está viciada por las supuestas falsedades e ilegalidades cometidas contra ellos por la Udyco de la Policía Nacional, también el trabajo que hizo después el propio Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la propia Guardia Civil y los consiguientes autos judiciales.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior de Madrid resuelven que el informe del SAI “no es tributario” del trabajo de la Udyco y que recoge “hasta trece indicios que fundamentan la oportunidad de la pesquisa”, según se puede leer en el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que ha tenido acceso elDiario.es. “En suma, la investigación llevada a cabo resultó respetuosa de los derechos fundamentales concernidos y la nulidad pretendida carece de justificación”, añade la resolución.

El procedimiento se encuentra ya en el trámite de las cuestiones previas. Los acusados impugnaron la incorporación de distintas pruebas que el TSJM rechaza. “Lo que no cabe es convertir el trámite de cuestiones previas al juicio en una oportunidad sanatoria universal de cualquier acto procesal anterior o una ocasión preventiva de hipotéticas irregularidades futuras. No existe, por tanto, vulneración de derechos fundamentales que propicie la nulidad pretendida”, culmina el auto.

Otro de los guardias civiles denuncia las diligencias de escuchas que se acordaron y la invasión injustificada de sus derechos fundamentales. Esta conclusión supone, a juicio del tribunal, “desconocer el valor convictivo de los indicios, cuya valoración conjunta permitió inferir que el susodicho mantenía una relación muy estrecha con persona vinculada al narcotráfico, a pesar de su condición de guardia civil, que en más de una ocasión intermedió para protegerla y que tenía un patrimonio no acorde con sus ingresos”.

Oliva y varios de sus subordinados en OCON-Sur son mencionados por sospechosos de narcotráfico en conversaciones mantenidas en teléfonos encriptados que fueron intervenidos en la operación contra el inspector jefe Óscar Sánchez Gil, el policía de los 20 millones emparedados. El policía ha denunciado una red de corrupción de funcionarios que no ha sido investigada aún a partir de esas conversaciones. Tal y como reveló este martes elDiario.es, Asuntos Internos de la Policía Nacional ha verificado indiciariamente la existencia de esa red de corrupción policial en la que fue mencionado Oliva.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado la condena a las empresas ISS Facility Services y Gelim Extremadura, encargadas del servicio de limpieza en los hospitales de Mérida y Tierra de Barros, por vulnerar de forma continuada el derecho a los descansos diarios y semanales de sus empleadas.

La resolución desestima el recurso presentado por las contratas y confirma íntegramente la sentencia dictada previamente en marzo de 2026 por el Tribunal de Instancia de Badajoz.

Como consecuencia de este fallo, las empresas deberán abonar una compensación económica de 1.500 euros a cada una de las 29 trabajadoras representadas en la demanda promovida por CCOO del Hábitat de Extremadura, con el objetivo de resarcir los perjuicios ocasionados por la privación de sus derechos laborales.

Solapamiento de turnos e indemnización

El procedimiento del conflicto colectivo se originó tras constatar que la gestión de turnos aplicada por las adjudicatarias provocaba un solapamiento sistemático entre el descanso diario y el semanal. Esta práctica neutralizaba el disfrute real y efectivo del día y medio de libranza continuada fijado por la ley y el convenio colectivo de la actividad.

El alto tribunal extremeño ha rechazado los argumentos de las contratas, que cuestionaban el procedimiento colectivo y la cuantía indemnizatoria. Para fijar el importe de 1.500 euros por empleada, los magistrados han tomado como referencia los criterios de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), situando la sanción en el grado máximo del tramo de infracciones graves.

La resolución exige además a las empresas adaptar y redistribuir de inmediato la jornada de la plantilla para garantizar el cumplimiento estricto de los descansos legales.

La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat en una sentència el recurs presentat pel grup Acció Ecologista-Agró contra el projecte de construcció del moll de contenidors de l’ampliació nord del Port de València, amb un pressupost de licitació superior als 660 milions d’euros.

Els magistrats consideren que la declaració d’impacte ambiental (DIA) formulada el 30 de juliol de 2007 es mantenia vigent quan el projecte redactat el 2021 va ser aprovat pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València el 2 de desembre de 2022, ja que les obres de la primera fase que s’hi preveien no havien conclòs i la segona fase “formava part del mateix únic projecte”.

D’aquesta manera, “les modificacions incorporades en el projecte del 2021 —encara que de molt notable envergadura respecte al projecte originari— no constitueixen un projecte que exigira una nova declaració d’impacte ambiental”, precisa l’Alt Tribunal valencià, “ni tan sols simplificada, per no comportar innovacions que pogueren tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient” en els termes que preveu l’article 7.2 c) de la Llei d’Avaluació Ambiental del 9 de desembre de 2013.

La Sala assenyala que resulta necessari determinar si es tracta de “dos projectes als efectes de l’impacte ambiental, no ‘projecte’ als efectes purament conceptuals o d’acord amb altres prescripcions legals (Llei de l’Edificació, la legislació de contractes del sector públic pel que fa a les modificacions de projectes per damunt del 20%, etc.), perquè una resposta eventualment afirmativa ens hauria de portar a entendre que s’hauria requerit una nova avaluació ambiental”.

Així, la sentència —que pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem— analitza l’informe pericial emés per un enginyer de camins, canals i ports designat per la mateixa Sala i que va comparéixer en una vista celebrada el setembre de l’any passat per a aclarir el seu dictamen. “Doncs bé, del contingut d’aquest, incloent-hi els seus aclariments, considera la Sala no acreditat que estiguem davant d’un nou projecte a efectes mediambientals”, conclouen els magistrats.

El Tribunal destaca que aquest informe pericial, que sí que refereix la necessitat d’una nova DIA, “omet”, en canvi, “endinsar-se a fons sobre el que, en rigor, li va ser sol·licitat en concret”, com una anàlisi d’emissions atmosfèriques del trànsit marítim, increments en la utilització de recursos naturals, abocaments al litoral, generació de residus o una hipotètica afecció al Parc Natural de l’Albufera, entre altres extrems.

A més, es basa “significativament” en un altre informe pericial aportat per l’associació demandant que no avaluava les dues addicions al projecte del 2018, que van ser introduïdes el 2020, prossegueixen els magistrats.

Per contra, el pèrit judicial que va comparéixer en la vista no va valorar un altre dictamen, encarregat per l’Autoritat Portuària i subscrit el febrer de 2022 per un altre enginyer, que al Tribunal li resulta “solvent” tant per la seua “metodologia” com per les seues “conclusions”.

Aquest informe pericial del 2022 i altres documents, com una nota tècnica subscrita l’abril del 2021 pel director de Planificació i Desenvolupament i conformada pel president de Ports de l’Estat, mereixen a la Sala un crèdit més gran i la porten a considerar que no era necessària una nova avaluació ambiental.

La Secció Quarta del TSJCV recorda igualment que no són objecte d’aquest plet altres procediments relacionats amb el Port de València inclosos en els fonaments jurídics de la demanda, com la concessió d’una terminal de contenidors, una altra de passatgers, el rescat d’una tercera concessió o el Pla Especial de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).

De la mateixa manera, la sentència recull que no ha quedat acreditat “ni en el fàctic ni en el jurídic que l’acord aprovatori del projecte constructiu del Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València incórrega en cap vici invalidant”.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado en una sentencia el recurso presentado por el grupo Acció Ecologista Agró contra el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia, con un presupuesto de licitación superior a los 660 millones de euros.

Los magistrados consideran que la declaración de impacto ambiental (DIA) formulada el 30 de julio de 2007 se mantenía vigente cuando el proyecto redactado en 2021 se aprobó por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia el 2 de diciembre de 2022, pues las obras de la primera fase que en ella se contemplaban no habían concluido y la segunda fase “formaba parte del mismo único proyecto”.

De este modo, “las modificaciones incorporadas en el proyecto de 2021 -aunque de muy notable envergadura respecto al proyecto originario- no constituyen proyecto que exigiera nueva declaración de impacto ambiental”- precisa el Alto Tribunal valenciano- “ni siquiera simplificada, por no llevar consigo innovaciones que pudieran tener efectos adversos significados sobre el medio ambiente” en los términos que prevé el artículo 7.2 c) de la Ley de Evaluación Ambiental de 9 de diciembre de 2013.

La Sala señala que resulta preciso determinar si se trata de “dos proyectos a los efectos del impacto ambiental, no ‘proyecto’ a los efectos puramente conceptuales o con arreglo a otras prescripciones legales (Ley de la Edificación, la legislación de contratos del sector público en punto a las modificaciones de proyectos por encima del 20%, etc), porque una respuesta eventualmente afirmativa habría de llevarnos a entender que se hubiera requerido una nueva evaluación ambiental”.

Así, la sentencia -que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo- analiza el informe pericial emitido por un ingeniero de caminos, canales y puertos designado por la propia Sala y que compareció en una vista celebrada en septiembre del pasado año para aclarar su dictamen.

“Pues bien, del contenido del mismo, incluyendo sus aclaraciones, considera la Sala no acreditado que estemos ante un nuevo proyecto a efectos medioambientales”, concluyen los magistrados.

El Tribunal destaca que ese informe pericial, que sí refiere la necesidad de una nueva DIA, “omite” en cambio “adentrarse a fondo sobre lo que, en rigor, le fue solicitado en concreto”, como un análisis de emisiones atmosféricas del tráfico marítimo, incrementos en la utilización de recursos naturales, vertidos al litoral, generación de residuos o una hipotética afección al Parque Natural de la Albufera, entre otros extremos.

Además, se basa “significativamente” en otro informe pericial aportado por la asociación demandante que no evaluaba las dos adiciones al proyecto de 2018, que fueron introducidas en 2020, prosiguen los magistrados.

Por el contrario, el perito judicial que compareció en la vista no valoró otro dictamen, encargado por la Autoridad Portuaria y suscrito en febrero de 2022 por otro ingeniero, que al Tribunal le resulta “solvente” tanto por su “metodología” como por sus “conclusiones”.

Ese informe pericial de 2022 y otros documentos, como una nota técnica suscrita en abril de 2021 por el director de Planificación y Desarrollo y conformada por el presidente de Puertos del Estado, merecen a la Sala un mayor crédito y le llevan a considerar que no era precisa una nueva evaluación ambiental.

La Sección Cuarta del TSJCV recuerda igualmente que no es objeto de este pleito otros procedimientos relacionados con el puerto de Valencia incluidos en los fundamentos jurídicos de la demanda, como la concesión de una terminal de contenedores, otra de pasajeros, el rescate de una tercera concesión o el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Del mismo modo, la sentencia recoge que no ha quedado acreditado “ni en lo fáctico ni en lo jurídico que el acuerdo aprobatorio del proyecto constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de valencia incurra en vicio invalidante alguno”.