El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por una empresa de Ferrol y ha confirmado que ésta deberá indemnizar por los daños morales derivados del retraso en la tramitación del protocolo antiacoso.

Según se recoge en la sentencia, una sentencia del Juzgado de Social 1 de Ferrol declaró extinguida la relación laboral entre la trabajadora y la empresa, y acordó que la mujer sería indemnizada en 38.081 euros por despido improcedente, y en otros 3.750 euros por daños y perjuicios (cantidad que fue recurrida por la compañía), por la tardanza en tramitar el protocolo antiacoso.

El TSXG considera acreditado que la compañía incumplió de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, al demorar la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia presentada por la trabajadora a través de su canal ético.

Así, expone que “la empresa ha incumplido un elemento fundamental de su protocolo antiacoso, como es la urgencia, cometiendo una acción u omisión culposa o negligente, constitutiva de una vulneración de derechos fundamentales, con una doble dimensión: individual, sobre la salud laboral de la propia trabajadora, así como colectiva, dado que, desde la perspectiva del personal de la propia empresa, ese incumplimiento despertará razonables sospechas con respecto al cumplimiento del protocolo”.

De hecho, apunta que, además de producirse un incumpliento de la legalidad ordinaria en materia de prevención de riesgos laborales, los hechos están vinculados con el derecho a la integridad moral reconocido en la Constitución.

El TSXG estima que se ha producido un daño moral, “con independencia de la situación de la incapacidad temporal de la trabajadora demandante”. “La circunstancia de estar la trabajadora fuera de la empresa durante la tramitación del expediente no excluye un daño moral derivado de la tardanza en la tramitación del protocolo antiacoso, que es independiente de si la trabajadora está trabajando o fuera de la empresa”, advierten los magistrados.

Además, subrayan que la cuantía de 3.750 euros fijada en la sentencia de primera instancia resulta proporcionada, al tiempo que recuerdan que es habitual tomar como referencia orientativa las sanciones previstas para las infracciones muy graves por vulneración empresarial de derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Por todo ello, el TSXG desestima íntegramente el recurso de la empresa, aunque la sentencia no es firme y contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El juez Juan Carlos Peinado encara sus últimas semanas en activo con un asunto que puede marcar el final de su trayectoria en la carrera judicial: su posible sanción disciplinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) empezará a analizar en septiembre si las quejas que le trasladó el pasado julio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueden acarrear una sanción leve para el juez que ha logrado sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La jubilación forzosa de Peinado está prevista para el 27 de septiembre, cuando cumplirá la edad máxima que pueden tener los magistrados en activo, fijada en los 72 años. A partir de entonces, se extinguirá cualquier posibilidad de sanción disciplinaria. Tras el parón del mes de agosto, el tribunal madrileño empezará a analizar la documentación a partir de septiembre. En primer lugar, tendrá que decidir si le abre expediente disciplinario o rechaza de plano emprender cualquier actuación con las diligencias que le remitió el Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, teniendo en cuenta el protocolo a seguir y los plazos temporales tan ajustados, las fuentes consultadas auguran que Peinado solo podría ser reprendido con la sanción menos severa de entre todas las que tienen carácter leve si es que finalmente el tribunal decide imponerle algún correctivo. Se trata de la sanción de advertencia, una especie de reproche disciplinario formal sin ni siquiera multa económica.

El artículo 422.1 de la ley del Poder Judicial determina que la advertencia se impondrá “sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una información sumaria”. Las fuentes consultadas explican que se trata de un procedimiento rápido, en el que se analiza la documentación remitida por el CGPJ y se da audiencia al juez afectado, con lo que daría tiempo a culminar el proceso durante septiembre.

Además, la decisión depende únicamente de la presidencia del tribunal, un cargo que actualmente ocupa en funciones la magistrada Aurora de la Cueva después de que el pasado 20 de julio su anterior presidente, Celso Rodríguez Padrón, tomara posesión de su nuevo puesto en el Tribunal Supremo. De la Cueva ocupa el cargo de forma interina dado que es la presidenta de Sala más antigua de ese órgano judicial.

El procedimiento más largo dificulta la sanción

Las faltas leves como las que el CGPJ sospecha que pudo cometer Peinado también pueden ser castigadas con multa de hasta 500 euros o con multa y advertencia de forma conjunta. Sin embargo, en ese caso la ley prevé un trámite más complejo. El procedimiento exige la designación de un instructor que debe recabar pruebas y, si ve materia, hacer después un pliego de cargos que el expedientado puede contestar en el plazo de ocho días, así como proponer más pruebas.

Transcurrido ese plazo y previa audiencia de la Fiscalía, el instructor formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la sanción que estime procedente. Dicha propuesta de resolución se notificará al interesado, que tendrá otros ocho días para hacer alegaciones.

Una vez concluido este trámite, el expediente se remitiría a la Sala de Gobierno del TSJM, que es la competente para imponer por mayoría este tipo de sanciones. Ese órgano tiene ocho miembros, de los que al menos cinco pertenecen a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En caso de sanción, el magistrado y la Fiscalía pueden recurrir en la vía administrativa, sin perjuicio de los que procedan en la vía jurisdiccional. La ley establece que la resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa, aún cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el tribunal acuerde su suspensión.

Aunque la ley da un plazo máximo de un año para resolver los expedientes por este tipo de sanciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que se puedan cumplimentar todas estas garantías procesales y plazos de alegación en menos de un mes desde que el TSJM retome la actividad en septiembre hasta el día 27 del mismo mes.

Ataques a la Policía

La primera de las diligencias remitidas al tribunal madrileño se abrió después de que la Comisión Permanente del CGPJ acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto en el que Peinado justificó su decisión de retirar el pasaporte de Begoña Gómez por la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga.

Los vocales del bloque progresista y la presidenta del órgano, Isabel Perelló, consideraron que la autoridad disciplinaria debía valorar si esas expresiones podían suponer una falta de desconsideración. Pero el Promotor propuso archivar ambas investigaciones y dejar sin sanción a Peinado por estos hechos. Argumentó que el Consejo únicamente puede intervenir si lo solicita el tribunal superior del juzgado correspondiente, algo que no ha sucedido en este caso.

Sin embargo, de nuevo los vocales progresistas y la presidenta entendieron que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite sancionar este tipo de expresiones sin cumplir ese requisito. En concreto, una sentencia de la de lo Contencioso-Administrativo de 2014 que confirmó una sanción a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Catalunya. Al tratarse de una falta leve, la competencia en este caso es del TSJM, de quien decidirá si hay o no sanción.

La segunda de las diligencias remitida al tribunal madrileño fue abierta tras la denuncia presentada por un particular que denunció que Peinado había tardado un año y siete meses en tramitar un procedimiento. De nuevo, el Promotor propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la misma mayoría de la Permanente estimó, sin embargo, que pueden ser constitutivos de una falta leve de retraso y acordó su remisión.

Otros jueces sin sanción

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones.

Sin embargo, las cifras evidencian que la mayoría de las investigaciones que se abren acaban sin sanción. En 2024, último año del que existen datos disponibles, el Promotor dictó 362 acuerdos de archivo de diligencias informativas y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente 11 acabaron en sanción.

Este año, el bloque conservador impuso su mayoría en la Comisión Disciplinaria y archivó sin sanción los expedientes abiertos al juez Manuel Ruiz de Lara, quien llamó “Barbigoña” a la mujer del presidente del Gobierno y al magistrado Eloy Velasco, que criticó a la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Además, la Permanente también archivó el pasado julio otras cuatro quejas contra Peinado. Entre ellas, las que presentó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la actuación del juez cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. El alto tribunal rechazó investigarle.

El archivo de esa queja se llevó a cabo con el voto favorable de los vocales conservadores y del consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado que, no obstante, sí se mostró partidario de denunciar a Peinado por los delitos de revelación de datos reservados y prevaricación en relación con otras de las quejas presentadas contra él que también resultaron archivadas.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado el despido disciplinario a un trabajador de un establecimiento comercial de una multinacional, con sede en Barakaldo (Bizkaia), por “acoso sexual” a sus compañeros, a los que sometía a “tocamientos indeseados” en partes íntimas y les había hecho “comentarios de índole sexual”. En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJPV desestima el recurso de suplicación interpuesto por el despedido contra la resolución de instancia que ha confirmado. En ella se considera probado que el 21 de febrero de 2025 una empleada denunció ante la dirección un asunto que consideraba “urgente” por el “comportamiento inapropiado” por parte de otro trabajador que, en su opinión, había vulnerado el Código de Conducta establecido por la empresa, al “tocar indebidamente, sin consentimiento y en repetidas ocasiones, a varios compañeros del equipo”. Estos, según su relato, le habían mostrado su “incomodidad” y le habían pedido que dejara de hacerlo.

Tal como explicó, la actitud de este empleado, además de “infringir las normas de convivencia dentro de la empresa”, había generado “un ambiente incómodo y preocupante” para sus compañeros. Según relató uno de ellos al resto del equipo, mientras cargaba mercancía en una máquina de carga, el denunciado se le acercó por detrás y le sometió a “tocamientos que quedaban completamente fuera de lugar y que fueron realmente incómodos” para él. Además, en varias ocasiones, según otros trabajadores, con la excusa de que eran hombres, “intentaba e incluso llegaba a tocarles zonas íntimas”, por lo que le habían pedido que dejara de hacerlo.

La denunciante afirmó ante la empresa que ella se había sentido “incómoda” al compartir espacio de trabajo con el denunciado porque tenía “tendencia a invadir el espacio personal y acercarse en exceso con el torso pegado” a su espalda cuando pasaba por detrás de ella. Esta queja la había trasladado a sus managers, al servicio médico, a responsables de Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos de la multinacional, y había solicitado que se adoptasen “las medidas convenientes para resolver esta situación, conforme a las políticas y procedimientos internos establecidos por la empresa”.

La responsable de Vigilancia de Salud de la empresa convocó a una reunión al trabajador demandado, que admitió haber realizado “tocamientos” a compañeros varones, pero aseguró que se trataba de “bromas”. Esta representante de la empresa también habló con los empleados citados en la denuncia y con otros afectados a través de la plataforma 'Teams'.

Por ello, el 17 de marzo de 2025, la comisión instructora de situaciones de acoso emitió informe en el que concluyó que los hechos investigados constituían “acoso sexual”. Ante ello, el denunciado hizo constar su disconformidad y presentó el 1 de abril alegaciones escritas en las que aseguró que no había cometido ningún acto que “pueda dañar física ni moralmente a sus compañeros, y mucho menos ningún delito”. A su vez, acusó al personal de la empresa de someterle a “acoso continuado”.

Por su parte, la empresa remitió al trabajador carta de despido disciplinario fechada el 2 de abril, con efectos al mismo día, en la que les trasladaba que las conclusiones del informe contra él eran “contundentes” y se consideraba que era responsable de “inferir en una situación absolutamente inapropiada e intolerable, con comentarios y acciones sexistas, constitutivos de acoso sexual conforme al protocolo existente en la compañía”.

También le comunicaba que “muchos de sus compañeros” habían confirmado con sus declaraciones que, “en horario laboral y en el centro de trabajo”, había incurrido en “realizar tocamientos indeseados” en las partes íntimas a otros empleados varones “sin su consentimiento”, además de hacer “comentarios de índole sexual”, y “roces y toques” con el cuerpo. Verbalmente dijo a uno de los trabajadores: “no te agaches, nene, que no sabes cómo me pones”, y en otras ocasiones le efectuó tocamientos en los genitales mientras reponía mercancía, llegando en alguna ocasión a actuar “de forma violenta, zarandeándole” para hacerle tocamientos.

A otra empleada le puso “los testículos en la cara cuando se levantaba a recoger un papel”, y otra vez le dio “un abrazo no consentido de contenido sexual”, intentando repetirlo en días posteriores. Cuando iba al baño, le hacía proposiciones preguntándole si “necesitaba ayuda”. Durante una fiesta de empresa en 2024, tal como relató otro compañero de trabajo, “le tocó el culo de manera reiterada y sorpresiva, sin su consentimiento”, por lo que otra trabajadora le tuvo que retirar la mano y exigirle que no volviera a hacerle tocamientos. A ese mismo empleado, le hacía habitualmente preguntas personales de contenido sexual y de manera reiterada. Por ello, la plaza número 9 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao desestimó la demanda contra la empresa planteada por el acusado y declaró procedente el despido impugnado.

El despedido presentó recurso de suplicación en el que alegó que se había producido infracción de normas o garantías del procedimiento que le habían provocado “indefensión”, solicitó la revisión de los hechos probados, y la nulidad de las actuaciones, para retrotraerlas al momento anterior a la infracción, entre otras, la omisión de prueba de reproducción videográfica. Subsidiariamente, reclamaba que se anulara su despido o se declarara su improcedencia.

En concreto, argumentó que se había omitido la reproducción videográfica de uno de los episodios que se consideró “acoso sexual”, prueba a la que la empresa renunció al considerar que no iba a aportar nada a la investigación por la calidad de la grabación y porque la posición de la cámara “no iba a mostrar, por sí sola, el lugar donde se produjeron los tocamientos”. Además, el demandante en su momento no protestó porque no se practicara esta prueba. También impugnó la sentencia de instancia al considerar que la prueba testifical de uno de los afectados fue “dirigida por el juez”, ya que este, al ser migrante, no conocía el idioma y se limitó a contestar afirmativamente cuando el magistrado le preguntó si le había tocado el acusado sus partes íntimas.

El TSJPV rechaza las pretensiones del acusado y asegura que no se ha producido “indefensión”. De hecho, estima que durante el acto de juicio oral se practicaron todas las pruebas propuestas, y la sentencia “no contiene declaraciones fácticas oscuras, incompletas o contradictorias”. Por el contrario, cree que la resolución judicial mantiene un relato histórico de los hechos probados, “con toda precisión y detalle que requiere el reflejo de la realidad” deducible de los medios de prueba aportados. También recuerda que solo es posible modificar el relato de hechos probados a través de la prueba documental o pericial, y en ningún caso testifical, en caso de constatarse “un error claro y evidente” del juzgador. El acusado también pretendía esta revisión de hechos probados porque la empresa no otorgó audiencia previa al delegado sindical antes de acordar el despido disciplinario.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado una multa de 50.000 euros impuesta a una plataforma por publicidad ilícita al promover la prostitución en diversas ciudades españolas, entre las que se encontraban varias de Canarias.

En concreto, la investigación sobre estas actividades ilícitas se llevó a cabo sobre los anuncios publicados en lugares como Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, entre otros a nivel nacional.

Esos puntos del Archipiélago fueron elegidos para demostrar las actividades ilegales que promovía el portal web que consistían en publicitar anuncios de servicios de escorts, tanto hombres como mujeres, que según se determinó iban en contra de la protección a consumidores y usuarios.

Para ello se reprodujeron en 2023 diversas capturas del contenido principal y luego otros elegidos de forma aleatoria, haciendo constar la hora y fecha, llegándose a la conclusión de que los anuncios se correspondían con personas reales.

Quienes accedían a la página principal podían elegir diversas categorías, luego en una nueva interfaz aparecían los anuncios clasificados por comunidades autónomas y al final se publicaba un texto con expresiones que se consideraban ofensivas.

No obstante, acto seguido indicaban que no les gustaban ciertos términos para referirse a las actividades que publicaban y pedían diferenciar entre prostitutas y escorts.

Una vez se seleccionaba en la parte superior de la pantalla la opción Escorts se pasaba a una pantalla en la que se mostraba un listado en diferentes ciudades españolas agrupadas por comunidades autónomas, entre las que se investigó las mencionadas de Canarias.

Finalmente, se concluyó con que la página web promovía y publicitaba servicios de prostitución y se consideró responsable de una infracción administrativa grave a una entidad domiciliada en Irlanda.

Los responsables de la empresa negaron los hechos y aseguraron que siempre habían actuado dentro de la legalidad, siendo conscientes de que la prostitución es una actividad ilegal y apelando a la libertad de expresión, lo que rechazó el Abogado del Estado al recordar que según la actual legislación se considera ilícita la publicidad que “utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra mujeres o menores”.

Una vez analizado el contenido de las expresiones, fotos y comentarios quedó demostrado que se estaban promocionando actividades de carácter sexual y por lo tanto no cabía encuadrarlas en el derecho a la libertad de expresión.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid indica que este tipo de sitios web no pueden caracterizarse como medios de información sino que son un mero instrumento para realizar otra actividad que en este caso queda fuera de los derechos protegidos por la Constitución y por lo tanto es posible llevar a cabo el secuestro administrativo.

En la actualidad en la página se advierte que la promoción de la prostitución va en contra de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobada en el mes de septiembre de 2022 conocida como la ley de Sólo Sí es Sí.

Quan falten quasi tres mesos perquè faça dos anys de la catàstrofe de la dana, les peces de convicció dels jutjats valencians continuen emmagatzemades en un dipòsit provisional de la Ciutat de la Justícia de València —a l’aparcament del segon soterrani—, després que la nau de la Generalitat a Riba-roja de Túria fora arrasada per la inundació del 29 d’octubre de 2024, una jornada tràgica que va acabar amb 231 víctimes mortals. El que es pressuposava que seria una solució transitòria va pel camí de cronificar-se, amb el sobreesforç en termes de vigilància que comporta l’emmagatzematge de les proves en un espai originalment destinat a l’aparcament dels vehicles de magistrats, fiscals o funcionaris de la casa.

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) s’ha cansat de la situació i ha demanat a la Generalitat que, amb la “màxima urgència”, procedisca a la “retirada i reubicació” dels efectes de l’aparcament i busque un emplaçament definitiu per a les peces, subjectes a la cadena de custòdia.

“La Sala manifesta que la ubicació actualment utilitzada, al segon soterrani de l’edifici i, concretament, en una zona destinada a aparcament, tenia un caràcter merament provisional i no reuneix les condicions adequades de seguretat, custòdia i conservació exigibles per a aquest tipus d’efectes, a més de generar importants afeccions al funcionament normal de les instal·lacions i altres inconvenients de caràcter organitzatiu i operatiu”, afirma l’acta de la sessió del passat 8 de juliol.

El desbordament del barranc de Poio durant la dana es va acarnissar amb el Centre Logístic i d’Arxiu de la Generalitat (CLAIG), situat a Riba-roja de Túria i propietat de la Conselleria d’Hisenda, i va destruir 14.603 “peces de convicció” que afectaven 3.640 procediments de 57 òrgans judicials i fiscals, tal com va informar elDiario.es, fet que va trencar per complet la cadena de custòdia.

Davant la impossibilitat d’emmagatzemar les peces de convicció a Riba-roja de Túria, l’aparcament de la Ciutat de la Justícia de València es va transformar en una mena de dipòsit suposadament temporal.

No obstant això, l’òrgan de govern dels jutges valencians recorda que ha demanat reiteradament una “solució definitiva” al departament que dirigeix la consellera Nuria Martínez, encarregat de la dotació i la gestió dels mitjans materials al servei de l’Administració de justícia.

Una situació “que s’està allargant excessivament”

Així, la Sala de Govern del TSJ-CV reitera, per unanimitat, la seua sol·licitud perquè se solucione d’una vegada la insòlita ubicació de les proves judicials, “garantint les condicions degudes de seguretat, conservació i prestació adequada del servei públic de justícia”.

La memòria judicial del TSJ-CV corresponent a l’exercici 2025, publicada aquest divendres, també al·ludeix, en l’apartat sobre la dana, a la cridanera situació de les peces de convicció: “Es tracta d’una situació que s’està allargant excessivament i a la qual l’Administració prestacional [la Generalitat] hauria de donar una solució de manera immediata”, afirma.

Per la seua banda, fonts de la Conselleria de Justícia consultades per aquest diari sostenen que les peces de convicció “estan perfectament custodiades a la Ciutat de la Justícia de València”. “S’està ultimant la viabilitat d’una nova ubicació com a dipòsit”, postil·len les mateixes fonts.

A casi tres meses de que se cumplan dos años de la catástrofe de la dana, las piezas de convicción de los juzgados valencianos siguen almacenadas en un depósito provisional de la Ciudad de la Justicia de València —en el aparcamiento del sótano segundo— después de que la nave de la Generalitat en Riba-roja de Túria fuera arrasada por la inundación del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos. Lo que se suponía una solución transitoria va camino de cronificarse, con el sobreesfuerzo en términos de vigilancia que conlleva el almacenaje de las pruebas en un espacio originalmente destinado para el aparcamiento de los vehículos de magistrados, fiscales o funcionarios de la casa.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) se ha hartado de la situación y ha pedido a la Generalitat que, con la “máxima urgencia”, proceda a la “retirada y reubicación” de los efectos del aparcamiento y busque un emplazamiento definitivo para las piezas, sujetas a la cadena de custodia.

“La Sala pone de manifiesto que la ubicación actualmente utilizada, en el sótano segundo del edificio y concretamente en una zona destinada a aparcamiento, presentaba un carácter meramente provisional y no reúne las condiciones adecuadas de seguridad, custodia y conservación exigibles para este tipo de efectos, además de generar importantes afecciones al normal funcionamiento de las instalaciones y otros inconvenientes de carácter organizativo y operativo”, afirma el acta de la sesión del pasado 8 de julio.

El desbordamiento del barranco del Poyo durante la dana se cebó con el Centro Logístico y de Archivo de la Generalitat (CLAIG), situado en Riba-roja de Túria y propiedad de la Conselleria de Hacienda, y destruyó 14.603 “piezas de convicción” que afectaron a 3.640 procedimientos de 57 órganos judiciales y fiscales, tal como informó elDiario.es, quebrándose por completo la cadena de custodia.

Ante la imposibilidad de almacenar las piezas de convicción en Riba-roja, el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia de València se transformó en una suerte de depósito supuestamente temporal.

Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces valencianos recuerda que se ha pedido reiteradamente una “solución definitiva” al departamento que dirige la consellera Nuria Martínez, encargado de la dotación y gestión de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia.

Una situación “que se está alargando en exceso en el tiempo”

Así, la Sala de Gobierno del TSJ-CV reitera, por unanimidad, su solicitud para que se solucione de una vez la insólita ubicación de las pruebas judiciales, “garantizando las debidas condiciones de seguridad, conservación y adecuada prestación del servicio público de Justicia”.

La memoria judicial del TSJ-CV correspondiente al ejercicio 2025, publicada este viernes, también alude en su apartado sobre la dana a la llamativa situación de las piezas de convicción: “Se trata de una situación que se está alargando en exceso en el tiempo y a la que la Administración prestacional [la Generalitat] debería dar una solución de forma inmediata”, afirma.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por este diario sostienen que las piezas de convicción “están perfectamente custodiadas en la Ciudad de la Justicia de València”. “Se está ultimando la viabilidad de una nueva ubicación como depósito”, apostillas las mismas fuentes.

Su reputación de persona dialogante y amigo de la conversación larga y distendida la demuestra Juan Avello ante cualquier circunstancia, incluida una entrevista periodística. Él mismo lo reconoce ante la primera de sus respuestas. Quizás sean esas dos cualidades algunas de las que le han ayudado a llegar a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras una etapa como decano de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Pero por mucho que hable no se moja en los asuntos espinosos, como la crisis reputacional que vive la justicia en España: prefiere hablar de lo que él cree que interesa a la ciudadanía aunque una de esas preocupaciones -reconoce- sea la independencia judicial.

Vaya momento más oportuno para ponerse a presidir un tribunal superior, con buena parte de la ciudadanía mostrando abiertamente su desconfianza en el Poder Judicial.

Buena pregunta inicial. A mí me gusta más simplificar las cosas. Las noticias en relación a tribunales son un porcentaje ínfimo de lo que de verdad día a día hace la justicia. Yo estuve en el anterior destino, fui decano [de Las Palmas de Gran Canaria], y me movía mucho por el edificio. El 99% de la Justicia es el señor que recurre la denegación de una prestación de la Seguridad Social, el señor que recurre una denegación de una licencia para abrir un establecimiento, el que recurre porque no le indemnizan por un accidente de tráfico o una cláusula abusiva. Ese es el día a día de la justicia y el porcentaje más elevado. La otra parte tiene su importancia, o le damos mayor importancia de la que puede que tenga. Lo que de verdad le interesa al ciudadano es que cuando su juicio le toque, vaya lo antes posible. Las estadísticas de satisfacción de los ciudadanos con la justicia son francamente favorables. A mi juicio, cuando hay casi un 55 o un 60% de personas que dicen estar satisfechas con la justicia, me parece prácticamente milagroso.

Yo creo que el presidente del TSJ tiene que cumplir su función institucional, su función de defensa de la independencia judicial, porque es un medio para garantizar el prestigio de la justicia en beneficio siempre de la ciudadanía. Que un ciudadano confíe en la justicia es muy importante para la justicia y para él, y para el Estado de Derecho también. Que no es una cosa que la tengamos dada y que pueda ser siempre y en todo momento. Hay que defenderla y hay que concienciar a los ciudadanos, a los periodistas, a los jueces.

Asumir esta presidencia es automáticamente asumir también la de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que en el caso concreto de Canarias tiene una ventaja: que no hay aforados. ¿Cree que esto debería ser así en todas las comunidades autónomas, incluso en el ámbito estatal, y nos ahorraríamos muchos disgustos?

Aquí el legislador canario, en sus competencias, modificó el estatuto y suprimió los aforamientos. Es una decisión del legislador. Se quitó y no pasó realmente nada. No le veo mayor trascendencia. Yo creo que independientemente de que te juzgue un tribunal u otro, esas son las reglas del juego. Está establecido previamente, lo importante es que te juzgue un tribunal imparcial. Y que tenga la apariencia de imparcialidad y que una vez que te juzgue se puedan interponer recursos pertinentes si la legislación lo permite.

Aquí se suprimieron los aforamientos ¿y realmente cambió algo, pasó algo o modificó en algo la vida de los ciudadanos? A mí me da la sensación de que a los ciudadanos no les importa mucho. Si me dice, ¿quitaría usted los aforamientos? Pues sí o no los quitaría.

Que decidan ellos. Lo que sí garantizaría es que todo el mundo tuviera los mismos derechos y que las garantías procesales se respeten, como no puede ser de otra manera. Y gracias a Dios estamos también en un ámbito de la Unión Europea, con unas garantías y unos estándares mínimos que tenemos que cumplir.

Este respeto que usted muestra por una decisión legislativa, como ha sido la supresión de los aforamientos, sin embargo no está muy generalizado en su gremio. Hemos asistido a protestas, incluso aquí, de gente con toga y con puñetas en la puerta de los juzgados, protestando contra decisiones legislativas. ¿Por qué esa prudencia que usted demuestra no está más generalizada?

Las generalizaciones no suelen ser buenas. Yo creo que no suelen ser frecuentes las concentraciones de jueces y en algunas ocasiones podemos buscar también el ejemplo de los jueces polacos. Cuando el Poder Legislativo adoptaba decisiones que, a juicio de los jueces polacos, eran atentatorias contra los principios generales o contra los principios de separación de poderes o de la independencia judicial, nadie se sorprendió de que fueran todas las semanas a manifestarse en el Parlamento Europeo. Yo creo que los jueces tenemos también libertad de expresión y podemos manifestarnos con total y absoluto respeto, que yo creo que esa es la gran línea divisoria.

Los jueces no podemos estar sindicados, entonces es decisión personal de cada uno. Es importante pensar que los jueces no se manifiestan en contra de un concreto partido político, ni un gobierno, ni nada, ni en su beneficio tampoco, porque encima tampoco nos manifestábamos para que nos subieran el sueldo, sino que nos manifestábamos porque pensábamos, o el que se manifestó, porque esto es una decisión individual y personal de cada uno, que alguna decisión ponía en peligro el beneficio de los ciudadanos y el beneficio del sistema de garantías que tenemos.

Ayer hizo mención expresa y con mucha elegancia y agradecimiento a su antecesor. Sin embargo, su antecesor no estaba, ¿qué le pasó?

Es un tema personal. Yo lo que le puedo decir es que por mi parte, lo lógico y evidente, e hice una mención a su extraordinario trabajo.

¿Pero lo cree así?

Claro, si no, no lo diría. No era una cláusula de estilo, ni un formalismo, lo dije sinceramente y de corazón.

¿Pero le justificó su ausencia de algún modo o no apareció directamente?

No puedo contestar porque yo respondo por lo que yo hago y respondo por lo que yo sé. Yo trabajé con él durante cinco años que fui decano exclusivo y fue miembro de Sala de Gobierno y tengo el mejor de los conceptos [de Juan Luis Lorenzo Bragado]. Además, desde un punto de vista institucional jamás diré nada malo de ningún compañero. Y aparte, porque no tengo motivo. El que haya venido o no haya venido creo que es también una anécdota, es decisión personal de cada uno, asistir o no asistir, yo ahí no puedo entrar ni puedo explicar, respondo por mí. Lo que sí digo es que si dentro de cinco años el consejo que en su momento esté decide que yo no soy o que puede haber un compañero mejor, yo sí iré a la toma de posesión del próximo.

La elección de Gloria Poyatos como madrina junto a su padre en el acto de su toma de posesión, ¿es un gesto de bienqueda, una demostración de la capacidad que tiene usted para las relaciones públicas o que está usted verdaderamente convencido de que se puede hablar con cualquiera, como dijo, y llegar a acuerdos?

Lo dije en el discurso también. Es una decisión tomada con el corazón y con la cabeza. El corazón está de más que yo diga que Gloria es extraordinaria en todos los sentidos, como profesional y como persona, y por lo tanto, ¿qué problema hay? Si es una extraordinaria persona, una extraordinaria compañera, una extraordinaria profesional, qué suerte tengo de que haya sido mi madrina, eso es lo primero. Segundo, que se puede ver o entender, bueno no tengo problema tampoco en que sea, ¿qué porcentaje hay de la carrera judicial que son mujeres? ¿Cómo no va a haber una compañera acompañándome? Mi padre [el magistrado Ramón Avello, que ejerce en Asturias], lo teníamos claro y no había discusión, pero me llevo bien con Gloria, le tengo la mejor de las estimas, es una persona comprometida, buena, cariñosa, responsable. Todo lo que pueda decir es bueno. ¿Que es progresista? Perfecto, fenomenal. Cuando hablo con Gloria de temas de conciliación, ¿cómo no me voy a poner de acuerdo con ella? Si es que tiene razón, si es que es de sentido común, si es que vamos por ahí, ¿qué más da? Que dicen que yo soy conservador, bueno, pero las mujeres tendrán derecho a su pensión y a sus días de descanso y a su paternidad y a su maternidad, en fin, las cosas que antes no había. Si yo estoy de acuerdo con Gloria en todo, ¿será porque ella es progresista? Será.

El pleno del Conssejo General del Poder Judicial ha decidido, por 11 votos contra 10, avalar el traslado forzoso de magistradas y magistrados, entre ellos Luís Villares, en su día líder de En Marea -una alianza de formaciones políticas soberanistas y de izquierdas. Según la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de la que Villares forma parte, la ajustada votación “evidencia las dudas sobre la legalidad del proceso”. También critica el corporativismo del órgano judicial al respaldar “la decisión arbitraria” de la presidenta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y rechazar dos recursos contrarios, presentados por la asociación y por Villares.

Juezas y Jueces para la Democracia asegura además que la mencionada presidenta, Azucena Recio González, “obvio el procedimiento debido” al apartar a los magistrados y magistradas -cuatro- sin ni siquiera darles audiencia. La asociación progresista, que alerta contra el dominio conservador mayoritario del CGPJ, entiende que en los hechos relativos a este traslado forzoso se dirime también “qué ámbito de poder es atribuido a quien detenta las presidencias de sala precisamente por decisión del propio Consejo General”. El rechazo a los recursos, añade, busca “evitar el control al poder interno que, en casos como este, se ejerció de forma despótica”.

Que la votación saliese adelante por un voto de diferencia indica “la solidez de los argumentos de los recursos” y muestra “la fractura del CGPJ”. “En un contexto como el actual, de creciente desconfianza en la Justicia, produce inquietud”, concluye Juezas y Jueces para la Democracia en un comunicado, “que el Consejo avale una decisión de dudosa legalidad que altera arbitrariamente la composición de un Tribunal (la Sección tercera de la Sala de lo C-A) cuyas resoluciones resultaban incómodas a determinados intereses económicos y políticos”.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, antigua CRTVG y que agrupa a la TVG y a la Radio Galega, intentó imponer al cuadro de personal un “protocolo general que tiene como objeto la tramitación de las medidas de conciliación” sin abrir negociación con la representación sindical. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tumbado la iniciativa, condenado a la empresa pública por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, anulado el documento y obligado a indemnizar a los sindicatos que habían presentado la demanda: CUT, UGT y Comisións Obreiras.

Según la sentencia, dictada por la Sala de lo Social, “cualquier documento de este tipo que afecte de forma colectiva a las condiciones de trabajo de la plantilla debe pasar obligatoriamente” por la mesa de negociación o el comité intercentros “en virtud del derecho a la negociación colectiva”. La cúpula de la compañía quiso evitar el trámite al enviar un texto a las centrales, “una propuesta de instrumento de ordenación de las solicitudes de conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, y conceder 15 días para presentar alegaciones. Los sindicatos se negaron, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa insistió en su táctica y el comité intercentros -del que forman parte CUT con cinco delegados, CIG con tres, UGT con 2, USO y Comisións uno cada uno- replicó con una propuesta de apertura de mesa de negociación. La empresa se negó y anunció que aplicaría unilateralmente el protocolo. Ahora el Tribunal Superior “considera que no es legalmente posible que la CSAG imponga unilateralmente un protocolo de conciliación sin abrir una negociación colectiva con el comité intercentros”. “Existe, por tanto, una vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho a la libertad sindical”, concluye.

La sala deja sin efecto el mencionado documento y obliga a la CSAG a pagar 7.501 euros a cada uno de los tres sindicatos denunciantes en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Contra la resolución, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico ha solicitado una valoración de la sentencia a la compañía pública gallega, pero de momento no ha recibido respuesta.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el veto de la Delegación del Gobierno a la petición de residencia temporal por circunstancias sobrevenidas (concretamente, por haber sufrido la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 231 fallecidos) de un ciudadano colombiano escudándose en un informe policial desfavorable al solicitante. El informe de la Dirección General de la Policía excluyó al hombre, vecino de Benetússer y con arraigo familiar, por sus antecedentes policiales contra la seguridad del tráfico y falsedad documental, concluyendo que su conducta podía suponer una amenaza al orden público y a la seguridad.

La defensa del ciudadano de origen colombiano, que ejerce el abogado Fran Raga, vincula el antecedente policial con el uso de un vehículo en un contexto laboral (de camino al trabajo). Una vez recurrida la resolución denegatoria, el titular de la Plaza número 9 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València concluyó que el informe policial desfavorable reseñaba una conducta que no evidenciaba la “entidad suficiente como para denegar la autorización de residencia solicitada”.

La resolución en primera instancia reprochaba a la Administración la falta de valoración de los demás requisitos para pedir la residencia y consideraba que el antecedente policial “no debe ser tenido en cuenta para denegar al recurrente la autorización solicitada”.

“Ninguna” valoración del informe policial

Tras un recurso de la Delegación del Gobierno, el TSJ-CV ha vuelto a dar la razón al solicitante, un hombre con hijos residentes legales en España. La sentencia, dictada el pasado 29 de junio, concluye que la subdelegación del Gobierno en València “no puso en práctica la más mínima (ninguna) actividad de valoración del informe policial desfavorable”. También afirma que las alegaciones contienen “afirmaciones erróneas”.

La resolución del alto tribunal autonómico, que no es firme, echa en falta una mínima ponderación de los antecedentes policiales e impone las costas procesales por un importe de 800 euros a la Administración del Estado.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat el veto de la Delegació del Govern a la petició de residència temporal per circumstàncies sobrevingudes —concretament, per haver patit la dana del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 231 víctimes mortals— d’un ciutadà colombià, fonamentat en un informe policial desfavorable al sol·licitant. L’informe de la Direcció General de la Policia va excloure l’home, veí de Benetússer i amb arrelament familiar, pels seus antecedents policials contra la seguretat viària i per falsedat documental, i concloïa que la seua conducta podia suposar una amenaça per a l’ordre públic i la seguretat.

La defensa del ciutadà d’origen colombià, que assumeix l’advocat Fran Raga, vincula l’antecedent policial amb l’ús d’un vehicle en un context laboral, de camí al treball. Una vegada recorreguda contra la resolució denegatòria, el titular de la plaça número 9 de la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d’Instància de València va concloure que l’informe policial desfavorable ressenyava una conducta que no evidenciava “prou entitat per a denegar l’autorització de residència sol·licitada”.

La resolució de primera instància retreia a l’Administració la falta de valoració de la resta de requisits per sol·licitar la residència i considerava que l’antecedent policial “no ha de ser tingut en compte per denegar al recurrent l’autorització sol·licitada”.

“Cap” valoració de l’informe policial

Després d’un recurs de la Delegació del Govern, el TSJ valencià ha tornat a donar la raó al sol·licitant, un home amb fills residents legals a Espanya. La sentència, dictada el passat 29 de juny, conclou que la Subdelegació del Govern a València “no va posar en pràctica la més mínima (cap) activitat de valoració de l’informe policial desfavorable”. També afirma que les al·legacions contenen “afirmacions errònies”.

La resolució de l’alt tribunal valencià, que encara no és ferma, troba a faltar una mínima ponderació dels antecedents policials i imposa les costes processals, per un import de 800 euros, a l’Administració de l’Estat.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido una sentencia en la que establece la cesión ilegal de los 13 trabajadores de mantenimiento y conducción del aeropuerto de Loiu y les reconoce la condición de indefinidos en Aena, según ha informado CSIF País Vasco. En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha celebrado esta sentencia que ha estimado el recurso presentado en relación con la situación laboral de estos trabajadores, declarando la existencia de cesión ilegal entre AENA y CIMC-Tianda Airport Services y EFS Mantenimiento y Servicios Técnicos S.L. Se les ha reconocido la condición de indefinidos no fijos en AENA.

Para CSIF, esta resolución supone un “importante respaldo” a las reivindicaciones defendidas durante todo el procedimiento y refuerza su compromiso con la defensa de los derechos laborales de la plantilla. Durante la tramitación del procedimiento, se ha puesto de relieve el “papel esencial” que desempeñan los 13 trabajadores de EFS Mantenimiento y Servicios Técnicos S.L. en el funcionamiento diario del aeropuerto, ha apuntado la central sindical, para añadir que la sentencia permite poner en valor la labor que desarrollan estos trabajadores, y “trasladar a la sociedad y a las instituciones la importancia de un colectivo profesional, cualificado y esencial para la operatividad del aeropuerto”.

En su opinión, el procedimiento judicial también ha contribuido a “visibilizar las condiciones laborales del personal externalizado y la necesidad de avanzar hacia modelos que garanticen una mayor igualdad de trato y de oportunidades”. CSIF ha anunciado que continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales de los empleados de los servicios de mantenimiento y conducción y seguirá defendiendo la equiparación de derechos y condiciones con otros trabajadores que desarrollan funciones similares en la red aeroportuaria.

CSIF presentó una demanda ante los Juzgados por entender la existencia de conflicto colectivo por cesión ilegal a AENA de 13 trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios en el aeropuerto realizando funciones de conducción, operación, mantenimiento y custodia de las pasarelas de embarque/desembarque de pasajeros. La pretensión principal era declarar cesión ilegal y que los 13 trabajadores pasaran a ser fijos indefinidos de AENA.

El Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao desestimó la demanda y consideró que no existía cesión ilegal, por lo que CSIF recurrió ante el TSJPV, que en su fallo revoca la sentencia del Juzgado, y entiende que sí existe cesión ilegal de trabajadores entre AENA y las empresas contratistas (CIMC y EFS), y se reconoce a los 13 trabajadores la condición de indefinidos no fijos en la empresa. La resolución judicial no concede la fijeza plena (fijos de plantilla) porque, siguiendo la jurisprudencia del TS, los trabajadores no han superado un proceso selectivo de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La secció primera de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalat la sanció de 60.000 euros a l'empresa Medena Import Export SL, imposada arran de la fugida a la carrera de huit recol·lectors de taronja en plena inspecció de treball.

L'apartat de fets provats de la sentència ressenya que el 24 de novembre de 2021 la Inspecció de Treball va acudir al paratge de la Matanza, al municipi de Fortuna (Múrcia), a la finca Fenoll —situada a tocar de la frontera amb la província d'Alacant—, “i quan es va identificar com a tal, almenys huit persones que estaven recol·lectant taronges van eixir corrent sense que la Policia els atrapara, mentre que altres huit persones es van quedar i van ser identificades”.

L'empresa que explotava la finca Fenoll, domiciliada a Almoradí (Alacant) i dedicada al comerç a l'engròs de fruites i hortalisses, va entregar quatre dies més tard les nòmines de huit treballadors i els contractes d'altres tants. El Jutjat Social número 6 d'Alacant va avalar la sanció imposada per la Inspecció de Treball. Després d'un recurs de la mercantil, el TSJ-CV ha confirmat els 60.000 euros de sanció en descartar la caducitat del procediment al·legada per l'empresa.

La sentència, de la qual ha sigut ponent el magistrat Jacobo Pin, delimita la qüestió de fons a determinar si hi va haver o no obstrucció de la labor inspectora. L'empresa descartava qualsevol negativa i matisava que es va produir una “impossibilitat puntual d'identificar en l'acte les persones treballadores a causa de la seua fugida”, esmenada posteriorment amb l'aportació de la documentació dels contractes i els parts de treball.

El recurs de l'empresa, amb un resultat pròxim al mig milió d'euros en l'últim exercici declarat davant del Registre Mercantil, concloïa que es va acreditar la identitat dels treballadors fugits mitjançant “comunicacions posteriors” i argumentava que una sanció per obstrucció “suposaria exigir una prova diabòlica a la mercantil”.

El TSJ-CV, per la seua banda, recorda que els funcionaris de la Inspecció de Treball, que gaudeixen de presumpció de certesa, “van poder observar personalment la fugida” dels huit recol·lectors de taronja.

La resolució de l'alt tribunal autonòmic també esgrimeix la jurisprudència del Tribunal Suprem i afirma que “el fet que foren les persones treballadores les que fugiren del centre de treball davant la presència de la Inspecció no impedeix apreciar la culpabilitat de l'empresa”.

A més, la sentència afig: “Resulta difícil de creure que, trobant-se dos capatassos de la mercantil en el moment dels fets, no tingueren en el seu poder les dades identificatives de les persones treballadores que van fugir de la finca per a poder aportar-les a la Inspecció actuant en aquell moment”.

La resolució, que no és ferma, imposa les costes processals a l'empresa per un import de 800 euros.

La sección primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalado la sanción de 60.000 euros a la empresa Medena Import Export SL, impuesta tras la huida a la carrera de ocho recolectores de naranja en plena inspección de trabajo.

El apartado de hechos probados de la sentencia reseña que el 24 de noviembre de 2021 la Inspección de Trabajo acudió al paraje La Matanza de la localidad de Fortuna (Murcia), en la Finca Fenoll —situada a tiro de piedra de la frontera con la provincia de Alicante—, “y cuando se identificó como tal, al menos ocho personas que estaban recolectando naranjas salieron corriendo sin que la Policía les diese alcance, quedándose otras ocho personas que fueron identificadas”.

La empresa que explotaba la Finca Fenoll, domiciliada en Almoradí (Alicante) y dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas, entregó cuatro días más tarde las nóminas de ocho trabajadores y los contratos de otros tantos. El Juzgado de lo Social número 6 de Alicante avaló la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo. Tras un recurso de la mercantil, el TSJ-CV ha confirmado los 60.000 euros de sanción al descartar la caducidad del procedimiento alegada por la empresa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jacobo Pin, acota la cuestión de fondo a si hubo o no obstrucción de la labor inspectora. La empresa descartaba negativa alguna y matizaba que se produjo una “imposibilidad puntual de identificar en el acto por la huida de las personas trabajadoras”, subsanada posteriormente con la aportación de la documentación de los contratos y los partes de trabajo.

El recurso de la empresa, con uno resultado cercano al medio millón de euros en el último año declarado ante el Registro Mercantil, concluía que se cumplió la acreditación de la identidad de los trabajadores huidos mediante “comunicaciones posteriores” y argüía que una sanción por obstrucción “sería exigir una prueba diabólica a la mercantil”.

El TSJ-CV, por su parte, recuerda que los funcionarios de la Inspección de Trabajo, que gozan de presunción de certeza, “pudieron observar personalmente la huida” de los ocho recolectores de naranja.

La resolución del alto tribunal autonómico también esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo y afirma que “el que hecho de que fueran las personas trabajadoras las que huyeran del centro de trabajo ante la presencia de la Inspección no impide la apreciación de culpabilidad por parte de la empresa”.

Además, la sentencia añade: “Resulta difícil de creer que encontrándose dos capataces de la mercantil en el momento de los hechos, los mismos no tuviesen en su poder los datos identificativos de las personas trabajadoras que huyeron de la finca para poder aportárselos a la Inspección actuante en ese momento”.

El fallo, que no es firme, impone las costas procesales a la empresa por un importe de 800 euros.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha anul·lat la resolució de la Generalitat que va excloure una sol·licitant d'ajudes a l'habitatge en aplicar-li incorrectament la normativa. La sentència, que no és ferma, ha sigut dictada quasi dos anys després que la dona interposara un recurs de reposició contra la resolució de l'aleshores Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, dirigida per la vicepresidenta Susana Camarero.

L'exclusió de la sol·licitant es va produir en plena polèmica per la gestió del Consell de Carlos Mazón de les ajudes al lloguer, que va deixar fora 4.000 persones i que va coincidir amb la dimissió de la directora general d'Habitatge, Ana Caballer.

La Generalitat va considerar que la dona superava l'import màxim de la renda establit per a la zona de València (770 euros). No obstant això, la defensa de la sol·licitant va esgrimir que la renda del lloguer aportada, amb un import de 800 euros, incloïa les despeses de comunitat, tal com s'especificava en una clàusula del contracte de lloguer.

La normativa de la Generalitat vigent en aquell moment establia que, si no s'especificava l'import de les despeses de comunitat, calia entendre que representaven un 5% de la renda del lloguer.

“El càlcul que fa la part demandant és que el 5% de 800 euros són 40 euros, que s'han de restar i que suposen un arrendament, a aquests efectes, de 760 euros al mes. Com que el límit són 770 euros al mes, s'hauria d'haver donat per esmenat aquest requisit, tal com va assenyalar en el recurs de reposició, que no va rebre resposta expressa”, afirma la sentència de l'alt tribunal autonòmic.

El TSJ-CV avala el càlcul de les despeses de comunitat i conclou que la dona “té dret a l'ajuda sol·licitada”.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha anulado la resolución de la Generalitat que excluyó a una solicitante de ayudas a la vivienda al aplicarle incorrectamente la normativa. La sentencia, que no es firme, ha sido dictada casi dos años después de que la mujer interpusiera un recurso de reposición contra la resolución de la entonces Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, dirigida por la vicepresidenta Susana Camarero.

La exclusión de la solicitante se produjo en plena polémica por la gestión del Consell de Carlos Mazón de las ayudas para el alquiler, que dejó fuera a 4.000 personas y que coincidió con la dimisión de la directora general de Vivienda, Ana Caballer.

La Generalitat consideró que la mujer superaba el importe máximo de la renta establecido para la zona de València (770 euros). Sin embargo, la defensa de la solicitante esgrimió que la renta de alquiler aportada, con un importe de 800 euros, englobaba los gastos de comunidad, tal como se especificaba en una cláusula del contrato de alquiler.

La normativa de la Generalitat vigente en aquel momento establecía que, si no se especificaba el importe de los gastos de comunidad, debía entenderse que suponían un 5% de la renta del alquiler.

“El cálculo que hace la parte demandante es que el 5% de 800 euros son 40 euros, que se deben restar y que suponen un arrendamiento a estos efectos de 760 euros al mes. Siendo que el límite son 770 euros al mes, se tendría que haber dado por subsanado este requisito como señaló en el recurso de reposición que no recibió respuesta expresa”, afirma la sentencia del alto tribunal autonómico.

El TSJ-CV avala el cálculo de los gastos de comunidad y concluye que la mujer “tiene derecho a la ayuda solicitada”.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ya con nueva composición sin los magistrados Luís Villares y Dolores López trasladados de forma forzosa a la sección cuarta, ha resuelto por unanimidad acoger el recurso de Adega y paralizar el parque Pena do Pico, que impulsa Greenalia con autorización de la Xunta en los Ancares lucense.

Este auto con fecha de 15 de junio de 2026, recogido por Europa Press, la Sala sostiene que “tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”.

En una pieza separada de medidas cuatelares, este auto da la razón a la asociación ecologista Adega y estima su solicitud de decretar la suspensión de las autorizaciones previas y de construcción emitidas por la Xunta.

“El hecho de que las codemandadas”, en referencia a Xunta y Greenalia, “invoquen un interés público general (como la transición energética), no lo convierte automáticamente en prevalente, ya que dicho interés debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno regulado en la DIA (declaración ambiental) y los informes sectoriales”, deja claro el TSXG. “Ninguna norma valida, ni en sede cautelar ni sustantiva/principal, el desarrollo de un proyecto industrial si puede menoscabar algún elemento del medio susceptible de protección”, avisa.

En concreto, se trata de la primera paralización cautelar adoptada en un contencioso eólico tras el polémico traslado de jueces entre secciones, cuestión recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Adega censura que esos cambios fueron “una maniobra aplaudida sin disimulo por la Xunta, que achacó a la supuesta parcialidad de Villares la paralización del sector eólico del TSXG”.

Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental de la Xunta

Esta resolución recoge los argumentos de Adega que apunta a la existencia de peligro de daño jurídico ('periculum in mora') por la afección a elementos de patrimonio natural, ya que se autorizó en un territorio (municipio de Baralla y Quiroga, en los Ancares lucenses), designado por la propia Xunta para ampliar la Red Natura 2000, considerado como zona de exclusión eólica por parte del Ministerio. Apunta a la presión sobre especies amenazadas como el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido.

El Tribunal indica que la documentación aportada por Adega “goza de un indubidable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado por esta Sala”.

Al respecto, Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental del Gobierno gallego, que “ejerce más como expedidora de permisos que como garante del patrimonio y del interés público”. “Este Auto del TSXG apunta directamente a las graves carencias en la tramitación administrativa del proyecto, particularmente en el que alcanza a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, agrega.

Una sentència de la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) obri la porta que dues concessionàries sanitàries es queden sense la indemnització que reclamen a la Generalitat —un pastís valorat en un total de 45,8 milions d'euros— per les derivacions de pacients a l'Institut Valencià d'Oncologia (IVO). L'alt tribunal autonòmic ha desestimat el recurs de Ribera Salud, propietat del Grup Vivalto Santé, contra la resolució de la Conselleria de Sanitat que va desestimar les seues al·legacions sobre la reclamació amb què l'empresa sol·licitava que se li perdonaren els 8,4 milions assumits pels comptes autonòmics per les derivacions a l'IVO entre els exercicis 2012 i 2018 al departament de salut d'Alzira. La sentència, que no és ferma, resol el primer dels nou litigis que mantenen Ribera Salud i Sanitas amb la Generalitat per la derivació de pacients a l'IVO, una fundació privada vinculada a la família de Manuel Llombart, exconseller del PP de Sanitat.

Es tracta d'un escenari complex de caràcter triangular. El model de sanitat privatitzada del PP valencià, pioner a Espanya, establia les condicions econòmiques de la concessió en cada àrea en funció de la càpita (el resultat de multiplicar la prima per persona per la població total protegida), la denominada facturació intercentres i una tercera partida corresponent a l'incentiu per l'estalvi en la prestació farmacèutica mitjançant recepta. La facturació intercentres comprén l'assistència especialitzada a la població protegida que es factura primer al concessionari i, de manera recíproca en una segona fase, a la Conselleria de Sanitat.

No obstant això, en matèria de derivacions oncològiques entrava en joc un tercer actor: l'IVO, com a proveïdor privat amb el qual la Generalitat també manté relacions contractuals. La Conselleria de Sanitat i l'IVO van signar un acord per a l'atenció oncològica al qual les concessionàries dels departaments de salut es podien adherir, una opció que Ribera Salud va declinar.

Així, en el període objecte del litigi, en què l'empresa ostentava la concessió del departament de salut d'Alzira (entre 2012 i 2018), la fundació privada va tractar pacients oncològics d'aquesta àrea, bé per derivació o bé per lliure elecció (fins a 2015, la lliure elecció era únicament interdepartamental i limitada a determinades especialitats, entre les quals no figurava l'oncologia).

L'anterior batalla judicial de l'IVO

Abans de 2012, l'impagament per part de l'Administració autonòmica a l'IVO dels tractaments prestats als pacients de departaments de salut gestionats per concessionàries privades va motivar que la fundació de la família de Manuel Llombart interposara un recurs per a reclamar els imports corresponents als exercicis 2009, 2010 i 2011.

El 2014, mentre Llombart era precisament conseller de Sanitat del Consell d'Alberto Fabra, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de València va estimar el recurs de l'IVO i va condemnar la Generalitat a assumir el cost dels tractaments oncològics. És a dir, va obligar el departament autonòmic dirigit per Llombart a pagar a la fundació de la seua pròpia família.

En el marc del mateix procediment, la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV va concloure dos anys més tard, el 2016, que l'Administració autonòmica estava obligada a pagar en la mesura que mantenia una relació jurídica amb l'IVO que era “determinant” de la prestació sanitària de què havien gaudit els pacients de l'àrea de salut d'Alzira, tot i que la fundació oncològica i Ribera Salud “no mantenien cap relació entre elles”.

La sentència distingia entre els pacients atesos en virtut de l'exercici del seu dret de lliure elecció (amb les corresponents quantitats que havien de ser abonades per l'Administració a l'IVO i, en una segona fase, mitjançant la “pertinent acció de repetició”, per Ribera Salud a la Conselleria de Sanitat) i els que havien sigut atesos per derivacions de la mateixa concessionària, que havien de ser satisfetes directament a l'IVO.

El canvi de criteri del TSJ-CV

No obstant això, el TSJ-CV ha modificat el seu criteri. La qual cosa s'explica perquè aquella sentència de la mateixa sala i secció, dictada fa una dècada, comptava amb un vot particular d'Edilberto Narbón (al qual es va adherir la magistrada Rosario Vidal) que considerava que la Generalitat havia d'abonar la totalitat de les factures reclamades per l'IVO, fora quin fora el motiu que originara la prestació, “tant la lliure elecció del pacient com la derivació efectuada per la concessionària”.

“Plantejada de nou aquesta qüestió en el present procediment, per raó de la diferent composició de la secció que el resol, modifiquem el nostre criteri en el sentit de convertir en majoritària la postura del vot particular emés en aquella sentència (...)”, afirma la resolució del passat 30 de juny, de la qual ha sigut ponent la magistrada Rosario Vidal.

La sentència, que Ribera Salud estudia recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem, destaca que l'empresa va acceptar “formalment” —en un document del 31 de gener de 2025 signat per l'aleshores president, Alberto de Rosa, la CEO, Elisa Tarazona, i la directora financera, Sonia Hernández— el compromís d'acceptar l'abonament del saldo de 16,6 milions d'euros per derivacions oncològiques a l'IVO en relació amb els departaments de salut d'Alzira, Dénia, Torrevieja i Elx-Crevillent, tot reservant-se, això no obstant, el dret d'exercir les accions legals que considerara oportunes en defensa dels seus interessos.

D'aquest import total de 16,6 milions d'euros, la quantia corresponent al departament de salut d'Alzira ascendia a 8,4 milions, que havia assumit inicialment la Generalitat. La sentència del TSJ-CV es pronuncia, específicament, sobre la reclamació d'aquest import, a l'espera de la resolució dels altres huit procediments, que també inclouen Sanitas com a recurrent (en relació amb una quantia total de 29,2 milions d'euros).

La sentència alerta del perill del “doble pagament”

El pagament dels 45,8 milions per part de Ribera Salud i Sanitas es va executar després de l'informe del Tribunal de Comptes, del qual va informar aquest diari, que qüestionava l'abonament per part de la Generalitat Valenciana de les derivacions reclamades per l'IVO, en considerar que hauria pagat dues vegades pel mateix servei.

Les dues empreses van sol·licitar com a mesura cautelar que se les eximira del pagament fins que es resolguera el recurs, una opció que els va ser denegada. La recent sentència del TSJ-CV aplana el camí per a descartar el conjunt de les reclamacions de les dues empreses de la sanitat privada.

El TSJ-CV també sosté que Ribera Salud, representada per la lletrada Rosa Vidal, del despatx Broseta Abogados, ni tan sols “ha acreditat la incorrecció de la xifra prèviament acceptada”, en referència a l'import de 16,6 milions d'euros ressenyat en l'informe signat per l'expresident de l'empresa, que va ser destituït pocs mesos després, després de 28 anys al capdavant del grup sanitari.

La resolució, coincidint amb la tesi de la Conselleria de Sanitat, avala que la Generalitat actua, per a l'abonament de les assistències oncològiques, com una mera “intermediària”, perquè no existeix cap vincle contractual entre l'IVO i Ribera Salud, titular de la concessió. “Es tracta de quantitats prèviament satisfetes per la Generalitat per a reclamar-les posteriorment a la concessionària (...)”, recorda la sentència.

“Procedir d'una altra manera, havent-se prestat l'assistència, implicaria no sols un doble pagament per part de l'Administració, sinó també un enriquiment injust per a la concessionària”, conclou el TSJ-CV.

Una sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) abre la puerta a que dos concesionarias sanitarias se queden sin la indemnización que reclaman a la Generalitat —un pastel valorado en un total de 45,8 millones de euros— por las derivaciones de pacientes al Instituto Valenciano de Oncología (IVO). El alto tribunal autonómico ha tumbado el recurso de Ribera Salud, propiedad del Grupo Vivalto Santé, contra la resolución de la Conselleria de Sanitat que desestimó sus alegaciones sobre la reclamación que solicitaba la empresa para que se le perdonaran los 8,4 millones asumidos por las cuentas autonómicas por las derivaciones al IVO entre los ejercicios 2012 y 2018 en el departamento de salud de Alzira. La sentencia, que no es firme, resuelve el primero de los nueve litigios que mantienen Ribera Salud y Sanitas con la Generalitat por la derivación de los pacientes al IVO, una fundación privada vinculada a la familia de Manuel Llombart, exconseller del PP de Sanitat.

Se trata de un complejo escenario de carácter triangular. El modelo de sanidad privatizaba del PP valenciano, pionero en España, establecía las condiciones económicas de la concesión en cada área en función de la cápita (el resultado de multiplicar la prima por persona por la población total protegida) y la denominada facturación intercentros, además de una tercera partida correspondiente al incentivo por ahorros en la prestación farmacéutica mediante receta. La facturación intercentros comprende la asistencia especializada a la población protegida que se factura primero al concesionario y, de forma recíproca en una segunda fase, a la Conselleria de Sanitat.

Sin embargo, en materia de derivaciones oncológicas entraba en juego un tercer actor: el IVO, como proveedor privado con el que la Generalitat también mantiene relaciones contractuales. La Conselleria de Sanitat y el IVO firmaron un acuerdo para la atención oncológica al que las concesionarias de los departamentos de salud se podían adherir, una opción declinada por Ribera Salud.

Así, en el periodo objeto de litigio en que la empresa ostentaba la concesión del departamento de salud de Alzira (entre 2012 y 2018), la fundación privada trató a pacientes oncológicos de esa área, bien por derivación o bien por libre elección (hasta 2015, la libre elección era únicamente interdepartamental y limitada a determinadas especialidades, entre las que no figuraba la oncología).

La anterior batalla judicial del IVO

Antes de 2012, el impago por parte de la Administración autonómico al IVO de los tratamientos prestados a los pacientes de departamentos de salud gestionados por concesionarias privadas motivó que la fundación de la familia de Manuel Llombart interpusiera un recurso para reclamar los importes correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

En 2014, mientras Llombart era precisamente conseller de Sanitat del Ejecutivo autonómico de Alberto Fabra, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de València estimó el recurso del IVO y condenó a la Generalitat a asumir el coste de los tratamientos oncológicos. Es decir, obligó al departamento autonómico dirigido por Llombart a pagar a la fundación de su propia familia.

En el marco del mismo procedimiento, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV concluyó dos años más tarde, en 2016, que la Administración autonómica estaba obligada a pagar en la medida en que ostentaba una relación jurídica con el IVO que era “determinante” de la prestación sanitaria de que habían disfrutado los pacientes del área de salud de Alzira, pese a que la fundación oncológica y Ribera Salud “carecían de relación alguna entre ellos”.

La sentencia distinguía entre los pacientes atendidos en virtud del ejercicio de su derecho de libre elección (con las consecuentes cantidades que debían ser abonadas por la Administración al IVO y, en una segunda fase mediante la “oportuna acción de repetición”, por Ribera Salud a la Conselleria de Sanitat) y los que habían sido atendidos por derivaciones de la propia concesionaria, que debían ser satisfechas directamente al IVO.

El cambio de criterio del TSJ-CV

Sin embargo, el TSJ-CV ha modificado su criterio. Lo cual se explica porque aquella sentencia de la misma sala y sección, dictada hace una década, contó con un voto particular de Edilberto Narbón (al que se adhirió la magistrada Rosario Vidal) que consideraba que la “Generalidad” debía abonar la totalidad de las facturas reclamadas por el IVO fuera cual fuera el motivo que originó la prestación, “tanto la libre elección del paciente como la derivación operada por la concesionaria”.

“Planteada de nuevo esta cuestión en el presente procedimiento, por razón de la distinta composición de la sección que lo resuelve, modificamos nuestro criterio en el sentido de hacer mayoritaria la postura del voto particular emitido en aquella sentencia (...)”, afirma la resolución del pasado 30 de junio, de la que ha sido ponente la magistrada Rosario Vidal.

La sentencia, que Ribera Salud estudia recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, destaca que la empresa aceptó “formalmente” —en un documento del 31 de enero de 2025 firmado por el entonces presidente, Alberto de Rosa, por la CEO, Elisa Tarazona, y por la directora financiera, Sonia Hernández— el compromiso de aceptación del abono del saldo de 16,6 millones de euros por derivaciones oncológicas al IVO en relación con los departamentos de salud de Alzira, Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillente, reservándose por lo demás su derecho a ejercitar las acciones legales que estimara oportunas en defensa de sus intereses.

De ese monto total de 16,6 millones de euros, la cuantía correspondiente al departamento de salud de Alzira ascendía a 8,4 millones, que había sido asumida inicialmente por la Generalitat. La sentencia del TSJ-CV dictamina, específicamente, sobre la reclamación de ese importe, a la espera de la resolución de los otros ocho procedimientos, que también incluyen a Sanitas como recurrente (en relación con una cuantía total de 29,2 millones de euros).

La sentencia alerta del peligro del “pago doble”

El pago de los 45,8 millones por parte de Ribera Salud y Sanitas se ejecutó tras el informe del Tribunal de Cuentas, del que informó este diario, que cuestionó el abono por parte de la Generalitat Valenciana de las derivaciones reclamadas por el IVO (al considerar que habría pagado dos veces por el servicio).

Las dos empresas solicitaron como medida cautelar que se les eximiera del pago hasta que se resolviera el recurso, opción que les fue denegada. La reciente sentencia del TSJ-CV allana el camino para descartar el conjunto de las reclamaciones de las dos firmas de la sanidad privada.

El TSJ-CV también sostiene que Ribera Salud, representada por la letrada Rosa Vidal, del despacho Broseta Abogados, ni siquiera “ha acreditado la incorrección de la cifra previamente aceptada”, en referencia al importe de 16,6 millones de euros reseñado en el informe firmado por el expresidente de la empresa, que fue destituido pocos meses después tras 28 años al frente del grupo sanitario.

La resolución, coincidiendo con la tesis de la Conselleria de Sanitat, avala que la Generalitat actúa para el abono de las asistencias oncológicas como una mera “intermediaria”, al no existir vínculo contractual entre el IVO y Ribera Salud, titular de la concesión. “Se trata de cantidades previamente satisfechas por la Generalitat para su posterior reclamación a la concesión (...)”, recuerda la sentencia.

“Proceder de forma distinta, habiéndose prestado la asistencia, implicaría no solo un pago doble de la Administración, sino también un enriquecimiento sin causa para la concesión”, concluye el TSJ-CV.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de obligar a Ciudad Real a devolver nombres vinculados a la dictadura franquista a cinco de sus espacios públicos no es solo un revés administrativo, es un choque frontal contra el espíritu democrático de la mayoría de la ciudadanía.

Por ello, la postura del Ayuntamiento de Ciudad Real, con su Alcalde a la cabeza, debe ser la de recurrir judicialmente esta sentencia por ser una obligación moral y política con los vecinos.

Las leyes de memoria histórica y democrática en España no nacieron para reabrir heridas, sino para cerrarlas sobre una base de justicia, reparación y no repetición. Desde Podemos Ciudad Real defendemos que mantener en el callejero a figuras estrechamente vinculadas con el régimen franquista contradice el marco legislativo actual.

El Ayuntamiento tiene el deber de velar por que el espacio público —que pertenece a todos los ciudadrealeños, sin distinción— sea un lugar de encuentro democrático y respetuoso con los derechos humanos.

El callejero también es el reflejo de los valores democráticos de una sociedad moderna. Las calles de Ciudad Real deben homenajear a quienes construyeron convivencia, cultura, ciencia y progreso, no a quienes formaron parte de un periodo de fractura social y privación de libertades.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy. El espacio urbano educa, y el mensaje que enviamos a los jóvenes debe ser de concordia y libertad, y no de admiración al franquismo.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy

El alcalde no es solo un gestor de recursos; es el máximo representante de la voluntad y la dignidad de la ciudadanía. Al presentar el Recurso que proponemos, el Alcalde demostraría que su compromiso con la calidad democrática de la ciudad está por encima de reminiscencias franquistas; el no presentarlo demostraría que esas reminiscencias existen en su persona o/y en su partido, el PP.

La vía judicial es el cauce democrático para corregir una Sentencia que en Podemos Ciudad Real consideramos profundamente injusta, que no refleja lo ordenado en la vigente Ley de Memoria Democrática, ni el sentir mayoritario de una sociedad moderna como la ciudadrealeña. No se trata de borrar la historia, sino de decidir a quién honramos en el presente.