La patronal catalana Foment del Treball ha fichado a Elsa Artadi, exdirigente de Junts, como consejera de la presidencia de la entidad, que dirige Josep Sánchez Llibre. Según ha anunciado la patronal en un comunicado, la reunión de la Junta Directiva de este mismo lunes ha aprobado la incorporación de Artadi y de otras tres personas, con el cometido de asesorar y presentar propuestas directamente al presidente de Foment. El cargo no está remunerado, pero supone protagonismo e influencia en la principal organización el empresariado catalán.

Junto a la expolítica entrarán en la entidad con el mismo cargo Toni Isac, quien fuera conseller de Justicia de Jordi Pujol en los años 90; Josep Maria Guinart, exdiputado de CiU en el Congreso, y Laura Pellisé. Estos nuevos consejeros se suman a Valeriano Gómez, Enrique Lacalle, Vicente Martínez-Pujalte, Alex Sáez y Manuel José Silva, que habían desempeñado esta función hasta ahora.

El paso de Artadi al mundo de la patronal privada llega seis meses después de su inesperada renuncia como líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, tras una legislatura en la que no había podido remontar las encuestas desfavorables para el partido. La exconcejal alegó entonces razones de índole personal y dio un paso atrás justo antes de iniciarse una de las fases más cruentas de la guerra interna en su partido, que acabó con Laura Borràs tomando las riendas de Junts.

Artadi, economista de formación, había hecho la mayor parte de su carrera en el ámbito académico hasta el año 2011, cuando entró en política desde la parte técnica y como mano derecha del exconseller de Economia con Artur Mas, Andreu Mas-Colell. Tras los hechos de octubre de 2017, Artadi se convirtió en una de las principales personas de confianza de Carles Puigdemont y llegó a sonar como sustituta de éste en la presidencia.

Ya con Quim Torra en el Palau de la Generalitat, Artadi ocupó la cartera de Presidencia y pilotó la primera fase de las negociaciones con el Gobierno central, cuando se establecieron los primeros contactos bilaterales de lo que después sería la mesa de diálogo. En la última legislatura, Artadi rechazó el ofrecimiento para asumir la cartera de Economía en el Govern de Pere Aragonès, después de una negociación para formar gobierno en la que la política de Junts había considerado que ERC lograba imponer sus puntos de vista.

Pese a las diferencias en los puntos de vista sobre la independencia y el procés entre el presidente de Foment y Artadi, ambos comparten opiniones cercanas sobre la marcha de la economía y el mundo empresarial. Durante su etapa en la política, Artadi había defendido la ampliación del Aeropuerto de El Prat, un asunto de vital importancia para Foment, y llegó a firmar junto a Foment un plan de “apertura segura” de la hostelería durante la pandemia.

Dirigentes independentistas se reunieron con ciudadanos rusos en los días más convulsos del procés en 2017 y en una segunda etapa a partir de 2019, con viajes a Moscú incluidos. Lo han confirmado algunos de los protagonistas de los contactos en su desfile judicial de las últimas semanas. Hasta aquí los únicos hechos incontrovertidos, a los que siguen interpretaciones opuestas sobre el alcance, intensidad y objetivo de las reuniones.

Para el juez Joaquín Aguirre y los investigadores de la Guardia Civil, los contactos buscaban un apoyo ruso a la independencia. Salvo Víctor Terradellas, los implicados en cambio desligan las reuniones del procés y los circunscriben al ámbito empresarial o incluso a un intento de estafa hacia los dirigentes soberanistas. Esta es una guía de los protagonistas y de sus versiones sobre las reuniones.

Octubre de 2017

Víctor Terradellas: el exsecretario de relaciones internacionales de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es el protagonista de la primera etapa de los contactos. Hombre de mundo, tras toda una carrera dedicada a las relaciones internacionales y a la cooperación, en los días críticos del procés en 2017 apostaba sin ambages por la vía unilateral. Después de insistir mucho, logró que el entonces president, Carles Puigdemont, recibiera a dos ciudadanos rusos y a un misterioso hombre de negocios catalán. En su declaración ante el juez, Terradellas explicó que los había conocido el 23 de octubre de 2017 por boca de un amigo y que no se molestó a investigar sus credenciales, pero creyó que efectivamente eran emisarios del Kremlin.

En los tres encuentros, todos ellos breves y ocurridos entre el 20 y el 25 de octubre, dos días antes de la declaración fallida de independencia, los rusos propusieron primero a la entonces colaboradora de Puigdemont, Elsa Artadi, y al propio president ayuda económica y hasta militar ante una eventual independencia. Eran los ya célebres 10.000 soldados rusos, a los que Puigdemont no dio ninguna credibilidad, según recalcó Terradellas. En cambio, según el excargo convergente, el president no se cerró en banda al eventual auxilio financiero ruso a través de criptomonedas. Pero en cualquier caso, apostilló, Puigdemont no le hizo ningún encargo para buscar apoyo ruso.

Jordi Sardà Bonvehí: este empresario catalán figura en la hemeroteca del New York Times. En 2012 el rotativo informaba de que Sardà negoció en nombre de Gas Natural una operación millonaria en Ucrania. El problema era que Sardà se había presentado falsamente ante las autoridades ucranianas como directivo de la compañía cuando no tenía relación alguna con ella. Terminó denunciado en la Audiencia Nacional.

Según el relato de Terradellas, Sardà y el ciudadano ruso Sergei Motin se pusieron en contacto con él sobre el 20 de octubre de 2017 “para ir a ver al president de la Generalitat”. “Yo hago de correveidile, y el president dice que sí quiere verlos”, apostilló el excargo de CDC, que aseguró que el interés de Sardà era que Catalunya fuera una de las bases mundiales del negocio de las criptomonedas. Terradellas también contó al juez que Sardà, ya en 2018, se reunió con otros integrantes del sanedrín que ideó el referéndum, como el exconvergente David Madí, proponiéndole un viaje a Moscú, que no se concretó. “Sardà podía hacer unos imaginarios muy bestias pero me interesaba por el tema de criptomonedas, aunque nunca llegó nada. Intentó hacer muchas operaciones de 'bitcoins' y granjas pero nunca consiguió nada”, describió Terradellas.

Sergei Motin: empresario ruso ya fallecido, llegó a Barcelona de la mano de Sardà Bonvehí, aunque se desconoce cómo se conocieron. Según Terradellas, a las reuniones en Barcelona de 2017 se presentó como un antiguo “general” ruso. Motin estuvo en las tres reuniones en octubre, la primera con Elsa Artadi en el Hotel Colón y las dos con Puigdemont días después en la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat. Fue el autor del ofrecimiento de los 10.000 soldados rusos, indicó Terradellas al juez. La respuesta de Puigdemont, siempre según su versión, fue “cagarse en las bragas” y no darle credibilidad.

No sería el último viaje de Motin a la capital catalana: un año después volvió a una clínica privada de Barcelona, donde dejó a deber casi 20.000 euros. Así consta en la denuncia ante los Mossos de la clínica, que también se puso en contacto con Sardà Bonvehí para recuperar el dinero, sin éxito.

Nikolay Sadovnikov: veterano exdiplomático ruso dedicado a los negocios. Ejerció para la Unión Soviética en Roma entre 1984 y1987 y después fue cónsul adjunto en Milán desde 1991 hasta, al menos, 1995, tras la desintegración de la URSS. Según los registros del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, su nombre aparece como asesor en un departamento de planificación de política exterior en 2007. Una investigación de El Periódico y medios internacionales desveló que un informe de un servicio secreto detalló que Sadovnikov era conocido como un “intermediario oficioso de Moscú” en Siria e Irán y que “rinde cuentas solo al jefe del Estado”, Vladimir Putin.

Según dijo Terradellas al juez, el objetivo de Sadovnikov, Motin y Sardà era “llegar a un acuerdo de legislación de criptomonedas a cambio de la financiación de la república”. A preguntas de su defensa, después matizó que la operación respondía “al interés de Sardà”. Pero todo se vino abajo porque hasta los rusos constataron que la Generalitat no había diseñado plan alguno para la independencia: “Cuando vieron que no había nada preparado, ellos recularon mucho”. Terradellas agregó que en septiembre de 2018 viajó a Moscú y se reunió con Sadovnikov, pero recalcó que fue por libre, sin recibir ningún encargo de Puigdemont. “No sé si se puede decir, pero tenía que ir a Moscú con David Madí, y él no vino. Con Nikolai hablamos de cómo veía el mundo”, dijo Terradellas al juez.

Los viajes de 2019

Los protagonistas de los contactos rusos en esta segunda etapa varían de la de 2017. La investigación judicial todavía no ha podido acreditar una conexión entre ambas, y por ahora se centra en un negocio de petróleo. La hipótesis de los investigadores es que el director de la oficina de expresident de Puigdemont, Josep Lluís Alay, fue una suerte de sucesor de Terradellas en las relaciones con Rusia, extremo negado por ambos.

Josep Lluís Alay: historiador, profesor y traductor, acudió tres veces a Moscú entre 2019 y 2020. Según explicó el propio Alay en una entrevista en elDiario.es, en ninguno de los viajes buscó el apoyo del Kremlin a la independencia. Las visitas respondían al interés de medios rusos para entrevistar al expresident y para dar conferencias en universidades rusas, según su versión. Reconoció que a través de Alexander Dmitrenko, un empresario ruso afincado en Barcelona y sospechoso de estar relacionado con los servicios secretos de Putin, conoció a personas de su círculo, pero limitó los encuentros a contactos de cortesía.

Alexander Dmitrenko: el empresario ruso está imputado por una compra de petróleo que realizó en julio de 2020 una empresa china a otra rusa en la que intermedió y de la que habló con Alay. El Gobierno denegó la nacionalidad española a Dmitrenko por su vinculación con los servicios de inteligencia rusos, extremo que el empresario niega con contundencia. “Rusia iba con España”, dijo en su declaración ante el juez sobre el procés.

En los mensajes interceptados a Alay, Dmitrenko felicita “a todos nosotros” y celebra el pago de 295.000 dólares de garantía de la empresa china a la rusa por la operación como “primer gran paso hecho”. En su declaración ante el juez Aguirre, Dmitrenko describió que tiene “una relación amistosa” con Alay, pero recalcó que nunca ha ofrecido “financiación rusa” al procés. Según la versión de Dmitrenko, ofreció a Alay dos conferencias en Moscú “como devolución del favor”, si bien negó que el jefe de la oficina de Puigdemont tuviera “ningún interés” en esta operación. Si quiso explicársela fue porque es su amigo y consideraba que era importante para la “promoción” de la Cámara de Comercio de Barcelona, a la que está vinculado gracias a Alay. La Fiscalía pidió archivar el caso al no ver indicios de delito.

Artem Lukoyanov: hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el cardenal gris y considerado asesor de Putin. Lukoyanov es amigo de Dmitrenko y la Guardia Civil sospecha que participó también de la operación petrolífera que no se llegó a concretar. Alay ha reconocido que se “encontró” con Lukoyanov durante 30 minutos en Barcelona durante las protestas de octubre de 2019, pero explicó que el ruso había venido a la capital catalana con Dmitrenko y que fue una conversación de cortesía. “En ningún momento hubo la intención de crear un entramado internacional para financiar el procés”, recalcó en la entrevista con este diario. Lukoyanov es el jefe de Sergei Sumin, antiguo mando del Servicio Federal de Protección Rusa y otra de las personas con las que se reunió Alay en Moscú. También vino de vacaciones en octubre de 2019 a Barcelona.

Elsa Artadi (Junts per Catalunya) ha anunciado este viernes entre lágrimas su decisión de abandonar la política activa y de renunciar a la candidatura a la alcaldía de Barcelona. “No puedo más. No tengo la energía para seguir sirviendo a la ciudadanía como se merece. No me siento con fuerza para continuar”, ha dicho en una comparecencia sin preguntas en el Ayuntamiento.

Esta decisión, que Artadi habría atribuido a motivos personales y que niega que tenga que ver con la situación política o la actualidad, se suma a las recientes renuncias del expresident Carles Puigdemont y el secretario general, Jordi Sánchez, a renovar sus cargos al frente de Junts. Este escenario se da mientras Laura Borras y Jordi Turull estudian la posibilidad de presentar una candidatura conjunta para liderar el partido.

“A todos nos puede llegar el momento de decir 'basta, no puedo más'. A mí desgraciadamente me ha llegado ahora. Ahora mismo es la decisión correcta y la única que puedo tomar desde la honestidad”, ha afirmado durante su comparecencia. Artadi ha argumentado que Barcelona, Catalunya y su propio partido “merecen” que los políticos que están en primera línea tengan “toda la energía” posible para hacer su labor: “Yo ahora mismo no la tengo. La he tenido. Lo he dado todo. Pero ahora mismo no la tengo”.

Artadi dejará su cargo como concejala, diputada en el Parlament y vicepresidenta de Junts y, de hecho, también ha anunciado que abandonará el partido. Este anuncio se da un año después de que fuera escogida para encabezar la candidatura a la capital catalana en unas primarias en las que no se presentó ninguna otra candidatura.

El consistorio de Barcelona se convirtió en su objetivo principal y, de hecho, ese fue el argumento que esgrimió el año pasado cuando renunció formar parte del Govern de Pere Aragonés. Artadi ha sido uno de los pesos pesados de Junts, llegando a ser uno de los nombres que sonaron para presidir la Generalitat en 2019. “No estoy en condiciones de seguir sirviendo a la ciudad que tanto quiero y a mi país con la misma condición y fuerza que hasta ahora”, ha insistido.

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha anunciado este lunes que dejará de ser portavoz del partido para centrarse en la candidatura para la alcaldía de Barcelona, confirmada a principios del mes pasado. La también diputada en el Parlament y concejal en el Ayuntamiento de la capital catalana dejará la portavocía en manos de otro de los vicepresidentes de la formación, Josep Rius.

“Todo el mundo está de acuerdo en que es el momento y el paso correcto para seguir reforzando el proyecto en Barcelona y mi candidatura a la alcaldía”, ha defendido Artadi, que ya encabezó las listas en la capital catalana en las elecciones de 2019. “Lidero el grupo municipal y en mayo del año pasado ya tomé la difícil decisión de no entrar en el Govern como vicepresidenta”, ha argumentado.

Acto seguido, y tras anunciar que su sustituto será el también diputado Josep Rius, del círculo de Carles Puigdemont, ha arremetido ya contra la actual alcaldesa, Ada Colau, a quien ha acusado de “victimista” ante su imputación por las subvenciones a entidades sociales.

Junts per Catalunya ha vuelto a cargar este lunes, con energía renovadas, contra la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat. Según ha defendido la portavoz Elsa Artadi en rueda de prensa, la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña la semana pasada “pone en entredicho” esta mesa, ya que “demuestra que la voluntad real de Pedro Sánchez es cronificar el conflicto”, ha dicho. Artadi además ha rebajado la importancia del espacio, al que ha calificado de “mesa entre socios parlamentarios en Madrid”, dando a entender que se trata más de un mecanismo de coordinación entre partidos que una verdadera negociación.

“Es más fácil esto que hacer una mesa que afronte de cara la resolución del conflicto político”, ha indicado. “Esto también explica la exclusión de Junts, porque es una formación exigente con la mesa e incomoda”, ha apostillado. Para la dirigente de Junts, la “detención fallida” de Puigdemont es “el error más grande del Estado desde el 1-O”, ha indicado, lo que en su opinión demuestra que la estrategia que sigue el expresident y el resto de independentistas en el extranjero es la correcta.

Por su parte, ERC también ha utilizado la detención del eurodiputado para aumentar el grado de exigencia hacia el Gobierno. Según ha explicado la portavoz republicana, Marta Vilalta, su partido exige al Ejecutivo central que dé respuestas a las múltiples causas abiertas contra diversos dirigentes independentistas. “Le decimos a Sánchez que no puede ponerse de perfil, de pasar de puntillas por la represión y la judicialización y hacer que no va con ellos”, ha asegurado Vilalta. “El Gobierno debe hacer una propuesta política, porque si no será cómplice de esta represión y de la persecución incensante al independentismo”.

Sánchez debe hacer una propuesta de “solución política”, sostienen los republicanos, porque “hacen falta reformas profundas en el Estado, en el sistema judicial y policial, y quien tiene capacidad de hacerlo el Gobierno español”. Por esta razón, Vilalta ha reclamado que “no busque excusas y diga cuál es su propuesta”, que para ERC pasa por la amnistía pese a estar abierta a valorar otras, según ha indicado.

Con este argumento, los republicanos han lanzado una advertencia al Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado. “Se deberá esforzar mucho si quiere algún tipo de apoyo de ERC. Estamos muy lejos y vemos pasos que van en la línea contraria”, ha asegurado Vilalta, que con todo ha indicado que su posición continúa siendo “la de hablar de todo, también de ayudar a mejorar unos presupuestos que afectan de forma directa a la ciudadanía de nuestro país”.

La diputada de ERC ha rechazado sin embargo la idea de que la tabla ha quedado desacreditada por el episodio de Puigdemont en Cerdeña. “No hay otra vía, tenemos una, que es la negociada y es así como podremos buscar respuestas políticas y democráticas”, ha dicho. “Nos reafirmamos en esta vía democrática y negociada, que es lo que nos pide la ciudadanía y también las instancias internacionales”, ha apostillado Vilalta.

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha replicado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien en un artículo ha descartado regresar a la unilateralidad. En rueda de prensa, Artadi, en cambio, ha defendido que “el independentismo tiene la obligación de explorar todas y no descartar ninguna”. Artadi ha recordado que la ponencia política de ERC no renuncia a la unilateralidad .

La vicepresidenta de Junts cree que los contactos entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez deben enmarcarse en la “cortesía institucional y diplomática” pero en ningún caso interpretarse como un diálogo ni negociación.

En su artículo, el líder de ERC defiende que el diálogo y la negociación son “imprescindibles”, renuncia a la vía unilateral y reitera la apuesta de su partido por un referéndum acordado: “Sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que nos alejan del objetivo a alcanzar”.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciado que no irá al palacio de la Zarzuela a comunicar al rey Felipe VI la investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat. “Hay medios a nuestro alcance, como cartas o correos electrónicos, para poder hacer esta comunicación”, ha justificado Borràs en una entrevista en TV3.

Borràs sigue así los mismos pasos que su antecesor, el republicano Roger Torrent, que la pasada legislatura se limitó a comunicar por escrito la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat, ahorrándose así el tradicional viaje a Zarzuela que realizaban los presidentes del Parlament. La tradición protocolaria ya se había roto tras la investidura de Carles Puigdemont, cuando el rey no recibió a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en enero del 2016, pese a que ella sí solicitó un encuentro.

Borràs ha rechazado reunirse con el rey para comunicarle lo que ha descrito como un trámite, y ha dicho que cuando sí se reunió con el monarca como portavoz de Junts en el Congreso fue por otras razones. “Cuando he ido a ver al rey de España, he ido a decirle en directo un conjunto de cosas que creía que era necesario, relevante y no fácil de decir cuando tienes a alguien delante”, ha aseverado.

Durante la legislatura, Borràs se ha emplazado a defender la soberanía del Parlament y buscar consensos para renovar los cargos institucionales que dependen de la Cámara catalana, y ha explicado que su intención sigue siendo relevar al secretario general del Parlament, Xavier Muro, como avanzó hace semanas.

Por otro lado, la diputada en el Parlament y concejal de Barcelona de Junts, Elsa Artadi, ha justificado su negativa a entrar en el Govern por el “compromiso” que mantiene en el consistorio. Pese a que todas las quinielas la situaban como vicepresidenta y consellera de Economía del Govern de Aragonès, Artadi comunicó este miércoles que no formaría parte del Ejecutivo.

En una entrevista en TV3, Artadi ha defendido no entrar en el Govern por “coherencia” con la decisión que adoptó hace dos años, cuando decidió concurrir a las elecciones municipales de Barcelona. También ha afirmado que tiene la intención de impulsar Juntos por Cataluña (JxCat) en Barcelona y en el área metropolitana. Artadi, que ha sido parte del equipo negociador de Junts en las negociaciones con ERC, ha revelado que hace dos años la propuesta de ser cabeza de lista del partido en las municipales no fue suya, y puso como condición que “dos años más tarde” no le pidieran “volver al Govern”.

Elsa Artadi era una de las más firmes candidatas a tomar las riendas de la vicepresidencia económica que tendrá Junts en el nuevo Govern, pero finalmente no será así. La política ha trasladado a su partido que rechaza entrar al equipo de Govern, según ha avanzado este miércoles La Vanguardia y ha confirmado este diario de fuentes de Junts. Artadi por tanto se quedará fuera del Ejecutivo y el partido deberá buscar un perfil diferente a ella para ocupar la cartera económica y, también, para la vicepresidencia. El cargo de número dos del Govern podría ahora quedar en manos de otro conseller del partido diferente al de Economía, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos años.

Artadi ya pasó por el Govern y ocupó una consejería al inicio de la pasada legislatura, cuando se convirtió en la mano derecha del president Quim Torra como consellera de la Presidència. Un cargo que optó por abandonar en marzo de 2019 para encabezar la lista de su partido al Ayuntamiento de Barcelona. Pese a eso, Artadi se presentó a las primarias de Junts para entrar a las listas del Parlament en las últimas elecciones, quedando segunda por detrás de Joan Canadell en la votación para los no presenciables. Tras las elecciones, la política ha sido una de las caras visibles del equipo de negociación de Junts, además de ser la portavoz del partido.

La política barcelonesa, que lidera el grupo de Junts en el ayuntamiento, era una de las mejor posicionadas para tomar esta cartera, tanto por su currículum centrado en la cuestión económica como por su conexión con Carles Puigdemont y las bases del partido. Sin embargo, en los últimos días su entorno ya había dado a conocer que se estaba pensando su papel en la nueva etapa. Su nombre se cae ahora de las quinielas y abre paso a un nuevo baile de candidatos.

Mientras que por parte de ERC hay algunas apuestas claras para ocupar carteras, como es Laura Vilagrà o Roger Torrent, las cosas están menos claras en el equipo de Junts, sobre todo tras el paso atrás de Artadi. La lista de Barcelona de la formación posconvergente, que abría de forma simbólica Carles Puigdemont, estaba encabezada como presidenciable por Laura Borràs, que ha optado por ocupar la presidencia del Parlament. Seguidamente acudía Joan Canadell, un candidato polémico al que se le ha situado en las últimas semanas fuera del Ejecutivo por su perfil. Sin Artadi, por tanto, ninguno de los cuatro primeros nombres de Junts formarían parte del Ejecutivo.

Nuevo meandro en la negociación entre ERC y Junts para llegar a una investidura y la formación de un Govern en Catalunya. Este lunes la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha asegurado que su partido tiene previsto someter a una votación de las bases cualquier acuerdo al que llegue con los republicanos. Hasta el momento la formación había considerado suficiente aprobar el pacto en sus órganos internos, pero Artadi ha indicado ahora que tal y como ya hicieron para elegir los primeros puestos de sus listas electorales, sus asociados deberán validar la propuesta que haga la organización, bien sobre la formación de un Ejecutivo o bien únicamente sobre la investidura de Pere Aragonès.

Artadi ha indicado además que su partido continúa trabajando en un acuerdo para entrar al Govern pero ha avisado que en estos momentos hay varias cuestiones que aún no se han acabado de cerrar, más allá del diseño del Ejecutivo. Entre otras carpetas, la portavoz de Junts ha citado la “estrategia independentista” como uno de los asuntos en los que las formaciones continúan sin entenderse. Por esta razón, pese a que ha dicho que el pacto “debería llegar en los próximos días”, ha Artadi ha dejado en el aire tanto su participación en el Ejecutivo como incluso que lleguen a votar a Aragonès si no hay acuerdo.

Después de las dos reuniones mantenidas por los equipos negociadores en la prisión de Lledoners, ambas con la participación de Pere Aragonès, este lunes los dos partidos emitían mensajes opuestos. Por su parte, desde ERC aseguraban que habían notado un “punto de inflexión” en las conversaciones, por lo que descartaban ahora gobernar en solitario. Los republicanos habían exigido a sus socios un pacto de investidura antes del 1 de mayo y habían amagado con buscar una “alternativa” si éste no se producía, aunque siempre dentro de las alianzas independentistas, en referencia a un Govern apoyado por Junts desde afuera.

Sin embargo, la portavoz republicana, Marta Vilalta, ha descartado este lunes esta opción al considerar que las negociaciones van a mejor. Tanto que la diputada de ERC ha hablado de la posibilidad de un acuerdo “en las próximas horas”. Una opinión muy diferente a la que mantiene el equipo negociador de Junts, que por boca de Artadi asegurado que no ha percibido ningún cambio de tendencia. “Todas las reuniones son positivas”, ha explicado la portavoz, quitándole importancia a los últimos encuentros.

Más allá de las diferentes percepciones de los equipos negociadores, este mismo lunes la presidenta del Parlament, Laura Borràs, se ha pronunciado sobre una eventual sesión de investidura. Según ha indicado, su voluntad es no convocar una nueva ronda de consultas con los partidos hasta que tenga la “certeza” de que Aragonès tiene los apoyos suficientes para ser investido. La jefa de la Cámara ha dejado claro así que librará a su partido de toda presión desde el Parlament, pues evitará a toda costa que se produzca otra investidura fallida.

La gran paradoja en el reparto del Govern que se negocia entre ERC y Junts per Catalunya es que, habiendo quedado por delante y mejorado los resultados anteriores, los republicanos podrían perder competencias y áreas de gestión respecto a la última legislatura. Esta es una consecuencia de tener la presidencia y una contradicción que, en el año 2018, los de Carles Puigdemont aceptaron. En el último Govern, Pere Aragonès controlaba 3 de cada 4 euros de la Generalitat y la mayoría de las consellerias de peso. Ahora Junts reclama dar la vuelta al calcetín y simplemente traspasar los departamentos de un partido a otro. Algo que ERC intenta evitar, pues quiere tener el control, al menos, sobre una parte de la maquinaria económica.

En concreto, los republicanos piensan en desgajar el comisionado encargado de repartir las ayudas europeas, que quedaría bajo el mando de la presidencia o, como último recurso, bajo un departamento controlado por ERC. A cambio, el futuro president no pondría problemas a que Junts tenga competencias en materia financiera. Un comisionado para el que ya señalaron un nombre en campaña, el del actual concejal de Barcelona Miquel Puig, y que gestionaría unos fondos que hasta el momento no existen como tal, pero que forman parte de un ámbito que siempre se había alojado en la vicepresidencia de Economía y Hacienda (ERC) y, en parte, en el departamento de Empresa (Junts).

El puesto que Aragonès plantea para Puig es el de máximo responsable de elegir, coordinar e impulsar los proyectos de transformación económica que la Generalitat desea que reciban financiación de los fondos Next Generation Europe. Una función que hasta ahora ha realizado un comité asesor dependiente de la vicepresidencia y del que Puig es miembro, pero que en la nueva etapa necesitará competencias ejecutivas, según creen los republicanos. Esta sería además una fórmula similar a la elegida por el Gobierno a nivel estatal para canalizar y repartir los fonos, mediante una oficina que dirige el presidente Pedro Sánchez y su equipo más estrecho.

La ubicación del comisionado de Puig es solo una parte del rediseño de la estructura de la Generalitat que Aragonès ha ido esbozando en público. Otra es la creación de dos departamentos, de Acción por el Clima y de Feminismos, dos nuevas carteras que incorporarían competencias de otras consellerias actuales. Pero todo esto es hoy por hoy solo una aspiración de los republicanos. Fuentes de las negociaciones explicaban a este diario a finales de la semana pasada que, por el momento, los equipos no habían comenzado a discutir sobre la estructura del Govern y el reparto de carteras. “Cuando nos lo planteen, si lo hacen, ya hablaremos”, esquiva una fuente de Junts sobre la posibilidad de fragmentar la actual vicepresidencia.

El guión negociador seguido por ERC y Junts comenzó por el marco general de programa para la legislatura, continuó por consensuar las líneas concretas de la acción política del nuevo Govern –punto en el que se hallaban la semana pasada– y, a partir de aquí, deben seguir con consensuar el reparto de carteras y sus ocupantes.

El objetivo de ambos es llegar a un acuerdo completo antes del viernes que viene. Pero, a menos de una semana de ese momento, algunas voces comienzan a mostrar impaciencia. “Cuesta mucho que [los representantes de Junts] hablen de cosas concretas, todo el rato quieren darle vueltas a la estrategia independentista”, reconoce una voz de los republicanos. “Primero lo que es importante, luego lo demás”, rebaten en la formación de Carles Puigdemont. De momento lo que ya ha conseguido ERC es llegar a un preacuerdo con la CUP para que los anticapitalistas apoyen la investidura de Aragonès. En materia social y a falta de una mayor concreción, ERC y la CUP han acordado “impulsar una agenda legislativa catalana en materia de vivienda” así como “actualizar los protocolos para evitar desahucios a personas en riesgo de vulnerabilidad”. Además, ambas formaciones han pactado suspender el uso de las balas de 'foam' por parte de los Mossos d'Esquadra mientras no se publiquen los protocolos sobre el uso de estos proyectiles policiales. El acuerdo deberá ser ahora ratificado por las bases de los anticapitalistas. ERC y la CUP suman 42 escaños, por lo que para que Aragonès sea president todavía es necesario que Junts se sume al acuerdo independentista y poder alcanzar así la cifra de 68 escaños, la mayoría absoluta del Parlament.

El debate sobre las carteras

Junts considera que el reparto de carteras debería limitarse a que ellos entran en las que ERC tuvo la legislatura pasada y viceversa, más allá de algún pequeño retoque o intercambio que pueda plantearse. Por ejemplo, es conocido que en el año 2018 los de Puigdemont optaron en el último momento por ceder la gestión de Educación a ERC, a cambio de que ellos pudieran mantener Cultura. Así, si mantuvieran aquella voluntad y quisieran volver a poner un conseller de Junts al frente de las políticas culturales, lo lógico sería que permitiesen a ERC retener otra de las consellerias de peso.

Todo está abierto pero el equipo de JxCat no contempla un rediseño general, como sí quisiera ERC, que ha tanteado posibilidades como dividir la gran cartera económica en dos áreas, Economía, por un lado, y Hacienda por otro. “¿Eso significa dos consellers económicos de Junts? No lo vemos mal”, ironiza una fuente de la formación, dejando claro que por muchos cambios que se pretendan hacer, ellos pelearán por retener todas las competencias que consideran que les tocan.

Aunque en la formación de Laura Borràs insiste en hablar de “empate técnico” en las últimas elecciones, en la sala de máquinas de Junts han tomado buena nota de cómo ERC les ha pasado por delante con una propuesta muy centrada en la gestión y pese a haber estado al frente de todas las consellerias de más desgaste durante la pandemia. Por eso están centrados en ocupar ahora puestos como el de la vicepresidencia económica, en la que muchos ven a Elsa Artadi, aunque nada está decidido. El aterrizaje de Borràs en la presidencia del Parlament fue un movimiento promovido y bendecido desde diferentes corrientes del partido, de Waterloo a Lledoners, y era considerado útil precisamente porque abría el paso a Elsa Artadi para hacerse cargo del aparato económico de la Generalitat, un puesto en el que Borràs podía haberse sentido menos cómoda.

Más allá de las competencias de cada cual, de Artadi los suyos destacan su capacidad para llegar a acuerdos y tener mejor comunicación con ERC. De hecho, Aragonès y Artadi ya trabajaron en un mismo Govern entre 2015 y 2018, aunque ambos en puestos de rango menor a los que ahora espiran. Ese binomio puede funcionar, como en cierta manera también fluyó la comunicación entre Aragonès y Meritxell Budó cuando Quim Torra quedó inhabilitado. Y esto, que haya entendimiento y no una legislatura jalonada por las peleas constantes como lo fue la última, sí es un objetivo que comparten los dos socios, que también negocian mecanismos para dirimir posibles conflictos o diferencias sin que eso afecte al Ejecutivo ni a la coordinación de los grupos independentistas en el Parlament.

Elsa Artadi (Barcelona, 1976) se lanzó hace dos meses desde la consellería de la Presidència de la Generalitat a la competición por la alcaldía de Barcelona por Junts per Catalunya. La política, vista como una de las apuestas de futuro de su formación, dio un paso arriesgado porque las perspectivas para JxCat en el ayuntamiento no son optimistas. Las encuestas dicen que podrían perder la mitad de su actual representación. Pero Artadi los sondeos no le asustan y cree que, en las europeas, su partido puede obtener mejores resultados que Junqueras, que viene de ganar las generales. En el terreno barcelonés, lo fía todo a la crítica sin concesiones contra la actual alcaldesa, Ada Colau, a la que promete no mantener en el Gobierno ni por activa ni por pasiva.

JxCat presume de ser un proyecto más moderno que los espacios con los que confluye o de los que venía, pero a diferencia de Neus Munté usted no pasó por unas primarias. ¿Cómo se ha decidido esta lista?

A Neus Munté la eligen en unas primarias porque viene del PDeCAT, pero JxCat es más amplio y hay diferentes mecanismos de elección y órganos de toma de decisiones. Por esta vía de ampliación de JxCat hemos entrado gente como Sergi Blazquez o Albert Civit, Ferran Mascarell, Inma Duvau o yo misma. Tenemos diferentes mecanismos. Pero [JxCat] presume de ser más moderno también que otras formaciones políticas.

En las generales del pasado abril JxCat perdió dos puntos respecto a CDC en 2016, mientras ERC ganaba las elecciones. ¿Por qué dos partidos independentistas obtienen resultados tan dispares?

Yo creo que en aquel momento la gente votó a Junqueras y que ahora a Europa votará a Puigdemont. Y en Barcelona esperamos que la gente vote cambio. Y el cambio es claro: si no quieres que continúe Colau, no votes a Maragall.

Si Maragall queda por delante, ¿usted le daría apoyo automático para que haya un alcalde independentista en Barcelona, o podría explorar otros pactos?

Depende de qué gobierno quiera hacer. Si el señor Maragall, como parece ser, quiere hacer un gobierno con la señora Colau, es evidente que nosotros no estaremos.

¿No habría ninguna posibilidad?

No, nosotros no estaremos en eso. Porque Barcelona necesita un cambio, no un recambio. Y menos un recambio que pase por la señora Ada Colau y por una formación que está haciendo propuestas de los años 80. Es que no tiene ningún sentido.

¿Ni siquiera estarían dispuestos a un acuerdo con ERC y 'comuns' si fuera para evitar la entrada del PSC en el Gobierno?

No, no. Nosotros no haremos este pacto porque entendemos que no es lo que necesita Barcelona.

¿Usted quiere ser la alcaldesa de Barcelona?

Absolutamente.

Siendo así, ¿por qué no va primera en la lista?

Porque va primero una persona que ya iba primero, Quim Forn, que es quien lo hubiera sido si no hubiera estado a la prisión, si no hubiese sido un preso político. Creo que todos sabemos que las posibilidades de que Quim sea alcalde son mínimas. Ya lo hemos visto, creo que hemos aprendido algo durante este año y medio, y por tanto cuando Quim me hace la oferta, me la hace también para que cuando él no pueda serlo [candidato a la alcaldía] lo sea yo. El compromiso y la confianza que me dio va precisamente en esta dirección. “Tu eres el futuro”, me expresó en una carta, y ahora lo que Barcelona necesita es liderazgo, energía, empuje y tirar hacia adelante.

¿Cree que Forn podrá tomar posesión del acta?

No lo sabemos y no hacemos demasiadas especulaciones en este momento. Sabemos que será muy muy difícil que él sea alcalde. Y por eso también cuando él me viene a buscar lo hace con estas condiciones.

Para una eventual investidura, ¿querría pactar con los independentistas y con nadie más?

En el caso de que ganemos ofreceremos a ERC entrar al Gobierno. Y después hay pactos puntuales de temas de ciudad que yo ya he dicho abiertamente que necesitan consensos más amplios y soluciones que sobrepasen lo que es un mandato, el cortoplacismo y el partidismo.

La alcaldesa Colau se queja de que no se han puesto suficientes Mossos en Ciutat Vella, mientras usted estaba en el Govern. ¿Qué responde? Colau se queja de que no se han puesto suficientes Mossos

La alcaldesa se queja de todo. En vez de solucionar las cosas, se queja. En vez de tomar decisiones, hace proclamas. Este martes había junta de seguridad de Ciutat Vella y cuando desde la Generalitat se han enviado los mandos policiales, la gente que toma las decisiones, la han anulado. Han decidido que no querían ir porque solo querían hacerse la foto política. Para mi eso es paradigmático: cuando hay que tomar decisiones y hacer trabajo más allá de la foto, deciden que no van. En Ciutat Vella tenemos una concejala que hace tres meses dijo que ahora empezaba a entender que la policía era importante para Barcelona. No tenemos concejal de seguridad, porque no hay, y por lo tanto no hay un responsable político. Solo en cuatro años han crecido los hechos delictivos en Barcelona un 30%, estamos a niveles de 1987. Esta es la degradación a la que ha llevado el actual Ajuntament a la ciudad de Barcelona.

¿Pero se redujo el número de mossos destinados a Ciutat Vella, como denuncia Colau?

Lo que estamos teniendo es que desde 2011 no hay promociones de Mossos d'Esquadra, en todos los sitios. Y no hay promociones porque ni los gobiernos a los que ella ha dado apoyo lo han permitido. Ahora se está haciendo una promoción de 750 mossos, pero donde sí se podía hacer promociones, que es en la Guardia Urbana, ella ha decidido no hacerlas. No hay promoción, no hay apoyo económico y, lo peor de todo, es que no hay apoyo político. La Guardia Urbana debe continuar haciendo de policía.

El candidato Manuel Valls ha propuesta en materia de seguridad medidas como vigilar los barrios con drones y cámaras de seguridad, hacer convenios de seguridad con empresas privadas o dotar a la GU de pistolas taser. ¿Qué le parece este modelo?

Nosotros sabemos cómo llevar la seguridad en la ciudad. En la época más dura de la crisis, cuando teníamos menos recursos, fue precisamente Quim Forn quien era el responsable de la seguridad en Barcelona. En aquellos momentos pasó a ser una de las ciudades más seguras, acabando con fenómenos de delincuencia que se habían arraigado y convirtiéndose en un ejemplo de gestión. Lo que propone Manuel Valls, más que un modelo u otro, es una política de mano dura que es la misma que ha usado en Francia. Aquí hay una confusión entre derechos y deberes, pero por un extremo y por otro. Nosotros tenemos capacidad de gestión, lo hemos hecho y lo volveremos a hacer.

El precio del alquiler en Barcelona hace una década que está disparado. ¿Qué diagnóstico hacen de ello?

No, hace una década no, hace cuatro años. Ha subido mucho estos últimos cuatro años, y los anteriores cuatro estaba estabilizado. La situación de la vivienda en Barcelona son el resultado de unas políticas totalmente fracasadas de prácticamente todos los ayuntamientos de la ciudad. Han tenido dos consecuencias: una, que la vivienda de alquiler social es solo el 2% y otra, que de todo el parque del mercado normal solo el 20% es de alquiler y el otro 80% de titularidad. Eso hace que cuando la ciudad se hace más atractiva el precio del alquiler se dispara. Tanto que es más caro alquilar que comprar. Y la gente no compra porque hay la barrera de la financiación.

¿Y como piensan controlarlo?

Hay dos temas que son diferentes, por un lado, la emergencia habitacional, con más de 400 familias que están en mesas de emergencia. A estas se les ha de dar una respuesta de forma urgente, y ahora mismo los mecanismos disponibles no se están usando, porque por ejemplo se podría pagar alquileres en el mercado privado y el ayuntamiento decide no hacerlo. Y por otro lado está la herramienta de la vivienda asequible, que no se ha usado nunca por este ayuntamiento, y que permite hacer colaboración público-privada, permitiendo desde el sector público movilizar suelo y ponerlo a disposición del privado obligando a hacer alquiler y pudiendo controlar el precio de ese alquiler.

Pero el Gobierno de Colau pactó con el PDeCAT el plan de vivienda.

Nosotros, todas las medidas tanto aquí como en la Generalitat que se han puesto sobre la mesa para favorecer que se dinamice la vivienda, sobre todo la de alquiler, les hemos dado apoyo. Lo que es grave de este mandato es que con muchos más instrumentos que los que se tenían antes, leyes, impuestos etc. tengas 12.000 desahucios de familias en Barcelona. Eso es muy grave, que el ayuntamiento tenga instrumentos a su alcance que no use.

Ustedes se quejan de que el Gobierno Colau no ha hecho tantas viviendas como había prometido, pero lo cierto es que los anteriores gobiernos aún hicieron menos.

Yo lo que constato es que mienten.

Si ustedes ganan, ¿pueden asegurar que construirán más pisos que Colau?

A mi, entrar en la subasta de pisos, de cuántos construiremos cada uno, me parece una indecencia y no lo pienso hacer, aunque ya sé que comunicativamente puede ir muy bien decir una cifra. Ellos dijeron 8.000 y han hecho 700. Y de esos 700, un 80% con recursos y herramientas movilizadas por Xavier Trias, y eso lo reconoce su gerente de vivienda. Su concejal de vivienda se va porque es incapaz de solucionar nada. Aquí hay que hacer un programa que vaya más allá de un mandato y que incluya a los municipios metropolitanos. Pero claro, la alcaldesa de que lidera el Área Metropolitana ha gobernado de espaldas a ella.

Entiendo que no quiere o puede comprometerse a hacer más pisos que Colau si se convierte en alcaldesa.

Nosotros haremos más pisos que Ada Colau, entre otras cosas porque nosotros no tenemos ningún pudor a colaborar con el sector privado, que ha de ser un elemento facilitador de las transformaciones que están por venir.

Usted asegura que Barcelona tiene capacidad para decidir qué tipo de turismo quiere. ¿Cómo se hace esto?

Por ejemplo decidiendo qué eventos haces. Barcelona ha sido una capital del deporte a nivel internacional y ahora nos hemos quedado sin eventos deportivos internacionales, lo cual tiene impacto en el tejido de actividades deportivas catalán, que es la zona de Europa con más empresas de este tipo. Como ciudad tu puedes luchar por que grandes ferias de arte puedan venir a la ciudad, como ha hecho Miami, y promocionar un turismo cultural, o no hacerlo. Tu puedes apostar por hacer la montaña de los museos en Montjuïc, ampliar el MNAC, o no. Puedes hacer una apuesta por el turismo de negocios y congresos o puedes dejar que se haga solo, y en vez de tener un equilibrio ahora el turismo de negocios representa solo el 30% frente al de ocio. O tu decides hacer tu promoción turística o te lo hará otro, y tu no podrás controlar el tipo de turismo que tienes.

¿Por qué Barcelona debería apostar por un gobierno independentista como el que usted encabezaría?

Barcelona debe tener un gobierno de muchas características. La primera es un gobierno eficiente. La segunda es un gobierno innovador. La tercera es un gobierno que tenga un modelo de hacia donde quiere llevar la ciudad. Y, evidentemente, un gobierno dialogante. Todo esto es algo que ahora no lo tiene, y es por esto la urgencia que tiene de un cambio. Es evidente que nosotros, como una formación que es independentista, entendemos que es muy importante que la capital de nuestro país tenga un gobierno independentista además de todo lo anterior, una cosa no es excluyente de la otra. Y que esté al lado de las instituciones y que cuando haya debate sobre cómo se debe de proceder, esté al lado de las instituciones del país.

Antes hablaba de la importancia del sector turístico, que se ha manifestado contrario a la independencia de Catalunya y que podría tener recelos ante un gobierno independentista en la ciudad. ¿Cree que es un problema?

Quien se debe posicionar no son los sectores, sino los ciudadanos, y la gente decidirá qué tipo de gobierno quiere tener. Ya desde hace tiempo pero sobre todo desde que soy candidata al ayuntamiento de Barcelona, me he reunido con absolutamente todos los sectores, con el turístico también, y todo el mundo es unánime sobre que lo que necesitan es un cambio en Barcelona. Pero además de esto, Barcelona tiene muchos retos en turismo que no soluciona porque tiene un Estado en contra. Y eso se ve por ejemplo en el aeropuerto de Barcelona, que está casi al límite de su capacidad y no se está dando una solución. En el puerto pasa algo parecido, que no puede competir con Róterdam porque la política portuaria de Barcelona se decide en Madrid.

¿Está a favor de regular la prostitución?

Estoy en contra. La prostitución es una manera de someter a la mujer y no se puede regular, se debe acabar con ella. Yo como feminista, y como la mayoría de las mujeres y por suerte de muchos hombres, estoy en contra de que se produzca este fenómeno.

¿Está a favor de reducir los coches de las calles con un tasa de congestión?

Depende. Cuando tengamos alternativas fluidas para entrar en la ciudad de Barcelona y si en ese momento no ha mejorado la calidad del aire, se deberá poner. Nosotros en lo que estamos trabajando mucho, que está muy vinculado y que en algún punto es de hecho una tasa de congestión, es quitar aparcamiento en superficie y ponerlo bajo el que ya está subterráneo. En cierta medida esto es similar una tasa de congestión, como también lo es la restricción dentro de las rondas de los vehículos más contaminantes. Ahora, poner mañana un peaje para Barcelona, no.

El vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès y la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, han comparecido este viernes para responder al anuncio del fin de la negociación hecha por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Generalitat ha lamentado que el “Estado da por roto el diálogo”, considerando que el PSOE ha cedido a las presiones de los que “están en contra de la democracia y de hacer política”.

Según han expresado quienes hasta ahora han sido los negociadores de la parte catalana, ellos continuarán sentados en la mesa con la esperanza de que el Gobierno vuelva para continuar con la negociación. Si el Ejecutivo estatal quiere retomar las conversaciones, han indicado, deben concretar la propuesta que este viernes han hecho pública en el documento “Bases para el diálogo”. Artadi ha indicado que la oferta expresada por la vicepresidenta Carmen Calvo “no ha avanzado nada” respecto a lo pactado en la reunión de Pedralbes.

Los independentistas han remarcado que en la propuesta del Gobierno no se concreta el nombre del relator, tal como exigen, ni la composición de la mesa de partidos ni tampoco el esquema de trabajo que tendría. “El problema es que ese documento no pasa de lo que ya habíamos dicho en Pedralbes. No hay concreción, no hay nombres”, ha reiterado Artadi. Además han asegurado que han tenido acceso al documentos “unos minutos antes” de que Calvo lo hiciera público, un gesto que consideran “una excusa” para romper la negociación.

Los miembros del Govern alegan que el esquema de trabajo desde el 21 de diciembre pasado siempre ha sido establecer una mesa de partidos en paralelo a la Comisión Bilateral que prevé el Estatut. Esta mesa de partidos es la que los independentistas desean que quede concretada. Las líneas rojas que marcan es que el espacio cuente con una figura de relator o facilitador, con un nombre pactado, que participe de él el PSOE como partido y que aborde la autodeterminación como tema de diálogo.

La versión de la Generalitat responde a la que ha ofrecido este viernes el Gobierno. Según ha explicado la vicepresidenta Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los partidos independentistas han rechazado la propuesta que les habían trasladado. Según lo indicado por Aragonès y Artadi no se trata de un rechazo del contenido de documento, sino que lo consideran muy insuficiente.

En las actuales condiciones, los partidos independentistas en el Congreso mantendrán sus dos enmiendas a la totalidad, que vetan los presupuestos de Sánchez. Según han indicado los negociadores, el Gobierno les reclamó este jueves que retiraran la enmienda de ERC y que el PDeCAT no presentara la suya, algo a lo que se negaron. Aragonès ha justificado esta negativa por considerar que es “su única herramienta de negociación”, a la cual no pueden renunciar “sin haber conseguido nada”.

“El Gobierno español no ha sido suficientemente valiente para resistir a las presiones del nacionalismo español de derecha y extremaderecha”, ha asegurado Aragonès, quien ha recordado que no son los partidos que se manifestarán el domingo quienes llevaron a Sánchez a la Moncloa. “Si los independentistas dimos apoyo a la moción de censura”, ha explicado, “fue para echar a Rajoy pero también para generar espacios de diálogo. Esto no ha pasado”.

La vicepresidenta Carmen Calvo, el vicepresident, Pere Aragonès, y la consellera de Presidència, Elsa Artadi, han mantenido este miércoles una videoconferencia para tratar sobre la polémica generada en torno a la figura del mediador o “relator” que ambas partes barajan para una mesa de partidos. Tras una conversación de hora y media, que los consellers catalanes han mantenido desde el Parlament, ambas partes se han emplazado a seguir negociando sobre la mesa de partidos, según ha podido confirmar eldiario.es. En la Generalitat, donde afirman que la reunión “no ha ido mal”, insisten en que este foro debe contar con la presencia de partidos estatales y no solo los catalanes. 

Pese a la voluntad de ambos Ejecutivos de seguir explorando vías de diálogo, persisten desacuerdos importantes: no se ha pactado quién estará en la mesa de partidos ni si el relator debe ser  un nombre internacional, como proponen las fuerzas independentistas, o un catalán, como quiere la Moncloa.  

La aceptación por parte del Gobierno de una mesa de partidos con una figura imparcial que sirva para dar cuenta de los temas tratados ha abierto la caja de los truenos. PP, Ciudadanos y Vox han acusado en bloque a Sánchez de hacer concesiones al independentismo y las tres formaciones han convocado una manifestación para este domingo para oponerse a lo que consideran una “traición a España”.

Este miércoles, Calvo ha tratado de rebajar la polémica explicando que el Ejecutivo solo va a mantener conversaciones con la Generalitat en el marco de la comisión bilateral, avalada por el Estatut. Calvo ha indicado que lo que se propone es una mesa de partidos para hablar políticamente del encaje catalán. Para el Gobierno esta mesa debe ser de partidos catalanes, pero JxCat y ERC presionan para que a la conversación se sume el PSOE.

Por su lado, los partidos independentistas mantienen diferencias en cuanto a la valoración que hace cada uno de la fórmula a la que la Moncloa comienza a dar su visto bueno. Mientras que JxCat y el PDeCAT consideran que el gesto va “en la buena dirección” y que, de concretarse, puede ser suficiente para apoyar el trámite de los presupuestos, ERC mantiene unas condiciones más duras. Los republicanos no solo exigen que la mediación sea internacional y que en la mesa de partidos se hable de autodeterminación, sino que mantienen la exigencia de un cambio de criterio en la abogacía del Estado y la Fiscalía.

Las negociaciones del Gobierno y la Generalitat encallan en la configuración de una mesa de partidos. La reunión de Carmen Calvo con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha terminado sin acuerdo a pesar de que ambos ejecutivos se habían emplazado a cerrar los detalles este viernes. Carmen Calvo y sus interlocutores del Govern no han logrado salvar sus diferencias, especialmente sobre el ámbito de actuación de dicha mesa en la que pretendían que se planteara una solución para Catalunya.

“Durante la reunión se ha avanzado en la negociación de la composición de una mesa de diálogo político de partidos. Las dos partes se emplazan a seguir trabajando en las próximas semanas en este ámbito”, dice el escueto comunicado conjunto de Moncloa y la Generalitat, que también asegura que se ha desarrollado el encuentro en un “clima constructivo”.

La semana pasada quedaron en avanzar en una mesa de partidos con la que buscar “una propuesta política sobre el futuro de Catalunya”. Los detalles de ese punto de encuentro quedaron en resolverse en la siguiente reunión. Sin embargo, este viernes no han conseguido cerrar esas concreciones pendientes.

El principal escollo es que la Generalitat pretende que la mesa de partidos sea a nivel nacional, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo circunscribe a los partidos catalanes. El Govern sostiene que ya existe una mesa en el Parlament, a la que no se presentaron PP y Ciudadanos. Fuentes socialistas también admiten que sería una repetición de esa propuesta, pero en Moncloa insisten: “El ámbito de diálogo político es, como ya indicamos la semana pasada, el de partidos catalanes”. Esta misma semana Torra ha anunciado que volverá a convocar a los partidos del Parlament al llamado “espacio de diálogo” el día 1 de febrero.

La Generalitat pretendía, además, invitar a la mesa a alguien que ejerciera de “mediador” o “árbitro”. Según indicaron fuentes de JxCat tras la primera reunión, la mera aceptación de esas condiciones por parte de Moncloa permitirían que ellos se abriesen a tramitar los presupuestos de Sánchez. ERC ponía más distancia y aseguraba que para obtener un voto favorable a la tramitación, en su caso si que hacia falta que en esa mesa se abordasen ciertos temas, como la posición de la Fiscalía en el juicio del 'procés' o propuestas para la autodeterminación. Extremos que están muy lejos del actual planteamiento del Gobierno.

La vicepresidenta se ha reunido con su homólogo catalán, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, en el marco de diálogo que han iniciado Moncloa y la Generalitat. El encuentro, que se ha producido en Barcelona a las 17 horas, era la continuación de un primer contacto de los gobiernos, celebrado en Madrid, para desarrollar los acuerdos de Pedro Sánchez y Quim Torra en su cita de Pedralbes el 20 de diciembre.

Aunque ambas partes han rechazado hacer más valoraciones que las contenidas en el comunicado conjunto, el desenlace de la reunión choca tanto con las expectativas iniciales del Ejecutivo de Pedro Sánchez como con las de la Generalitat. La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, había asegurado esta misma tarde que esperaba “concreción” de la mesa de partidos planteada, algo que no ha sucedido. Ni siquiera está claro que vaya a producirse un nuevo encuentro de forma inminente, como si ocurrió la última vez, aunque ambos aseguran que “próximamente” tratarán de buscar una fecha para ello.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, y la consellera la presidència, Elsa Artadi, se reunirán el próximo jueves con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en Madrid. Los representantes de ambos gobiernos tratarán de avanzar en la “solución política” para Catalunya que acordaron en su reunión en el palacio de Pedralbes, con motivo de la visita del Ejecutivo central a Barcelona.

Según ha explicado la portavoz Artadi, el Govern planteará a la Moncloa la creación de una mesa de negociación bilateral entre Catalunya y el Estado, como condición para dar luz verde a los presupuestos. Esta mesa es el precio que ya reclamó este lunes el expresident Carles Puigdemont para brindar el apoyo a las cuentas, a lo que él añadió que debía realizarse con mediación independiente.

El Gobierno por su parte niega que el encuentro tenga relación con las cuentas que registraron esta misma semana en el Congreso, y circunscribe el encuentro entre ejecutivos al diálogo para encarrilar la situación catalana que el equipo de Pedro Sánchez ha realizado desde su llegada al Gobierno. En la última reunión de Pedralbes, ambas partes acordaron un escueto documento en el que se comprometieron a buscar una solución política que tuviera “amplio apoyo en Catalunya” y a la vez enmarcada en la “seguridad jurídica”.

Pese a la posición del Gobierno central, el viaje a Madrid de los dirigentes catalanes llegará en pleno debate sobre los presupuestos entre los diputados independentistas. Desde el Ejecutivo de Sánchez tratan de seducir a ERC y PDeCAT, de los que dependen las cuentas, mientras estos se plantean si deben permitir o no la tramitación de la ley. Por el momento, los republicanos han mostrado más oposición al proyecto económico del Gobierno que los del PDeCAT, donde la mayoría de los representantes no se cierran a acabar apoyándolos.

Artadi por su parte se ha descolgado asegurando que las posibilidades de que los independentistas permitan tramitar las cuentas don “muy bajas”, aunque dependerán de las acciones que emprenda el Gobierno central para dar soluciones a Catalunya. La portavoz además ha señalado que la reunión con Calvo sería en todo caso “exploratoria” para un nuevo encuentro. Pese a que en Pedralbes no fueron capaces de conseguirlo, en el Govern no pierden la esperanza de poder realizar una reunión con el Gobierno en formato cumbre, es decir, en la que se reúnan conjuntamente varios de sus miembros para analizar una batería de temas.

El Govern ha aprobado este martes el inicio del plan de modificación de varias leyes para tratar de encajarlas al marco constitucional y “rescatar” varias de las medidas atascadas en el Tribunal Constitucional. Finalmente serán cuatro las normas que se toquen en una primera fase y, en el caso de dos de ellas, su reforma supondrá renunciar a medidas sociales y medioambientales que habían sido aprobadas por el Parlament y sobre las que el Alto Tribunal todavía no se había sentenciado.

En concreto, las modificaciones anunciadas por el Govern en leyes sin sentencia renuncian, por un lado, a la competencia de la administración catalana para prohibir la técnica de extracción de minerales conocida como 'fracking', y por otro a las atribuciones de la Agencia de Protección Social para gestionar recursos, recaudarlos y relacionarse con organismos equivalentes. La primera materia, de tipo medioambiental, se incorporaba en la ley sobre el Cambio Climático, que el Constitucional había suspendido de forma cautelar para el caso catalán pero que ya había anulado para otras comunidades autónomas.

En el caso de la ley de la Agencia de Protección Social, cuyos artículos también están suspendidos y a la espera de sentencia, las renuncias competenciales no tienen que ver con el “grueso” de la tareas que se le atribuyen, según alega la Generalitat, por lo que su modificación permitiría poner la agencia en marcha inmediatamente. Esta agencia aspira a ser la estructura mediante la que el Govern gestione el conjunto de las prestaciones sociales, de la renta garantizada a las ayudas por dependencia. En principio, además, se le confería un carácter recaudatorio que el anterior Gobierno central vetó.

El departamento de Trabajo y Asuntos Sociales ya anunció que pretendía poner en marcha esta agencia a lo largo de la presente legislatura, después de que la ley fuese aprobada en septiembre de 2017. Fuentes de la consellería explicaban este lunes sobre el desestimiento parcial que su prioridad era “sacar adelante la Agencia”. Pese a esto, desde el Gobierno central mostraban su sorpresa porque el Govern prefiriese modificar el redactado de sus leyes antes que entrar en un acuerdo interpretativo como se ha hecho en otros casos.

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado en rueda de prensa que las modificaciones no significan que el Govern renuncie a poder llegar a acuerdos con el Gobierno central. Lo que se pretende, ha indicado, es buscar el “redactado más adecuado” para que las leyes puedan pasar el filtro del Constitucional. La razón de hacerlo en este momento es, en primer lugar, cumplir la resolución del Parlament aprobada por los grupos del Ejecutivo y la CUP, y en segundo lugar dar efectividad “cuanto antes” a políticas aprobadas.

Puertas traseras ante la falta de competencias

Las otras dos leyes que se modificarán son las de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y la de Asociaciones de Consumidores de Cannabis, ambas con artículos anulados, es decir, con sentencia firme. En este caso, la Generalitat opta por buscar alternativas a las medidas tumbadas, partiendo de que su rescate completo es imposible.

En el caso de la legislación sobre igualdad de género, los artículos anulados tenían que ver con la legislación laboral. Al ser esta una materia de competencia estatal el Constitucional consideró que la Generalitat no podía obligar a todas las empresas que operaban en Catalunya a aprobar una serie de medidas en el ámbito de la igualdad. Acatada esta decisión, el Govern aplicará esta legislación a las empresas dependientes del sector público y tratará de fomentarlas en las que trabajan con la Generalitat mediante condiciones en la contratación.

Como en la anterior, también en la ley de asociaciones de cannabis el Govern buscará una puerta trasera que, sin rescatar el grueso de la medida, sí rescate alguna parte. Así, con el antecedente de la modificación realizada en Euskadi, la reforma legal tratará de dar cierto amparo legal a los clubes cannábicos pero sin regular en ningún caso la compra-venta o adquisición de la droga.

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha optado por los paños calientes contra la ofensiva que este lunes lanzó el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que desde el PSOE se esgrimiera el 155, de que el Ejecutivo anunciara posibles consecuencias penales para Quim Torra y de que tres ministros enviaran cartas a consellers advirtiendo sobre el uso de las competencias, Artadi ha asegurado que las cartas se contestarán y ha conminado al Gobierno a volver a la vía del diálogo y olvidar el 155.

Según ha expresado la portavoz, no hay ninguna dejación de funciones por parte del Govern, ni cambio alguno respecto a las propuestas independentistas pese a la referencia del president Quim Torra a la “vía Eslovena”. A su entender, la actuación de los Mossos d'Esquadra respecto a los cortes de carreteras del pasado fin de semana fueron correctas y priorizaron el diálogo con los manifestantes: “El sábado la mediación funcionó y no hubo cuestiones de orden público”, ha defendido, “el domingo fueron acciones indiscriminadas y difíciles de prevenir, pero también acabaron solucionándose”.

El Govern ha preferido responder a la batería de actuaciones lanzadas este lunes mostrando “sorpresa” y comprometiéndose a responder a las tres cartas. La consellera de la Presidència ha deslizado que el cambio de actitud puede deberse a los resultados de las elecciones andaluzas, y ha lamentado que el PSOE apele de nuevo al 155. Según Artadi, el Govern sigue esperando que Sánchez proponga las “soluciones políticas” de las que habló en su investidura.

Pese a esto, ha dicho, la voluntad del Govern sigue siendo mantener abierta la vía del diálogo y comenzar una negociación, un deseo que no decaerá pese a unas cartas que ha considerado una “deslealtad institucional”. “Si tenían alguna duda o petición, tenemos mecanismos directos para resolverlos”, ha asegurado Artadi.

Garantizarán el Consejo de Ministros

Artadi ha reclamado además al Gobierno que, si tiene previsto celebrar una Consejo de Ministros el día 21 de diciembre en Barcelona tal y como afirma, se lo notifique a la Generalitat con la mayor brevedad para poder preparar el dispositivo de seguridad. “El Govern debe garantizar tanto el derecho a la manifestación como que el Consejo de Ministros pueda celebrarse”, ha explicado Artadi, tras afirmar que el Gobierno no les ha comunicado si lo harán.

Con varias manifestaciones convocadas por diferentes entidades y huelgas de diferentes sindicatos para el día 21 de diciembre, la jornada se prevé caliente en Barcelona. Sin embargo, según Artadi, el cuerpo de los Mossos es capaz de gestionar esta situación y no cree que necesiten refuerzos de otras policías, como los 400 agentes antidisturbios que el Ministerio del Interior anunció que enviaría. “Si creen que faltan policías en Catalunya el Gobierno debería permitir que los Mossos aumenten sus efectivos, algo que no pasa hace seis años”, ha asegurado la portavoz.

Las dudas sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su intención de llevar a cabo el Consejo de Ministros en Barcelona se han disparado este martes, después de que el ministro José Luís Ábalos haya abierto la puerta a no hacerlo. Inmediatamente la Moncloa ha salido al paso aclarando que “no hay dudas al respecto” de que la reunión se celebrará. El Govern por su parte aclara que no tiene nada que decir sobre esta decisión, aunque sí le gustaría saber dónde y cuándo se celebrará a la mayor brevedad posible por motivos de seguridad. La semana pasada la propia Artadi habló de “provocación”, una calificación que ahora ha esquivado.

También ha negado Artadi que desde el Gobierno haya habido alguna invitación a reunirse, después de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, asegurase que el presidente Pedro Sánchez mantiene “lógicamente” su intención de reunirse con Torra el 21 de diciembre. Por parte del Govern se ha propuesto aprovechar el viaje de todos los ministros para celebrar una “cumbre entre gobiernos”, algo que desde el PSOE se rechazó.

En plena semana de huelgas, con los médicos de la primaria en la calle y la universidad preparándose para su movilización de este jueves, la Generalitat es consciente de que no puede permitirse un año más sin presupuestos. Este martes la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha comenzado a ceder en lo que venía siendo un condición innegociable para JxCat y el espacio exconvergente, cuando se ha abierto a negociar una reforma fiscal con los 'comuns'.

“Somos conscientes de que tocar la fiscalidad es una petición que hará el grupo de Catalunya En Comú Podem. No es una propuesta que el Govern ponga sobre la mesa, pero entendemos que habrá que hablar sobre ello”, ha considerado Artadi. La portavoz ha anunciado que habrá una primera reunión con el grupo de Jéssica Albiach este mismo jueves, donde Govern y 'comuns' podrán contrastar sus propuestas presupuestarias.

El acuerdo entre los partidos del Govern es elaborar unos presupuestos expansivos, en la línea de los aprobados en 2017, que aumenten el gasto social aprovechando la buena marcha de la economía catalana, que ha repercutido en los ingresos. Sin embargo, JxCat y ERC han pactado no presentar una propuesta de cambio fiscal, pero sí ser sensibles a la petición que los de Albiach puedan hacer. En esto, el Govern cambia respecto a la actitud que mantuvo en 2017, cuando Carles Puigdemont y los suyos vetaron cambios impositivos de calado.

Los 'comuns' presentaron su propuesta económica este lunes, tal como adelantó este diario el domingo. Su petición es que se aumente el IRPF a partir de los 90.000 euros, un tramo que está más bajo de la media española, y un aumento del gasto social de 1.700 millones, lo que revertiría con creces el conjunto de los recortes acometidos desde 2010. Ambas son propuestas que el Govern está estudiando, pese a que este lunes el PDeCAT formuló como línea roja infranqueable que se aumentara la presión fiscal.

Artadi ha preferido mostrar una posición más templada que la del PDeCAT, asegurando que no pueden cerrarse de entrada a las propuestas fiscales que están haciendo un grupo que se ha mostrado receptivo a la negociación. “Es cierto que hay que mirarlo de forma global y teniendo en cuenta el poco margen que tenemos”, ha advertido la consellera portavoz, que ha asegurado además que una parte de estos aumentos presupuestarios ya están incluidos en el proyecto consensuado dentro del Govern.

El Ejecutivo catalán sí que tiene previsto seguir trabajando en fiscalidad ambiental y tributos propios, una vía que viene explorando desde la última legislatura de Artur Mas y que Oriol Junqueras continuó, por ejemplo, con el impuesto a vehículos contaminantes o a las bebidas azucaradas. En la pasada legislatura ERC también estudió un aumento en IRPF y, sobre todo, en el impuesto de sucesiones. El actual vicepresident, Pere Aragonès, también ahora está abierto a tocar esta segunda figura impositiva, al considerar que tiene más efectos en la recaudación que los últimos tramos del IRPF.

La consejera portavoz Elsa Artadi del Govern ha abierto este martes la puerta a que los independentistas apoyen en el Congreso las medidas sociales pactadas entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos si estas se presentan desvinculadas de los presupuestos. Según ha explicado, el Govern entiende la anunciada retirada del apoyo al Sánchez como la negativa a negociar las cuentas anuales, pero eso no implica que no puedan coincidir en votaciones parlamentarias.

La portavoz ha reiterado que más allá de la posición que pueda tener su Ejecutivo, la decisión final será de los grupos en el Congreso, ERC y el PDeCAT. Ninguno de los dos se ha pronunciado aún sobre su posición, después de que el PSOE asumiera este lunes que es posible que deban continuar la legislatura sin presupuestos, ante la negativa de los independentistas a negociarlos.

Fue el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, quien explicó que si la legislatura continuaba sin cuentas el Gobierno podría llevar a la Cámara las medidas sociales pactadas con Podemos sin relación directa con los presupuestos. Entre estas medidas están la subida del salario mínimo o la regulación del alquiler, entre otras. Sobre la primera Artadi ha pronosticado que sería apoyada por los independentistas, en vista de los posicionamientos que han tenido ambos grupos en esta cuestión.

Los partidos, sin embargo, aún no han decidido qué posiciones tomarán si el Gobierno actúa de esta forma. Fuentes de ERC explicaban este lunes que en el grupo republicano no se había planteado aún esta opción, pese a lo que algunas voces apostaban por no aceptar unas medidas que consideraban “cosméticas”. “Ni siquiera han echado atrás la reforma laboral”, explicaba un diputado republicano a preguntas de este diario.

El Govern mantiene que la línea roja es dar estabilidad al Gobierno de Sánchez sin que este responsa al ultimátum lanzado por el president Quim Torra para negociar un mecanismo de autodeterminación. Una situación que sin embargo alejaría tanto al PSC como a los 'comuns' de la negociación de las cuentas catalanas. Artadi ha querido desvincular ambas negociaciones, mostrándose “sorprendida” por que los 'comuns' hayan asegurado que sin aprobar las cuentas de Sánchez puedan aprobar las catalanas.

Precisamente respecto de estas, Artadi ha admitido que la ley económica muy probablemente se retrasará más allá de principios del año que viene, lo que obligaría a una prórroga. “Vamos atrasados”, ha asegurado la portavoz, con mensaje incluido al vicepresident Pere Aragonès, responsable del área económica. Este retraso, ha reconocido la consellera, podría conllevar una “prórroga”, aunque de momento la conciben como temporal hasta poder aprobar las nuevas cuentas.

La consellera de la Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi (Barcelona, 1976), es una de las dirigentes de Junts per Catalunya más próxima a Carles Puigdemont. Pero a la vez es interlocutora habitual de ERC y junto al vicepresidente, Pere Aragonès, son los encargados de achicar agua cuando en semanas como esta parece que el barco independentista va a naufragar.

Por si pacificar las cosas entre JxCat y ERC no fuese reto suficiente, Artadi se ha convertido también en una de las principales negociadoras con el Gobierno de Pedro Sánchez. Con la vicepresidenta, Carmen Calvo, con quien hace cuatro meses ni se conocían, llevan ya unas cuantas horas de conversación acumuladas. 

¿Qué le pide el Govern a Pedro Sánchez para que sus grupos en el Congreso apoyen los presupuestos? 

Que el Gobierno de Pedro Sánchez que ahora cada día se parece más al de Mariano Rajoy se parezca cada día menos y empiece a hacer gestos políticos para buscar una solución política a un conflicto que es político. Es cierto que a veces hay buenas maneras, que en las reuniones se puede hablar de todo y esto es un cambio, pero no ha habido ningún foro donde empezar a buscar esas soluciones.

¿A qué gestos se refiere?

En la reunión bilateral que tuvimos el 1 de agosto el conseller Ernest Maragall planteó la posibilidad de crear un grupo de trabajo para explorar qué cabe y qué no cabe dentro de la Constitución, y si no caben cosas, explorar otras vías, para consultar a la ciudadanía. Se nos dijo que esto no se podía hacer. Si el ámbito no es la comisión bilateral, que se vincule a través de otros espacios. Se han hecho promesas en temas de financiación o inversión pero esto ya lo hacían Rajoy y Zapatero y estamos como estamos. Por lo tanto, esta tampoco es la manera.

¿Si la Fiscalía no rebaja la petición de rebelión para los dirigentes encarcelados no hay nada que negociar de los presupuestos?

Lo pone mucho más difícil. Entendemos que los presupuestos son un elemento importante para el Gobierno de Pedro Sánchez y que potencialmente puede haber una negociación en temas sectoriales pero antes tiene que demostrar su voluntad de no ignorar la situación política en la que nos encontramos. Tenemos a parte del Govern en la prisión o en el exilio y aunque no tuviésemos todo esto, que es gravísimo y condiciona toda nuestra actividad, hay un segundo elemento y son los más de dos millones de catalanes que quieren dejar de ser españoles. Hasta ahora hemos tenido buenas palabras, algunos buenos gestos, pero hay que empezar a hablar de política.

¿Pero la situación de los presos es o no una condición irrenunciable?

El posicionamiento del Gobierno y sobre todo de la Abogacía del Estado lo condiciona.

¿De la Abogacía del Estado o también de la Fiscalía?

La Fiscalía lo condiciona y la Abogacía todavía más. Esta misma semana la Abogacía del Estado ha felicitado a Societat Civil Catalana por perseguir al president Mas y a las conselleras Ortega, Rigau y al conseller Homs por la persecución a la que les somete el Tribunal de Cuentas cuando ellos ya tienen una sentencia en el Supremo. La Abogacía también se ha opuesto a la liberación de los presos por razones familiares. Son posicionamientos incomprensibles y contradictorios con algunas declaraciones de miembros del Gobierno.

¿Existe algún compromiso entre ustedes y ERC para votar lo mismo cuando se tramiten los presupuestos del Gobierno?

Estamos trabajando para tejer una estrategia conjunta y creo que no va a haber ninguna diferencia.

¿Su relación con Carmen Calvo es tan buena como dice la vicepresidenta?

La relación es correcta. Hace cuatro meses no nos conocíamos. Es una mujer muy educada con la que se puede hablar de todo. Decir que de las veces que hemos hablado se han derivado acuerdos y hemos logrado progresar en el reto político que tenemos por delante no sería acertado. Siempre voy a luchar para que haya un diálogo.

El president Torra le ha puesto un límite, el mes de noviembre.

Ha puesto un límite a que los partidos independentistas den apoyo a Sánchez y depende de él.

El Gobierno ya les ha dicho que no negociará nada que tenga que ver con la autodeterminación. Con esta respuesta, ¿cuál es su siguiente paso? 

Es lo que le decía. Se ha ido retrocediendo. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene unos tics marianistas que son preocupantes. Tenemos a la portavoz diciendo que las imágenes del 1-O son falsas y al ministro de Exteriores que, al margen de los problemas legales que pueda tener y que en un país normal hubiesen comportado su dimisión, coarta la presencia del president de la Generalitat en un acto en Barcelona. Y la vicepresidenta diciendo este jueves en la radio que en Escocia no hubo un referéndum acordado. Estamos entrando en una situación que enfría mucho la relación entre los dos gobiernos.

¿El espectáculo que ha dado el independentismo esta semana en el Parlament era inevitable? 

Es fruto de la represión. La represión también es esto, provoca tensiones, que espacios políticos que son distintos pese a estar en el mismo movimiento decidan tomar caminos distintos. Buscamos soluciones distintas a un reto que se nos traslada al Parlament como consecuencia de una injerencia del juez Llarena. Es un juez del Supremo que se entromete en el funcionamiento de una Cámara legislativa saltándose toda la separación de poderes.

¿Había un acuerdo con ERC, incluso por escrito, para buscar otra solución que no implicase quedarse sin la mayoría parlamentaria?

Había un primer acuerdo que es el que se votó el 2 de octubre y en el que en su primer punto se somete a votación del pleno si los diputados están o no suspendidos. Este punto es muy importante porque en la interlocutoria que Llarena envía al Parlament dice que a estos diputados se les puede aplicar la ley de enjuiciamento criminal, que solo se puede aplicar en caso de banda armada o terrorismo. El Parlament vota en contra por la firme convicción que todos ellos son inocentes de pertenecer a una banda o ser terroristas. Es una cosa que en Catalunya lo sabe todo el mundo.

La segunda parte habilitaba un mecanismo que para ERC era importante y es el que han decidido utilizar para sus diputados. Nosotros lo hemos respetado.

El mecanismo por el que ha optado ERC era el que recomendaban los letrados del Parlament.

Pero para nosotros la parte importante es el primer punto y nos reafirmamos en la no suspensión de los diputados. Por eso entendemos que las delegaciones que hicieron al inicio de la legislatura siguen vigentes.

No están suspendidos pero en la práctica si lo están. Desde el mes de julio no cobran el sueldo. ¿Van a pedir volver a cobrarlo?

Estamos viendo cómo se vehicula su participación en las comisiones parlamentarias y la posibilidad o no de que registren iniciativas. Respecto al sueldo, los diputados que están en Lledoners no quieren encontrarse que en un futuro se les reclama ese dinero. Pero la Seguridad Social les sigue pagando la cuota. Ellos siguen cotizando.

Hay dirigentes de ERC que consideran que en las filas de JxCat no le han perdonado al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no permitiese votar la investidura de Carles Puigdemont. ¿Hay algo de eso?

Es evidente que nosotros no estamos de acuerdo con la decisión que el presidente del Parlament tomó pero esto pasó el 30 de enero y después hemos formado gobierno. Por lo tanto ya está. Debemos seguir avanzando juntos.

¿Por qué el diputado de ERC Toni Comín no vota ni de forma delegada ni por designación?

Este es un tema que compete a ERC. En el momento en el que se retira la euroorden contra él, su grupo decide no ejercer la delegación de voto.

La ANC también se ha apuntado a los ultimátums y exige al Govern que presente antes de fin de año un plan para implementar la república y que si no vayan preparándose para protestas en la calle. ¿Qué les responde? 

La responsabilidad es de todos. Cuando el movimiento independentista ha conseguido avanzar es cuando lo ha hecho todos juntos. Es un error pensar que todo lo debe hacer la movilización ciudadana o que este solo es un tema de las insitituciones. Es un tema de 70 diputados, del Govern, de los alcaldes que están comprometidos y que por eso están amenazados, y de las entidades.

¿Cómo se implementa una república que no existe? 

De distintas maneras. Se implementa desde la acción exterior, desde la lucha en los tribunales, en la calle y rechazando la actuación de la monarquía española. En el Parlament se ha votado esta semana la reprobación del rey de los españoles.

De los españoles y al menos de una parte de los catalanes, ¿no? 

El rey de los españoles. Cada uno que interprete la frase como quiera. De muchos catalanes no creo porque el 80% está en contra de la institución o como mínimo suspende a la monarquía. El 60% de los catalanes le pone un cero.

¿Qué encuesta lo dice? 

Una del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat y que está publicada. Fue realizada durante la etapa de aplicación del artículo 155 y por lo tanto no puede haber muchas sospechas. Tenemos que remitirnos a las encuestas del CEO porque el CIS ha dejado de preguntar por la Monarquía, lo cual es ya extremadamente significativo. En Catalunya la monarquía es la institución peor valorada con una nota de un 1'8. 

¿De qué sirve pedir la abolición de la monarquía si en la práctica no se traduce en nada? 

Se traduce como mínimo en una declaración institucional de la Cámara que representa al pueblo de Catalunya. En el fondo no deja de ser una apelación a una rectificación de quien debe tener una responsabilidad que no está ejerciendo.

Ustedes reprueban al rey por discurso del 3 de octubre de hace un año cuando consideran que no habló a todos los catalanes. ¿Y el president Torra en discursos institucionales como el de la Diada se dirigió a todos los catalanes?

Es que el rey no solo no habló a todos los catalanes sino que está avalando la violencia por parte de cuerpos estatales de Policía y Guardia Civil contra ciudadanos pacíficos. Contra los que él cree que son sus súbditos. Está avalando el 'a por ellos' o que, como hemos sabido esta semana, que organismos estatales retirasen dinero de bancos con sede en Catalunya para que moviesen la sede. Avala presiones desde la misma Casa Real a empresas catalanas para que cambien su sede. Todos estos actos, esta guerra sucia, los coge después el juez Llarena y los usa para justificar que unas personas inocentes sigan en la cárcel.

Le reitero la pregunta. ¿Usted cree que el president Torra en sus discursos institucionales habla a todos los catalanes? 

El president Torra habla y gobierna para todos los catalanes. Igual que en todas las acciones que hacemos desde el Govern, como no puede ser de otra manera.

Le cito discursos como el de la Diada porque se le reprochó que solo se dirigió a los catalanes independentistas.

La Diada es una fiesta que representa a todos los catalanes igual que lo hace el himno nacional de Catalunya. Hay algunas formaciones políticas que están en contra de la Diada Nacional. Cinco años atrás no estaba el president Torra ni Puigdemont, incluso antes de Mas, ya lo habían decidido así.

Pero el discursos del president no se lo escribe ningún partido de la oposición.

Es un discurso enmarcado en la Diada Nacional de nuestra nación que esperemos que sea un país.

¿Tienen previsto rebajar algunas de las leyes que Rajoy recurrió ante el Constitucional para así poder recuperarlas o las volverán a aprobar tal cual estaban redactadas?

Son leyes para preservar derechos sociales de la ciudadanía. Leyes a favor de una vivienda digna, de lucha contra el cambio climático o la universalización de la sanidad pública, que es la única que hemos podido desbloquear. Como eran leyes que a Rajoy ideológicamente no le parecen bien y tiene una minoría muy minoría en el Parlament, lo que hizo fue llevarlas al Constitucional.

¿Están dispuestos a recuperar también leyes como la de transitoriedad?

Ahora mismo no está encima de la mesa. En el momento que se tenga que proceder a hacer otras cosas se procederá a otras cosas.

¿Qué es proceder a hacer otras cosas? 

Lo que convenga en cualquier momento.

¿En cualquier momento es después de que se conozca la sentencia del juicio a los presos?

Hay momentos que marcan la historia como país, también la historia de España. Para nosotros el 1-O fue uno de esos momentos. Veremos qué sucede en el momento de las sentencias. Será un momento en el que se verá cómo se posiciona la justicia española en un caso en el que todo el mundo tiene claro qué ha pasado y en que la justicia europea, en más de una ocasión y de un país también lo tiene claro.

¿Si se les condena, el Govern qué hará para expresar su rechazo a la sentencia?

El Govern hará lo que el Parlament le diga que tiene que hacer.

¿Eso podría incluir otra declaración unilateral de independencia?

Ya lo veremos en aquel momento. Ya veremos cómo se llega a ese momento y cómo se ha trabajado hasta entonces. Es muy probable que sea un punto de inflexión.

¿Descarta elecciones hasta que se conozca la sentencia del juicio a los presos? 

De las elecciones se habla mucho pero no en el sitio en el que se debería estar hablando si estuviesen próximas. No es un debate que tengamos encima de la mesa. Creo que todo el mundo entiende que el proceso que lleva la preparación y celebración del juicio y la espera de la sentencia podamos tenerlo sin estar inmersos en una campaña electoral. Me parecería muy raro estar participando en una campaña, en la que a lo mejor no concurriríamos juntos con ERC, mientras que las personas de mi espacio político estuviesen sentados en el banquillo con personas del espacio de ERC. No nos cabe en la cabeza estar en una batalla electoral en medio del juicio.

En algunos ámbitos del independentismo se debate la posibilidad de responder a una sentencia condenatoria con una huelga general que podría ser indefinida. ¿Le parecería bien?

Es una de las ideas que surge recurrentemente. Damos por hecho que la sentencia será condenatoria y aunque la instrucción de la causa no ha sido justa y se ha vulnerado repetidamente su derecho a la defensa debemos recordar que cualquier cosa que no sea una absolución es una agresión a la ciudadanía contra la ciudadanía, la democracia y las libertades.

Miles de catalanes han salido a la calle este viernes para reivindicar la fiesta del 12 de Octubre. Uno de los partidos que ha participado en la manifestación es Ciudadanos. ¿Cuál es su relación con la jefa de la oposición y líder de este partido, Inés Arrimadas?

No tengo ninguna. En parte porque cuando se le invitó al Palau de la Generalitat decidió no venir. Hubiera sido un momento para conocernos. Vinieron Xavier García Albiol, Miquel Iceta y Xavi Domènech.

Una de las próximas batallas electorales es la de Barcelona. ¿Joaquim Forn puede ser candidato a las municipales?

En el entorno del PDeCAT no hay una decisión sobre el candidato aunque no me consta que se esté postulando. Sé que esta semana ha corrido el rumor pero es un rumor que no surge de dentro del PDeCAT.