La inflación en la zona euro escaló al 3,2% al mayo metiendo más presión al Banco Central Europeo (BCE), que se reune el proximo 11 de junio para decidir si sube los tipos de interés ante el incremento de precios provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Crecen los argumentos para los halcones de la institución monetaria para aplicar una política que ahogue la economía y lleve a una reducción de la inflación. La inflación de mayo es la más alta desde septiembre de 2023. En abril los precios subieron un 3%, ya un punto por encima del objetivo de inflación del 2% que tiene el BCE.

Los precios de la energía fueron un 10,9% más elevados respecto al año anterior, volviendo a dirigir la mirada hacia el conflicto de Oriente Medio como el epicentro de esta crisis inflacionaria.La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de los alimentos y la energía, aumentó 0,3 puntos porcentuales hasta el 2,5%.

Este incremento de precios debilita a los partidarios de mantener los tipos con el argumento que la subida de precios es coyuntural y está ligada al conflicto de Oriente Medio. El gobernador del banco de Finlandia, Olli Rehn, ha explicado que “si bien los riesgos inflacionarios han aumentado, una subida de tipos en junio tendría un carácter preventivo, como una medida de aseguramiento, y no respondería a presiones inflacionarias ya arraigadas”.

La posición más dura la mantiene Isabel Schnabel, la vocal alemana del Comité Ejecutivo del BCE. Schnabel argumenta que “ya no se puede ignorar este shock. El riesgo de que las expectativas de inflación dejen de estar bien ancladas está aumentando”, de manera que para esta halcón la discusión es cuántas subidas de tipos hay que hacer en 2026. “Es demasiado pronto para decir que habrá un número determinado de subidas de tipos y que después se habrá terminado». Realmente tenemos que ver qué va a ocurrir”, ha apuntado, Schnabel.

El problema es que una subida de tipos puede ralentizar aún más a la economía europea, que en el primer trimestre de este año solo consiguió una pobre tasa de crecimiento del 0,1%, unos datos que ponen frente al abismo de la estanflación al bloque europeo.

Ronald Temple, estratega jefe mercados de Lazard, comenta que “las actas de la reunión del BCE del 28 y 29 de abril señalaron claramente una subida de tipos en junio”. El analista de Lazard considera muy probable este movimiento, pero también incide en que “los aumentos posteriores siguen dependiendo del resultado de la guerra con Irán”. “Ya se sabía que había halcones en el consejo de gobierno del BCE, pero la fuerza de esas voces y la probabilidad de al menos una subida de tipos se hicieron más evidentes con la publicación de las actas”, concluye Temple.

El Gobierno empieza a desactivar este lunes el plan anticrisis para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio con el fin de la rebaja del IVA para la luz y el gas, sin aclarar qué medidas se mantendrán más allá del 30 de junio.

El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá este 1 de junio al tipo general del 21%, tras un mes y medio a tipo reducido (10%), y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5% al 5% habitual.

El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

Los carburantes, en cambio, mantendrán sus bonificaciones —rebaja del IVA al tipo reducido del 10% y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos— dado que su inflación en abril se mantuvo muy por encima del umbral del 15% fijado por el Gobierno para su desactivación —los combustibles líquidos subieron un 51,7% y el gasóleo, un 28,2%—.

También continuarán en vigor hasta el 30 de junio otras medidas incluidas en el paquete, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

Continuidad de las medidas

Esta misma semana el Gobierno ha mantenido una reunión de alto nivel con los agentes sociales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y empezar a “calibrar” qué políticas de apoyo serán necesarias más allá del 30 de junio.

Tras este primer encuentro, CCOO y UGT han reclamado una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escalada de precios asociada al conflicto, así como el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para las personas con ingresos bajos.

El Gobierno ha defendido que el plan está “está cumpliendo su objetivo” y ha avanzado que se reunirá en las próximas semanas con agentes sociales y sectores económicos para abordar la continuidad o adaptación de las medidas anticrisis.

La inflación podría llegar al 4%

Aunque en los dos últimos meses se ha contenido el índice de precios de consumo (IPC) —en mayo se mantuvo en el 3,2%—, varias instituciones han revisado al alza sus previsiones de inflación para este año, como Funcas, que la sitúa en el 3,4% de media, ocho décimas por encima de las proyecciones anteriores.

El panel de Funcas correspondiente al mes de mayo muestra que también han revisado al alza sus previsiones medias de IPC para 2026 la Cámara de Comercio de España (3,2%), CEOE (3%) y el Instituto de Estudios Económicos (3%), en todos los casos medio punto más que en el panel de marzo.

La inflación podría alcanzar tasas del 4% en verano si se revierten las medidas, advierte Funcas, que en sus últimas previsiones planteó un escenario alternativo más adverso, con el precio del petróleo en 115 dólares, lo que situaría la tasa media de inflación de 2026 en el 4%.

En el caso de los alimentos no elaborados, que en abril se encarecieron un 4,6%, Funcas apunta a que podrían aumentar sus precios en un 7% a partir del verano y en otoño, ya que la subida de los fertilizantes por el conflicto tardará unos seis meses en llegar a los consumidores.

Los precios de compraventa de la vivienda se asoman a un cambio de ciclo. Pero para quien piensa en comprar, eso no significa que vayan a bajar: los expertos auguran tan solo un enfriamiento de las subidas, que se empieza a reflejar ya en algunas provincias, según las estadísticas de algunos portales inmobiliarios.

El dato clave que apuntan los expertos: la subida de la tasa de esfuerzo (los años de renta bruta necesarios para adquirir una vivienda) ha tocado techo y el comprador no está dispuesto a gastar más. Las subidas del euríbor y la subida de tipos de interés por la guerra en Irán que podría aprobar en unos días el Banco Central Europeo (BCE) también desincentivan la compra y pueden enfriar más el mercado.

Aunque la subida de precios de compraventa es una constante desde 2015 en España, es 2025 el año en que se produce un mayor salto: una subida de precios a doble dígito del 12,5% y una tasa de esfuerzo que desde 2024 a 2025 ha pasado de 7 a 8 años, un máximo desde 2011. 

Inmediatamente después de este techo, el ritmo de compraventa descendió durante tres meses seguidos hasta este mes de marzo, eso sí, desde cifras récord que llevaron a cerrar 2025 con 700.000 ventas de vivienda por primera vez desde 2008. La venta de vivienda nueva ha caído más, un 5,6% más en este primer trimestre que en el del pasado año, y ha precipitado una caída general (incluyendo la vivienda usada) del 2,6%.

Uno de los primeros economistas en alertar de un cambio de ciclo fue Ángel Talavera, de Oxford Economics, aunque lo hizo apuntando tan solo a un enfriamiento en 2027 y no a una caída de precios. Y esa ralentización, pronostica, no se verá este año, cuando espera que los precios sigan subiendo a doble dígito. “Cuando los precios empiezan a subir desacoplados de la subida de rentas, es probable que las compras se frenen”, alerta Talavera con precaución a elDiario.es. 

“A corto plazo, el mercado aún se mueve en cifras muy calientes de precios, no creo que se enfríe rápido y el año puede cerrar de nuevo con un aumento de entre el 10 y el 12% en los precios”, augura Talavera, que cree que de cara al año que viene el aumento podría quedarse entre un 3 y un 7%. El devenir de la guerra puede tener una influencia en las compraventas y en los precios por su impacto en los materiales de construcción y en los tipos de interés a los que prestan los bancos, pero “tan solo una recesión podría llevarnos a una caída de precios en 2027”, sostiene Talavera. 

Para el economista José García Montalvo, “los indicadores más claros son los descuentos en vivienda sobre el precio inicial, que están creciendo” y también “el tiempo que tarda en venderse, que se alarga”. “Existe una clarísima desaceleración y las visiones de mercado son muy diferentes entre comprador y vendedor. Los precios siguen al alza porque el vendedor no quiere ceder. Pero cuando cede lo hace con unos descuentos ya mayores. Tardará, pero los precios pueden bajar en un acercamiento entre comprador y vendedor”, reflexiona.

Las últimas cifras oficiales de precios de compraventa no muestran desde luego una correlación clara entre el freno de compraventas y la caída de precios, que subieron un 7% en marzo respecto a febrero y un 9,7% en comparación con marzo del año pasado, según los notarios. Las cifras del Ministerio de Vivienda muestran una subida anual del 13,9% en el valor tasado de la vivienda libre, que costaría 2.315 euros por metro cuadrado a marzo de 2026 de media en España, esto es, 231.500 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados. 

Por si fuera poco, las hipotecas para vivienda alcanzaron su cifra récord desde 2010 en marzo, con 46.661 préstamos, encadenando 21 meses de subidas. La subida del euríbor tras la guerra, con un salto del 2,24% en enero a un 2,7% en mayo, podría enfriar este mercado en los próximos meses. 

Aunque las cifras del Ministerio aún no registran ninguna bajada de precios, sí que lo hacen los datos de los notarios en La Rioja (9,5%) y Navarra (6,8%). También Pisos.com empieza a registrar descensos en Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, pero estos se miden con respecto a la oferta de venta y sirven solo como termómetro impreciso. “Si bajan los precios en alguna zona, será en lugares de poca demanda como la España vaciada”, opina Montalvo. 

Para anticipar la correlación entre un enfriamiento de la compraventa y una bajada de precios, el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, observa en la última entrada de su blog los casos de Alemania y Francia. En el vecino país galo, tras seis bajadas consecutivas y radicales de compraventas trimestrales (a un máximo del 20% menos en el tercer trimestre de 2023), vinieron seis trimestres de leves caídas de precios, de un 4,8% la mayor. 

En España, una caída mucho más leve de la compraventa en seis trimestres de 2023 no desembocó en una caída de precios. El mercado español aún está lejos del escenario francés, si es que lo llega a imitar: le faltaría un año y medio con un freno en las compraventas mucho mayor al actual para provocar una caída de precios que, por tanto, solo se empezaría a reflejar ya en 2028.

Nadie apunta hacia esa dirección, pero Torres sí que ve una buena noticia que los precios ya no suban por “el fomo”, el miedo a perder la oportunidad de una compra más barata que la futura, que ha acelerado el mercado de compraventa junto a un alquiler asfixiante que no sale a cuenta y se come en ocasiones la mitad del sueldo de las familias. 

La construcción de vivienda se encuentra también estancada y no oxigena la oferta. Y aunque la vivienda pública debe empezar a arrancar a partir de 2027, la mayor parte irá a alquiler y el desajuste entre demanda y oferta hará difícil que empuje los precios a la baja. 

El director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, ve tan solo “una ralentización” y “una tendencia al alza más moderada” que el año pasado. El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez, cree que “en las zonas de España muy tensionadas los precios dejarán de subir a doble dígito”, pero “el mercado no se está cayendo”. 

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, cree que “hay que hablar más de enfriamiento que de contracción”. “La magnitud de esa tendencia descendente dependerá en gran medida de la guerra, por sus efectos sobre los tipos de interés y la incertidumbre”, aporta, y coincide con Talavera en que para ver una caída de precios debería existir una recesión económica que es poco probable, a no ser que la guerra tenga un impacto económico mayor del esperado.

El último informe de CaixaBank Research, del pasado día 28, se muestra “sorprendido al alza” con la subida de precios de la vivienda libre y alerta de que “a pesar del avance de los visados de obra nueva, la producción efectiva sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares”. 

Los alquileres, mientras tanto, siguen subiendo de manera desenfrenada, aunque algo menos que en los últimos meses y con la excepción de Navarra, donde el tope que aplica su gobierno autonómico permitió una bajada del 7% en un año. Sobre el efecto que este enfriamiento de la compraventa pueda tener en los precios del alquiler, Montalvo es pesimista: “La gente que no va a comprar, seguirá necesitando una vivienda y se irá al alquiler, porque se siguen creando hogares. Como no hay oferta, el precio puede subir aún más”. 

Si la compraventa subió porque el alquiler era inaccesible y eso también provocó que los jóvenes se sirvieran de ayudas de los padres para las entradas con récords de donaciones, ahora es la compraventa la que parece expulsarlos del mercado de nuevo. Un bucle infinito que, mientras no se construya vivienda pública, nunca da como resultado una vivienda barata o al menos asequible.

Durante una década, entre los años 1461 y 1471, hubo un taller de acuñación de monedas españolas en Guadalajara que hoy en día casi nadie recuerda. Fue la denominada ceca de la capital alcarreña y su papel fue esencial como respuesta a la “increíble” crisis monetaria que se produjo durante el reinado de Enrique IV, un momento muy concreto y turbulento del siglo XV, con un sistema económico prácticamente colapsado.

Las ‘cecas’ eran casas de moneda, establecimientos oficiales donde se acuñaban y fabricaban las monedas y medallas. Por extensión, también se llamaba así a la pequeña marca (letra o símbolo) que llevaban las monedas y que indicaba en qué ciudad o fábrica fueron elaboradas.

En esos momentos se acuñaban en España monedas de oro como el ‘medio enrique’ y piezas de vellón y plata, principalmente cuartillos y maravedíes.

La ceca de Guadalajara no encajaba del todo en la imagen de casas de la moneda clásicas y regladas. Las investigaciones, todavía abiertas, apuntan que funcionó como un taller de carácter “extraordinario”, ligado al poder local y a las grandes familias que dominaban la ciudad y su entorno, en este caso los Mendoza.

Lo cuenta Manuel Mozo, ingeniero de sistemas e investigador independiente con más de 40 años dedicados al estudio de la numismática medieval de los reinos de Castilla y León. Autor de más de 150 artículos científicos y varios libros, destaca su 'Enciclopedia de la Moneda Medieval', obra de referencia de más de 5.800 páginas, en ocho volúmenes, premiada en 2017 como Mejor Obra Científica de Investigación.

Colabora con instituciones como el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC, y participa en proyectos arqueológicos desde el año 2000. Ha impartido conferencias en destacados foros científicos nacionales e internacionales y es creador del 'Memorial de Moneda Medieval', el mayor catálogo digital sobre emisiones medievales castellanoleonesas. Recientemente, ha impartido una conferencia en el Museo de Guadalajara sobre la mencionada 'ceca' de la ciudad.

Cuando la Corona perdió el control de la cantidad de monedas

Detalla que esta casa de moneda respondió a un momento muy puntual, en un contexto en que la Corona necesitaba numerario y, al mismo tiempo, había perdido “capacidad real” para controlar la calidad y la cantidad de moneda que se ponía en circulación.

El taller acuñó monedas en la franja que va aproximadamente desde abril de 1461 a “algún momento indeterminado” comprendido en el lustro que va de 1465 a 1470, coincidiendo con la llamada “segunda fase” de amonedaciones de Enrique IV, delimitada por el Ordenamiento de Aranda (1461) y el de Segovia (1471). Y fue precisamente una década de devaluaciones, inflación, “desconfianza”, falsificación y “proliferación de talleres con permisos más o menos claros”.

En el caso concreto de Guadalajara, Manuel Mozo habla de tres momentos distintos: un primer tramo en el que se acuña a nombre de Enrique IV; un breve intervalo, en plena guerra civil, en que se acuña para Alfonso de Ávila (el pretendiente promovido por parte de la nobleza); y un tercer momento en que se vuelve a acuñar de nuevo para Enrique IV.

“Esa oscilación es muy reveladora, porque la moneda no es solo economía: es también política, propagandística y el elemento motor del control geoterritorial”, explica el investigador.

El hecho de que se acuñara en Guadalajara no significa que las monedas vivieran “encerradas”. Circulaban en cualquier lugar donde hubiera impuestos y pagos. Pero lo más curioso es que su uso principal fue el de la “pequeña economía diaria”, aunque con el paso del tiempo esa utilidad “quedó ensombrecida por la pérdida de confianza que provocaba su baja calidad”, pues progresivamente, “de emisión en emisión, los porcentajes argénteos (de plata) en la composición de las monedas era inferior”.

De hecho, la brevedad de este taller así lo atestigua. Guadalajara desaparece como taller monetario activo porque el propio sistema económico, llevado al límite entre 1461 y 1471, obligó a reaccionar frente a la alta inflación ocasionada.

El Ordenamiento de Segovia y el “cierre de grifo” al “caos monetario”

Concretamente, Mozo precisa cómo el 'Ordenamiento de Segovia' del 10 de abril de 1471 intentó “cerrar el grifo a tanto caos monetario”. Es decir, se restringió la fabricación de moneda a un número reducido de casas oficiales y se sustituyó parte del vellón anterior por nuevas tipologías “más controladas”.

“A partir de ahí, y sobre todo con la política monetaria de los Reyes Católicos, se consiguió avanzar hacia una mayor centralización pecuniaria y hacia una moneda más estable. Guadalajara fue hija de una década excepcional; cuando la excepción se corrige, el taller se apaga y cesa”.

Pero su importancia no se mide por su corta duración, sino por lo que representó. “Fue un magnífico termómetro para tomar la temperatura de Castilla a mediados del siglo XV. En esa década, la moneda se convierte en un campo de batalla: el rey, la nobleza y los poderes locales competían por recursos, por legitimidad y por control”.

Guadalajara aparece (de la mano de la poderosa familia ligada al cardenal Mendoza, confesor de Isabel La Católica), precisamente, en el punto en que el Estado necesita emitir y, al mismo tiempo, “no consigue controlar del todo lo emitido”.

La moneda funciona mientras la gente cree en ella y cuando se devalúa, se envilece o se falsifica de manera masiva, esa confianza se resquebraja y suben los precios

Desde el punto de vista histórico, Manuel Mozo resalta que su relevancia es doble. Por un lado, habla del peso específico de Guadalajara y de sus élites en la política del momento. Y por otro, permite estudiar “cómo se degrada un sistema monetario” cuando se rompe el equilibrio entre “lo que la moneda dice que vale” y “lo que la moneda realmente vale”. Es una lección medieval, pero también muy contemporánea “que todos percibimos incluso hoy en nuestra vida diaria”.

¿Y qué nos puede decir la ‘ceca’ sobre la sociedad de la época? El investigador lo resume en “poder, confianza y supervivencia”. Poder, porque en la sociedad castellana del siglo XV, la nobleza tiene una capacidad enorme de condicionar al rey. Confianza, porque la moneda “funciona mientras la gente cree en ella” y cuando se devalúa, se “envilece o se falsifica de manera masiva”, esa confianza se “resquebraja” y suben los precios, “se penaliza al que cobra en moneda mala, y el comercio se entorpece”.

En cuanto a la supervivencia: en una economía donde faltan piezas de plata y donde el Estado necesita pagar, recaudar y mover mercancías, se acaba aceptando “lo que hay”. La ceca de Guadalajara fue así el reflejo de “una sociedad sometida a tensiones políticas y económicas constantes, que se adapta como puede a una masa circulante imperfecta”.

Según apunta Mozo, no existen datos sobre el edificio concreto donde se ubicó esta casa de moneda en Guadalajara. La hipótesis más razonable la sitúa en el área del antiguo Alcázar Real, hoy en día estado de total abandono, o en un entorno próximo al núcleo de poder urbano, pero no hay evidencias arqueológicas. El investigador prefiere dejarlo como hipótesis.

En cambio, las monedas “sí son un vestigio material directo”. Se conservan ejemplares en colecciones particulares y, en algunos casos, en instituciones y museos. La Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara y el propio investigador han donado un total de cuatro “raros ejemplares”.

En general, aparecen como piezas de vellón (cuartos, maravedís y blancas, según emisiones) y, de manera mucho más rara, monedas de oro (medios enriques de la silla). Estas piezas son, en sí mismas, documentos históricos: “Nos hablan del metal, de la técnica, del estilo artístico, de las inscripciones marginales y de la circulación monetaria alcarreña”.

Si queremos entender cómo se construyen los estados, cómo se financian las guerras, cómo se organizan los mercados o cómo se transmite propaganda, la moneda es una fuente privilegiada de vital significación

De hecho, las antiguas cecas medievales de Toledo, Cuenca, y Guadalajara “forman parte de la historia de Castilla-La Mancha”. Estos talleres muestran que hubo “momentos de fuerte complejidad” y que los territorios de la actual región estuvieron implicados en procesos de alcance general. También, destaca el investigador, existe un valor en el mercado numismático, “que depende de la rareza, conservación y demanda de cada pieza”.

En el conjunto de España, el propio reinado de Enrique IV fue “un océano de tipologías y talleres”, con ‘cecas’ extraordinarias o concesiones puntuales en ciudades que hoy no asociamos a moneda: Benavente, Villalón o Jerez de la Frontera suelen aparecer en la literatura especializada, pero “no han permeado” en la divulgación general. Para el investigador, es una oportunidad: “Todavía hay mucho patrimonio por explicar bien, con rigor y con lenguaje accesible”.

Hoy en día, en España, la numismática cuenta con estudios muy detallados y de gran calidad. Existe una tradición académica sólida, revistas especializadas, museos con gabinetes numismáticos de primer nivel y grupos universitarios de investigación.

Pero Manuel Mozo subraya que, para el volumen inmenso de material existente, siempre harían falta más equipos, más proyectos y, sobre todo, “más personal interesado y continuidad investigadora”, además de más medios públicos.

Esto es así porque la numismática es interdisciplinar: “No basta con leer la moneda, hay que cruzarla y darle contexto con diplomática, metrología, historia económica, arte, epigrafía, arqueología, y alguna que otra rama más de la ciencia”.

Precisamente porque hoy usamos una moneda común y estamos acostumbrados a la estandarización, mirar al pasado monetario nos ayuda a comprender que la moneda fue siempre identidad, soberanía y comunicación política

Además, muchas piezas están dispersas entre colecciones y mercados, y no siempre es fácil acceder a datos completos. Y, por último, la financiación y la visibilidad institucional suelen concentrarse en otras áreas.

El reto ahora sería la digitalización seria de colecciones, con metadatos completos, proyectos colaborativos entre museos, universidades y “coleccionismo responsable”, además de una divulgación “de calidad” que “acerque la disciplina sin banalizarla”. Cuando eso se consiga, “la numismática dejará de parecer una afición monetaria, para entenderla como lo que es: evidencias de la historia en estado material”.

“Precisamente porque hoy usamos una moneda común y estamos acostumbrados a la estandarización, mirar al pasado monetario nos ayuda a comprender que la moneda fue siempre identidad, soberanía y comunicación política. Si queremos entender cómo se construyen los estados, cómo se financian las guerras, cómo se organizan los mercados o cómo se transmite propaganda, la moneda es una fuente privilegiada de vital significación”, concluye.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) cierra mayo en el 3,2%, misma cifra que la registrada en abril y dos décimas por debajo del pico de marzo, justo cuando estalló el conflicto en Oriente Medio, a pesar de la incertidumbre por los precios globales de la energía. El dato se conoce cuando apenas quedan unos días para que expire parte de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, mientras el Ejecutivo se replantea qué alivios mantener más allá del 30 de junio.

Los datos de la inflación publicados este viernes confirman una cierta estabilización del efecto de la guerra en la economía española que, a diferencia de lo sucedido con la invasión rusa de Ucrania, no se ha trasladado a los precios de la electricidad. Es por esto que a partir del próximo lunes 1 de junio expiran las rebajas del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. El alivio sobre el IVA del carburante, así como el resto de medidas fiscales, seguirán en vigor hasta el 30 de junio.

Sin embargo, el IPC subyacente -que excluye de su cálculo los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, por lo que los economistas lo consideran la inflación núcleo del sistema productivo- sí repuntó una décima, hasta el 2,9%. Esto implica que ya se estaría recogiendo parte del incremento del precio de los carburantes de manera estructural en el resto de bienes de servicios.

Los alimentos se mantienen estables

De acuerdo con el INE, en la estabilidad del índice general han influido varios factores. Al alza, las categorías de transporte y actividades recreativas, en tanto que sus precios descendieron este mayo menos que el mismo mes del año pasado.

Y a la baja, la caída de los precios del vestido y el calzado, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas se han mantenido estables frente a las subidas de precio registradas el año pasado.

Los precios mensuales -es decir, los de mayo sobre los de abril- avanzaron solo una décima. El indicador del IPC armonizado, que es el que utiliza una cesta común de productos y que se emplea para las comparaciones con el resto de países europeos, registró un alza del 3,6%, una décima más que en abril.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha subrayado que esta estabilidad en el indicador “confirma que el plan de respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares”.

La cartera que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo, que esta semana mantuvo una reunión con patronales y sindicatos para valorar el efecto de las medidas desplegadas hasta ahora, asegura que “seguirá monitorizando la evolución de los precios de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados”.

El G-7 se encuentra ante una de esas encrucijadas de la que no suele salir bien parado. O, para ser más precisos, de la que le cuesta emerger. Los selectos socios de este club, otrora el más rico del planeta, no se sienten nada cómodos cuando sus coyunturas se debilitan sincronizadamente. Sus recesiones colectivas de 2009 tras el colapso crediticio --primera de su historia-- o de la Gran Pandemia --segunda y última, hasta el momento-- se superaron con recetas aisladas y sin un ritmo sostenido en sus ciclos de negocios. Tampoco por casualidad, tres de ellos (Japón, Alemania y Reino Unido) han sido diagnosticados como enfermos económicos en los últimos decenios.

Ahora, las potencias industrializadas se enfrentan a uno de sus peores enemigos: la estanflación. Fenómeno que, por razones bien fundadas, atenaza a sus bancos centrales. Subir tipos de interés para contener repuntes drásticos de precios choca con la predisposición de sus autoridades a empujar el crecimiento y estimular el empleo. Es como una dicotomía existencial. El objetivo de control inflacionista --quizás, el prioritario en su escalafón estatutario-- entra en colisión con sus otros dos principios sacrosantos: el dinamismo productivo y del mercado laboral, que reclaman un precio del dinero barato para proyectar prosperidad.    

Ante esta tesitura, la Reserva Federal es la que afronta un escenario más delicado. No solo por el alza de su IPC, que ha saltado al 3,8% en abril --cota máxima del último trienio--, sino porque la Administración Trump ha invocado el fantasma de la injerencia monetaria y ha provocado un conflicto bélico en Oriente Próximo que ha ocasionado la parálisis del Estrecho de Ormuz, el colapso de los flujos de crudo y gas y, por efecto contagio, de fertilizantes y bienes alimenticios. A lo que se unen las perspectivas pesimistas sobre una tregua garantizada con el régimen iraní, que no invitan a pensar en un inminente control de los precios por debajo del 2%, sino, más bien a presenciar futuros intentos del líder republicano para que la Fed baje tipos.

Detrás de esta estratagema está el nombramiento de Kevin Warsh como relevo en la presidencia de la Fed de Jerome Powell, a quien ha perseguido política y judicialmente en los últimos meses.

Los cambios nunca suelen ser una garantía irrebatible de estabilidad en los bancos centrales. Y menos cuando la gasolina se ha disparado más del 50% desde el inicio de la guerra en Irán en un país en el que la inflación despierta descontento en el subconsciente colectivo. Como sabe el propio Donald Trump, que supo tocar su tecla en campaña presidencial hasta situar al IPC --por encima del 2%, pero en descenso tras el shock energético de la guerra de Ucrania-- en el centro del debate económico. Ahora, con el indicador espoleado por otra contienda bélica, el mercado descarta cualquier atisbo de recorte de tipos en EEUU este año.

La Fed se enreda en su laberinto

Warsh no lo tendrá fácil. La coyuntura no incita a decretar un dinero barato. Pese a lo cual, desde la Casa Blanca se siguen reclamando rebajas urgentes. Y su nombramiento le exige una narrativa que preserve la credibilidad de la Fed frente a las embestidas dialécticas contra su soberanía del inquilino del Despacho Oval. “Está entrando en una situación imposible” aduce David Wilcox, ex economista de la Fed y analista del Peterson Institute, sobre Warsh y las renovadas presiones a las que será sometido con una inflación rampante.

Mary Daly, responsable de la Reserva Federal de San Francisco, añade más leña al fuego a esta transición presidencial al avisar de que las cadenas de suministro “siguen atascadas” y podrían mantener la inflación por encima del 2% durante bastante tiempo. Al igual que Austan Goolsbee, su homólogo de Chicago, que rechaza la idea de que la eclosión de la IA vaya a permitir descenso de tipos por el supuesto efecto deflacionista de sus inversiones. Otro mantra que se ha instalado en el clima bursátil. El nuevo ciclo tecnológico –manifiesta sin tapujos Goolsbee-- “también está elevando costes y tensiones de inversión”.

Pero hay más. Goldman Sachs, en una nota a clientes, califica el panorama actual de Wall Street de “episodio de espuma especulativa”, insiste en un cóctel de valoraciones elevadas, optimismo inversor casi unánime y una complacencia excesiva hacia los riesgos geopolítico y sistémicos. Sus expertos enfatizan que cuando el S&P 500 superó la barrera de los 7.100 “hicimos disparar las alarmas de un colapso bursátil […] quizás no inminente, pero que debería entenderse como un aviso a navegantes”.

Las últimas crisis financieras --la punto.com, en 2000, y el colapso crediticio de 2008-- se saldaron con recesión del PIB americano. Pero los meses precedentes se emitieron signos de peligro con récords de capitalización, aducen en Goldman Sachs, desde donde recuerdan que es el inversor particular el que sale peor parado de las burbujas especulativas con secuelas inflacionistas.

El Nobel Paul Krugman también se ha apuntado a esta oleada de críticas. “EEUU empieza a oler a estanflación”, con un petróleo disparado, una economía y un empleo en resiliencia activa, pero con malos augurios a medio plazo, y una Fed atrapada y sin margen para rebajar tipos sin avivar más los precios. Powell rechaza el paralelismo con los años setenta, en los que la reacción tardía de la Reserva Federal encareció aún más los precios. Sin embargo, Krugman atisba “demasiadas señales similares”. Desde una inflación persistente previa al colapso energético, hasta un voltaje geopolítica intenso y un dinamismo que pierde vigor. Antes de señalar a los aranceles recíprocos y al excesivo coste de la vivienda como “aceleradores silenciosos” de esta compleja coyuntura.

BCE, BoE, BoJ, la otra sopa de letras del G-7

En Europa tampoco hay mucho espacio para la complacencia. Ni para movimientos bruscos en su estrategia monetaria. Aunque la economía de la eurozona parte de una posición más frágil, con pulso productivo anémico y aminoramiento de la demanda interna, el cierre de Ormuz ha elevado el nivel de amenaza de la estanflación. Justo cuando el BCE confiaba en iniciar un ciclo de relajación monetaria más profundo en 2027 para espolear la economía del euro. Hay quien, incluso, no descarta, desde el mercado, que Fráncfort otorgue mayor trascendencia al impulso del PIB y del empleo que a la inflación. Sobre todo, si el futuro depara a corto plazo el final de las hostilidades en Oriente Próximo.

Aun así, el consenso se inclina por una subida del 0,25% en junio y otra similar en septiembre.

En paralelo, el BCE también ha comenzado la batalla por la sucesión de Christine Lagarde, cuyo mandato expira en un año y a la que ya se le atribuye el sillón presidencial del World Economic Forum (WEF), entidad gestora de las cumbres de Davos. En esta carrera, gana posiciones Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y una figura respetada tanto en Fráncfort como en los mercados globales por su perfil técnico. Todo ello añade dosis de incertidumbre a la estrategia de la autoridad monetaria, en cuyo consejo de gobierno son habituales las luchas entre halcones y palomas; entre ortodoxos --escrupulosos con el mandato inflacionista, de perfil neoliberal-- y keynesianos, más partidarios de potenciar la economía y el empleo.

En este dilema, unos y otros velan armas antes de enterrar sus políticas de wait and see de los últimos meses. Desde el inicio del conflicto en Irán. Con la inflación armonizada en el 3% en abril --por debajo de las predicciones--, pero con un augurio de crecimiento de apenas 8 décimas para 2026. Y en retroceso por los daños colaterales de la guerra. De modo que las espadas monetarias están en alto en Fráncfort. Isabel Schnabel, miembro de su ejecutiva, ha dejado claro que el BCE “tendrá que encarecer el dinero” si la escalada energética se traslada a la inflación subyacente. Mientras su colega Boris Vujcic insiste en que “el riesgo se está moviendo hacia la estanflación con nitidez”, aunque matiza que “subir tipos muy rápido amenaza con asfixiar” a una economía exhausta, con inflación elevada, dinamismo débil y margen político muy limitado.

Casi el mismo dilema se reproduce en el Banco de Inglaterra (BoE). Londres se mantiene en ese compás de espera. Con un IPC de marzo revisado al alza, hasta el 3,4%, unos tipos en el 3,75% y una crisis abierta contra el aún premier, Keir Starmer, que podría adquirir una dimensión de calado financiero y fiscal. La rentabilidad de los bonos a 30 años se ha disparado a máximos en casi tres decenios y la losa de una pérdida de valor de la libra en los mercados cambiarios como la que se llevó a la conservadora Liz Truss en 2022 ha vuelto a la arena política. Aunque de momento los economistas no aprecian retoques en el BoE, pese al temor de estanflación y las vulnerabilidades en productividad, ingresos tributarios y gestión de la deuda. O las nuevas tierras movedizas en el 10 de Downing Street.

Japón representa, quizás, el cambio más simbólico. Tras décadas de deflación y tipos negativos, el BoJ se ha visto forzado a normalizar su política monetaria precisamente por un shock externo que amenaza con desanclar las expectativas de inflación. La autoridad monetaria japonesa dejó los tipos en el 0,75% en su última cita, pero 3 de los 9 miembros del consejo votaron ya a favor de una subida inmediata. Kazuo Ueda, su gobernador, reconoce que la institución deberá actuar si la energía genera una segunda ronda alcista de salarios y precios. La OCDE prevé que Japón eleve tipos hasta el 2% antes de 2027 tras décadas luchando contra la deflación.

Horizontes lejanos con cumbres borrascosas

Las tensiones coyunturales actuales, sin embargo, no deberían impedir ver un futuro a largo más complejo. El propio Hernández de Cos, desde su posición ejecutiva en el Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés) viene advirtiendo de que los bancos centrales afrontan un cambio de régimen. De Cos lo achaca a los múltiples efectos de una deuda soberana desbordada, un comercio fragmentado, la financiación de la transición climática o la puesta en liza de divisas digitales. Si los gobiernos usan estímulos fiscales permanentes para diluir tensiones energéticas o episodios de descontento social --alerta-- los bancos centrales aplicarán estrategias de tipos de interés elevados durante periodos más prolongados.

El BCE, por ejemplo, se opone a las stablecoins que empiezan a forjar las bigtechs y los poderosos bancos de inversión estadounidenses. Es una de las bazas que tendrán que jugar las autoridades monetarias más allá del precio del petróleo.

De hecho, Lagarde acaba de rechazar el modelo regulatorio estadounidense de las stablecoins. A pesar de que estos activos ya superan los 300.000 millones de dólares, por estar vinculados al dólar. Europa teme una pérdida de soberanía monetaria y peligros latentes en la fijación futura de tipos fuera de la esfera de influencia del billete verde. Hernández de Cos alerta, por su parte, de que pueden desestructurar el sistema financiero si no se someten a supervisión bancaria.

Mientras todos ellos --la Fed, el BCE, el BoJ y el BoE-- llevan varios ejercicios incorporando el riesgo climático a sus estrategias tras certificar unas pérdidas aseguradoras de 140.000 millones en 2025. Funcas advierte de que el cambio climático puede consolidar una inflación más persistente y volátil, encareciendo la energía, los alimentos y los seguros y estrechando la capacidad de los bancos centrales para hacer maniobrar sus estrategias monetarias.

Los precios subieron en Castilla-La Mancha un 3,4% durante el mes de abril. Esto supone tres décimas menos que la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de abril es el más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,8%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7% más que en abril de 2025 (+1,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); seguros y servicios financieros, un 4,8% más (+0,4 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,9% más (-1 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,8% más (-0,7 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en información y comunicaciones, un 0,3% (+0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (+0,4 puntos); sanidad, un 1,8% (+0,3 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,8% (-0,4 puntos)

Datos nacionales

A nivel nacional, el IPC recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el organismo estadístico ha explicado que en la moderación de la inflación ha influido el descenso de los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril de 2025, y la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que subieron, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

Por contra, los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año, frente a la bajada que experimentaron un año antes.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que la moderación de la inflación en el cuarto mes del año se explica, principalmente, por “el 'escudo renovable' y el paquete de respuesta puesto en marcha por el Gobierno” para paliar el impacto económico de la guerra en Irán.

“El plan de respuesta está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto de la guerra sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. Así, la inflación de los carburantes sin las medidas hubiera sido del 28,9% en abril. Las medidas han conseguido moderar esta cifra en más de 16 puntos porcentuales”, ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

A partir del 1 de junio se desactivarán algunas medidas fiscales

Por su parte, los precios de la electricidad y del gas natural registraron en abril descensos del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que, según Economía, “confirma la capacidad del sistema energético español de absorber shocks externos” por su apuesta por las renovables, “escudo frente al impacto de la guerra”.

Al haber superado los combustibles para vehículos personales el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis, las medidas fiscales sobre carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio, según ha confirmado Economía.

Ahora bien, el Ministerio ha señalado que la caída en los precios de la electricidad y del gas natural “permiten iniciar la desactivación” de las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio. No obstante, Economía ha precisado que las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.

Las medidas anticrisis frenan la inflación en torno a un punto

El Ministerio de Economía estima que las medidas del plan de respuesta han restado a la inflación cerca de un punto.

De hecho, la tasa interanual de la inflación a impuestos constantes (que no tiene en cuenta las últimas variaciones de impuestos) fue del 4,5% en abril, tasa 1,3 puntos superior a la del IPC general.

Por su parte, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas presentó en abril un aumento interanual del 2,6%, una décima menos que en marzo. No obstante, algunos alimentos, como los huevos, la carne de vacuno y las legumbres y hortalizas se incrementaron más de un 10% respecto a abril de 2025, con alzas del 14,7%, del 13,3% y del 11,5%, respectivamente.

El INE ha confirmado además que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima en abril, hasta el 2,8%.

El gasóleo dispara su precio un 28%

En el último año (abril de 2026 sobre abril de 2025), lo que más subió de precio fueron los combustibles líquidos (+51,7%), el gasóleo (+28,2%), joyería y relojes de pulsera (+28%), recogida de basuras (+26,8%); el transporte combinado de pasajeros (+26,6%) y las hortalizas frescas (+23%).

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año han sido las frutas tropicales (-20,4%), el transporte aéreo internacional (-18,9%), el butano y el propano (-16,4%), el gas natural (-9,6%) y los aceites vegetales.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en abril, hasta el 3,5%, con una variación mensual del 0,7%.

Siempre me ha sorprendido la habilidad de los portugueses para situar a sus compatriotas en puestos clave de los organismos internacionales. Con un PIB que es la quinta parte del español, han conseguido colocar a sus nacionales en la Secretaría General de la ONU (António Guterres), en la Presidencia del Eurogrupo (Mario Centeno) y en la Presidencia de la Comisión Europea (Durão Barroso). Ningún español ha llegado a esos puestos, pese a formar parte de esos clubs desde la misma fecha en que lo hizo nuestro país vecino (la ONU en 1955, la UE en 1986 y la eurozona, desde su inicio, en 1999). La única explicación a este éxito luso es que todos los portugueses hacen piña en torno a sus candidaturas nacionales, independientemente del origen político, de la ideología o de cuál sea el Gobierno de turno.

En España somos mucho más cainitas, y hemos tenido ocasiones en el pasado para demostrarlo. En 2012, José Manuel Campa, que había sido Secretario de Estado de Economía con Zapatero, tenía muchas opciones y un apoyo externo garantizado para convertirse en miembro del Consejo del BCE, en el puesto que quedaba vacante al terminar el mandato de José Manuel González-Páramo, el único español en un puesto relevante del BCE desde 2004. Pero el rechazo del Gobierno de Rajoy impidió esa opción y España se quedó sin representación en la autoridad monetaria europea durante 6 años, hasta que Luis de Guindos ocupó la vicepresidencia del BCE en 2018, con el apoyo del gobierno de Rajoy y el rechazo del PSOE, entonces en la oposición.

Una excepción a este comportamiento sectario fue el nombramiento de Rodrigo Rato como Director Gerente (y máximo líder) del Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurrió entonces no es opinión. Es información, pues lo viví en primera persona. En marzo de 2004 se encontraba el FMI en pleno proceso de elección del nuevo director gerente en sustitución del alemán Horst Köhler, que iba a ser elegido presidente de Alemania. Rato tenía, lógicamente, el apoyo del gobierno de Aznar y era un candidato firme al puesto. Pero en marzo de 2004 las elecciones generales cambiaron el gobierno de España y el FMI exigía tener el apoyo del nuevo gobierno al candidato español.

A los pocos días de las elecciones, recibí una llamada del entonces número 2 del FMI, el mexicano Agustín Carstens, con quien había trabado una cierta amistad en mi época de economista jefe de BBVA. Agustín me dijo que la opinión del nuevo gobierno era condición necesaria (y suficiente) para el nombramiento de Rato para ese puesto. Le pedí unas horas para consultarlo con Zapatero (ni siquiera había sido investido presidente del gobierno) y este me confirmó su aprobación. Al fin y al cabo, era un candidato español y se trataba de un puesto muy importante en la esfera internacional, con rango de jefe de Estado.

Nuestro apoyo fue bien recibido por el FMI, pero provocó asombro dentro de España, tanto entre nuestras filas como las del PP. Seguramente en Portugal nadie se habría sorprendido por esta decisión. Es cierto que la experiencia no salió tan bien como se esperaba y Rato dejó el FMI a los 3 años, en circunstancias que nunca han sido aclaradas. Pero no es menos cierto que conseguimos colocar a un español en lo más alto de las instituciones financieras internacionales.

Ahora, 22 años después, tenemos la ocasión de tener a otro español, Pablo Hernández de Cos, nada menos que como Presidente del Banco Central Europeo (BCE), tras el final del mandato de la francesa Christine Lagarde. Se puede decir, con razón, que mi opinión sobre Pablo está sesgada, pues le conozco desde que era economista del Servicio de Estudios del Banco de España y he seguido toda su trayectoria. Pablo no sólo es un excelente economista, sino que es honrado, moderado, dialogante y reflexivo.

Pero, si no le conociera de nada, también le apoyaría con entusiasmo. Fue gobernador del Banco de España desde 2018 hasta 2024, en una época donde el BCE se distanció de su pasado más siniestro y apoyó decididamente a los países miembros del euro durante la crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania, respectivamente. Durante su mandato se alineó con las posiciones más moderadas (“dovish”) frente a los “halcones” de la Europa central. Desde 2024 es Director General del Banco Internacional de Pagos (BIS) en sustitución, precisamente, de Agustín Carstens. En esta época ha seguido ganando experiencia y prestigio internacional, lo que le convierte en un firme candidato a la presidencia del BCE.

Además de las cualidades del candidato, España se merece ese puesto, que hasta ahora sólo lo ha ocupado un holandés, dos franceses y un italiano. Somos el cuarto país de la eurozona, pero tenemos tres bancos entre los seis primeros de la zona euro. Incluyendo los dos primeros, Santander y BBVA. Y un sistema financiero mucho más moderno y tecnológicamente avanzado que el de nuestros socios de la unión. Del reto que suponen las nuevas tecnologías para el sistema de pagos también sabe, y mucho, Pablo Hernández de Cos.

No es la primera vez que España tiene esta oportunidad. A finales de los años 90, cuando se iba a crear el euro, le ofrecieron a Luis Ángel Rojo, entonces gobernador del Banco de España, ser el primer presidente del BCE. Declinó por motivos personales. Una lástima, porque la historia del euro probablemente habría sido otra. Seguramente habría evitado la creación de las burbujas de crédito e inmobiliarias en buena parte de la eurozona durante 2002-2005 (véase gráfico). Y, sin lugar a dudas, habría evitado el enfrentamiento entre el núcleo y la periferia, división agravada por el primer presidente del BCE, el desaparecido y poco llorado, Wim Duisenberg, al que se le asigna la paternidad del apelativo “P.I.G.S.” a los países del sur de la zona euro (Portugal, Italia, Grecia y España). Esta vez no podemos fallar. Dejemos al lado el cainismo hispano y apoyemos como país al candidato español al BCE: ¡Pablo for President!

La guerra de Donald Trump en Irán está suponiendo que se disparen los precios en Estados Unidos. Así, según el índice de precios al consumo publicado este martes, los precios subieron un 3,8% en abril en EEUU con respecto al año anterior. La principal causa es el aumento de los costes energéticos, que sustituyó a los aranceles como principal factor del incremento de los precios para los estadounidenses.

El aumento de precios registrado en abril es el mayor desde 2023.

La subida de la energía representa más del 40% del aumento mensual del índice general de precios en EEUU.

La vivienda también aumentó en abril, con un incremento del 0,6%; los alimentos subieron un 0,5% durante el mes –el índice de alimentos para el consumo en el hogar subió un 0,7% y el de alimentos para el consumo fuera del hogar aumentó un 0,2%–.

El índice de todos los artículos, excluidos alimentos y energía, subió un 0,4% en abril.

Entre los índices que aumentaron a lo largo del mes se incluyen el mobiliario y el funcionamiento del hogar, las tarifas aéreas, el cuidado personal, la ropa y la educación.

Por el contrario, los vehículos nuevos, comunicaciones y atención médica se encontraban entre los principales índices que descendieron en abril.

El índice general subió un 3,8% entre abril de 2025 y abril de 2026, después de subir un 3,3% en los 12 meses que finalizaron en marzo.

El índice general, excluidos alimentos y energía, subió un 2,8% en el año, tras un aumento del 2,6% en los 12 meses que finalizaron en marzo.

La energía aumentó un 17,9% en los 12 meses que finalizaron en abril, mientras que el índice de alimentos aumentó un 3,2 % durante el último año.

El índice de la energía de mes a mes aumentó un 3,8% en abril, tras haber subido un 10,9% en marzo. La gasolina, por su parte, aumentó un 5,4% en el mes, mientras que la electricidad subió un 2,1% en abril.

El gasóleo de calefacción aumentó un 5,8% en el mes, mientras que el índice del gas natural disminuyó un 0,1% durante el mismo periodo. El índice de la energía aumentó un 17,9% en los últimos 12 meses y el índice de la gasolina subió un 28,4%.

El índice de la electricidad aumentó un 6,1% en los últimos 12 meses hasta abril y el índice del gas natural subió un 3%.

La inflación había ido descendiendo de forma más o menos constante desde que alcanzara su punto álgido en junio de 2022, con un repunte interanual de los precios del 9,1%, un aumento provocado por los cuellos de botella en la cadena de suministro al final de los confinamientos por la COVID-19 y por la crisis de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, la inflación se mantuvo todo este tiempo por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y Teherán respondió cerrando el acceso al estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Los precios de la energía se dispararon.

La Fed, de la que se esperaba que recortara sus tipos de interés de referencia en 2026, se ha vuelto cautelosa mientras espera a ver cuánto dura el conflicto y si el aumento de los precios de la energía se extiende a otros productos y provoca un brote inflacionista mayor.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha arremetido contra la Fed y su presidente saliente, Jerome Powell, por negarse a recortar los tipos para impulsar la economía.

Kevin Warsh, el elegido por Trump para suceder a Powell, está previsto que sea confirmado por el Senado esta semana; pero no está claro si Warsh apostaría por tipos más bajos dadas las incertidumbres derivadas de la guerra —o si podría persuadir a sus colegas del comité de fijación de tipos de la Fed para que le siguieran si lo intentara.

Algunas empresas también están empezando a sentir las consecuencias, informa AP. Por ejemplo, Whirlpool, fabricante de los electrodomésticos KitchenAid y Maytag, informó la semana pasada de que sus ingresos cayeron casi un 10% en su último trimestre y afirmó que la guerra ha provocado un “descenso del sector a niveles de recesión” que ha minado la confianza de los consumidores.

Tras los datos un poco desconcertantes de la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre del año, los datos registrados de afiliados en alta y de contratación laboral del mes de abril, que acaban de darse a conocer, recuperan la senda del crecimiento fuerte del empleo, con correlativa reducción del desempleo. Se trata de dos datos, estadísticos y de registro, sobre el empleo referidos a períodos diferentes y con bases de cálculo también distintos, que se complementan y, por tanto, no resultan tan contradictorios entre sí como parecería a primera vista. 

Por el carácter fuertemente cíclico de nuestra economía, con impacto en el empleo, la EPA recoge un primer trimestre tradicionalmente de pérdida de empleo y de incremento del paro. Lo sorprendente es que la EPA de este primer trimestre casi ha duplicado la reducción de empleo habitual en todos los primeros trimestres de cada año. Pero ello se explica por su concentración en dos ámbitos muy singulares, que acumulaban más de los dos tercios de la destrucción del empleo de este primer trimestre, que no son el referente central del comportamiento del mercado de trabajo: el trabajo autónomo y el servicio doméstico. El resto de los sectores manifiesta en esta EPA una reducción bastante contenida en el empleo y, por tanto, dentro de la tónica general. 

Por su parte, los nuevos datos sobre afiliación y contratación muestran una fuerte recuperación del empleo, con el inicio de la primavera, impulsada sobre todo por la actividad turística conectada con la semana santa.

Ahora sí, se puede afirmar, sin ningún tipo de cocina estadística, bastante discutible, que se supera la cifra simbólica de los 22 millones de afiliados en alta; cifra nunca alcanzada hasta ahora, la mayor en la serie histórica de cómputo de registros oficiales. El empleo crece en todos los territorios, con fuerte peso entre las mujeres e inmigrantes, mayor empleo juvenil y extendido en casi todos los sectores; si bien con mayor peso en los conectados con la actividad turística (hostelería y comercio). Eso sí, con algún elemento de contraste negativo en la educación, en actividades científico-técnicas y, especialmente significativa, la disminución en el trasporte de mercancías autónomo; emblemático este último, por estar claramente determinado por el crecimiento de los precios del gasóleo a resultas de la guerra de Irán, mejor dicho, de Oriente Medio. Este último factor es decisivo, pues era difícil que el conflicto bélico se reflejase en los datos de la EPA, dado que sus entrevistas abarcan en su mayoría un período (enero y febrero) en el que todavía no se había desencadenado. En todo caso, parece que ni la incertidumbre por la inestabilidad internacional, ni la fuerte subida de los precios por el desabastecimiento del petróleo ha impactado de forma significativa, manteniéndose al contrario las opciones empresariales por seguir apostando por un crecimiento de sus negocios, con repercusión sobre el empleo.  

Ni siquiera estos datos de empleo pueden contradecirse por los diagnósticos negativos de algunos, pero no contrastados, en el sentido de que se trata de un crecimiento más aparente que real. Algunos vienen a señalar que el número total de horas trabajadas no aumenta, con lo que el crecimiento del empleo no es tan real como parece. Los datos disponibles lo desmienten, cuando se comprueba que el trabajo a tiempo completo tiende a crecer respecto al parcial, al mismo tiempo que las cifras de horas de trabajo pactadas en los convenios colectivos y las efectivas realizadas no disminuyen. A pesar de que no puede ocultarse que tenemos un problema real de fuerte crecimiento de las horas no trabajadas por bajas por enfermedad, que es responsabilidad de todos adoptar medidas para hacerle frente, ello no impacta sobre el total de horas trabajadas en términos que llegue a poner en cuestión que el crecimiento real del volumen de empleo.

Como previsión adicional positiva en el corto plazo, es seguro que, al margen del escenario igualmente favorable de continuidad en el crecimiento en términos de Producto Interior Bruto, con seguridad el proceso extraordinario de regularización de los inmigrantes sin papeles residentes en España va a provocar efectos beneficiosos en muchos frentes, empezando por el empleo. Se trata de un proceso que todavía no ha comenzado a dar sus frutos, pero que, sin necesidad de entrar en mayores explicaciones, es claro que va a facilitar la contratación y afiliación en regla de muchos extranjeros. Sin poderse anticipar cuál será su exacta intensidad, lo que es indiscutible es que la irregularidad arrincona a los extranjeros en el empleo sumergido, por lo que a partir de ahora con la regularización podrá emerger una importante bolsa de empleo negro, muy precario y foco de clara vulnerabilidad. Incluso, el mero hecho de aflorar una mayor demanda de trabajo disponible podrá provocar incremento neto de empleo, particularmente en donde se detectan vacantes sin cubrir.

En todo caso, no todo son luces en el panorama actual, pues también se detectan sombras, algunas de ellas estructurales, que no dejan de tener su peso. Así, seguimos con procesos de arritmias en la contratación, manteniéndose situaciones patológicas de un exagerado número de bajas abruptas en la afiliación, cuando el final de mes coincide con un final de semana, como ha sucedido en el presente fin de abril, que después con cierta sorpresa se recupera a partir del primer lunes del mes siguiente. En segundo lugar, el carácter estacional de la economía no logra que la fuerte caída de la temporalidad (el 11,9 % en el sector privado), como indudable éxito de la reforma laboral de finales de 2021, se refleje en una reducción de la rotación laboral, pues no se logra ampliar la duración media de los contratos. Asimismo, se detectan ámbitos donde existen resistencias a que se logre una efectiva caída de las tasas de temporalidad, como es el caso bien conocido del empleo público, con tasas todavía en torno al 26,8 % (que llegó al culmen del 32,7 % en 2022), cuando debería situarse en el 8 %; sin olvidar otros sectores como es la enseñanza privada no reglada. Finalmente, el importante repunte de la inflación derivado de la crisis internacional está provocando una importante depreciación de los salarios, que se presenta como el principal desafío al que se enfrentan las organizaciones sindicales y empresariales ante la necesaria negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para los próximos años.

Aunque Irán no esté asfixiándose como un cerdo relleno, en contra de lo anunciado por Donald Trump, la economía persa atraviesa un momento muy complicado. El efecto combinado de la destrucción causada por la guerra, la inflación, la devaluación de la moneda, el paro y la contracción de los ingresos del petróleo preocupa a la élite política, que se pregunta si es viable mantener una actitud de firmeza inquebrantable ante los negociadores estadounidenses.

Uno de los cálculos que circulan por los medios iraníes es que los daños causados por los ataques de EEUU e Israel son nueve veces mayores que el presupuesto de país del año pasado.

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo calcula que otros 4,1 millones de iraníes podrían caer por debajo del umbral de la pobreza.

Trump lanzó su predicción sobre el ahogamiento de Irán argumentando que el país se quedará sin espacio para almacenar petróleo por el bloque naval estadounidense. El 26 de abril anunció que los pozos iraníes “explotarían” en un proceso “muy potente” que daría comienzo tres días después.

Trump exagera los efectos del bloqueo

Esta predicción la avalaba el convencimiento de que el bloqueo estadounidense, declarado el 13 de abril, impediría a los petroleros iraníes llegar al estrecho de Ormuz, privando así al país de, como mínimo, 175 millones de dólares diarios de ingresos por exportaciones de petróleo. Sin capacidad de sacar el petróleo del país, el almacenamiento se agotaría rápidamente, lo que obligaría a cerrar el grifo. Este cierre causaría grave daño a los pozos.

“Cuando explota no puedes, pase lo que pase, reconstruirlo como estaba antes”, declaró Trump a Fox News en una entrevista, para añadir que la capacidad de almacenamiento caería a la mitad de la actual. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comparó a los líderes iraníes con unas “ratas de alcantarilla” que no entienden lo que pasa. La isla de Jarg, la principal terminal de exportación petrolera del país, “llegará pronto al máximo de capacidad”, vaticinó.

Para rematar, Trump dificultó aún más las exportaciones a China imponiendo sanciones a empresas vinculadas a refinerías chinas, una decisión que llevó al Ministerio de Comercio chino a emitir una orden el sábado para bloquear esta medida.

La inflación total es del 73,5%, mientras que los precios de los alimentos se han disparado un 115%

Aunque es cierto que Irán produce hoy más petróleo del que puede exportar, parece que por el momento los barcos que superan el bloqueo naval de EEUU son suficientes, y que la quema controlada ha evitado que el espacio de almacenaje se haya agotado. Cálculos independientes como el del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia señalan que a Irán todavía le faltan tres semanas para llegar a ese límite.

Una economía bajo presión

No obstante, la moneda iraní está bajo una presión cada vez mayor. El valor del tomán (10 riales), que se usa habitualmente en el comercio y en el día a día doméstico en Irán, había caído casi un 22% en el mercado abierto a 190.000 por dólar hasta el domingo.

La inflación total es del 73,5%, mientras que los precios de los alimentos se han disparado un 115%. El Gobierno iraní dijo el sábado que se estaba planteando duplicar el valor de los bonos que entrega a los ciudadanos, una medida inflacionaria en sí misma. El salario mensual mínimo es de menos de 170 millones de riales (110 euros), a pesar de que el Gobierno lo subiese un 60% en marzo. Los coches de importación o los iPhones solo se pueden comprar a precios desorbitados.

Los bombardeos de EEUU e Israel han afectado a más de 23.000 fábricas y empresas, lo que se ha traducido en la destrucción de un millón de empleos, según el viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Irán, Gholamhossein Mohammadi. El desempleo, que ya era alto, ha crecido en un millón de personas, de las cuales las más afectadas son las que dependían del comercio digital. No es posible mantener clausurada la economía digital permanentemente, y algunas voces señalan que habría que anteponer las necesidades económicas a las de la seguridad.

El ministro de comunicaciones, Seyed Sattar Hashemi, insiste en que el apagón digital del país es temporal, pero tampoco tiene forma de obligar a los verdaderos responsables de la decisión, que están en los servicios de inteligencia, a levantar las restricciones.

El director de la Unión de Empresas Virtuales, Reza Olfatnasab, afirmó en un comunicado: “El mayor descenso de las ventas se produjo en marzo. Desgraciadamente, los negocios se perdieron el mercado clave de finales de año, y la cuestión de la 'no rentabilidad' ha sido muy evidente y tangible durante este período”.

Si no se articula rápidamente una solución de raíz, sucederá exactamente aquello que los opositores de la conexión a Internet temen que suceda

Ahmad Zeidabadi — Periodista y analista político

Incluso empresas de gran tamaño ven ahora caer sus ventas en cifras que van del 40% al 50%, según Olfatnasab. Y esto a pesar de que estas compañías tienen de 50 a 60 millones de usuarios y sus aplicaciones de teléfono están instaladas en la mayoría de terminales de los iraníes.

“Si plataformas de esta dimensión e infraestructura experimentan este tipo de caída de las ventas, uno se puede imaginar el desastre y el perjuicio que han sufrido las pequeñas empresas y las microempresas”, añadió.

El periodista y analista político reformista Ahmad Zeidabadi, crítico con el Gobierno, indicó: “Internet y la situación económica de la gente no son un asunto menor. La realidad es que, sin Internet, la vida normal y la estabilidad social son imposibles”.

“Si no se articula rápidamente una solución de raíz, sucederá exactamente aquello que los opositores de la conexión a Internet temen que suceda”, añadió, en referencia a unas nuevas protestas por todo el país como las de enero.

La sequía agrava la situación

La temporada de lluvias tampoco ha supuesto un respiro. “Pese a que el índice nacional es positivo, hay 10 provincias que siguen con niveles de precipitaciones por debajo de lo normal, la mayoría localizadas en las provincias de la cuenca de los Montes Elburz. Estas provincias son Teherán, Qom, Yaz, Isfahan, Elburz, Gilan, Mazandaran y Semnan”, dice un portavoz del sector hidrológico del país.

El portavoz indica que las regiones del Elburz y Teherán han entrado en su sexto año consecutivo de sequía.

¿Cuál es la mejor estrategia?

No hay un debate público abierto sobre el proceder idóneo que debería seguir el equipo negociador iraní por la censura de los periódicos, el cierre efectivo del parlamento y por supuesto por el corte de Internet que solo permite escuchar a las voces autorizadas.

Aunque hay informaciones que señalan fracturas dentro del equipo negociador, en la práctica solo una pequeña minoría de los diputados se han manifestado abiertamente en contra de las conversaciones, y es el mismo grupo que siempre se opone a acordar nada con EEUU. Pero esto no significa que Irán sea inmune a la presión.

A pesar de que la Unión Europea está al borde de la estanflación, el Banco Central Europeo (BCE) ha preferido mantenerse en estado de vigilancia y dejar los tipos de interés al 2%. Este jueves empezó con pésimos datos para la economía europea, con un incremento de la inflación al 3% y una pobre tasa de crecimiento de solo el 0,1% en el primer trimestre de 2026, unos datos que ponen frente al abismo de la estanflación a la economía de la zona euro, con lo que todas las miradas se han dirigido al discurso de la presidenta de la institución monetaria para conocer el camino que va a seguir en los próximos meses. Esta ha sido la última reunión del consejo de gobierno del BCE en la que ha participado como vicepresidente, Luis de Guindos, que abandonará la institución monetaria el próximo 31 de mayo.

El BCE admite en un comunicado que “la guerra en Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, lo que ha impulsado la inflación y ha afectado negativamente a la confianza económica”. Sin embargo, la institución monetaria mantiene que “la zona del euro entró en este periodo de aumento de los precios de la energía con una inflación cercana al objetivo del 2%, y la economía ha mostrado resiliencia en los últimos trimestres. Las expectativas de inflación a largo plazo siguen bien ancladas, aunque las expectativas a corto plazo han aumentado de forma significativa”.

Posteriormente, durante la rueda de prensa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicado que la decisión de este jueves se tomó por unanimidad, pero hubo debate entre los miembros del comité de la institución monetaria sobre una posible subida de tipos. Lagarde ha admitido que “ciertamente nos estamos alejando de nuestro escenario base” del 2% de inflación, que llevaría al BCE a actuar, probablemente con una subida de tipos; sin embargo, ha puntualizado que la situación actual no responde a una estanflación, “ya que es muy diferente a la de los años setenta”, pero sí ha admitido que Europa sufre “un crecimiento muy bajo”.

Uno de los elementos que pueden hacer al BCE elevar los tipos son los efectos de segunda ronda, que son los incrementos de inflación provocados por una espiral por la subida de salarios o el aumento de precios de productos, aunque Lagarde ha confirmado que el BCE no ha observado actualmente que en la economía europea se estén dando estos efectos.

La visión del BCE, que admite que “los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el crecimiento se han intensificado”, no oculta que cada vez hay más nubarrones en la economía europea como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya avisó este miércoles de que “hay una realidad dura que todos debemos afrontar: las consecuencias de este conflicto pueden prolongarse durante meses o incluso años”, tras advertir de que la factura europea “por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 27.000 millones de euros, sin una sola molécula adicional de energía. Estamos perdiendo casi 500 millones de euros al día”, durante su discurso ante el Parlamento Europeo.

En este sentido, Sebastian Paris Horvitz, director de análisis de LBP, constata que “en la zona euro, el ascenso de los precios de la energía, y en particular del gas, ha afectado considerablemente a la coyuntura económica, como se ha visto en los índices PMI”. Paris Horvitz recalca el fuerte impacto que ha tenido en la economía alemana, donde “los efectos positivos del plan de estímulos alemán se están viendo ampliamente contrarrestados. Este es el mensaje que se desprende de la encuesta del IFO, que volvió a retroceder en abril, sobre todo debido a las fuertes caídas de las expectativas”. Además, hay que añadir que el crecimiento de Francia se ha frenado en el primer trimestre. El gobierno avisó esta semana que la guerra podría costarle al Estado 6.000 millones de euros en 2026, lo que va a obligar a congelar el gasto para evitar entrar en un déficit excesivo.

Las palabras de Von der Leyen fueron un día antes de que los precios del petróleo superen los 125 dólares, aunque posteriormente redujo su cotización hasta los 113 dólares por barril. La incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Medio está destrozando las previsiones económicas y provocando turbulencias desconocidas en los mercados de los combustibles fósiles, que está redefiniendo incluso a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Con este panorama, los mercados tratan de adivinar cómo será el camino a seguir por el BCE en un contexto donde la incertidumbre es lo único a lo que agarrarse. Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, espera que el BCE “actúe con criterio en lugar de responder mecánicamente a los precios de la energía a la hora de fijar la política monetaria”. 

Estamos ante una crisis de oferta que, en teoría, debería ser temporal, pero con las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, nadie sabe realmente la duración de esta guerra. Konstantin Veit, gestor de carteras en Pimco, señala que “seguimos esperando vigilancia más que acción. Si el BCE respondiera a los riesgos inflacionistas, creemos que cualquier movimiento sería gradual más que agresivo, siendo improbable que supere dos subidas de tipos. Dicho ajuste estaría dirigido principalmente a gestionar las expectativas de inflación en lugar de reaccionar de forma mecánica a la volatilidad a corto plazo, especialmente en un contexto en el que el impulso del crecimiento sigue debilitándose”.

Por su parte, Raphaël Thuin, director de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, advierte del riesgo de que la política monetaria sea más agresiva por parte del Banco Central Europeo. “La tentación es grande para que el BCE reaccione ante el aumento de los precios de la energía con una postura más agresiva. Los responsables del BCE y los participantes en el mercado aún tienen presente el error de política de 2022, cuando se consideró que la inflación era transitoria. Por lo tanto, existe el riesgo de compensar en exceso en sentido contrario”. 

Las esperanzas están puestas en que se consiga un acuerdo entre EEUU e Irán antes del verano. Geoffrey Lenoir, analista de Ofi Invest AM, concluye que “el BCE esperará hasta junio antes de tomar una posible decisión de subir tipos. Pero si el alto el fuego genera un acuerdo para el fin de las hostilidades, el BCE mantendría los tipos actuales todo el año”. 

La inflación en la zona euro se ha incrementado hasta el 3% en abril mientras que el crecimiento de la economía solo alcanzó el 0,1% en el primer trimestre de 2026 debido al impacto de los precios energéticos que ha provocado el conflicto en Oriente Medio, según los datos aportados este jueves por Eurostat.

Con un incremento de la inflación y un crecimiento paupérrimo de la economía en la zona euros se hace más realidad la pesadilla de la estanflación, que puede llevar a una larga crisis a la Unión Europea. Este jueves el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 122,2 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 3,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 108,4 dólares después de aumentar un 1,4%.

Los precios han subido más de lo esperado, cuatro décimas más que el mes anterior, a pesar de que este martes hubo una buena noticias al conocerse que la inflación en Alemania y España aumentó menos de lo esperado en abril. En Alemania, los precios subieron al 2,9%, cuando los analistas habían previsto que alcanzara el 3,1%, mientras que en España la inflación alcanzó al 3,2% frente al 3,4% de marzo.

Sin embargo, tras dos meses del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán el coste de la energía se ha incrementado en un 10,9% interanual en abril, cuando en marzo lo hizo un 5,1%. Por otro lado, los alimentos frescos se encarecieron un 4,7%, medio punto porcentual más que el mes anterior.

Sin tener en cuenta los precios de la energía y los alimentos, la conocida como inflación subyacente, los precios se habrían reducido en una décima hasta el 2,2%.

España volvió a liderar el crecimiento económico entre las principales economías de la región, con una expansión del 0,6%, mientras que la primera economía de la zona euro, Alemania, creció un 0,3% y Francia se frenó en seco.

Aunque este es el segundo mes consecutivo en que la inflación de la zona euro supera el objetivo a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo, no se espera que en la reunión de este jueves el BCE suba los tipos de interés del 2% en los que se encuentra desde hace meses, aunque cada vez tiene más presiones para hacer algún movimiento durante el año de subida de tipos si el conflicto en Oriente Medio se alarga más allá del verano.

Entre los miembros de la eurozona, las tasas anuales más bajas se registraron en Finlandia (2,3%), Malta (2,4%), Países Bajos y Francia (2,5%). Por contra, las más elevadas se observaron en Bulgaria (6,2%), Croacia (5,4%) y Luxemburgo (5,2%). En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en abril repuntó una décima, al 3,5% interanual.

El Consejo General de Economistas ha reclamado una reforma integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tras veinte años de la última revisión en profundidad de su estructura, para adaptar a los nuevos tiempos algunas figuras clave del tributo y actualizar con la inflación los mínimos y las tarifas estatales.

En una rueda de prensa para presentar su manual sobre la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025, con los principales cambios normativos a seguir para este año, los técnicos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han presentado varios ejemplos del sobrecoste para los contribuyentes de la llamada “progresividad en frío”. Esto es, cuando los salarios se actualizan para compensar la inflación pero, al no actualizar al mismo ritmo las tarifas del impuesto, parte de la mejora de poder adquisitivo se convierte en una mayor tributación.

Así, desde el REAF han hecho la simulación de cuánto habrían pagado de más cuatro contribuyentes solteros, sin hijos y que solo tributan por rendimientos de trabajo, con salarios en 2021 de 22.000 euros (la barrera a partir de la cual es obligatorio tributar), de 24.918 euros (el medio en ese ejercicio), de 45.000 euros y de 60.000 euros. Estas cuantías se actualizan con la subida media pactada por convenio entre 2022 y 2025.

La elección del periodo tampoco es casual, ya que coincide con la escalada de la inflación tras la salida de la pandemia y exacerbada por la guerra en Ucrania, que disparó primero los precios de la energía y, después, se trasladó a la cesta de la compra en la alimentación. Desde enero de 2022 a marzo de 2026, el último dato definitivo, la subida acumulada es del 17,1%.

De 600 euros a casi 1.500 más entre 2022 y 2025

De acuerdo con estos cálculos, en el primero de los casos el contribuyente habría mejorado su renta en 3.189,29 euros entre 2022 y 2025, pero habría pagado el 19,7% de ese incremento (628,26 euros) por no actualizarlo. En el segundo, el sobrecoste acumulado sería de 820,77 euros (el 22,72% de los 3.612,31 euros de mejora salarial).

En las simulaciones más elevadas, una renta de 45.000 euros en 2021 habría aumentado su salario en 6.523,55 euros, de los que habría pagado un 20,20% más a Hacienda (1.317,50 euros); en tanto que una de 60.000 euros habría subido su retribución en 8.698,06 euros, pero solo pagaría un 17,04% más al fisco (1.482,18 euros).

Más allá de la deflactación, la vicepresidenta del REAF, Carmen Jover, ha puesto de manifiesto que desde que se aprobó la Ley del IRPF de 2006, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente, no ha habido una reforma en profundidad del principal impuesto recaudador del sistema tributario.

Si bien los mínimos personales se actualizaron en 2015, hay otras magnitudes absolutas como la exención por un seguro médico que lleva congelada en 500 euros desde 2003, la de las dietas de manutención es de 26,27 euros desde 2007 o la del cheque restaurante de 11 euros desde 2018.

Preguntado por la deflactación en una entrevista con este periódico, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el ministro defendió que ya se ha actualizado el impuesto al elevar los mínimos exentos con el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 2024 y, desde 2025, aplicar una deducción sobre estas cuantías. Y a eso habría que sumar otros cambios en otros impuestos. 

“Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras”, respondió España.

La inflación ha dado un leve respiro en abril, después del subidón experimentado en marzo, y se ha moderado dos décimas hasta el 3,2% interanual, gracias a la bajada del precio de la electricidad y a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno, que han compensado las subidas en los carburantes.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este miércoles el dato de avance del Índice de Precios al Consumo (IPC), la electricidad ha bajado en abril de 2026 más de lo que lo hizo en abril de 2025. Esto se debe no solo a la generación de energía renovable, que ha contenido el shock de la guerra en Oriente Medio en los precios del petróleo, sino a las rebajas del Ejecutivo en impuestos como el IVA eléctrico u otros tributos específicos que afectan a la factura de la luz. Ya lo avanzaba el profesor Miguel Sebastián en este artículo en elDiario.es.

En menor medida, ha contribuido a esta moderación que los precios del turismo han crecido menos en 2026 que en el mismo mes de 2025, dado que la Semana Santa coincidió este año entre finales de marzo y principios de abril, mientras que el ejercicio pasado cayó íntegramente en el cuarto mes del año.

La subida de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que han vuelto a máximos esta semana desde que estalló el conflicto en Irán por los ataques combinados de Israel y Estados Unidos, se ha traducido en una subida de la categoría “combustibles y lubricantes para vehículos personales”, recoge Estadística, frente a la bajada que experimentaron en el mismo mes del año pasado.

La subyacente también se frena

El alivio en el IPC general ha supuesto también una moderación en la tasa de inflación subyacente -que excluye de su cálculo los precios energéticos y de la alimentación fresca, por ser más volátiles, y que los economistas consideran 'núcleo' del tejido productivo- al 2,8% interanual, una décima menos que en marzo.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo considera que las medidas aprobadas el pasado 20 de marzo cumplen “su objetivo principal: que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares”.

“España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad. Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables”, destaca Cuerpo.

La moderación de la inflación se ve más clara en la evolución intermensual (es decir, abril sobre marzo) que en términos interanuales. Así, los precios subieron un 0,4% en el mes de abril, frente a la subida del 1,2% experimentada en marzo, en pleno estallido del conflicto.

En cuanto al IPC Armonizado, que utiliza una cesta común en los países europeos y es el que se utiliza para las comparaciones con el resto de socios, este se situó en el 3,5%, una décima por encima del dato de abril. La subyacente armonizada fue del 3,1%.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a cadenas como Mercadona, Dia, Lidl, Aldi o Coviran, entre otras, niega que las empresas del sector “se forren” con las subidas de precios que se producen, sobre todo, en crisis internacionales, como la actual en Oriente Medio. “Es muy poco rigurosa la apreciación de que los supermercados se forran”, ha asegurado el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, en la presentación de un estudio sobre la formación de precios en la cadena agroalimentaria. “Uno va cada día a comprar para comer y no va cada día a comprar cartuchos para la impresora, eso es menos noticia y los precios también han subido”, ha asegurado.

Duran i Lleida ha mencionado la “demagogia que a veces se utiliza, para no explicar cómo es la formación de precios” y que “hay mensajes intencionados o no, que apuntan malas prácticas”. “Hay que poner de relieve la competencia, que cerca de casa tengamos cinco o seis”, establecimientos de distribución alimentaria, ha señalado.

Ante la guerra en Irán, “queremos dar tranquilidad” y un mensaje de “compromiso, en mayúsculas”. “La cadena ha demostrado su eficacia, cómo en situaciones muy difíciles”, como en la pandemia, “toda la cadena dio una respuesta eficaz”.

“Hay madurez en la cadena, todos debemos ser conscientes de que cualquier demagogia perjudica a todos los integrantes de la cadena, queremos aportar tranquilidad”, ha indicado el presidente de Asedas.

Correlación de precios

En ese mismo acto, Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, también ha descartado que los supermercados “se forren”. “Rotundamente, no. Ni los supermercados, ni el resto de eslabones de la cadena alimentaria. Somos líderes mundiales y eso hace que los españoles tengan la producción muy cerca y garantizada”, ha indicado.

“Tenemos una industria transformadora que es exportadora y la distribución alimentaria es tremendamente eficiente. Tenemos más de 400 empresas que suponen más del 50% del gasto de los españoles en alimentación, a eso se suma que uno de cada tres euros que destinamos a comer se gastan en la restauración”. ha argumentado Medina.

“Cuando se analiza la cadena y se ven tres o cuatro campañas”, seguidas “se ve que hay una correlación entre los precios en origen y en destino”, ha explicado Medina.

Por su parte, Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide, al presentar el análisis de la cadena de valor agroalimentaria, ha señalado que “está pasando de nuevo lo mismo, por la subida de precios, la sociedad busca culpables. Son análisis simplistas”.

Como ejemplo del “simplismo analítico”, ha señalado “el aguacate”. “Sale del agricultor a 0,60 euros y se vende a 2,50 euros”. “Es un simplismo decir que ha sido el que vende el que ha subido el producto. Esto es economía, pero también es una labor. Hay una cadena de eficiencia económica y social. Hay eslabones de la cadena que son muy importantes”, ha resumido.

Con el estrecho de Ormuz cerrado y la paz en Irán aún lejana, una de las consecuencias más significativas para España y para el conjunto de Europa será el impacto inflacionario. Es decir, cuál será el efecto definitivo de esta distorsión geopolítica sobre los precios y, por ende, sobre el poder adquisitivo de los salarios. Es obvio además que este aspecto tiene siempre una gran importancia en el devenir del ciclo político: si suben mucho los precios, más difícil lo tendrán los partidos del Gobierno.

Es cierto que los países de la Unión Europea no dependen de manera directa del crudo que transita por el estrecho de Ormuz: en el agregado europeo, los principales proveedores son Estados Unidos, Noruega y Kazajistán, y en el caso concreto de España pesan más Nigeria, México, Brasil y Estados Unidos. Pero eso no significa que se libren de las turbulencias. En primer lugar, porque sí dependen de otros productos que se manufacturan en Oriente Medio, como los fertilizantes. En segundo lugar, porque dado que los precios tanto de los combustibles fósiles como de los fertilizantes se determinan en un mercado mundial, los europeos sufren las subidas tanto en petróleo y gas natural como en productos derivados tales como fertilizantes o productos petroquímicos.

Esos precios, como se puede ver en el siguiente gráfico, están al alza desde el inicio del conflicto en Irán y, si las negociaciones de paz no fructifican pronto, podrían alcanzar los niveles que ya vimos con la guerra de Ucrania.

De momento, de lo que tenemos constancia es de un aumento significativo del índice de precios al consumo en nuestro país para el mes de marzo. Como se ve en el siguiente gráfico, este incremento está aún muy lejos de los que vivimos hace cuatro años, pero la tendencia se mueve en la dirección esperada. Durante la crisis anterior, el IPC general se elevó más rápidamente y bastante más alto que el IPC subyacente, lo que significa que fueron la energía y los productos no elaborados los que empujaron arriba los precios. Esto ocurrió bastante antes de que Rusia invadiera Ucrania, como consecuencia de los cuellos de botella generados por la pandemia y los consiguientes problemas de desabastecimiento, pero se agravaron a partir de entonces. El IPC subyacente, de hecho, comenzó a subir con retraso, reflejando las transmisiones de precios desde la energía hacia otros productos de la cesta de consumo. Es básicamente lo que podemos esperar que ocurra en los próximos meses: una subida del IPC subyacente que deteriore los salarios reales de los trabajadores en España, es decir, su poder adquisitivo.

Pero la magnitud del shock es sólo la mitad del problema. La otra —y suele ser la decisiva para el bolsillo de los hogares— es cómo se distribuye ese shock entre salarios y beneficios. Ya en mayo de 2022, en una conferencia titulada The Globalization of Inflation, Isabel Schnabel declaró que “los beneficios han sido recientemente una contribución clave a la inflación interna total, por encima de su contribución histórica”, apuntando además que “muchas empresas de la zona euro —aunque ni mucho menos todas— se han beneficiado del reciente repunte de la inflación”. Además, Schnabel subrayó también que “los hogares con menores ingresos suelen verse especialmente golpeados: no solo sufren una inflación históricamente alta que erosiona sus ingresos reales, sino que tampoco se benefician del aumento de los beneficios empresariales a través de la tenencia de acciones u otras formas de participación”. Schnabel decía todo eso como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

Al fin y al cabo, la inflación es un fenómeno económico que implica a ganadores y perdedores a lo largo de toda la comunidad social —tanto nacional como internacional—. De ahí que preguntas tales como ¿cómo medir la inflación?, o ¿qué causa la inflación? y, por supuesto, ¿cómo moderar la inflación? generen tanta controversia en una ciencia social como la economía. La cuestión que se encuentra de fondo es tan política como cualquier otra: ¿quién, cómo y por qué se determinan los precios?

En las corrientes económicas convencionales —aquellas que se estudian en las facultades— se supone que los precios se determinan en mercados competitivos cuando empresas y consumidores cruzan sus intereses. En esta aproximación no parecen existir fuerzas conscientes, como empresarios o directivos que decidan subir los precios deliberadamente. En algunas interpretaciones estas fuerzas conscientes sólo aparecen encarnadas por los sindicatos, que consiguen subir los salarios por encima de lo que permitiría el mercado y, en consecuencia, generan inflación. Esta ha sido la narrativa habitual en la era neoliberal, que tendía a culpabilizar a los salarios de los procesos inflacionarios.

En los últimos años, sin embargo, incluso los organismos internacionales han aceptado otras formas de analizar el asunto; interpretaciones que existían desde hace décadas, pero que eran rechazadas por considerarse heterodoxas. Por ejemplo, la economía poskeynesiana, y gran parte de la marxista, siempre asumió que los mercados son imperfectos y que son los empresarios los que determinan los precios al incorporar un margen de beneficio (mark-up) a los costes totales. Es decir, ¡la inflación es un conflicto distributivo! Esto es más congruente con lo que muestran los datos, pero también con el sentido común: significa que la inflación no sólo puede subir por las subidas salariales sino también por los incrementos en los márgenes de beneficio.

La OCDE, por ejemplo, utiliza actualmente esta aproximación para evaluar la inflación y el poder adquisitivo. En su reciente boletín salarial, titulado significativamente The real wage recovery is slowing down, el organismo reconoce que los salarios reales están subiendo en los últimos años, pero a un ritmo insuficiente para recuperar todo lo perdido en la anterior crisis (la de 2022). Para medirlo, la OCDE utiliza un método de la descomposición de la inflación que permite cuantificar la “responsabilidad” de cada componente: salarios, impuestos y beneficios. El gráfico, que aparece en su página 23, sólo muestra los datos para la zona euro de manera agregada. Pero para este análisis he construido uno igual para el caso de España, que se muestra a continuación.

Como se puede comprobar, desde el año 2021 la inflación —medida por el deflactor del PIB y representada por la línea del gráfico— comenzó a subir respecto a los años previos de cierta estabilidad en los precios (por debajo del 2%). Podemos observar que ya en el último cuarto del año 2021 la mayor contribución a la inflación vino marcada por los beneficios empresariales (barra azul clarita), mientras que los salarios y los impuestos apenas explicaban una parte marginal. Durante casi dos años ese ha sido el patrón dominante: una inflación impulsada por los beneficios. Sólo a partir de 2024 los salarios comienzan a recuperar terreno, pero a un ritmo muy lento. La conclusión de la OCDE ya sitúa el límite: el crecimiento de los salarios reales está desacelerándose y no podrá recuperar los años perdidos desde 2020 frente a los beneficios empresariales.

La enseñanza fundamental de los episodios anteriores es que la inflación puede tener origen en un shock de oferta (cuellos de botella en el transporte, como ocurrió con la COVID, o en el suministro de energía y otros recursos, como en Ucrania y en Irán) pero rápidamente las empresas con poder de mercado aprovechan para proteger y ampliar sus márgenes de beneficio trasladando y ampliando el shock a lo largo de toda la cadena económica. Es lo que la economista Isabella Weber ha denominado sellers' inflation: ante un shock generalizado, las empresas con poder de mercado encuentran una oportunidad para subir precios coordinadamente, y trasladan el aumento de costes a una expansión de márgenes en lugar de absorberlo. Naomi Klein lo describió antes, en términos más amplios, como la doctrina del shock: el impacto colectivo de una crisis ofrece la coartada necesaria para imponer precios y condiciones que en circunstancias normales encontrarían resistencia. Eso no sólo permite proteger los beneficios empresariales, sino que erosiona los salarios reales y reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. Sólo en una “segunda ronda”, mucho más corta y menos intensa, los trabajadores reclaman subidas salariales. La falta de mecanismos automáticos de indexación y la debilidad de la negociación colectiva —entre otras cosas debido a las reformas laborales neoliberales— dificultan la recuperación del poder adquisitivo perdido. De hecho, la propia OCDE reconoce en el citado informe que, para los países de la zona euro, los salarios reales negociados están todavía un 5% por debajo de los niveles de 2020.

El otro aprendizaje es que, aunque las magnitudes de esta crisis sean diferentes a la anterior —cosa que está por ver—, es obvio que repetir las mismas decisiones conducirá a los mismos resultados. Las herramientas para evitarlo existen y son conocidas: impuestos extraordinarios sobre beneficios excedentes en los sectores expuestos a la renta del shock —energía, alimentación, transporte marítimo—; controles de precios sectoriales y temporales en bienes esenciales, como ha defendido Isabella Weber; mecanismos de indexación salarial que repartan el coste del ajuste; y un fortalecimiento de la negociación colectiva que revierta parte de las reformas laborales de la última década. Sin ellas, los ganadores y los perdedores estarán decididos de antemano: como siempre, la clase trabajadora saldrá perdiendo poder adquisitivo, mientras los hogares con capital financiero invertido en grandes empresas y los directivos de éstas serán los grandes beneficiados. Como siempre, la diferencia entre una crisis y otra la marca la voluntad política de modificar quién paga la factura, no tanto la magnitud del shock.

“Más ambición”. Los líderes de la UE reunidos en la cumbre informal que se ha celebrado el jueves y viernes en Nicosia, Chipre, han lanzado un claro mensaje a la Comisión Europea. Las medidas energéticas para luchar contra el impacto de subidas de precios por la guerra de Irán propuestas por el equipo de la presidenta Ursula Von der Leyen son “muchas recomendaciones y buenas prácticas, pero nada concreto”. Aunque la factura energética de la UE se ha incrementado en 25.000 millones de euros desde el comienzo de los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán, la respuesta del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea ha sido ignorar las peticiones, poner como excusa el diferente mix energético de los estados miembros y remitir a 95.000 millones de fondos europeos pendientes de gastar para que se dediquen a proyectos energéticos

Aunque la Comisión Europea ha tratado de vender las medidas como “oportunas, específicas y temporales”, la realidad es que no dejan de ser un compendio de recomendaciones basadas en la coordinación entre países, la creación de un nuevo Observatorio de Combustibles para hacer un seguimiento de la producción y seguir la línea trazada en la agenda verde de la UE para acelerar la transición hacia una energía limpia autóctona y reforzar el sistema de redes, un discurso que hace años que la Comisión ha puesto sobre la mesa.

A su llegada a la cumbre este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto que se prorrogue durante un año los fondos europeos Next Generation para dedicarlos a inversiones en electrificación y las energías renovables, además de poner el foco en un aspecto bastante polémico en los pasillos de las instituciones europeas en Bruselas: “Hay que abrir el debate y aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, como con el gasto en Defensa”.

En contra de flexibilizar el corsé del déficit

Sin embargo, Von der Leyen ha respondido que la cláusula de salvaguardia que permite flexibilizar el corsé del déficit “solo puede activarse en caso de una grave recesión económica en la zona euro o en la Unión Europea en su conjunto. Afortunadamente, esa no es la situación actual, pero seguimos vigilando muy de cerca la evolución, y el Ecofin debatirá el asunto en detalle, por lo que permanecemos atentos”.

Respecto a la utilización de fondos europeos para inversiones energéticas, la presidenta de la Comisión ha subrayado que “si se suman los fondos Next Generation EU, los fondos de cohesión y el Fondo de Modernización, hay alrededor de 300.000 millones de euros dedicados a inversiones energéticas. De ellos, 95.000 millones aún no se han utilizado. Por ello, he instado a los Estados miembros a que lo hagan”.

Sánchez volvió a recordar que España, junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal mandó una carta la semana pasada en la que pedían a la Comisión que pusiera en marcha el marco legal para que los países miembros pudieran aprobar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. “Tenemos que hacer una acción coordinada para que se vuelva a crear, como hicimos durante la crisis energética de Rusia, un impuesto a las grandes empresas energéticas, un impuesto extraordinario para permitir financiar buena parte de las respuestas que nos están llevando ahora mismo a protegernos a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias”, ha subrayado Sánchez.

Ni esta medida ni otras que aparecieron en un borrador que trabajaron los técnicos de la Comisión como la obligatoriedad de un día de teletrabajo o la subvención del transporte público han aparecido en la propuesta de Bruselas.

Plan de Acción de Electrificación para este verano

A pesar de la situación de incertidumbre, otras medidas tendrán que esperar al verano, cuando Von der Leyen ha anunciado que se presentará “el Plan de Acción de Electrificación con un objetivo ambicioso, porque el mensaje general de las discusiones fue que debemos avanzar hacia una energía limpia y de producción propia. No es solo una cuestión de asequibilidad, sino también de seguridad económica e independencia”.

La decepción por las propuestas energéticas de la Comisión no es una cuestión de familias políticas. El primer ministro belga, Bart de Wever, conservador, ha respaldado también un marco que regule los beneficios extraordinarios“ de las energéticas y ha subrayado que las propuestas son ”muchas recomendaciones y buenas prácticas, pero nada concreto“.

También la ultraderechista primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha remarcado que “sería un error afrontar esta situación solo cuando ya se ha llegado al límite, el precio que se paga entonces es mucho más alto”, añadiendo que la defensa de la UE también debería ser “la protección de la integridad económica europea”.

La mala situación de las cuentas públicas de Italia ya había hecho que Meloni insistiera en que Bruselas debería flexibilizar las reglas fiscales para que los países puedan incurrir en déficit sin que sean castigados por la UE. “En lo que respecta a las ayudas estatales, el margen fiscal no es igual para todos”, ha puntualizado la primera ministra italiana, que ha recalcado que “Europa debe ser mucho más valiente; aprecio la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, pero no es un paso adelante suficiente”.

Mientras que la primera ministra de Letonia, Evika Silina, de centro derecha, ha comentado que los líderes de la UE pretenden “mejorar las propuestas de Bruselas” ante las informaciones contradictorias que lanza Donald Trump sobre la duración de la guerra. “Tenemos que estar mejor preparados para la siguiente crisis. Lamentablemente, los precios de los carburantes van a seguir altos y tenemos que tomar decisiones rápidas”.

Ante el escaso impacto de las medidas de la Comisión, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, país que ostenta la presidencia semestral de la UE, ha informado de que los Gobiernos han decidido encargar a sus responsables de Economía que presenten “propuestas fiscales muy específicas” para afrontar la crisis de precios energéticos. “Hemos decidido pedir a los ministros de Finanzas, que se reúnen en mayo, que prosigan las discusiones para que propongan medidas muy específicas a corto plazo sobre la crisis energética”.

Aunque el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, ha señalado este martes que “sin una libertad permanente de navegación [en el Estrecho de Ormuz], las consecuencias serán catastróficas”, también ha rebajado la preocupación sobre la falta de combustible de aviación en la UE, asegurando que “no hay indicios de escasez real” y que “Europa mantiene reservas de emergencia, que serán liberadas solo si es necesario”. El comisario ha tenido una reunión con los ministros de Transportes de los 27 países de la UE para analizar la situación por el impacto de la guerra de Irán.

Ante las cancelaciones de algunos vuelos en la UE, el comisario de Transportes ha asegurado los vuelos que se han suspendido “no fue por falta de suministro de combustible para aviación. Se cancelaron debido a los altos precios del combustible. Rutas que estaban al borde de la rentabilidad han dejado de ser rentables. Por lo tanto, la cancelación de rutas o vuelos no tiene nada que ver con una supuesta falta de suministro de combustible para aviación”.

“Desde el inicio de la crisis en Oriente Medio, los precios del combustible para aviación se han más que duplicado. Esto ha llevado a algunas compañías a reducir o incluso eliminar algunas de sus rutas que ya no tenían sentido desde el punto de vista financiero. A día de hoy no tenemos ninguna indicación de que vaya a haber cancelaciones generalizadas en el sector aéreo en las próximas semanas o meses”, ha reiterado el comisario.

La Comisión Europea va a presentar este miércoles un conjunto de herramientas específicas y temporales para abordar los altos precios de la energía y los desafíos de suministro de combustible provocados por la guerra de Irán.

Tzitzikostas ha explicado que dentro de los planes “para ayudar a proteger a los europeos de los efectos de la crisis de la energía fósil, la coordinación es clave”, por lo que se va a crear “un nuevo observatorio de combustibles que hará seguimiento de los niveles de suministro y existencias, que comenzará con el combustible para aviación”.

Además, el comisario ha añadido que se está “trabajando para asegurar un suministro alternativo de combustible para aviación para Europa, como el combustible tipo A producido en los Estados Unidos. Y si surgen problemas reales de suministro, nuestras reservas de emergencia deben utilizarse de la mejor manera posible. Cualquier liberación nacional de combustible debe hacerse con total transparencia para evitar distorsiones en el mercado”.

A pesar de las palabras del comisario, en la reunión de ministros de Transportes se señaló que el sector de la aviación está “particularmente expuesto, dado el aumento de los costos del combustible para aviación, los riesgos para la conectividad y las interrupciones operativas”, por lo que varios ministros “pidieron flexibilidad y apoyo específicos para el sector como respuesta a la crisis”.

De hecho, ACI Europe, la patronal que representa a los aeropuertos de la UE, mandó una carta a la Comisión Europea en la que advertía de /que los aeropuertos se enfrentan a una escasez “sistémica” de combustible de aviación si el estrecho de Ormuz no se abre en tres semanas, según publicó Financial Times. “Si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera significativa y estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación se convertirá en una realidad para la UE”, señala la carta.

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se desplomó un 2,3% en el segundo trimestre del año, su mayor retroceso desde el cuarto trimestre de 2022, afectada por el conflicto en Oriente Próximo.

Con el descenso de la confianza empresarial para el periodo abril-junio, que se debe a una peor valoración del trimestre ya finalizado (enero-marzo), este indicador vuelve a terreno negativo tras la subida del 0,1% del primer trimestre de año. En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado más de 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 10,9 puntos en el primer cuarto de 2026 a 1,3 puntos en el segundo trimestre.

Este retroceso del indicador de situación actual es resultado del descenso de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del repunte de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (primer trimestre de 2026), el ICEA muestra que el 18,8% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 17,5% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 63,7% que hablan de normalidad. Estos porcentajes fueron del 24,7%, del 13,8% y del 61,5%, respectivamente, en el trimestre anterior.

Por su parte, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el segundo trimestre de este año en 4,8 puntos, frente a los 4,5 puntos del trimestre anterior. Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre abril y junio de este año se ha situado en el 21%, lo que supone 1,3 puntos más que el comunicado en el trimestre anterior.

Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el segundo trimestre de manera normal han retrocedido desde el 65,1% del trimestre anterior al 62,8%, al tiempo que ha aumentado la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 15,2% al 16,2%.

Los cinco sectores analizados por Estadística recortaron la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería presentó el mayor descenso (-3,7%), mientras que el comercio registró la menor bajada (-1,6%).