Aunque el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, ha señalado este martes que “sin una libertad permanente de navegación [en el Estrecho de Ormuz], las consecuencias serán catastróficas”, también ha rebajado la preocupación sobre la falta de combustible de aviación en la UE, asegurando que “no hay indicios de escasez real” y que “Europa mantiene reservas de emergencia, que serán liberadas solo si es necesario”. El comisario ha tenido una reunión con los ministros de Transportes de los 27 países de la UE para analizar la situación por el impacto de la guerra de Irán.

Ante las cancelaciones de algunos vuelos en la UE, el comisario de Transportes ha asegurado los vuelos que se han suspendido “no fue por falta de suministro de combustible para aviación. Se cancelaron debido a los altos precios del combustible. Rutas que estaban al borde de la rentabilidad han dejado de ser rentables. Por lo tanto, la cancelación de rutas o vuelos no tiene nada que ver con una supuesta falta de suministro de combustible para aviación”.

“Desde el inicio de la crisis en Oriente Medio, los precios del combustible para aviación se han más que duplicado. Esto ha llevado a algunas compañías a reducir o incluso eliminar algunas de sus rutas que ya no tenían sentido desde el punto de vista financiero. A día de hoy no tenemos ninguna indicación de que vaya a haber cancelaciones generalizadas en el sector aéreo en las próximas semanas o meses”, ha reiterado el comisario.

La Comisión Europea va a presentar este miércoles un conjunto de herramientas específicas y temporales para abordar los altos precios de la energía y los desafíos de suministro de combustible provocados por la guerra de Irán.

Tzitzikostas ha explicado que dentro de los planes “para ayudar a proteger a los europeos de los efectos de la crisis de la energía fósil, la coordinación es clave”, por lo que se va a crear “un nuevo observatorio de combustibles que hará seguimiento de los niveles de suministro y existencias, que comenzará con el combustible para aviación”.

Además, el comisario ha añadido que se está “trabajando para asegurar un suministro alternativo de combustible para aviación para Europa, como el combustible tipo A producido en los Estados Unidos. Y si surgen problemas reales de suministro, nuestras reservas de emergencia deben utilizarse de la mejor manera posible. Cualquier liberación nacional de combustible debe hacerse con total transparencia para evitar distorsiones en el mercado”.

A pesar de las palabras del comisario, en la reunión de ministros de Transportes se señaló que el sector de la aviación está “particularmente expuesto, dado el aumento de los costos del combustible para aviación, los riesgos para la conectividad y las interrupciones operativas”, por lo que varios ministros “pidieron flexibilidad y apoyo específicos para el sector como respuesta a la crisis”.

De hecho, ACI Europe, la patronal que representa a los aeropuertos de la UE, mandó una carta a la Comisión Europea en la que advertía de /que los aeropuertos se enfrentan a una escasez “sistémica” de combustible de aviación si el estrecho de Ormuz no se abre en tres semanas, según publicó Financial Times. “Si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera significativa y estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación se convertirá en una realidad para la UE”, señala la carta.

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se desplomó un 2,3% en el segundo trimestre del año, su mayor retroceso desde el cuarto trimestre de 2022, afectada por el conflicto en Oriente Próximo.

Con el descenso de la confianza empresarial para el periodo abril-junio, que se debe a una peor valoración del trimestre ya finalizado (enero-marzo), este indicador vuelve a terreno negativo tras la subida del 0,1% del primer trimestre de año. En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado más de 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 10,9 puntos en el primer cuarto de 2026 a 1,3 puntos en el segundo trimestre.

Este retroceso del indicador de situación actual es resultado del descenso de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del repunte de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (primer trimestre de 2026), el ICEA muestra que el 18,8% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 17,5% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 63,7% que hablan de normalidad. Estos porcentajes fueron del 24,7%, del 13,8% y del 61,5%, respectivamente, en el trimestre anterior.

Por su parte, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el segundo trimestre de este año en 4,8 puntos, frente a los 4,5 puntos del trimestre anterior. Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre abril y junio de este año se ha situado en el 21%, lo que supone 1,3 puntos más que el comunicado en el trimestre anterior.

Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el segundo trimestre de manera normal han retrocedido desde el 65,1% del trimestre anterior al 62,8%, al tiempo que ha aumentado la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 15,2% al 16,2%.

Los cinco sectores analizados por Estadística recortaron la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería presentó el mayor descenso (-3,7%), mientras que el comercio registró la menor bajada (-1,6%).

El primer golpe de la guerra en Oriente Medio en nuestros bolsillos fue superior a lo que se había previsto inicialmente. El Índice de Precios al Consumo (IPC) escaló en marzo hasta el 3,4%, una décima más de lo avanzado a finales de marzo y 1,1 puntos por encima del dato de febrero, debido al encarecimiento de los carburantes y a pesar de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para aliviar los efectos económicos de la subida del petróleo.

El INE ha publicado este martes el dato definitivo de la inflación de marzo, que revisa ligeramente al alza el índice general adelantado y también la tasa subyacente, que se calcula excluyendo los precios más volátiles de la energía y de los alimentos frescos. Este último indicador, que los economistas consideran 'núcleo' del sistema productivo, se situó en marzo en el 2,9%, dos décimas por encima de lo calculado inicialmente. Ambos datos se sitúan ahora en máximos desde junio de 2024, cuando la economía aún trataba de despegarse la crisis inflacionaria desatada por la invasión rusa de Ucrania.

Según detalla Estadística, la subida en la categoría de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada experimentada en marzo del año pasado, así como la menor bajada en el coste de la electricidad que al principio de la primavera pasada, explicaron el grueso del avance de la inflación. A ello contribuyó que el arranque de la nueva temporada primavera-verano en el sector textil también presionó los precios más que en 2025.

Yendo al detalle, el gasóleo fue un 17,9% más caro en marzo de este año que en el mismo mes del año pasado, mientras que la gasolina lo fue un 4,8%. Solo en marzo, comparados sus precios con los de febrero de 2026, repuntaron un 20,1% y un 8,1%, respectivamente. Los combustibles líquidos para el hogar -es decir, el gasoil de calefacción- también repuntaron un 22,9% en comparación con marzo de 2025. Todas estas subidas son un efecto directo atribuible al conflicto en Irán, que disparó los precios del petróleo a escala internacional y no tardó en trasladarse a las gasolineras.

Como nota positiva, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó en cinco décimas hasta el 2,7%, un mínimo desde hace un semestre.

El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo un paquete de medidas valorado en 5.500 millones de euros para amortiguar los primeros efectos económicos del conflicto en Oriente Medio, desatado por los ataques unilaterales de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. El grueso se canalizó a través de rebajas fiscales, singularmente en el IVA de los carburantes y de la electricidad, que no entraron en vigor hasta el día 22. La primera estimación del INE se publicó el día 27 de marzo, a falta de cuatro días para terminar el mes y con el efecto distorsionador añadido de la Semana Santa, que siempre supone un encarecimiento adicional.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía señala que el plan de respuesta del Gobierno “está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo” y que sus efectos ya se notan en los surtidores, aunque matizados por la subida de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que presionan al alza el coste directo en las gasolineras.

“Las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los proximos meses”, defienden desde el departamento que lidera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Por comunidades, los precios se dispararon en Madrid hasta el 4,1% (2,9% en febrero), siendo la única región en superar la barrera del 4%. Otros ocho territorios se situaron por encima de la media nacional: Galicia (3,8%), Castilla-La Mancha (3,7%), Islas Baleares y Cantabria (3,6%, ambas), Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra (3,5%, todas ellas).

Al otro lado, siete comunidades se situaron por debajo de la media nacional: Andalucía (3,3%), Cataluña (3,1%), Asturias, Canarias y La Rioja (las tres con el 3%); Ceuta (2,7%) y Melilla (2,6%). Comunitat Valenciana, País Vasco y Murcia marcaron la misma tasa que a escala nacional.

En cuanto al dato armonizado, que utiliza una cesta de la compra común para su comparación con el resto de Europa, este se situó en el 3,4%.

La tregua de dos semanas aceptada por EEUU e Irán y surgida con fórceps bajo una sorprendente mediación paquistaní con influencia soterrada de China, nació herida de gravedad. En apenas unas horas, emergieron varias variables geoestratégicas de primer orden que advertían de que la desconfianza entre Washington y Teherán es profunda y difícil de desenredar. La principal de ellas, para el régimen iraní, es la interrupción de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Para el intimidador Donald Trump, la reanudación del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, que desencadenó su amenazante mensaje de arrasar “la civilización persa” para forzar el alto el fuego. Podría parecer un nuevo episodio de su relato TACO.

Ese Trump Always Chickens Out que se podría traducir como un “siempre se achanta” que, en esta ocasión, más que en sus escenificaciones en el ámbito comercial, contuvo el aliento de todo el planeta.

La aceptación inicial de Teherán de permitir el flujo naval por Ormuz concedió un fugaz balón de oxígeno energético a una larga lista de países crudo-dependientes y un cierto respiro a la burbuja petrolífera que empezaba a tomar cuerpo, bajo la estrecha vigilancia de los bancos centrales.

Sin embargo, en apenas unas horas, el voltaje geopolítico y la inquietud económica y bursátil se volvieron a hacer patentes y el shock energético global que había emergido las jornadas previas y posteriores a la Semana Santa cristiana volvió a reaparecer. El pacto trabado a contrarreloj por la Administración Trump y el régimen de los ayatolás era demasiado débil y exigía, como admitió la Casa Blanca el pasado jueves, negociaciones directas con los asuntos más espinosos sobre la mesa. Entre ellos, la reclamación iraní del final de las hostilidades en territorio libanés que, hasta entonces, estaba fuera del radar militar y diplomático estadounidense. 

Todo ello hizo oscilar el precio del oro negro en torno a los triples dígitos. Pero la cotización del barril y el exceso de crudo en el mercado no son los únicos barómetros de un shock energético que tiene aristas más pronunciadas que limar. Entre otras, la seguridad del transporte marítimo y de los centros productivos e infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Próximo, castigadas por el largo mes de guerra —todavía sin provocar el cierre del grifo energético, precisan los analistas del mercado—, sin olvidarse de la gestión de los inventarios de crudo o de las primas de riesgo a las navieras y sobre las facturas de los combustibles fósiles en circulación.

Una voz autorizada como la de Michael Singh, ex responsable del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, anticipaba a la agencia Bloomberg estas dificultades nada más proclamarse la tregua. “No es una resolución de paz, sino, más bien, un respiro en la escalada bélica” que atestigua que ambas partes “están muy lejos de cualquier entente cordiale” porque el escenario no apunta precisamente a una sustitución en la cúpula de poder iraní, la misión que activó, teóricamente, las hostilidades de la Casa Blanca en Oriente Próximo y que escondía la contribución de Trump a la construcción del Gran Israel que persigue Benjamín Netanyahu.

Los mercados “se han tomado un descanso para tomar aire”, aunque la economía mundial “siga plenamente expuesta”, alertaba Singh. Incluso tras el reinicio de las hostilidades posteriores, al que Irán puso otra pausa casi inmediata al suspender sus ataques ante la opción de diálogo con el nuevo emisario americano, el vicepresidente JD Vance. Pero para bancos de inversión como Goldman Sachs, el Brent, barril de referencia en Europa, promediará ya los 100 dólares en 2026 si Ormuz permanece cerrado un mes más. Su estratega Daan Struyven precisa en una nota a sus clientes que la tregua “seguirá siendo demasiado sensible”, incluso con la mediación del número dos de la Administración Trump, y que “los riesgos futuros sobre el precio del crudo se inclinan al alza”.

En cambio, si la pasarela marítima controlada por Teherán reanuda el tránsito marítimo, el Brent se situaría en los 82 dólares en el tercer trimestre y en los 80 en el último del año. 

La descongestión naval, pues, sigue siendo una incógnita. Aún continúan hacinados en las aguas del Golfo Pérsico alrededor de 800 buques —la mayoría, cargados de crudo, gas natural licuado o combustibles refinados, según cálculos del mercado— incapaces de seguir sus rutas mercantes. Solo una veintena de ellos llegaron a recibir custodia oficial de la Guardia Costera iraní durante las jornadas previas al final del ultimátum de Washington. 

Eso sí, previo pago de peajes monetarios que han engrosado las arcas iraníes. Y con la exigencia de que cada naviera pagara sus peajes a través de criptomonedas. Así lo asegura Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, al Financial Times, arguyendo “la necesidad de controlar el tráfico de armas” y alertando que estos procedimientos “llevarán su tiempo para supervisar buque a buque”. Pero Irán —precisa— “no tiene ninguna prisa”.

En los instantes de tregua, la amplificación del colapso energético y de las disrupciones logísticas parecieron relajarse. Reflejo de que las aguas inversoras eran turbulentas y que los mercados navegan sin apenas visibilidad. Y a pesar de las artimañas que Teherán lleva usando para sortear las sanciones occidentales a sus ventas de crudo y que son lo suficientemente extensas como para alterar el negocio petrolífero. 

Quejas petroleras, daños en países crudo-dependientes

Del lado de la oferta, los ejecutivos de las grandes petroleras, desde la saudí Aramco hasta Exxon Mobil, incidían antes de la tregua en que, pese a los beneficios caídos del cielo durante semanas, el mercado del crudo no está en condiciones de reajustar precios de forma sostenible en medio de una crisis geopolítica de esta magnitud. Esencialmente, porque actúan dentro de horizontes de inversión de décadas, lo que limita su capacidad para reaccionar ante shocks de corto plazo. Incluso con precios elevados, las incertidumbres —agravadas por decisiones políticas cambiantes y mensajes contradictorios desde Washington— frenan sus expectativas productivas y crean una paradoja compleja. El sector teóricamente más beneficiado por la crisis es incapaz de ejercer de amortiguador del sistema.

Aducen que los daños ocasionados a refinerías, campos extractivos y plantas de exportación han alterado su capacidad física para suministrar energía y transformado la crisis en un problema de seguridad industrial y logística en toda regla. Algo que excede de los parámetros del mercado y que deja entrever que, en opinión de las supermajors, las disrupciones de la guerra tendrán unos efectos duraderos y que la reconstrucción de sus activos energéticos requerirá años y miles de millones de inversión. Incluso después de que cesen las hostilidades. Es decir, que la contienda no solo ha distorsionado sus perspectivas de acumulación de reservas estratégicas o búsquedas de nuevas balsas energéticas y de fuentes alternativas y limpias, sino que ha puesto en el punto de mira la urgente necesidad de reconfigurar la arquitectura energética global. En términos de seguridad productiva y de suministro.

Chevron o ConocoPhillips, dos de las petroleras estadounidenses más expuestas a la guerra en el Golfo, han expresado directamente a la Administración Trump mensajes de protección de sus activos estratégicos en la región.

En cambio, en el lado de la demanda, la guerra abierta ha pasado facturas cuantiosas a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles. El impacto más tangible se ha concentrado en Asia. En economías como las de Filipinas, Tailandia y Sri Lanka donde la restricción energética se ha traducido súbitamente en espirales inflacionistas con tensiones sociales. En Filipinas, con una intensa necesidad de importación de crudo, su IPC saltó hasta el 4,1%, muy por debajo del 2,4% de febrero por el encarecimiento de la gasolina y el diésel mientras el tipo de cambio de su peso se hundía hasta registros históricamente bajos respecto al dólar, lo que obligó a Manila a declarar el estado de emergencia energética.

Tailandia, por su parte, ha recurrido a subsidios y medidas de contención para evitar un traslado completo a la inflación general, mientras Sri Lanka —el mercado más vulnerable a los ojos del FMI, junto a Pakistán, mediador en el alto el fuego—, reintrodujo racionamientos de combustible y limitaciones en las jornadas laborales y salarios.

Esta tríada de países asiáticos componen un patrón de comportamiento que deja como secuela el conflicto armado en Irán. Una energía más cara que implica un transporte más costoso y unas cestas de alimentos de primera necesidad que se han disparado y erosionado a una velocidad inaudita el poder adquisitivo de sus familias.

India e Indonesia también se han enfrentado a presiones sobre sus divisas. Al igual que Corea del Sur a unos inusitados riesgos comerciales. O China a un desabastecimiento de sus sectores; especialmente, industriales. Así lo advierte Musa Kim Jong-do, director de la oficina de Trends Research & Advisory en Seúl y profesor de Korea University. “El encarecimiento sostenido de los flujos energéticos fósiles amenaza con erosionar la competitividad industrial y trasladar inflación al resto del mundo a través de las exportaciones chinas” en el continente.

Los daños colaterales, a su juicio, no van a ser lineales, ya que afectan también a los fertilizantes, el transporte marítimo y las cadenas manufactureras completas, amplificando el impacto inicial del crudo, mientras dure el reajuste. No en vano, casi las tres cuartas partes de la población del planeta —el 74%— habita en países importadores netos de combustibles fósiles, según el grupo global de expertos en energía, con mercados como el japonés, el surcoreano, el alemán o el turco con más de las dos terceras partes de las fuentes fósiles de sus mix energéticos adquiridas del exterior.

Contagio a las coyunturas industrializadas

También EEUU parece cercado, en cierto modo, por el shock energético global. Algunos analistas situaban sus previsiones de IPC en el 4,1% en abril antes de la tregua con “escasas posibilidades” de que la Reserva Federal, como desea y presiona Trump, relaje el precio del dinero. Al menos, hasta el otoño, aunque algunos lo retrasan hasta diciembre. Toda vez que la creación de empleo vuelve a emitir señales de vitalidad en primavera. Pese a que en 2019 la primera potencia global mostró su capacidad para convertirse en primer exportador neto de crudo, una tecla que Trump puede tocar para regar de nuevo de oro negro estadounidense el mercado haciendo uso de sus reservas estratégicas. La gasolina se ha disparado en EEUU un 36,7% desde el inicio de la guerra; el gas en Europa, un 46,9%. El BCE podría subir tipos ya este mes si los halcones ganan la batalla en su cúpula ejecutiva.  

De igual modo, los petroestados del Golfo están reconsiderando a marchas forzadas desviar su flujo petrolífero a través de oleoductos transversales con destino al Mar Rojo. El llamado Este-Oeste de Arabia Saudí se considera un adelantado a los tiempos para paliar los cuellos de botella de Ormuz. Bajo gestión de Aramco, sufrió uno de los primeros ataques con drones iraníes en la falsa tregua, si bien su propietaria, la petrolera saudí, se mostró optimista de poder reparar los daños ocasionados en varios puntos de sus 1.200 kilómetros de recorrido. Los emiratos barajan ahora varias tuberías con destino al Mar Rojo que fueron rechazadas por sus autoridades por su elevado coste y los riesgos de ataques de hutíes yemeníes y piratas somalíes. 

Pero donde la estanflación parece haberse instalado con más comodidad es en Europa. “Energía cara implica importación de inflación”, recordaba estos días Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE para quien la ruptura de las cadenas energéticas y daños en infraestructuras provocan que “la normalización de los precios sea lenta” y efectos “potencialmente duraderos” de estancamiento económico con espiral inflacionista en la zona del euro. Un pesimismo que se traslada al ámbito político. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advierte de un shock “de largo recorrido” con precios elevados durante bastante tiempo que propician la aprobación de medidas excepcionales como el uso de reservas estratégicas o el racionamiento de combustibles en tiempos de “cautela presupuestaria” que podrían derivar en “consecuencias fiscales graves”.

Los salarios pactados vuelven a subir menos que los precios por primera vez en casi dos años. El alza salarial media pactada en convenios colectivos fue del 2,92% hasta marzo, varias décimas por debajo de la inflación por primera vez desde el verano de 2024. El mes pasado, el IPC interanual repuntó al 3,3% debido al encarecimiento de los carburantes por la guerra de Irán.

La estadística publicada por el Ministerio de Trabajo refleja que la media de subida salarial de todos los convenios colectivos suscritos con efectos económicos este 2026 se sitúa en el 2,92%. Esta alcanza a casi 7,4 millones de personas trabajadoras, cuyas condiciones laborales se rigen por estos 2.240 convenios.

En concreto, solo los convenios firmados en lo que va de año (75 en total) recogen una subida media algo superior, del 3,27%, que es prácticamente igual a la inflación de marzo. Esta alcanza a unas 165.500 personas trabajadoras.

Si se baja más al detalle, la subida salarial media de los convenios de grupos de empresa se sitúa en el 2,25%; los de empresa, en el 2,56%, y los de los convenios colectivos sectoriales alcanza el 2,96%.

Por grandes sectores, la mayor alza se registra en la construcción, con un 3%, mientras que en los servicios el aumento salarial pactado es del 2,98%. Por debajo de la media se sitúan los convenios de la industria, con un 2,71%; y el sector agrario, con un incremento del 2,68%.

El aumento salarial hasta marzo sigue también por debajo de las cifras de todo 2025, que arrancó con un incremento del 3% para terminar en el 3,5% en diciembre. Aunque mejora ligeramente las del inicio de este año: la de enero se quedó en el 2,87% y el 2,91% de febrero.

Habitualmente, las alzas suelen ser más moderadas en los primeros meses del año, con menos convenios negociados, y van subiendo conforme avanza el ejercicio y se sellan más acuerdos.

El poder adquisitivo, en riesgo por la guerra de Irán

La crisis inflacionista de 2021 y, sobre todo, 2022, supuso un fuerte recorte del poder adquisitivo de los trabajadores. Desde 2023, los salarios volvieron a subir por encima de los precios, pero la recuperación del poder de compra no se había completado. Sin haberlo restituido del todo, la guerra de Irán va a dificultar estas mejoras del bolsillo de los trabajadores. La duda es cuánto.

Los distintos organismos económicos anuncian un aumento de la inflación que había prevista para este año. Con medias del año estimadas que rozan incluso el 3%, y que en estos meses podrían escalar hasta cerca del 4% interanual.

Con el fin de la guerra aún muy incierto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido esta semana de que “no se volverá” al escenario previo a que estallara este conflicto, que afecta de manera clave a la energía mundial.

Del total de 2.240 convenios con efectos económicos en marzo de 2026, solo el 12% (676 convenios) cuenta con una cláusula de garantía salarial, que permite que la subida salarial se revise a posteri en función de la subida de los precios para proteger el poder adquisitivo de las plantillas.

En número de trabajadores, estas cláusulas de revisión con el IPC cubren a casi tres millones de empleados del total de 7,4 millones cubiertos por estos convenios colectivos, el 40% del total.

Menos convenios y sin hoja de ruta estatal

En el inicio de 2026 se han suscrito menos convenios colectivos que el año pasado, 145 convenios respecto a 173 del primer trimestre de 2025, en un contexto en el que las mesas de negociación no cuentan con el paraguas del gran acuerdo estatal de negociación colectiva (el denominado AENC), cuyos efectos caducó el año pasado.

No obstante, los convenios colectivos que se han registrado a principios de año, en general, suelen llevar un proceso de negociación avanzado previo, por lo que la falta de hoja de ruta del AENC se nota más de cara a los convenios que se están negociando en estos momentos y las mesas que aún están por abrirse.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, presentaron sus propuestas de subida salarial antes de que se desatara el conflicto en Oriente Próximo. Reclamaron subidas de sueldo contundentes: de media, un 4% anual en 2026, 2027 y 2028, pero con mayores ascensos para salarios bajos, con alzas de hasta el 7%.

Con los precios del petróleo disparados, todos los ojos están puestos en las gasolineras. Refinos clave como el litro de diésel, en el caso de España, están 30 céntimos más caros que antes de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán, desatando una nueva guerra en el Golfo Pérsico. Y en Estados Unidos, el galón de gasolina (unos 3,8 litros) ha superado los cuatro dólares por primera vez desde 2022, una barrera psicológica en un país que pasa la vida al volante.

Y, sin embargo, con la mirada centrada en las estaciones de servicio, pasa desapercibido el devenir de un refino del crudo que es clave para el comercio internacional y para muchas economías emergentes. Se trata del fueloil, un ‘residuo’, prácticamente el poso del barril del petróleo, que queda una vez se han extraído la gasolina, el diésel y los otros productos de mayor valor. Su uso está casi en extinción por ser muy contaminante, pero es el combustible clave de los grandes mercantes que transportan contenedores por todo el mundo y también de los países más pobres sin margen para invertir en renovables.

Ahora bien, el concepto de este producto en sí es “muy vago”, como detalla el presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Jaime Segarra. “El crudo se somete a una destilación fraccionada en las refinerías para separar los elementos según su densidad. El fueloil es toda una gama de productos y, en concreto, el búnker es el que se utiliza para los buques mercantes, que es más denso que el que utilizan los camiones”, apunta en conversación con este periódico.

El crudo procedente del Golfo Pérsico es fundamental para la producción del combustible pesado, como apuntaron los analistas de la firma XTB hace unas semanas. El Arab Light de Arabia Saudí genera aproximadamente un 50% de residuos aptos para ese búnker, frente al 33% del petróleo de Texas. “Eso significa que incluso si el mercado logra sustituir barriles perdidos del Golfo por crudo de otras regiones, la oferta de fueloil puede seguir cayendo. En otras palabras, puede haber petróleo suficiente y, al mismo tiempo, escasez del combustible que necesitan los barcos. Esa es una de las razones por las que el shock actual podría extenderse más allá del mercado petrolero tradicional”, advertían en un análisis titulado “la verdadera bomba económica”.

Un combustible barato y muy contaminante

El investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, detalla que estas mayores tensiones en los mercados se producen en un momento en el que ya estaba sometido a gran estrés, ya que buena parte de los refinados en cuestión los importábamos de Rusia antes de la guerra. “Hay algunos productos que se han visto afectados desproporcionadamente, como el fueloil. Eso está repercutiendo en un aumento del coste de los fletes del comercio marítimo y todo eso sumará a la inflación”, explica en conversación con este periódico.

A ello se suma el hecho de que los buques, dadas las tensiones en el Mar Rojo —los hutíes de Yemen acaban de entrar en la guerra con ataques a Israel—, ya llevan tiempo derivando sus rutas más allá del cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), lo que “ha aumentado la demanda de fueloil y de los cargamentos”, apunta Escribano.

La principal —y casi única— ventaja de este combustible es su precio. “Aunque con el tiempo hemos llegado a despreciar el fueloil porque es más sucio que otras opciones, es barato y puede permanecer almacenado durante mucho tiempo”, asevera Albert Banal, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y especialista en mercados energéticos.

El riesgo de suministro pilla al transporte marítimo con los deberes sin hacer en materia de descarbonización. Según datos de ISGlobal, los buques mercantes mueven anualmente 10.000 millones de toneladas y, a cambio, emiten cerca del 3% de los gases de efecto invernadero del mundo, el 13% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 12% de las de óxido de azufre.

“Es muy difícil de pensar en un barco completamente electrificado. No puedes cubrirlo de paneles solares y hacer el salto a algo totalmente limpio. Al menos no de manera inmediata”, reconoce el profesor. “Lo que acaba pasando es que se acaban utilizando cosas que son menos caras y más contaminantes, como el fueloil”, incide.

Las soluciones verdes, aún muy lejos

La guerra en Oriente Medio, y la subida de los precios energéticos, llega apenas cuatro años después de la crisis del gas originada por la invasión rusa de Ucrania. Mirar en el espejo de lo que sucedió entonces es inevitable. Y también en 2022 se habló de un transporte marítimo más verde. De hecho, La Moncloa anunció en noviembre de ese año un acuerdo con Maersk, la mayor naviera del mundo, por la que la empresa invertiría 10.000 millones de euros para fabricar en nuestro país los combustibles verdes con los que alimentar su flota. El objetivo: producir millones de toneladas de e-metanol para descarbonizar completamente su flota antes de 2040, comenzando con una veintena de buques hacia 2024.

Pero la realidad ha resultado en un retraso notable, como reconocen desde el Ejecutivo y también desde Maersk, a través de C2X, su filial para combustibles verdes. “En relación con la planta de metanol prevista en Huelva, el proyecto avanza, aunque a un ritmo más lento del inicialmente previsto, esta situación se está dando tanto en los desarrollos en España como en los que tenemos en otros países. Responde principalmente a la evolución de la demanda global de combustibles renovables y al aumento de la oferta, especialmente desde Asia, que está afectando al equilibrio de mercado estimado cuando se anunció el proyecto”, apuntan desde la compañía en un correo electrónico, tras una consulta de elDiario.es.

“Cuando se anunció el proyecto en España se manejaban previsiones de crecimiento de la demanda derivadas de la regulación europea e internacional. La regulación europea se ha mantenido, pero no así la global: se esperaba la aprobación de nuevas normativas por parte de la OMI y, por el momento, no se han materializado, lo que ha influido en el desarrollo de esta industria”, señala un portavoz de la compañía, que subraya que la decisión de haber “desacelerado los desarrollos” no tiene que ver con una falta de apoyo institucional.

El desarrollo de hidrógeno verde sigue en pie, pero los expertos reconocen que se puso el listón demasiado alto. “Quizá generó expectativas excesivas, pero sigue siendo una tecnología muy prometedora y que tiene muchas ventajas para España y para el conjunto de la Unión Europea”, apunta Escribano, del Real Instituto Elcano.

Un aspecto en el que coincide el profesor Banal: “El hidrógeno verde es la solución, pero todavía es muy incipiente. El problema es que aún no sabemos hasta qué punto será rentable y necesitamos que baje su coste de producción para que sea más competitivo que estas opciones que ensucian más”.

El primer aniversario del proclamado a bombo y platillo Día de la Liberación Arancelaria deja un balance a medio camino entre el asombro y la inquietud. El experimento proteccionista de la Administración Trump de reconstruir la supremacía industrial de EEUU bajo un nuevo sistema global del comercio ha infringido un parte de siniestros casi total sobre el castigado entramado de intercambio de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, Hasta hacerlo, si cabe, todavía más frágil, impredecible e inestable.

El mapa del comercio internacional se ha distorsionado. La imposición de aranceles recíprocos, articulada a través de poderes de emergencia, ha erosionado la credibilidad de EEUU como socio fiable y garante del libre comercio. Porque más que rediseñar el sistema, la versión Trump 2.0 lo ha desordenado.

No tanto como para colapsarlo, porque por las arterias comerciales sigue fluyendo productos y servicios. Pero sí para ralentizar su fluidez. Así lo cree Gary Clyde Hufbauer, experto del Peterson Institute for International Economics, quien subraya que la balanza bilateral americana con sus socios estratégicos apenas cambió en 2025, al tiempo que enfatiza que “esta estabilidad resulta porque se produce en un contexto de aminoramiento del comercio mundial”, señal inequívoca de un deterioro relativo que podría agravarse. “No es una ruptura inmediata, sino una erosión progresiva e ineludible”.

Entre otras razones –aduce– porque las cadenas de valor y suministro globales, profundamente integradas, “no pueden reconfigurarse sin costes significativos” y las empresas –incluso las que han reaccionado con estrategias defensivas como anticipación de pedidos exportadores, desvío de rutas marítimas o presiones para obtener exenciones y ayudas estatales para amortiguar sus impactos a corto plazo– “no podrán evitar ineficiencias productivas” por la interrupción de sus redes de abastecimiento. Y esas anomalías, además, acabarán acumulando gastos innecesarios, precisa. El resultado será un comercio menos transparente, costoso y condicionado por políticas volátiles.

A este escenario se suma la incertidumbre jurídica. La decisión del Tribunal Supremo americano de declarar ilegales los aranceles recíprocos que ha ido forjando a golpe de amenazas coercitivas el líder MAGA, lejos de restablecer la estabilidad, ha abierto un nuevo frente de conflicto. Desde la Casa Blanca se ha respondido al fallo judicial buscando resquicios legales alternativos –desde invocaciones normativas a la seguridad nacional hasta apelaciones a las desventajas comerciales externas– para reconstruir su muro arancelario. De modo que la resolución de los magistrados del Supremo –de marcado signo conservador— ha convertido la política comercial de EEUU en un terreno de disputa permanente entre el poder ejecutivo y los límites legales.

Este cuadro de mando ha conducido a 12 meses en los que la prometida tierra liberada de Trump ha dado paso a un orden comercial caótico. Sin quiebra del transito de mercancías ni decoupling de la globalización en sentido estricto. Pero con reglas incoherentes y polarización geopolítica que se ha acrecentado desde el 2 de abril de 2025.

1. Cuellos de botella crecientes y más agobiantes

En román paladino, ineficiencia inestable. Es la percepción del Nobel de Economía Michael Spence. A su juicio, la fragilidad actual responde a un problema de diseño. Su tesis parte de una verdad incómoda. “La economía mundial no está diseñada para ser resiliente, sino para ser eficiente”. Durante décadas, empresas e inversores han optimizado costes, anulado redundancias y concentrado producción en nodos competitivos que alumbró un sistema “extraordinariamente ágil en condiciones de normalidad comercial, si bien muy vulnerable cuando algo deja de funcionar”. Taras que no necesariamente tienen que ser extraordinarias. Basta con cerrar un estrecho marítimo, con dejar una fábrica esencial fuera de servicio o restringir la exportación de un insumo –o producto– crítico.

El listado de riesgos sistémicos de Spence se refiere a factores que pueden llegar a desencadenar disrupciones en cascada. Desde la energía, hasta los semiconductores o tierras raras, pasando por las infraestructuras digitales. La globalización no ha eliminado los cuellos de botella; tan solo los ha redistribuido y, en muchos casos, los ha intensificado, precisa en Project Syndicate.

En su opinión, la cuestión no es solo técnica, sino económica. La resiliencia es un bien público mal financiado, cuyos beneficios --evitar crisis sistémica-- se reparten entre todos y sus costes --duplicar proveedores, mantener inventarios y sacrificar eficiencia— recaen sobre los actores particulares. En un sistema competitivo, el resultado es predecible porque se invierte poco en resiliencia. “Sin embargo, nadie quiere pagar por un seguro cuyo beneficio principal lo disfrutan otros”, apunta el también profesor emérito de Economía de la Escuela de negocios de Stanford.

2. ¿Corregir desequilibrios? Los aranceles acarrean gastos

Erica York, de Tax Foundation, avisa de que el incremento de la presión arancelaria hasta niveles no vistos desde mediados del siglo XX actúa como un impuesto regresivo al elevar las facturas de hogares y empresas sin que se corrijan con ellos los déficits –comercial y por cuenta corriente-- externos. La persistencia del agujero comercial de EEUU durante el segundo semestre de 2025 y enero pasado evidencia que los aranceles no atacan las heridas económicas profundas vinculadas al ahorro, la inversión y los flujos de capital. Ni acelera la relocalización productiva o el reforzamiento de la seguridad o la autonomía geoeconómica, acredita York. A partir de datos de este think tank que afirma tener como objetivo fundacional el escrutinio de los recursos federales.

En 2025, los aranceles supusieron un coste de alrededor de 1.000 dólares por hogar; en 2026, serán varios cientos adicionales. Para York, “una subida de impuestos, indirecta, pero tangible, en toda regla”. Los cálculos de Tax Foundation revelan que el peaje promedio pasó de una cota del 2% a otra del 8% en el conjunto del año --los aranceles entraron en vigor en agosto--, lo que devolvió a la primera economía global al escenario comercial de entreguerras. Sin reajuste en la balanza comercial y con el peligro añadido de que sus costes más relevantes son acumulativos.

Las reducciones en el dinamismo del PIB, aunque sea de décimas, significa recortes de inversión, pérdida de productividad y, en ultima instancia, de renta familiar e ingresos corporativos. Así como la pérdida de recaudación de 175.000 millones de dólares por parte del Tesoro federal.

3. Desorden global sin seguridad jurídica

Tax Policy Center afirma que EEUU se ha adentrado en un terreno excepcional para una economía avanzada como ha plasmado la corrección del Supremo al invalidar los aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act. Su resolución no solo redefine los límites del poder ejecutivo, sino que transforma los flujos financieros asociados al comercio en una escala sin precedentes. Porque lo que durante meses fue una fuente de ingresos públicos se convierte ahora en una obligación de devolución masiva. Bajo una lógica aplastante --si los gravámenes son ilegales, el Tesoro no puede retener la cuantía recaudada--, su mandato de rebajar los peajes a la importación y la puesta en liza de mecanismos de compensación automáticos que trasladen la carga al sistema administrativo y judicial, se abre una fase de litigios, procedimientos aduaneros y medidas políticas aún por definir y de recobros inciertos.

Para las empresas, el fallo revela otra balanza de riesgo y oportunidades. Los importadores son los beneficiarios directos de las devoluciones. Pero el acceso efectivo a esos fondos depende de su capacidad para avanzar en un proceso técnico y exigente de revisión de entradas aduaneras, presentación de protestas dentro plazos estrictos y reconstrucción documental de los pagos ya realizados, alertan los bufetes de abogados.

4. Readaptación incierta de las cadenas de valor

Otro análisis, del Centre for Inclusive Trade (CfIT), incide en que las políticas ineficientes como las arancelarias de Trump generan facturas adicionales. Las empresas se adaptan a los cambios con mayor celeridad de lo que los políticos transforman. Ante los gravámenes y las amenazas, han desviado sus rutas, han reetiquetado sus productos, han buscado intermediarios o negociado exenciones, mientras tratan de amoldarse a la doble prima de riesgo, energética y al transporte mercante. El comercio no ha desaparecido, pero ha mutado. Sigue funcionando con más fricción. Los investigadores del CfIT Nicolò Tamberi y Alan Winters aseguran que el impacto más relevante “no es la destrucción del comercio, sino la incertidumbre que lo rodea”, a la que también califican de “impuesto”; en este caso, “particularmente corrosivo”.

Las empresas --dicen-- no solo reaccionan a lo que ocurre, sino a lo que podría ocurrir. Si la política comercial es volátil --aranceles que aparecen, se suprimen o cambian de base legal--, la inversión se ralentiza, las decisiones estratégicas se posponen, la planificación a largo plazo se sustituye por ajustes tácticos y el diagnóstico es un sistema reactivo e ineficiente. A ello se suma un efecto colateral: el sistema multilateral de comercio, con sus reglas, procedimientos y previsibilidad se ha debilitado. Cuando la primera potencia global actúa unilateral y erráticamente, las normas importan menos. Otros mercados como el europeo buscan alternativas en acuerdos regionales de libre comercio -Mercosur, Canadá, India o Australia- para ganar en diversificación y poner parches a su fragmentación. Aunque el comercio “dependerá cada vez más de decisiones de soberanía gubernamental”.

5. Mercancías al ralentí sin gobierno comercial

La OMC acaba de pronosticar su descenso. De un dinamismo del 4,6% en 2025 al 1,9% este año y el 2,6% en 2027. También el de servicios se retraerá hasta el 4,8% en 2026 desde posiciones cercanas ya al doble dígito. Por el agotamiento importador, el impacto en diferido de los aranceles y la incertidumbre comercial. Incluso dibuja un panorama aún más adverso --de medio punto a la baja, hasta el 1,4%-- si el caos arancelario o las tensiones geopolíticas se agudizan. Con un diagnóstico nítido: el comercio global resiste, pero readaptándose constantemente a un entorno menos cooperativo y sus cadenas de valor en estado de mutación. Solo el comercio digital amortigua la desaceleración, así como los flujos ligados a la IA. Dinámicas que operan pese al sistema multilateral, no gracias a él.

La propia OMC admite que la ausencia de represalias ha evitado un deterioro mayor, aunque sin un marco normativo plenamente operativo, difícilmente habrá una regeneración adecuada. Su papel de árbitro y garante del comercio justo está sometido a una crisis de identidad debido a la indiferencia de Trump y a la paralización de sus mecanismos de resolución de disputa. En una época en la que sus estatutos resultan insuficientes para abordar distorsiones contemporáneas como los subsidios masivos, las restricciones tecnológicas o la coerción económica.

El desprestigio de la OMC es tan alarmante con la versión Trump 2.0 que Ignacio García Bercero, del Instituto Bruegel, apunta a una estrategia pragmática, la de reforzar el sistema reglado actual sin esperar a un consenso internacional pleno que combina la defensa de este ente multilateral con la firma de acuerdos globales y regionales en áreas como el comercio digital o instrumentos de facilitación de inversiones y mecanismos alternativos de arbitraje. Una especie de equilibrio inestable en el que los aranceles dejarían de ser meras barreras económicas para convertirse en síntomas de una transición más profunda. Mientras se decide si la OMC continuará o no siendo el arquitecto del comercio mundial o si se idea su reemplazo bajo otro orden mundial.

6. La guerra de Irán atenaza la resiliencia activa

Otra pica sobre el desorden comercial. El cierre del Estrecho de Ormuz no solo ha interrumpido el tránsito de hidrocarburos. También ha colapsado nodos logísticos críticos que conectan Asia, Europa y África. El impacto inmediato se concentra en la energía, cuyo encarecimiento se transmite con rapidez a los costes del transporte y de los alimentos e importa inflación; especialmente a los países crudo-dependientes.

Aunque también en este punto, los daños colaterales son mayores. Las disrupciones de crudo se amplifican a lo largo de cadenas de valor, sobre todo, las asiáticas, donde grandes centros de refinado redistribuyen productos energéticos y petroquímicos a escala global. La perturbación inicial se convierte en una cascada que ahoga los insumos industriales, fertilizantes y bienes intermedios, elevan su producción y erosionan el comercio más allá del sector energético.

Hace un año, Trump apareció en el jardín de la Casa Blanca con un enorme tarjetón en el que anunciaba el mayor muro arancelario del siglo en torno a la economía estadounidense. La decisión desató el caos internacional, pero una serie de moratorias y modificaciones difíciles de seguir permitieron la recuperación de los mercados pese a la incertidumbre. Un año después, con un revés judicial del Tribunal Supremo de por medio, los estadounidenses son uno de los grandes afectados por el desmantelamiento del sistema de libre comercio diseñado por el propio Washington.

La guerra comercial de Trump, que iba acompañada de la promesa de “volver a hacer América rica”, ha reducido el déficit comercial de Estados Unidos, pero también lo ha hecho la capacidad adquisitiva de los estadounidenses. La mayoría de ciudadanos considera que los impuestos a las importaciones del presidente han hecho que la cesta de la compra les salga más cara. Una impresión que los datos económicos corroboran: el precio total de los alimentos ha subido un 3,1% en este lapso de tiempo. Algunos productos, como la ternera o el café, han sufrido subidas del 14% y 18%, respectivamente.

Una encuesta publicada por el Pew Research Center a principios de febrero mostraba cómo el 60% de los estadounidenses sigue estando en contra de los aranceles del presidente. Otra, realizada por Harris Poll y publicada por The Guardian a mediados de marzo, mostraba cómo siete de cada diez estadounidenses consideran que los aranceles les cuestan más dinero. Si se filtra por orientación política, un 64% de los republicanos están de acuerdo con que los aranceles habían aumentado precios. En el caso de los demócratas y los votantes independientes, el porcentaje era de un 77% y un 67%, respectivamente.

Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, decía en la última reunión de marzo que el impacto de los aranceles tenía que acabar de aterrizar, las urnas no esperan. En noviembre hay elecciones de medio mandato y, por el momento, nada indica que esta sensación de que la vida es más cara vaya a cambiar. Mucho menos con la guerra de Irán y con el barril de crudo disparado por encima de los 100 dólares. 

Los resultados macroeconómicos, como la balanza comercial o los acuerdos obtenidos con otros países quedan muy lejos del día a día. Es algo que la Administración de Joe Biden aprendió cuando los demócratas perdieron las presidenciales en 2024: a pesar de tener buenos indicadores macroeconómicos, la gente no percibía una mejora en sus condiciones materiales.

Revés judicial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbó precisamente los aranceles universales del presidente porque suponía un abuso de los poderes de emergencia. El alto tribunal consideraba que los poderes de emergencia económica (IEEPA) que Trump invocó “no le autorizan a imponer impuestos a través de órdenes ejecutivas”. 

La sentencia, más allá de desatar la furia del magnate, dejó el gran interrogante de qué pasaba con los más de 130.000 millones de dólares que el Gobierno ya había recaudado y qué pasaba con los acuerdos firmados a raíz de dichos aranceles. Este mes, Malasia declaró su acuerdo comercial “nulo y sin efecto” a raíz del fallo. En cambio, la UE ha seguido trabajando con el mismo marco negociador.

Trump, que no está dispuesto a renunciar a una de sus políticas estrella, ya contestó a la sentencia del Supremo con unos nuevos aranceles del 10% que sustituyen a los universales. Para hacerlo, recurrió a la Sección 122 de una ley comercial de 1974. Aunque estos impuestos van a expirar a mediados de julio y los asesores de la Casa Blanca ya están trabajando en vías alternativas para poder mantenerlos. 

Un año después del 'Día de la Liberación', en el que Trump hizo saltar por los aires el libre comercio como se le conocía hasta ahora, sigue sin estar claro cuáles son las reglas que rigen el día después. 

Daño a las bases rurales

Los granjeros y ganaderos estadounidenses se sienten los grandes perdedores. Buena parte de las bases rurales MAGA se han convertido en los daños colaterales de uno de los pilares centrales de las políticas de su presidente. Por ejemplo, los cultivadores de soja ya hace tiempo que han notado los efectos negativos de la guerra comercial de Trump. El pulso con China ha hecho que Pekín deje de comprarles para buscar nuevos proveedores en Latinoamérica. 

Paralelamente, también se han visto perjudicados por las vías alternativas con las que Trump intenta paliar el enfado de los consumidores. Por ejemplo, para combatir la subida del precio de la ternera, el presidente anunció en octubre del año pasado la compra de 80.000 toneladas métricas de carne a Argentina, algo que terminó de hundir a los ganaderos en medio de una de las peores sequías que sufre el campo estadounidense. 

Trump aplicó los aranceles también con la premisa de reindustrializar el país, crear más puestos de trabajo y fomentar el consumo de productos de Estados Unidos. Las dos primeras premisas, de momento, no se han materializado y van en dirección contraria. Mientras la segunda sí que es cierta. Un año después del supuesto 'Día de la Liberación', China ya no envía tantos productos a Estados Unidos como antes. 

Además, el Gobierno estadounidense se ha encargado de asegurar sus reservas domésticas de minerales necesarios para la carrera tecnológica de la inteligencia artificial. En diciembre de 2025 el Departamento de Estado lanzó la iniciativa de la Pax Silica, para crear una cadena de suministro segura para la inteligencia artificial, los semiconductores y los minerales críticos. 

Señales de debilitamiento

Ahora bien, que se hayan reducido las importaciones extranjeras no se ha traducido automáticamente en una mayor creación de empleo. Según datos de la Reserva Federal, actualmente las fábricas del país tienen contratados a unos 12,6 millones de trabajadores. Pero en estos meses la tasa de paro del país ha seguido aumentando: los últimos datos publicados en febrero por el Departamento de Trabajo muestran que se han destruido unos 92.000 puestos de trabajo. 

La producción manufacturada ha subido cerca de un 1% durante este período, pero sigue estando por debajo de los niveles alcanzados bajo el mandato de Biden. El centro de investigación de la Universidad de Yale, The Budget Lab, señala cómo “las industrias expuestas a aranceles muestran ciertos signos de debilidad en comparación con la tendencia anterior a 2025”. 

Este análisis coincide con las palabras de Powell, que aún se están asentando los efectos de los aranceles en la economía estadounidense. El 'Día de la Liberación' sigue siendo el epicentro desde donde se proyectan las ondas sísmicas que continúan impulsando la inflación en torno al 2,4% a día de hoy. 

Otra de las pocas certezas que hay un año después del 'Día de la Liberación' es que Trump dio la estocada final al sistema del libre comercio que durante décadas Estados Unidos había edificado. Como respuesta a los aranceles, grandes socios comerciales como la Unión Europea han buscado alternativas en otros mercados, como Latinoamérica. En breve, el acuerdo del Mercosur se hará efectivo para ambas partes. La UE también ha buscado aumentar las relaciones comerciales con India. 

Estados Unidos también ha conseguido que, como consecuencia de los aranceles, numerosos países hayan firmado nuevos acuerdos comerciales o hayan hecho concesiones. Por ejemplo, Reino Unido aceptó aumentar el número de carne vacuna importada de EEUU que se puede vender cada año en el país. Muchos Estados han buscado su propia vía para restaurar la seguridad comercial frente a Trump, quien ha demostrado usar los aranceles como arma de presión. 

La inflación en la zona del euro se elevó al 2,5% en marzo frente al 1,9% del mes anterior debido al fuerte incremento de los precios de la energía provocado por la guerra con Irán. Es la primera vez desde comienzos de 2025 que la inflación se sitúa por encima del objetivo del 2% que se plantea el Banco Central Europeo para decidir su política monetaria.

Los precios de la energía se incrementaron un 4,9% interanual debido al conflicto en Oriente Medio, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,1%, medio punto porcentual menos que el mes anterior. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos por su volatilidad, descendió una décima, hasta el 2,3%.

Este vaiven de precios refleja las presiones que está provocando el conflicto de Oriente Medio provocado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz como repuesta iraní. El estrecho de Ormuz es una vía por la que pasa el 20% del tráfico mundial de petróleo, pero además afecta a otras materias primas que sirven para la fabricación de fertilizantes, con lo que la tensión se está trasladando al mercado de los alimentos.

El coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los precios de los servicios vieron rebajado su subida al 3,2% interanual, frente al 3,4% del mes anterior.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se movía este martes en el entorno de los 107 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

La Comisión Europea ha pedido a los 27 países miembros de la UE que estudien medidas voluntarias para reducir el consumo de petróleo y gas, especialmente en el sector del transporte. La propuesta giraría en torno a solicitar a los ciudadanos que conduzcan o vuelen menos para ahorrar combustible destinado a usos esenciales. Este tipo de medidas ya se están poniendo en práctica en algunos países asiáticos ante la escasez de combustible por el conflicto en Oriente Medio.

La petición la ha realizado por el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ante el temor de refleja el temor de “interrupción prolongada”»“ del suministro energético derivada de la guerra con Irán, según ha publicado Politico. Este martes ser reúnen los ministros de Energía de la UE a través de videoconferencia para analizar la situación del mercado energético y las reservas de combustible ante los problemas de suministro provocados por la guerra.

Se acercan subidas del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo. Las presiones inflacionistas provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz están dando mayor protagonismo al discurso de los halcones monetarios, es decir, a aquellos más convencidos de que la subida de precios sólo puede contenerse mediante una política monetaria restrictiva. Pero ¿qué significa todo esto? Si la economía aparece habitualmente como una ciencia oscura y ajena al ciudadano común, el mundo de la política monetaria se presenta aún más confuso. Sin embargo, conviene comprender bien qué se está jugando aquí y por qué los futuros acontecimientos nos afectarán a todos, y previsiblemente para mal.

La función principal que tiene el Banco Central Europeo es controlar la inflación, lo que significa que está mandatado a maniobrar para que los precios no suban por encima del límite convencionalmente definido del 2%. Tradicionalmente se presenta esta función como meramente técnica, llevando incluso al punto de que el BCE es formalmente independiente del poder político —es una de esas dimensiones emancipadas de la legitimidad democrática, aparentemente por el bien de la comunidad—.

Pero su propia institucionalidad es una decisión política, algo que queda patente cuando se observa que al menos la Reserva Federal estadounidense tiene también como objetivo la creación de empleo, un aspecto escondido deliberadamente en la razón de ser del BCE. Además, las decisiones del BCE afectan desigualmente por grupos sociales, particularmente entre deudores y acreedores: la inflación es un corrosivo de las deudas, que beneficia a quienes tienen préstamos —que suelen ser las familias endeudadas e hipotecadas— y perjudica a quienes han prestado dinero —que, por definición, tienen dinero “sobrante”—. En este sentido, puede interpretarse que la función del BCE es evitar que el capital de los inversores financieros se esfume por la subida de precios.

La pregunta central de la política monetaria es por qué suben los precios. Por un lado, la tradición monetarista considera que tal cosa sucede cuando hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes disponibles en el mercado. Por otra parte, la teoría del nuevo keynesianismo supone que los precios suben cuando hay una demanda excesiva respecto a la oferta. En ambos casos, sin embargo, la receta propuesta para moderar la inflación es la subida del tipo de interés de referencia —el que determina el banco central—. Simplificando algo, el objetivo es que nadie pueda prestar por debajo de esa cantidad, lo que encarece las inversiones reales para las empresas y conduce a una ralentización de la economía.

En términos coloquiales se dice que la economía se “enfría”: las empresas dejan de invertir, los hogares tienen más dificultades para comprar a crédito y a los Estados les sale más caro emitir títulos con los que financiarse; consumo, inversión y gasto público se frenan y el crecimiento económico se resiente —lo que implica, además, un crecimiento del desempleo—. Todo ello supone una reducción de la demanda, lo que es la clave para que los precios bajen. Desde esta perspectiva, el problema está en encontrar un punto de equilibrio, pues enfriar demasiado a la economía puede llevarla a una recesión grave. Ese es el debate que ahora mismo está teniendo lugar en el Banco Central Europeo: acerca de la magnitud de la subida.

Pero, ¿qué ocurre cuando los precios suben porque hay un ‘shock de oferta’ como el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz? En ese caso, los precios suben porque existen cuellos de botella en los flujos comerciales internacionales y no por causas monetarias y/o de exceso de demanda. Como comenté la semana pasada, en estas situaciones se produce un evento que impulsa los precios al alza porque algún input productivo se encarece al hacerse más escaso —por ejemplo, el petróleo, los fertilizantes u otras manufacturas—, y las empresas responden a través de un mecanismo de propagación y amplificación. A lo largo de la cadena que va desde la materia prima hasta el producto final, las empresas propagan la inflación porque suben sus precios para mantener los márgenes de ganancia, pero también amplifican la inflación porque aprovechan la oportunidad para ganar aún más que en condiciones normales. De este modo, el efecto final es que los precios crecen mucho más de lo que queda explicado por el ‘shock de oferta’ como tal: suben en gran medida porque las grandes empresas deciden aprovechar su situación privilegiada —debido a su poder de mercado— para incrementar sus beneficios. Paradójicamente, ese tipo de inflación no se corrige eficazmente con la subida de tipos.

En la era del neomercantilismo y la lucha por la energía en el contexto de crisis ecosocial, estas situaciones de ‘shocks de oferta’ son mucho más comunes que en la era del libre comercio; algo evidente si tenemos en cuenta lo sucedido a nivel mundial con la pandemia (2020), Ucrania (2022) y ahora Irán (2026). En estas situaciones las políticas recomendadas para contener precios son aquellas destinadas a frenar los incrementos de los márgenes de beneficio. Por su parte, la política monetaria restrictiva logra detener la subida de precios a nivel agregado porque es matar moscas a cañonazos, además haciendo recaer el coste no en los principales responsables de la subida de precios sino, como de costumbre, en las empresas y familias más vulnerables.

Hay ocasiones en las que las subidas de tipos de interés que enfrían la economía —política monetaria restrictiva— se complementan con planes de estímulo que calientan la economía —política fiscal expansiva— a fin de moderar los efectos más nocivos. Es lo que ocurrió en 2022 cuando los tipos de interés subieron para hacer frente a la inflación causada por la guerra en Ucrania, pero todavía estaban desplegándose los programas de inversión pública Next Generation. Esa coincidencia temporal evitó que el desempleo se disparara y que la situación económica fuera a peor; cuando los flujos comerciales se restauraron, la presión sobre los precios decayó y los tipos de interés bajaron.

La inminente subida de los tipos de interés —que llegará con alta probabilidad antes de verano— no parece que vaya a ser acompañada de medidas extraordinarias de la magnitud de los fondos Next Generation. En realidad, esta sería una excelente oportunidad para que la Unión Europea pusiera en marcha un programa de estímulo a nivel comunitario —incluso financiado con eurobonos— que acelerara la transición ecológica y, en particular, la energética. Ese estímulo podría compensar la subida de tipos de interés al tiempo que permite a la Unión Europea reducir su vulnerabilidad energética y geopolítica respecto a proveedores de energía fósil tan inestables como Rusia o Estados Unidos. Si, además, se aprovechara para que el Banco Central Europeo asumiera que para frenar este tipo de inflación es más importante controlar los márgenes de beneficios empresariales que subir los tipos de interés, sería una victoria mucho más amplia. Pero quizás ambas cosas son pedir peras al olmo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha comenzado a poner la venda antes de conocer cuán profunda será la herida que deje la guerra en Oriente Medio en la economia mundial. La institución con sede en Washington ya avisa: serán los hogares más vulnerables quienes soporten “la carga más pesada” del conflicto, bien sea a través de los precios de la energía, de los alimentos encarecidos por la escasez de fertilizantes o de las disrupciones financieras a los que las cuentas públicas de los Estados, aún sin recobrarse del choque de la pandemia, no serán capaces de hacer frente.

En una entrada en el blog de la institución publicada este jueves, los principales técnicos del organismo con sede en Washington D.C. hacen una primera aproximación del coste del conflicto desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, antes de su informe de Perspectivas sobre la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), que publicarán el próximo 14 de abril.

La guerra en Oriente Medio ya se está dejando notar en la economía a través de distintos canales: la energía, por la subida de los precios del petróleo y el gas; el comercio, por los efectos del bloqueo del Estrecho de Ormuz; la inflación, mediante posibles efectos de segunda ronda en el caso de que el conflicto se enquiste y los precios energéticos contagien al resto del tejido productivo; y los shocks a los mercados financieros y de deuda soberana.

España, protegida por las renovables

La clave cuáles sean finalmente estos efectos, dicen los economistas, está en la duración del conflicto: podría ser un episodio breve, pero que dispare los precios del crudo y el gas durante unos meses antes de volver a ajustarse o una guerra larga, con una energía cara que “añada presión sobre los países más dependientes”. “Todo depende de cuánto dure el conflicto, hasta dónde se expanda y cuánto daño se le haya inflingido a infraestructuras y cadenas de suministro”, apunta el organismo multilateral.

El corte 'de facto' del Estrecho de Ormuz ha disparado los precios del crudo y del gas. En Europa, señala el FMI, “el shock ha resucitado el espectro de la crisis del gas de 2021-2022”. Pero aquí España aparece como referente, gracias a la capacidad de generación de las energías verdes. “Países como Italia o Reino Unido están especialmente expuestos por su dependencia en la electricidad generada con la quema de gas, mientras que Francia o España están relativamente protegidos por sus grandes capacidades de la nuclear y las renovables”, destaca el documento.

Más allá de los efectos sobre los precios, el corte del Estrecho de Ormuz está obligando a reconfigurar rutas de tránsito del comercio mundial lo que no solo encarece los trayectos, sino también los seguros de las cargas y dilata los tiempos de entrega. El coste de redirigir el tráfico aéreo para evitar el Golfo Pérsico también golpea de lleno al turismo.

Un tercio de los fertilizantes que se consumen en el mundo pasan por ese canal de menos de 40 kilómetros entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, lo que ya amenaza las cosechas y los precios de la alimentación a lo largo de todo el año.

“Los más vulnerables soportarán la carga más pesada. La población en los países de bajos ingresos están más en peligro ante una subida de los precios porque la comida supone el 36% de su consumo, de media, comparado con el 20% de las economías emergentes o el 9% en las avanzadas”, destaca el organismo. “Eso hace cualquier aumento en los precios de los fertilizantes o de la alimentación no solo un problema económico, sino sociopolítico, especialmente allí donde los recursos fiscales para amortiguar el golpe son limitados”, incide.

La inflación podría agravarse y pasar a efectos de segunda ronda muy difíciles de enfriar. El caso de Europa es el más claro, según los técnicos. “Si las personas y los negocios en cualquiera de estas regiones creen que la inflación seguirá alta durante más tiempo, podrían trasladarlo a salarios y precios, dificultando contener el shock sin un frenazo económico más acusado. La guerra no solo aumenta la inflación actual, sino que pone en riesgo la expectativa de que esté menos firmemente controlada”, aducen.

“Nos enfrentamos a estos efectos tan complejos en un momento en el que muchas economías tienen un espacio fiscal limitado para absorber estos shocks. Muchos países ya estaban registrando niveles de endeudamiento récord, generando preocupación sobre su sostenibilidad fiscal”, dice el documento. Es por esto el FMI dice que “es más importante que nunca” adoptar políticas apropiadas con medidas “cuidadosamente equilibradas” a las necesidades específicas de cada país, sobre todo en el caso de aquellos Estados con menos recursos.

¿Es posible aplicar en España una política económica de izquierdas? La experiencia dice que no. Al menos, hasta la fecha. Bajo la vigilancia de la burocracia de Bruselas, de las élites locales y, sobre todo, de los poderosísimos mercados financieros internacionales, la política económica española ha mantenido, bajo gobiernos del PSOE y del PP, una notable continuidad. Con especial énfasis en la contención de los salarios.

El libro “Las élites que dominan España”, del profesor Andrés Villena Oliver, no descubre nada nuevo. Pero resalta, y eso es importante, las redes políticas, empresariales y técnicas que han hecho que las cosas sean como son, y no como podrían haber sido. Desde la Transición y los Pactos de la Moncloa hasta hoy, las líneas maestras no han cambiado.

Se podría aventurar, aunque Villena no se extiende sobre el asunto, que el de Pedro Sánchez ha sido el gobierno más izquierdista (dentro de lo posible) de la democracia. Probablemente por la presión de socios de gobierno como Podemos, al principio, y luego Sumar. Quizá también porque Sánchez es el único presidente del PSOE formado en la Federación Socialista Madrileña, desde antiguo la más escorada a la izquierda (y la más turbulenta) de España.

En lo esencial, en cualquier caso, las directrices básicas permanecen inmutables.

Hubo un momento paradójico, en los estertores del franquismo, en que la economía favoreció a los trabajadores. Fue puramente accidental. El régimen se sentía frágil cuando estalló la primera crisis del petróleo, en 1973, y en lugar de aplicar medidas de ajuste, como en otros países europeos, incrementó el gasto público y toleró que los salarios crecieran al ritmo de la elevadísima inflación (14,2% anual en 1973, 26,3% anual en 1977).

Eso, unido a los controles oficiales sobre una banca protegida, permitió que muchísimos ciudadanos tomaran hipotecas a tipo fijo que eran licuadas con rapidez por una inflación siempre al alza. España empezó a convertirse en un país de propietarios. Cuando alguien cree recordar que con Franco se vivía mejor, recuerda probablemente esa época final.

A partir de 1977 y de los Pactos de la Moncloa, uno de cuyos fundamentos era la contención de los salarios para combatir la inflación, no se ha abandonado la ruta. La llegada del PSOE al poder con una mayoría absolutísima, en 1982, marcó el ajuste más duro desde el plan de estabilización de 1959.

El objetivo de Felipe González era el ingreso de España en las Comunidades Europeas, y eso parecía justificarlo todo: desde el cierre de empresas públicas a la liberalización financiera, desde el desempleo salvaje a unos tipos de interés no menos salvajes.

La “beautiful people” formada en el tardofranquismo que dirigía la economía gubernamental veía en un desempleo alto el mecanismo más eficaz para mantener bajos los salarios. En aquella época se puso de moda un palabro, NAIRU (siglas inglesas de Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación). Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, calculó en 1992 que la NAIRU mínima estaba en el 12%. Es decir, que con un paro inferior al 12%, los salarios tendían a subir. Por tanto, resulta evidente que el PSOE de González (ay, aquella promesa de los 800.000 puestos de trabajo) nunca tuvo interés en fomentar el empleo.

En 1989, cuando la peseta entró en el Sistema Monetario Europeo, Carlos Solchaga decidió darle a la moneda española un tipo de cambio exageradamente alto. Él mismo explicó después que el objetivo de esa sobrevaloración era reducir la competitividad de las empresas exportadoras y obligarlas a compensar esa dificultad por otra vía: la contención salarial, obviamente.

Entre 1996 y 2004, la era de José María Aznar, las privatizaciones, la euforia inmobiliaria y el euro (“España va bien”) crearon un espejismo de riqueza, mantenido durante el primer mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El retorno del PSOE a las tareas de gobierno no supuso cambios notables en lo económico: Pedro Solbes prevaleció sobre Miguel Sebastián y mantuvo la ortodoxia. Ya estaba establecido como mantra que la Unión Europea y los mercados financieros no permitían otra cosa.

En 2010, con la Gran Recesión devastando las economías mundiales y dejando a la española al borde de la quiebra, Zapatero tuvo un reflejo socialdemócrata e intentó elevar el gasto público para paliar las consecuencias sociales de la crisis. Solbes lo rechazó y dimitió.

Sobre el brutal ajuste ejercido desde 2012 por Mariano Rajoy no hay mucho que decir: recorte salarial a los funcionarios, congelación de las pensiones y una devaluación interna (como no era posible devaluar el euro, se devaluó a los ciudadanos) que bajó drásticamente los sueldos. A día de hoy, aún no se han recuperado.

El gobierno de Pedro Sánchez ha intentado mejorar la capacidad adquisitiva de los asalariados con el único instrumento a su alcance, el salario mínimo, y dar aire a la economía con el alza de las pensiones. El salario mínimo (17.094 euros brutos anuales) se acerca cada vez más al salario medio (en torno a los 27.000 euros). Los sueldos se mantienen bajos. Y la guerra en Oriente Próximo eleva la inflación, erosionando de nuevo, por enésima vez, la capacidad adquisitiva.  

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

“Nos enfrentamos a un verdadero shock… Probablemente más allá de lo que podemos imaginar en este momento”. Estas son palabras de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una entrevista publicada este jueves en The Economist. Europa se asoma a un abismo económico por culpa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las consecuencias económicas ya se palpan en la Unión Europea, pero, como advierte Lagarde, hay un peligro añadido, ya que el impacto se manifiesta gradualmente, lo que implica “una evaluación tardía” de la gravedad real de la crisis. Cuando se va a cumplir un mes del inicio de los bombardeos, lo que parecía un fantasma empieza a revelarse como una posibilidad cada vez más cercana entre los analistas: la estanflación, una pesadilla económica caracterizada por bajo crecimiento con un fuerte incremento de la inflación.

Este sentimiento que se extiende en los mercados crece ante la incertidumbre que provocan los constantes cambios de estrategia de la guerra por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Aunque aseguró que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, cuando ya se ha cumplido un mes aún no se percibe que Trump haya encontrado una salida creíble al conflicto. Este viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que incrementarían sus ataques contra Irán tirando por tierra la supuesta solución diplomática que el presidente de EEUU asegura que está negociando con Irán.

Ante este escenario, Boris Vujcic, recientemente nombrado vicepresidente del BCE, también ha advertido de que la guerra en Irán está empujando a la zona euro hacia una combinación de crecimiento más débil y mayor inflación. La advertencia de Vujcic no fue que Europa ya estuviera en esta situación, sino que la tendencia del riesgo se mueve más rápido de lo que se pensaba en esa dirección.

En un entorno de estanflación, los bancos centrales tienen menos flexibilidad y más probabilidad de cometer errores de política monetaria. “Los banqueros centrales de todo el mundo se están encontrando entre la espada y la pared, ya que los precios de la energía se disparan y destrozan la economía global. A medida que aumentan los riesgos de inflación creciente y desaceleración del crecimiento con cada subida en los precios del crudo, la función de respuesta de la política monetaria se vuelve débil”, explica Jack Janasiewicz, gestor de Natixis.

La tardía reacción del BCE en la crisis de inflación que provocó la invasión de Ucrania pesa sobre el BCE. Lagarde insiste en que actuará inmediatamente, pero los analistas avisan de que la situación es diferente. “El inmovilismo actual de los bancos centrales, aunque parece impuesto, es probablemente la mejor respuesta. Si bien el riesgo de recesión derivado de este choque energético parece bastante obvio, el recuerdo de la ola de inflación de 2022-2023 sigue siendo demasiado nítido para que los banqueros centrales lo ignoren. Sobre todo, como ha señalado el Banco de Pagos Internacionales, los bancos centrales no deben reaccionar a través de sus herramientas de política monetaria a las crisis temporales de oferta. He ahí una lección que especialmente el BCE haría bien en tener presente, ya que sus errores de política monetaria en la era Trichet costaron muy caro a la economía de zona euro”, advierte Enguerrand Artaz, gestor de fondos de LFDE.

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación”

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación porque la guerra en Oriente Medio impulsa los precios al alza mientras frena el crecimiento”, comentó Chris Williamson, el economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence. Williamson ha advertido que “los costes de las empresas están aumentando al ritmo más rápido en más de tres años, en medio del aumento de los precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro como consecuencia de la guerra”.

El economista de SP en la Eurozona añadió que: “El crecimiento de la producción se ha desacelerado hasta casi la estanflación, debido a una caída de la confianza empresarial y al deterioro de los nuevos pedidos. La disminución de las expectativas sobre la producción futura fue la mayor registrada desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022”.

No es el único analista que advierte del impacto económico de la guerra de Irán en Europa. “Los mercados están comenzando a incorporar un escenario de petróleo más alto por más tiempo. Esta dinámica está reforzando las preocupaciones sobre la estanflación”, dijo Emmanuel Cau, jefe de estrategia en Barclays. Mientras, Xavier Chapard, estratega de LBP, indicó que “las primeras encuestas de coyuntura de marzo confirman el carácter estanflacionista de la crisis” con “un golpe es especialmente fuerte en Europa, lo que no resulta sorprendente a la vista de las importaciones de petróleo y gas de la región”.

Patrick Artus, analista de Ossiam, añadió que: “Incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, la economía de la zona euro se estaba moviendo hacia un equilibrio de estanflación debido a la ausencia de aumentos en la productividad y a un fuerte aumento de los precios de metales y semiconductores. La guerra en Oriente Medio, si persiste, aumenta el riesgo de caer en estanflación, dado el shock negativo de oferta derivado de los mayores precios del petróleo y del gas natural”.

Un impacto económico que ya sufren los ciudadanos

En España ya hay datos concluyentes del impacto de la guerra. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó al 3,3% en marzo, un punto más que en febrero, debido al encarecimiento de los carburantes. El Banco de España ya apunta que el peor de los escenarios por la guerra supondría un frenazo de la economía (1,9%) y una inflación disparada (5,9%), mientras que la OCDE recortó en una décima, hasta el 2,1%, la previsión de crecimiento PIB de España en 2026 y otra décima, hasta el 1,7%, para 2027, debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Estamos hablando de la economía española, que es la que va mejor entre los grandes países de la UE. Bloomberg ha publicado que Alemania se quedaría en un escaso 0,5% de crecimiento en 2026 si la guerra continúa, mientras que Italia ya ha anunciado que no crecerá más de un 0,5% y el banco central de Francia revisó al 0,9% la tasa de crecimiento para su país este año.

Anthony Willis, esconomista de Columbia Threadneedle Investments, explicó que “es muy desafortunado que, en un año en el que se esperaba un aumento del crecimiento y de los beneficios corporativos, sobre un fondo de baja inflación y, en palabras de Christine Lagarde, ”en buena posición“, el contexto haya empeorado tan rápidamente. La UE está en mejor situación desde el punto de vista del suministro de gas que en 2022, gracias a la infraestructura de importación de GNL ahora en funcionamiento, pero sigue siendo vulnerable, ya que las reservas de almacenamiento están agotadas y la UE compite con Asia por los limitados suministros de gas disponibles desde EEUU, dado que Catar está parcialmente 'fuera de línea'. El estímulo económico y el gasto adicional en defensa pueden ayudar a la economía europea hasta cierto punto, pero los precios más altos para una región muy dependiente de las importaciones de energía, dejan a la UE vulnerable a una desaceleración económica impulsada por los precios de las materias primas, combinada con un shock inflacionario”.

Este viernes hubo una reunión de ministros de finanzas de la UE para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, fue concluyente: “Las perspectivas están empañadas por una profunda incertidumbre, pero es evidente que nos enfrentamos al riesgo de un choque estanflacionario. Se daría incluso si las interrupciones en el suministro energético fueran relativamente cortas”. El comisario europeo señaló que el crecimiento de la UE en 2026 podría situarse entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales “por debajo de lo proyectado en nuestras previsiones económicas de otoño (1,4% de incremento del PIB)”.

Cuando parecía que Europa dejaba atrás los efectos del conflicto en Ucrania, la guerra de Irán ha vuelto a golpear el crecimiento europeo y ha obligado a los ejecutivos de la eurozona a dedicar sus esfuerzos en rebajar el golpe de los precios. El presidente Pedro Sánchez señaló en unas jornadas organizadas por elDiario.es que “la guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros, no podemos dejar que la paguen 20 millones de hogares españoles. Es una catástrofe, un gran error político y geopolítico. Desestabiliza una arteria fundamental del comercio internacional como es el estrecho de Ormuz. Amenaza con un terremoto global. Ya está impactando en los bolsillos de nuestros conciudadanos”. Como otros países europeos, el Gobierno de España ha sacado adelante medidas anticrisis que van a paliar el impacto sobre la economía de los ciudadanos.

“Estamos en una situación que podría convertirse en una recesión global autoinfligida. Demuestra lo que ocurre cuando se actúa fuera del marco de las normas y reglas internacionales. Todo está vinculado con todo: el precio del petróleo con el del gas, con el de los alimentos, con el de los fertilizantes, con el de los productos farmacéuticos y la lista continúa”, comentó Alexander Stubb, presidente de Finlandia, en una entrevista en Politico para explicar la debacle económica que se avecina.

La economía española aceleró a finales del año pasado y sentó los cimientos para otro año de crecimiento diferencial. Hasta tal punto, que ya se veía como un objetivo al alcance de la mano el liderar a las grandes economías avanzadas por tercer año consecutivo. Pero un mes de guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha sido suficiente para disipar los vientos de cola y prometer menos crecimiento y más inflación.

El INE dio este viernes el primer dato de inflación de la eurozona, por lo que todos los ojos estaban puestos en la evolución del IPC tras un mes de precios del petróleo disparados y su traslación a las gasolineras. Del 2,3% interanual que registró en febrero, al 3,3% en marzo. Un punto más explicado solamente por la guerra contra Irán.

“Aunque estaba previsto un acusado incremento debido a la subida de los precios del petróleo, esta cifra se sitúa por debajo del consenso, del 3,6%. Este es un desarrollo positivo en el escenario actual, particularmente el que la inflación núcleo permaneciera estable en el 2,7% interanual, ya que cualquier efecto de segunda ronda de los precios de la energía más altos sobre las presiones inflacionarias subyacentes tardarán tiempo en materializarse”, valoraban en una nota desde la consultora Oxford Economics.

La semana que ha estado en vigor el Plan anticrisis del Gobierno, con rebajas fiscales en los precios de los combustibles como medida estrella, ha sido suficiente para amortiguar unas décimas el mordisco al bolsillo que supone el encarecimiento del crudo. Y aunque las bajadas aún están lejos de los 30 céntimos que anticipó el Gobierno, desde el Ministerio de Economía lo achacan a “presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino”.

El IPC adelantado este viernes –no conoceremos el definitivo hasta mediados de abril, por lo que todavía podrían bailar algunas décimas– es el primer dato oficial que mide el impacto de la guerra en la economía. Al menos, el primer dato macroeconómico, más allá de las cifras de los surtidores. 

Del FMI al Banco de España: menos avance del PIB y un IPC más elevado

El resto, son solo previsiones. Y como tal, están sujetas a la incertidumbre. Hasta finales del mes próximo no tendremos un primer avance de cómo ha afectado al producto interior bruto (PIB) del primer trimestre el conflicto. Pero tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco de España han publicado una primera tanda de proyecciones que ya recogen el impacto de la guerra.

El FMI, tras las consultas para el informe que elabora sobre la economía española, rebajó al 2,1% su previsión de avance del PIB para 2026 y al 1,8% en 2027. Los precios cerrarán 2026 con una subida media del 3% este año, que se ralentizará al 2,2% para el próximo.

Las de la OCDE son similares. En su caso, la actualización intermedia de sus proyecciones económicas incluye un escenario de desaceleración mundial y advierte de que el conflicto en Oriente Medio “pondrá a prueba la resiliencia de la economía global”. En cuanto a la proyección específica de España, recortan al 2,1% el avance del PIB en 2026 y al 1,7% en 2027. La inflación media será del 3% y el 2,2%, respectivamente.

Pero estos organismos internacionales carecen del músculo suficiente para un análisis de la economía española como el que elabora el Banco de España. En su caso, elevan la previsión de crecimiento al 2,3% para este año, una décima más de lo que anticiparon en diciembre, pero con varios fenómenos contrapuestos. Por un lado, el mayor vigor de la economía española en los últimos meses explicaba por sí misma una revisión al alza, pero la guerra y la subida de los precios recortaban el crecimiento. El efecto del Real Decreto-Ley anticrisis aprobado este jueves en el Congreso ha sido clave para compensar, al menos en parte, los efectos negativos del conflicto. Para el año que viene, estiman un avance del PIB del 1,7%. La inflación será del 3% este año y del 2,5% el que viene.

El Banco de España va más allá y diseña dos escenarios adicionales en función de la gravedad de la guerra en Oriente Medio. En el caso de ir al peor, con los precios de petróleo disparados y una disrupción de los mercados de materias primas, el crecimiento se frenaría al 1,9% este año y la inflación se dispararía al 5,9%. El próximo año, el PIB solo avanzaría un 1,1% y los precios subirían un 3,2%.

Antes del estallido de la guerra, en noviembre, el Gobierno elaboró el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado con la estimación de que la economía española crecería un 2,2% este año y un 2,1% el que viene. María Jesús Montero, hasta esta semana vicepresidenta y ministra de Hacienda, dejó las cuentas públicas ya preparadas para Arcadi España, su nuevo titular. Pero el nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, va a tener que rehacer los números detrás del Presupuesto, como confirmaron este viernes fuentes del Gobierno. El impacto de las medidas anticrisis y los posibles efectos económicos a futuro todavía están sin medir.

El Banco de España prevé que el peor escenario de la guerra en Oriente Medio suponga un frenazo en el crecimiento económico de España y una inflación disparada, por el efecto de la subida de los precios del petróleo y de las disrupciones en el comercio internacional en el caso de que el conflicto se estanque.

La entidad ha publicado este viernes sus proyecciones económicas de primavera que, en su escenario central –el que los técnicos creen más probable–, mejora las previsiones de diciembre en cuanto a la evolución del producto interior bruto (PIB). Así, la estimación oficial revisa al 2,3%, una décima más, el crecimiento para 2026 gracias a que el vigor de la actividad y el Plan anticrisis aprobado por el Gobierno compensarán los efectos más negativos de la guerra en Oriente Medio. La inflación, eso sí, se disparará al 3%, 0,9 puntos más de los previstos con anterioridad.

Esta estimación llega solo unos días después de que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hayan rebajado las proyecciones de crecimiento para este año y el que viene. 

El Banco de España calculaba que la economía española avanzaría un 2,4% antes de desatarse el conflicto en Oriente Medio, gracias a su “dinamismo elevado y superior a lo previsto”, con un vigoroso comportamiento del consumo privado y de la inversión. Esto eran dos décimas más que en el escenario de diciembre, cuando apuntaron a un avance del 2,2%.

Pero la guerra y la subida de los precios energéticos ha trastocado la previsión. Según los cálculos de la dirección general de Economía, la guerra le costará 0,4 puntos al crecimiento del PIB. Un efecto que verá compensado, en parte (0,3 puntos), por el Real Decreto-Ley anticrisis que el Congreso avaló este jueves. 

El balance resulta positivo y arroja una revisión al alza, al citado 2,3%. Pero el Banco adelanta que el escenario está “sujeto a un grado de incertidumbre especialmente elevado como consecuencia del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo”. Así, dibujan dos escenarios más: uno adverso, en el que las disrupciones se plantean como transitorias; y otro severo, con un conflicto más duradero y una interrupción de los flujos de materias primas energéticas hasta finales de año.

En el primero de ellos, los economistas apuntan a un recorte de una décima adicional, hasta el 2,2%. Pero en el peor de los casos podría ralentizarse el crecimiento hasta el 1,9%.

Anticipa una desaceleración en 2027

La entidad que dirige José Luis Escrivá sí anticipa un frenazo económico hacia delante, ya que rebaja al 1,7% la proyección de crecimiento de 2027, que caería al 1,1% en el peor de los casos. 

Donde se notará más el impacto del conflicto en Oriente Medio será en los precios, fruto del encarecimiento del petróleo y el gas. En concreto, el Banco de España calcula que la inflación será del 3% de media en 2026, 0,9 puntos más, de lo que estimaron en diciembre. En el escenario más grave, el dato general podría situarse en el 5,9%, cifras no vistas desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En cuanto a la tasa subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos por ser más volátiles, se situaría en el 2,7% en el escenario central, dos décimas más.

“Este mayor crecimiento de los precios previsto para 2026 refleja, fundamentalmente, la trayectoria reciente de la inflación, junto con el incremento de los precios energéticos a escala global, efectos que se verían compensados, parcialmente, por la reducción de la fiscalidad energética aprobada en marzo”, destaca la entidad.

En 2027, la tasa general y la subyacente se situarían en el 2,5% y el 2,7%, respectivamente, seis décimas por encima de lo previsto hace seis meses. Si la guerra se recrudece, la subida de los precios sería, de media, del 3,2%.

Por lo que respecta al mercado laboral, el Banco de España prevé que la creación de empleo siga siendo sólida en los próximos dos años, del 2,2% y del 1,3% en cuanto al número de ocupados, y del 2,2% y el 1,2% en lo referente a las horas trabajadas. De esta manera, el paro cerrará este año, de media, en el 9,9%, que será el 9,6% el ejercicio que viene.

De las cuentas públicas, el Banco de España empeora ligeramente las cifras de déficit para este año hasta el 2,3% (dos décimas más), por las medidas fiscales aprobadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra. Con todo, el endeudamiento se situará en el 99,2% a final del 2026, por primera vez desde 2019 por debajo del umbral del 100% del PIB.

Primer efecto directo de la guerra en Oriente Medio en nuestros bolsillos. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha disparado al 3,3% interanual en marzo, un punto más que en febrero, debido al encarecimiento de los carburantes, impulsados por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales y el bloqueo del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, por donde pasa el 20% de los productos energéticos que se consumen en el mundo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha avanzado este viernes el dato preliminar de la subida de precios en marzo, un mes en el que la evolución de la inflación ha estado completamente influida por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, el pasado 28 de febrero, y por la escalada en un conflicto sin un horizonte de cierre cercano.

Los expertos ya avanzaban una subida importante del dato del IPC antes de que estallara la guerra, debido al 'efecto escalón' al comparar este mes con el mismo del año pasado, en el que la energía se abarató muchísimo. De hecho, como destaca Estadística, los precios de la luz han bajado, sí, pero menos de lo que bajaron el año pasado, y esto es relevante a la hora de calcular la inflación. También ha subido el coste del gasóleo de calefacción, que el año pasado bajó.

El efecto de los precios energéticos sobre esta subida queda claro al revisar el dato de la inflación subyacente, que se calcula excluyendo los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos. Esta cifra, que los expertos consideran 'núcleo' del tejido productivo, se situó en marzo en el 2,7%, exactamente la misma tasa que en febrero.

Según ha destacado el Ministerio de Economía en una valoración remitida a los medios de comunicación, los precios de la electricidad están actuando de amortiguador de la inflación, gracias al despliegue de las energías verdes. “La apuesta de España por las renovables —que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019— está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán”, señalan desde la cartera del recién nombrado vicepresidente Carlos Cuerpo.

El Congreso dio luz verde este jueves al Plan de respuesta al conflicto en Oriente Medio, con 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros —fundamentalmente, rebajas fiscales— para paliar los efectos económicos de la guerra. “De hecho, esta última semana, los carburantes bajan por la aplicación de las medidas fiscales, aunque siguen experimentando presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino”, destacan en la Vicepresidencia primera.

Según los datos del INE, en términos intermensuales (precios de marzo sobre los de febrero) el IPC ha avanzado un 1%, la mayor subida registrada en un solo mes desde junio de 2022.

El dato del IPC Armonizado, el que se emplea para comparar con el resto de países europeos al utilizar una cesta de la compra común, se elevó al 3,3%, desde el 2,8% que marcó en febrero.

Esta semana que entra, la guerra en Irán será un poco más preocupante para muchos españoles. No porque se vaya a cumplir un mes de conflicto sin visos de terminar a corto plazo, ni porque la escalada de ataques y respuestas se esté descontrolado, sino por una razón mucho más doméstica: estamos a fin de mes. Y ahí duele todo más, también la guerra, o sobre todo la guerra.

Para muchas familias esta semana es la de las apreturas, la de mirar muy bien los precios, aplazar compras no urgentes, tirar de tarjeta de crédito, consultar varias veces al día la app del banco para ver si llega un pago esperado o cargan un recibo sorpresa, y rezar para que no se rompa un electrodoméstico o se averíe el coche. En casos más dramáticos, es la semana de no comprar carne ni pescado, tirar de abuelos para que coman los niños, y trampear aquí y allá para salvar los últimos días hasta cobrar el sueldo, la pensión o el ingreso mínimo.

El fin de mes, que cada vez se adelanta un poco más, es el alambre por el que tantas familias caminan a partir del día veintipocos, con miedo a perder pie. Y la guerra de Irán, con toda su incertidumbre y sus esperadas consecuencias económicas, agobia más cuando no llegas a fin de mes. En esos días críticos, asustan más los pronósticos de mayor inflación, los precios del combustible al alza, las pizarras de la frutería, que ya asustaban antes de Irán; como asusta la vivienda, que con guerra o sin guerra sigue asfixiando a tantos. Sin haber recuperado el poder adquisitivo perdido en los últimos años, llega ahora la guerra para complicarnos más el fin de mes, y quizás adelantarlo un poco más.

Contra los efectos de la guerra, el gobierno despliega “el mayor escudo social y económico de la Unión Europea”, en palabras del presidente Sánchez. Es el tercer escudo en solo seis años, sin contar las prórrogas de los anteriores. Oímos hablar por primera vez de escudo social con la pandemia, cuando la situación de emergencia obligó a medidas nunca vistas. La guerra en Ucrania activó un nuevo escudo social, para amortiguar el precio de los combustibles y la inflación de la cesta de la compra. Solo dos días antes de que Trump y Netanyahu lanzaran los primeros ataques sobre Teherán, decayó la última prórroga del escudo social, tumbado en el parlamento. Y ahora llega este nuevo escudo para contener el destrozo que una guerra incierta hará en nuestras economías, en la nacional y en las familiares.

Después de seis años viviendo con escudo, de crisis en crisis, cabe pensar que la crisis es nuestra nueva normalidad. Y en ese caso necesitamos mucho más que un escudo de emergencia. Sobre todo ante la perspectiva de un cambio de gobierno que nos quite el escudo que ha salvado a tantos durante estos años, y nos deje a la intemperie. Ánimo con el fin de mes.

En 2022, hubo un aumento notable de quienes se ubicaban como “clase baja” o “pobre” en el CIS. Fue uno de los espejos del daño de la crisis inflacionista en muchos hogares, con precios récord desde hacía décadas, con subidas que llegaron a estar por encima del 10%. Las alzas salariales se quedaron muy por debajo (2,5%) y desde mediados de 2023 estaban recuperando, poco a poco, poder de compra. Sin haberlo restituido del todo, la guerra de Irán va a dificultar estas mejoras del bolsillo de los trabajadores. La duda es cuánto.

Tras tres semanas de guerra en Oriente Medio, que inició EEUU e Israel de manera unilateral atacando a Irán, el mundo aguanta el aliento ante su futuro incierto y sus implicaciones económicas mayúsculas, por afectar a un enclave estratégico para la energía y el comercio internacional de ciertos bienes.

Los mayores riesgos para la economía española que asoman en el horizonte son un fuerte incremento de los precios de la energía y que esto alcance en cascada al resto de la economía con una mayor inflación. Algo cuya intensidad depende mucho de la duración del conflicto, los expertos indican que ya no podemos evitar los daños del todo.

Así, los distintos organismos económicos anuncian un cierto aumento de la inflación que había prevista para este año. Con medias del año estimadas que rozan incluso el 3%, y que en los meses de marzo y abril podrían escalar hasta cerca del 4% interanual.

“Pronosticar la inflación ahora mismo requiere necesariamente de hacer unos supuestos sobre los precios de la energía, a día de hoy es razonable pensar que podemos tener una inflación en torno al 3% este año, incluso si los precios del petróleo y el gas se normalizan a partir de unas semanas”, valora Ángel Talavera, el director de Economía Europea de Oxford Economics.

Los salarios suben poco más que los precios

En la actualidad, el economista de Oxford Economics cree que nos iremos a una inflación “por encima de esa cifra (3%), pero más allá del número concreto, lo que sí ya es seguro es que será más alta de lo que esperábamos hace solo un mes. Así que el poder adquisitivo va a empeorar este año porque los salarios reaccionan de manera mucho más lenta”, explica el economista de Oxford Economics.

Las subidas salariales pactadas en estos momentos están solo unas décimas por encima de la inflación. Eran del 2,9% de media el pasado febrero, con una inflación del 2,3% interanual ese mes.

Como se puede ver en el anterior gráfico, los salarios venían recuperando poder adquisitivo desde 2023, pero “de forma lenta”, precisa Luis Zarapuz, del Gabinete Económico de CCOO. “Es decir, se perdió mucho poder adquisitivo en 2021 y 2022, unos siete puntos de pérdida en el acumulado de esos dos años, y ahora venimos recuperando al promedio de medio punto por año, desde 2023. Ni mucho menos se había recuperado todo”, explica el economista.

Precisamente, en 2025 mejoró un poco más esta ganancia en el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos mayoritarios esperaban que este 2026 se avanzara en este sentido, apunta también Alberto del Pozo, del equipo económico de UGT.

Las centrales de CCOO y UGT propusieron subidas salariales del 4% anuales para los próximos tres años, y aún mayores para los salarios bajos, de cara al próximo gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), para 2026 y los próximos años y que está todavía pendiente de negociar con la patronal.

“Todo esto estaba pensado para un escenario de estabilidad. Cuando hay un shock de este tipo, normalmente la negociación colectiva tarda en reaccionar, porque los convenios no se cierran de hoy para mañana”, recuerda Del Pozo.

En CCOO explican que la subida salarial media del 2,9% pactada para este año “alcanza a 7 millones de trabajadores de los aproximadamente 13 millones que terminarán firmando convenio este año”. Los aumentos de los convenios que se están firmando este son algo más elevados, del 3,2%, pero alcanzan a un número muy reducido de trabajadores (73.600).

“Mucho tendría que subir el dato en los convenios que se firmen de aquí a final de año –que muchos ya tendrán las negociaciones encauzadas– como para que ese dígito subiera claramente por encima del 3%”, prevé Luis Zarapuz.

Así, ante estas cifras tan ajustadas entre salarios y precios y la nueva previsión de mayor inflación, todo indica que los trabajadores y trabajadoras deteriorarán las esperadas ganancias de poder adquisitivo, que se mantiene prácticamente congelado en las últimas décadas en la mayoría de casos (con la excepción de los salarios más bajos).

Y eso si es que no vamos a un escenario peor, de pérdida de nuevo del poder de compra, en el supuesto de que la guerra se complique y alargue en el tiempo.

“La clave es la duración de la crisis. La economía puede absorber precios altos durante un periodo corto sin que nada se rompa, pero a partir de cierto momento los impactos crecen exponencialmente”, sostiene Ángel Talavera.

Obstáculo en una pieza clave: el consumo interno

El economista de Oxford Economics destaca que el deterioro del poder adquisitivo de las personas trabajadoras es relevante no solo para sus hogares, sino también para el conjunto de la economía española, en un contexto de crisis internacional y en el que España destaca por su mayor crecimiento frente a otros países desarrollados.

“Es importante porque el consumo es el componente que actualmente más tira del crecimiento, y un shock a la renta disponible inevitablemente supondrá un impacto al consumo”, sostiene Talavera.

“A eso se añade que los consumidores hace tiempo que ven los precios altos como el principal problema económico, lo que probablemente impacte la confianza del consumidor, suponiendo un freno adicional”, prevé el especialista.

Por este motivo, los sindicatos mayoritarios defienden la importancia de actuar en dos direcciones. Por un lado, con medidas por parte del Gobierno para mitigar los daños de esta crisis, de manera ágil, que no se queden cortas y con especial protección para los colectivos más vulnerables. Este viernes el Ejecutivo de coalición ha aprobado un primer paquete, de 5.000 millones de euros, también con protección laboral frente a los despidos, en general bien recibido por CCOO y UGT.

Por otro lado, que la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos proteja el poder adquisitivo de los trabajadores con subidas pactadas contundentes y que incluyan las denominadas cláusulas de garantía salarial con el IPC, que CCOO y UGT convirtieron en una de sus banderas ante la crisis inflacionista de 2022.

Estas cláusulas garantizan a los trabajadores que, a posteriori, sus salarios se incrementarán más si los precios superan las alzas pactadas. “Es un mecanismo inteligente que no tiene coste en el corto plazo. Es decir, si las empresas tuviesen la mirada larga, deberían estar interesadas en incluirlo. Porque si hay cerrazón en incluir estas cláusulas, en un contexto de creciente inflación, se incrementarán las peticiones iniciales de subidas salariales”, explica Luis Zarapuz (CCOO).

Las empresas llegan a este escenario “con la hucha llena, en máximos” de márgenes empresariales, indica Zarapuz, por lo que les pide también “contención” en la subida de los precios. Con el ejemplo de la pasada crisis inflacionista, donde se agrandó la brecha entre los beneficios de las empresas y las ganancias de los trabajadores, los sindicatos subrayan que “los salarios no pueden ser los paganos de esta crisis”, advierte Alberto del Pozo.

En este contexto, el próximo acuerdo del AENC entre sindicatos y patronal se vuelve si cabe más importante, aunque también más complicado. Los sindicatos sostienen que tendrán que presionar más para proteger el poder adquisitivo de las plantillas, en un contexto adverso, de inflación elevada. En la patronal de momento no desvelan su postura, pero reconocen que la negociación se dificulta. “Obviamente todo lo que sea inestabilidad, tanto a nivel nacional e internacional, no ayuda”, afirman fuentes de CEOE.

En CCOO y UGT reclaman a los empresarios más justicia en el reparto de los daños de esta crisis, así como una mirada estratégica, que no penalice dos de las claves del mayor crecimiento económico de España en los últimos años: el consumo interno y la resiliencia del mercado laboral.

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de São Paulo en las elecciones de octubre, ha sorprendido incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza al alza. La última encuesta de Datafolha revela que el 46% de los brasileños consideran que la economía ha empeorado en los últimos meses, frente al 24% que piensa que ha mejorado y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explica en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirma Braz.

El experto argumenta, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad sube hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo dados del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha revela que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marca la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunciase un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogía que el 45% de los brasileños consideraba que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmaba que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula ha conseguido el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad ha realizado la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.