Pasa a menudo que lo urgente se lleva por delante lo importante y, con el caso de la reciente convocatoria de elecciones, eso es precisamente lo que está ocurriendo. Los partidos de la derecha quieren hablar de la situación en Ceuta, de inmigración y de la corrupción del PSOE. Por su parte, los partidos de la izquierda quieren hablar de vivienda, de empleo y salarios y de servicios públicos. Es un planteamiento lógico, porque son los temas en las que cada bloque es más competitivo, lo que les permite movilizar a aquellos votantes que perciben tales problemas como inmediatos y urgentes. Pero hay una cuestión que los atraviesa a todos y que apenas aparece en los discursos políticos: la crisis ecológica.

Aunque es habitualmente tratado de forma marginal, no es un problema separado de los anteriores. La ciencia ha demostrado que el cambio climático encarece los alimentos, deteriora la salud, destruye viviendas y agrava las desigualdades y, sin embargo, seguimos hablando de estos efectos como si fueran asuntos independientes. Hay incluso quien afirma que se trata de problemas que solo importan a gente con la vida ya “solucionada”. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que una amenaza que condiciona nuestra economía y nuestra vida cotidiana siga ocupando un lugar tan secundario en la competición política?

Merece la pena recordar que España es uno de los países más golpeados por las consecuencias del cambio climático y, sin embargo, apenas hemos logrado convertir este problema en un asunto central de la conversación pública. Probablemente el caso paradigmático es el de la dana de Valencia, que provocó más de doscientos fallecidos, pero cuyo debate giró fundamentalmente en torno a la capacidad de gestión de los gobernantes durante el evento y no en torno a las causas últimas —las condiciones climatológicas— y la gestión previa al evento.

No son solamente desastres naturales

Cuando tiene lugar algún evento climatológico que causa muertes, lo habitual es escuchar el discurso de que se trata de un desastre natural. Como esa idea está asociada a lo inevitable, es también un argumento recurrente empleado por los gobernantes con objeto de eludir sus propias responsabilidades. Por otro lado, no contentándose con culpables abstractos, las víctimas y el sistema judicial buscan responsables de carne y hueso a los que hacer responder por los daños. En ambos casos se evita centrar la cuestión en algo previo y, en el fondo, más importante: que lo que suele llamarse un desastre natural nunca es únicamente el resultado de un fenómeno físico.

Lo que realmente existen son amenazas naturales, tales como crecidas, erupciones, terremotos o sequías que, de cuando en cuando, golpean territorios donde viven poblaciones humanas. Pero lo que convierte una amenaza en desastre es la sociedad, no la naturaleza. No hay ninguna ley física o fuerza sobrenatural que obligue a construir en las zonas inundables de los ríos ni tampoco a los pies de los volcanes, y ni siquiera en las fallas activas. Y mucho menos a hacerlo en condiciones de tanta precariedad que, de acontecer el fenómeno natural correspondiente, el daño humano sea muy alto. Eso lo deciden el mercado del suelo, la desigualdad y la (ausente) planificación. Pero es que, además, en un clima alterado por la acción humana, incluso la amenaza empieza a dejar de ser del todo natural.

Este enfoque tiene unas implicaciones muy distintas de las que derivamos cuando pensamos convencionalmente. Piénsese en el debate posterior a la dana de Valencia, que giró principalmente en torno a dónde estaba el presidente de la Generalitat durante la tarde de las inundaciones y de quién era la responsabilidad de dar el aviso a la Generalitat. Sin embargo, y exceptuando las comparecencias de algunos expertos que pasaron por la comisión de investigación, otras preguntas estructuralmente más relevantes quedaron fuera del plano. Por ejemplo, ¿por qué la lluvia fue tan abundante?, ¿por qué cientos de miles de personas viven en suelo inundable?, ¿qué pasará con la próxima dana? Estas otras preguntas hubieran conducido a una politización de las causas últimas, y obligarían a replantear el modelo de urbanización, ocupación del territorio y crecimiento económico; algo que pondría en duda lo que, hasta ahora, ha sido un espacio de consenso entre los principales partidos políticos.

Los impactos climáticos sobre España

En efecto, estamos más acostumbrados a preguntarnos por quién actuó de manera negligente ante un evento que por quién calentó el Mediterráneo y el planeta. Y eso es precisamente lo que debemos cambiar. Y ese cambio no vendrá dado por la cantidad de daños acumulados a causa de los fenómenos derivados del cambio climático, como bien ejemplifica el caso de Valencia, sino por el avance de un enfoque político distinto.

La ciencia ya ha demostrado que un mediterráneo más cálido significa más combustible para la precipitación torrencial de otoño; un proceso que estamos volviendo a ver en estos primeros días de otoño, también en el litoral. De acuerdo con el informe del estado del clima de Aemet, la temperatura media superficial del Mediterráneo alcanzó en 2025 nuevos récords y el agua estuvo más de 1 °C por encima de lo normal. Este fenómeno es una de las expresiones del calentamiento global y, aunque es común a todos los mares y océanos, en el Mediterráneo adquiere mayor intensidad. Lo que cada vez está más claro es que ese vínculo entre calentamiento y precipitación más abundante contribuye a explicar la magnitud de fenómenos como el de la dana de Valencia, como avala un reciente estudio del CSIC en el que se afirma que el calentamiento global fue un amplificador de la dana que intensificó la tasa de lluvia un 21%. En suma, los mecanismos causales están claros y van desde el modelo de producción y consumo del capitalismo al cambio climático antropogénico y a la intensificación de fenómenos climatológicos extremos.

La cuestión es que el cambio climático no solo afecta a los seres humanos a través de las inundaciones. También las sequías provocan pérdidas económicas ingentes e incluso humanas, tanto por crear mejores condiciones para los grandes incendios como por la pérdida de cosechas. Por ejemplo, la última gran sequía en España redujo la cosecha de aceite de 2022/23 un 55% respecto a la campaña anterior y a menos de la mitad de la media de los años previos, según los datos del Ministerio de Agricultura. Aunque hay otros factores en curso, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Banco de España acredita que el aceite se encareció un 139% entre 2019 y 2024, lo que castigó sobre todo a los hogares más pobres (por la mayor proporción de alimentos en la renta, como exploramos en este análisis).

Incluso el propio Banco Central Europeo reconoce desde 2022 que el cambio climático tiene tres vías por las que afecta seriamente a la inflación: climateflation, fossilflation y greenflation. La primera es la más conocida, porque se refiere al incremento de precios que se produce cuando las sequías, las olas de calor o las inundaciones restringen la oferta de un producto; como el caso del aceite ya mencionado. Sin embargo, la segunda no es menor, y mucho menos desde la guerra en Irán desatada por Estados Unidos este año, ya que se refiere al coste (en precios) que tiene la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, a través de su efecto sobre el precio de los fertilizantes, que a su vez afectan a las cosechas y a los precios finales de los alimentos. Así, la lucha por la energía (barata) entre grandes potencias y su combinación con el cambio climático acaban conduciendo a una pérdida del poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, y he aquí la cuestión, estos hechos no se enmarcan habitualmente como una cuestión relacionada con el cambio climático.

Quién se preocupa por el cambio climático

Si atendemos a los datos del CIS, la preocupación por el cambio climático ha remontado en los últimos meses. Como se ve en el siguiente gráfico, en la actualidad más del 80% de los españoles contesta que está muy o bastante preocupado por la cuestión frente a un 17% que afirma estar poco o nada preocupado. Son datos prometedores, si bien es una pregunta general que se realiza sin necesidad de comparar con otros problemas identificados por quienes responden. Cuando tenemos en cuenta ese hecho, la situación cambia considerablemente.

En efecto, en lo que va de 2026 el porcentaje de españoles (mayores de 18 años) que consideran que el cambio climático es uno de los tres problemas principales es únicamente del 2,3%. No obstante, esa cifra esconde variaciones a lo largo de los meses, ya que asciende hasta el 5,5% en septiembre y es inferior al 1% en primavera. Esta variabilidad probablemente tiene que ver, sin perjuicio de que existen otros factores, con el efecto que tienen sobre la percepción las olas de calor en verano.

Además, hay que subrayar que el cambio climático se ha convertido en una opción ideológica que está presente entre las izquierdas mucho más que entre las derechas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, construido a partir de todos los barómetros mensuales del CIS durante 2026, la priorización de los votantes de derechas (con excepción notable del PNV) respecto al cambio climático es prácticamente nula.

La lógica política y la lógica ecológica siguen ritmos distintos

El principal problema ya se ha señalado: por lo general, la ciudadanía considera el cambio climático como algo ajeno a su vida cotidiana. Resulta curioso que ni la ciencia ni las instituciones económicas internacionales están de acuerdo con esa proposición, ya que son muchos los canales por los que el cambio climático están afectando a la vida cotidiana de las familias trabajadoras, y muy en particular a su poder adquisitivo. Sin embargo, como ya hemos mencionado, ni siquiera en el caso extremo de la dana —porque implicó fallecidos— el marco dominante fue el climático.

En realidad, el cambio climático afecta al conjunto de la población por vías que van más allá de las que solemos considerar estrictamente económicas. Las olas de calor están también asociadas a miles de muertes anuales, mayoritariamente de personas con más de 65 años, y el calentamiento global está alterando seriamente los ecosistemas hasta el punto de favorecer la expansión de animales que son vectores de transmisión de enfermedades. En España, la fiebre del Nilo Occidental, con más de cuarenta muertos en los últimos años, ilustra la importancia de estos riesgos, ya que su transmisión depende de factores climáticos y ecológicos que influyen en la actividad de los mosquitos y en la circulación del virus.

Estos datos nos demuestran, tal y como ha recordado el científico Fernando Valladares en La recivilización, que el problema es esencialmente político. El problema aparece tanto en la oferta como en la demanda electoral. Por un lado, los partidos no sienten que obtengan rendimiento al hablar del cambio climático (o de la cuestión ecológica en general) porque, a pesar de lo que dicta la ciencia, los electores no premian ese tipo de discursos. Por otro lado, ese mismo electorado no conecta de manera obvia lo que son problemas económicos y lo que son problemas ecológicos. El caso más claro es la subida del precio de los alimentos y la energía. Aunque ya se ha explicado que parte de la subida tiene que ver con la codicia de las grandes empresas que ostentan gran poder de mercado, hay otra parte que tiene que ver con las condiciones naturales y climatológicas. Pero incluso la izquierda política tiende a fijarse únicamente en la primera parte, minusvalorando la segunda; y eso contribuye a mantener separados dos temáticas que, en realidad, pertenecen al mismo dominio.

Además, el electorado tampoco parece premiar las acciones preventivas o de adaptación, de modo que los gobernantes en activo no priorizan aquellas políticas que podrían evitar los “desastres naturales”. Como acreditan los casos de la dana y de los incendios, los electores premian o castigan la capacidad de respuesta ante un evento, pero son generalmente indiferentes a todo lo relacionado con la prevención. Es una cuestión de incentivos (perversos), puesto que la lógica política en una democracia gira en torno a la maximización del voto cada cuatro años, y la lógica ecológica sigue ritmos muy distintos y, sin embargo, no por ello menos importantes.

La conclusión a la que nos conduce este análisis es que los partidos políticos no deberían tratar aisladamente aspectos tales como salarios y clima o calor y precariedad. Todos pertenecen a una misma historia temática, es decir, son la manifestación de un mismo proceso. No tenemos catástrofes o daños aislados, sino una cadena sucesiva de acontecimientos que tienen que ver al mismo tiempo con cómo distribuimos el poder en las sociedades modernas y cómo la actividad del ser humano está modificando la base natural en la que nos insertamos como sociedad.

En consecuencia, parece más sensato traducir los fenómenos climáticos en coste de la vida de igual manera que cuando hablamos de precariedad y vulnerabilidad no podemos limitarnos a una aproximación economicista. Por eso, no deberíamos limitarnos a elegir entre hablar de las condiciones de vida y hablar de la crisis ecológica (un falso dilema sobre el que se ha construido toda la narrativa “anti-woke” de la extrema derecha). Por el contrario, deberíamos dedicar más energías a explicar cómo se relacionan ambas, quién soporta sus costes y qué transformaciones permitirían proteger a la mayoría social.

Balón de oxígeno para Lula da Silva en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El Senado aprobó el jueves una histórica reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Tras la aprobación del fin de la escala 6x1 (seis días trabajados por semana y uno libre) todos los trabajadores con contrato tendrán a partir de diciembre derecho a dos días libres semanales. Además, la jornada laboral se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas a la semana, según el Ministerio de Trabajo.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida”, aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal (PL) del candidato Flávio Bolsonaro votó a favor, para evitar un castigo electoral (el 73% de los brasileños apoyan la medida). Sin embargo, Flávio Bolsonaro ya ha señalado al empresariado que revisará la medida en caso de que gane las elecciones.

Inicialmente, el fin de la escala 6x1 no estaba en los planes del Gobierno Lula. El detonante llegó de la mano de Rick Azevedo, un trabajador de una farmacia de Río de Janeiro, que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un vídeo en TikTok para desahogarse, tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: “Quiero saber cuando nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6×1. Es una esclavitud moderna”. El vídeo se viralizó, propiciando el nacimiento Movimento Vida Além do Trabalho (vida más allá del trabajo). La diputada Erika Hilton, que el pasado día 4 obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1. El Gobierno Lula abrazó la propuesta. La presión de Lula fue clave para su aprobación en el congreso en mayo por una amplísima mayoría.

Durante meses, Flávio ha criticado el fin de la escala 6x1 y ha defendido una ley alternativa para una “jornada flexible”, la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. “La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contradirección de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo (OIT)”, asegura a elDiario.es, Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.

Visiones opuestas

La postura de Lula y de Flávio Bolsonaro frente a la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representa la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas públicas de expansión del gasto público. 

Tijeretazo al estilo Milei. Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro anunció un “tesouraço” (“tijeretazo”) del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa de gobierno prevé la eliminación de al menos diez ministerios, reforma tributaria, bajada de impuestos y retoma de la privatización de empresas públicas. Daniella Marques, asesora de economía de Flávio Bolsonaro, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, “usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina”.

Al final del mandato de Jair Bolsonaro la deuda pública se redujo a un 72,9% del PIB. Una parte vino de la privatización de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado: se privatizaron 83 empresas públicas (el número cayó de 213 a 130). Flávio Bolsonaro ha reiterado en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno Lula, la deuda pública ha aumentado hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere abrir mano del gasto social. “Mucho dinero en mano de pocos es pobreza”, argumentó Lula en la entrevista en vivo el pasado jueves.

Programas y gastos sociales. Lula aseguró hace unos días que el tijeretazo anunciado por Flávio Bolsonaro afectará a los gastos sociales, algo refrendado por la mayoría de economistas. Maria Lourdes Mollo, profesora de economía da Universidade de Brasília (UnB), declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer cortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando “políticas como 'Farmácia Popular', 'Minha Casa, Minha Vida' y 'Mais Médicos' perdieron recursos o fueron reducidos”.

El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generaliza en el gasto social del gobierno de Jair Bolsonaro. El programa 'Casa Verde Amarela', que substituyó al histórico 'Minha Casa, Minha Vida', redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales (13,8 millones de euros) a 29,7. La inversión en el 'Farmácia Popular', que facilita medicamentos gratuitos para las rentas más bajas, cayó un 59%. El Bolsa Familia, el programa social lanzado por Lula en 2003, renombrado como Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor. Sin embargo, fue debido a una medida legislativa del congreso durante la pandemia. Lula acaba de aumentar un 15% el Bolsa Familia, que afecta a 19,28 millones de familias. Cada una de ellas, pasará a recibir 691 reales (121 euros), en lugar de 600 (105 euros). 

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro apuestan por mantener el Bolsa Familia. Aun así, Flávio ha criticado el programa y quiere vincularlo a la creación de empleo.

Salarios y pensiones. Durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó a un círculo de empresario su plan sobre pensiones. La propuesta, que acabó filtrándose a la prensa, propone aumentar a 67 años la edad de jubilación (actualmente está en 65 para hombres y 62 para mujeres). Al mismo tiempo, la economista Laura Carvalho, autora del ensayo Valsa brasileira. Do boom ao caos econômico, denunció en el podcast Calma Urgente que Flávio Bolsonaro quiere desvincular el aumento de las pensiones al aumento del salario mínimo. La medida evitaría el ajuste automático del salario mínimo gracias a la Política de Valorização Permanente do Salário Mínimo, creada por Lula en 2003 y retomada en 2023. Aunque Jair Bolsonaro aumentó tanto el salario mínimo como las pensiones de acuerdo a la inflación, abandonó la política su revalorización que, además de la inflación, aplica también el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.

Por este motivo, el salario mínimo en Brasil se ha revalorizado proporcionalmente más durante el gobierno Lula. El salario mínimo en Brasil ha pasado de 1.212 reales (212,2 euros) al final del mandato de Jair Bolsonaro a 1.621 reales (283,8 euros) en 2026. El salario medio es de 3.777 reales.

Inflación y economía cotidiana. El gobierno Lula sale mejor parado que el gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a control de la inflación. El aumento de los precios acumulado durante el gobierno Lula, hasta septiembre, fue de un 17,9%, según el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En los últimos doce meses, la inflación de Brasil se sitúa en el 4,58%. Durante el gobierno de Bolsonaro, hasta septiembre de 2022, la inflación acumulada fue del 25,26%. El peor año fue 2021, cuando la inflación escaló a un 10,16% anual. Sin embargo, con el alza del precio de la gasolina por la guerra de Irán y de algunos productos agrícolas por el cambio climático y la demanda global (por ejemplo, el café) la sensación de que la vida está cara está generalizada. En agosto, durante los primeros días de la campaña electoral, el equipo de Flávio Bolsonaro viralizó muchos vídeos a pie de supermercado denunciando el alto precio de los productos. 

Patricia Costa, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), aseguró a TVT News, que la insatisfacción tiene su raíz en el fuerte aumento de los alimentos durante el gobierno de Jair Bolsonaro: “En la pandemia, el precio del aceite de soja se duplicó. Llegó a unos 6 reales (1,04 euros) y nunca más bajó. El conjunto de la cesta básica aumentó el 68% entre 2019 y 2022 en la ciudad de São Paulo y 14% durante el gobierno Lula”. Durante el gobierno Bolsonaro (entre enero de 2019 y agosto de 2022), los alimentos y las bebidas aumentaron un 44,2%, frente a un 17,1% del gobierno Lula hasta el pasado agosto. El boletín de Dieese revela que algunos productos como el arroz han disminuido su precio durante el gobierno Lula. El kilo de arroz, que llegó a costar en agosto de 2024, 5,88 reales (1,02 euros), cayó a 4,45 (0,77) en agosto de este año gracias a la Política Nacional de Abastecimiento Alimentar (PNAAB) puesta en marcha por Lula en diciembre de 2023 mediante decreto presidencial. El decreto facilita que el gobierno acumule reservas de alimentos básicos, para lanzarlos al mercado en tiempos de escasez. 

Endeudamiento familiar y apuestas online. En agosto, Brasil batió el récord de endeudamiento familiar. El 81,7% de las familias tiene algún tipo de deuda, según la Pesquisa de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic). “El gran villano continúa siendo la tarjeta de crédito. Muchas personas reciben límites de crédito mayores del que consiguen soportar”, aseguró la economista Carla Beni, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a G1.

Sin embargo, el verdadero aumento del endeudamiento se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si a comienzos de 2019, el porcentaje de familias endeudadas estaba en un 59,8%, a finales de 2022 alcanzó el 79,3%. Detrás de la relativa estabilidad del porcentaje de familias endeudadas durante el gobierno Lula están algunas políticas públicas del gobierno Lula, como el programa Desenrola 2, que disponibilizó dinero público del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para reducir deudas. Por otro lado, la gran apuesta para acabar con el endeudamiento de Lula ha sido la prohibición de las apuestas online. Las bets, como se conocen popularmente, representan el mayor motor del endeudamiento familiar en Brasil. Por otro lado, durante la campaña electoral, Lula consiguió presionar al Congreso y al Senado para la aprobación de un proyecto complementario de la ley de autónomos (Microemprendedor Individual en Brasil, MEI) que perdona parte de las deudas con los bancos públicos. La elevada tasa oficial de tipos de interés durante el gobierno Lula, establecida de forma independiente por el Banco Central, ha sido un impedimento para la reducción del endeudamiento familiar. En la actualidad es de un 13,75%. Jair Bolsonaro comenzó su mandato en 2019 con un 4,50% de tipos de interés. 

Por su parte, Flávio Bolsonaro se opone a la prohibición de las bets. Su propuesta para reducir el endeudamiento de las familias va en la dirección de Lula: comprar deudas y refinanciarlas con tipos de interés menor con dinero público. 

Poder adquisitivo, desigualdad y empleo. La renta domiciliar per cápita de Brasil alcanzó los 2.316 reales (405,4 euros), según el Instituto Brasileño Geoestadístico (IBGE). La cifra, un récord histórico, representa un aumento significativo (en 2022 era de 1.625). El aumento fue más acentuado en quienes ganan menos. A pesar de ello, el 10% más rico de la población aumentó un 8,7% su renta.

El aumento de la renta domiciliar per cápita, además de estar vinculado a los programas sociales, está directamente relacionado con a caída del desempleo. Lula ha conseguido el pleno empleo, situando la tasa de paro al 5,3% en agosto, según la Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). Jair Bolsonaro, cuyo gobierno registró un 14,2% de desempleo en 2020, acabó su mandato con un 8,4%. Además, durante el gobierno Lula el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%). Por otro lado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro Brasil entró en el mapa del hambre de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entre 2019 y 2021. Brasil volvió a salir del mapa del hambre en el trienio 2022-2024, cuando el porcentaje de la población que sufre con malnutrición o falta de acceso a la alimentación cayó a menos del 2,5%. 

La economista Juliane Furno, destaca en un artículo en Le Monde Diplomatique, la importancia de la exención de impuestos aprobada por el gobierno Lula a finales de 2025 para quien gana hasta 5.000 reales al mes (874,6 euros): “La exención del impuesto de la renta financiada por una tributación mínima sobre las altas renda representa el primer movimiento histórico concreto en décadas para volver menos regresiva la estructura tributaria brasileña”. Por otro lado, la reciente aprobación de la ley complementaria de autónomos aumenta el techo de facturación de 80.000 a 110.00 en 20227 y 140.000 en 2028.

PIB, bolsa y economía global. Cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, el país ocupada el noveno lugar en el ranking de economías del mundo. El decrecimiento de 3,3% en 2020 arrastró a Brasil hasta la decimotercera posición. A pesar de que Brasil creció en 2021 (4,8%) y 2022 (2,9%), no volvió a figurar entre las diez economías más grandes del mundo hasta el gobierno Lula. En 2023, Brasil volvió a ocupar la novena posición. Desde 2024 hasta la actualidad, Brasil ocupa el décimo puesto. Durante el gobierno Lula, el PIB de Brasil creció moderadamente: 3,2% en 2023, 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025 . En 2026, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento será de un 2,2%. El FMI prevé que sea la octava economía del mundo en 2027, con un PIB proyectado de 2,65 mil millones de dólares, muy cerca de Italia (2,7 mil millones) y de Rusia (2,83).

En comercio, externo, Lula sale mejor parado que Jair Bolsonaro. La balanza comercial durante el gobierno de Jair Bolsonaro acumuló un superávit de 208,5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Secretaría de Comercio Exterior. El gobierno Lula, hasta el mes de agosto, acumula un superávit de 365,9 mil millones. 

Por si fuera poco, Lula también ha conseguido atraer más capital extranjero que Jair Bolsonaro.

La bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). De enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026, el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño aumentó un 69,8%. Bajo la gestión de Bolsonaro, el índice subió apenas un 24,86%. De cualquier forma, el aumento de inversión extranjera está relacionado a los elevados tipos de interés. “Nuestros tipos de interés está algo por problemas fiscales. Si reduces un poco la tasa, el capital extranjero, se va”, aseguró Marx Gabriel, CEO de MB Consultoria, a UOL.

La Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag ha dado este viernes luz verde al proyecto de ley que establece un plan de pensiones infantil en virtud del cual todos los niños de Alemania recibirán un capital inicial de 10 euros al mes del Estado para incentivar el ahorro privado.

Podrán obtener la ayuda, previa solicitud de los tutores legales, todos los niños nacidos a partir de 2020 desde del momento en el que cumplan los seis años y hasta que cumplan los 18, si el proyecto de ley también recibe el visto bueno de la Cámara Alta o Bundesrat.

La suma acumulada será depositada en una cuenta a nombre del niño que se deberá abrir para este propósito en una sociedad gestora de fondos, la cual la irá invirtiendo en el mercado de capital.

A partir de la mayoría de edad, la cuenta pasará al sistema de previsión privada para la jubilación con ventajas fiscales.

Los 10 euros mensuales sumarán 1.440 euros al llegar el niño a la mayoría de edad, los cuales, según cálculos del Ministerio de Finanzas, con un rédito del 7 % anual y sin añadidos adicionales, crecerían hasta los 53.000 euros a los 65 años.

“Hoy tomamos una decisión histórica”, ha declarado ante el pleno del Bundestag el diputado socialdemócrata Michael Thews, que señaló que “ayudará a muchos a tener un plan decente de ahorro para la jubilación”.

Según sus cálculos, si se siguen añadiendo diez euros al mes después de los 18 años, la suma final podría traducirse en 200 euros más de pensión todos los meses, lo cual “marca una diferencia”.

El capital está vinculado al ahorro de cara a la pensión, así que no será posible retirarlo o utilizarlo para otro fin.

El Gobierno calcula que invertirá en la llamada “pensión de inicio temprano” 198 millones de euros el año que viene, que, con la inclusión de nuevas cohortes de edad, subirán hasta 2030 a 411 millones de euros anuales, hasta un gasto total de aproximadamente 1.200 millones euros entre 2027 y 2030.

Esta medida, que ya fue presentada en diciembre de 2025 en el marco de un proyecto de ley más amplio para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán, puede ser complementada con ingresos de los padres a una cuenta individual que pueden crear para sus hijos.

Los niños para los que no se abra una cuenta individual se beneficiarán de la ayuda mediante una inversión colectiva en los mercados de capitales bajo la gestión del Banco Central alemán o Bundesbank.

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-Ley con las ayudas por la guerra de Irán con los votos a favor de PP, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, entre otros, por lo que las rebajas fiscales a los combustibles, las medidas específicas para el campo y el transporte o el tope a la tarifa del gas para hogares vulnerables seguirán en vigor. Vox ha votado en contra.

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha defendido un texto que, ante la incertidumbre por la guerra y las tensiones en los mercados internacionales, “profundiza en una apuesta equilibrada” que protege a empresas y sectores afectados. En total, desde marzo se han movilizado 12.000 millones de euros para “continuar dando protección y seguridad de ciudadanos y empresas”.

Cuerpo ha asegurado que las rebajas fiscales a la gasolina y al gasoil están funcionando y las gasolineras las están aplicando íntegramente en los precios. Según ha destacado el ‘número dos’ del Ejecutivo, al día siguiente de aprobarse el nuevo Real Decreto-Ley de ayudas, el 82% de las gasolineras “ya había trasladado el total de esta reducción impositiva”.

El vicepresidente ha apuntado que el alivio fiscal está permitiendo compensar el 60% del aumento del coste de la gasolina y un 40% en el caso del diésel.

La nueva rebaja fiscal aprobada a finales de septiembre contempla un recorte de 20 céntimos para el mes de octubre, a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de 13 céntimos por litro en noviembre y 6 en diciembre, con una cláusula de salvaguarda en el caso de que los precios superen un incremento del 15% interanual. El dato de inflación de septiembre ha confirmado este extremo, por lo que la rebaja equivalente de 20 céntimos permanecerá en noviembre.

Medidas para la TUR, el campo y el transporte

Además, la norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, topando el componente relacionado con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025 y también una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Para el campo, un sector prioritario, el decreto amplía “por un lado, el plazo de vigencia de la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios” que finalizará a finales de este año. “El importe para el cálculo de la ayuda correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 será hasta el 70 por ciento de la diferencia entre el precio medio del gasóleo agrario de la semana y el precio del gasóleo agrario antes del inicio del conflicto, sin que, en ningún caso, pueda superar los 0,2 euros por cada litro de gasóleo”. Asimismo, se amplía igualmente la ayuda compensatoria a empresas armadoras de buques pesqueros por el incremento de costes productivos provocados por el aumento del precio de los combustibles.

En cuanto al transporte, el texto recoge la prórroga, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, de la “ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional”.

El texto recoge que el “importe de la ayuda ascenderá a 5 céntimos de euro por cada litro de gasóleo utilizado como carburante en el motor de los vehículos” de transporte por carretera “en los suministros realizados durante el mes de octubre de 2026”. Pasará “a 12 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de noviembre de 2026 y a 19 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de diciembre de 2026”. Además, recoge que “si por aplicación del mecanismo de salvaguarda, la bajada del tipo de gravamen del gasóleo fuera mayor en el mes de noviembre, el importe de la ayuda será de 5 céntimos por litro y, en el mes de diciembre y según el caso, de 5 ó 12 céntimos por litro”.

Por último, en el ámbito ferroviario, recoge el Real Decreto-Ley, “se establece una línea adicional de ayudas directas, complementaria” a lo últimos planes de ayuda aprobados por el Ejecutivo “destinada a compensar el impacto persistente de los costes energéticos sobre las empresas operadoras, evitando efectos de expulsión de este modo de transporte que puedan comprometer los objetivos de sostenibilidad y eficiencia del sistema logístico”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abierto la puerta a aprobar la subida de las pensiones de cara a 2027 estando en funciones y que el Real Decreto-Ley que la articule sea aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, dado que los plazos por el adelanto electoral obligarían a un nuevo Gobierno a hacerlo ya entrado el año.

En una entrevista en TVE, el ‘número dos’ del Ejecutivo ha subrayado que el dato con el que se actualizarán las pensiones el próximo año se conocerá el viernes 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones y la fecha en la que el INE publicará el dato adelantado de la inflación correspondiente a ese mes.

“En este caso las fechas no juegan a favor de tener aprobado en Consejo de Ministros esa actualización de las pensiones. El mensaje que puede darse de manera inequívoca es de tranquilidad a los pensionistas, de que esa actualización se va a hacer, independientemente de que el Real Decreto-Ley vaya dos días después de las elecciones”, ha dicho.

El Gobierno entrará en funciones de manera automática tras los comicios, con una capacidad legislativa muy limitada hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo con la nueva mayoría que salga de las urnas. Pero el vicepresidente ha subrayado que la aprobación de ese Real Decreto-Ley, que después podría ser avalado por la Diputación Permanente del Congreso, estaría justificado por la “urgente necesidad” y el “interés general” y cree que todos los partidos estarían por la labor de que se le diera luz verde cuanto antes.

El Ejecutivo recuperó la indexación de las pensiones al IPC en la reforma de 2021, que estableció la media de la inflación de los doce meses previos a noviembre (este incluido) como la referencia para subir estas pagas. Con todo, el INE publica un avance a finales de mes y confirma el dato ya entrado diciembre. Habitualmente, el Ejecutivo ha aguardado hasta esta última fecha para confirmar la cifra definitiva.

Mensajes “alarmistas e infundados”

Además, el vicepresidente ha cargado contra los mensajes “alarmistas e infundados” del PP y Vox sobre las pensiones públicas y les ha acusado de tratar de generar “incertidumbre” a la población sin aportar soluciones. “Si el sistema está a punto de explotar, como dice la portavoz del PP, ¿cuáles son las soluciones? Aquí tenemos un vacío o una ausencia de transparencia más allá de decir que esto lo arreglará el PP cuando venga”, ha dicho.

“Tenemos que ser muy claros: las pensiones son sostenibles, están garantizadas y su actualización a la subida de los precios también. Esto lo hicimos en la reforma de 2021 y así va a seguir siendo”, ha insistido el ‘número dos’ del Ejecutivo, que ha recordado que esos cambios legislativos –divididos en dos patas acordadas con los sindicatos y, la primera de ellas, también con los empresarios– contempla mecanismos para asegurar su sostenibilidad.

“Tenemos la responsabilidad de actuar con rigor y transparencia”, ha insistido, que ha subrayado que tras las propuestas de PP y Vox “subyace un modelo distinto del que defendemos nosotros, que es público y sostenible hacia delante”.

Llenar la cesta de la compra en Canarias se ha convertido en una escalada interminable. Desde 2021, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha mantenido una tendencia al alza, impulsada, en buena medida, por el encarecimiento de los carburantes y la energía, en un contexto internacional marcado por los conflictos de Irán y Ucrania. En el Archipiélago, esta escalada de precios se ve agravada por la insularidad, que encarece el transporte de mercancías, y por la elevada dependencia de los productos procedentes del exterior. El resultado es una cesta de la compra que se sitúa entre las más caras del país, un contraste incuestionable con los salarios, que se sitúan entre los más bajos.

Los datos publicados por el ISTAC el pasado 7 de octubre reflejan que los alimentos y las bebidas cuestan en Canarias un 0,98% más que en el resto de España. Sin embargo, cuando se aísla el efecto fiscal de impuestos como el IGIC en el Archipiélago y el IVA en el territorio peninsular, la brecha se dispara hasta el 7,81%. La diferencia alcanza el 7,65% en los alimentos y el 9,90% en las bebidas no alcohólicas.

Este sobrecoste resulta aún más asfixiante en una comunidad donde el salario medio anual es el segundo más bajo del país. En Canarias, un trabajador percibe una media de 23.096,92 euros al año, unos 9.216 euros menos que un empleado del País Vasco, la comunidad con los salarios más elevados de España.

El supermercado más barato en Canarias: dónde ahorrar en la cesta de la compra

Elegir el supermercado en el que hacer la compra también puede marcar una diferencia considerable en la economía doméstica. El último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que analiza los precios de la cesta de la compra, sitúa a varias ciudades y establecimientos del Archipiélago entre los que presentan mayores diferencias de precio.

El análisis incluye 244 productos de 80 categorías, desde alimentos frescos y productos envasados hasta artículos de higiene y droguería, tanto de primeras marcas como de marca blanca.

En este contexto, Las Palmas de Gran Canaria destaca como la ciudad donde existe una mayor diferencia entre hacer la compra en el supermercado más barato y hacerlo en el más caro. Según los datos de la OCU, elegir el establecimiento más económico puede suponer un ahorro anual de hasta 2.167 euros frente a la opción más cara.

La asociación señala a Supercor, Hipercor y El Corte Inglés entre las alternativas más costosas que operan en la isla, con subidas de precios que han llegado al 2,7%. En el extremo contrario, Alcampo se ha mantenido como una de las referencias de bajo coste en el Archipiélago, aunque su ventaja se concentra sobre todo en Telde. Carrefour ha ganado terreno hasta consolidarse como una de las opciones más económicas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mientras que Aldi destaca por sus precios en San Cristóbal de La Laguna.

La evolución de determinados alimentos evidencia, además, la magnitud del encarecimiento acumulado en los últimos años. El café molido mezcla más económico ha subido un 142% en cinco años, mientras que los huevos han registrado un incremento del 135%. En 2025, los productos frescos también han experimentado importantes aumentos, con una subida media del 4,7%. El pescado encabeza los incrementos, con un 8,6%, seguido de la carne, con un 3,7%, y de las frutas y verduras, con un 3,5%.

En el caso del plátano de Canarias, el precio ha protagonizado un repunte especialmente pronunciado después de caer hasta los 0,32 euros por kilo. En apenas una semana, la cotización ascendió hasta los 0,52 euros, un incremento del 63%. La recuperación supone un alivio para los agricultores, cuyos costes de producción se sitúan entre los 0,80 y los 0,90 euros por kilo.

Las diferencias entre establecimientos confirman que elegir dónde comprar puede aliviar el presupuesto familiar, pero también que no existe una única cadena que garantice siempre los precios más bajos en todas las islas y ciudades. El coste final depende de la localidad, del supermercado y de los productos incluidos en la cesta. La OCU también aprecia comportamientos distintos según la categoría: Mercadona destaca por una mayor contención en los artículos económicos, Aldi sobresale en los productos frescos y Lidl mantiene una posición más equilibrada entre los distintos grupos de productos.

Galicia, un espejo de la desigualdad en la cesta de la compra

Es inevitable hacer una comparación con otras comunidades autónomas. Y esto, permite dimensionar aún más el esfuerzo que supone llenar la nevera en Canarias. Galicia y otros territorios con precios más contenidos ofrecen un escenario muy distinto al del Archipiélago, donde el encarecimiento de los alimentos coincide con una capacidad adquisitiva limitada.

Mientras Canarias se sitúa entre las comunidades con mayores dificultades para hacer frente al coste de la cesta básica, Galicia figura entre las regiones más económicas para realizar la compra.

A esta diferencia se suma la brecha salarial entre ambos territorios. En Galicia el sueldo medio anual es 3.530 euros mayor que en el Archipiélago, según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El contraste resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que las diferencias no responden únicamente al precio que aparece en la etiqueta. En Canarias, el sobrecoste asociado a la insularidad, las diferencias entre establecimientos y la menor capacidad salarial se acumulan y reducen el margen de las familias para hacer frente a otros gastos esenciales.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió 6 décimas hasta el 5,3% en Madrid en septiembre en tasa interanual , según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan cinco meses de subidas en Madrid. En términos mensuales, la inflación en Madrid aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,8%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 11,5% más que en septiembre de 2025 (+1,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,9% (-1,7 puntos).

Por su parte, restaurantes y servicios de alojamiento marcan un 5,7% (+0,9 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4% (+3,2 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,1% (+0 puntos) ; enseñanza, un 2,1% (-0,5 puntos); sanidad, un 2,6% (+0 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 2,8% (-0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%. Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla - La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria y Castilla y León (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Asturias y Catalunya(4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla - La Mancha (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Euskadi (+0,5%) Catalunya (+0,5%) y Aragón (+0,5%).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confirmado este martes que España será, por tercer año consecutivo, la líder de las grandes economías avanzadas, con una previsión de crecimiento del 2,5% en 2026, por encima de la de Estados Unidos (2,3%) y más que duplicando la de la zona euro (1,1%).

La institución con sede en Washington D.C. ha publicado su nueva edición de su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), titulado “Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes”. El nuevo cuadro de previsiones mejora en cuatro décimas la proyección de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España, hasta el 2,5%, y mantiene en el 1,8% la de 2027, sin cambios.

La de España es, tras Alemania (seis décimas, hasta un crecimiento del 1,3%), la mayor revisión de las economías avanzadas, en un contexto en el que la economía mundial se ha comportado “mejor de lo esperado” y con una “notable capacidad para absorber los shocks”.

El dinamismo de España, detrás de la mejora para el euro

El FMI no espera que el estrecho de Ormuz, cuyo cierre es causa de gran parte de los desequilibrios que experimenta la economía global, se reabra hasta marzo de 2027, un año después de los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán que desataron el conflicto en Oriente Medio. Pero la actividad no se recuperará por completo, estima la institución, hasta octubre de ese mismo año.

El dinamismo de la actividad de España, destaca el FMI, es, una de las razones por las que la zona euro ha aguantado mejor de lo anticipado, junto con el irregular comportamiento del PIB de Irlanda. La previsión es que el conjunto de la moneda única crezca un 1,1% este año, dos décimas por encima de lo previsto, y un 1,2% el que viene. La previsión para las cuatro grandes economías del euro constata que España avanza el doble que Alemania (1,3%), el triple que Italia (0,8%) y seis veces más que Francia (0,4%), cuya proyección se ha revisado a la baja en medio de las dudas sobre su deuda.

Pero la actualización de las proyecciones del FMI confirma a España como líder de las economías avanzadas en 2026, por encima de EEUU (que crecerá un 2,3% tanto este año como el que viene), del Reino Unido (1,3%), Canadá (1,1%) o Japón (0,7%).

El FMI se sitúa no solo en el consenso de observadores nacionales como el Banco de España o BBVA Research, sino también confirma el liderazgo internacional que ya avanzaba la OCDE a mediados de septiembre. Habitualmente el FMI es de las instituciones más lentas en recoger la mejora de las previsiones. El dato de 2026 constata un crecimiento sólido, pero tanto el Banco de España como el BBVA prevén avances superiores al 2% ya para el año que viene.

En el lado negativo, el FMI contempla que la inflación en España sea más duradera de lo previsto anteriormente. En concreto, los precios subirán un 3,7% de media este año, aunque el alza se ralentizará hasta el 2,7% el próximo.

“El escenario fragmentado deja a la economía mundial vulnerable frente a los contratiempos previenentes de ambas direcciones. Los vientos de cara derivados de una guerra prolongada y de persistentes tensiones geopolíticas podrían reactivar las presiones inflacionistas, tensar las posiciones fiscales y externas y afectar con mayor dureza a los países importadores de energía y a las naciones con bajos ingresos”, recoge el documento.

Además, el impulso de las inversiones en IA, que está sosteniendo en buena parte el crecimiento global, podría detenerse si se revisan las expectativas sobre los beneficios y las ganancias de productividad.

El Banco de España ha elevado al 2,6% su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año, dos décimas más que en su informe de junio, y ha mejorado también la proyección para 2027 hasta el 2,2% (0,5 puntos más), dado el “notable dinamismo” y “resiliencia” que está mostrando la economía española.

A dos meses del cierre del año, la institución liderada por el gobernador José Luis Escrivá se suma al consenso de la mayoría de observadores económicos nacionales e internacionales y anticipa que la actividad en España, lejos de estancarse como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, mantendrá el mismo ritmo que en 2025.

El Banco de España está sorprendido por la capacidad de resistencia y adaptación de la economía española, especialmente en relación con las principales economías europeas, con las que no cierra la brecha de crecimiento. El crecimiento esperado tanto en Francia como en Italia para 2027 es, por ejemplo del 0,5%, por encima del de Alemania, a pesar de su notable aumento del gasto, sobre todo en defensa.

La institución apunta que, “pese al complejo contexto internacional y al encarecimiento de la energía, la economía española mantiene un notable dinamismo en 2026”, gracias al tirón del consumo privado, favorecido por la creación de empleo, el crecimiento de la población, el aumento de la renta disponible y unas condiciones financieras que, hasta hace poco, han sido relativamente favorables. La subida de los tipos de interés, así como el shock inflacionario, se afrontan con un importante colchón de ahorro por parte de familias y empresas, destaca la entidad, lo que asegura una demanda nacional todavía fuerte, sobre todo si la crisis es transitoria.

Las medidas del Gobierno recortan 10 puntos la subida de la energía

El informe sobre la economía española del tercer trimestre, presentado este viernes, también revisa notablemente al alza las previsiones de inflación, que será no solo más alta de lo que se esperaba, sino también más duradera.

Así, la subida de precios medida a través del Índice Armonizado de Precios al Consumo –que utiliza una cesta común de productos y se emplea para comparar con el resto de países del euro– será del 3,9% en 2026, tres décimas más de lo anticipado, mientras que en 2027 la inflación apenas se ralentizará hasta el 3,7% (1,1 puntos porcentuales más que en junio). Por comparar, este indicador cerró 2025 en el 2,7%.

Si bien el grueso de la subida de la inflación se debe al incremento de los precios energéticos –su alza interanual se situó en el 22% en septiembre, 15 puntos más que en abril–, la entidad también prevé un empeoramiento de los datos de la tasa subyacente, la que excluye la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos de su cómputo. Esta se situaría en el 3,4% este año y en el 3,5% el que viene. Los economistas consideran esta cifra como la inflación “núcleo” del sistema productivo, por lo que un empeoramiento anticipa que las presiones de precios de la energía permeará al resto de sectores.

Como nota positiva, el Banco de España calcula que las medidas que ha adoptado el Gobierno para hacer frente a la subida de precios –las últimas, hace una semana, antes del adelanto electoral, con una ampliación de la rebaja fiscal a los carburantes y un tope a la subida de la tarifa regulada del gas– han permitido contener la escalada. “En ausencia de medidas, la inflación energética media en el período abril agosto habría superado en casi 10 pp a la observada y se habría situado por encima de la de la Unión Monetaria”, destaca el documento.

El supervisor calcula que el Gobierno ha movilizado en torno al 0,52% del PIB en ayudas y rebajas de impuestos frente a la guerra, que ha permitido un ahorro directo a los hogares de 3.675 millones de euros.

Además, la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) recoge una mejora en la percepción del impacto del conflicto sobre los negocios de las compañías sondeadas. Así, la proporción de empresas que declaran efectos negativos o muy negativos sobre la demanda internacional se recorta al 27,8%, desde el 30,3% de la anterior oleada, y en cuanto a la actividad nacional se rebaja al 33,7% (desde el 36,5%) frente al trimestre anterior. Las empresas también perciben una mejora de sus efectos sobre la inversión: aquellas que señalan un efecto negativo por el avance de la incertidumbre son el 40,9%, por debajo del 43,2%. Todo esto mientras mejoran las perspectivas, en general, de cara al cierre de año.

La inversión en vivienda se enfrenta a restricciones

El informe del Banco de España no abunda en la crisis de vivienda ni analiza los decretos aprobados por el Ejecutivo en respuesta al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada de su hogar por la empresa Urbagestión y que falleció esta semana tras 15 días en el hospital y sin haber vuelto a la que fue su casa durante 70 años.

Pero sí apunta que la inversión en residencial “mantiene un crecimiento más moderado de lo previsto”, ante la persistencia de determinadas restricciones sobre la oferta: un menor ritmo en la ejecución de los visados y una disminución de la tasa de finalización de nuevas viviendas, la aceleración de los costes de los factores productivos o las dificultades en el acceso y la conexión a la red eléctrica, que limitan nuevas promociones. Si bien las cifras de casas iniciadas desde 2024 y la evolución de la financiación apuntan a un 2027 mejor, “esta evolución futura se encuentra condicionada por la persistencia de restricciones de naturaleza estructural, como son la insuficiencia de mano de obra, la lentitud de los desarrollos urbanísticos o la escasez de suelo finalista”.

Sobre los textos aprobados por el Ejecutivo, cuya decaída propició el adelanto electoral, el director general de Economía de la entidad, David López Salido, ha apuntado durante la presentación del informe que se evaluarán sus efectos con datos, pero que ahora “es demasiado pronto” y “muy aventurado pensar en evaluarlos y su impacto en las finanzas públicas”.

El puente del 12 de octubre llega a las gasolineras de Madrid con precios muy dispares, en su mayoría bastante elevados debido al elevado nivel del barril de Brent por la guerra abierta en Irán, que bloquea el paso de este material por el Estrecho de Ormuz.

El alza, sin embargo, ha sido moderada por una rebaja en el impuesto sobre hidrocarburos que entró en vigor el pasado 1 de octubre y que se notará con más intensidad en las próximas semanas, a la espera de cómo evolucione el conflicto bélico.

Esta situación geopolítica tan lejana tiene impacto directo en las gasolineras de Madrid, que rondan los dos euros de precio por litro en la mayoría de surtidores para la gasolina 98, según datos actualizados del sector recopilados por este periódico. que mostramos a continuación.

La gasolinera más barata para llenar el depósito con gasolina 98 es según esta recopilación la situada en el Alcampo de Puente de Vallecas (C/ José Paulete), con 1,74 euros el litro. Precios similares (a 1,75 euros) presentan otros surtidores de la misma marca en Alcorcón y Fuenlabrada. La gasolinera más cara de esta categoría está en el Ensanche de Vallecas, con 2,24 euros por litro, mismo precio que otra situada en San Martín de la Vega.

El diésel más barato hay que buscarlo al sur de Madrid. Una gasolinera de Ciempozuelos (Plenergy) lo vende estos días a 1,68 euros el litro, que también tiene el precio más bajo para la gasolina 95, a 1,58 euros. En esa misma localidad, otro establecimiento cercano ofrece el primero a 1,70 euros y la segunda a 1,60 euros. Precios baratos también se ofrecen en otros surtidores de Alcorcón (de nuevo Plenergy y Alcampo) a 1,71 euros y en Fuenlabrada (Alcampo), también al mismo precio.

En el otro extremo de la estadística se encuentra una gasolinera de Meco, en el extremo noreste de la Comunidad, que ofrece el litro de diésel a 2,10 euros por litro y la gasolina 95 también al mismo precio.

Cómo ha evolucionado el precio de la gasolina en Madrid

Después de un verano con los precios contenidos gracias a las rebajas impulsadas por el Gobierno para contener el alza, en agosto comenzó la escalada hasta llegar a los máximos del mes de septiembre, según se puede comprobar en el siguiente gráfico.

Los precios medios, sin embargo, no han llegado al récord que alcanzaron durante la primera fase de la guerra en Ucrania, cuando los surtidores llegaron a ofrecer el diésel a 2,13 euros de forma generalizada.

Buscador de gasolineras

BBVA Research ha subido hasta el 2,6% su proyección de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España para 2026, dos décimas más que en su anterior estimación de junio, ante la pujanza del consumo interno por las mejoras en el empleo y las rentas, aunque el encarecimiento del petróleo y del gas, junto con el endurecimiento de los tipos de interés, nubla el horizonte.

El centro de estudios de la entidad ha presentado este miércoles su informe Situación España, en el que actualiza el escenario macroeconómico que prevé para este ejercicio y el siguiente. En el caso de 2027, mantiene en el 2,1% su estimación del crecimiento del PIB.

Pero la subida de los precios, alimentada por el enquistamiento de la guerra en Oriente Medio, podría recortar ese crecimiento. BBVA Research estima que la inflación será del 3,6% este año, de media, mientras que será del 3,2% el que viene. Si bien el dato de 2026 mejora en relación con el informe de junio (son dos décimas menos), empeora la cifra de 2027 en cuatro décimas, lo que anticipa una inflación más pegajosa de lo anticipado.

Según los cálculos de los economistas de la entidad, el incremento en el coste del petróleo y del gas podría restar entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales al aumento del PIB y sumar entre 0,8 y 0,9 puntos a la inflación hasta finales de 2027.

“Ante una perturbación transitoria, los hogares pueden amortiguar inicialmente la pérdida de poder adquisitivo reduciendo su tasa de ahorro o recurriendo al crédito, mientras que la política fiscal puede limitar temporalmente su impacto sobre las rentas y los costes. Sin embargo, la capacidad de estos mecanismos para sostener el gasto disminuye a medida que el shock se prolonga, lo que aumenta la probabilidad de que el ajuste termine trasladándose al consumo y la inversión”, destacan. 

Una inversión en vivienda más débil de lo esperado

Sobre la política monetaria, la entidad apunta a una subida de tipos adicional por parte del Banco Central Europeo en diciembre, que coloque la referencia en el 2,75% y se mantenga así durante el que viene. Esto, calculan, podría restar 0,3 puntos porcentuales al crecimiento promedio de 2026 y 2027. Esto podría golpear directamente a la inversión, una de las variables clave para sostener el crecimiento ya no solo a corto plazo, sino en el medio y largo. La expectativa, eso sí, es que la inversión en vivienda siga creciendo.

“Dentro de las revisiones que ha hecho el INE de la serie desde 2023 hemos visto una evolución más débil de la que teníamos hasta el momento”, ha explicado el economista jefe para España y Portugal, Miguel Cardoso, durante la presentación del informe. “La evolución durante los últimos nueve meses ha sido bastante más débil de lo que en principio teníamos y es más consistente con tener en el rango de 130.000-140.000 viviendas terminadas en 2026 y 2027, que entre las 140.000-160.000 que pensábamos que íbamos a estar, sobre todo de cara al año que viene”, ha incidido.

La expectativa es que los precios de la vivienda se desaceleren. Este año crecerán un 11,5% (11,2% en 2025), pero se recortará esta tasa hasta el 5,5% el que viene. Entre otras cosas, porque los precios ya elevados limitan mucho el acceso a la vivienda ante una limitada oferta que no es capaz de dar respuesta a la demanda.

Como nota positiva, el gasto de los turistas se ha acelerado favorecido no solo por el contexto geopolítico, con numerosos viajeros optando por España en lugar de los destinos en Oriente Medio, sino también por la desestacionalización y diversificación de los destinos, ya no concentrados únicamente en la costa y en verano. Además, el BBVA estima que las familias y las empresas están mejor preparadas ante un endurecimiento de la política monetaria. Por otro lado, tanto el desarrollo de la IA como el incremento del gasto en defensa podría dar un empujón adicional a la economía.

Además, BBVA calcula que el mercado laboral seguirá tirando de la economía, y no solamente por el efecto de la regularización extraordinaria. Se espera que el empleo crezca un 2,4% este año (en torno a 528.600 puestos más, medidos en términos de la Encuesta de Población Activa) y el 2,0% el siguiente (464.300 trabajos) como consecuencia del incremento en la población activa, beneficiado por el aumento de la tasa de participación. El paro se situará por debajo del 10% ya este año (9,9%) y el que viene (9,5%).

En cuanto a los riesgos a la baja, la entidad recuerda que “persisten desafíos que podrían intensificar la desaceleración durante los próximos meses”. Entre ellos, la congestión de la red eléctrica, el relevo generacional, la falta de vivienda a precio asequible y las dudas de cómo se abordará la consolidación fiscal de las cuentas públicas. Si bien el informe no hace referencias al adelanto electoral, BBVA señala: “La incertidumbre sobre política económica puede volver a aumentar”.

Aunque son la causa principal de cambio climático, los gobiernos pagan ahora mucho más en subvenciones al petróleo, el gas o el carbón que el año en el que se firmó el Acuerdo de París. O dicho de otra manera: destinan actualmente mucho más dinero público a financiar la producción y uso de los combustibles fósiles que provocan la crisis que ese acuerdo pretende atajar.

Si en ese 2015 las subvenciones directas llegaron 330.000 millones de dólares, cinco años después, en 2020, los subsidios directos sumaron 450.000 millones. Para 2024 —tras pasar por un pico de un billón en 2022— llegaron a 730.000 millones, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Este 2026, “las subvenciones directas van camino de alcanzar otra vez el billón de dólares y podrían llegar a 1,4 billones si el barril de crudo costara 110 dólares”, según ha calculado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

A pesar del diagnóstico científico, la dependencia del petróleo o el gas se ha dejado sentir implacablemente desde que estalló la guerra en Ucrania (2022) y le siguió el ataque de EEUU e Israel a Irán en Oriente Próximo (2026).

Así que, esta misma semana, el Gobierno ha decidido prorrogar las ayudas directas a la gasolina y el diésel en España —además de limitar la tarifa del gas—. La subvención consiste en una rebaja fiscal en el Impuesto Especial de Hidrocarburos: 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre.

Cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado

Pep Canadell — científico jefe del Centro de Investigaciones Científicas de Australia

El científico jefe del Centro Nacional de Investigación Científica de Australia (CSIRO), Pep Canadell, explica que “cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado”. Hay que tener en cuenta que la situación en el mundo es bastante diferente a España —que tiene diversas fuentes de energía— “en muchas partes los combustibles fósiles son el 80% o más de la energía”, aclara Canadell que también es director ejecutivo de Global Carbon Budget.

Detrás de las ayudas en España está el temor a la inflación. De hecho, el IPC escaló hasta el 4,9% en septiembre empujado por el precio de los combustibles. El coordinador del área de energía y clima en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, afirma que “de alguna forma, estas reducciones contienen el descontento de la población y evitan una presión social mayor para que las energéticas ajusten sus precios cuando bajan sus costos como sí hacen cuando incrementan los precios”. Y añade: “Vemos que grandes corporaciones tienen beneficios millonarios que apenas son gravados por lo que son las clases populares las que absorben el impacto del alza de los combustibles fósiles”.

Ambos conflictos bélicos han servido para que las petroleras den la vuelta a la imagen de los combustibles fósiles: de causa de un gran problema mundial como es el cambio climático a solución para tener seguridad energética. Y, a caballo de ese relato, las petroleras baten récords de beneficios en 2026.

Detrás de todas estas ayudas públicas encontramos que, en 2025, las emisiones mundiales de CO₂ por usar combustibles fósiles marcaron un nuevo récord histórico: 38.100 millones de toneladas. Un incremento del 1,1%. Ese y otros gases son los que, al acumularse en la atmósfera, atrapan el calor del sol, generan el calentamiento global del planeta y, de ahí, la alteración del clima que ya padecemos: olas de calor, sequías, tormentas más violentas, inundaciones o incendios forestales inextinguibles.

Cada vez que llega una crisis energética se repite el mismo dilema para los gobiernos. “Las subvenciones están pensadas para proteger a los consumidores al mantener los precios más bajos, pero conlleva un coste sustancial”, explican los análisis del FMI. No solo fiscales, al exprimir los presupuestos, sino que también “empeoran el cambio climático y la salud”.

Además, repite el FMI, “no están bien orientados hacia las rentas más bajas ya que el 20% de los hogares más pobres solo reciben 20 céntimos de cada dólar destinado a subvencionar combustibles”.

“Claro que hay buenas razones para estos subsidios —opina Pep Canadell— pero miles de millones cada año colocan al petróleo, el gas o el carbón en una situación de ventaja competitiva muy grande. Se está produciendo una transformación energética, pero el ritmo así es muy lento”.

La presión del 'petrolobby'

El responsable de clima, energía y transporte de Greenpeace, José Luis García Ortega, considera que el Gobierno “ha cedido a las presiones del lobby de los combustibles fósiles” y aboga por que ese dinero se destinara “a apoyar a la población para defenderse de la dependencia de los combustibles fósiles. Las subvenciones a la gasolina y el gasoil deberían usarse para ayudar al transporte público, por ejemplo ampliando el alcance del abono único, de manera que la gente no necesite utilizar tanto combustible fósil”.

Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles. Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes

Javier Andaluz — coordinador de Energía y Clima en Ecologistas en Acción

La capacidad de la industria del petróleo y el gas para influir en las políticas públicas —petroestados como Arabia Saudí incluidos— ha quedado patente al ver que las palabras combustibles fósiles no aparecieron en todo el texto del Acuerdo de París y solo se consensuó pedir una “transición lejos” de estos productos en la cumbre del clima de Qatar en 2023.

El informe de la Comisión Europea sobre subvenciones a la energía publicado este septiembre confirma que “queda mucho por hacer si la Unión Europea quiere mantener su compromiso de dejar estos subsidios completamente en 2050”. Los 27 dedicaron en 2024 unos 97.000 millones de euros a subvencionar estos combustibles. Es menos que en el pico de 2022, pero muy por encima de la media 2015-2019 situada en 60 millones (un salto del 60%).

“Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles”, reflexiona Javier Andaluz. “Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global de carburantes. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes de los combustibles fósiles”.

Sin embargo, la reducción de uso no aparece en el horizonte: “Se pretende regular con medidas que son un poco café para todos y que, al final, incentivan su uso. Además, ayudan a las clases con rentas más altas —que son las que pueden consumir más fósiles— y hacen que mantengan esa demanda alta y, por tanto, continúe la escalada de precios”.

Y con la escalada de precios se atornilla las ayudas públicas a la causa de la crisis del clima. “Las grandes energéticas están haciendo ahora una cantidad de dinero tan grande que les permite hacer inversiones muy fuertes en infraestructuras para seguir extrayendo combustibles fósiles”, ilustra el director del CSIRO. “Y son inversiones a muy largo plazo, 50 o 60 años que seguirán funcionando mientras haya un comprador. Y eso les asegura el futuro”.

Los congresistas y senadores republicanos lo tienen complicado. Tienen que pedir el voto a sus electores en un contexto de precios desbocados, sobre todo los de los combustibles, tipos de interés al alza por la persistente inflación causada por una guerra que iba a durar cuatro semanas y lleva ya siete meses en plena contradicción con el America First. Pero no solo: los republicanos se beneficiaron del voto latino hace dos años, pero esa comunidad es la que más está sufriendo la represión de la migración ejecutada por el brazo armado de Donald Trump, el ICE.

“En mi barrio han desaparecido más de 70 personas”, cuenta un conductor guatemalteco en Washington DC: “Todos nos avisamos de las redadas del ICE, pero hay chivatos que les informan de dónde se reúnen los latinos para venir a detenerlos. Y hay otros que se han ido por su cuenta para evitar la deportación. La situación es horrible”.

Hasta tal punto hay temores en las filas republicanas al efecto electoral de la represión migratoria, que en los últimos meses se está intentando llevar de forma discreta, incluso acelerando el ritmo de detenciones —con 43 000 en junio, más de 49 000 en julio y casi 51 000 en agosto—.

Así, la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, ha publicado un vídeo en el que critica directamente la represión migratoria de la Administración Trump, en lo que supone una señal de alerta sobre la erosión del apoyo a los republicanos entre los votantes hispanos.

“Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos”, dice Salazar a la cámara: “Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten hoy traicionados”. Salazar, que cumple su tercer mandato, fue reelegida con una ventaja de 20 puntos porcentuales en 2024 y forma parte de la cúpula republicana de la Cámara de Representantes. Y las encuestas ahora le dan un empate técnico con el candidato demócrata, Eliott Rodríguez.

Pero la respuesta de Trump está siendo convertir las elecciones legislativas en un plebiscito sobre sí mismo y su presidencia, convencido de que es la mejor carta de presentación para sus candidatos por todo el país, por mucho que sus candidatos teman la reacción de los votantes ante el concepto del momento, la affordability —los costes de la vida, desde la cesta de la compra hasta la vivienda, pasando por la sanidad y los cuidados—, que supone una impugnación al Gobierno de Trump, lastrado por los efectos de la guerra en Irán, la represión migratoria y los aranceles.

Y todo ello, unido al miedo a un supuesto enemigo interno comunista y la oferta para comprar votos. “Ahora tenemos comunistas en toda regla que se presentan a las elecciones en Míchigan, en Texas… son comunistas”, decía este jueves en un acto en Oklahoma: “Apuestan por el comunismo. Se han saltado el socialismo… pero si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, voy a dar a todos los ciudadanos adultos de EEUU un cheque de 5.000 dólares cada uno. Y los republicanos pueden hacerlo y los demócratas no, porque estamos recaudando enormes cantidades de dinero gracias a los aranceles y a un éxito económico sin precedentes, y las políticas demócratas no permiten que esto suceda… queremos reducir vuestros impuestos”.

Eso sí, los aranceles, unos 30.000 millones mensuales, no dan para cubrir ese coste de 1,3 billones de dólares, al margen de que ya ha hecho promesas similares anteriormente sin cumplirlas.

En este sentido, este viernes se ha conocido que las empresas apenas crearon 29.000 puestos de trabajo en septiembre. Así, la creación de empleo descendió desde los 133.000 puestos de trabajo de agosto, según el Departamento de Trabajo, con lo que la tasa de desempleo subió hasta un 4,2% desde el 4,1%. Los economistas esperaban que la creación de empleo en septiembre se situara en torno a los 90.000 puestos de trabajo, informa AP.

En este contexto, los estadounidenses se sienten profundamente frustrados con la gestión económica de Trump, por mucho que él diga cada día que EEUU es el país “más en forma [hottest] del mundo”. Y la mayoría critica su actuación y culpa a sus políticas.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research —realizada a 2.140 adultos, del 24 al 28 de septiembre— revela que solo el 17% de los adultos estadounidenses aprueba la gestión del presidente republicano en lo que respecta al coste de la vida. Apenas el 26% aprueba su gestión de la economía en general, lo que supone un nuevo mínimo histórico.

Una mayoría, el 65% de los adultos estadounidenses, culpa a las políticas de Trump de los costes persistentemente elevados, lo que indica un cansancio ante las guerras arancelarias y la guerra en Irán.

Y la respuesta de Trump está siendo recorrer el país en campaña con una agenda plagada de mítines, pidiendo a los votantes que finjan que su nombre figura en la papeleta electoral de forma plebiscitaria, cuando sigue siendo profundamente impopular, y hasta muchos republicanos le reprochan no haber cumplido lo prometido.

Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses afirma ahora estar “extremadamente” o “muy” preocupados por poder llenar el depósito del coche, frente al 39% registrado en julio. Aproximadamente la mitad también está muy preocupada por poder hacer la compra.

La aprobación actual de Trump en materia económica supone una caída de 14 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025, justo después de que asumiera el cargo por segunda vez.

La mayoría de los estadounidenses, el 69%, sigue afirmando que la guerra en Irán no ha merecido la pena, lo que supone un ligero aumento respecto al 64% registrado en julio. Y solo el 28% aprueba la forma en que Trump está gestionando la situación con Irán.

Los estadounidenses tampoco están contentos con las guerras comerciales de Trump. Solo unos 3 de cada 10 adultos estadounidenses aprueban su gestión de las negociaciones comerciales con otros países, lo que supone un descenso respecto a los aproximadamente 4 de cada 10 registrados en marzo. Y el 64% afirma que ha “ido demasiado lejos” al imponer nuevos aranceles a otros países, lo que supone un aumento respecto al 58 % registrado en enero.

En general, solo 3 de cada 10 estadounidenses aprueban la forma en que Trump está desempeñando su cargo como presidente. Y unos 6 de cada 10 afirman que el país en su conjunto está “mucho” o “algo” peor que cuando comenzó su segundo mandato.

Trump quiere que las legislativas sean un plebiscito sobre él, pero los votantes parecen dispuestos a utilizar precisamente ese plebiscito para expresar su descontento. Y mientras está pidiendo que la campaña verse sobre su presidencia, crece el número de republicanos que marca distancias con sus políticas, por mucho que azuze el miedo al comunismo y quiera comprar el voto a 5.000 dólares por cabeza.

Se esperaba un incremento de los precios, pero no tan elevado. La inflación de la zona euro se disparó un 3,8% en septiembre, frente al 3,2% de agosto. Este incremento es más elevado que el pronosticado por los analistas y abre la veda a que el Banco Central Europeo (BCE) siga subiendo los tipos de interés en próximas reuniones.

Los precios de la energía se han vuelto a disparar en un mercado bamboleado por el cierre del estrecho de Ormuz y el conflicto de Oriente Medio, la guerra de Rusia contra Ucrania, el anuncio del presidente Donald Trump de prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos a Europa o un almacenamiento de gas menor de lo previsto en el continente europeo. 

Según la información ofrecida por Eurostat, la energía empujo los precios en un 18,8%, frente al 14,3% de agosto, siendo el grupo de productos que más subió en septiembre. Le siguen los servicios, con un 3,2%; los alimentos, el alcohol y el tabaco, con un 1,4%, frente al 1,1%; y los bienes industriales no energéticos, con un 1,1%, frente al 1,2% de agosto.

Para entender como los combustibles están afectando al mercado, solo hay que ver la inflación subyacente (excluye componentes volátiles como la energía y los alimentos frescos) aumentó un 2,5%.

Los precios aumentaron mucho más de lo previsto por los analistas en las cuatro mayores economías de la Unión Europea. La inflación armonizada, el cálculo que hace Eurostat con los mismos criterios para los países del euro, se elevó un 5% en España, un 4,1% en Italia, un 3,4% en Francia y un 3,3% en Alemania.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, aseguró esta semana que en su estrategia de política monetaria los precios energéticos no marcarían la subida de tipos y explicó que el aumento de las rentabilidades de los bonos frenaría la expansión económica y limitará el traslado del shock energético al conjunto de los precios.

Sin embargo, los precios energéticos están empujando más de lo esperado a la inflación, con lo que los analistas apuestan por una nueva subida de tipos de 25 puntos, al menos, en lo que queda del año para finalizar 2026 al 2,75%.

El recibo de la luz para un usuario medio con la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se ha disparado un 28% en septiembre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta 104,31 euros, la factura más cara en cuatro años para este mes.

En concreto, habría que remontarse hasta 2022, en pleno impacto por la crisis energética de la guerra de Ucrania, para encontrar un importe más elevado en el recibo eléctrico para un mes de septiembre, cuando ascendió a 137,93 euros, según los datos de Facua-Consumidores en Acción.

En los últimos años, la factura para un usuario medio del mes de septiembre ha sido de 104,31 euros en este ejercicio, 81,49 euros en 2025, 70,62 euros en 2024, 76,37 euros en 2023 y 137,93 euros en 2022.

La organización utiliza como usuario medio un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, toma como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

Desde el pasado mes de mayo el recibo de la luz ha registrado un incremento tras otro. Así, ese mes alcanzó los 75,63 euros desde los 64,96 de abril, en junio se situó en los 79,08 euros, en julio en 93,65 euros, y en agosto en 96,65 euros, que se había convertido en el mes más caro en lo que va de año hasta que ha sido desplazado por septiembre.

En cuanto a la evolución mensual, la subida en el recibo con respecto a agosto, que había sido hasta entonces el mes más caro del año, ha sido del 7,9%.

El precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 30,05 céntimos en horario punta, 20,52 céntimos en el llano y 23,31 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha subido con respecto a septiembre de 2025 un 20,1% en punta, un 31,7% en llano y un 47,8% en valle, según los cálculos de Facua.

Pool en máximos de cuatro años

El precio del mercado mayorista de la luz, el denominado 'pool', ha registrado una media diaria en septiembre de más de 143 euros/MWh, su nivel más alto desde agosto de 2022.

El precio mayorista de la luz se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara y el importe final viene determinado por la oferta más cara. Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, en cada determinado momento se van a usar fuentes de energía que usen combustibles fósiles -como el gas natural-, más caras, o las renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.

Además, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que, desde este 2026, esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55%.

Estos incrementos en el precio mayorista de la electricidad afectan principalmente a los hogares que están acogidos a esta tarifa regulada del PVPC, cerca de unos ocho millones, ya que el efecto es directo, mientras que para los consumidores del mercado libre el coste se calcula en función de lo que tengan pactado con su comercializadora.

El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto que introduce la reducción del IVA al 10% -desde el 21% actual- y del Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% -desde el 5,11%- en noviembre si el IPC energético en septiembre supera el 15%.

De aplicarse esta reducción de impuestos desde el mes de septiembre, Facua estima que el recibo de la luz del usuario medio de la tarifa regulada se hubiera reducido en solo 13,65 euros, desde los 104,31 euros actuales hasta los 90,66 euros.

No obstante, la asociación considera que la medida aprobada por el Consejo de Ministros es “claramente insuficiente ya que se limita a replicar las bajadas fiscales que el Gobierno ha venido aplicando en sucesivas ocasiones desde junio de 2021 junto al tope al gas, que ya estuvo vigente entre finales de 2021 y julio de 2024”.

Por ello, reclama “una intervención contundente” sobre los mecanismos de fijación de precios en el sector “para acabar con los beneficios caídos del cielo de la subasta diaria”. Así, Facua pide que la nuclear y la hidráulica salgan fuera de esa subasta y se sometan a un precio fijo revisado periódicamente por el Ejecutivo.

Además, reclama un cambio regulatorio para convertir “en estable y permanente” un tipo de IVA reducido para la electricidad.

“Son tiempos preocupantes”, ha declarado el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al inicio de la reunión de ministros europeos de Energía que ha tenido lugar este martes en Dublín. Con la llegada del otoño los precios de la energía se han vuelto a disparar en un mercado bamboleado por el cierre del estrecho de Ormuz y el conflicto de Oriente Medio, la guerra de Rusia contra Ucrania, el anuncio del presidente Donald Trump de prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos a Europa o un almacenamiento de gas menor de lo previsto en el continente europeo. La última conclusión de esta tormenta perfecta sobre los precios es la fuerte “dependencia energética” de la Unión Europea de los combustibles fósiles.

“Europa es una de las regiones más expuestas, si no la más expuesta, en lo que respecta al diésel. Actualmente, obtiene alrededor del 50% del diésel de Estados Unidos”, según ha explicado Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Un informe de Goldman Sachs revela que si se produjera el veto anunciado por Trump los precios del diésel se elevarían en Europa entre un 1,75%, si durase una semana, hasta un 20%, si la medida se alargase 90 días.

Aunque en los pasillos de las instituciones europeas no se cree que Trump cumpla con su amenaza, ya que perjudica a las grandes petroleras estadounidenses, el ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O’Brien, advirtió que “hay que estar en guardia. No podemos confiarnos”. De hecho, las palabras de Trump bastaron para elevar aún más unos precios de los carburantes, que se dispararon en pleno verano y han continuado subiendo durante el mes de septiembre. Ya están en máximos de 2026 y acercándose a los niveles de 2023. 

“Tenemos que sustituir los combustibles fósiles”

“Esto demuestra hasta qué punto es perjudicial depender de otros, hasta qué punto es insostenible depender de fuentes de energía de otras partes del mundo. Tenemos que acabar con esa dependencia. Tenemos que sustituir los combustibles fósiles, esas moléculas importadas, contaminantes y caras, por energía producida en casa: electrones verdes”, comentó Jørgensen.

La amenaza del veto del diésel de Trump llegaba después de su petición al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de que dejara de atacar a las refinerías de petróleo rusas. La estrategia ucraniana de llevar la guerra al interior de Rusia con el objetivo de reducir la capacidad económica y militar rusa también tiene su impacto en la economía global. Un informe de la AIE señaló que Ucrania había realizado un ataque a una refinería de petróleo rusa cada tres días durante los ocho primeros meses de 2026, de manera que “la producción de gasolina cayó un 20% respecto a los niveles de 2025, mientras que la producción de diésel se redujo en un 30%”.

La preocupación económica de Trump no tuvo efecto sobre Zelenski, que ante las preguntas de los periodistas durante la cumbre de la ONU que tuvo lugar la semana pasada en Nueva York, respondió: “Las vidas de los ucranianos son más importantes que el precio de la energía”.

Entre otras cosas porque Trump tiene también mucho que ver con el incremento de los precios de los carburantes por la guerra que inició junto a Israel contra Irán. El presidente de Estados Unidos rechazó el pasado sábado un plan para reabrir el paso marítimo del estrecho de Ormuz, que le propuso el Gobierno de Irán. Trump aseguró que EEUU tiene el control del estrecho por el que fluyen por la vía “cantidades masivas de petróleo”. Sin embargo, con la apertura de los mercados el lunes, el barril de petróleo Brent superó los 108 dólares y este martes, al cierre de esta edición, se mantenía por encima de los 103 dólares por barril.

“100.000 millones de euros adicionales” desde la guerra de Irán

Jørgensen ha recordado que los países de la Unión Europea han gastado más de 100.000 millones de euros adicionales (113.500 millones de dólares) en importaciones de energía desde el estallido de la guerra con Irán.

El conflicto de Oriente Medio que inició Trump tiene también una clara repercusión en el mercado del gas para Europa. Antes de la guerra con Irán, el Gas Natural Licuado (GNL) procedente del golfo Pérsico representaba una quinta parte del suministro mundial.

El freno de las exportaciones de esa zona ha provocado que los precios se elevaran a su nivel más alto desde 2022. Según publica Bloomberg, las compras de la UE de GNL son un 4% inferiores a las de hace un año, pero han aumentado desde principios de agosto, cuando las importaciones se situaban un 30% por debajo de los niveles del año anterior.

El comisario europeo de Energía ha resaltado repetidamente que no existe riesgo inmediato de escasez de gas. Según datos del sector a fecha de 13 de septiembre, las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE están ocupadas en un 70%, que algunos analistas apuntan que no son suficientes si el invierno es más duro de lo esperado. Ante la volatilidad del mercado, la Comisión Europea aprobó flexibilizar el objetivo hasta un 75%-80% de reservas de gas para evitar que los países miembros tengan que comprar gas a elevados precios.

Prórrogas de ayudas que no gustan al BCE ni a Bruselas

Aunque la receta está clara, “más energía limpia producida en casa, más eficiencia, más interconexiones y más electrificación”, como ha repetido el comisario europeo de Energía y Vivienda, no hay soluciones a corto plazo. Con la inflación disparada al 4,9% en septiembre en España, presionada al alza por el precio de los carburantes, el Gobierno aprobó este martes prorrogar las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre mediante un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, además de otras medidas que van desde la intervención del precio del gas al IVA de la luz. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avisado que la prórroga por tercera vez de este decreto desde que empezó el conflicto de Irán ha supuesto un coste de “más de 12.000 millones” para las arcas públicas.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo no son partidarios de este tipo de ayudas porque, a su juicio, no terminan de arreglar el problema e incentivan al consumo de combustibles fósiles por la rebaja de precios. Sin embargo, hasta el momento, Bruselas se ha limitado a pedir a los países que estas medidas sean temporales ante la incapacidad de reducir a corto plazo su dependencia.

A lo que hay que añadir, que si la inflación sigue subiendo podría provocar una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central Europeo. Su presidenta, Christina Lagarde, explicó este lunes en el Parlamento europeo que el aumento de los rendimientos de los bonos frenará la expansión económica y limitará la traslación del encarecimiento de la energía a la inflación. “Aunque el crecimiento ha demostrado ser resiliente, desde nuestra última reunión los tipos de interés a largo plazo han aumentado notablemente, lo que ralentizará el crecimiento y reducirá la traslación en mayor medida de lo previsto en nuestro ejercicio de septiembre”.

Lagarde apuntó que el BCE mantendrá “una respuesta medida, según corresponda, para mantener la inflación bajo control”, aunque admitió que actualmente los tipos ejercen un efecto neutral sobre la economía, y subrayó que “los tipos de interés no se mueven al mismo ritmo que los precios de la energía”.

Con los precios de los combustibles por las nubes España, junto a Portugal y Luxemburgo, han mandado una carta a la Comisión Europea para que impulse verdaderamente a las energías renovables en la Unión Europea. “El objetivo de energías renovables de la UE para 2040 debería enviar una señal clara a los inversores y a los mercados. La integración del sistema debe centrarse en la flexibilidad, el almacenamiento, la modernización de la red, las interconexiones y la electrificación”, apuntan los tres países en su misiva.

El precio de los carburantes se disparó en pleno verano y ha continuado durante el mes de septiembre: en máximos de 2026 y acercándose a los niveles de 2023. Los datos muestran las cifras actuales, después de que el Gobierno se haya visto obligado a prorrogar las rebajas del combustible por la subida del petróleo o a limitar la subida del gas. Así, la rebaja de 20 céntimos por litro se mantendrá en octubre en el mes de noviembre será de 13 céntimos y en diciembre de 6 céntimos, aunque podrían modificarse en caso de que el precio del barril de petróleo siga por las nubes.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 12.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora y permiten conocer cómo están evolucionando los precios de los carburantes en todo el país.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

¿Está evolucionando igual el precio en todas las grandes marcas de gasolineras? En el siguiente gráfico puedes ver la comparación entre el precio medio de las gasolineras de las nueve principales grandes redes tradicionales (con precios más altos y aditivos avanzados) y las cadenas independientes o low-cost (con precios más económicos).

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra además la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

¿Sabes cuánto cuesta la gasolina en las estaciones de servicio de tu municipio? Busca tu localidad o provincia y descubre cuáles son los establecimientos que venden el combustible más caro y más barato en tu zona.

La evolución de los precios energéticos durante este año ha estado marcada por fuertes oscilaciones, entre ellas las provocadas por la guerra en Irán, con el encarecimiento de los carburantes como una de las principales preocupaciones económicas. Ante esta situación, el Real Decreto-ley 18/2026 ya contemplaba una serie de medidas para contener el impacto de la subida de los precios a los que se sumaron las rebajas fiscales ante el aumento de los precios del gasóleo, con el objetivo de reducir el impacto de la subida de los carburantes sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Ahora, estas rebajas fiscales se mantendrán durante el mes de octubre y se irán reduciendo progresivamente en noviembre y diciembre salvo que se mantengan en el nivel actual los precios del barril de Brent, que se mantiene desde la semana pasada por encima de los 105 dólares.

La inflación se ha disparado hasta el 4,9% en septiembre, seis décimas más en términos interanuales con respecto al dato de agosto, presionada al alza por el precio de los carburantes, ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio.

Los datos adelantados por el INE este martes están influidos por un 'efecto escalón', ya que el año pasado, en estas mismas fechas, los precios del combustible descendieron. Según destaca Estadística, ha influido también al alza en el dato el hecho de que los paquetes turísticos han recortado menos su precio que en 2025.

De acuerdo con los datos de algunos grupos especiales que publica el INE, los productos energéticos son un 21,6% más caros en septiembre de 2026 frente al de 2025, mientras que los alimentos frescos se encarecen un 5,8%.

El shock energético es el que está disparando la inflación, pero estos precios aún no se están trasladando al núcleo del tejido productivo. La inflación subyacente, que es la que excluye de su cálculo a los componentes más volátiles como son la energía y los alimentos, se sitúa en septiembre en el 3,1%, dos décimas más que un mes antes, y en la línea desde que estalló la guerra.

En términos intermensuales, los precios se encarecieron un 0,3% en septiembre con respecto a los de agosto.

El dato del IPC Armonizado, que emplea una cesta común de productos y se utiliza para la comparación con el resto de países europeos, se situó en el 5% por primera vez desde la crisis energética. El dato subyacente armonizado se colocó en el 3,2%.

El Gobierno prorrogará este martes las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre, a través de un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre, pero con una cláusula de salvaguarda que permitirá elevar su cuantía en caso de que los precios del petróleo sigan disparados.

El borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, al que ha tenido acceso elDiario.es y que el Consejo de Ministros aprobará este martes, también apuesta por limitar la tarifa del gas y del butano coincidiendo con la llegada del invierno, a la vista de que los precios del gas de referencia en Europa se han disparado en las últimas semanas y ya más que duplican el coste previo a la guerra en Irán.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha valorado que el Plan de Respuesta, cuya tercera prórroga se aprueba este martes, ha permitido contener el shock de precios parcialmente y “los hogares han visto compensada en torno a la mitad de la subida de la gasolina y el diésel”. Además, desde la cartera que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo subrayan que las medidas están evitando los “efectos de segunda ronda” gracias al apoyo al transporte y el campo. Según el Gobierno, desde marzo hasta agosto el precio de los alimentos ha bajado un 0,6%.

El Gobierno prorrogará este martes las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre, a través de un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre, pero con una cláusula de salvaguarda que permitirá elevar su cuantía en caso de que los precios del petróleo sigan disparados.

El borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, al que ha tenido acceso elDiario.es y que el Consejo de Ministros aprobará este martes, también apuesta por limitar la tarifa del gas y del butano coincidiendo con la llegada del invierno, a la vista de que los precios del gas de referencia en Europa se han disparado en las últimas semanas y ya más que duplican el coste previo a la guerra en Irán.

La norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, limitando la componente relacionada con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado en declaraciones a los medios, a su llegada al Consejo Europeo de Energía de Dublín, ese tope a la TUR, que supondrá que “en vez de subir ese 49% se quede en un 15%”. Aagesen ha confirmado también que se vuelve a limitar temporalmente el precio del butano como ocurrió tras la invasión de Ucrania: hasta el 30 de junio de 2027, no podrá superar el precio máximo establecido en la resolución de mayo de 2022. Para la bombona de 12,5 kg, el límite será de 19,55 € por envase en Península.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025. Se modifica el real decreto 413/2014 para que las instalaciones renovables tengan una participación más activa en el control de tensión, de forma que se incorpore como una capacidad operativa más exigible a energías limpias, en lugar de descansar principalmente en generación convencional.

Ante “la imperiosa necesidad de reforzar los mecanismos de control y disuasión en un contexto de extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos”, se endurece el régimen sancionador de la Ley de Hidrocarburos al duplicarse la cuantía máxima de las multas, hasta 60 millones para las infracciones “muy graves”, 30 millones para las “graves” y 1,2 millones para las “leves”. Además, el borrador introduce un nuevo régimen sancionador para los combustibles sostenibles de aviación.

Asimismo, se establece una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Y se da más capacidad a la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES) para decidir dónde se liberan las reservas estratégicas de petróleo en una situación de escasez.

Además, se endurece y concreta el régimen de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y se abre “excepcionalmente” el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a inversiones de los propios ministerios para ahorro y eficiencia energética.

El borrador también encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la elaboración de dos estudios sobre la evolución de los precios de la energía y los alimentos, prestando especial atención a la formación de precios, la competencia y la traslación de las ayudas a los consumidores, en el caso de luz o carburantes, y analizando la cadena de valor alimentaria, especialmente la repercusión de los costes de energía y fertilizantes sobre los precios finales.

El canciller alemán Friedrich Merz recibió el pasado fin de semana una señal electoral nítida que hace casi imposible interpretar la realpolitik germana con otra perspectiva que no sea la de un cambio de rumbo. Pero el atlantista y conservador Merz ha decidido, en otro arrebato que sus detractores siempre han valorado como un signo de su tozudez, frente a la peor derrota en las urnas de su partido, la CDU, en unas elecciones regionales, hacer caso omiso a estas advertencias y ha lanzado un órdago para mantener su agenda de reformas estructurales. Pese a que su formación quedó por debajo del 5% de los votos y fuera del parlamento en los comicios del land oriental Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras Alternativa para Alemania (AfD) llegó al 38,2%.

No fue un espejismo. Unas semanas antes, la AfD se hacía con el 44% de los sufragios en Sajonia-Anhalt, otro enclave del antiguo bloque del Este. Primera fuerza política. Y en Berlín lograban su mejor resultado histórico, aunque en la capital federal la victoria fue para Die Linke, que podría forjar una alianza de izquierdas con Los Verdes y el SPD. La CDU consiguió el 18,8% del escrutinio.

Aun así, Merz insiste en que su diagnóstico sigue teniendo plena validez. Alemania —profetiza— necesita modificar su modelo económico. Aquel que combinó durante años recibos energéticos relativamente baratos con una potencia manufacturera indiscutible y un sector exterior vitalista y capaz de compensar las etapas de debilidad de su demanda interna. Máxima fidelidad alemana al ADN de la otrora locomotora europea. Por mucho que durante el último lustro haya quedado expuesto a una energía más cara —en concreto, desde el otoño que antecedió a la invasión rusa de Ucrania, cuando el Kremlin, primero, y las sanciones de la UE, después, cerraron el grifo de los carburantes fósiles siberianos— a una dura competencia china, a las tensiones arancelarias de EEUU y a una burocracia que las empresas tildan de losa pesada y anquilosada en el tiempo.

La agenda del gobierno de coalición de Merz es un cóctel reformista que toca las pensiones y las prestaciones sociales, y que se mezcla con medidas de flexibilización laboral, una drástica rebaja de exigencias burocráticas, incentivos fiscales y abaratamiento de costes empresariales. Es decir, un viejo recetario neoliberal que se topa con un calendario electoral que puede poner en jaque sus objetivos. Entre ellos, algunos surgidos del carpetazo al férreo impedimento constitucional de la disciplina fiscal y al endeudamiento excesivo.  

Desde marzo de 2025, este viraje de su carta magna se ha trasladado al ámbito presupuestario. Para 2027 el gasto militar se dispara hasta los 144.900 millones de euros, casi la factura de la deuda federal, que roza los 200.000 millones.

Riesgo de parálisis política alemana

Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), advierte que Alemania corre el riesgo de atravesar una parálisis política si la coalición trata de preservar su statu quo industrial con subsidios. Tras el avance de AfD, Fratzscher alertó que el resultado podría ser un “desastre, también en términos económicos” sin descartar otro severo retroceso del PIB con aumento del desempleo.

En su opinión, una reforma de las pensiones puede mejorar la sostenibilidad presupuestaria en veinte años; la flexibilidad laboral, incentivar el empleo; reducir las trabas administrativas, crear productividad y, bajo este clima de los negocios, posibilitar que las empresas mejoren sus planes de inversión. Pero el elector percibe que el precio de trabajar más años con menos prestaciones no le resulta alentador.

Aun así, atribuir este giro social en exclusiva a las reformas no sería consecuente. Los votantes del este alemán muestran descontento con el establishment a cuenta del demagógico y espinoso asunto de la inmigración, capitalizado por AfD. Hasta generar una crisis de identidad nacional que se mezcla con una desconfianza institucional y diferencias económicas entre territorios. Sin olvidar su rechazo a una política exterior que ha cortado los lazos energéticos con Rusia.

A los que Reuters suma unos retos económicos crónicos de un envejecimiento demográfico, un ritmo de crecimiento anormalmente bajo y la pérdida de una buena porción de su industria, que adolece de competitividad frente a la pujanza de China y que se vislumbra en el otrora poderoso sector automovilístico, en fase de reconversión. Todo ello ha engendrado una feroz desafección hacia los partidos tradicionales, especialmente, en los länders orientales.

Katja Hoyer, historiadora nacida en la ex RDA, introduce la dimensión económica que se minusvaloró tras la reunificación. Perdieron activos, padecieron el desmantelamiento de su tejido productivo y vieron cómo su estructura de poder fue ocupada por élites wessis, los del oeste. Mientras en los ossis crecía en el resentimiento, ahora heredado por las nuevas generaciones, que se sienten como ciudadanos de segunda categoría. Oschmann, profesor en la Universidad de Leipzig, dice que la reunificación fue, en la práctica, una incorporación unilateral de Alemania Oriental a las estructuras de la República Federal. Hoyer sostiene que la sensación de haber sido “othered” —es decir, convertidos en el otro alemán— ofrece a AfD un terreno político particularmente fértil.

Entre otras razones, porque —aduce— en Sajonia-Anhalt, las solicitudes de asilo habían caído casi a la mitad desde el mandato de Merz y, aun así, los neonazis obtuvieron el 44% y la CDU perdió más de la mitad de su apoyo anterior.

Alemania continúa siendo la mayor economía de la UE y la tercera potencia global. Así como un bastión industrial, con fuerte capacidad fiscal y fortaleza geopolítica, y una solvente gestión de la deuda, capaz de captar inversión y sumar competitividad al bloque europeo. Pero la agenda de Merz y su propensión al gasto, acaba con el sacrosanto principio germano de la austeridad. Por mucho que la nueva permisividad constitucional al endeudamiento geoestratégico sea una premisa grabada a fuego en el informe de Mario Draghi para rivalizar con EEUU y China.

Clemens Fuest, presidente del Ifo Institute, dibuja esta colisión entre Berlín y Bruselas. El desafío consiste en compatibilizar inversión pública, sostenibilidad fiscal y reformas con más recursos y reglas de endeudamiento más laxas, junto a una UE que también precisa avalar su ayuda militar a Ucrania, ganar competitividad, acelerar la transición energética y consolidar la seguridad en el orden económico. Si Berlín traslada su margen fiscal a su gestión doméstica, elevará sin remedio la presión sobre sus socios para que acepten un presupuesto europeo limitado. De modo que la debilidad de Merz complica su liderazgo y devalúa su poder para imponer su criterio en Bruselas.

Los cambios en Japón disuaden al mercado

Las reformas estructurales del gabinete de Sanae Takaichi, que la primera ministra japonesa ha remodelado menos de un año después de tomar posesión del cargo, pero sin tocar a su equipo económico, se enfrenta a una transformación tan trascendental como la alemana. Aunque en el caso de Japón, sin el aval —al menos, de momento— de unos mercados asolados por la debilidad del yen, una inflación galopante y unos bonos soberanos en rentabilidades desconocidas desde 1996 y perplejos ante el intervencionismo del Tesoro americano para sujetar el valor de la divisa nipona frente al dólar.

Los largos decenios de deflación y demanda interna plana han dado paso a una escalada de precios que ha promovido la salida de los tipos de interés de su prolongada fase de proximidad a cero para impulsar el consumo de hogares y la inversión de empresas.

Takaichi dispone de mayor margen político que Merz para ejecutar su programa, al que ha ligado su futuro en el Ejecutivo. La Dama de Hierro se mantiene fiel a una estrategia fiscal “responsable y proactiva” encaminada a que el Estado movilice capitales privados, aumente el dinamismo del PIB y modernice sectores estratégicos. Su Gobierno identifica 17 áreas de actuación preferente entre las que destacan los semiconductores, la IA, la energía, el espacio y la Defensa, a las que destinará unos 370 billones de yenes de inversión pública y privada hasta 2041. Algo más de 2 billones de euros.

Pero la premier nipona se enfrenta a un mercado agitado por unos tipos al 1,25%, un yen que no se libera de su debilidad frente al dólar, pese al cortafuegos monetario del Tesoro americano en agosto, y una deuda que supone el 250% de su PIB, el cuarto del planeta, y la mayor del G-7. Takaichi formuló su dilema con una elocuencia precisa. “Sin crecimiento no habrá sostenibilidad fiscal”. Pero se olvida de otra acepción que describen expertos como Keiji Kanda, estratega jefe del Daiwa Institute of Research: “La sensibilidad inversora hacia los riesgos presupuestarios sin una estabilización de los tipos de interés a largo plazo que pone trabas al crecimiento japonés”.

El bono japonés a 10 años se ha convertido en el detector de tensión de Takaichi. Cada aumento de este coste de financiación importa más en Japón que en cualquier otra potencia de rentas altas porque la deuda acumulada multiplica el efecto de cada movimiento de tipos y complica la vida de la llamada Sanaenomics, su agenda reformista. Tokio demanda estímulo fiscal mientras su autoridad monetaria precisa retirar gradualmente sus estímulos; sobre todo, el dinero gratis que ha imperado en el país durante décadas. También el yen se resiste a ganar músculo por este dilema. Entre otras consideraciones, porque el diferencial de tipos con EEUU, que también acaba de encarecer el precio del dinero, sigue sin corregirse y el carry trade —estrategia bursátil que invierte en monedas con tipos bajos para invertir en otra sometida a unos intereses altos para obtener ganancias a corto—, continúa ganando adeptos con el yen y el dólar.

Financial Times calcula que el volumen de esta táctica podría superar los 2 billones de dólares, cifra similar al PIB español, entre hedge funds y empresas japonesas.

Precisamente cuando Takaichi tira del Estado para reconvertir la capacidad industrial japonesa, el BoJ trata de normalizar la política monetaria y los inversores exigen mayor disciplina fiscal, recuerda Naka Matsuzawa, estratega jefe de macroeconomía de Nomura Securities y con “unos costes de la deuda lejos de tener visos de estabilización”.