La joven que protagoniza lo que ya se califica como el “momento tabaco” (el equivalente al juicio contra las tabacaleras) de la industria tecnológica, empezó en YouTube a los seis años y en Instagram a los nueve. Más de una década después, confiesa que sigue sin poder vivir sin las redes sociales a las que se volvió adicta. “No puedo, es demasiado difícil estar sin ellas”, declaró Kaley, que ahora tiene 20 años, ante un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles. El jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, ha emitido un veredicto sobre el diseño de dos de las aplicaciones más populares del mundo que ha dado la razón a Kaley.

La sentencia ha sacudido los cimientos de Silicon Valley y ha despertado la esperanza entre familias y activistas por la seguridad infantil de que, por fin, el cambio en las redes sociales sea una realidad. Meta (la empresa de Mark Zuckerberg) y YouTube (propiedad de Google) han sido halladas responsables de diseñar deliberadamente productos adictivos utilizados por Kaley y millones de jóvenes más.

Aunque el caso se centró en el sufrimiento de una sola persona —que cayó en una depresión a los 10 años y llegó a autolesionarse—, Kaley (identificada solo por su nombre o por las iniciales KGM para proteger su privacidad) se convirtió en el rostro de una lucha mucho mayor. “Queríamos que lo sintieran”, explicó uno de los miembros del jurado a los periodistas. “Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable”.

Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable

Miembro del jurado

“La era de la invencibilidad de las grandes tecnológicas ha terminado”, afirman desde el Tech Oversight Project, un organismo de control de Washington que se define a sí mismo como el David contra el Goliat de Silicon Valley. Tras conocerse la noticia, las acciones de Meta y Alphabet (matriz de Google) sufrieron una caída en bolsa del 13 y el 9%, respectivamente.

El veredicto supone el segundo revés en una semana para las big tech, después de que un tribunal de Nuevo México ordenara a Meta —propietaria de Facebook e Instagram— pagar 375 millones de dólares (unos 350 millones de euros). En ese caso, un jurado determinó que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas. Según el Departamento de Justicia del estado, estas redes contaban con funciones que “permitían a pedófilos y depredadores llevar a cabo explotación sexual infantil” y fueron diseñadas intencionadamente para generar adicción en los jóvenes.

Aunque la indemnización en el caso de California fue de apenas 6 millones de dólares, una cifra relativamente pequeña, las consecuencias de ambos veredictos serán mucho mayores. Ha sido una semana en la que la campaña de años para cambiar el equilibrio de poder entre las grandes tecnológicas y la infancia parece haber ganado, por fin, un impulso definitivo.

Actualmente, Meta, YouTube, Snapchat y TikTok se enfrentan a miles de demandas similares en los tribunales de EEUU que buscan determinar si sus plataformas fueron diseñadas para ser adictivas. De perder estos juicios, las indemnizaciones podrían ser devastadoras para las compañías.

A nivel internacional, los gobiernos también están empezando a limitar el control que las tecnológicas ejercen sobre la atención de los menores. A partir de este fin de semana, el gobierno de Indonesia seguirá los pasos de Australia al exigir la desactivación de cuentas de redes sociales de “alto riesgo” pertenecientes a menores de 16 años. Este mes, Brasil ha promulgado una ley de seguridad online para proteger a los niños del uso compulsivo, y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer reaccionó al veredicto de Los Ángeles asegurando: “Tenemos que hacer más para proteger a los niños”. En España, el Gobierno espera aprobar un veto similar en 2026.

La geopolítica de la tecnología

Los veredictos de estos juicios también han coincidido con un cambio en la geopolítica tecnológica. El temor a molestar a Donald Trump, que albergaban países que por lo demás estaban dispuestos a endurecer el control sobre las redes sociales, parece estar remitiendo. Figuras destacadas del ala conservadora del Partido Republicano del presidente estadounidense se encuentran ahora entre los que exigen con más fuerza protecciones para la infancia.

“Durante mucho tiempo, los gobiernos delegaron en la UE y en Estados Unidos para fijar la política de internet”, explica Matt Kaufman, responsable de seguridad de Roblox, una plataforma de mensajería y videojuegos afectada por la prohibición de Indonesia. “Ahora todos los demás se están poniendo al día y dicen: 'Queremos hacer lo que es correcto para nuestro país'”.

Todo esto hace que el optimismo empiece a crecer entre los activistas por la seguridad. Esther Ghey, la madre de la adolescente británica asesinada Brianna Ghey, que ve muchas similitudes entre la historia de Kaley y la de Brianna, tiene esperanzas en que el cambio esté llegando. “Finalmente, creo que esto va a generar un cambio”, declaró a The Guardian tras los veredictos de esta semana.

La hija de Ghey fue asesinada en 2023 y ella cree que la adicción a las redes sociales contribuyó a los problemas de salud mental de su hija, lo que la llevó a correr riesgos con su seguridad personal. Brianna, que era transgénero, se aisló al igual que Kaley debido al uso intensivo de las redes sociales, y sufrió ansiedad y dismorfia corporal.

Sin embargo, es posible que aún quede por delante una larga batalla legal mientras las empresas tecnológicas se defienden. Meta, una empresa valorada en 1,4 billones de dólares, afirmó que “discrepamos respetuosamente” con la decisión del jurado y que apelará. “La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, señaló. Google dijo que también recurrirá, añadiendo que el caso “no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”. El asunto podría acabar llegando al Tribunal Supremo.

La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación

Meta

El fallo no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social

Google

Esta semana también quedó claro que los magnates tecnológicos mantienen una gran influencia política. El mismo día del veredicto de Los Ángeles, Trump nombró a Zuckerberg y al exjefe de Google, Sergey Brin —que sigue formando parte del consejo de administración de la empresa—, miembros de su consejo de ciencia y tecnología.

Foco en la plataforma, no en el contenido

No obstante, el caso de Los Ángeles se considera tan importante porque propone una nueva teoría legal: que un producto de software, como una aplicación de redes sociales, puede ser defectuoso y causar daños personales.

Hasta ahora, las plataformas tecnológicas han estado protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EEUU, que exime a las empresas de responsabilidad por el contenido publicado. Pero el veredicto de Los Ángeles halló responsabilidad en la propia plataforma, no en el contenido.

“Esto es, esencialmente, una llamada a las armas para los abogados de los demandantes; han tenido éxito al menos una vez al conseguir un veredicto multimillonario contra la industria tecnológica”, defiende Jessica Nall, socia del bufete de abogados Withers de San Francisco, que representa a ejecutivos tecnológicos. El mensaje es: “Vamos a por más”.

Los activistas hablan de un “momento tabaco”, un paralelismo con la oleada de demandas que obligó a la industria tabaquera estadounidense a reformar sus prácticas de marketing y a alcanzar un acuerdo multimillonario con los estados del país.

Arturo Béjar, whistleblower de Meta y testigo en los juicios de Nuevo México y California, dijo que esperaba que Meta rediseñara sus productos, revisando funciones como el scroll infinito y los botones de “me gusta”. “Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto”, señaló el antiguo ingeniero sénior de Meta. “Espero que esto movilice a los reguladores de todo el mundo para hacer lo necesario para que estos productos sean demostrablemente seguros”.

Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto

Arturo Béjar — whistleblower de Meta

En el Reino Unido, los veredictos reforzaron la creciente expectativa de una prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Un lobista del sector tecnológico afirmó que la industria es “consciente de que avanzamos hacia una prohibición” y que podrían “aceptarlo”, en parte porque no ganan mucho dinero con las cuentas de los niños. Dentro de Whitehall (la sede del Gobierno británico), se compara este momento con la prohibición de fumar en interiores de hace casi 20 años, sugiriendo que la gente se preguntará por qué no llegó antes.

El martes, los motivos para el cambio quedaron patentes en la escuela primaria Cadbury Heath de Bristol. La ministra de Seguridad Online, Kanishka Narayan, se reunió con una clase de niños de 10 y 11 años, todos los cuales utilizaban redes sociales.

“Pasan cuatro horas y es como ¿a dónde se ha ido todo ese tiempo?”, dijo un niño sobre su hábito en YouTube. “Simplemente se ha ido, todo el rato haciendo scroll”. “Se vuelve adictivo”, dijo otro: “Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no puedes dormir y luego te dan las dos o las tres de la mañana y tienes colegio al día siguiente”.

Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no puedes dormir y luego te dan las dos o las tres de la mañana y tienes colegio al día siguiente

Menor de 10 años — sobre el impacto de las redes sociales

Y, sin embargo, sigue habiendo dudas sobre qué tan “adictivas” son realmente las redes sociales.

Definiendo la adicción a las redes sociales

“Aunque disponemos de una gran cantidad de datos sobre el tiempo de pantalla y el comportamiento de los niños en internet, todavía sabemos muy poco sobre cómo afectan estos hábitos a su salud, bienestar y capacidades cognitivas”, expone Chi Onwurah, presidenta de la comisión selecta de ciencia y tecnología de la Cámara de los Comunes, que esta semana ha puesto en marcha una investigación sobre la neurociencia y la infancia digital.

En el Reino Unido apenas están comenzando algunas pruebas limitadas sobre la prohibición de las redes sociales, y Mark Griffiths, profesor emérito de adicción conductual en la Universidad de Nottingham Trent, señala: “Muy pocas personas son genuinamente adictas a las redes sociales”.

“Las empresas de redes sociales han incorporado características estructurales diseñadas para mantener a la gente en las plataformas el mayor tiempo posible”, detalla. “Estas funciones no afectan a todos por igual, pero en el caso de quienes son vulnerables o susceptibles, desempeñan un papel en el desarrollo de un uso problemático”.

Durante el juicio en California, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que las redes sociales no son “clínicamente adictivas”. Esto podría parecer una distinción irrelevante para las familias que han sufrido las peores consecuencias de los daños de las redes sociales.

El abogado de Kaley, Mark Lanier, afirma que funciones como las notificaciones, los “me gusta”, la reproducción automática y el desplazamiento infinito equivalen a “la ingeniería de la adicción”. “Son caballos de Troya: parecen maravillosos y geniales”, dice. “Pero dejas que entren y toman el control”.

Ian Russell ha hecho campaña por la seguridad en internet desde que su hija adolescente, Molly Russell, murió en lo que un forense concluyó que fue un acto de autolesión mientras sufría depresión y los “efectos negativos del contenido online”. Russell afirmó que “nada ha cambiado sustancialmente” en el núcleo de las empresas tecnológicas en los últimos nueve años. Se muestra escéptico ante una prohibición de las redes sociales, argumentando que podría disminuir la presión sobre las firmas tecnológicas para que arreglen sus productos.

“Ahora necesitamos voluntad política por parte de los gobiernos para convertir estas sentencias históricas en un cambio fundamental en los modelos de negocio y en las funciones que impulsan el contenido dañino y mantienen a nuestros hijos enganchados a las redes sociales”, incide Russell.

Al testificar durante el juicio de Los Ángeles, Zuckerberg admitió que “una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”. Béjar defiende que esta semana ha sido el momento para que el mundo haga cumplir ese principio. “Ahora le toca mover ficha al mundo”, sentencia. “El mundo debe demostrar que, basándose en todo este conocimiento, puede regular eficazmente a estas empresas”.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha detallado en un informe la “falta de reconocimiento” que han sufrido una treintena de víctimas de abusos sexuales por parte del religioso Patxi Exkiaga Lasa entre los años 1976 y 2012 en el colegio La Salle de Donostia por parte del centro. Tras un proceso de acompañamiento, escucha e interlocución, el Ararteko explica que las víctimas solicitaban apoyo institucional para que el Ararteko, dentro de sus competencias, “les acompañara e impulsara un proceso para conseguir un reconocimiento público del daño causado, el compromiso de investigación de los hechos y la reparación, tanto personal como moral y colectiva”. Algo que no ha sido posible por la negativa del centro que “limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga Lasa se hace público tras una investigación de El País en la que se relatan casos de abusos sexuales cometidos entre los años 1976 y 1996, si bien señalan que Patxi Ezkiaga Lasa permaneció en La Salle Donostia hasta 2012, por lo que las víctimas se muestran convencidas de que los abusos continuaron hasta dicha fecha. Se trata de niñas vinculadas a la actividad del colegio La Salle Donostia, alumnas en su mayoría, pero también participantes en el grupo de gimnasia rítmica y las excursiones al monte y campamentos organizados por el colegio. El Ararteko ha podido comprobar y así lo refleja en su informe, que “algunas de las víctimas sufrieron abusos sexuales graves durante años, cuyas consecuencias físicas y psicológicas y secuelas hoy en día, personales y familiares, son evidentes y precisan de atención inmediata especializada”.

Patxi Ezkiaga Lasa, quien además de docente tuvo responsabilidades directivas, “violentaba a las chicas delante de la clase, traspasando su espacio íntimo y personal”. “Sentaba a alumnas en su regazo frente al resto de alumnos. Durante la clase iba tocando desde la cintura hacia el pecho de las alumnas. Paseaba con una varita durante las clases entre los pupitres y cuando podía abría el escote de las alumnas con la misma. Aprovechaba las exposiciones de las alumnas en la pizarra para apoyar la mano en el hombro y acariciar la cara mientras tanto”, recoge el informe que sostiene que “todas las víctimas coinciden en señalar que cada año escolar tenía unas alumnas favoritas”.

Las víctimas relatan varios espacios donde se producían los abusos y tocamientos públicos y donde elegía a esas “alumnas favoritas: el club de escritura, donde ”los sábados Patxi Ezkiaga reunía a alumnas con interés en la literatura en euskera y sobre las que tenía mucha ascendencia como mentor y realizaba tocamientos frente a las otras alumnas sentadas todas en una gran mesa redonda“; las salidas al monte los fines de semana y especialmente los campamentos en Belagua (Izaba, Navarra), donde relatan que ”subía a dormir a alumnas a la parte superior de la borda con la excusa de protegerlas de los monitores chicos“ y también relatan varias víctimas que conocen que se daban abusos en las tiendas de campaña de las chicas. Además, los abusos se producían en las clases de gimnasia rítmica, a las que acudía con frecuencia, a pesar de no ser el profesor, ”para mirar y, en ocasiones, acercarse a las alumnas con la excusa de corregir sus posiciones y así poder realizar tocamientos“. ”En los casos más graves, se cita el despacho e, incluso su habitación en la parte superior del colegio. En este caso, la víctima relata que en el camino se cruzaba en los ascensores con otros religiosos y docentes que nunca impidieron que subiese a su habitación a una niña de entre 13 y 17 años“, indica el documento del Ararteko.

Las alumnas tenían códigos de protección entre ellas, como nunca acudir solas a su despacho o hacer siempre gimnasia con sudadera. Sin embargo, el religioso se intentaba ganar a los padres, siendo “muy afable en el trato y precedido del prestigio conferido a su figura conseguía que las familias le abrieran las puertas de sus casas”. Por último, algunas víctimas señalan que, cuando reunieron el valor para detener sus tocamientos, las sancionaba socialmente con su invisibilización, pero cesaba en sus intentos de abuso.

El 20 de noviembre de 2025, tras el proceso de interlocución con las víctimas, las personas interlocutoras del Ararteko presentaron a representantes de La Salle el acuerdo de propuestas elaborado por el grupo de víctimas. Este documento se planteaba como un primer paso para abrir un diálogo, ya fuera en torno a las medidas de reparación colectiva acordadas por las víctimas o a cualquier otra iniciativa que la congregación quisiera incorporar al proceso. Una semana más tarde, La Salle envió su respuesta. En ella, limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, “sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”, sostiene el informe.

“Esta respuesta suponía, en la práctica, la negativa de la institución a iniciar este proceso de diálogo con las víctimas, facilitado por el Ararteko, para trabajar de manera colaborativa el conjunto de demandas de reparación colectiva planteadas por las víctimas o cualquiera de las que decidieran abordar y la negativa a asumir este proceso restaurativo facilitado por el Ararteko con participación de las víctimas como colectivo, más allá de encuentros individuales, a los que sí se mostraban dispuestos”, aseveran. A juicio del Ararteko, estos encuentros individuales “no cumplían las condiciones avanzadas en el proceso colectivo de facilitación”, además, con su negativa, el centro se negaba a “abrir un debate público y compartido sobre las responsabilidades institucionales por las omisiones del pasado y sobre las garantías de no repetición en clave comunitaria”, detalla.

Para las víctimas, la negativa a las medidas de reparación colectiva supuso un “nuevo impacto doloroso”, al percibir que la reparación quedaba relegaba a una “lógica individual, sin abordar el daño colectivo ni la dimensión ética y social de lo sucedido”. “En opinión de las víctimas que han acudido al Ararteko, que se definen como 'víctimas incómodas' al no haberse conformado con los contactos que ha tenido la congregación con ellas ni con la petición de disculpas privadas que en algunos casos les han trasladado, la respuesta ha sido insuficiente. Esta actitud esquiva, esta inactividad les resulta especialmente dolorosa. Algunas víctimas, además, se han sentido especialmente dolidas tras su denuncia al ponerse en contacto el colegio o personas vinculadas al mismo con sus progenitores, generando un nuevo daño a los familiares y a ellas mismas y no tratando directamente con ellas como personas adultas”, sostienen desde el Ararteko.

El Ararteko ha lamentado en su escrito la imposibilidad de articular mecanismos de respuesta desde la justicia penal por el tiempo transcurrido, la falta de datos, la culpabilización de las víctimas, el miedo o la vergüenza a la hora de relatar lo sucedido. “Fruto de la escucha a estas víctimas, así como a otros testigos y acompañantes de las mismas, el Ararteko ha podido percibir la gravedad de los abusos sexuales cometidos por Patxi Ezkiaga Lasa contra una gran cantidad de víctimas durante, al menos, tres décadas y la gravedad de los daños individuales y colectivos que las mismas y, en ocasiones, sus familias, han sufrido solas y en silencio durante décadas como resultado de un ecosistema de impunidad en el Colegio La Salle Donostia y el conjunto de la sociedad vasca, cuyas consecuencias han llegado hasta nuestros días. Impunidad colectiva que sigue generando un daño enorme a las víctimas”, recoge el documento.

En este sentido, el Ararteko comparte “el profundo sentimiento de injusticia de las víctimas, familiares, acompañantes y amigos, agravado por el hecho de que, hasta el reportaje de El País, durante décadas nadie se interesó por las víctimas ni les preguntó cómo estaban. No obstante, al Ararteko le consta que actualmente algunos docentes del colegio La Salle Donostia están acompañando personalmente a las víctimas en este proceso de denuncia”. Por último, el Ararteko ha podido comprobar que los abusos sexuales sufridos y la impunidad de estos “siguen teniendo consecuencias muy graves en las víctimas, con manifestaciones en el ámbito laboral (largas bajas laborales desde que salen los reportajes en El País y se revive el trauma), tratamientos psicológicos y psiquiátricos, intentos de suicidio e incluso una vida de exilio fuera de Euskadi en el caso de algunas víctimas”, concluye el informe.

Tras la publicación del informe del Ararteko, La Salle ha difundido un comunicado para “reiterar con absoluta claridad” su “condena de los hechos ocurridos”. “Se trata de conductas inaceptables que provocaron un daño profundo y un sufrimiento injusto en las víctimas. Como institución educativa y como comunidad, nos sentimos profundamente consternados por lo sucedido y expresamos nuevamente nuestra cercanía, respeto y solidaridad con todas las personas que lo padecieron”, sostienen en el comunicado.

En su escrito, piden “perdón” a las víctimas, pero también hacen referencia a las víctimas que “han expresado su decepción o malestar” tras la negativa del centro a participar en el proceso guiado por el Ararteko, sin embargo, no hacen referencia clara a las medidas que tomarán de ahora en adelante. “Sabemos que ninguna palabra puede reparar plenamente el dolor causado, pero creemos que reconocer el daño y pedir perdón es un paso imprescindible de responsabilidad moral e institucional. Por ello, La Salle quiere reiterar su petición de perdón a todas las víctimas por el sufrimiento vivido y por no haber sabido, en aquel momento, prevenir o detectar lo ocurrido. Somos conscientes de que algunas víctimas han expresado decepción o malestar ante determinadas decisiones o procesos. Escuchamos esas reacciones con respeto y con atención. Precisamente por ello, La Salle está reflexionando con responsabilidad sobre cómo seguir avanzando para encontrar el mejor camino de encuentro con las víctimas, reforzando los espacios de diálogo y explorando las fórmulas que puedan contribuir de manera más adecuada al reconocimiento y a la reparación. Nuestra voluntad es clara: tender puentes, no cerrarlos; escuchar, no ignorar; y seguir buscando caminos de encuentro que permitan avanzar en el reconocimiento del dolor causado”, concluyen.

El Gobierno de Canarias ha defendido la inclusión de los menores migrantes tutelados por Canarias en el fútbol base federado tras reunirse este martes con las federaciones de futbol de Tenerife, Las Palmas y España para abordar la situación de estos jóvenes que actualmente encuentran dificultades para incorporarse a estos equipos.

La reunión, solicitada con carácter urgente por el Gobierno de Canarias, ha estado encabezada por el viceconsejero de Deportes, Ángel Sabroso, y han participado representantes de las federaciones interinsulares de fútbol de Tenerife (FIFT) y Las Palmas (FIFLP), así como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En un comunicado, la Consejería de Educación y Deportes ha indicado que este encuentro “supone el primer paso para impulsar una solución que permita la inscripción de estos menores en clubes de fútbol base, conforme al espíritu de la normativa vigente y al amparo de la legislación nacional en materia de protección de la infancia, y en igualdad de condiciones con el resto de menores de su entorno”.

Sabroso ha trasladado la preocupación del Gobierno de Canarias ante esta situación al destacar que son “menores que han llegado solos a nuestras islas, que han vivido situaciones extremadamente duras” y para muchos de ellos, “el fútbol no es solo un deporte, es una vía de integración y de pertenencia”.

“El fútbol, entendido como política pública de cohesión, contribuye a reducir el riesgo de exclusión, favorece la convivencia, facilita el aprendizaje del idioma y genera sentido de pertenencia”, indica la nota.

El viceconsejero de Deportes ha agregado que “el espíritu de la normativa internacional es proteger a los menores frente a prácticas abusivas en el mercado deportivo, no impedir que un chico tutelado pueda jugar en el equipo de su barrio” por lo que en el Ejecutivo regional creen “que hay margen para interpretar la norma desde la realidad que vive Canarias y desde el interés real al menor”.

La Consejería ha argumentado que la situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias no es equiparable a los supuestos para los que fue diseñada la normativa internacional en materia de transferencias y que, aunque el sistema FIFA priorice la seguridad del mercado internacional de jugadores, “en este caso, debe prevalecer el interés superior del menor bajo tutela pública”.

Según el comunicado, todas las instituciones presentes coincidieron en que no se trata de fichajes, contratos ni operaciones de mercado, sino de menores protegidos por la comunidad autónoma, sobre los que no existe riesgo de captación ni mercantilización y que la tutela legal implica también la obligación de garantizar su desarrollo integral, incluida la práctica deportiva.

El Gobierno de Canarias ha indicado su propósito de, en el corto plazo, trabajar conjuntamente con todas las partes implicadas con el propósito de facilitar lo antes posible su participación en el deporte base canario.

Igualmente, ha señalado que, con la colaboración de la RFEF, el Ejecutivo autonómico y la Federación Canaria de Fútbol trasladarán a la FIFA la necesidad de atender la realidad específica de Canarias para que estos menores puedan competir también en categorías nacionales y que sus expedientes de licencia federada puedan ser autorizados en condiciones de igualdad.

Los sindicatos integrantes de la Plataforma de Reforma Juvenil y Protección de Menores en Aragón —UGT, CGT y CCOO— han convocado una huelga de 72 horas para los días 2, 3 y 4 de marzo, ante la falta de avances en la negociación de un convenio autonómico, las precarias condiciones laborales y la falta de medios, en un momento de aumento de la conflictividad y la violencia en estos centros, el último un motín en el centro del barrio zaragozano de Juslibol, que dejó más de una decena de policías y vigilantes heridos el pasado 5 de febrero. “Los trabajadores están machacados”, han alertado.

La convocatoria de huelga, anunciada en rueda de prensa por Héctor García (CGT), trabajador del Centro de Menores de Juslibol; la vicesecretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Angélica Mazo; y el responsable de Enseñanza Privada y del Sector de Menores de CCOO, Alberto Echeverría; llega en un momento en el que los trabajadores se sienten “abandonados institucionalmente”, en el que no se producen avances en la negociación del convenio colectivo autonómico y en un contexto de incremento de las agresiones.

En total, el sector cuenta con alrededor de 600 trabajadores en Aragón, repartidos en 64 centros de protección y reforma en toda la Comunidad Autónoma, con unas 500 plazas. Las exigencias se resumen, además de en retomar la negociación del convenio autonómico, en refuerzos “inmediatos” en los turnos de trabajo para que no haya ninguna persona sola. García ha asegurado que varias de las empresas que gestionan estos centros están incumpliendo el convenio actual e incluso incurren en “incumplimientos salariales”, con centros que tienen hasta un 30% de la plantilla de baja.

Ha enmarcado esta situación en el asesinato de Belén Cortés, una educadora de un centro de Extremadura que estaba sola trabajando en el turno de noche, del que se va a cumplir un año en marzo. Una situación, ha aseverado, que se da en la gran mayoría de los centros aragoneses.

La representante de UGT ha ido más allá al afirmar que “lo que estamos viendo es una descomposición progresiva del sector de menores en Aragón”, que era “muy bueno” hasta que se dejó “sin fondos”, por la “dejación de funciones” tanto por parte de las instituciones como de las empresas y entidades sociales que los gestionan.

“Las empresas son responsables, están dejando que no se cumplan los convenios, muchas no han aplicado los incrementos salariales”, ha dejado claro Mazo, remarcando que estas entidades “siguen teniendo beneficios económicos” y extendiendo la responsabilidad también al Gobierno de Aragón que, con un presupuesto de casi 500 millones de euros en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), “quizás, alguna 'perrica' más podría echar al Sistema de Protección y Reforma de Menores”.

Ha criticado especialmente la actitud de la Fundación Rey Ardid, principal entidad en el sector en Aragón, que ha emprendido una “huida” al salirse de la patronal en mitad de la negociación del convenio, lo que “rompe la negociación, rompe el diálogo y rompe cualquier medio de que los trabajadores puedan mejorar las condiciones laborales”. “Esto es una vergüenza. ¿De qué van?”, ha lamentado Mazo.

A ello ha sumado que este sistema no sólo atiende a niños que llegan de otros países, sino también a muchos menores que son de Aragón, han sufrido problemas familiares en su infancia y “hay que atenderlos igual para poderse reinsertar en una vida normalizada”.

“El sector necesita un presupuesto justo, necesita que los trabajadores tengan las condiciones laborales justas y lo que necesitamos es volver a la negociación del convenio colectivo”, ha remachado, para lo que se deben dotar también suficientemente los pliegos, para evitar que ocurra lo que ha sucedido en el centro de Juslibol, donde el concurso ya ha quedado dos veces desierto.

Pides un aumento entre el 30% y el 40% en personal y salarios

Para ello, la dirigente sindical ha defendido un incremento de entre el 30 y el 40% en el personal, lo que implicaría 82 educadores más de atención directa, y en los salarios, que han perdido en torno a la mitad de su poder adquisitivo desde la externalización del servicio, en 2002. Con más personal “se pueden evitar problemas como los que ha habido últimamente, que han salido tanto en prensa y ha llamado la atención”, ha apuntado, en referencia a sucesos como el motín de Juslibol.

“Basta con el bloqueo de la negociación, basta con la precariedad laboral, basta con la indiferencia hacia las plantillas por parte de las empresas y las instituciones y basta del reacaneo económico que hay por la parte de las empresas que están gestionando los centros de menores. Estamos hartos del bloqueo deliberado en la negociación del convenio autonómico, la negociación tiene que volver y convocamos huelga de 72 horas”, ha resumido, subrayando que los trabajadores están ya “en el límite”.

Desde CCOO, Alberto Echevarría ha puesto varios ejemplos de la precaria gestión de estos centros, como que la forma que tienen para calentar el agua para que los menores se duchen es “bajar a la cocina, calentar ollas y subirlas al piso de arriba donde están los baños”. Otro caso es el de una casa vivienda con ocho plazas de guarda y tutela, que un pliego de 2020 limita la estancia de los menores a tres meses y que lleva desde entonces ocupada permanentemente por los mismos. “Las empresas lo están permitiendo, la Administración lo está permitiendo y quienes sufren son los trabajadores y los menores, que no tienen un servicio adecuado”, ha apostillado.

Del mismo modo, Echevarría ha pedido “huir de la criminalización” porque “el problema no es el chico o la chica que en un momento determinado causa un conflicto grave”, sino que estos centros no están dotados de los recursos necesarios, y ha instado a la Administración a que resuelva los contratos cuando hay incumplimientos de los pliegos, como recoge la Ley de Contratos del Sector Público.

En todo caso, si se mantiene la huelga --las partes están convocadas este viernes, 27 de febrero, al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA)--, buena parte de los trabajadores no podrán secundarla, ya que los servicios mínimos establecidos para los educadores de atención directa son del 100%: “Este es nuestro derecho a huelga”, ha lamentado el representante de la CGT.

Si no hay acuerdo, además, se concentrarán el 2 de marzo frente a la sede de la Fundación Ozanam, el 3 de marzo lo harán frente al Palacio de la Aljafería coincidiendo con la constitución de las nuevas Cortes de Aragón y el 4 de marzo convocarán en la puerta de la Fundación Rey Ardid.

“Queremos un convenio autonómico, un convenio que sea de Aragón, que sea nuestro, que recoja las necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma”, ha incidido la representante de UGT, quien ha recordado que la mayoría de autonomías tienen un convenio propio, con lo que las condiciones salariales y laborales son mejores, hay mayor estabilidad y ello redunda en una mejor atención a los menores.

Para la Plataforma, hay dos modelos de convenio a seguir: Navarra y la Comunidad Valenciana. El primero porque “marca unas mejoras bastante importantes” y promueve una mayor estabilidad --de hecho, muchos trabajadores se trasladan desde Aragón hasta la Comunidad Foral--, lo que permite también prever y gestionar mejor las situaciones de violencia.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, además de una jornada laboral anual de 1.476 horas --frente a las 1.722 de Aragón--, se trata de “un modelo muy interesante” porque es la Administración la que paga directamente las nóminas y es un convenio único que recoge más sectores del ámbito de los servicios sociales, una línea que también sigue Cataluña, aunque sin llegar a las mejoras recogidas en el convenio valenciano.

Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Una medida que aún tiene que aprobar el Congreso de los Diputados donde no tiene mayoría para sacar adelante esta prohibición, técnicamente viable pero extremadamente ambiciosa. 

Al calor de ese anuncio, escuchamos a padres y madres, como Raúl, Ana y María, familias que llevan ya años organizándose a través de la plataforma Adolescencia Libre de Móviles, para proteger a sus hijos e hijas, y a los de los demás, de la adicción y riesgos de las redes sociales, pero sintiéndose solas. También hablamos con Alberto Soler, psicólogo especializado en familia e infancia, sobre el impacto de las redes en los menores y cómo gestionar mejor esta cuestión.

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No es solo que pase muchas horas con el móvil. Es que parece que no puede dejarlo al margen ni un minuto. Se enfada, hasta a veces entrar en cólera, si se le pide que lo apague. Pierde interés por cosas que antes le gustaban. A veces, por la noche, al entrar en su habitación, sigue en penumbra mirando la pantalla encendida. Cada vez parece más irritable o ausente. Revisa el teléfono casi de forma automática, aunque solo hace unos segundos que se lo había guardado.

No son “cosas de adolescentes”. Eso que las familias llevan años percibiendo en los menores no es un choque generacional ni una forma diferente de vivir las relaciones con los amigos. Son las consecuencias directas que los estímulos de las redes sociales tienen sobre el cerebro de los adolescentes y que la evidencia científica lleva casi una década documentando.

Los estudios son claros al respecto: el cerebro adolescente, con un sistema de recompensa hiperactivo y un control ejecutivo todavía inmaduro, es muy vulnerable a las mecánicas de diseño de las redes sociales que buscan atrapar la atención del usuario a toda costa.

Lo que también sabemos, gracias a filtraciones de personas que han tenido puestos de responsabilidad en estas compañías y a investigaciones periodísticas, es que esto no es un efecto secundario o no intencionado. Las corporaciones que operan las redes sociales los conocen y los han afilado con precisión neurocientífica, llegando a guardar en un cajón los avisos sobre el especial peligro que corrían los niños ante ellos.

Ahora los estados están empezando a decir basta. “Si queremos proteger a nuestros hijos, solo podemos hacer una cosa: tenemos que recuperar el control. Necesitamos asegurar que estas plataformas cumplan las normas como todos los demás”, afirmó este martes Pedro Sánchez en Dubai. “Su influencia no nos puede dar miedo, porque nuestra determinación es mayor que su riqueza”.

El presidente presentó un paquete de medidas para el entorno digital, como reformar el Código Penal para hacer que los dirigentes de las grandes redes sean responsables de la manipulación de sus algoritmos. A su vez, confirmó que España establecerá una edad mínima de 16 años para entrar a las redes sociales en cuanto el Congreso apruebe la Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales.

Ansiedad y depresión: las redes sociales cambian el cerebro de los adolescentes

Expertos de Stanford, la prestigiosa universidad en el corazón de Silicon Valley, describen el smartphone como la “jeringuilla” de una generación. La droga son las luces brillantes, los colores llamativos y las notificaciones constantes, que activan un área conocida como el sistema de recompensa del cerebro.

“Al igual que la jeringuilla es el mecanismo de administración de drogas como la heroína, el teléfono inteligente es la jeringuilla moderna que administra dopamina digital a una generación conectada”, explica la psiquiatra Anna Lembke, autora de Generación Dopamina, una de las primeras obras que documentó este efecto.

Al igual que la jeringuilla es el mecanismo de administración de drogas como la heroína, el teléfono inteligente es la jeringuilla moderna que administra dopamina digital a una generación conectada

Anna Lembke — Psiquiatra, Universidad de Stanford

Pero el cerebro de los menores se adapta rápido. La sobreestimulación constante de las redes activa un mecanismo de defensa que reduce la transmisión de dopamina y disminuye la sensibilidad de sus receptores. Lembke lo llama un “estado de déficit de dopamina”: el menor ya no usa el móvil para entretenerse, sino para intentar corregir un desequilibrio químico que le impide disfrutar de cualquier otra actividad cotidiana.

Lo que Lembke enunció hace ya un lustro se ha ido reflejando en las cifras oficiales. Datos del Departamento de Salud de EEUU muestran que los adolescentes que pasan más de tres horas al día en estas plataformas duplican su riesgo de sufrir problemas graves de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad. Un estudio de 2025, aprobado por la Biblioteca Nacional de Medicina, encontró una correlación matemática: por cada hora adicional de uso diario de redes sociales, el riesgo de depresión en los jóvenes aumenta un 13%.

Todos estos procesos alteran físicamente la arquitectura cerebral de los adolescentes. Investigadores de la Universidad de Carolina de Norte demostraron que la revisión habitual de redes sociales puede alterar el desarrollo neuronal en un periodo de tan solo tres años, volviendo al cerebro adolescente hipersensible a la aprobación o el rechazo de otros mucho más que los cerebros de adolescentes con menor uso de redes.

Otros estudios neurológicos han encontrado evidencias de cambios estructurales en el cerebro vinculados directamente con comportamientos impulsivos y dificultades en la toma de decisiones.

Visión alterada de la propia imagen

Hay más epidemias silenciosas detectadas por las familias que ya han sido validadas por la evidencia científica. Una de ellas es la distorsión de la propia imagen que sufren los adolescentes y que se asocia directamente al consumo de redes.

Un enorme metaanálisis (una investigación basada en los hallazgos de estudios anteriores, en concreto de 83) con un total 55.000 participantes publicado en 2024 confirmó la relación entre la práctica de comparación social que se da en estas plataformas y el desarrollo de trastornos alimentarios. Casi la mitad de los adolescentes entre 13 y 17 años que participaron en esos estudios, organizados desde 2018, admitió que las redes sociales les hacen sentir peor con su propio cuerpo.

Se trata de efectos que pueden extenderse a personas de todas las edades, pero que son especialmente peligrosos en los adolescentes al estar su cerebro en formación. Ocurre lo mismo con el uso de pantallas antes de irse a dormir: suprime la secreción de melatonina y desincroniza el ritmo circadiano del hipotálamo. Sin embargo, su sueño es aún más importante que el de los adultos, ya que se considera vital para su correcto desarrollo cognitivo.

Demandas y regulación

La industria digital había conseguido convencer a los estados durante años de que la autorregulación era la vía adecuada para tratar estos problemas. Se apoya en los grupos de presión mejor financiados que se han desplegado nunca. Según el Observatorio Europeo de Empresa, la inversión en lobby de las 10 principales tecnológicas alcanzó en 2025 los 151 millones de euros solo para impedir que Bruselas tomara decisiones contrarias a sus intereses.

Es una cifra mayor que la que acumulan el sector farmacéutico, el automovilístico o el financiero, juntos. En la capital comunitaria hay más personas registradas en grupos de presión de la industria digital que eurodiputados (que suman 720).

Sin embargo, el dique está empezando a resquebrajarse en todo el mundo. En EEUU el ariete son las demandas judiciales presentadas directamente contra las redes cuando las víctimas han podido documentar judicialmente el daño que les han causado. Se trata de una macro-demanda que ha agrupado a los fiscales generales de 40 estados, cientos de distritos escolares y miles de afectados contra Meta (por sus redes Facebook e Instagram) y Google (por YouTube).

En el litigio estaban involucradas también TikTok y Snapchat, pero llegaron a un acuerdo con la acusación para evitar ir a juicio. Meta y Google decidieron seguir adelante en un proceso que la prensa estadounidense denomina “el juicio del siglo” o el “momento tabaco” de las redes sociales.

Los fiscales acusan a las dos tecnológicas de crear productos peligrosos que utilizan el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones intermitentes, o los filtros de belleza irrealistas para anular la capacidad de autocontrol de los menores. Google se defiende alegando las acusaciones “no son ciertas” y que han trabajado con expertos para crear “experiencias adecuadas a la edad” de los usuarios. Meta ha optado por atacar la precisión jurídica del término “adicción” y poner sobre la mesa sus inversiones en seguridad de la plataforma.

Más allá de las fronteras de EEUU, la tensión geopolítica desatada por Donald Trump es una de las motivaciones que han provocado que estas plataformas dejen de ser intocables. El Parlamento Europeo apoyó elevar la edad mínima de uso de las redes sociales hasta los 16 años el pasado noviembre. En diciembre, Australia estableció el primer bloqueo duro de este tipo, eliminando las cuentas de decenas de miles de adolescentes de estas plataformas.

En Europa, España ha formado una coalición con varios países para desarrollar mecanismos seguros para impedir que los menores de 16 años utilicen estas plataformas. El Ministerio de Transformación Digital presume que la app española, que forma parte de ese piloto europeo, ya está lista a nivel técnico. Mientras tanto, la industria digital ya ha empezado a mover ficha para criticar la ambición del Ejecutivo de aprobar lo que denomina un “control duro” y aboga, una vez más, por la autorregulación.

Después del tenso pleno que se vivió este viernes en Cartes, por la proxima llegada de alrededor de 18 menores no acompañados procedentes de Canarias —de los 156 asignados por el Gobierno central a Cantabria— a un nuevo centro de menores que abrirá sus puertas en febrero, más de un centenar de vecinos de Cartes se reunieron para analizar la situación, gestionada con “oscurantismo, muchísima velocidad y nocturnidad”, por lo que evaluan movilizaciones en la sede del Gobierno de Cantabria (PP), en Santander.

Según Europa Press, el centenar de vecinos considera “desproporcionado” el número de menores que llegarán al municipio, que supera los 5.800 habitantes. Tampoco comprenden la ubicación la ubicación elegida para el centro de acogida, situado en el Camino Real de Cartes.

Por ello, los vecinos plantean una reubicación para estos menores y explicaciones de cómo se va a gestionar el centro, si bien han dejado claro que no impedirán su llegada a Cartes y que “solo” protestan ante una decisión con la que no están conformes. La reunión ha sido convocada a través de un chat que ha sido cerrado y han decidido convocar concentraciones todos los días, a las 19.00 horas.

Cronología

El conflicto estalló el martes cuando Lorena Cueto, alcaldesa del municipio (PSOE), calificó de “castigo” la llegada de “unos 18” menores no acompañados a Cartes. Informó en Facebook que se enteró a través de la Fundación Cuin, no de los concejales del PP o del Gobierno autonómico (PP), por lo que cuestionaba “las formas y el fondo”.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, reaccionó al día siguiente cuestionando a la alcaldesa, pero Buruaga, al poco de llegar al cargo como presidenta en 2023, una de sus primeras iniciativas fue renunciar a hacer un centro de acogida de refugiados en otro municipio, gobernado por un alcalde también del PP.

Esta semana, la regidora volvió a contestar un día antes del pleno: “No se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria” de estos menores, algo que, a su juicio, sí podría ocurrir en municipios más grandes, con más centros educativos, instalaciones deportivas o dotaciones culturales y sociales“, dijo sobre Cartes, que tiene un centro de primaria e infantil, otro de infantil y donde los estudiantes se trasladan al entorno de Torrelavega para estudiar secundaria.

El colegio de Navaleno (Soria) afronta su segundo día sin alumnos tras la decisión de madres y padres de no llevar a sus hijos al colegio hasta que no tengan garantizada la seguridad en el municipio tras la puesta en libertad del hombre que, el pasado jueves, se llevó a sus dos hijos del colegio y se atrincheró con ellos en una vivienda de la localidad.

Según ha confirmado a EFE el subdelegado del Gobierno de Soria, Miguel Latorre, este martes se ha producido una reunión con los padres de los escolares para confirmarles que se va a intensificar la presencia policial en todo el municipio, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, “por lo menos durante un tiempo hasta que se calme la situación”.

Latorre ha mostrado su apoyo a los vecinos de Navaleno y ha ratificado su compromiso de intensificar la vigilancia en el municipio, además de recordarles que tienen a su disposición el teléfono 062, de atención inmediata, para denunciar cualquier tipo de amenaza.

“Son las medidas que podemos tomar ahora mismo porque hay que respetar la decisión judicial” de dejar en libertad a este hombre que fue denunciado por su pareja como supuesto autor de un delito de violencia machista, ha subrayado Latorre.

El juzgado ha dictado medidas cautelares contra el detenido, como una orden de alejamiento de su mujer y sus hijos y la colocación de una pulsera anti-maltrato para proteger a la denunciante.

El subdelegado ha explicado que los padres le han trasladado “su inseguridad y miedo” tras la situación vivida la pasada semana, un sentimiento “entendible y justificado”, según ha defendido Latorre, quien les ha pedido “tranquilidad” y “que no se dejen llevar por la emoción del momento para no tomar decisiones precipitadas”.

En cualquier caso, Latorre ha reiterado que los padres “están en todo su derecho de reivindicar las medidas que consideren”, pero les ha recordado que pueden solicitar otras medidas a las consejerías de la Junta de Castilla y León, con competencia para ello, en referencia a la Consejería de Educación y a la de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El Procurador del Común —el Defensor del pueblo autonómico— ha pedido incoar un procedimiento sancionador “para depurar las presuntas responsabilidades” al no haberse impedido la participación de un menor de 14 años en un certamen taurino de Ledesma (Salamanca) en agosto de 2024, a pesar de que la edad mínima permitida era de 15 años. Este alumno estaba en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca,  donde los padres de dos menores han denunciado que sus hijos han sufrido acoso sexual por parte de compañeros y acoso de un profesor hacia un alumno.

Esta institución ha resuelto la queja que recibió por permitir a un menor de 14 años participar en el bolsín taurino, y se dirige a la Consejería de Presidencia para que inicie este expediente sancionador por el “proceso irregular de selección”. El participante era alumno de la escuela taurina de Salamanca, por lo que el responsable de esta institución considera que el centro estuvo implicado en la participación del menor.

“Sus responsables debían conocer la edad del menor, al estar obligados a disponer del libro de alumnos con sus datos de identificación registrados”, señala la resolución. A pesar de que las resoluciones no son de obligado cumplimiento, es habitual que las Administraciones públicas acaten las recomendaciones e instancias del Procurador del Común.

El Ayuntamiento, como ya hizo ante las preguntas de este medio, defendió ante el Procurador del Común que fue la Escuela de Tauromaquia la que cometió “un fallo de comunicación y gestión en la selección”. Sin embargo, el Ayuntamiento tenía responsabilidad en este asunto. El Procurador del Común concluye que el Ayuntamiento de Ledesma no comprobó ni antes ni el día del evento la edad de los participantes en el bolsín taurino, lo que permitió la participación del menor a pesar de que no tenía la edad necesaria, a pesar de que los seleccionados debían enviar documentación legal como la fotocopia de su DNI o pasaporte en vigor y la autorización por escrito de sus padres o tutores legales. Además, esa documentación debía ser requerida de nuevo el día de la actuación para su oportuna comprobación.

La decisión de admitir al menor de 14 años fue “irregular”

La normativa municipal establecía los 15 años como edad mínima para participar: era un requisito “claro e indispensable” en las bases del certamen. El Ayuntamiento “debía haber excluido, descalificado o denegado la participación del joven seleccionado por la Escuela Taurina por incumplir tal requisito”. “Este acto hubiera garantizado la legalidad del evento y la seguridad del menor admitido. La decisión de admitir al aspirante resultó irregular”, zanja el Defensor del Pueblo autonómico. El Procurador del Común ha solicitado el compromiso del Ayuntamiento de Ledesma con la protección de los menores de edad en la celebración de futuros bolsines taurinos.

Esta institución recuerda que el incumplimiento de las normas reguladoras del espectáculo taurino figura como una infracción leve en la Ley sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos. “El no haberse impedido la participación de un menor que no cumplía con ese requisito de edad podría determinar la aplicación del correspondiente régimen sancionador para el municipio y otros gestores del evento, como los responsables de la Escuela de Tauromaquia”, ha manifestado en su escrito.

Subvención anual de 3.000 euros a la Asociación Bolsín Taurino de Ledesma

La Diputación concede una subvención anual de 3.000 euros a la “Asociación Bolsín Taurino Ayuntamiento de Ledesma” porque considera que estos bolsines, “y concretamente el desarrollado por el Ayuntamiento de Ledesma”, son “parte importante de la identidad” de Salamanca y “un escaparate sin igual para que los jóvenes novilleros se muestren su buen hacer y así conseguir oportunidades que les validen en su camino y formación como matadores de toros, siendo esta la meta y aspiración de todos ellos”.

El reglamento de la Junta de Castilla y León, la edad mínima de los participantes para los bolsines taurinos es de 14 años previa autorización por escrito de los padres o tutores, una edad que otros ayuntamientos (como Candeleda, Ciudad Rodrigo o Alba de Tormes) han ampliado a los 16 años.

“Cuando se fugó Aissa (nombre ficticio), le pregunté al resto de niñas. Me comentaron que su intención era irse a Francia. A los dos días, Aissa les dijo que estaba bien y que la habían acompañado otras niñas del centro de al lado”. Así recuerda un trabajador de Tenerife la desaparición de una de las menores acogidas en su recurso. El educador, que prefiere no dar su nombre, afirma que los jóvenes no contaban a los trabajadores su intención de marcharse, pero sí a sus compañeros. La razón, explica, era la falta de movimiento y el no poder continuar con su viaje hacia Europa. “Estar atados de pies y manos”, resume.

El informe anual de personas desaparecidas publicado en 2025 por el Ministerio del Interior recoge que en 2024 se interpusieron en Canarias 3.767 denuncias por menores desaparecidos. Las Palmas fue la provincia con un mayor porcentaje de desapariciones relacionadas con menores de edad de todo el país, con un 87,1% de los casos. 

Este documento dedica un apartado específico a los menores extranjeros “ausentados” de los centros de acogida. Los jóvenes entran en esta categoría cuando han pasado doce meses desde su desaparición o cuando han cumplido ya la mayoría de edad sin haber sido localizados. En estos casos, y aunque la investigación siga abierta y las personas no dejen de ser buscadas, el Gobierno canario deja de tener su tutela.

En Canarias, al término de 2024, había 785 expedientes abiertos con estas características: 760 correspondientes a la provincia de Las Palmas y 252 a la de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de la comunidad autónoma con más casos, solo por detrás de Andalucía (5.873). Por nacionalidades, la mayoría de estos menores son de Marruecos, Guinea, Argelia, Malí y Costa de Marfil. 

La fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, responde que “son todas fugas voluntarias”. “Hay muchos casos en los que los chicos quieren continuar su viaje y buscan la manera con organizaciones que les facilitan la huida”, cuenta. A veces, asegura, “ya vienen con el pack desde África y saben con quiénes tienen que contactar”. Esos casos también se persiguen por la Fiscalía, aunque García reconoce que “no existe un protocolo específico”.

“Si detectamos muchas fugas de un mismo centro o de un grupo de chicos determinado, entonces lo que hemos hecho es comenzar una investigación con la Policía”, detalla. Cuando el joven desaparecido cumple 18 años, “se cierra la tutela y la Fiscalía ya no interviene”. “De todas formas, esos números están muy abultados porque cada vez que el menor se fuga se denuncia, y el mismo menor puede fugarse varias veces dando lugar a varias denuncias”, matiza. 

Este periódico ha intentado sin éxito contextualizar las cifras con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, responsable de la tutela de los menores extranjeros no acompañados.

La operación Tritón

En noviembre de 2025, la Policía Nacional desmanteló una red internacional dedicada al tráfico de menores migrantes entre Canarias y Francia. En el marco de la operación Tritón, los agentes detuvieron en Lanzarote a once miembros de la organización, a otro en Gran Canaria y a otro en Madrid. La investigación arrancó tras la desaparición de catorce jóvenes, todas niñas. Trece desaparecieron de un centro de Arrecife y una de un recurso de San Bartolomé de Tirajana. 

A los detenidos se les investiga por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil. Ahora, la Policía Nacional coopera con Francia para intentar encontrar a las víctimas de esta red.

“Los riesgos a los que se enfrentan estos niños y niñas se repiten a lo largo de todo el camino migratorio y continúan en los países de tránsito y de destino”, advierte la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye. “Cuando llegan, su situación de vulnerabilidad se multiplica y hace que sea más fácil explotarlos, ya sea laboral o sexualmente. La explotación no es casualidad, solo es posible cuando antes se ha deshumanizado a la persona, Y deshumanizamos a estos niños y niñas cuando, en lugar de protegerlos, les obligamos a llegar a Europa por rutas peligrosas e inhumanas”, sostiene.

Desprotección de los menores

Cuando un menor desaparecía en el centro en el que trabajaba el educador de Tenerife, primero se le buscaba dentro del propio centro y, si no estaba, el coordinador o coordinadora del recurso enviaba a un trabajador al cuartel de la Guardia Civil para denunciar la desaparición. “Las autoridades pertinentes registraban esto como una ”fuga“ y se le pedía al Gobierno canario que guardara la documentación del menor hasta un año después de la desaparición”, cuenta.

Desde Unicef sostienen que la saturación incide directamente en los riesgos de desaparición o fuga. “El desbordamiento de profesionales y las ratios de atención tan altas de quienes tienen un deber de protección impiden que se identifiquen los riesgos a los que puedan estar expuestos estos chicos y chicas”, explican desde la organización. 

A esto se suman los proyectos migratorios de cada menor. “La falta de protección y escucha y vivir en la ”incertidumbre“ propician su disposición a buscar alternativas y a exponerse a situaciones de riesgo, lo que es aprovechado por traficantes o incluso tratantes de personas”, indican desde Unicef.

Por su parte, Loueila Sid recuerda que se han detectado y denunciado vulneraciones de los derechos de la infancia migrante en Canarias, en especial, en centros que se siguen gestionando “desde una lógica de emergencia”. “Un entorno hostil facilita que la huida se perciba como una salida posible”, advierte.

Traslados seguros y protocolos claros 

“En nuestra experiencia, en el caso de fugas en contextos como este, los niños afirman enfáticamente que descartarían la salida del centro si tuvieran la certeza de recibir oportunamente el permiso de residencia, estudiar y trabajar o si no estuvieran en situaciones de hacinamiento o, incluso, de malos tratos”, aseveran desde Unicef.

Unicef pide que se desbloquee el Protocolo de Ausencias No Autorizadas en el que están trabajando el Gobierno y las comunidades autónomas y “que lleva casi dos años pendiente de aprobación”. 

“Nos preocupa que, en ocasiones, sobre todo en contextos de saturación, estas fugas muchas veces están prácticamente naturalizadas por muchos de los actores, incluyendo al personal de los centros, lo que puede generar que no se activen los protocolos que corresponden”, advierten desde la agencia de Naciones Unidas, que insiste en la importancia de fijar protocolos claros, mejorar la coordinación entre las instituciones, pero también en ir más allá. “Las fugas son indicadores de malestar emocional y así debe poder verlas el equipo educativo”.

El número 4 de la calle Gil Cordero, en pleno centro de Cáceres, se ha convertido en los últimos días en el escenario de un conflicto que va más allá de una comunidad de vecinos. La oposición frontal a la instalación de un piso tutelado para menores, gestionado por la empresa Cerujovi por encargo de la Junta de Extremadura, ha reabierto un debate de fondo sobre el rechazo social a la infancia vulnerable, el miedo alimentado por prejuicios y el uso del lenguaje cuando se habla de protección institucional.

Una sábana colgada de uno de los balcones del edificio ha sido la imagen más visible de la protesta. En ella podía leerse: 'María Guardiola, el piso tutelado te lo llevas a tu casa. No queremos ser Belén Cortés'. Justo al lado, en el mismo balcón, una imagen del Niño Jesús completaba una escena cargada de simbolismo y contradicciones.

“Nosotros no somos prejuiciosos, aquí puede vivir cualquiera, pero lo que no queremos es convivir con chicos que han cometido delitos. Igual que han cometido una cosa, pueden cometer otra. El miedo es libre”, explicaba ante los medios Elisa González, una de las vecinas que lidera la oposición al recurso. El argumento central del vecindario ha sido la inseguridad y la vinculación del piso con la empresa que gestionaba la vivienda tutelada de Badajoz donde fue asesinada la educadora Belén Cortés el pasado mes de marzo.

La comunidad sostiene que la Junta de Extremadura tiene capacidad de decisión en la ubicación de estos recursos —recuerdan que ha sido condenada a pagar 600.000 euros por responsabilidad civil en el caso de Badajoz— y que los estatutos del edificio prohíben expresamente tanto los pisos turísticos como los tutelados. “Va contra los estatutos y genera inseguridad”, defendía el presidente de la comunidad, Alfonso Sánchez-Ocaña, quien también denunciaba que la actividad se habría ocultado durante las obras de acondicionamiento del piso.

El temor se intensificó cuando los vecinos creyeron que los menores ya se habían instalado. Sin embargo, desde Cerujovi lo desmienten con rotundidad. La empresa asegura que el servicio nunca llegó a ponerse en marcha y que, ante el clima de hostilidad, han decidido no seguir adelante con este emplazamiento. “No queremos que los menores vivan en un lugar donde se les rechaza”, explican desde la entidad, que denuncia episodios de “violencia verbal”, intentos de impedir el acceso a las trabajadoras e incluso comentarios machistas dirigidos a las profesionales.

Finalmente, la Junta de Extremadura ha confirmado a una de las propietarias de la vivienda que el piso de Gil Cordero no prestará servicios para menores tutelados y que la empresa buscará una ubicación alternativa, garantizando —según el Ejecutivo regional— la continuidad de la atención. La administración recuerda que su obligación es dotar de recursos al sistema de protección y que corresponde a la empresa adjudicataria alquilar una vivienda adecuada.

Más allá del desenlace concreto, el conflicto ha provocado una reacción contundente de profesionales del ámbito social. Angélica, educadora social especializada en jóvenes, se muestra “inmensamente triste” ante lo ocurrido. “Qué daño hace el uso del lenguaje equivocado y los prejuicios interesados que han estigmatizado a la infancia vulnerable”, afirma. Recuerda que los menores tutelados lo son porque han sufrido abandono, maltrato, negligencias graves o pobreza extrema, y que la intervención pública busca garantizar derechos básicos: alimentación, seguridad, atención sanitaria, afecto, educación y acompañamiento emocional. “No tienen por qué ser delincuentes ni violentos”, subraya, y además insiste en la necesidad de diferenciar realidades que a menudo se mezclan de forma interesada en el discurso público. “Una cosa son los niños y niñas tutelados por motivos de vulnerabilidad social o familiar; otra, los menores migrantes no acompañados; y otra muy distinta, los adolescentes que han cometido delitos y cumplen medidas judiciales reguladas por la ley penal del menor”, explica. “Confundirlo todo solo genera miedo y rechazo”.

Desde Cerujovi destacan que el modelo de pisos tutelados busca precisamente la normalización de la vida de estos menores. En el caso de Gil Cordero, la previsión era un máximo de seis jóvenes, siempre acompañados por al menos dos adultos, dentro de un equipo formado por once profesionales —psicólogos, educadores y personal especializado—. “Cada vez es más difícil encontrar espacios donde se permita desarrollar este trabajo”, lamentan.

El propietario del piso, Enrique Arias, que mantiene una relación de asesoría profesional con la empresa desde hace 14 años, se declara “estupefacto” por la reacción vecinal y la tensión generada incluso antes de que el recurso comenzara a funcionar. Y es que en la vivienda se había realizado una reforma integral para adaptarla a las necesidades de los menores.

Para las profesionales de la intervención social, el mensaje final es claro: el problema nunca son los niños y las niñas. “Todos tienen derecho a una vida plena y feliz, y es la administración la que debe garantizarlo con criterios técnicos, no al dictado del miedo”, concluyen. Lo ocurrido en Cáceres, advierten, no es un episodio aislado, sino un síntoma de una sociedad que todavía mira con recelo a quienes más protección necesitan.

“Resulta especialmente doloroso que, ante la oleada de miedo y prejuicios, las instituciones públicas hayan guardado silencio en lugar de salir a explicar con claridad que convivir con niños y niñas en un recurso educativo, acompañado por profesionales, no entraña ningún tipo de peligrosidad, sino una oportunidad de cuidado y reparación. Lejos de alimentar el rechazo, la administración debería haber estado al lado de la entidad gestora para hacer del edificio un lugar más amable, preparado y acogedor para su llegada, y no contribuir a este clima de sospecha que deshumaniza a la infancia más vulnerable. El verdadero problema no son los menores, sino la precariedad y la descoordinación con la que, desde hace años, se externaliza y se recorta la protección que debería garantizar la propia administración, un modelo que ha dejado en la intemperie tanto a los profesionales como a los chicos y chicas, y que está en el origen de tragedias como el asesinato de la educadora social Belén Cortés, que han sacudido Extremadura y evidenciado el fracaso institucional en el cuidado de sus propios niños”, se lamentan.

Por su parte, la Junta de Extremadura aclara que el procedimiento “sigue siendo el mismo que en legislaturas anteriores”. Insiste que la empresa adjudicataria es la responsable de alquilar y poner a disposición la vivienda adecuada para el desarrollo del servicio y que la institución regional tiene la obligación de dotar los recursos necesarios para la prestación de un recurso residencial para menores, y que dada la situación actual, “la empresa ya ha manifestado que procederá a un cambio de vivienda debido a la presión vecinal para garantizar en todo momento la protección de los menores y la continuidad de la atención”.

La Policía Local de Palencia ha rescatado a un bebé en un hotel de la ciudad al detectar que se encontraba en riesgo por la existencia de consumo de drogas en su entorno familiar, ante lo que la Fiscalía de Menores ha optado por retirar de forma cautelar la custodia a la madre.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, después de que el establecimiento hotelero alertara a la Policía de una actividad sospechosa protagonizada por una pareja alojada en una de las habitaciones, que subía y bajaba de forma reiterada junto con un bebé y se reunía en las inmediaciones con otras personas.

Según ha informado la Policía Local en sus redes sociales, en un momento dado los clientes comunicaron al recepcionista su intención de marcharse sin abonar el importe de la estancia, por lo que el empleado dio aviso a los agentes.

Dos patrullas interceptaron a la pareja cuando intentaba abandonar el hotel por una puerta de servicio, los identificaron y cachearon pero no encontraron nada ilícito.

Sin embargo, en la habitación que acababan de dejar, los agentes localizaron diversos útiles para el consumo de drogas.

Ante esta situación, la Unidad de Agente Tutor se entrevistó con la pareja y la madre manifestó no haber consumido drogas esa noche, aunque reconoció haberlo hecho el día anterior, mientras que su acompañante asumió la propiedad de los utensilios encontrados y admitió haber consumido.

Los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores al considerar que el bebé había estado expuesto a un entorno de riesgo, con la posibilidad incluso de haber entrado en contacto con sustancias estupefacientes.

Además, la madre cuenta con varios antecedentes delictivos y tiene abierto un expediente relacionado con la custodia de su primer hijo, de 14 años.

La Fiscalía ordenó de manera inmediata la protección del menor, que fue trasladado a un centro especializado para su evaluación.

Los encargados de aplicar la norma no lo ven tan claro como el Gobierno. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, adelantó este diciembre que el Ejecutivo espera poder implantar en 2026 una verificación de edad digital destinada impedir que los menores accedan a contenidos para adultos o a las redes sociales sin tener la edad recomendada (actualmente está en 14 años, pero el Congreso negocia una nueva ley que plantea elevarla a 16). La vía que maneja el Ministerio es una verificación de la edad de todos los usuarios que pueda detectar a los niños y adolescentes, similar al aprobado recientemente en Australia.

La industria digital, sin embargo, recela de este método. Lo considera un “control duro” que “puede generar riesgos relevantes en materia de privacidad, accesibilidad y competitividad”. Por ello, pide “un enfoque flexible y proporcional” basado en “controles parentales y programas de alfabetización digital”, en el que sea cada familia la que decida cómo supervisa el consumo digital de los menores.

Así lo expresa en un comunicado enviado a este medio Adigital, una de las principales patronales tecnológicas españolas, de la que forman parte las grandes multinacionales estadounidenses que resultarán claves para el éxito de la medida. Para la asociación, la “verificación universalidad de la edad” que plantea el Gobierno puede suponer “cargas desproporcionadas a empresas y usuarios”. Por ello, piden que se base en la “evaluación de riesgos”, es decir, que no tenga que pasar el mismo control alguien que intente acceder a una página pornográfica que un usuario de las plataformas mayoritarias.

Los representantes de la industria señalan que poner el foco en la concienciación, en cambio, puede “reforzar la corresponsabilidad de familias y escuelas” en el proceso de la navegación segura para los menores.

Fuentes de las empresas directamente involucradas en el proceso de verificación de edad, con las que el Gobierno tendrá que colaborar, comparten esta opinión y han empezado a deslizarla en privado. Sus responsables entienden que se trata de una medida que puede ir directa a los titulares, pero con muchos problemas para ponerse en práctica. “Coarta la libertad de expresión también de los adultos que no quieren esa navegación fiscalizada”, aseguran.

“Parece desproporcionado crear un control para toda la población cuando es solo un colectivo el que la necesita”, opinan, ante la creencia de que “el café para todos no funciona”. Aunque reconocen que los problemas de adicciones o exposición a algoritmos nocivos en los menores es un problema que preocupa a una parte cada vez mayor de la sociedad, señalan que el camino “es la corresponsabilidad” con las familias: “Un adecuado control parental convierte el teléfono en un zapato”, alegan estas fuentes.

A qué llaman “control duro”

El sistema que propone el Gobierno, y que la industria califica de “control duro”, se articula en torno a una aplicación móvil llamada “Cartera Digital Beta”. Esta herramienta ha sido desarrollada por el Ministerio de Transformación Digital basándose en el Reglamento Europeo eIDAS 2, una normativa comunitaria diseñada para estandarizar la identificación electrónica en toda la UE. El sistema requiere que el usuario se registre utilizando su DNI electrónico, el sistema Cl@ve o un certificado digital oficial, vinculando así su dispositivo móvil a su identidad real.

De esta forma, cuando un usuario intente acceder a una web con contenido para adultos, esta le mostrará un código QR que deberá escanear con la aplicación de la Cartera Digital. En ese momento, la app no envía al portal ni el nombre ni la fecha de nacimiento de esa persona, sino que emite una “credencial de acceso” anónima que confirma que el usuario es mayor de edad.

Según explicó Transformación Digital en 2024, cuando se dio el pistoletazo de salida al proyecto, estas credenciales funcionan mediante paquetes de usos limitados que caducarán cada 30 días, obligando al usuario a renovar periódicamente su verificación. La app no almacenaría un registro de a quién se envían estas credenciales.

Se trata de un sistema avalado por la UE, que en el futuro quiere implantarlo a todos los ámbitos de la identidad digital como un método para reducir el envío de datos personales a terceros. Al alquilar un coche por Internet, por ejemplo, el sistema permitiría enviar tan solo una credencial que indique que el usuario dispone de carnet de conducir, y no una fotografía del documento, reduciendo el margen para ciberataques o filtraciones.

El objetivo del Gobierno es empezar a aplicarlo desde 2026 para controlar el acceso de los menores a las redes sociales y contenidos inadecuados, como pornografía o apuestas. España participa actualmente en un proyecto piloto europeo junto a Francia, Grecia, Italia y Dinamarca para probar el sistema, siendo Cartera Digital Beta la app “más adelantada y la única que está lista”, según ha defendido Óscar López.

Expertos en privacidad, no obstante, ya advirtieron cuando se presentó el sistema que acumular toda esta información en una misma aplicación estatal crea un punto único de fallo: si la seguridad de la Cartera Digital se viera comprometida, los atacantes podrían vincular trazar un gran número de actividades con la identidad real del ciudadano. “En Internet todos somos vulnerables. Acumular en un mismo sitio todo este tipo de información, desde mi punto de vista es peligroso, sobre todo cuando hay otras soluciones disponibles”, explicó Samuel Parra, abogado especialista en privacidad, en un reportaje de elDiario.es.

Los métodos “blandos”

La alternativa a este método que propone la industria son los métodos “blandos” como el control parental. Se trata de herramientas que conoce el 75% de familias con menores a su cargo, según los datos del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, solo el 35% de ellas las utilizan.

Pese a ese bache, el sector digital asegura que el método más efectivo para impedir que los menores accedan a contenidos perjudiciales es aumentar la concienciación sobre su importancia. Se basan en informes independientes como el de Infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado por Unicef, que relacionan los conocimientos y el compromiso con estas herramientas por parte de las familias con un descenso en las conductas de riesgo online (sexting, contacto con desconocidos o ciberacoso) en los menores.

“El empoderamiento de niños, niñas y adolescentes como agentes del cambio fomentando su participación en la toma de decisiones que afectan a su vida digital, escuchando sus voces, y considerando sus opiniones para construir una Internet más inclusiva donde puedan ejercer su ciudadanía plena”, refleja Unicef. Para ello, considera fundamental “promover una mediación parental gradual y adaptativa, empezando en la infancia con un acompañamiento cercano y avanzando en la adolescencia hacia la autonomía responsable, la toma de decisiones informada y la construcción progresiva de confianza”.

Para ser efectiva, la verificación debe aplicarse por defecto: las personas menores no deberían tener que demostrar su edad ni exponer su naturaleza

Informe de la Oficina C del Congreso de los Diputados sobre Menores y redes sociales

Otros estudios, como el Informe de la Oficina C del Congreso de los Diputados sobre Menores y redes sociales, recalcan que la prohibición total, como en el caso australiano con las redes sociales para los menores de 16, puede ser “contraproducente”. El motivo es que puede dificultar la “alfabetización digital” de los menores e introducir una “sensación de falsa seguridad” respecto a Internet y las plataformas digitales.

Sin embargo, ambos informes destacan que la vía actual, basada en la autorregulación, ha fracasado, y abogan por establecer verificaciones de edad más estrictas que “trasladen la carga de la prueba a los adultos”, como afirma el análisis de la Oficina C del Congreso. “Para ser efectiva, la verificación debe aplicarse por defecto: las personas menores no deberían tener que demostrar su edad ni exponer su naturaleza (por ejemplo, recibiendo información adaptada para tomar decisiones que no les corresponden) para que se bloqueen contactos, contenidos o funciones no apropiadas a su edad”, destaca.

Para Unicef, “establecer sistemas de verificación de edad efectivos, respetuosos con los derechos de niños, niñas y adolescentes” es una de las prioridades que enfatiza Unicef, así como “revisar la edad mínima y las condiciones para acceder a las redes sociales” y “exigir la rendición de cuentas a las compañías tecnológicas acerca del impacto de sus productos y servicios en los derechos de la infancia y la adolescencia”.

El mismo día que la presidenta de Cantabria brindaba por la Navidad con los funcionarios con efusiva emoción y distribuía fotografías del momento copa de cava en mano, anunció que ya han llegado a Cantabria doce menores no acompañados cuyo advenimiento ha sido convenientemente recusado por su Gobierno. Cuestión esta -el rechazo- que se comunica como ejemplo de gestión eficaz en pleno frenesí de buenos deseos navideños.

El contraste entre los principios inspiradores de la Navidad, la fraternidad y la humanidad, y el gesto inhóspito, desafortunado e insensible de la presidenta nos avergüenzan como sociedad. Eso que solo han llegado doce de los 156 que deberían haberlo hecho. Ya ha avisado de que se recurrirán todas las solicitudes de traslado según vayan llegando de Canarias, Ceuta y Melilla. Otro brindis de simplificación administrativa de la consejera Isabel Urrutia.

Predicar la solidaridad y el afecto es solo un escaparate para un lugar, Cantabria, donde los extranjeros son recibidos -como mercancía turística- con la banda municipal cuando bajan la escalerilla de los aviones y los ferris subvencionados para que hagan negocio fundamentalmente desde el sector hostelero.

Pero celebrar la Navidad, el relato de Belén y el niño que nace pobre en un portal debería asumirse -por parte de quiénes reivindican la tradición cristiana- más allá de la anécdota como una categoría vital. 

Justifica la presidenta Buruaga, para mayor agravante y menor sensibilidad, que la llegada de estos menores se ha hecho escalonada, que están llegando poco a poco. Para mayor comodidad del aparato administrativo que tiene que acogerles. Qué más da que ellos, los niños, estén más incómodos hacinados en otros destinos. El Gobierno de Cantabria únicamente percibe la dramática situación desde el punto de vista más favorable para sus propios intereses, no para los damnificados, para los que necesitan ayuda. Elllos pueden esperar.

Afortunadamente no entienden el idioma y no han tenido que soportar leer esta lamentable explicación sobre cómo han llegado a un lugar hostil donde tratan de devolverles como mercancía defectuosa que no lleva la acreditación de turista.

Después de estas declaraciones siguieron los cohetes, el cava y los villancicos. Brindaron por la alegría, se hicieron fotografías para testimoniar la felicidad navideña y repartieron abrazos.

Cuando se estudiaba Griego y Latín se aprendía que en Roma durante los desfiles triunfales un esclavo susurraba al oído del general victorioso: mira detrás de tí, recuerda que eres mortal. Reconocer la fragilidad, propia y del otro, nos recuerda que hay que alejarse de la arrogancia y vivir en la humildad. Aquí y ahora, a los políticos y autoridades, hay que recordarles que una persona solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo para ayudarle a levantarse. La lección de compasión e igualdad de Gabriel García Márquez debería ser una ley inquebrantable contra todos los que se consideran mejores que otros.

Australia vive estos días un debate nacional, a raíz de la entrada en vigor de un límite de edad para el uso de redes sociales por parte de los menores de 16 años. Se trata del primer país que pone en marcha una medida así, destinada a controlar los efectos perniciosos que estas plataformas tienen en los niños, como adicciones o exposición a contenidos para adultos. Una medida que el Gobierno español espera emular tan pronto como en 2026. 

Así lo ha anticipado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este jueves. Actualmente el límite de edad para el uso de estos servicios en España son los 14 años, pero una nueva norma plantea elevarlo hasta los 16. Se trata de la ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, que arrancó en septiembre su tramitación en el Congreso. Fuentes parlamentarias explican que el texto tiene posibilidades de conseguir apoyos por parte del resto de grupos, incluido el PP.

Si se aprueba, quedaría bloqueado el acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes menores de 16 años que no cuenten con aprobación parental.

No obstante, López ha recordado que la discusión sobre la edad mínima “no es oportuna si no hay un verdadero sistema de verificación de edad”. “La herramienta es tan importante como la legislación”, ha recalcado. En este sentido, el ministro ha confirmado que la herramienta de verificación de edad para poner en marcha la medida, Cartera Digital Beta, ya está a lista a nivel técnico, como adelantó elDiario.es. 

En este momento está siendo testada en un proyecto europeo junto a las soluciones propuestas por otros países, pero el ministro ha recordado que la española “es la más adelantada y la única que está lista”. Se trata de un proyecto en el que el Ejecutivo quiere ir de la mano con la UE, pero su objetivo es que el proyecto termine de poner todos sus mecanismos en marcha “en 2026”, ha recalcado.

Cartera Digital Beta es una herramienta de verificación de edad que permite demostrar si un usuario tiene más de una determinada edad sin revelar datos personales innecesarios, según ha explicado el Gobierno en su documentación técnica. Funciona como una credencial digital emitida por la Administración: el móvil genera una prueba criptográfica que las plataformas pueden comprobar, pero sin acceder al DNI ni almacenar información sensible.

El objetivo es que los menores no puedan abrir cuentas en redes sociales o acceder a páginas pornográficas sin este control y, a la vez, garantizar que el proceso respete la privacidad de los adultos.

Con el visto bueno del Consejo Asesor 

López ha hecho este anuncio en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Asesor sobre Inteligencia Artificial del Ministerio, integrado por algunos de los expertos internacionales en este campo más reputados. Este órgano consultivo, cuyos miembros no reciben una compensación económica por asesorar al Gobierno en esta cuestión, se ha reunido este miércoles y jueves en Madrid. 

Uno de los temas que han centrado las conversaciones ha sido precisamente lo que está sucediendo en Australia. Una de las personas que integran el consejo es la australiana Kate Crawford, cofundadora del centro de investigación AI Now Institute y autora de El Atlas de la IA, una de las obras de referencia en este campo, que ha documentado el intento del país de apartar a los menores de los algoritmos de las plataformas y sus efectos más perniciosos. 

“Es un paso que va claramente en la buena dirección”, ha manifestado en la rueda de prensa Jeroen van den Hoen, filósofo especializado en tecnología e IA, profesor de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) y miembro del Consejo Asesor. “A partir de nuestras conversaciones creemos que lo correcto es proporcionar herramientas de verificación de edad respetuosas con la privacidad y que a la vez garanticen cierto control a los padres sobre lo que ocurre con sus hijos online. Todo el mundo está preocupado por lo que está pasando”, ha revelado. 

“Durante mucho tiempo hemos estudiado lo que les ocurre a los jóvenes y a los niños en redes sociales y lo que sabemos es que no es bueno”, ha continuado el profesor en respuesta a la pregunta de elDiario.es. “Las personas que proporcionan estas plataformas, servicios y aplicaciones no están interesadas en la salud mental de los menores. Al contrario, obtienen beneficios de eso, por lo que tienen todos los incentivos para desarrollar todo tipo de productos que no están orientados a su bienestar, sino todo lo contrario. Su interés es que cada vez sean más adictivos”.

Para contextualizar el debate, que en Australia ha movilizado a muy diversos sectores de la sociedad civil, así como el actual en torno a la regulación de la inteligencia artificial, el experto ha querido recuperar una opinión de la ex comisaria de la Comisión Europea Margrethe Vestager. “Si hace 20 años, cuando se introdujeron las redes sociales, hubiéramos sabido cuál sería el impacto completo en la sociedad, no habríamos sido tan ingenuos. Habríamos tomado las medidas que estamos tomando ahora”. 

Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.

Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Las fuentes próximas a la investigación han añadido que fue la tía de la mujer quien dio aviso de la desaparición del niño porque la madre le envío un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha.

La Guardia Civil localizó el cadáver del niño con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta en una zona rocosa de la playa y poco después detuvo a la madre y a un hombre que es su actual pareja y no es el padre del menor.

Las fuentes han detallado que el hombre tiene vigente una orden de alejamiento de la mujer.

Roblox es un colorido mundo online que busca ser un punto de encuentro para jóvenes, en el que pueden programar sus propias experiencias interactivas o disfrutar de las generadas por otros usuarios, con los que también es posible relacionarse. La diferencia con otras propuestas igualmente exitosas como Minecraft, donde creatividad y comunidad se dan la mano, radica en que las mecánicas de juego varían en cada universo y en que existe mayor personalización. Sobre el papel suena a prometedor terreno de juego, pero diversas denuncias afirman que la plataforma es también “un coto de caza perfecto para pederastas”, según las palabras de la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill.

Precisamente la Fiscalía de Luisiana ha presentado varias demandas contra el gigante del entretenimiento. En Estados Unidos varios juzgados tienen causas abiertas relacionadas con la presencia de depredadores sexuales en el portal. En España, la Fiscalía de Lleida está rastreando posible corrupción de menores en todo el territorio nacional, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos ha ampliado la investigación que tiene en marcha sobre el tratamiento que hace de los datos de los jóvenes, para comprobar si sus mecanismos de verificación son eficientes.

Para entrar a Roblox basta con crear un usuario nuevo. Sin necesidad de comprobar la edad es posible acceder a miles de experiencias de toda índole. Para las consideradas como “maduras” hay que demostrar ser mayor de 13 mediante un sistema de verificación con IA que requiere mostrar el rostro en cámara, y que a partir de enero será requisito obligatorio para acceder a las funciones de comunicación. Moverse por la interfaz resulta intuitivo, es fácil de instalar, en principio no hay que pagar nada y su estética recuerda a Lego. Estos ingredientes han hecho que la compañía tenga más de 85 millones de usuarios activos al día —aunque Hindenburg Research asegura que estaban inflando las estadísticas—, teniendo un 39 % de ellos menos de 13 años de acuerdo con Takeaway Reality. 

La edad mínima para acceder a Instagram o TikTok es precisamente 13. En Roblox, esa barrera desciende hasta los 5 años. Por eso, los jóvenes acuden desde edades tempranas al portal a divertirse y socializar. Los cinco menores entrevistados para este reportaje comentan que empezaron a jugar pronto y que llevan haciéndolo desde entonces. La posibilidad de probar experiencias variadas es uno de los atractivos que destacan, así como el poder singularizar sus avatares. Pero, frente a esta cara más amable, subyacen problemas que ponen en peligro a sus usuarios y que, lejos de ser nuevos, llevan discutiéndose mucho tiempo.

En 2018, una madre denunció en Facebook que habían agredido sexualmente al avatar de su hija. Entonces, la conversación giró alrededor de la violencia online, pero un año antes el youtuber Ruben Sim ya había expuesto en su canal el comportamiento depredador de algunos adultos. Otras figuras han seguido su camino, como el influencer Schlep, quien, tras publicar varios vídeos en los que se hacía pasar por un menor para desenmascarar a pederastas, ha sido baneado por incumplir los términos de servicio del portal. Pero fue el reportaje de Bloomberg profundizando sobre la presencia de agresores sexuales en la plataforma el que hizo saltar todas las alarmas. 

“Que haya incidencias no es nuevo, porque esto ocurre a través de los chats, y suele aparecer también en redes sociales como Instagram o TikTok”, explica a este medio la Dra. María Salmerón, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. “A las consultas vienen padres por dolores de cabeza o problemas para dormir de sus hijos que vemos que ocurren porque en Roblox se enfrentan a contenidos que les incitan a las autolesiones, les cuestionan su sexualidad o les invitan a mandar fotos desnudos, y sí hemos detectado una agrupación y aumento de casos”, aclara.

Violencia virtual, consecuencias reales

Roblox es consciente de que existe un problema, pues en 2024 reportó más de 24.000 incidentes de explotación infantil en su plataforma al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, la organización estadounidense que ofrece ayuda a las víctimas y familias de niños perdidos, recuperados o víctimas de explotación sexual. La cifra fue bastante más elevada que los 13.000 reportes internos del año previo, según Games Industry. Matt Dolman, del bufete Dolman Law Group, comentaba en una entrevista con Wired que están llevando 300 casos de pederastia, siendo el 60% de sus clientes niñas. Los bufetes Stinar Gould Grieco & Hensley y Milberg representan a otras 400 presuntas víctimas. Por su parte, la empresa de inversiones Hindenburg Research asegura que la plataforma expone a los menores a “grooming, pornografía, contenido violento y lenguaje abusivo”.

La demanda interpuesta por la Fiscalía de Luisiana alude a que algunas de las experiencias que se pueden encontrar tienen nombres como “Escape to Epstein Island” (“Escape a la isla Epstein”), en alusión al depredador sexual Jeffrey Epstein. Buceando por Roblox, en la actualidad no es tan sencillo dar con esta clase de títulos, pero hay muchas experiencias destinadas a charlar, estar de fiesta o socializar en las que es fácil encontrar a usuarios preguntando a otros por su edad o detalles personales e intentando ligar.

Del mismo modo, hay que mencionar la existencia de los condo games, espacios en los que se queda para simular relaciones sexuales a los que se accede mediante canales externos. Un representante de Roblox explica a este diario que son conscientes de que “hay personas malintencionadas que tratarán de eludir las normas”, pero que “se tratan de una minoría” y disponen de “herramientas eficaces para detectar y eliminar estos juegos a través de una combinación de tecnología de aprendizaje automático y la intervención manual de un equipo de moderadores expertos”. Insiste en que “es muy raro que los usuarios se encuentren con ese contenido en la plataforma”, ya que cuentan con “filtros para evitar buscar contenido inapropiado”. A pesar de ello, es sencillo llegar a comunidades en Telegram o Discord a través de las cuales acceder a dichas experiencias eróticas, que muchas veces están creadas y gestionadas por menores, como expuso el youtuber trixt0r en su canal mediante entrevistas a varios desarrolladores.

Cómo proteger a los menores que juegan

“Conocí a gente que se hacía pasar por un niño. Sentía que esa persona trataba de manipularme y usaba unos términos algo raros, pero yo entonces era muy pequeña” comenta Lucía [nombre ficticio], una joven jugadora que detectó comportamientos extraños en Roblox. Para Marina [nombre ficticio] la experiencia ha sido diferente: “no he sentido que alguien con quien me haya encontrado se haya hecho pasar por niño, pero sí gente con intenciones de robar o aprovecharse de mí”, expresa. Su madre añade que su hija “aprendió a poner en duda lo que dicen en el juego y actuar en consecuencia” y que, antes de que comenzara a jugar, estuvieron “hablando de lo que podía encontrar”. “Le dije que me preguntara cada cosa con la que le surgieran dudas o temor”, relata, algo que la joven ha cumplido. La progenitora destaca que también ha encontrado gente que comparte sus intereses, pero que “ahora solo se relaciona con amigos ya consolidados”.

Todos los jugadores entrevistados para este artículo son menores y suelen jugar con amigos cercanos. Carmen [nombre ficticio] es una adolescente que asegura que la plataforma es “segura si se usa con cuidado o bajo control parental”, pero se ríe al ser preguntada por esta herramienta, porque ella misma no la ha utilizado nunca, ya que afirma que siempre juega a lo mismo y que sus padres lo saben. No es la única: ninguno de los entrevistados utiliza los controles parentales que ofrece la plataforma. Mario [nombre ficticio] explica que “hay que tener cuidado con la gente con la que se interactúa”, consciente de que existen algunos riesgos online. Sus padres confían en que su hijo “sabe perfectamente los peligros de Internet”, sobre todo el riesgo que supone tener conversaciones fuera de la propia aplicación de Roblox, porque, mientras que la plataforma censura el lenguaje inapropiado, los enlaces a sitios externos e información personal como direcciones o teléfonos, otros espacios donde se reúnen las comunidades de jugadores, como Discord, no cuentan con este filtro. La Dra. María Salmerón añade que, “igual que cuando salen a la calle es importante saber dónde van a estar y con quién van a ir sus hijos, en el mundo digital es igual”. Por eso anima a los progenitores a probar estos servicios “durante un tiempo y ver qué posibles riesgos entrañan”.

Construyendo experiencias y no videojuegos

Roblox nace con la idea de que los videojuegos eran el futuro del software educacional, pero sus creadores, Erik Cassel y David Brent Baszucki, pronto se dieron cuenta de que los menores usaban ese lenguaje tan sencillo más para jugar que para aprender. En 2006 la empresa adopta su nombre actual y empieza a crecer como un portal recreativo destinado a que los chavales desarrollen sus propias experiencias. Usan este término, experiencias, en lugar de videojuegos para no dar la sensación de que se nutren del músculo creativo de los usuarios. Pero la realidad es que las ganancias de la compañía, valorada en la actualidad en 90.000 millones de dólares, derivan en gran medida de las creaciones de los jugadores. 

No hay que perder de vista que Roblox no es un videojuego per se, sino una plataforma que los aglutina. Por tanto, anima a que cualquier persona desarrolle accesorios para los avatares o experiencias que incluyen microtransacciones, de modo que otros jugadores puedan pagar por estos elementos. De cada venta, la compañía se queda un elevado porcentaje, mientras que los creadores ganan alrededor de un 30% del valor del producto que han diseñado. Al preguntarle por esta cuestión, el representante de Roblox habla de que “es una forma de expresión creativa” y de que “para algunos es un hobby”, pero “para otros se puede convertir en una carrera”. Destaca que, las personas “inscritas en el programa DevEx”, que permite intercambiar la moneda del juego por divisa real, “tienen en su mayoría más de 18”. También, que “la edad media de los desarrolladores con mayores ingresos ronda los 25 años”. Pero esto ignora que cualquier usuario que supere los 13 puede pagar por campañas publicitarias para promocionar sus creaciones, algo que incentiva la propia compañía. También, que hay menores trabajando para creadores, adultos o no, para los cuales realizan tareas a cambio de la moneda del juego, Robux, o dinero real, como exploró The Guardian. Dado que se suelen organizar en espacios externos como Discord, no existe regulación en dichas comunidades de desarrollo. 

En 2021, People Make Games publicó un completo reportaje en el que abordaban la explotación laboral infantil en Roblox. En él señalaban que la empresa se queda con porcentajes muy elevados de cada transacción y que el cambio de la moneda in game sale peor cuando te pagan tu parte que cuando la cambias para comprar. Quintin Smith, guionista y presentador del documental, expresa en una entrevista para elDiario.es que no sabe “qué implica para el desarrollo psicológico de un niño que sus primeros trabajos sean todos en un espacio no regulado que no cuenta con los controles que deben implementarse para evitar la explotación laboral”, pero que está “seguro” de que “no es bueno para su autoestima o, lo que es peor, para el tipo de gerente en el que se convertirá cuando tenga empleados”. La Dra. María Salmerón señala que entre los adolescentes que diseñan experiencias existe el problema de que los “sistemas de recompensa inmediata activan la zona dopaminérgica, lo que implica que ”son adictivos“ a través de mecanismos como ”el hecho de tener monedas, de poder comprar mejoras para el juego o de que haya macroencuentros a horas intempestivas entre semana“. 

El planteamiento de Roblox y su foco en la personalización mediante la compra de mejoras es otra de las fuentes de beneficios. De los menores entrevistados, solo Carmen aseguraba no haber invertido nada, aunque tiene gente de su entorno cercano que se ha dejado “mucho dinero”, y algunos a los que incluso han robado tras hackear sus cuentas. Muchas marcas aprovechan este espacio virtual para promocionarse mediante el diseño de experiencias propias, por ejemplo, Mattel ofrece colaboraciones exclusivas para algunos de sus productos, como las muñecas Monster High. Y, desde hace unos meses, Roblox permite realizar compras físicas en sus entornos online y ganar recompensas por visionar anuncios de 30 segundos. 

Esto refuerza la idea de que funciona como un centro comercial, uno en el que también hay experiencias con dinámicas parecidas a las de los juegos de apuestas. Porque, evitando la denominación de videojuego, en Roblox esquivan las regulaciones de los juegos de azar. “Prohibimos simulaciones y apuestas reales en la plataforma, donde no se puede intercambiar dinero real, Robux ni artículos de valor dentro del juego en relación con ninguna actividad relacionada con las apuestas”, matiza su portavoz. Sin embargo, en su universo online existen cientos de experiencias que imitan la ambientación y mecánicas de los casinos.

El futuro incierto de ‘Roblox’

Después de que 51 personas musulmanas fueran asesinadas en las mezquitas neozelandesas de Christchurch, en Roblox aparecieron experiencias que recreaban estos atentados. Del mismo modo, existen zonas de roleplay nazi amparadas en ser obras sobre la II Guerra Mundial, donde de manera lo suficiente sutil como para evitar el banneo se emplea simbología fascista, por ejemplo, alterando los colores de la bandera o la forma de la esvástica. Desde la compañía aseguran que tienen “una política estricta que prohíbe contenidos o comportamientos que inciten, aprueben, apoyen, glorifiquen o promuevan el extremismo” y que lo gestionan mediante el uso de tecnologías como la IA y otras herramientas automatizadas, pero también con investigadores. 

Pero no parece tan eficaz en el caso del franquismo, pues no es complicado dar con obras cuya portada son imágenes del Valle de los Caídos o que recrean la Guerra Civil o la dictadura desde el ensalzamiento. Asimismo, existen perfiles en redes sociales como TikTok que suben vídeos de su paso por Roblox con escenas que titulan “franquista invade Marruecos para que no vengan los moros” o “[nombre del personaje] ahoga penas en alcohol recordando los mejores momentos del caudillo”.

La falta de regulación online ha llevado a que algunos entornos se conviertan en espacios en los que grupos extremistas se organizan. En estas comunidades virtuales han crecido grupos violentos que abusan de menores como la organización neonazi 764. Aunque no es algo exclusivo de Roblox, pues la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense investigaba las comunidades de World of Warcraft y Second Life para detectar grupos terroristas por estar sus chats menos controlados que las apps de mensajería instantánea o las redes sociales. 

No hay que perder de vista que en los mundos virtuales se socializa de verdad, algo que los convierte en lugares de expresión. De ahí que Roblox haya habido protestas en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense y concentraciones a favor de Palestina, muchas de las cuales fueron cerradas por la propia plataforma. Nada de lo que ocurre en ella es nueva, pues Habbo Hotel, videojuego que cumple 25 años, sufrió crisis parecidas: el título finés fue pionero en las microtransacciones que cambiaban dinero real por la moneda del juego, tuvo polémicas tras acciones reaccionarias de trolls y, en 2012, tras una investigación de Channel 4, se desveló la existencia de chats sexuales en los que se acosaba a menores, lo que supuso el principio de su decadencia. 

“Literalmente cualquier videojuego online dirigido a niños se convertirá en un foco de abusos si se le deja. Por desgracia, para obtener beneficios, estas empresas deben gestionar sus entornos digitales a una escala que hace que la moderación constante resulte inviable por su elevado coste”, explica Quintin Smith, quien compara la situación con “un negocio de parques infantiles que tiene un solo cuidador para supervisar a cientos de niños para poder obtener beneficios”. Para hacer frente al problema, Roblox ha tomado nuevas medidas de seguridad en el último año, como implementar las conexiones de confianza, que permiten seleccionar usuarios concretos para chatear sin filtro. Y, a partir de enero, el sistema de chat volverá a cambiar, pues estará basado en la edad estimada por el reconocimiento facial precisamente para limitar la comunicación entre menores y adultos. 

Cualquier videojuego online dirigido a niños se convertirá en un foco de abusos si se le deja. Por desgracia, para obtener beneficios, estas empresas deben gestionar sus entornos digitales a una escala que hace que la moderación constante resulte inviable por su elevado coste

Quintin Smith — Guionista y presentador del documental sobre Reblox elaborado por 'People Make Games'

Pero la normativa presente hasta el momento trata a los mayores de 13 años como si fuesen adultos y, aunque prohíbe compartir imágenes, vídeos o información confidencial en sus chats, los usuarios son capaces de saltarse estas restricciones a través de modificar el lenguaje empleado y de trasladar la conversación a otras plataformas menos reguladas. Por eso, la Dra. María Salmerón recuerda que, para proteger a los menores, “los padres no tienen que estar alerta solo en los juegos, sino en cualquier servicio digital que tenga servicios de chats privados, pues es ahí donde ocurren los problemas.”

Respecto a Roblox, mientras la Unión Europea estudia si Instagram y Facebook incumplen la obligación de proporcionar a sus usuarios mecanismos sencillos para notificar contenido ilegal, parece que las denuncias lo mantendrán en el punto de mira. Su CEO, David Baszucki, expresaba en una entrevista reciente con la BBC que quiere que sea “el futuro de la comunicación”. Quizá se trunquen estas ambiciones y corra la misma suerte que Habbo Hotel ahora que la seguridad en la plataforma está en entredicho o, quizá, el poder acumulado en estos años permita que aquel proyecto nacido como educativo siga en activo a pesar de los riesgos que puede entrañar para sus jóvenes jugadores. 

En un pequeño pueblo cercano a Cáceres, la vida feliz de una niña de 11 años fue interrumpida por dos agresiones sexuales perpetradas por un vecino y amigo de la familia. Un hombre en quien se depositó una confianza plena y que la traicionó de la manera más terrible. El horror vivido por la menor no se limitó al acto en sí: tras las agresiones sexuales, tuvo que enfrentarse a la dolorosa reacción social de su entorno. Las miradas de sospecha, el señalamiento, los insultos, y una sociedad que, en lugar de protegerla, la hizo sentirse cuestionada y culpable.

Su historia es la del doloroso testimonio de cómo una víctima puede ser revictimizada por la misma sociedad que debería protegerla y defenderla, y cómo el camino hacia la justicia es a veces tan solo el primer paso para ser creída cuando se denuncia un delito sexual. Por estos motivos en este reportaje no se identifica a la menor, por supuesto, ni a su madre. No se publica ningún dato, imagen o referencia que pueda facilitar su reconocimiento. La decisión responde al deseo expreso de la familia de poner fin al estigma y evitar que la niña siga siendo señalada.

Ese camino hacia la justicia culminó tras años de espera y recursos agotados. El condenado agotó la vía judicial local y autonómica, y finalmente, el Tribunal Supremo rechazó su recurso de casación. La orden de ingreso en prisión se hizo efectiva el 19 de junio de 2025 en la cárcel de la capital cacereña. Desde ese día, la niña y su familia han encontrado un primer alivio, ya que no tienen que cruzarse con él cada día o escuchar su voz al abrir las ventanas de su casa, una situación insoportable que fue su dolorosa realidad durante los dos últimos años debido a la proximidad de sus viviendas, ya que sorprendentemente la orden de alejamiento que se le impuso hasta que por fin se le privó de libertad fue de 100 metros escasos.

Tras más de tres años de una extenuante lucha judicial y emocional, el agresor fue sentenciado, pero ahora la familia de la pequeña intenta, con inmenso dolor, rehacer su vida marcada por secuelas y temores que persisten y por problemas económicos derivados de esta situación.

La traición de la cercanía

Fue la amistad entre ambas familias lo que facilitó que el hombre abusara de la niña en dos ocasiones en el mismo mes. La primera agresión ocurrió en enero de 2023 cuando él, solo en casa, llamó a la menor para que recogiera unos dulces. Tras un intercambio de palabras trivial, inició los tocamientos, dejando a la niña bloqueada e incapaz de comprender lo que ocurría. Una llamada telefónica de la madre a su hija pidiéndole que volviera ya a casa interrumpió la agresión. Él, por supuesto, le exigió guardar silencio.

La segunda agresión tuvo lugar ese mismo mes, tres semanas después. Nuevamente solo en su casa, invitó a la menor a merendar. La madre autorizó la visita bajo la creencia además de que la esposa de él estaría allí esa tarde. La niña, renuente, no quería ir, pero terminó obedeciendo, acompañada de su hermana de cinco años. El agresor distrajo a la más pequeña con una película y auriculares para que no escuchara nada, mientras agredía de nuevo a la niña. Otra llamada materna pidiendo a su hija que regresara puso fin a la agresión.

Durante un tiempo, la menor guardó silencio y no reveló a nadie lo ocurrido, aunque procuraba mantenerse alejada del agresor. La familia empezó a sospechar que algo no iba bien cuando, en una ocasión, lo sorprendieron merodeando alrededor de la vivienda familiar en un momento en que sabía que los padres no estaban en casa. Aquella presencia inesperada despertó la extrañeza y la inquietud de los familiares, que comenzaron a percibir señales de que la niña estaba evitando un contacto que resultaba claramente incómodo y perturbador. Finalmente, fue una familiar cercana a la madre quien recibió la confesión y trasladó de inmediato lo ocurrido a sus progenitores. A partir de ese momento, la familia decidió dar el paso y formalizó la denuncia el 5 de junio de 2023.

La doble revictimización: justicia y sociedad

La sentencia impuso, además de la pena de prisión, siete años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros que aún no se ha hecho efectiva. Un proceso que ha supuesto un enorme desgaste económico, con cerca de 12.000 euros en gastos legales, a lo que se suman gastos derivados de los años de terapia psicológica para la niña y su madre, que durante algún tiempo no encontró fuerzas ni para levantarse de la cama. Una madre que se ha arrepentido cada día de su vida de haber animado a la pequeña a acudir a casa de sus amigos y que enfatiza con dolor la doble y triple revictimización que han sufrido. No es suficiente con el horror de las agresiones, “hemos tenido que soportar años de demora judicial, gastos desorbitados, secuelas psicológicas y el desgaste emocional de tener a su agresor a tan solo 100 metros durante casi dos años”. Y aún queda pendiente un juicio breve por incumplimiento reiterado de la orden de alejamiento, lo que mantiene viva la tensión y el temor a más carga económica.

Pese al fallo judicial, la familia continúa enfrentando la hostilidad social: una parte importante del pueblo y comentarios en redes sociales han sido crueles, sugiriendo que la denuncia era falsa, que la niña provocó al adulto, o incluso aludiendo a un inexistente “consentimiento”. Es fundamental recordar que, en casos de menores de 16 años no existe consentimiento posible ante una agresión sexual. Y es que eran once. Once años tenía la niña.

Además de la estigmatización sufrida, la niña se vio obligada a cambiar de centro educativo, pues en el colegio de su pueblo la situación se volvió insoportable: burlas, desprecios e incluso insultos constantes por parte de sus compañeros y compañeras. Sin embargo, los primeros días en el nuevo centro tampoco fueron fáciles. Allí ya habían difundido lo ocurrido y volvió a enfrentarse al desprecio de algunos estudiantes. Finalmente, la dirección del instituto, alertada por sus padres, activó el protocolo correspondiente y logró frenar el hostigamiento.

Dos apoyos han sido fundamentales en este camino: la Fundación Márgenes y Vínculos, que proporcionó atención psicológica gratuita a la menor desde el momento de la denuncia, ayudándola a recuperar parte de la estabilidad y la vida normal que le corresponde a una persona de su edad. Y el Centro de Emergencia 24 horas para violencia sexual en la Casa de la Mujer de Cáceres, inaugurado en enero de 2025, donde se sintieron escuchadas, protegidas y comprendidas, sin ser cuestionadas ni revictimizadas. Fue precisamente en este espacio donde la familia conoció por primera vez la posibilidad de acceder a la justicia gratuita, un derecho del que nadie les había informado hasta entonces. “Aunque ya era demasiado tarde”, lamenta la madre, con la amarga sensación de que esa ayuda habría podido aliviar, al menos, el peso de su situación económica actual.

Responsabilidad colectiva

No es nuevo que una víctima de agresión sexual tenga que enfrentarse primero a la justicia y después a la sociedad. “Lo duro es que mi hija apenas tenía 11 años”, relata la madre quien recuerda que la sentencia que ha llevado a prisión al agresor se apoya en un principio reiterado por los tribunales: “Tanto el Supremo como el Constitucional han dicho muchas veces que la declaración de la víctima puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en delitos contra la libertad sexual”.

La mujer explica que los jueces insisten en que estos hechos suelen producirse en espacios ocultos y sin testigos, lo que dificulta la obtención de pruebas adicionales. “Por eso el Supremo estableció tres parámetros muy claros: la credibilidad subjetiva de la víctima, la credibilidad objetiva del relato y la persistencia en la incriminación”, señala.

“Cuando esos elementos concurren, la declaración adquiere la solidez necesaria para generar certidumbre judicial, incluso sin pruebas adicionales. Y eso es exactamente lo que ha pasado en el caso de mi hija”, concluye con firmeza.

Cada año en España, cerca de 65.000 menores sufren algún tipo de abuso sexual, y las niñas representan aproximadamente el 79% de las víctimas. La mayoría de estos abusos son cometidos por personas conocidas, en muchos casos del entorno familiar, lo que dificulta la denuncia y la detección temprana. Cada año se producen miles de denuncias por delitos contra la libertad sexual de menores, aunque se considera que estas cifras reflejan solo una parte de la realidad debido al alto grado de infradenuncia. Todos los estudios confirman que las consecuencias para las víctimas son graves y duraderas, tanto físicas como psicológicas.

La menor cacereña, tras un largo proceso de terapia psicológica y gracias también a la red familiar y de amistades que ha construido en estos últimos meses, se encuentra algo más fortalecida y ha querido compartir con elDiario.es Extremadura una carta en la que relata cómo ha vivido este duro episodio de su vida:

“Cuando por fin la conté no me imaginaba todas las consecuencias que vendrían. Mis 'amigos' del pueblo me dejaron de hablar, y solo encontré silencio, ni un abrazo, ni un 'estamos contigo', sino palabras como 'estás exagerando' y 'seguro que no fue del todo como dices'. Me quedé sola por contar la verdad. De noche, no podía dormir, escuchaba su voz y no quería salir a la calle porque él seguía paseándose por esas calles como si no hubiera hecho nada. Me sentía sucia, triste y vacía. Yo no tuve la culpa y mi familia no mentía por denunciarlo, pero mucha gente piensa todo lo contrario. El dinero influyó injustamente, pues tuvimos que pagar una cantidad muy grande solo porque a él le daba la gana de mentir hasta llegar al Supremo. Aseguro que entrar a una casa... y salir destrozada y sintiéndote sucia y despreciable es la peor sensación. Por eso, pido: si veis un caso de este tipo, no os calléis, hablar, apoyar a la víctima y sobre todo, no hacer este tipo de cosas a absolutamente nadie”.

Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han denunciado que el nuevo pliego del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol es “económicamente inviable” y constituye “otro ejemplo de cómo la Administración prioriza el ahorro frente a la protección de los menores y la dignidad laboral del personal”. Critican que, según lo publicado, quedarían menos de 600.000 euros para hacer frente a los gastos de alimentación, actividades, escolarización, mantenimiento, seguridad, limpieza y todos los gastos internos de un centro de 35.000 metros cuadrados.

Según sus cálculos, el presupuesto total del centro para 2026 asciende a 4,27 millones de euros. De ellos, 3,2 millones se destinan a salarios, pero el convenio obliga a aplicar una subida retributiva del 8%, lo que elevaría esa partida a 3,68 millones. Con estas cifras, solo quedarían 590.000 euros para atender a los menores y asumir todos los gastos del día a día en un complejo de más de 35.000 metros cuadrados.

Esta cantidad, denuncian, debe cubrir alimentación y ropa de los menores; actividades educativas y formativas; escolarización; mobiliario, equipos informáticos y su mantenimiento; así como limpieza, calefacción, aire acondicionado, control de incendios, videovigilancia, control de plagas, desinfección, mantenimiento de climatización y el cuidado de zonas verdes. “Con estas cifras no se puede garantizar ni la atención educativa que necesitan nuestros menores ni unas condiciones laborales decentes”, afirman.

Los sindicatos califican el pliego como “deficitario”, elaborado “a la baja” y limitado a “cumplir lo justo con la ley”, ignorando a la plantilla. Sostienen que podrían haberse firmado mejores condiciones mediante un convenio autonómico, pero tanto la Administración como las empresas “han preferido mantener la precariedad”. Como prueba de su inviabilidad, recuerdan que ninguna entidad se ha presentado al concurso, lo que ha obligado al Gobierno a ampliar plazos y ha generado “serias dudas” sobre el procedimiento. Desde el Ejecutivo señalan que, mientras el plazo siga abierto, el Departamento mantiene la espera dentro del proceso habitual.

Para CGT, UGT y CCOO, este pliego evidencia “el fracaso del modelo de colaboración público-privada”, que “rebaja la calidad educativa, precariza al personal y reduce el bienestar de los menores a una ecuación de ahorro”. Se preguntan, además, “de dónde saldrá el beneficio de la empresa que entre” y si esta podrá respetar el convenio estatal, garantizar la atención a los menores o evitar el deterioro de las instalaciones.

Por todo ello, exigen al Gobierno de Aragón la retirada inmediata del pliego, la apertura urgente de la negociación del convenio autonómico —que denuncian que continúa bloqueado— y la redacción de “pliegos dignos” que prioricen la intervención socioeducativa frente al ahorro económico. Advierten de que la plantilla “se pondrá al frente de la protesta” y no aceptará ningún contrato o concierto social que no garantice derechos laborales y calidad educativa.

Los sindicatos también apelan a las entidades aragonesas para que “no sean cómplices de esta precariedad”: que no concurran a contratos deficitarios y que se sienten a negociar “con responsabilidad y respeto”. Aseguran que las trabajadoras “no piden privilegios, sino dignidad, estabilidad y un servicio público a la altura de lo que merecen los menores”. Fuentes del Ejecutivo sostienen que, mientras esté abierto el plazo, el Departamento no va a hacer declaraciones.

Concluyen con un mensaje claro a la Administración: “Este sector no va a tolerar ni un pliego más hecho a la baja”. Si sus demandas no se atienden, advierten, “no habrá paz social”. La próxima movilización está convocada para el 19 de noviembre, coincidiendo con la entrega de los premios 4º Pilar en el Palacio de Congresos.

Mientras los discursos de la derecha y de la extrema derecha tratan de deshumanizarlos y vincularlos a la delincuencia, como hizo este mismo verano el alcalde de UPN de Valtierra, cuatro menores migrantes no acompañados que residen en Navarra han querido dar el paso este martes de contar sus historias y sus proyectos de futuro. Ndaye, Taha, Souffiane y Youssef han puesto cara, nombre y apellidos al testimonio de otros muchos jóvenes que son atendidos por el sistema de protección a menores del Gobierno de Navarra y que estudian y trabajan para labrarse un futuro en la comunidad foral.

Es el caso de Yousseff Rahou, natural de Marrakech (Marruecos) y que tiene 18 años. Llegó a Navarra en julio de 2024 tras un largo viaje que le llevó por Toulouse, Portugal y Bilbao hasta recalar en el Centro de Observación y Acogida (COA) de Marcilla, donde permaneció hasta el pasado mes de diciembre, cuando fue trasladado a un piso de autonomía, otro de los recursos de los que dispone el Ejecutivo foral y con el que se busca crear un espacio lo más parecido a un hogar para facilitar la integración de los jóvenes en la sociedad. Estudia un grado básico de Formación Profesional Básica en Carpintería y actualmente está realizando las prácticas de trabajo. En mente tiene ya estudiar un grado medio en soldadura porque ya trabajó de ello en una empresa familiar. Asegura estar muy “a gusto” en la comunidad foral y agradece que se le haya dado la oportunidad de estudiar y trabajar. Presume además de que su familia, con la que habla por teléfono a diario, “está muy orgullosa” de que lo que está consiguiendo.

El suyo es un relato que desmonta los prejuicios y mensajes racistas que muchas veces reciben los menores migrantes por una parte de la sociedad e incluso de partidos políticos y cargos públicos. “Estamos asistiendo a una peligrosa escalada de mensajes xenófobos que parten de una ultraderecha en los que solo relacionan a estos jóvenes con delincuencia y conflictividad, a través de una retórica y una estrategia xenófoba y racista”, ha lamentado la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu. “No debemos permitir que sea eso lo que único que trascienda a la sociedad. Es por eso que queremos dar a conocer las historias reales de algunos chicos y chicas que representan a la gran mayoría y que son historias de éxito que nos permiten asegurar que el sistema funciona, que es útil y que nos está permitiendo impulsar itinerarios que en la gran mayoría de los casos acaban en inclusión social, laboral y proyectos de vida autónoma”, ha añadido.

En la comunidad foral existe una red de atención a menores en situación de desprotección de más de 40 centros, entre residenciales y viviendas, en los que son atendidos. Allí se les evalúa y en función de sus necesidades se les destina a un recurso u otro. Se les pregunta por su proyecto de vida y se les ayuda en el aprendizaje del castellano y en su formación. Se busca, ha explicado Inés Francés, la directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, formarlos en puestos que las empresas tienen dificultad para encontrar personal y facilitar así su empleabilidad. En el caso de Taha Fatah, de 17 años y que llegó este pasado mes de julio al COA de Pamplona. Tras unos meses con clases de español, empezará la semana 4º de la ESO con la vista puesta ya en estudiar una Formación Profesional.

Pero no solo se busca un futuro profesional para ellos, sino una vida completa en un entorno comunitario. Por ello, y en colaboración con la Universidad Pública de Navarra y distintos clubes, se les introduce también en actividades deportivas. En el caso de Taha, juega al fútbol en un equipo de Pamplona, lo que también facilita su integración.

Comparte también esa afición por el fútbol Souffiane Elarch, de 17 años y también de origen marroquí. Tras un “viaje largo”, entró en el sistema de protección de menores con 15 años. Terminó la ESO y se matriculó en un ciclo de electromecánica, que sigue cursando. Pese a que reconoce que le está resultando difícil, asegura que quiere seguir estudiando y hacer un grado superior para poder encontrar un trabajo y quedarse en Navarra.

También quiere quedarse en la comunidad foral Ndaye Seck, una joven de 18 años natural de Senegal. Llegó a Canarias en 2023 tras un viaje de ocho días en patera. En julio de 2024 fue trasladada, junto con otras cuatro adolescentes al COA de Marcilla y desde principios del 2025 vive en un piso de autonomía. Estudia un grado básico de cocina y sueña con poder trabajar de ello en un futuro próximo para “poder ayudar” a su familia. Ha contado que tiene familia en Zaragoza y Barcelona, pero que le “gusta” Pamplona y prefiere quedarse a vivir y trabajar en la capital navarra.

Las suyas son las historias de cuatro de los menores migrantes bajo protección del Gobierno de Navarra. Según los datos de la última memoria, 2024 hubo un incremento de un 21% de menores en situación de guarda o bajo la tutela del Gobierno foral. A 31 de diciembre de 2024, se encontraban bajo la tutela del Ejecutivo foral 625 chicos y chicas, de los que 163 eran menores no acompañados, el 26% del total. 

Además, el Gobierno atiende a más de 300 jóvenes que siguen en formación en programas de autonomía al cumplir la mayoría de edad y pueden permanecer hasta los 21 años.

A lo largo de 2025 se han abierto más de 100 nuevas plazas en diferentes tipos de recursos, así como 34 nuevas plazas de acompañamiento en medio abierto para aquellos chicos y chicas en proceso de emancipación. Además, se han abierto dos nuevos centros de observación y acogida para menores migrantes y uno para niños y niñas menores de 14 años. Así, el sistema ha pasado de tener 197 plazas en 2015 a tener 546 en la actualidad y el presupuesto se ha duplicado en los últimos años. Ha pasado de 25 millones en 2019 a 50 millones destinados a políticas de infancia en 2025. Para 2026, el proyecto de presupuestos asciende a 66 millones.