Donostia tendrá un nuevo restaurante McDonald’s en los números 4 y 6 de la calle de Lizarra. Será el cuarto de la ciudad y el de mayor superficie de Gipuzkoa. Hasta ahí, no deja de ser la propaganda de una gran cadena multinacional. Pero se da la circunstancia de que a escasos cien metros está Aldapeta Maria Ikastetxea. Por ello, cerca de un millar de personas han firmado una petición contra el establecimiento, y las presentarán al Ayuntamiento. Cuestionan su ubicación junto a un centro que promueve la alimentación saludable y alertan de posibles problemas de suciedad, ruidos, olores y tráfico en una calle frecuentada por menores.

El Ayuntamiento de Donostia concedió a la sociedad Restaurantes McDonald's SAU la licencia de obras el pasado 31 de agosto para acondicionar y unir dos locales comerciales situados en los bajos de un edificio residencial. El presupuesto de la actuación asciende a 400.880,54 euros y los trabajos tienen un plazo máximo de ejecución de seis meses, tras los cuales deberá tramitarse el permiso definitivo de apertura. El restaurante tendrá un aforo de 170 personas y contará con cocina, almacén con cámaras y sistema de extracción de humos.

Las obras han generado inquietud entre los residentes del edificio y de la zona. La oposición al proyecto se ha organizado a través de una petición en Change.org, creada el pasado 6 de octubre bajo el título 'Contra la ubicación de establecimientos de comida rápida frente a centros educativos' por el colectivo 'Comunidad educativa y vecinos Lizarra kalea'. La iniciativa suma 986 firmas —el viernes a las 13.40 horas— y pide al Ayuntamiento que reconsidere el proyecto y establezca una distancia mínima entre los establecimientos de comida rápida y los centros escolares.

En el escrito, las familias y los vecinos sostienen que “los 2.200 alumnos del mayor centro educativo de Gipuzkoa reciben formación y consejos sobre alimentación saludable, tanto desde el centro como desde las instituciones sanitarias”. Por ello, consideran inadecuada la ubicación del restaurante. “La presencia de una cadena internacional de comida rápida, conocida por ofrecer productos altos en grasas saturadas, azúcares y sales, representa un riesgo directo para la salud y el bienestar de los jóvenes”, recoge la petición, que también advierte de que la cercanía del local “incrementará el consumo de alimentos poco nutritivos, promoviendo la obesidad infantil y problemas de salud a largo plazo”.

Dos madres que estaban recogiendo a sus hijas de Aldapeta para la hora del almuerzo explican que han firmado la petición. Una ha indicado que le preocupa más el colapso que puede generar en la calle tan “concurrida por menores”, que atraiga turismo y la zona sea “intransitable”. La otra madre sí ha departido sobre la salud y la alimentación balanceada, aunque luego ha añadido que “sirve también para hacer piña entre los padres”, catalogando el movimiento como una forma de unirse y de hacer algo de la mano.

Eso sí, no significa que la posición sobre estar en contra del establecimiento sea unánime. Una señora mayor residente en la calle le cuenta a este diario que no entiende el revuelo a nivel de la preocupación de la salud de sus hijos, aunque reconoce que sí le preocupan más los ruidos y olores que puedan ocasionar por la calle. Otras dos mujeres, recogiendo a sus nietas del colegio, no estaban muy al tanto de la recogida de firmas, pero creen que no es algo que vaya a afectar demasiado. Pero hay más voces. Dos otras madres confiesan que no pretenden firmar puesto a que es “responsabilidad de cada familia lo que comen sus hijos”.

La controversia ya ha llegado al ámbito político municipal. El portavoz de Elkarrekin, Víctor Lasa, ha reclamado al alcalde, Jon Insausti, del PNV, que actúe para frenar la apertura mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Si hemos podido cambiar el planeamiento para impedir un centro comercial en San Bartolomé, también debemos estudiar cómo hacerlo para proteger a 2.200 escolares”, ha defendido Lasa. El portavoz ha anunciado que solicitará un informe jurídico urgente para analizar si es posible modificar los usos urbanísticos y presentará una moción para instar al Gobierno vasco a regular las distancias entre los establecimientos de comida rápida y los centros educativos.

El fantasma de una nueva avalancha migratoria sobre Balears ha vuelto al debate político, pero las cifras dibujan por ahora un escenario mucho menos excepcional. Mientras el PP reclama al Gobierno central explicaciones por un informe policial sobre llegadas de migrantes al archipiélago -que los conservadores interpretan como una confirmación de que las islas se encuentran bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de migrantes-, la ruta argelina se mantiene prácticamente estable: 4.934 personas llegaron por vía marítima entre enero y agosto, apenas un 1,7% más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio del Interior.

Frente al temor a que puedan desembarcar de golpe “100 o 200 pateras” -en palabras del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí-, las entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señalan que la ruta está “más o menos controlada”, como señala la directora general de esta organización, Mónica López, en declaraciones a elDiario.es.

La polémica saltó durante la semana pasada. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma en los días previos a la crisis fronteriza en Ceuta, si bien confirmó la existencia de un informe que se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras. El documento fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional.

Menos de 24 horas después, la líder autonómica, Marga Prohens, compareció de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca del informe policial al que se refería Sánchez. La dirigente conservadora acusó al Ejecutivo central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y reclamó saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares. “Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, insistió Prohens.

Después de que saliera a la luz esta información, Vicent Marí (PP), presidente del Consell d’Eivissa, aseguró en una entrevista a Periódico de Ibiza y Formentera que tenía “pesadillas” alrededor de la idea de que pudieran “llegar aquí 100 o 200 pateras de golpe”, extremo que nunca ha ocurrido desde que se consolidara la ruta argelina. “Estamos asistiendo a un goteo constante de pateras desde una ruta consolidada que es Argelia, aunque el Gobierno lo niegue. Ya llegan más migrantes en patera a Baleares que a Canarias, con lo cual está claro que es una ruta consolidada”, afirmó Marí. Esta travesía se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos, como informó elDiario.es.

“La ruta está más o menos controlada”

“Nosotros entendemos que quien tiene esa información o quien puede tener esas alertas, lógicamente, es el Gobierno, el Ministerio del Interior y el CNI -que depende del Ministerio de Defensa-”, responde la portavoz de CEAR, a la pregunta sobre si considera posible que lleguen, de un plumazo, centenares de cayucos a las costas pitiusas. “Creo que las cifras respecto al año anterior suponen un incremento de unas 80 personas, con lo cual parece que esa ruta está más o menos controlada”. “Sobre que pudiera haber una previsión de llegadas de muchas embarcaciones, nosotros desde luego desconocemos el dato”, incide López.

La directora general de CEAR explica que la respuesta institucional que se ha ofrecido cuando se ha producido la llegada de embarcaciones precarias a los archipiélagos canario y balear “ha funcionado”. López diferencia así la acción gubernamental como consecuencia de la crisis -fronteriza primero y humanitaria después- de Ceuta, que considera “lenta”. “Balears sí que es verdad que el verano pasado tuvo una crisis importante de capacidad de acogida para las personas que estaban llegando”, reconoce. “Se han realizado traslados [de migrantes adultos] a la península y creo que la situación está más o menos normalizada”, añade.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican a este diario, en cuanto a los menores, que las derivaciones están reguladas por el Real Decreto-ley 2/2025. “No opera en Balears porque no está en contingencia migratoria extraordinaria. Solo en Canarias, Ceuta y Melilla. Son 2.000 los menores trasladados desde esos territorios desde esos tres territorios de la península en los últimos 12 meses”, aseguran.

La lectura e interpretación que hace el Govern acerca de los datos, sin embargo, es otra. Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local afirman a este diario que incluso con los informes quincenales del Ministerio [del Interior], se demuestra que “se mantiene la tendencia al alza”, debido a la subida del 1,7%. La Conselleria compara estos datos con los de la ruta canaria, que se reduce un 57,4%. “Es decir, en Balears llegan ya prácticamente las mismas personas que a Canarias, que ha pasado de unas 12.000 el año pasado por estas fechas a poco más de 5.000”, puntualizan.

El Govern balear ve una tendencia al alza

Además, el Govern del PP -que legisla en en minoría con apoyos puntuales de Vox- considera que los informes quincenales “pueden variar mucho” de una quincena a otra, por varios motivos: mala mar, embarcaciones que han llegado dos días más tarde o porque las llegadas de los últimos días del mes entran en un informe o en el siguiente. “Querer concluir que ‘ya estamos mejor’ con estos datos es, como mínimo, precipitado”, consideran. A juicio del Ejecutivo autonómico, hay que tomar como referencia el último informe anual de riesgos de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), de junio, que señala que durante el primer trimestre de 2026 las llegadas cayeron un 40% en Europa y un 60% a través de la ruta canaria. En paralelo, aseguran que la ruta argelina hacia Balears sube un 17%, aunque este dato no aparece en el informe.

Concretamente, sobre la ruta del Mediterráneo occidental –que es más amplia que la argelina porque abarca Marruecos, Mauritania y Senegal, además de Argelia–, el informe señala que se espera que “continúe una tendencia estable y ligeramente al alza”, durante este 2026. Y añade que lo más destacable, en este sentido, es “el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos”, nacionalidades que anteriormente estaban más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental.

El último informe de Frontex señala "el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos", nacionalidades anteriormente más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental

El informe de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) atribuye estos cambios al endurecimiento de los controles en Libia, Túnez y Mauritania, que está desviando los flujos hacia Argelia “como punto de partida alternativo”. “La propia Argelia es tanto país de origen como de tránsito, y los argelinos representaron cerca del 54% de las detecciones en la ruta del Mediterráneo occidental en 2025”. Las causas son el desempleo juvenil estructural y el descontento de la población con la clase política, a juicio de la agencia europea.

El Ejecutivo insiste: “El ritmo de llegadas es inasumible”

“Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra”, afirma la Conselleria de Presidencia. Las fuentes consultadas señalan, así, que la tendencia al alza continúa y que este ritmo de llegadas “es inasumible para un territorio como Balears”. Añaden que a 9 de septiembre han contabilizado 484 personas en más de una veintena de cayucos.

En este 2026 han llegado casi 5.300 personas, según el recuento del Govern. “Además, están los 916 menores que tutelan actualmente los consells insulars, cuando la capacidad ordinaria establecida por el Estado es de 434”, apuntan. Por todo ello, el Ejecutivo autonómico reclama que Frontex tenga “una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas”.

Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra

Conselleria balear de Presidencia

El Ministerio del Interior, por su lado, explica a este diario que, a 31 de agosto de 2025, el incremento de llegadas en comparación con el año anterior ascendía al 78%. “Desde entonces la tendencia ha ido descendiendo progresivamente. Terminó 2025 en un ascenso del 24,5% y la tendencia durante 2026 ha sido de desaceleración hasta alcanzar algunos descensos o subidas leves”, apuntan. Así, Interior señala que se aplica “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas”. Una acción que, a juicio del Gobierno, está funcionando y que “evita en origen el 40% de las salidas irregulares”.

El Ministerio del Interior explica que se está aplicando “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas"

La repatriación colectiva de menores es ilegal

El posicionamiento de las administraciones autonómicas –el PP gobierna en todos los consells insulars, y también en el Govern– es que los menores no acompañados “tienen que estar con sus padres”. “Pensar que podemos acoger a todo el mundo, eso es estar equivocado. Hay que ayudar a estos países en origen. Los menores no tienen que estar en centros de acogida aquí en Ibiza o en cualquier otro lugar de España. Tienen que estar con sus padres”, afirmó Marí. Y añadió que si hace falta hay que “ayudar” a los países de origen para evitar la llegada de migrantes.

Independientemente de cuál sea la gestión que ejerza el Estado así como las comunidades autónomas para recibir la llegada de menores, la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo. Lo que puede hacer el Govern –ya lo ha hecho, sin éxito– es pedir la modificación del sistema de reparto, regulado por el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

En este sentido, López recuerda que para que los menores puedan volver con sus padres, hay que “cumplir unos estrictos procedimientos para no devolver a los menores a un contexto en el que no pueden estar”. “La premisa de que los niños siempre están mejor con sus padres no se cumple en todos los casos. Pero ni con niños migrantes ni con niños españoles”, advierte la directora general de CEAR.

En la misma línea, explica que hay que tener en cuenta “el interés superior del menor”, ya que en la legislación de un Estado de derecho tiene que haber “procedimientos que garanticen que esos niños no van a ser devueltos a un espacio en el que no se les va a tratar conforme al derecho”. Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, coincide: cualquier repatriación que se realice a niñas, niños y adolescentes “debe realizarse a través del procedimiento adecuado que está establecido siguiendo todas las garantías necesarias, escuchando a las niñas, niños y adolescentes y realizando una determinación del interés superior del menor”.

Las entidades piden “solidaridad interterritorial”

En cuanto a las crisis de acogida que se puedan generar debido a la llegada de menores, Graíño hace un llamamiento a todas las administraciones públicas para que “se comprometan con el principio de solidaridad interterritorial y que se activen, en este sentido, los mecanismos para activar soluciones que permitan, por ejemplo, traslados a la península de niñas, niños y adolescentes”. El mes pasado, el Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron para abordar la atención a los menores en Ceuta, pese al plantón de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

“Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado, sin poder cubrir sus necesidades básicas e igualmente sin poder tener acceso digno y adecuado a la atención sanitaria”, lamenta Graíño, en referencia a la crisis humanitaria de Ceuta. Además, recuerda que todavía “hay muchísimas niñas que siguen sin estar identificadas debidamente de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”. “Esto debe realizarse con la máxima premura posible debido a que es una garantía para que puedan acceder al resto de sus derechos”, apunta.

Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado y sin poder cubrir sus necesidades básicas

Irene Graíño — Técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia

La directora general de CEAR, sin embargo, cree que el problema “no está en el reparto que se hace de los menores”, sino que está “en que las comunidades autónomas se niegan a asumir ese reparto”. “Ese, para mí, es el verdadero problema. Es un problema de facto. Ha pasado con Canarias, está pasando con Ceuta: hay comunidades autónomas que se niegan a asumir a esos menores en caso de que se activase la necesidad de reparto”, lamenta López.

La portavoz de CEAR señala que, al final, todo tiene que ver con “las políticas europeas, no solo con las españolas y no solo con las de las comunidades autónomas”. El contexto actual es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque las políticas de externalización de fronteras y securitarias son anteriores. López señala que el control de fronteras para impedir la llegada de migrantes lleva produciéndose, al menos, desde la década de los 2000. Entre ellos, cita los acuerdos de la UE y España con Mauritania, Marruecos y Turquía.

“Es una consecuencia de esa política de externalización de fronteras que para nosotros ha fracasado. Porque si estamos viviendo crisis migratorias como la que hemos vivido el mes pasado en Ceuta después de 20 años de políticas de externalización de fronteras y de control migratorio, es que algo está fallando”, advierte. CEAR propone, desde el principio de la crisis fronteriza que derivó en una crisis migratoria, el traslado de los migrantes a la península. “Ha funcionado en el caso balear y canario”. Así se evitaría que ciudades como Ceuta, o como podría pasar en el archipiélago canario –que tienen una frontera y un territorio limitado– “colapsen o tengan problemas de convivencia”, concluye.

El fantasma d’una nova allau migratòria sobre les Balears ha tornat al debat polític, però les xifres dibuixen, ara per ara, un escenari molt menys excepcional. Mentre el PP reclama al Govern central explicacions per un informe policial sobre les arribades de migrants a l’arxipèlag –que els conservadors interpreten com una confirmació que les illes es troben sota una alerta de “risc alt” davant una possible “entrada massiva” de migrants–, la ruta algeriana es manté pràcticament estable: 4.934 persones van arribar per via marítima entre gener i agost, només un 1,7% més que en el mateix període de 2025, segons dades del Ministeri de l’Interior.

Davant la por que puguin desembarcar de cop “100 o 200 pasteres” –en paraules del president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí–, entitats com la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) assenyalen que la ruta està “més o menys controlada”, com assenyala la directora general d’aquesta organització, Mónica López, en declaracions a elDiario.es.

La polèmica va esclatar durant la setmana passada. En una compareixença al Congrés dels Diputats, el president del Govern, Pedro Sánchez, va negar que la Policia Nacional hagués advertit d’un “risc alt” a la ciutat autònoma els dies previs a la crisi fronterera a Ceuta, si bé va confirmar l’existència d’un informe que es referia a la Península i a les Balears: “També s’ha dit que la Policia Nacional havia advertit una setmana abans d’un risc alt a Ceuta. I no és correcte. Aquest informe va existir, però parlava exclusivament de les arribades marítimes a la península i a les Illes Balears i no, per tant, a la frontera de Ceuta”, van ser les seves paraules. El document va ser elaborat pel Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), dependent de la Policia Nacional.

Menys de 24 hores després, la líder autonòmica, Marga Prohens, va comparèixer de manera extraordinària per sol·licitar “per tots els canals formals” informació sobre l’informe policial a què es referia Sánchez. La dirigent conservadora va acusar l’Executiu central d’“ocultar” una informació que, al seu parer, comprometia la seguretat de les illes, i va reclamar saber què va fer l’Estat des que en va tenir coneixement i per què no es va comunicar a les autoritats balears. “Creiem que és molt greu l’ocultació d’aquesta informació tan sensible al Govern de les Illes Balears”, va insistir Prohens.

Després que aquesta informació sortís a la llum, Vicent Marí (PP), president del Consell d’Eivissa, va assegurar en una entrevista al Periódico de Ibiza y Formentera que tenia “malsons” al voltant de la idea que poguessin “arribar aquí 100 o 200 pasteres de cop”, fet que mai no ha succeït des que es va consolidar la ruta algeriana. “Estem assistint a un degoteig constant de pasteres procedents d’una ruta consolidada que és Algèria, encara que el Govern ho negui. Ja arriben més migrants en pastera a les Balears que a les Canàries, de manera que és evident que és una ruta consolidada”, va afirmar Marí. Aquesta travessia s’ha consolidat com el creuament migratori més transitat per arribar a Espanya, per sobre de la ruta atlàntica cap a les Canàries, així com dels trajectes des del nord del Marroc, com va informar elDiario.es.

“La ruta està més o menys controlada”

“Nosaltres entenem que qui té aquesta informació o qui pot tenir aquestes alertes, lògicament, és el Govern, el Ministeri de l’Interior i el CNI –que depèn del Ministeri de Defensa–”, respon la portaveu de CEAR quan se li pregunta si considera possible que arribin, de cop, centenars de cayucos a les costes pitiüses. “Crec que les xifres respecte de l’any anterior suposen un increment d’unes 80 persones, de manera que sembla que aquesta ruta està més o menys controlada”. “Sobre el fet que pogués haver-hi una previsió d’arribada de moltes embarcacions, nosaltres, des de CEAR, desconeixem la dada”, insisteix López.

La directora general de CEAR explica que la resposta institucional que s’ha ofert quan s’ha produït l’arribada d’embarcacions precàries als arxipèlags canari i balear “ha funcionat”. López diferencia així l’actuació governamental a conseqüència de la crisi –primer fronterera i després humanitària– de Ceuta, que considera “lenta”. “És cert que les Balears l’estiu passat van tenir una crisi important de capacitat d’acollida per a les persones que arribaven”, reconeix. “S’han fet trasllats [de migrants adults] a la península i crec que la situació està més o menys normalitzada”, afegeix.

Fonts del Ministeri de Joventut i Infància expliquen a aquest diari, pel que fa als menors, que les derivacions estan regulades pel Reial decret llei 2/2025. “No opera a les Balears perquè no es troben en contingència migratòria extraordinària. Només a les Canàries, Ceuta i Melilla. Són 2.000 els menors traslladats des d’aquests territoris des d’aquests tres territoris de la península en els darrers dotze mesos”, asseguren.

La lectura i interpretació que fa el Govern sobre les dades, però, és una altra. Fonts de la Conselleria de Presidència, Coordinació de l’Acció de Govern i Cooperació Local afirmen a aquest diari que, fins i tot amb els informes quinzenals del Ministeri [de l’Interior], es demostra que «es manté la tendència a l’alça», a causa de l’increment de l’1,7%. La Conselleria compara aquestes dades amb les de la ruta canària, que es redueix un 57,4%. “És a dir, a les Balears ja arriben pràcticament les mateixes persones que a les Canàries, que han passat d’unes 12.000 l’any passat per aquestes dates a poc més de 5.000”, puntualitzen.

El Govern balear veu una tendència a l'alça

A més, el Govern del PP –que governa en minoria amb suports puntuals de Vox– considera que els informes quinzenals “poden variar molt” d’una quinzena a l’altra, per diversos motius: mala mar, embarcacions que han arribat dos dies més tard o perquè les arribades dels darrers dies del mes entren en un informe o en el següent. “Voler concloure que ‘ja estem millor’ amb aquestes dades és, com a mínim, precipitat”, consideren. A parer de l’Executiu autonòmic, cal prendre com a referència l’últim informe anual de riscos de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes), del juny, que assenyala que durant el primer trimestre de 2026 les arribades van caure un 40% a Europa i un 60% a través de la ruta canària. Paral·lelament, asseguren que la ruta algeriana cap a les Balears augmenta un 17%, tot i que aquesta dada no apareix a l’informe.

Concretament, sobre la ruta de la Mediterrània occidental –que és més àmplia que l’algeriana perquè inclou el Marroc, Mauritània i el Senegal, a més d’Algèria–, l’informe assenyala que s’espera que “continuï una tendència estable i lleugerament a l’alça” durant aquest 2026. I afegeix que el més destacable, en aquest sentit, és “l’ús creixent de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans”, nacionalitats que anteriorment estaven més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l’Àfrica occidental.

L'últim informe de Frontex assenyala "el creixent ús de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans", nacionalitats anteriorment més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l'Àfrica occidental

L’informe de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes) atribueix aquests canvis a l’enduriment dels controls a Líbia, Tunísia i Mauritània, que està desviant els fluxos cap a Algèria “com a punt de partida alternatiu”. “La mateixa Algèria és tant país d’origen com de trànsit, i els algerians van representar prop del 54% de les deteccions a la ruta de la Mediterrània occidental el 2025”. Les causes són l’atur juvenil estructural i el descontentament de la població amb la classe política, segons l’agència europea.

L'Executiu insisteix: “El ritme d'arribades és inassumible”

“Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra”, afirma la Conselleria de Presidència. Les fonts consultades assenyalen, així, que la tendència a l’alça continua i que aquest ritme d’arribades “és inassumible per a un territori com les Balears”. Afegeixen que, fins al 9 de setembre, han comptabilitzat 484 persones en més d’una vintena de caiucs.

Aquest 2026 han arribat gairebé 5.300 persones, segons el recompte del Govern. “A més, hi ha els 916 menors que actualment tutelen els consells insulars, quan la capacitat ordinària establerta per l’Estat és de 434”, apunten. Per tot plegat, l’Executiu autonòmic reclama que Frontex tingui “una presència permanent a les fronteres marítimes de les illes”.

Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra

Conselleria balear de Presidència

El Ministeri de l’Interior, per la seva banda, explica a aquest diari que, fins al 31 d’agost de 2025, l’increment de les arribades en comparació amb l’any anterior ascendia al 78%. “Des d’aleshores la tendència ha anat baixant progressivament. El 2025 va acabar amb un augment del 24,5% i la tendència durant el 2026 ha estat de desacceleració fins a assolir algunes davallades o pujades lleus”, apunten. Així, Interior assenyala que s’aplica “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d’origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones”. Una actuació que, segons el Govern, està funcionant i que “evita en origen el 40% de les sortides irregulars”.

El Ministeri de l'Interior explica que s'està aplicant “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d'origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones"

La repatriació col·lectiva de menors és il·legal

La posició de les administracions autonòmiques –el PP governa a tots els consells insulars, i també al Govern– és que els menors no acompanyats “han d’estar amb els seus pares”. “Pensar que podem acollir tothom és estar equivocat. Cal ajudar aquests països d’origen. Els menors no han d’estar en centres d’acollida aquí a Eivissa o en qualsevol altre lloc d’Espanya. Han d’estar amb els seus pares”, va afirmar Marí. I va afegir que, si cal, s’han d’“ajudar” els països d’origen per evitar l’arribada de migrants.

Independentment de quina sigui la gestió que exerceixin l’Estat i les comunitats autònomes per rebre l’arribada de menors, la repatriació col·lectiva és il·legal, segons la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem. El que pot fer el Govern –ja ho ha fet, sense èxit– és demanar la modificació del sistema de repartiment, regulat pel Decret llei 2/2025, que és la normativa que va aprovar el Govern per a la creació del sistema obligatori de repartiment de menors migrants en situacions d’emergència.

En aquest sentit, López recorda que, perquè els menors puguin tornar amb els seus pares, cal “complir uns procediments estrictes per no retornar els menors a un context en què no puguin estar”. “La premissa que els nens sempre estan millor amb els seus pares no es compleix en tots els casos. Però ni amb nens migrants ni amb nens espanyols”, adverteix la directora general de CEAR.

En la mateixa línia, explica que cal tenir en compte “l’interès superior del menor”, ja que en la legislació d’un estat de dret hi ha d’haver “procediments que garanteixin que aquests nens no seran retornats a un espai on no seran tractats d’acord amb el dret”. Irene Graíño, tècnica d’incidència política de la Plataforma d’Infància, coincideix: qualsevol repatriació que es faci de nenes, nens i adolescents “s’ha de realitzar mitjançant el procediment adequat que està establert, seguint totes les garanties necessàries, escoltant les nenes, nens i adolescents i fent una determinació de l’interès superior del menor”.

Les entitats demanen “solidaritat interterritorial”

Pel que fa a les crisis d’acollida que es puguin generar a causa de l’arribada de menors, Graíño fa una crida a totes les administracions públiques perquè “es comprometin amb el principi de solidaritat interterritorial i que s’activin, en aquest sentit, els mecanismes per activar solucions que permetin, per exemple, trasllats a la península de nenes, nens i adolescents”. El mes passat, el Govern i les comunitats autònomes es van reunir per abordar l’atenció als menors a Ceuta, malgrat el boicot de tres comunitats governades pel PP i els responsables d’Infància de les quals són de Vox.

“Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer, en una situació d’extrema precarietat i vulnerabilitat, sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat, sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques i igualment sense poder tenir un accés digne i adequat a l’atenció sanitària”, lamenta Graíño, en referència a la crisi humanitària de Ceuta. A més, recorda que encara “hi ha moltíssimes nenes que continuen sense estar identificades degudament d’acord amb el que estableix el nostre ordenament jurídic”. “Això s’ha de fer amb la màxima celeritat possible, perquè és una garantia perquè puguin accedir a la resta dels seus drets”, assenyala.

Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer en una situació d'extrema precarietat i vulnerabilitat sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat i sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques

Irene Graíño — Tècnica d'incidència política de la Plataforma de la Infància

La directora general de CEAR, però, creu que el problema “no és en el repartiment que es fa dels menors”, sinó que està “en el fet que les comunitats autònomes es neguen a assumir aquest repartiment”. “Aquest, per a mi, és el veritable problema. És un problema de facto. Ha passat amb les Canàries, està passant amb Ceuta: hi ha comunitats autònomes que es neguen a assumir aquests menors en cas que s’activés la necessitat de repartiment”, lamenta López.

La portaveu de CEAR assenyala que, al final, tot té a veure amb “les polítiques europees, no només amb les espanyoles i no només amb les de les comunitats autònomes”. El context actual és el Pacte Europeu de Migració i Asil, tot i que les polítiques d’externalització de fronteres i de caràcter securitari són anteriors. López assenyala que el control de fronteres per impedir l’arribada de migrants es duu a terme, almenys, des de la dècada dels 2000. Entre d’altres, cita els acords de la UE i Espanya amb Mauritània, el Marroc i Turquia.

“És una conseqüència d’aquesta política d’externalització de fronteres que, per a nosaltres, ha fracassat. Perquè si vivim crisis migratòries com la que hem viscut el mes passat a Ceuta després de vint anys de polítiques d’externalització de fronteres i de control migratori, és que alguna cosa està fallant”, adverteix. CEAR proposa, des del principi de la crisi fronterera que va derivar en una crisi migratòria, el trasllat dels migrants a la península. “Ha funcionat en el cas balear i canari”. Així s’evitaria que ciutats com Ceuta, o com podria passar a l’arxipèlag canari –que tenen una frontera i un territori limitat–, “col·lapsin o tinguin problemes de convivència”, conclou.

El Gobierno andaluz tiene vigente un acuerdo con Ceuta (firmado en 2021 y renovado en 2024) para agilizar el traslado de menores ante “crisis migratorias”, pero el Ejecutivo de la ciudad autónoma ha evitado invocarlo para así no dañar la estrategia política del PP pese a la crisis migratoria que vive desde hace más de un mes. En este contexto, este sábado ha irrumpido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), que ha cargado contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), por no aplicar este convenio.

En concreto, Rego ha recriminado a Moreno romper un “acuerdo bilateral” con la ciudad de Ceuta al “negarse a acoger menores en la comunidad andaluza tras la crisis migratoria en vez de ”apoyar las soluciones para aliviar la situación urgente“ en la ciudad ceutí. Vox, socio de gobierno del PP en la Junta, insiste una y otra vez en que no aceptará que llegue ni un solo menor desde Ceuta, y el propio presidente andaluz ha dado un brusco giro a su discurso para asegurar que acoger a niños migrantes alimentará un ”efecto llamada“, que es la tesis que precisamente defiende la ultraderecha.

Por su parte, Rego, en una atención a los medios tras la reunión de la Coordinadora Provincial de IU Córdoba, ha criticado que el Gobierno andaluz no tenga previsión de acoger a niños de Ceuta en Andalucía, “a pesar del acuerdo que tenía hasta hace poco con la ciudad ceutí”, un convenio que sigue vigente porque se considera “estable en el tiempo”. Desde el PP andaluza se ha admitido que el acuerdo está “en activo y desarrollándose”, pero los populares se escudan en que no consideran la actual crisis en Ceuta una “contingencia migratoria”, sino un “atentado organizado contra la integridad territorial”.

“¿Qué solidaridad tiene Moreno con Ceuta?”

La ministra no comparte estos argumentos y considera que “lo que ha hecho Moreno es, lejos de apoyar las soluciones para aliviar la situación, romper o negarse a acogerlos en la Península; ¿qué solidaridad está teniendo con Ceuta?”, se ha preguntado la ministra. Al mismo tiempo, ha reclamado a los gobiernos autonómicos del PP “responsabilidad social” con los menores migrantes, así como soluciones para acabar con la crisis migratoria.

A su juicio, la situación de Ceuta “requiere responsabilidad y soluciones, más allá de soflamas y más allá de elementos de agitación, del odio, de confrontación y de ruptura del consenso democrático en muchos casos por estar abanderando determinadas posiciones ultras”, ha aseverado. La ministra, asimismo, ha cifrado en unos 2.100 los menores que hay ahora en Ceuta.

“Falta voluntad política”

“Esta situación es urgente; otras comunidades autónomas ya se están poniendo a disposición de esta crisis migratoria”, ha puesto de manifiesto Sira Rego, justificando que una de las soluciones que, a su juicio, va a permitir descongestionar y aliviar la situación de Ceuta, “tanto para las familias, las personas ceutíes como para las personas migrantes que han llegado y que están en una situación de extrema vulnerabilidad, como son los niños”, es la acogida solidaria de los niños en la Península. “Es una fórmula que forma parte del ordenamiento jurídico vigente”, ha añadido.

También ha incidido en que las comunidades autónomas pueden trabajar de una manera en colaboración, en cooperación para acoger a estos niños, aunque a su juicio, “falta voluntad política de los gobiernos autonómicos, mayoritariamente gobernados por el PP”.

“Los recursos los ha puesto el gobierno de España, es decir, va a haber fondos suficientes para sufragar esta acogida y esto nos permitirá destensar el sistema de acogida de Ceuta”. Asimismo, facilitará “hacernos cargo de todos los procedimientos que hay que poner en marcha para cumplir con el ordenamiento jurídico, vigente y lógicamente para dar la protección oportuna a estos niños”, ha aseverado.

“Respeto de los derechos humanos”

Por otra parte, la ministra de Juventud e Infancia ha concretado que “no es incompatible tener un proceso migratorio ordenado con un proceso migratorio que respeta los derechos humanos”, ha reivindicado, en aras de conformar una política migratoria “basada en las vías legales y seguras que eviten episodios de esta naturaleza”.

De este modo, Rego ha apostillado que lo ocurrido en Ceuta constituye un “fracaso de la política migratoria” europea consistente en el “alquiler de una frontera a un tercer país, con el coste que esto ha tenido”. Asimismo, ha apuntado que el PP “que tanto está criticando lo sucedido” ha tomado parte de las votaciones en las instituciones europeas.

“Está muy bien opinar, discrepar, tener lógicamente análisis diferenciados de los contextos, pero también toca hacerse cargo de las decisiones que se toman cuando se ejerce el voto en las instituciones donde una fuerza política determinada tiene representación”, ha abundado la ministra, en relación con la participación del PP en las políticas europeas vinculadas a la migración.

Asimismo, ha valorado que lo sucedido en Ceuta era un evento “absolutamente imprevisible” por la dimensión que ha tenido, al tiempo que ha defendido que “desde Izquierda Unida siempre hemos estado en contra de los procesos de externalización de fronteras y de políticas migratorias que cancelaban de alguna manera o ponían en entredicho los derechos humanos”.

Destensar la situación en Ceuta

En relación, la ministra de Juventud e Infancia ha defendido una política migratoria “que permita que haya ventanillas, un lugar físico donde las personas que quieren migrar puedan dirigirse y puedan de alguna manera generarse procesos migratorios que tienen un cierto control”.

En paralelo, Rego ha comunicado que el Gobierno ha puesto en marcha un protocolo y un centro de atención a víctimas de violencia sexual ante los últimos casos de agresiones machistas ocurridas durante la crisis migratoria en Ceuta.

“Necesitamos destensar la situación de Ceuta, que se cumpla con todas las garantías para la acogida de todas las personas que todavía están en situación de calle y estamos trabajando con determinación, liberando y aprobando también recursos en el Consejo de Ministros”, ha asegurado la ministra. A esto ha añadido la importancia de que los migrantes sean trasladados a la Península, debido a que “es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta con un evento de esta magnitud pueda hacerse cargo de todo esto”.

Se trata de un acuerdo histórico, aunque su potencial para cambiar la industria de las redes sociales y los abusos cometidos contra los menores aún debe demostrarse. Meta, la matriz de Facebook e Instagram, ha llegado a un acuerdo extrajudicial con 47 estados de EEUU para cerrar el mayor juicio hasta la fecha sobre el diseño adictivo de sus apps y su impacto negativo en adolescentes. La multinacional pagará hasta 18.000 millones de dólares en la próxima década e introducirá límites de uso para los menores, aunque ha conseguido esquivar el reconocimiento de haber actuado de forma irregular.

Se trata del mayor acuerdo alcanzado nunca con una gran tecnológica por este tipo de acusaciones. Para algunos de los demandantes, como ha señalado el fiscal general de Carolina del Norte, este hito es suficiente para ver este proceso como “un progreso real”. Consideran que el acuerdo abre “el momento tabacaleras” para los gigantes digitales, una etapa en la que son obligadas a reparar sus efectos nocivos e indemnizar a las víctimas, al igual que los fabricantes de tabaco hicieron en los años 1990 y 2000.

Para otros, como el fiscal general de Florida, “las indemnizaciones a los estados son insignificantes comparadas con el profundo daño que las características adictivas de Meta, impulsadas por el afán de lucro, han causado a nuestros hijos”. Para explicar esta discrepancia hay que entender cómo se ha llegado hasta aquí, las características del acuerdo económico, qué impacto tendrá en el resto del mundo y hasta qué punto los expertos consideran efectivas las restricciones de uso que se ha comprometido a implementar Meta.

Cómo hemos llegado hasta aquí

La demanda que ha terminado en este acuerdo arrancó en 2023, cuando California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey denunciaron a Meta por infringir las leyes estatales de protección al consumidor. A esa demanda se sumaron progresivamente otros 29 estados, que acusaban además a la empresa de recopilar datos de menores sin consentimiento parental para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, violando la ley federal de privacidad infantil. Fue la primera vez en la que las autoridades empezaron a comparar las redes sociales con el tabaco.

Todos esos procedimientos quedaron consolidados ante un tribunal federal de California, donde radica la sede de Meta. El acuerdo extrajudicial se alcanzó durante el quinto día de un juicio que se preveía que durara seis semanas y en el que ya había declarado el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Se esperaba que el propio Mark Zuckerberg subiera al estrado.

Qué pruebas había

Los fiscales contaban con abundante documentación interna de Meta, como comunicaciones entre sus empleados e informes de evaluación de riesgos, que presuntamente demostraban que la multinacional era consciente de los daños que sus redes sociales provocaban a los usuarios y, especialmente, a los menores. Y que, en vez de trabajar para corregirlos o limitarlos, modificó el diseño de las apps de Facebook e Instagram para aprovechar la vulnerabilidad de las personas y aumentar sus beneficios.

Esta información provenía de un gran número de filtraciones de ex trabajadores de Meta. Algunas de ellas, como las de Frances Haugen o Arturo Béjar, ya había sido ampliamente documentada por los medios de comunicación debido al paso adelante de estos whistleblowers, que decidieron ponerlo en conocimiento del público y acudir a congresos y parlamentos de todo el mundo a denunciar lo sucedido.

En el juicio, no obstante, aparecieron nuevas pruebas de la conducta de Meta. Los fiscales mostraron un memorando interno que probaba que la dirección de Instagram sabía que funciones de seguridad opcionales implementadas tras la salida a la luz de esos escándalos, como “Tómate un respiro”, apenas se usaban y no cumplían su función. También llamaron a declarar a profesores y directores de escuelas públicas sobre los problemas que las redes sociales de Meta provocaban entre sus alumnos, incluidos casos de sextorsión.

Cuál estaba siendo la defensa de Meta

Meta ha negado haber cometido cualquier irregularidad durante todo el proceso. Su defensa se apoyó en dos argumentos centrales: que la salud mental adolescente es un problema “profundamente complejo y multifactorial” que no puede atribuirse al diseño de una sola aplicación, y que la “adicción a las redes sociales” no es una condición psiquiátrica reconocida, por lo que no podía haber engañado a los consumidores sobre algo que no existe como diagnóstico.

La multinacional también estaba intentando desmentir el argumento de los fiscales de que sus actuales herramientas de protección a los adolescentes eran simple “maquillaje”, así como que sus directivos eran conscientes de su inutilidad. Unas acusaciones que sus abogados tachaban de “no fundamentadas” y cuya resolución podría haber sido una de las claves de todo el proceso.

Los 18.000 millones: lo garantizado y lo condicionado

La cifra de 18.000 millones tiene abundante letra pequeña. Según ha comunicado la multinacional, Meta se compromete a un pago garantizado de 12.700 millones de dólares a lo largo de diez años, con diferentes cuantías para cada uno de los estados que han aceptado el acuerdo.

Los 5.300 millones de dólares restantes solo se activarán si YouTube y TikTok, contra las que los fiscales han abierto procesos equivalentes al de Meta, aceptan pagos y medidas equivalentes a las que se ha comprometido la empresa de Mark Zuckerberg.

Esta es otra de las principales claves del acuerdo y por ahora, ninguna de las tres compañías ha respondido públicamente a esa condición. Aunque estas multinacionales podrían optar por adherirse a este pacto y cerrar sus respectivos procesos, no hay ninguna garantía de ello. Google por ejemplo, propietaria de YouTube, se niega en banda a que esta plataforma sea considerada una “red social”. Esta asunción podría tener profundos impactos legales en el resto del mundo, en un momento en el que múltiples países están intentando establecer límites de edad más estrictos para el uso de estas plataformas.

Qué suponen esos 18.000 millones de dólares para Meta

En el inicio del juicio, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey llegaron a pedir una sanción de 1,4 billones de dólares para Meta por los daños causados. Otros estados rebajaron la cifra a 200.000 millones.

Para entender qué suponen realmente esos 18.000 millones para Meta, es necesario ponerlos en contexto con las actuales cifras de su negocio. En sus últimas cuentas, correspondientes a su segundo trimestre fiscal de 2026, los de Zuckerberg comunicaron un beneficio neto de 15.848 millones de dólares. En 2025, acumularon unas ganancias de unos 60.000 millones de dólares. Es decir, el pago (que se repartirá en una década y podría no llegar a los 18.000 millones si el resto de plataformas no se comprometen) equivale a algo más de lo que Meta gana en tres meses.

Otra cifra con la que se pueden contrastar la cuantía de la indemnización es su desembolso en inteligencia artificial. Ahora mismo Meta se encuentra inmersa en el frenesí inversor en esta tecnología que caracteriza a todos los gigantes de Silicon Valley. Solo en 2026, Meta planea gastar unos 135.000 millones de dólares en desarrollar IA y construir centros de datos.

Los nuevos límites de uso

El segundo pilar del acuerdo son las restricciones de uso para Facebook e Instagram que Meta se ha comprometido a implementar. Estas deben evitar que vuelvan a repetirse daños y adicciones como los que han llevado a la corporación a los tribunales. Según el comunicado de Meta, las medidas son las siguientes:

Meta también ha informado de que incluirá otras funcionalidades como la posibilidad de desactivar la personalización de los algoritmos de recomendación de contenido o la reproducción automática de vídeos. Estas opciones, no obstante, deberán ser seleccionadas manualmente por los propios menores, a pesar de que en el juicio los fiscales habían conseguido que los directivos de Instagram reconocieran que las herramientas que no están activadas de manera predefinida tienen un uso marginal.

Otras herramientas, como el límite de tiempo y el modo nocturno, comienzan con un período de vigencia de cinco años, que se extenderán hasta los 10 si TikTok y YouTube ratifican el acuerdo. “Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución para toda la industria. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a nuestros competidores, TikTok y YouTube, para que implementen este nuevo marco de inmediato”, ha declarado CJ Mahoney, Director Jurídico de Meta.

Lo que queda fuera

El acuerdo no obliga a Meta a renunciar completamente a las recomendaciones de contenido personalizadas ni a la publicidad dirigida a menores, el núcleo de su modelo de negocio. Tampoco aborda contenidos que los propios filtradores de Meta, como Frances Haugen, identificaron como especialmente problemáticos, como las publicaciones que generan preocupación por la imagen corporal de los adolescentes en Instagram.

Meta tampoco se ha comprometido a ninguna medida concreta para mejorar la verificación de edad e impedir que los menores de 14 años (o 16 en algunos países, como está negociando España) utilicen sus redes. Estos vacíos en el acuerdo han supuesto el principal foco de críticas por parte de los expertos y especialistas en sus primeras evaluaciones del acuerdo.

El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño

Arturo Béjar — ex director de ingeniería de Meta y primer testigo del juicio

Arturo Béjar, que llegó a ser director de ingeniería de Meta y fue el primer testigo del juicio, considera que el pacto es “un hito significativo”, pero avisa de que los padres no deben dar por hecho que Instagram es ahora seguro para sus hijos. “El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño”, ha dicho en un comunicado recogido por la agencia AP. Béjar cree que el límite de dos horas no resuelve el problema si el contenido que reciben los adolescentes en ese tiempo sigue diseñado para generar dependencia, y opina que el acuerdo debería haber atacado directamente el efecto de los sistemas de recomendación.

Josh Golin, director ejecutivo de la organización de seguridad infantil Fairplay, apunta en la misma dirección, lamentando que el acuerdo no desactive por defecto “los algoritmos de recomendación que conectan a los menores con depredadores y los envían por peligrosas madrigueras de contenido”.

Yaël Eisenstat, directora de política e impacto del Cybersafety Research Center y también extrabajadora de Meta, cree que “es un poco prematuro” saber si todos los cambios prometidos llegarán a materializarse. Recuerda que Meta “decidió ir en contra del consejo de sus propios empleados y siguió ignorando que estas características de diseño eran inseguras para aumentar sus beneficios. Con todo, advierte de que ”no hay una solución mágica para arreglar todo esto“ y que será necesario seguir trabajando más allá de Meta para solucionar los problemas que los algoritmos producen en los menores.

¿Y Europa?

El acuerdo es un pacto entre Meta y fiscales generales de Estados Unidos, por lo que no tiene aplicación automática en la Unión Europea o en el resto del mundo. La empresa no está obligada a extender estas medidas a los usuarios europeos.

No obstante, la UE tiene sus propias herramientas de presión y el precedente de este acuerdo podrá ser utilizado en los procesos que tiene abiertos contra Meta. La Comisión Europea lleva desde 2024 investigando las redes de Zuckerberg y este julio concluyó que el diseño de Instagram y Facebook incumple las leyes europeas que exigen a las plataformas evaluar y corregir los daños que provocan en los usuarios.

La investigación señala directamente algunas de las características que están en el centro de las acusaciones estadounidenses, como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación personalizados. Si Bruselas confirma finalmente el incumplimiento, podría imponer una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual de Meta (lo que la elevaría a unos 11.000 millones de euros) y exigir cambios que podrían ir más allá que los pactados ahora en EEUU.

Meta ha acordado el pago de un máximo de 18.000 millones de dólares para resolver una macrodemanda judicial presentada por los fiscales generales de 29 estados de EEUU, según ha informado la agencia Reuters. El pacto extrajudicial, alcanzado en mitad del juicio por el que sus máximos dirigentes están testificando en California, cierra el proceso que acusaba a la matriz de Facebook e Instagram de diseñar deliberadamente sus aplicaciones para generar adicción en menores, engañar a las familias sobre sus riesgos y recopilar datos infantiles de manera irregular.

Junto al desembolso económico, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg se ha comprometido a incorporar nuevas restricciones de uso para adolescentes en todo el país, entre las que figuran límites de tiempo diario y bloqueos de las aplicaciones durante las horas nocturnas. Meta ha negado cualquier conducta ilícita al suscribir el acuerdo.

“El marco que hemos negociado permitirá a los padres gestionar fácilmente cómo sus hijos acceden a nuestras plataformas”, ha declarado tras el acuerdo CJ Mahoney, director jurídico de Meta, en declaraciones recogidas por el Financial Times. Según recoge el citado medio, unos 5.300 millones de dólares del acuerdo solo se pagarían si YouTube y TikTok aceptan pagar la misma cantidad en sus respectivos litigios, además de implementar algunos de los mismos límites de uso y medidas de verificación de edad.

“Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución que abarque a todo el sector”, manifiesta Mahoney. Meta adelanta que los pagos de la indemnización se distribuirán anualmente durante 10 años y que incurrirán en gastos legales por valor de 10.000 millones de dólares relacionados con el acuerdo.

Tras conocerse los términos, las acciones del grupo registran una subida del 1% en Wall Street. La cuantía total de la indemnización acordada por la multinacional equivale a menos de un 10% de lo que se ha comprometido a gastar en inteligencia artificial y centros de datos solo en 2026, una partida que podría alcanzar los 135.000 millones de dólares según sus últimas cuentas. Su beneficio neto en el ejercicio de 2025 fue de 60.000 millones de dólares.

El procedimiento ha estado liderado por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que acusaron a Meta de violar múltiples normativas estatales de protección al consumidor y las leyes federales de privacidad infantil. Los fiscales han sostenido que recabó de forma sistemática información de usuarios que sabía que eran menores de edad, sin avisar ni obtener el consentimiento de sus tutores legales, y que empleó esos datos personales para el entrenamiento de sistemas de aprendizaje automático y modelos de inteligencia artificial.

La acusación pedía 1,4 billones

Antes de suspenderse el juicio, las autoridades estatales demandantes exigían medidas cautelares que impedían la apertura de perfiles a menores y barajaban sanciones económicas que se situaban en el entorno de los 200.000 millones de dólares, tras haber llegado a estimar un tope teórico de 1,4 billones en penalizaciones, unas 80 veces más que la indemnización finalmente pactada.

Frente a estos cargos, Meta ha defendido que contaba con herramientas de seguridad suficientes, alegando que no había incurrido en engaño sobre el potencial lesivo de sus redes al no ser la “adicción a las redes sociales” una patología psiquiátrica oficialmente reconocida.

El pacto desactiva uno de los mayores litigios civiles a los que se enfrentaba la compañía, aunque la presión judicial sobre la industria tecnológica continúa abierta. Meta, Google (YouTube), Snap (Snapchat) y ByteDance (TikTok) acumulan miles de denuncias presentadas por familias, administraciones locales y distritos escolares que las responsabilizan de propiciar una crisis de salud mental en la juventud. Las cuatro plataformas alcanzaron recientemente un pacto conjunto de 27 millones de dólares con un distrito escolar de Kentucky para evitar otro proceso en la vía federal.

El acuerdo de este miércoles llega precedido por varios fallos adversos contra la multinacional. En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró responsables a Meta y Google por el cuadro de depresión y ansiedad desarrollado por una usuaria, fijando indemnizaciones de seis millones de dólares. Ese mismo mes, Meta fue condenada en Nuevo México a pagar 375 millones por falsear la seguridad de sus productos, a los que la justicia sumó a principios de agosto otros 567 millones de dólares por constituir una alteración del orden público.

Hay palabras que terminan diciendo demasiado poco. Mena es una de ellas. Cuatro letras que aparecen a diario en el debate político, en los titulares y en las redes sociales y que, sin embargo, pueden acabar ocultando quiénes hay detrás: menores de edad. Un acrónimo que no explica de dónde vienen, qué dejaron atrás ni qué esperan encontrar al llegar a España. Tampoco cuenta el miedo de cruzar el mar siendo adolescente, la incertidumbre de desembarcar en un país desconocido o la dificultad de empezar de nuevo cuando todavía no se ha terminado de crecer.

Ibrahim conoce bien esa sensación. Llegó a España con 15 años, solo y después de cruzar el Mediterráneo en patera. En la ciudad marroquí de Beni Melal, situada entre el Atlas Medio y la llanura de Tadla, en el centro del país, quedaron sus padres y hermanos. Aquí, para recibirle, ni un solo adulto de referencia. “Durante la travesía no dejaba de pensar en qué me iba a ocurrir cuando pusiera los pies en tierra”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

Ahora es mayor de edad y trabaja como barbero en el municipio murciano de Molina de Segura. Cuando mira atrás, recuerda sobre todo el miedo de aquellos primeros momentos y “la sensación de encontrarme por primera vez en la vida completamente solo y en un lugar desconocido del que no sabía más palabras que la alineación del Barça”, sonríe. La historia de Ibrahim ayuda a entender qué hay detrás de la etiqueta que domina buena parte de la discusión política.

La última crisis migratoria —y humanitaria— de Ceuta, en la que según la ONG Caminando Fronteras al menos 141 personas han muerto ahogadas en el mar, ha vuelto a poner el foco sobre un sistema de protección que las comunidades autónomas reclaman reforzar. En la Región de Murcia, el Gobierno autonómico advierte de que sus recursos están tensionados y pide más financiación y coordinación al Estado.

Pero el debate se desarrolla en un clima político cada vez más áspero. Vox ha convertido la acogida de menores extranjeros no acompañados en uno de los principales ejes de su discurso migratorio en la Región. Desde su reclamación de que los centros de acogida para menores “se abran en Marrakech, no en la Región de Murcia”, hasta pedir para ellos “el billete de vuelta”, los representantes de Abascal en esta comunidad autónoma —como en otras— estigmatiza a la infancia vulnerable, llegando a pedir el abandono de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entrar en el sistema de protección

En Murcia, como en el resto de comunidades autónomas, la llegada de un menor extranjero no acompañado activa un sistema que pertenece al ámbito de la Protección a la infancia, no al de Extranjería. Cuando un adolescente es localizado sin referentes familiares, la Administración autonómica asume su tutela y debe garantizar alojamiento, alimentación, educación, asistencia sanitaria, apoyo psicológico y acompañamiento hasta la mayoría de edad.

Pero para quien acaba de llegar, el procedimiento administrativo es solo una parte de la historia. Ibrahim recuerda que, después de la travesía en patera, la primera parada fue la del auxilio inmediato, a cargo de Cruz Roja: “Me dieron una manta, zumos y un bocadillo que me comí mientras no paraba de llorar”, recuerda este joven. Luego pasó por un proceso de identificación, valoración de la edad y una revisión médica antes de ser trasladado a un recurso residencial más estable. En su caso, el centro de menores tutelados Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz.

Ahí empezó una etapa que —cuenta— le “cambió la vida”: “Me preparó para tener las oportunidades que no existían para mí en mi pueblo”. Allí aprendió castellano, normas de convivencia, a recuperar rutinas y a compartir espacios. Retomó los estudios y aprendió el oficio del que hoy vive.

Un camino en el que fueron básicos educadores y trabajadores sociales, psicólogos, personal sanitario y profesionales de formación e inserción laboral que forman parte de los equipos que acompañan a estos adolescentes. El objetivo, al menos sobre el papel, no es únicamente protegerlos durante unos meses. Es prepararlos para cuando dejen de estar bajo tutela.

Una discusión política que deja poco espacio para sus historias

Según la capacidad ordinaria fijada por el Estado para los sistemas autonómicos de protección, a la Región de Murcia le correspondían 517 plazas de referencia en el momento en que se elaboró el artículo. En junio de 2026 el Gobierno central actualizó esa capacidad y fijó para Murcia 553 plazas.

La cifra se ha convertido en uno de los puntos de fricción entre Murcia y el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico reclama que se tenga en cuenta la ocupación real de los recursos, el coste de la atención y la presión que soporta la Región por las llegadas directas y las derivaciones. Una confrontación política que se produce mientras el sistema intenta atender a adolescentes que, como Ibrahim, no tienen capacidad para resolver por sí mismos buena parte de los problemas a los que se enfrentan.

Solo durante el mes de julio llegaron a la Región 132 menores por vía marítima, a los que se suman los derivados por el Gobierno central desde Canarias y Ceuta y los trasladados al antiguo Hospital Naval de Cartagena. Este centro, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alberga a más de un millar de menores, pese a que su capacidad inicial era de 600 personas.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha advertido de que la Región no puede asumir más menores migrantes no acompañados y reclama mayor coordinación e información previa entre administraciones.

Vox va más allá. La formación rechaza frontalmente la acogida y defiende el retorno de los menores a sus países de origen, mientras les criminaliza vinculando el debate migratorio con la seguridad o les culpa de las dificultades del acceso de los españoles a los servicios públicos, como la sanidad.

En ese escenario, el término “mena” corre el riesgo de convertirse en el protagonista de una discusión en la que los propios menores apenas tienen voz.

Youssef, Mamadou e Ibrahim: tres historias detrás de una etiqueta

Como Ibrahim, Youssef también salió de Marruecos siendo apenas un niño. Su objetivo era trabajar y ayudar económicamente a su familia. Igual que el de Mamadou, que llegó a las costas de Águilas desde su Senegal natal después de cruzar varias fronteras. El viaje fue tortuoso y todavía sufre sus consecuencias: unas terribles pesadillas relacionadas con lo vivido durante el camino.

Tres historias diferentes y un punto en común: ninguno de ellos llegó a España con la vida resuelta. Los profesionales que trabajan con estos jóvenes insisten precisamente en esa idea. “Son adolescentes. Tienen las mismas preocupaciones que cualquier joven: estudiar, hacer amigos, encontrar un trabajo, independizarse…”, explica una trabajadora de la Fundación Diagrama.

La organización gestiona programas de inserción para menores extranjeros no acompañados y distintos recursos residenciales, entre ellos los hogares “SuñuKeur” —“nuestra casa”, en lengua wólof— y “Ankaso Alguazas”.

Ahí, cada pequeño paso —una conversación en castellano, un título, unas prácticas, un primer empleo— puede marcar la diferencia entre depender de un sistema de protección o comenzar a construir una vida autónoma.

Cumplir 18: la tutela se acaba, la incertidumbre no

Cumplir 18 años es uno de los momentos más delicados para estos adolescentes. La tutela desaparece y pasan a ser legalmente adultos. El cambio administrativo es inmediato. La madurez personal, sin embargo, no funciona con la misma velocidad.

Por eso existen programas de emancipación y preparación para la vida independiente destinados a jóvenes tutelados y extutelados en riesgo de exclusión social.

En esta etapa resultan fundamentales la documentación, la formación y una red de apoyo. Quienes consiguen un empleo o continúan estudiando tienen más posibilidades de consolidar su proyecto de vida. Pero muchos se encuentran con otra carrera de obstáculos: acceder a una vivienda digna y encontrar un empleo estable en un mercado laboral que tampoco resulta sencillo para los jóvenes que han crecido aquí.

Más allá de cifras y etiquetas

La discusión sobre la migración seguirá basándose en cifras. Habrá que seguir debatiendo sobre plazas, recursos, financiación, competencias y reparto territorial. Es una parte imprescindible del problema y también de su solución.

Pero, mientras instituciones y partidos políticos discuten sobre estadísticas, derivaciones y endurecen sus posiciones, las historias de vida de chavales como Ibrahim, Youssef o Mamadou siguen transcurriendo, como pueden, al margen de los titulares.

Quizá por eso, cuando se habla de menores extranjeros no acompañados, convendría recordar qué hay exactamente detrás de esas cuatro palabras; que antes que un problema que repartir entre administraciones, son menores que, arriesgando sus todavía cortas vidas, llegaron solos huyendo del hambre, la guerra o la falta de oportunidades; y que necesitan protección y ayuda para dejar de estarlo.

Óscar Fernández, vicepresidente de VOX en Extremadura; Carlos Pollán, en Castilla y León; y Alejandro Nolasco, en Aragón, han remitido sendas cartas a la ministra en las que justifican su decisión y rechazan, además, el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.

Los tres dirigentes consideran que la convocatoria del Ministerio no recoge, a su juicio, ninguna referencia a los acontecimientos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo una entrada masiva de migrantes. En sus escritos, sostienen que estos hechos pusieron en riesgo la seguridad y el orden público y critican que tampoco se haga referencia a la responsabilidad del Gobierno en el control de la frontera.

Asimismo, cuestionan que la convocatoria no contemple el supuesto ofrecimiento formal de Marruecos para hacerse cargo de los menores de su nacionalidad que permanecen actualmente en España.

Según los datos citados por VOX, en Ceuta hay registrados oficialmente 1.342 menores migrantes. Los vicepresidentes autonómicos reclaman que no sean trasladados a otros territorios mientras no hayan concluido los expedientes individualizados de cada menor, que consideran legalmente exigibles.

En las cartas remitidas a Sira Rego, anuncian también que impugnarán aquellos expedientes que, según su interpretación del ordenamiento jurídico, no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos.

Rechazo al traslado a otras comunidades

VOX sostiene que su posición se fundamenta en el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y en el principio del interés superior del menor. Los tres dirigentes defienden que cada caso debe ser objeto de una valoración individualizada y rechazan cualquier actuación que consideran automática o colectiva.

En este sentido, argumentan que el traslado de los menores a otras comunidades puede dificultar su localización por parte de sus familias, retrasar los expedientes de retorno y perjudicar, a su juicio, a los propios menores.

Los representantes de VOX apelan también a la reunificación familiar y a la devolución al país de origen cuando legalmente corresponda. En sus escritos citan asimismo la doctrina del Tribunal Supremo sobre la necesidad de realizar una valoración individualizada de cada menor.

Los tres vicepresidentes recuerdan además que Marruecos ha sido considerado un país seguro por las instituciones europeas y aseguran que el Gobierno marroquí ha manifestado su voluntad de hacerse cargo de los menores de su nacionalidad que se encuentran actualmente en territorio español.

La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia está convocada para el 13 de agosto y tendrá entre sus asuntos la situación de los menores migrantes de Ceuta. VOX ha optado por no participar en la reunión y mantiene su rechazo a que estos menores sean trasladados a otras comunidades autónomas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha permanece “a la espera” de conocer cuál será su participación o colaboración en el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta.

Lo ha comentado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Valdepeñas, en Ciudad Real. En todo caso, cree que la acogida ha de ser “por igual que el resto de las comunidades autónomas de España”, y ha indicado que, hasta la fecha, el Gobierno de España no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico ni se ha convocado ningún consejo territorial para abordar este asunto.

“Los partidos demócratas deberían bajar el diapasón”

Desde la localidad ciudadrealeña, Caballero ha pedido “prudencia” ante la actual crisis humanitaria y ha considerado que los partidos políticos que se consideran demócratas y respetan la Constitución “deberían bajar el diapasón y dejar las soflamas para las campañas electorales”.

Dicho esto, ha reiterado que el Gobierno regional está dispuesto a “trabajar, arrimar el codo y, sin duda, apostar por la solidaridad”, siempre dentro de la coordinación que corresponde al Gobierno de España.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de Aspace Badajoz, Quintana ha asegurado que “los datos demuestran que no hay un colapso generalizado del sistema” en Extremadura y ha apelado a que la comunidad autónoma “no pierda la solidaridad que siempre le ha caracterizado”.

El delegado del Gobierno ha explicado que actualmente hay unos 15.000 menores tutelados en el conjunto de España, de los que 107 se encuentran en Extremadura. Además, ha señalado que la comunidad dispone de 364 plazas de acogida, por lo que, a su juicio, “el sistema no está al límite”.

Asimismo, ha recordado que la atención a estos menores cuenta con financiación estatal y ha indicado que la Junta de Extremadura recibirá 35 millones de euros para este fin.

Durante su comparecencia, Quintana también ha cuestionado la propuesta de introducir el principio de prioridad nacional y de preferencia extremeña en el acceso a determinadas ayudas públicas. En este sentido, ha defendido que la Constitución garantiza la igualdad de derechos y obligaciones “sin discriminación” y que las prestaciones deben concederse en función de la necesidad, la renta y la vulnerabilidad de las personas, no por su lugar de origen.

“¿Precisamente Extremadura dejará de ser solidaria, se tapará los ojos y a quien no sea extremeño no se le dará nada?”, se ha preguntado el delegado del Gobierno, quien ha insistido en que la región “se define por ser solidaria” y ha recordado que la legislación prioriza la protección de los menores por encima de cualquier debate ideológico o partidista.

En la misma línea, y en referencia al anuncio realizado este lunes sobre la incorporación del principio de prioridad nacional y preferencia extremeña dentro de la estrategia de simplificación administrativa, Quintana ha advertido de que ese planteamiento podría trasladar el mensaje de que “no venga nadie” a la comunidad, privando de protección a quienes la necesiten.

Respuesta de la Junta

Óscar Fernández Calle, vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, ha respondido al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, acusándole de “manipular los datos” para justificar la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y presentar como normal una situación que, según sostiene, es de fuerte tensión en la red de acogida extremeña.

Fernández Calle ha negado que la comunidad disponga de 257 plazas libres para menores extranjeros no acompañados y ha defendido que, según los informes técnicos de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, solo habría 12 plazas específicas disponibles, mientras que el resto de la capacidad que cita el Gobierno sería una estimación teórica que no refleja la ocupación real del sistema.

El vicepresidente ha lamentado que Quintana actúe “como portavoz de Pedro Sánchez” y ha denunciado además que el Gobierno central pretende repartir menores entre las comunidades autónomas dejando fuera a País Vasco y Navarra por motivos políticos. La Junta insiste en que la red extremeña está sometida a una presión muy elevada y recuerda los incidentes registrados en julio en el centro de Caminomorisco, que llevaron incluso a presentar una denuncia ante la Policía y la Fiscalía de Menores.

La Fiscalía de Menores ha archivado el expediente de la agresión a una menor en el municipio onubense de Moguer, y cuyo vídeo se ha difundido por diferentes redes sociales, ya que las supuestas implicadas son inimputables al tener menos de 14 años. El caso fue denunciado ante la Fiscalía al detectarse un vídeo en TikTok con la agresión física y verbal protagonizada por cuatro jóvenes menores contra otra menor a la que humillan.

Según ha confirmado a Europa Press el gabinete de Comunicación de la Fiscalía Superior de Andalucía, el fiscal de menores ha recibido ya el atestado de la Guardia Civil y, tras examinarlo, ha determinado que las menores implicadas supuestamente en la agresión son inimputables. De esta manera, tiene que archivar el caso, aunque se eleva a Servicios Sociales de las entidades locales para realizar un seguimiento de las menores.

En cualquier caso, desde la Fiscalía han señalado que no se cierra la investigación, ya que falta por esclarecer la posible participación de otro menor y confirmar si es mayor de 14 años. La Guardia Civil identificó a las menores implicadas y, tras presentar la correspondiente denuncia tanto por la agresión sufrida por la víctima como por la posterior difusión de las imágenes en redes sociales y otros medios digitales, se trasladó el caso a Fiscalía de Menores.

En este sentido, la Guardia Civil recordaba que la difusión de imágenes o datos personales de menores de edad sin la debida autorización está prohibida. Esta conducta puede constituir un delito contra la intimidad y, además, dar lugar a sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Expediente del Ayuntamiento de Moguer

Por otro lado, el Ayuntamiento de Moguer, tras condenar los hechos, comunicaba esta semana que desde el “primer momento” el Consistorio ha colaborado con las autoridades implicadas en la investigación y se ha mantenido un contacto permanente con la Guardia Civil, que trasladó los hechos a la Policía Judicial.

“Asimismo, en el ámbito de nuestras competencias, se ha abierto un expediente relacionado con la investigación de los hechos y se están siguiendo las pautas marcadas por la Guardia Civil, para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones. Además, desde el primer momento, se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social que ya están acompañando y atendiendo las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de todo este proceso”, han explicado.

Además, el Ayuntamiento trasladó un mensaje “de tranquilidad y responsabilidad” a la ciudadanía para que la investigación siguiera “su curso con todas las garantías legales y con el máximo respeto a la protección de los menores implicados”.

“El Ayuntamiento de Moguer continuará colaborando con las autoridades competentes y actuando con la máxima diligencia dentro del marco de sus competencias. Reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, nuestro absoluto rechazo a cualquier muestra de violencia y nuestra defensa de la convivencia, el respeto y la tolerancia como valores fundamentales de nuestra sociedad”, señalaban.

Petición de retirada del vídeo

Por su parte, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Criminalidad Informática al considerar que las imágenes “podrían afectar gravemente a los derechos de las personas implicadas y requerir la intervención de las autoridades competentes”. El vídeo, ampliamente difundido a través de TikTok, muestra a varias menores que “increpan, insultan y agreden físicamente a otra” mientras la escena es grabada y posteriormente compartida en la plataforma, “contribuyendo a su rápida difusión en redes sociales”.

El CAA recuerda que la viralización de contenidos audiovisuales que muestran episodios de violencia, especialmente cuando afectan a menores, supone “una vulneración de derechos fundamentales relacionados con la protección de la infancia, la intimidad y la propia imagen, además de generar un efecto multiplicador del daño causado a la víctima”.

Junto a la información presentada ante la Fiscalía, el Consejo Audiovisual de Andalucía trasladó una denuncia a TikTok para que procediese a la retirada del vídeo, al considerar que su permanencia en la plataforma continúa amplificando el daño causado a la víctima y favorece la difusión de un contenido de extrema violencia.

Cinco personas adultas entraron en el colegio de María cuando acababa las clases. Dos de ellas eran agentes de la Policía. La niña, de siete años, llevaba 17 meses viviendo con una familia de acogida en un pequeño municipio andaluz. Había dejado atrás buena parte de los terrores nocturnos con los que llegó, tenía amigas, hacía teatro por las tardes y preguntaba con insistencia si podría graduarse con su clase al terminar el curso. Aquella tarde no volvió a casa porque la administración había decidido retirársela a su familia de acogida para entregársela a la de adopción pese a la oposición de la niña.

María -nombre ficticio para preservar su identidad- es una de las menores que, según asociaciones de familias de acogida y especialistas en protección infantil, ilustran un problema que Andalucía arrastra desde hace años. En 2021, el Parlamento andaluz aprobó una Ley de Infancia y Adolescencia que pretendía facilitar el tránsito entre el acogimiento y la adopción para evitar cambios innecesarios de familia cuando ello respondiera al interés superior del menor. Cinco años después, ese desarrollo reglamentario sigue pendiente y, según denuncian diferentes fuentes, la práctica apenas ha cambiado y los menores siguen en un “limbo jurídico”.

“No son casos aislados. Es más una forma de proceder”, dice María Ferrándiz, asesora jurídica de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF). La Junta de Andalucía rechaza esa visión. Preguntada por este periódico, la Consejería de Inclusión Social asegura que “se está trabajando en el desarrollo reglamentario de manera ambiciosa y con perspectiva de presente y futuro, poniendo al menor en el centro de todas las decisiones”.

Añaden desde la Consejería que “siempre se busca el interés superior del menor y la medida más estable”, y que el acogimiento y la adopción priorizan que los menores crezcan en una familia. No concretan, sin embargo, cuándo estará aprobado ese reglamento ni responden a por qué no se ha articulado mientras tanto un mecanismo que adapte la práctica administrativa al nuevo modelo. En esa tesitura, emergen historias como la de María y su familia de acogida.

“La dejaba llorando y la recogía llorando”

Cuando llegó a casa de Loli y José tenía cinco años. Había sido separada previamente de su familia biológica y, según la documentación aportada por sus acogedores, apenas hablaba, sufría frecuentes terrores nocturnos y arrastraba importantes dificultades emocionales. Con el tiempo, empezó a confiar.

Fue haciendo amigas en el colegio, comenzó actividades extraescolares, conocía a los vecinos del pueblo y, poco a poco, aquella casa dejó de ser un recurso temporal para convertirse en su hogar. Entonces, la Junta comunicó que la menor había pasado a ser adoptable. La pareja pidió ser valorada como familia adoptiva. También propuso una acogida permanente. Ambas posibilidades fueron descartadas alegando un seguimiento y unos informes que la familia niega, comenzando así el denominado proceso de acople con otra familia preseleccionada para la adopción. Según cuenta Loli, la transición nunca llegó a funcionar.

Cuando la niña se quedaba con su nuevo padre adoptivo, rechazaba cualquier contacto. “La dejaba llorando y la recogía llorando”, recuerda la madre de acogida. La niña, asegura, terminó dos veces en urgencias por crisis de ansiedad, y preguntaba si iba a poder terminar el curso con sus compañeros, si podría representar la obra de teatro que llevaba meses preparando o si seguiría viviendo allí. La familia de acogida pidió más tiempo, al menos hasta finalizar el curso escolar. También solicitó que la menor fuera escuchada, pero nada cambió, de acuerdo a su relato.

Semanas después, María salió del colegio acompañada por cinco adultos. Desde allí fue trasladada a un centro de protección para continuar el proceso de adopción. Hoy todo forma parte de un procedimiento judicial, tras una demanda presentada contra la Junta por parte de la familia de acogida. Para las asociaciones, el problema de fondo es que no es un caso aislado y que desde el Ejecutivo regional no acaban de desarrollar una normativa que acabe con situaciones tan dolorosas para los menores y las familias.

Un problema enquistado

Durante décadas, el acogimiento familiar y la adopción han funcionado como dos medidas claramente diferenciadas. El acogimiento tenía vocación temporal. La adopción era otra fase distinta. El problema, según cuentan las fuentes consultadas para este reportaje, aparece cuando ese tiempo provisional deja de serlo. Cuando un niño pasa año y medio, dos o tres años viviendo con una familia, crea amistades, rutinas y vínculos afectivos que ya no responden a la lógica administrativa con la que nació el acogimiento. La pregunta es sencilla de formular y mucho más difícil de responder: ¿Qué debe pesar más en ese momento: el itinerario jurídico previsto por la Administración o la estabilidad emocional del menor?

Precisamente para responder a ese dilema, Andalucía aprobó en 2021 una ley que abría la puerta a flexibilizar el paso entre acogimiento y adopción. Aunque la ley no regula expresamente la denominada “adoptabilidad sobrevenida”, ese concepto ha ido ganando peso en el ámbito técnico. Se refiere a los casos en los que un menor llega a una familia mediante un acogimiento temporal y, durante ese proceso, pasa a ser susceptible de adopción. El manual sobre valoración de la idoneidad elaborado para la Junta por el psicólogo Jesús Palacios sostiene que, en esas situaciones, debe valorarse prioritariamente la continuidad con la familia acogedora cuando ello responda al interés superior del menor.

Sin embargo, las asociaciones sostienen que ese cambio nunca se ha trasladado realmente a la práctica. “La ley pretendía eliminar el muro entre acogimiento y adopción, pero cinco años después sigue sin desarrollarse”, explica Ferrándiz. Según relata, la consecuencia es que muchas familias acogedoras continúan encontrándose con la misma situación. “Tú puedes estar inscrita para adoptar, pero eso no significa que tengas prioridad para adoptar al niño que ya vive contigo. Si otra persona ocupa un lugar preferente, el menor cambia de familia. Eso va totalmente en contra del espíritu de la ley”.

Lo que hace unos años era un debate exclusivamente jurídico, hoy también es psicológico. Según explica la propia Loli, que es a su vez educadora social, la teoría del apego “ocupa un lugar central en la protección infantil” y cada vez más especialistas sostienen que romper un vínculo seguro supone añadir un nuevo episodio traumático a menores que ya han sufrido experiencias de abandono o violencia.

En el caso de María, esa idea la concreta en un informe pericial encargado por la propia familia el psicólogo Javier Múgica y que se ha incorporado al procedimiento judicial. Su conclusión es que la niña había construido un apego seguro con la familia acogedora y una nueva separación suponía un riesgo importante para su desarrollo emocional. Pero más allá de este caso, el informe va mucho más lejos: las relaciones de apego no son vínculos fácilmente sustituibles. Loli lo explica con una frase sencilla: “La meta debe ser el apego seguro. La meta no puede ser un papel de adopción”. Porque no cuestiona la adopción, sino que cuestiona que el expediente administrativo prevalezca automáticamente sobre la realidad emocional de un niño.

Más casos similares

Esa es precisamente la idea que hoy defienden las asociaciones de acogimiento. “No tiene sentido que un niño pase dos años en acogimiento y después tenga que empezar de cero con otra familia”, sostiene Ferrándiz. Su propuesta es “que transiten las medidas y no los niños”. Es decir, que cuando un menor ya ha encontrado estabilidad, sea la figura jurídica la que cambie -de acogimiento a adopción o a acogimiento permanente- y no el niño quien vuelva a perder el entorno que ya considera suyo.

Porque las asociaciones aseguran que el caso de María no es excepcional. No en vano, durante las entrevistas realizadas para este reportaje aparecen otros nombres y otras historias. Por ejemplo: una familia que pidió esperar apenas unas semanas para que las menores terminaran el curso escolar, pero que tampoco le dejaron hacerlo. Otra que acabó litigando hasta conseguir que los tribunales reconocieran su derecho a adoptar y ahora se dedica a asesorar a personas en su misma situación.

Madres y padres acogedores que, según relatan, viven con miedo a discrepar de las decisiones administrativas por temor a perder la idoneidad para futuros acogimientos. No existen datos públicos que permitan cuantificar cuántos casos similares se producen cada año en Andalucía. Pero quienes llevan años trabajando en este ámbito coinciden en una idea: el debate ya no gira únicamente en torno a las familias acogedoras, sino de los propios niños.

Cinco años después de la aprobación de la Ley andaluza de Infancia y Adolescencia, el reglamento que debía desarrollar ese nuevo modelo sigue pendiente. Para María y su familia de acogida, sin embargo, el problema no empezó con una ley ni con un informe psicológico. Empezó el día en que salió del colegio rodeada de cinco personas adultas y dejó atrás la habitación en la que, después de mucho tiempo, había aprendido a dormir sin miedo.

Primer relevo a en el Govern de Salvador Illa a punto de cumplirse dos años desde su inicio. La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martinez Bravo, ha abandonado el cargo por motivos personales, en un reemplazo pactado con el president de la Generalitat, al que la consllera había manifestado su deseo de volver a centrarse en la academia.

Tal y como ha avanzado este lunes El Periódico y ha confirmado el propio Salvador Illa en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, a Martínez Bravo le tomará el relevo Raúl Moreno, quien hasta ahora ostentaba la secretaría general del Departament y del que se espera una gestión continuista.

La ya exconsellera había comunicado hace unas semanas al president Illa que no deseaba continuar, alegando motivos de índole personal. Se da la circunstancia de que Martínez Bravo, que se incorporó al Govern como independiente, aunque procedente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, inició la legislatura con un pie en Madrid, donde residen su pareja y su hija, y otro en Barcelona, donde no disponía de otro domicilio que el de sus padres.

A lo largo de estos últimos dos años la consellera ha tenido que hacer frente al estallido de la crisis más importante en la antigua Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), salpicada por una serie de irregularidades en la contratación de servicios de atención a los menores. El Govern apostó por una refundación completa que convirtió las siglas del organismo en la Direcció General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Unos cambios que, sin embargo, no han convencido a buena parte de la oposición.

El conseller entrante, Raúl Moreno, es un socialista de pedigrí, partido en el que ha militado desde hace tres décadas. Moreno, educador social de profesión, fue concejal Santa Coloma de Gramenet durante 12 años y diputado en el Parlament desde 2015.

Illa ha destacado de Moreno su “larga trayectoria a favor de la justicia social”, con su relación desde la política con el tercer sector. Es la primera vez además, ha destacado, que ocupa una conselleria un educador social de formación y ejercicio.

Además de continuar con la refundación del sistema de protección a la Infancia, Moreno hereda otros retos dentro como responsable de la conselleria. Entre ellos, destacan la mejora de la atención a la dependencia, el despliegue de la ley del ELA, la equiparación salarial en el tercer sector o la integración del ingreso mínimo vital con la catalana renta garantizada de ciudadanía.

Meta ha revelado en un documento judicial que los fiscales generales de cuatro estados de Estados Unidos le reclaman sanciones por valor de 1,4 billones de dólares (880.000 millones de euros) en el marco del litigio que acusa a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción entre los usuarios jóvenes. La demanda, a la que ha tenido acceso la agencia Reuters, sostiene que la empresa oculta los riesgos de sus plataformas para la salud mental de los menores.

La cuantía de la multa aparece en la respuesta de Meta a los escritos de los fiscales generales, en los que estos explican cómo debería calcularse la sanción económica. La cifra, que equivale prácticamente a la capitalización bursátil total de la compañía, que este martes cerró en 1,54 billones de dólares. “Una sanción de tal magnitud no tiene precedentes en la historia de la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor”, ha protestado la dirección de Meta en sus alegaciones.

El proceso sale a la luz semanas antes de que comience el juicio, que tendrá lugar en la localidad de Oakland, en California. Los estados demandantes son California, donde Meta tiene su sede legal, a la que se han unido los fiscales generales de Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Estos calculan la penalización multiplicando el importe de las multas contempladas en sus leyes locales por el número estimado de adolescentes afectados.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha señalado que el proceso judicial busca obligar a Meta a asumir su responsabilidad por haber antepuesto los beneficios económicos a la seguridad infantil. “Meta ha antepuesto los beneficios a la seguridad de los niños y ha agravado la crisis de salud mental que, según observamos, está afectando a toda una generación de niños estadounidenses. El Departamento de Justicia de California espera poder exigir a Meta que rinda cuentas plenamente en el juicio que se celebrará en agosto”, ha afirmado un portavoz.

Este proceso forma parte de una ofensiva judicial a gran escala en el país. Veintinueve estados han demandado a la corporación en la justicia federal por recolectar información de menores sin el consentimiento de sus tutores, vulnerando la legislación estadounidense de privacidad infantil. El juicio de agosto ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers unificará estas reclamaciones junto con las acusaciones específicas de los cuatro estados sobre el diseño adictivo de los servicios. A esta vista le seguirá otro juicio en febrero del próximo año en el que participarán otros 14 estados.

La presión sobre el sector se ha incrementado tras los recientes reveses en los tribunales. El pasado marzo, un jurado del estado de Nuevo México condenó a Meta a abonar 375 millones de dólares tras probarse que la empresa engañó a los consumidores locales.

Meta niega los cargos argumentando que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica reconocida. La jueza del caso rechazó el mes pasado el intento de la compañía de suspender el proceso, al considerar que existen discrepancias sobre si las aplicaciones se dirigen a los niños. Otras empresas del sector como Snapchat, Alphabet (Google) y ByteDance (TikTok) afrontan miles de reclamaciones similares en los tribunales estadounidenses por el impacto de sus algoritmos de recomendación en la población menor de edad.

La campaña de demandas en EEUU tiene un eco en el resto del mundo a través de diversas propuestas de regulación para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Australia fue el primer país en aprobarla, con resultados contradictorios, mientras que en España, Francia y Reino Unido se encuentra en tramitación parlamentaria.

Los educadores y educadoras sociales de Aragón han salido en defensa de los menores migrantes, un colectivo al que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico por Vox, Alejandro Nolasco, pone semana sí y semana también en la diana al vincularlos con la delincuencia. Según los profesionales del sector, “esta narrativa” solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Y lo hace con el agravante de utilizar para ello su posición institucional en el Gobierno de Aragón.

El duro comunicado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) llega días después de que el presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, diera su respaldo expreso a la postura de Nolasco: respaldará a todos sus consejeros y consejeras, afirmó en el pleno de las Cortes de Aragón, “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Sin mencionar, eso sí, que el día previo el líder de la extrema derecha en la comunidad había mezclado datos para tratar de relacionar a los menores migrantes con la delincuencia.

Los educadores sociales centra su censura a Nolasco en varios puntos. Sobre el fondo de las declaraciones del vicepresidente de Vox, el colegio profesional sostiene que “vuelve a asociar” a los menores migrantes sin referentes familiares en Aragón “con la delincuencia y la violencia”, y apunta que los datos difundidos “carecen de rigor”.

Sus palabras “no son inocuas”

La entidad advierte de que las palabras de un cargo público “no son inocuas”: cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión que sostienen a diario los servicios sociales y el sistema de protección de menores.

Desde su experiencia profesional, los educadores sociales subrayan que trabajan con menores que han vivido “procesos migratorios extremadamente duros”, marcados por pérdidas, violencia, separación familiar y experiencias traumáticas, y que reducir esa realidad a estereotipos constituye “una grave irresponsabilidad institucional”. No niegan la existencia de “situaciones complejas” que requieren respuesta judicial, pero rechazan que se utilicen para “criminalizar a toda una infancia”.

El comunicado pone el acento en que la “inmensa mayoría” de los menores atendidos en el sistema de protección “participan en procesos educativos positivos cuando cuentan con acompañamiento y estabilidad”, y subraya que resulta “especialmente preocupante” que este discurso proceda precisamente de quien ostenta “responsabilidades directas” sobre las políticas de infancia y protección de menores en Aragón.

Contra los periodistas

Por último, CEES Aragón reitera su respaldo a los equipos educativos que trabajan en los recursos de protección de menores, recuerda que todos los niños y adolescentes son sujetos de derechos “con independencia de su origen o situación administrativa” conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, e insta a los responsables públicos a ejercer “un liderazgo institucional responsable” basado en el rigor y el respeto a los y las profesionales del sector.

Anteriormente fue el Colegio de Periodistas de Aragón el que reprochó el tono, el lenguaje y los mensajes expresados por el vicepresidente autonómico de Vox. La semana pasada, Nolasco llegó a afear a una periodista que repreguntase sobre la cuestión ante las dudas generadas por los datos aportados, con los que la extrema derecha trata de vincular a los menores migrantes con la delincuencia.

¿Cómo es una cárcel sueca? El periodista, colaborador de elDiario.es, Óscar Gelis, ha estado en una de ellas, en la prisión de Rosersberg. El mobiliario no llama especialmente la atención… Lo que hace que se te pongan los pelos de punta es saber que, en poco tiempo, comenzarán a entrar en ellas niños y adolescentes. La medida fue una de las reformas más polémicas impulsadas por el Ejecutivo conservador que gobierna Suecia con el apoyo de la extrema derecha. Se trata de menores de edad a los que las bandas relacionadas con el tráfico de droga contactan a través de redes sociales para cometer todo tipo de delitos.

Es un fenómeno que nos sorprende que suceda en un país nórdico, por la imagen que siempre hemos tenido de países como Suecia. Pero, además, es un problema que comienza a extenderse más allá de sus fronteras. Lo analizamos con el experto en inteligencia criminal Andrés Rolandelli.

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La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este martes la realización de pruebas de edad a los menores inmigrantes no acompañados, como ha propuesto Vox, ya que ha explicado que “la protección de verdad depende de algo muy sencillo, que ninguna plaza que está pensada para un niño la ocupe quien no lo es”.

Guardiola ha respondido así a la pregunta que le ha formulado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el pleno del Parlamento regional, sobre las pruebas de edad a los menores migrantes, una medida que la líder de Podemos ha calificado de “racista”.

La titular del Gobierno extremeño ha defendido que la gestión en la acogida de estos menores “va a seguir siendo rigurosa” y ha dicho compartir con su vicepresidente de Vox, Oscar Fernández Calle, “el estricto cumplimiento de la ley”.

María Guardiola ha reconocido que las pruebas de edad “se han venido haciendo cada vez que ha habido dudas sobre su condición de menores y siempre que lo autorice la Fiscalía” y ha enmarcado esta medida en la comprobación de requisitos que lleva a cabo cualquier administración para otorgar una ayuda o acceder a un recurso público.

“Esto es lo que ha hecho este Gobierno y lo que va a seguir haciendo”, ha dicho Guardiola, quien ha precisado que de las 329 pruebas de edad que se han realizado por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), el 79% determinaron que tenían más de 18 años, “es decir que 260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores”.

Por su parte, Irene de Miguel ha acusado al PP y a Guardiola de “haber asumido el discurso ultra” y hacerlo “con una miseria partidista inclasificable” al afirmar que con 104 menores migrantes acogidos “el sistema está al límite”, algo que ha considerado una “auténtica sinvergüencería” y totalmente contrario al mensaje lanzado por el Papa León XIV de que “la dignidad humana no tiene pasaporte”.

El líder de la oposición, el socialista Álvaro Sánchez Cotrina, ha preguntado también en el pleno a la presidenta extremeña sobre el modelo de región que quiere construir su gobierno con los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, actualmente en tramitación.

El debate entre Guardiola y Sánchez Cotrina ha servido, una vez más, para que la primera destaque nuevamente la excelente situación económica de la región, con las mejores cifras de empleo o en exportaciones, mientras que el socialista ha hecho hincapié en que “Extremadura no converge” y presenta los peores datos en relación con la buena marcha de la economía española.

También han vuelto a discrepar sobre el proyecto de presupuestos y a repetir una que estos permitirán a la región “seguir creciendo sin necesidad de convertir las economías familiares en un auténtico infierno fiscal”, frente al argumento del otro de que mermarán los servicios públicos y tenderán a la privatización de la sanidad.

Guardiola ha criticado la “ocurrencia” de Sánchez Cotrina de ofrecerle pactar los presupuestos si rompía con Vox, a pesar de haber presentado una enmienda a la totalidad, y le ha preguntado al líder socialista si “de verdad” cree que ella va a renunciar a un “gobierno sólido” con el partido de Santiago Abascal para abrazarse “a un partido socialista carcomido por la corrupción”.

María Guardiola ha acusado al líder de los socialistas extremeños de disfrutar de una baja paternal “intermitente y selectiva”, a lo que el dirigente del PSOE le ha respondido que él nunca le va a hablar de “sus ausencias en el ámbito personal en ningún momento de la política”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los Estados miembros pueden exigir la verificación de la edad a los usuarios que intenten acceder a páginas webs pornográficas, con el objetivo de evitar el acceso menores. La resolución, publicada este martes, aclara que los países tienen potestad para restringir el acceso a estos portales de contenido para adultos incluso cuando las empresas que los gestionan estén fuera de su territorio.

La decisión responde a una consulta del Consejo de Estado francés, a raíz de los recursos presentados por varias empresas de origen checo. Estas compañías argumentaron que la normativa gala que impone sistemas de control de edad vulneraban las leyes europeas sobre comercio electrónico, que establecen que las plataformas digitales solo deben someterse a la regulación del Estado donde tienen fijada su sede legal.

El tribunal aclara que, aunque dicho principio busca garantizar la libre circulación de servicios en el mercado común europeo, la normativa permite introducir excepciones de orden público o protección de la infancia.

Para aplicar estas restricciones, los magistrados establecen que las medidas deben ser proporcionadas al objetivo que persiguen. “No obstante, antes de adoptar medidas de ese tipo, salvo en caso de urgencia, es necesario, por una parte, solicitar al Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios en cuestión que adopte él mismo las medidas adecuadas y, por otra parte, notificar a la Comisión Europea y a dicho Estado miembro la intención de adoptarlas”, explica el TJUE.

La resolución coincide con la tramitación de varias leyes en los países europeos para establecer los marcos normativos para esos controles de edad. Una de ellas es el proyecto español de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. El Gobierno español ha desarrollado una app denominada Cartera Digital Beta, que comenzó a diseñarse con el propósito original de controlar la edad de entrada a los portales pornográficos y que actualmente se proyecta como el mecanismo para vigilar el límite de uso de las redes sociales para los menores de 16 años.

El desarrollo de este sistema se apoya en el reglamento europeo de identidad digital eIDAS 2, que obliga a los veintisiete países de la Unión a ofrecer a los ciudadanos al menos una aplicación de cartera digital compatible desde este año. La aplicación se basa en un modelo de doble ciego, un mecanismo que permite que el ciudadano verifique su identidad sin que el Gobierno o las páginas web a las que intenta acceder conozcan su identidad, asegura el Ministerio para la Transformación Digital.

La plaza número 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia, cuya titular es Ana Isabel Pérez Asenjo, ha acordado este pasado 10 de junio el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas a menores en la Bertso Eskola de Errenteria “porque no existe denuncia ni de la Fiscalía, ni de ninguna presunta víctima”, según fuentes judiciales. El caso se podría reabrir si hubiera denuncias.

Estas mismas fuentes aclaran que el artículo 191.1 del Código Penal establece que “para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del ministerio fiscal, que actuará ponderando los intereses legítimos en presencia”. “Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del ministerio fiscal”. Aun así, sostienen que “si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado”.

A principios de este mes, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteria representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) puso en manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, han detallado desde el Consistorio.

Así, Otaegi declaró ante la Fiscalía de Menores con el objetivo de verificar el contenido de las informaciones enviadas por el Ayuntamiento previamente a la Policía judicial. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, aseguró.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido recientemente con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, ha llevado a cabo reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y también con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, han denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento, en reiteradas ocasiones han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado, las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia, que por el momento no se ha interpuesto en la Ertzaintza ni en el juzgado, recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado los cuatro años y medio de prisión al profesor guipuzcoano condenado por acercamiento sexual a menores, a las que daba clases en un centro de Irún, a través de Internet y amenazas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV rechaza así el recurso interpuesto por el docente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que le condenó como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet ('child grooming'), un delito de amenazas condicionales y otro leve de acoso sexual.

En su fallo, el TSJPV ha ratificado también el resto de medidas que se le impusieron, como los 20 días de localización permanente que se le impusieron por un delito leve de acoso sexual, así como los cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel, según informa Europa Press. La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa consideró probado que el acusado contactó a través de una red social con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso 2023-2024, buscando un acercamiento a las mismas con afirmaciones “trufadas de carácter sexual” y que realizó a dos de ellas “propuestas serias” de encuentros que no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

El profesor condenado recurrió esa sentencia al Superior vasco solicitando como pretensión principal su absolución y subsidiariamente la condena a penas en su mínima extensión legal. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la resolución de la Audiencia de Gipuzkoa. En sus alegaciones, la defensa argumentó ante el TSJPV que la Audiencia guipuzcoana no había contextualizado todas las situaciones y las conversaciones entre el profesor y sus alumnas, unas conversaciones que, según el letrado, eran “siempre en un contexto de colegueo y bromista”, desde el prisma de una relación de amistad preexistente entre las alumnas y su defendido, un docente con “cresta”, “aspecto de punki” y “hasta un poco pasota”.

Añadía que esas conversaciones podrían ser “reprochables”, por no mantener la distancia profesor-alumna, y “por tener, connotaciones sexuales”, pero que en ningún caso hubo en su representado “un ánimo sexual o de buscar algo” con las mismas, “más allá del cachondeo”, por lo que no constituyeron un ilícito penal. Sin embargo, el TSJPV recuerda que el derecho penal del hecho prohíbe condenar a alguien por su personalidad o apariencia y que “no se responde por lo que se es, sino por lo que se hace o no se hace siendo como se es”.

A continuación, analiza las conversaciones obtenidas de los teléfonos móviles de las menores y el resto de prueba desplegada en la vista oral celebrada en la Audiencia guipuzcoana y concluye que “existió prueba suficiente para justificar la condena de una forma compatible con la vigencia del derecho a la presunción de inocencia”. Asimismo, el TSJPV describe el patrón de actuación que reflejan esas conversaciones y como el acusado llevó a cabo primero una “aproximación afectiva” a las menores que incluían “expresiones de contenido sexual”, después las blindó frente a injerencias de otras personas y, finalmente, propuso a dos de ellas “encuentros más privados para estar a solas”. Unos encuentros, añade el TSJPV, que eran “absolutamente” ajenos “a la función educativa” y respondían, de forma “concluyente al objetivo de mantener con ellas unas relaciones íntimas”.

El TSJPV afirma también que es “incuestionable” que el acusado trató de “infundir temor” a las menores con las consecuencias punitivas de difundir los mensajes que intercambiaron con él y el emplazamiento a que los borraran. “Exigir desde una posición de superioridad manifiesta por el rol que se tiene -educador de menores entre trece y quince años- una conducta no debida - eliminación de pantallazos- a través de la conminación de denunciar la comisión de delitos o infracciones que conllevan la imposición de penas de prisión o pecuniarias constituye la exteriorización del propósito de causar un mal serio, real”, asegura el TSJPV.

Penas “proporcionadas”

Respecto a las penas de prisión impuestas por la Audiencia de Gipuzkoa, el máximo órgano judicial vasco las considera “proporcionadas”, ya que el delito de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet “está penado con entre uno y tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses” y que en este caso se optó por la prisión por el “carácter intenso y prolongado del acercamiento telemático”.

Además, considera “proporcionados” los dos años de cárcel impuestos por cada delito de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet dada la asimetría inherente en la relación profesor-alumnas y las circunstancias de edad y fragilidad emocional de las víctimas. También avala los seis meses de cárcel fijados por la Audiencia de Gipuzkoa por el delito de amenazas y el resto de las penas principales y accesorias acordadas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.