Meta ha revelado en un documento judicial que los fiscales generales de cuatro estados de Estados Unidos le reclaman sanciones por valor de 1,4 billones de dólares (880.000 millones de euros) en el marco del litigio que acusa a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción entre los usuarios jóvenes. La demanda, a la que ha tenido acceso la agencia Reuters, sostiene que la empresa oculta los riesgos de sus plataformas para la salud mental de los menores.

La cuantía de la multa aparece en la respuesta de Meta a los escritos de los fiscales generales, en los que estos explican cómo debería calcularse la sanción económica. La cifra, que equivale prácticamente a la capitalización bursátil total de la compañía, que este martes cerró en 1,54 billones de dólares. “Una sanción de tal magnitud no tiene precedentes en la historia de la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor”, ha protestado la dirección de Meta en sus alegaciones.

El proceso sale a la luz semanas antes de que comience el juicio, que tendrá lugar en la localidad de Oakland, en California. Los estados demandantes son California, donde Meta tiene su sede legal, a la que se han unido los fiscales generales de Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Estos calculan la penalización multiplicando el importe de las multas contempladas en sus leyes locales por el número estimado de adolescentes afectados.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha señalado que el proceso judicial busca obligar a Meta a asumir su responsabilidad por haber antepuesto los beneficios económicos a la seguridad infantil. “Meta ha antepuesto los beneficios a la seguridad de los niños y ha agravado la crisis de salud mental que, según observamos, está afectando a toda una generación de niños estadounidenses. El Departamento de Justicia de California espera poder exigir a Meta que rinda cuentas plenamente en el juicio que se celebrará en agosto”, ha afirmado un portavoz.

Este proceso forma parte de una ofensiva judicial a gran escala en el país. Veintinueve estados han demandado a la corporación en la justicia federal por recolectar información de menores sin el consentimiento de sus tutores, vulnerando la legislación estadounidense de privacidad infantil. El juicio de agosto ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers unificará estas reclamaciones junto con las acusaciones específicas de los cuatro estados sobre el diseño adictivo de los servicios. A esta vista le seguirá otro juicio en febrero del próximo año en el que participarán otros 14 estados.

La presión sobre el sector se ha incrementado tras los recientes reveses en los tribunales. El pasado marzo, un jurado del estado de Nuevo México condenó a Meta a abonar 375 millones de dólares tras probarse que la empresa engañó a los consumidores locales.

Meta niega los cargos argumentando que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica reconocida. La jueza del caso rechazó el mes pasado el intento de la compañía de suspender el proceso, al considerar que existen discrepancias sobre si las aplicaciones se dirigen a los niños. Otras empresas del sector como Snapchat, Alphabet (Google) y ByteDance (TikTok) afrontan miles de reclamaciones similares en los tribunales estadounidenses por el impacto de sus algoritmos de recomendación en la población menor de edad.

La campaña de demandas en EEUU tiene un eco en el resto del mundo a través de diversas propuestas de regulación para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Australia fue el primer país en aprobarla, con resultados contradictorios, mientras que en España, Francia y Reino Unido se encuentra en tramitación parlamentaria.

Los educadores y educadoras sociales de Aragón han salido en defensa de los menores migrantes, un colectivo al que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico por Vox, Alejandro Nolasco, pone semana sí y semana también en la diana al vincularlos con la delincuencia. Según los profesionales del sector, “esta narrativa” solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Y lo hace con el agravante de utilizar para ello su posición institucional en el Gobierno de Aragón.

El duro comunicado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) llega días después de que el presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, diera su respaldo expreso a la postura de Nolasco: respaldará a todos sus consejeros y consejeras, afirmó en el pleno de las Cortes de Aragón, “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Sin mencionar, eso sí, que el día previo el líder de la extrema derecha en la comunidad había mezclado datos para tratar de relacionar a los menores migrantes con la delincuencia.

Los educadores sociales centra su censura a Nolasco en varios puntos. Sobre el fondo de las declaraciones del vicepresidente de Vox, el colegio profesional sostiene que “vuelve a asociar” a los menores migrantes sin referentes familiares en Aragón “con la delincuencia y la violencia”, y apunta que los datos difundidos “carecen de rigor”.

Sus palabras “no son inocuas”

La entidad advierte de que las palabras de un cargo público “no son inocuas”: cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión que sostienen a diario los servicios sociales y el sistema de protección de menores.

Desde su experiencia profesional, los educadores sociales subrayan que trabajan con menores que han vivido “procesos migratorios extremadamente duros”, marcados por pérdidas, violencia, separación familiar y experiencias traumáticas, y que reducir esa realidad a estereotipos constituye “una grave irresponsabilidad institucional”. No niegan la existencia de “situaciones complejas” que requieren respuesta judicial, pero rechazan que se utilicen para “criminalizar a toda una infancia”.

El comunicado pone el acento en que la “inmensa mayoría” de los menores atendidos en el sistema de protección “participan en procesos educativos positivos cuando cuentan con acompañamiento y estabilidad”, y subraya que resulta “especialmente preocupante” que este discurso proceda precisamente de quien ostenta “responsabilidades directas” sobre las políticas de infancia y protección de menores en Aragón.

Contra los periodistas

Por último, CEES Aragón reitera su respaldo a los equipos educativos que trabajan en los recursos de protección de menores, recuerda que todos los niños y adolescentes son sujetos de derechos “con independencia de su origen o situación administrativa” conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, e insta a los responsables públicos a ejercer “un liderazgo institucional responsable” basado en el rigor y el respeto a los y las profesionales del sector.

Anteriormente fue el Colegio de Periodistas de Aragón el que reprochó el tono, el lenguaje y los mensajes expresados por el vicepresidente autonómico de Vox. La semana pasada, Nolasco llegó a afear a una periodista que repreguntase sobre la cuestión ante las dudas generadas por los datos aportados, con los que la extrema derecha trata de vincular a los menores migrantes con la delincuencia.

¿Cómo es una cárcel sueca? El periodista, colaborador de elDiario.es, Óscar Gelis, ha estado en una de ellas, en la prisión de Rosersberg. El mobiliario no llama especialmente la atención… Lo que hace que se te pongan los pelos de punta es saber que, en poco tiempo, comenzarán a entrar en ellas niños y adolescentes. La medida fue una de las reformas más polémicas impulsadas por el Ejecutivo conservador que gobierna Suecia con el apoyo de la extrema derecha. Se trata de menores de edad a los que las bandas relacionadas con el tráfico de droga contactan a través de redes sociales para cometer todo tipo de delitos.

Es un fenómeno que nos sorprende que suceda en un país nórdico, por la imagen que siempre hemos tenido de países como Suecia. Pero, además, es un problema que comienza a extenderse más allá de sus fronteras. Lo analizamos con el experto en inteligencia criminal Andrés Rolandelli.

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La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este martes la realización de pruebas de edad a los menores inmigrantes no acompañados, como ha propuesto Vox, ya que ha explicado que “la protección de verdad depende de algo muy sencillo, que ninguna plaza que está pensada para un niño la ocupe quien no lo es”.

Guardiola ha respondido así a la pregunta que le ha formulado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el pleno del Parlamento regional, sobre las pruebas de edad a los menores migrantes, una medida que la líder de Podemos ha calificado de “racista”.

La titular del Gobierno extremeño ha defendido que la gestión en la acogida de estos menores “va a seguir siendo rigurosa” y ha dicho compartir con su vicepresidente de Vox, Oscar Fernández Calle, “el estricto cumplimiento de la ley”.

María Guardiola ha reconocido que las pruebas de edad “se han venido haciendo cada vez que ha habido dudas sobre su condición de menores y siempre que lo autorice la Fiscalía” y ha enmarcado esta medida en la comprobación de requisitos que lleva a cabo cualquier administración para otorgar una ayuda o acceder a un recurso público.

“Esto es lo que ha hecho este Gobierno y lo que va a seguir haciendo”, ha dicho Guardiola, quien ha precisado que de las 329 pruebas de edad que se han realizado por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), el 79% determinaron que tenían más de 18 años, “es decir que 260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores”.

Por su parte, Irene de Miguel ha acusado al PP y a Guardiola de “haber asumido el discurso ultra” y hacerlo “con una miseria partidista inclasificable” al afirmar que con 104 menores migrantes acogidos “el sistema está al límite”, algo que ha considerado una “auténtica sinvergüencería” y totalmente contrario al mensaje lanzado por el Papa León XIV de que “la dignidad humana no tiene pasaporte”.

El líder de la oposición, el socialista Álvaro Sánchez Cotrina, ha preguntado también en el pleno a la presidenta extremeña sobre el modelo de región que quiere construir su gobierno con los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, actualmente en tramitación.

El debate entre Guardiola y Sánchez Cotrina ha servido, una vez más, para que la primera destaque nuevamente la excelente situación económica de la región, con las mejores cifras de empleo o en exportaciones, mientras que el socialista ha hecho hincapié en que “Extremadura no converge” y presenta los peores datos en relación con la buena marcha de la economía española.

También han vuelto a discrepar sobre el proyecto de presupuestos y a repetir una que estos permitirán a la región “seguir creciendo sin necesidad de convertir las economías familiares en un auténtico infierno fiscal”, frente al argumento del otro de que mermarán los servicios públicos y tenderán a la privatización de la sanidad.

Guardiola ha criticado la “ocurrencia” de Sánchez Cotrina de ofrecerle pactar los presupuestos si rompía con Vox, a pesar de haber presentado una enmienda a la totalidad, y le ha preguntado al líder socialista si “de verdad” cree que ella va a renunciar a un “gobierno sólido” con el partido de Santiago Abascal para abrazarse “a un partido socialista carcomido por la corrupción”.

María Guardiola ha acusado al líder de los socialistas extremeños de disfrutar de una baja paternal “intermitente y selectiva”, a lo que el dirigente del PSOE le ha respondido que él nunca le va a hablar de “sus ausencias en el ámbito personal en ningún momento de la política”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los Estados miembros pueden exigir la verificación de la edad a los usuarios que intenten acceder a páginas webs pornográficas, con el objetivo de evitar el acceso menores. La resolución, publicada este martes, aclara que los países tienen potestad para restringir el acceso a estos portales de contenido para adultos incluso cuando las empresas que los gestionan estén fuera de su territorio.

La decisión responde a una consulta del Consejo de Estado francés, a raíz de los recursos presentados por varias empresas de origen checo. Estas compañías argumentaron que la normativa gala que impone sistemas de control de edad vulneraban las leyes europeas sobre comercio electrónico, que establecen que las plataformas digitales solo deben someterse a la regulación del Estado donde tienen fijada su sede legal.

El tribunal aclara que, aunque dicho principio busca garantizar la libre circulación de servicios en el mercado común europeo, la normativa permite introducir excepciones de orden público o protección de la infancia.

Para aplicar estas restricciones, los magistrados establecen que las medidas deben ser proporcionadas al objetivo que persiguen. “No obstante, antes de adoptar medidas de ese tipo, salvo en caso de urgencia, es necesario, por una parte, solicitar al Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios en cuestión que adopte él mismo las medidas adecuadas y, por otra parte, notificar a la Comisión Europea y a dicho Estado miembro la intención de adoptarlas”, explica el TJUE.

La resolución coincide con la tramitación de varias leyes en los países europeos para establecer los marcos normativos para esos controles de edad. Una de ellas es el proyecto español de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. El Gobierno español ha desarrollado una app denominada Cartera Digital Beta, que comenzó a diseñarse con el propósito original de controlar la edad de entrada a los portales pornográficos y que actualmente se proyecta como el mecanismo para vigilar el límite de uso de las redes sociales para los menores de 16 años.

El desarrollo de este sistema se apoya en el reglamento europeo de identidad digital eIDAS 2, que obliga a los veintisiete países de la Unión a ofrecer a los ciudadanos al menos una aplicación de cartera digital compatible desde este año. La aplicación se basa en un modelo de doble ciego, un mecanismo que permite que el ciudadano verifique su identidad sin que el Gobierno o las páginas web a las que intenta acceder conozcan su identidad, asegura el Ministerio para la Transformación Digital.

La plaza número 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia, cuya titular es Ana Isabel Pérez Asenjo, ha acordado este pasado 10 de junio el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas a menores en la Bertso Eskola de Errenteria “porque no existe denuncia ni de la Fiscalía, ni de ninguna presunta víctima”, según fuentes judiciales. El caso se podría reabrir si hubiera denuncias.

Estas mismas fuentes aclaran que el artículo 191.1 del Código Penal establece que “para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del ministerio fiscal, que actuará ponderando los intereses legítimos en presencia”. “Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del ministerio fiscal”. Aun así, sostienen que “si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado”.

A principios de este mes, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteria representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) puso en manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, han detallado desde el Consistorio.

Así, Otaegi declaró ante la Fiscalía de Menores con el objetivo de verificar el contenido de las informaciones enviadas por el Ayuntamiento previamente a la Policía judicial. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, aseguró.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido recientemente con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, ha llevado a cabo reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y también con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, han denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento, en reiteradas ocasiones han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado, las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia, que por el momento no se ha interpuesto en la Ertzaintza ni en el juzgado, recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado los cuatro años y medio de prisión al profesor guipuzcoano condenado por acercamiento sexual a menores, a las que daba clases en un centro de Irún, a través de Internet y amenazas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV rechaza así el recurso interpuesto por el docente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que le condenó como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet ('child grooming'), un delito de amenazas condicionales y otro leve de acoso sexual.

En su fallo, el TSJPV ha ratificado también el resto de medidas que se le impusieron, como los 20 días de localización permanente que se le impusieron por un delito leve de acoso sexual, así como los cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel, según informa Europa Press. La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa consideró probado que el acusado contactó a través de una red social con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso 2023-2024, buscando un acercamiento a las mismas con afirmaciones “trufadas de carácter sexual” y que realizó a dos de ellas “propuestas serias” de encuentros que no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

El profesor condenado recurrió esa sentencia al Superior vasco solicitando como pretensión principal su absolución y subsidiariamente la condena a penas en su mínima extensión legal. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la resolución de la Audiencia de Gipuzkoa. En sus alegaciones, la defensa argumentó ante el TSJPV que la Audiencia guipuzcoana no había contextualizado todas las situaciones y las conversaciones entre el profesor y sus alumnas, unas conversaciones que, según el letrado, eran “siempre en un contexto de colegueo y bromista”, desde el prisma de una relación de amistad preexistente entre las alumnas y su defendido, un docente con “cresta”, “aspecto de punki” y “hasta un poco pasota”.

Añadía que esas conversaciones podrían ser “reprochables”, por no mantener la distancia profesor-alumna, y “por tener, connotaciones sexuales”, pero que en ningún caso hubo en su representado “un ánimo sexual o de buscar algo” con las mismas, “más allá del cachondeo”, por lo que no constituyeron un ilícito penal. Sin embargo, el TSJPV recuerda que el derecho penal del hecho prohíbe condenar a alguien por su personalidad o apariencia y que “no se responde por lo que se es, sino por lo que se hace o no se hace siendo como se es”.

A continuación, analiza las conversaciones obtenidas de los teléfonos móviles de las menores y el resto de prueba desplegada en la vista oral celebrada en la Audiencia guipuzcoana y concluye que “existió prueba suficiente para justificar la condena de una forma compatible con la vigencia del derecho a la presunción de inocencia”. Asimismo, el TSJPV describe el patrón de actuación que reflejan esas conversaciones y como el acusado llevó a cabo primero una “aproximación afectiva” a las menores que incluían “expresiones de contenido sexual”, después las blindó frente a injerencias de otras personas y, finalmente, propuso a dos de ellas “encuentros más privados para estar a solas”. Unos encuentros, añade el TSJPV, que eran “absolutamente” ajenos “a la función educativa” y respondían, de forma “concluyente al objetivo de mantener con ellas unas relaciones íntimas”.

El TSJPV afirma también que es “incuestionable” que el acusado trató de “infundir temor” a las menores con las consecuencias punitivas de difundir los mensajes que intercambiaron con él y el emplazamiento a que los borraran. “Exigir desde una posición de superioridad manifiesta por el rol que se tiene -educador de menores entre trece y quince años- una conducta no debida - eliminación de pantallazos- a través de la conminación de denunciar la comisión de delitos o infracciones que conllevan la imposición de penas de prisión o pecuniarias constituye la exteriorización del propósito de causar un mal serio, real”, asegura el TSJPV.

Penas “proporcionadas”

Respecto a las penas de prisión impuestas por la Audiencia de Gipuzkoa, el máximo órgano judicial vasco las considera “proporcionadas”, ya que el delito de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet “está penado con entre uno y tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses” y que en este caso se optó por la prisión por el “carácter intenso y prolongado del acercamiento telemático”.

Además, considera “proporcionados” los dos años de cárcel impuestos por cada delito de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet dada la asimetría inherente en la relación profesor-alumnas y las circunstancias de edad y fragilidad emocional de las víctimas. También avala los seis meses de cárcel fijados por la Audiencia de Gipuzkoa por el delito de amenazas y el resto de las penas principales y accesorias acordadas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

Marisol Zamora y Olatz Mercader han comparecido este miércoles en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para relatar supuestos de violencia sexual cometidos por Patxi Ezkiaga, docente en La Salle de Donostia desde 1976 hasta 2012 y fallecido en 2018. Invitadas por la propia Cámara, han intervenido para explicar su situación y emitir su juicio sobre el informe del Ararteko y el tratamiento institucional de sus denuncias.

Desde el inicio de su intervención, las comparecientes han querido enmarcar su presencia como algo colectivo. “No somos dos personas: traemos una memoria colectiva que ha estado enterrada bajo un silencio de décadas”, ha señalado Mercader. Denuncia que su relato fue durante años un “secreto guardado bajo llave” en un entorno donde la institución religiosa tenía más peso que la palabra de las menores. A esto, Zamora ha añadido que los excesos no fueron solo individuales, sino también estructurales, sostenido durante años por el prestigio del agresor y el silencio del entorno.

En su relato, han descrito el impacto de la violencia sexual en la vida de las víctimas, con casos de traumas psicológicos, secuelas emocionales y hasta intentos de suicidio. Han señalado que el abuso no solo afectó a quienes lo sufrieron directamente, sino también a quienes fueron testigos en el aula de una dinámica que han descrito como un “ecosistema de impunidad”, enseñando cómo se puede hacer uso del poder y la autoridad.

“La vergüenza siempre ha estado de nuestro lado”, ha afirmado Zamora, reclamando que ese peso social se traslade a las instituciones responsables. Ambas han denunciado una “omertá” social en torno a los abusos sexuales y han advertido de que “lo que no se nombra no existe”, motivo por el que han decidido romper el silencio públicamente.

Las comparecientes han denunciado además la falta de respuesta adecuada por parte de la institución educativa. Han recordado que La Salle, un centro religioso privado sostenido con fondos públicos, rechazó las medidas de reparación colectiva propuestas en el marco del proceso restaurativo impulsado con el Ararteko, limitándose a respuestas individuales. “No es suficiente con reconocer el daño si no se repara”, ha reivindicado Mercader, criticando que la reparación dependa de la voluntad del propio centro.

Entre sus propuestas, han descrito una reparación con una dimensión colectiva y estructural, así como la creación de un certificado de víctima de violencia sexual que evite la revictimización en los distintos procedimientos administrativos. También han defendido la necesidad de vincular la financiación pública a compromisos éticos de protección infantil, establecer recursos especializados en trauma, crear fondos públicos de reparación y reforzar los mecanismos de prevención y auditoría en entornos con menores. Han interpelado directamente a las instituciones para que pasen de las declaraciones a los hechos. “No venimos a una foto ni a un gesto simbólico, venimos a exigir medidas”, ha señalado Zamora, advirtiendo de que la responsabilidad política es clave para evitar la repetición de casos similares.

Tras los discursos, PSE-EE, EH Bildu y PNV han brindado respuestas con un tono de reconocimiento y apoyo generalizado, aunque con matices. Los socialistas han manifestado su respeto por la valentía de las víctimas y ha defendido la necesidad de avanzar en procesos de justicia restaurativa ante la imposibilidad de una respuesta penal por la prescripción de los hechos y el fallecimiento del agresor. Su portavoz, Miren Gallástegui, ha subrayado el compromiso de “estudiar las propuestas” planteadas y ha criticado que La Salle no haya asumido una reparación colectiva.

Desde EH Bildu, su representante Amancay Villalba ha exigido un pronunciamiento público “claro” por parte del centro educativo que permitió la prolongación de los abusos. Han insistido en que el daño tiene una dimensión colectiva y comunitaria, y han reclamado que las instituciones asuman su responsabilidad por acción u omisión. Villalba ha reiterado la necesidad de avanzar en medidas de reparación, así como en el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios llegados durante el pleno de noviembre de 2023 sobre abusos en el ámbito religioso.

El PNV, a través de Josune Escota, ha trasladado su reconocimiento al sufrimiento de las víctimas y ha afirmado que les escuchan y que les creen. Escota ha subrayado la gravedad de los hechos recogidos en el informe del Ararteko y la importancia de actuar ante ello. También ha defendido que “la verdad, la justicia y la reparación” deben abordarse también desde una dimensión colectiva y ha apelado a la responsabilidad compartida de instituciones y sociedad para garantizar la no repetición.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga fue adelantada por 'El País' en 2024, aunque las víctimas sostienen que los hechos pudieron prolongarse hasta 2012. Al menos 30 mujeres han sido identificadas como víctimas tanto en el aula como en actividades extracurriculares como gimnasia rítmica, excursiones y campamentos. El informe del Ararteko recoge que algunas víctimas sufrieron abusos graves durante años, con secuelas físicas y psicológicas persistentes que requieren atención especializada, en un caso que ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional y la reparación de las víctimas de abusos en el ámbito educativo y religioso.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

En algún lugar de Argentina, una niña se graba un vídeo mostrando productos de una tienda de pijamas y lo publica en TikTok. Rápidamente, ese vídeo se llena de reacciones y comentarios, algunos muy escuetos, como el de un tal Alexis que escribe: “Zangi 1450”. Otros usuarios escriben cifras: “100x100”, o “50 x 50”. Otros ponen “Código Postal” o “café con pan”… o “cambio”. Esa niña no entenderá qué quieren decir. Pero quienes lo escriben saben lo que están diciendo, y entienden el código de los demás, porque es el lenguaje en clave que usan quienes buscan imágenes de menores en internet que luego intercambian y acaban circulando entre pederastas. 

Hablamos con Clara Jiménez Cruz, cofundadora y directora de la Fundación Maldita.es, sobre la investigación que acaba de publicar en la que se documenta cómo TikTok, la red social más popular entre los menores de edad, -también de menos de 13 años, aunque esté prohibido- se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los pederastas y pedófilos para conseguir y robar imágenes de menores, así como contactar con otros pedófilos para intercambiar imágenes y vídeos de niños y niñas para fines sexuales.  

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El Defensor del Pueblo ha abierto este jueves una investigación ante diferentes administraciones públicas “para conocer qué medidas están llevando a cabo para abordar las posibles consecuencias nocivas en menores de edad por ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales”, ha informado la institución en un comunicado. La actuación se dirige ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado.

La investigación se origina a raíz de la queja del progenitor de una menor con antecedentes de autolesiones e intento de suicidio, que recibía sistemáticamente publicaciones sobre prácticas suicidas en la red social X. Antes de acudir a la institución dirigida por Ángel Gabilondo, el padre denunció la situación ante la propia plataforma tecnológica, pero la empresa rechazó eliminar las publicaciones tras considerar que su contenido era acorde con la legalidad.

“Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas. Posteriormente, es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática”, detalla el Defensor del Pueblo.

Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido. Posteriormente, es el propio algoritmo el que proporciona información nociva de forma automática

Defensor del Pueblo

Esta situación puede inducir a los menores “a riesgos para su integridad física e incluso para su vida” como “consecuencia del uso de las redes sociales”, ya que quedan “expuestos a contenidos nocivos”, avisa la institución.

Para determinar los mecanismos de control institucionales, Gabilondo ha requerido a Telecomunicaciones detalles sobre las actuaciones previstas para evitar estas situaciones. El Defensor del Pueblo solicita saber si existe la posibilidad de informar de estas circunstancias a las plataformas tecnológicas para proceder a la supresión del contenido y controlar las publicaciones futuras. Asimismo, al Comisionado de Salud Mental le pide que aclare si dispone de medios de asistencia inmediata para que los menores o sus familiares reciban información sobre el protocolo a seguir. Por último, la Fiscalía General del Estado deberá detallar las acciones penales emprendidas en relación este tipo de hechos y aclarar si las empresas que gestionan las redes sociales adoptan las medidas dictadas por los órganos judiciales.

Se suma al debate sobre redes y menores

Este requerimiento coincide con el debate parlamentario en el Congreso sobre la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una propuesta normativa que plantea elevar la edad mínima para el uso de redes sociales de los 14 años actuales a los 16. El Gobierno ha fijado esta medida como una de las prioridades para este 2026 y ya tiene lista una aplicación móvil que forzaría a todos los usuarios a verificar su edad para acceder a las redes con el objetivo de bloquear completamente su uso por menores de 16.

La iniciativa del Ejecutivo está inspirada en Australia, que prohibió el uso de plataformas digitales a los menores de 16 años bajo multas millonarias para las empresas tecnológicas. No obstante, los primeros informes oficiales del regulador australiano constatan que el 70% de los adolescentes que ya utilizaban redes como Instagram, TikTok o Snapchat ha logrado mantener el acceso mediante herramientas de anonimización como redes privadas virtuales o identidades falsas.

El debate sobre la aplicación de la Ley, en caso de que sea aprobada por el Congreso, se prevé acalorado. Las principales patronales del sector tecnológico recelan de los planes del Gobierno. Lo consideran “un control duro” que añade un proceso de identificación desproporcionado para los adultos, defendiendo en su lugar soluciones flexibles basadas en la concienciación y las herramientas de control parental.

La violencia impartida sienta cátedra. Como cualquier otro hábito, la agresividad se incorpora a través de la normalización, y se perfecciona mientras se la encubre con eufemismos. Vamos a desmontar estos mecanismos.

La brutalidad, epidemia social y filón de opulencia: las corridas mueven mucho más dinero que pasiones. Quinientos millones de euros anuales de las arcas públicas, incluidas las ayudas PAC procedentes de Europa, van destinados a la ganadería de dehesa, a la Fundación Toro de Lidia, a escuelas taurinas sin alumnos y a otros espectáculos tan vergonzosos y rancios como despiadados, donde se toman las calles, encumbrando a nuestro país a nivel internacional en el cénit de la barbarie más anacrónica. Este es uno de los motivos principales por el que los defensores de la tauromaquia se ponen nerviosos cuando se cuestiona la conveniencia de que los menores asistan al horror de la tortura instrumentalizada y se plantea su prohibición, como recomiendan el Ministerio de Juventud e Infancia y la ONU.

Vítor José F. Rodrigues, doctor en psicología por la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Lisboa, psicoterapeuta, escritor, conferenciante y formador, en un artículo publicado por CoPPA (Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos) asegura que exponer a los niños a la violencia tiene consecuencias funestas para su desarrollo cognitivo y emocional.

Al seguir los preceptos de sus educadores, los menores caen en una argucia bipolar, un ejercicio de dicotomía abocado a la atrofia moral, dado que se les ofrece como modelo de ejemplaridad a un hombre que es aclamado por aniquilar sin remordimientos a otro ser vivo, por etapas, una especie de héroe irracional al que los asistentes premian con mucho dinero y admiración. A éstos, sus educandos, les han dicho que eso, la matanza del toro, es arte y es buena, aunque de camino a casa les explicarán, quizá, que no está bien tirar piedras a las palomas, dar patadas a los gatos o abusar de otros niños en el colegio.

En ese momento, el niño, permeable a todo, recordará que en la plaza la violencia se aplaude, que no conlleva consecuencia punible alguna, que la ejecución se recompensa como una vía socialmente válida y aceptada para lograr un fin. “El fin justifica los medios”, escribió Napoleón en sus notas a pie de página sobre un ejemplar de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. La fórmula es nítida: virilidad, popularidad, éxito; todo bajo la falacia del presunto arte. ¿El modo? Tienes que partir en dos un corazón de cuatro kilos para arrancarle la vida a una criatura de 500 que no te ha proferido ofensa alguna. Tranquilo, no estarás solo; el toro sí. Nadie te llevará a juicio ni te pedirá explicaciones. Sin dilemas morales, sin autocrítica, sin señalamiento.

Incluso la Iglesia estará presente en el palco de autoridades para bendecir al matachín y poner a su dios a relamerse los labios contra la víctima ofrecida en hecatombe; licencia para matar. El toro y el caballo son bestias malvadas a las que es lícito maltratar hasta el ensañamiento para divertirnos a su costa, cortándoles además las orejas y el rabo. Es bueno ser violento. Las corridas hacen resurgir el instinto básico del goce por el dominio llevado a sus máximas consecuencias; hay que ovacionar las bocanadas y el reguero de sangre que los derrotados dejan sobre el albero, dibujando la bandera patria cuando son vencidos; “España y yo somos así, señora”, que diría Eduardo Marquina.

“La agresión a la Naturaleza está en el origen de una evidente amenaza contra la propia supervivencia de la especie humana”, asegura Vítor José F. Rodrigues, quien considera asimismo a este respecto que las corridas inyectan, como hemos visto, un recado funesto en los más pequeños, una lección de perpetuación de la insensibilidad como solución, una hostilidad que arrincona y desprecia otras vías de solución de conflictos. El sociólogo Marvin Wolfgang, en su Teoría de las subculturas, explica que “una subcultura es un sistema normativo de algún grupo o grupos más pequeños que la sociedad extendida”. Y sostiene que esas subculturas son especialmente favorables a la violencia, pues sus valores y definiciones le son propicios.

La violencia está en todas partes y los estímulos negativos entre los más pequeños derivan en más belicosidad durante la adolescencia. “La probabilidad de que se cometan crímenes violentos es un 74% mayor en jóvenes que fueron objeto de ella en casa o en su vecindario”, según se desprende de estudios desarrollados por Donald Kirkpatrick. ¿No estaremos dejando a los más pequeños la idea de que sólo los bárbaros, desde la fuerza bruta, pueden subsistir, y que la compasión, el perdón, la ternura y el amor son cualidades que debilitan y, por consiguiente, hay que excluirlas de nuestras cualidades? 

Ver la sangría desde los medios de comunicación no atenúa el problema. Varias organizaciones, entre ellas la American Academy of Pediatrics, a lo largo de décadas, con más de mil estudios, han concluido que “el visionado de violencia televisiva está significativamente ligado al comportamiento agresivo y antisocial, sobre todo entre los espectadores más jóvenes”.

Podemos traer a la memoria la cantidad de niños y niñas que perdieron la vida en un juego incomprendido, emulando a sus héroes de ficción. Pero valga como ejemplo paradigmático el estudio de la cadena CNN, que desvela que, tras la emisión de la serie 13 Reasons Why, la tasa de suicidios entre sus espectadores se disparó hasta un alarmante 28,9%. El crecimiento y la educación que se dan en ambientes sociales o familiares donde impera la violencia predisponen al sujeto a ejercerla y es un indicativo predictor de comportamientos delictivos y criminales, independientemente del cociente intelectual o el estatus social.

Desde la entrada en vigor de la ley antitabaco en 2006 se ha reducido a la mitad la tasa de fumadores en España, pasando del 33% al 16,6% en 2025. ¿Entendemos ya por qué se prohibió la venta de caramelos en forma de cigarrillos de chocolate a los niños?

En el mismo orden de cosas, Joel Lequesne, psicólogo clínico, en un artículo publicado por AnimaNaturalis, desglosa en cuatro puntos la inconveniencia de llevar a los menores a ceremonias donde se hace apología de la crueldad:

Dado que para este artículo hemos abordado los campos de la educación, la ética y la psicología, no queríamos pasar por alto el aspecto legal, una legislación sobre bienestar animal que en España es tibia e ineficaz, una tomadura de pelo que no convence a nadie, que deja desatendidos a los animales que más lo necesitan (perros de caza, toros, zorros, lobos, palomas, cotorras, etc.). Por ello traemos a colación el paradigmático ejmeplo del FBI, que depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que ha clasificado la crueldad hacia los animales como un delito grave, equiparándolo al nivel de crímenes violentos como los incendios provocados, el abuso intencional o el homicidio.

Desde 2016 y reforzado en los siguientes años, esta agencia de investigación criminal viene realizando un registro en su base de datos nacional, para el ‘Sistema Uniforme de Informes del Crimen’ (UCR), un seguimiento detallado de personas que han cometido o cometen actos desalmados contra animales, para identificar, prevenir y rastrear patrones de violencia. La agencia entiende que la brutalidad hacia los animales precede y acompaña delitos violentos contra humanos, y relaciona esta perversión de maltrato animal de modo directo con comportamientos antisociales en un vínculo indisoluble.

Pese a lo que diga algún pseudointelectual, quizá arropado por lobbies taurinos o puede que sencillamente aquejado de “cuñadismo” de sobremesa, llevar a los niños a los toros no les hace mejores personas, del mismo modo que dejarles sin tutela ante las redes sociales no les hace más reflexivos ni agudiza su pensamiento crítico, ni darles coñac en ayunas fortalece su aparato digestivo, así como exponerlos a la pornografía no les hará mejores amantes ni les ayudará a incubar actitudes de respeto por el sexo contrario o el consentimiento ajeno.

Mejor que arrastrar a los pequeños a distracciones tóxicas revestidas de padecimiento y sangre, es acompañarlos a bibliotecas, llevarlos a salas de conciertos, a museos o aulas de naturaleza. Y ya puestos a hacer lo mejor con los pequeños, de manera responsable, decididos a estimularlos en vez de sobreprotegerlos, comprometidos a instruirlos en vez de adoctrinarlos, ¿por qué no nos echamos al suelo a jugar con ellos en vez de dejar que los eduque un teléfono móvil o un bufón? Estamos convencidos de que eso marcaría la diferencia entre el futuro déspota, pendenciero, autoritario, y un ser humano conciliador, cariñoso y sociable.

Y si lo que pretende el mal educador es inculcar a sus vástagos un espíritu competitivo, incluso de corte marcial, invítenlos a practicar algún deporte donde las reglas sean las mismas para todos los contendientes, aceptadas por ambas partes, no entre enemigos, sino entre rivales que se respeten, donde no haya vencidos que acaben arrastrados por dos mulas al finalizar el partido. Tomemos a 'la manada' de los sanfermines de 2016 como alegoría. ¿Qué es en realidad una violación grupal sino la recreación extrapolada del rito patriarcal de la violencia contra la voluntad de una víctima indefensa?.

Podemos concluir que posee derecho a la vida digna todo ser dotado de un cerebro que le ofrezca la capacidad de discernir entre una opción que le beneficie y otra que le perjudique, y un sistema nervioso que le dote de placer o dolor a través de factores intrínsecos o externos; posee derechos, le sean reconocidos o no. El toro, analizado fríamente, es la diana hacia donde una sociedad ofendida por potencias superiores encauza y se resarce de su propia derrota.

El toro, aunque no se den cuenta quienes lo sitúan en el centro del ruedo, o sí, es el blanco de una determinada parroquia asolada por su propia cotidianidad, por frustraciones profesionales, humillaciones laborales, quizá por limitaciones culturales, un clan que se venga del toro porque su rabia no admite un sentido vertical ante los problemas que le caen del cielo, y se desquita descargando toda su ira horizontalmente en quien tiene a mano tras asegurar un golpe sin réplica, no contra quien desea, sino hacia quien puede, de manera mezquina, como el matón de discoteca que ordena a sus colegas que le sujeten al tipo al que quiere partirle la boca. ¿O creemos que Manolo, el mismo que no puede permitirse una entrada en el tendido de sombra, iba a proceder con su jefe de sección como exige que el toreador trate al toro?

Si fuesen capaces de ver en la mirada del toro que su angustia no es distinta de la suya propia cuando el tirano pisa su orgullo, en vez de salivar ante su dolor, verían que no hay nada heroico en acabar con una criatura tan noble cuya única posesión es la vida.

“Herido está de muerte / el pueblo que con sangre / se divierte”. Juan Ramón Jiménez

En el año 2021, la por aquel entonces consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunció un programa piloto para la gestión de una Barnahus, un centro de atención integral en el que distintos departamentos se coordinan para tratar casos de violencia sexual en la infancia o adolescencia y en el que se atiende a las víctimas. El proyecto piloto comenzaría en el año 2022 y el centro se ubicaría en Vitoria. Los integrantes o el “grupo motor” del proyecto piloto comenzaron a reunirse en 2021 y, dos años después, anunciaron la apertura del centro en 2023. Sin embargo, no ha sido hasta el 13 de mayo de 2026 cuando el centro Barnahus ha comenzado a atender a los primeros menores en su centro en Euskadi.

En 2022 se realizó la primera presentación del local de Vitoria en el que se aplicaría el proyecto y desde el Gobierno vasco anunciaron que estaban trabajando en el acondicionamiento de un “espacio acogedor, armónico, seguro y amigable; ubicado en una zona residencial, alejado de comisarías, hospitales o juzgados; bien conectado mediante transporte público y accesible para personas con discapacidad o necesidades especiales. Un espacio que permita acoger, bajo un mismo techo, la labor coordinada de todos los sistemas, servicios y agentes implicados en un caso o sospecha de abuso sexual infantil”.

En 2023, se llevó a cabo un encuentro en el Palacio Europa en el que el equipo motor mostró las imágenes de cómo será el espacio Barnahus vasco. En aquel momento se indicó que se estaba trabajando en la ejecución de las obras que llevaban “cierto retraso”. “Hemos tenido un año intenso de trabajo en el que nos hemos reunido una vez al mes y estamos trabajando intensamente en coordinarnos. Dicho esto, es cierto que llevamos un retraso con las obras, pero nos parecía importante centrar nuestros esfuerzos primero en el contenido”, declaró la por aquel entonces viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia.

Tres años más tarde de aquel encuentro y cinco desde que se anunció por primera vez el proyecto piloto, este miércoles el equipo de trabajadores, que lleva meses recibiendo formación específica en violencia de género, como confirman a este periódico desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, comenzarán a atender a los primeros menores víctimas de violencia sexual.

“Barnahus (‘Casa de la Infancia’, en islandés) representa una nueva forma de entender la atención a la infancia víctima de violencia sexual: un modelo centrado en el interés superior del menor, que evita la revictimización y prioriza su bienestar. Por primera vez, todos los servicios —sociales, judiciales, sanitarios, policiales y educativos— trabajan bajo un mismo techo, en un entorno amable y seguro adaptado a la infancia. Euskadi adopta así un estándar europeo reconocido por el Consejo de Europa como buena práctica en la protección de los derechos de la infancia. El Barnahus de Vitoria será el primer centro de este tipo en Euskadi, atenderá a menores del territorio de Álava y servirá como referencia para futuras implantaciones en otros territorios. Con su puesta en marcha, se inicia una nueva etapa de protección y acompañamiento integral a las víctimas infantiles de violencia sexual, aseguran desde el Gobierno vasco.

El equipo y el procedimiento a seguir

El equipo que atiende a los menores está formado por un equipo fijo y un equipo móvil. Por un lado, el equipo fijo lo forman cuatro personas: un coordinador, una administrativa, una psicóloga y una trabajadora social. Por otro lado, el equipo móvil se constituye por dos binomios de los servicios sociales de trabajador social y psicólogo. El equipo móvil está formado por un pediatra, un médico forense, una ginecóloga, Ertzaintza, fiscalía y judicatura.

Los menores serán derivados a Barnahus a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación Foral de Álava y a su llegada al centro al niño o a la niña se le realizará una acogida y una evaluación inicial multigrupo. A su vez, dispondrá del tiempo necesario para realizar una terapia adecuada a sus necesidades con la psicóloga del centro. De la misma manera, en el Barnahus, se le podrá hacer un examen médico para cuidar su salud. Una vez que la persona menor esté preparada (y nunca antes) el niño o la niña narrará el relato de lo que le ha ocurrido acompañado en todo momento por la psicóloga. “Podrá comunicar los hechos en un entorno profesional, seguro y sin necesidad de profundizar en el relato”, aseguran.

Conectados a la sala de la declaración, desde una sala contigua, el coordinador de Barnahus, la Ertzaintza, la Fiscalía y el equipo médico seguirán en directo el relato del menor. La jueza lo seguirá online y el relato de ese niño o niña tendrá el mismo valor judicial que una declaración en un juzgado. Asimismo, el menor recibirá apoyo psicológico y jurídico a lo largo de todo el proceso. “Los profesionales de servicios sociales, el equipo de trabajadores de Barnahus y los miembros de la dirección de Infancia, Adolescencia y Familias del Gobierno vasco que se ocuparán de Barnahus ya han recibido una formación general y una formación especializada impartida por la EHU en colaboración con Save the Children. También han conocido la experiencia catalana de Barnahus donde ya cuentan con varios centros”, reconocen.

En cuanto el lugar en el que está ubicada la casa Barnahus, cuya localización es secreta para la protección de los menores, se trata de “un espacio acogedor y accesible, alejado de comisarías y juzgados”. “Se mantiene el anonimato y no se difundirá su ubicación para proteger a los menores que hayan sufrido una agresión”, informan desde el Gobierno vasco, quienes aclaran que Barnahus Vitoria consta de los siguientes espacios: recepción y sala de espera diáfana, sala para exploraciones médicas, tres espacios de terapia adecuados al bienestar de la persona menor, sala de declaración, sala contigua a la sala de declaración, una cocina-comedor, dos baños, sala de trabajo para el equipo fijo, sala de trabajo para el equipo móvil y una sala para la coordinación interinstitucional. Se trata de un espacio que estará abierto de lunes a viernes y el acceso será voluntario, gratuito, confidencial y respetuoso con la dignidad de las víctimas y sus familias.

Para la mayoría de nosotras, San Isidro es bailar en Las Vistillas con nuestras amigas. Regalarnos claveles las unas a las otras. Ir a la pradera para celebrar la diversidad de nuestra ciudad y la vida en nuestros espacios públicos, que se visten de chulapa para la ocasión y nada tienen que ver con esa otra cultura de muerte que no nos pertenece.

Mientras, los eventos taurinos vuelven a Madrid por San Isidro. Aunque nunca se fueron. En el lado sombrío de la fiesta, la Plaza de Las Ventas acoge la última voluntad de la barbarie y se convierte, del 9 de mayo al 15 de junio, en el escenario de 21 corridas de toros, tres novilladas y dos eventos de rejoneo. Además, entre el 28 de abril y el 12 de mayo, se celebra la Feria de la Comunidad de Madrid y, antes, la conocida como “preferia”. Subvenciones, academias ideológicas para niños toreros, lobbys y el Centro de Asuntos Taurinos como institucionalización de la crueldad tratan de revivir un negocio decadente en un país donde más del 75% se declara antitaurino.

El pasado 3 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) una nueva convocatoria de subvenciones a la tauromaquia: la cifra asciende a los 50.000 euros de dinero público. Esta sustituirá a la anterior, vigente desde 2010. Organizaciones taurinas sin ánimo de lucro podrán solicitar hasta 3.000 euros, con un pago por anticipado del 100% y sin necesidad de presentar ningún aval o garantía –así lo promociona la web oficial de la Comunidad–.

El 75% de las ciudadanía española se declara antitaurina. Según un estudio presentado por Sigma Dos para el diario El Mundo en 2025, casi el 70% ya lo era hace un año. La última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (EHPC) del Ministerio de Cultura para el periodo 2024-25 confirma que únicamente un 8% de los españoles asistió a algún acto taurino –desde 2002, el dato más alto de asistencia no llega al 10% --. Ya en 2011, se reveló que el 67,7% de los madrileños rechazaba subvencionar con fondos públicos los toros en un estudio llevado a cabo por ADDA.

El Centro de Asuntos Taurinos o la institucionalización de la crueldad en Madrid

El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, brinda protección a la tauromaquia y a los matadores –los toros se quedan fuera de su espacio de seguridad–. Matador es el que mata. En el diccionario, esta palabra aparece junto a los sinónimos criminal, asesino y homicida. Pero también al lado de “torero” y “diestro”. El toreo es un asesinato con otro nombre. Uno más colorido donde, sin embargo, el rojo de la sangre no cambia. Como tampoco cambian los intentos de la Comunidad por mantener vivo un plan en decadencia. Año tras año, la tauromaquia llama la atención sobre su propia crueldad por San Isidro y menos madrileños se identifican con sus prácticas. 

Tanto el Museo Taurino como la Plaza de Las Ventas y su academia, la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo”, son gestionados por el Centro de Asuntos Taurinos; que, de hecho, se ubica en la misma plaza de toros de Madrid. También organizan exposiciones, actividades gratuitas y otras citas para atraer al pueblo hacia el sector con un ocio que disfraza la tortura y que, además, la acerca a niñas y niños menores de edad, un grupo altamente manipulable y sensible a la violencia.

Escuelas taurinas: una academia ideológica para niños menores de edad

El pasado 1 de mayo, la organización taurina Chenel y Oro organizó el 'Día del Niño en Las Ventas', con la colaboración de la Comunidad de Madrid, dirigido a menores de 16 años. Lo anunciaron como una “gincana infantil hasta los 12 años y toreo para el resto”. Esta convocatoria enlaza con la labor de su escuela José Cubero “Yiyo”, donde enseñan a los niños no solo a normalizar la violencia, sino a ejercerla como “un arte” mediante el toreo. ¿Por qué no aprender, en su lugar, a pintar cuadros o a escribir relatos? El caballo de Nietzsche se puso en contacto con la academia taurina para preguntárselo. Tras una primera conversación telefónica, se le hicieron llegar una serie de cuestiones a su responsable de prensa. Todavía estamos esperando la respuesta.

Quien sí tiene algo que decir al respecto es el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en su informe 2026 sobre España ha reiterado su preocupación “por que los niños sigan presenciando la violencia y muerte de los participantes durante las fiestas taurinas”. Su recomendación es establecer una edad mínima de 18 años, tal y como sucede con drogas como el tabaco y el alcohol. Además, el Comité de la Organización de Naciones Unidas insta a informar de los efectos que tiene en los niños la violencia de las corridas de toros. Un dato para reflexionar: solo en 2024, la Fundación Franz Weber registró más de 400 eventos taurinos con acceso infantil. 

Cuando el Ministerio de Cultura dejó de financiar el Premio Nacional de Tauromaquia

Aunque el sentir mayoritario de la población de España, un país democrático (recordémoslo, por si acaso), hace ya tiempo que va en otra dirección, marcar la equis cultural en la declaración de la renta no solo implica apoyar al cine o a la música. Hasta 2024, el Premio Nacional de Tauromaquia era financiado directamente por el Ministerio de Cultura. En 2026 se sigue concediendo, con una dotación de 30.000 euros.

¿De dónde sale este presupuesto ahora? Por un lado, de la Fundación Toro de Lidia (FTL), su principal impulsora, que actúa como un lobby bajo la configuración de ONG. Por otro, el Senado de España, sede del galardón y su mayor sostén institucional. Además, diez comunidades autónomas lo apoyan: Madrid, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia y la Ciudad Autónoma de Melilla. Ayuntamientos y otras entidades municipales, junto a asociaciones taurinas locales, le prestan respaldo económico y moral.

¿Quién está detrás de la Fundación Toro de Lidia?

En 2024, la Fundación Toro de Lidia fue condecorada con la Medalla de Madrid durante las fiestas de San Isidro. Al año siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un convenio de 1,4 millones de euros entre la Comunidad de Madrid y la FTL por no haber pasado por ningún tipo de concurso público para obtener esta subvención millonaria. 

Según reza la web de la fundación, se trata de “una entidad sin ánimo de lucro destinada a la promoción y la defensa jurídica de todas las tauromaquias en España”. Su presidente, Victorino Martín García, es ganadero y extorero. Al frente de la vicepresidencia se encuentra Fernando Gomá Lanzón, fundador de la Fundación Hay Derecho, que trabaja por “la regeneración institucional” y “la defensa del Estado” –entre sus acciones actuales, destaca una recogida de firmas para que los servicios de ADIF, Renfe, ISDEFE, Correos, AENA o SEPI pasen a manos de “una dirección profesional basada en el mérito y la capacidad”–. 

FTL cuenta con hasta diez vocales vinculados al mundo taurino. Entre ellos hay una única mujer, Mar Gutiérrez, una incorporación reciente que representa a su vez a la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET). Bajo el lema “Hazte amigo”, solicitan donaciones con el fin de “mantener viva una tradición única” o “respaldar las acciones de defensa y promoción que la tauromaquia necesita”. Tienen un convenio con la Fundación ONCE. Algunos gobiernos autonómicos y locales del PP y VOX contribuyen a financiar sus actividades.

El caballo de Nietzsche ha contactado telefónicamente con la Fundación Toro de Lidia con el objeto de entrevistarles para este artículo. Después de haberles enviado nuestras preguntas, no hemos obtenido respuesta.

La ILP antitaurina fallida a pesar de contar con el apoyo del pueblo

En febrero de 2025, se presentó en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada con 715.606 firmas de la ciudadanía –un 42% más de lo exigido–, que pedía derogar la ley que considera a la tauromaquia patrimonio cultural. No era la primera ni, a juzgar por el sentir popular, será la última. Bajo el lema 'No es mi cultura', personas de toda España se unieron en una conciencia colectiva para abolir la protección legal de la violencia ejercida hacia los animales en la arena. El 7 de octubre se votó en el Congreso, con el apoyo de Sumar y Podemos, el rechazo del PP y VOX, y la abstención del PSOE. La propuesta no salió adelante.

Su propósito era acabar con la ley 18/2013. Antes de su puesta en vigor, las competencias en materia de cultura y espectáculos recaían en las comunidades autónomas. Gracias a ello, Cataluña pudo eliminar las corridas en 2010 y Baleares prohibió la muerte de los toros en las plazas en 2018. Al prevalecer dicha ley sobre las determinaciones autonómicas, su naturaleza centralista anuló estos y otros avances para los derechos de los animales. En el caso de Madrid, las instituciones se sientan juntas en el palco para contemplar el espectáculo de su San Isidro. Pero, ¿hasta cuándo?

La organización responsable del sistema paneuropeo de clasificación por edades para videojuegos, la Pan-European Game Information (PEGI), anunció a mediados de marzo que durante este año implementará la mayor actualización que ha lanzado en toda su historia. A partir de ahora, anticipó, no solo va a importar el contenido de los juegos sino también el contexto. 

La decisión es una de las múltiples señales que indican que 2026 está actuando como un auténtico punto de inflexión al sacudir como nunca (a escala nacional y mundial) a la población adulta, que ya no puede seguir pasando por alto los riesgos a los que se enfrentan los menores de edad en el mundo online.

“Los padres ahora quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online o si van a gastar dinero”, explicó a principios de mes Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI S.A, en una jornada de reflexión organizada en Madrid por la Asociación Española de Videojuegos. Unas semanas más tarde, ahonda en ello con elDiario.es. 

¿Cómo diría que ha cambiado el ecosistema de los videojuegos en los últimos 20 años?

Ha cambiado muchísimo. Hemos pasado del clásico formato físico de las tiendas —el cual todavía existe— a un formato digital global de fácil acceso en todo el mundo. Los desarrolladores de los videojuegos también han cambiado mucho. Es decir, antes los videojuegos los hacían principalmente las empresas del sector. Sin embargo, ahora también tenemos usuarios y consumidores que se convierten en desarrolladores. Además, cabe mencionar que algunos juegos ahora son más bien plataformas [como Fortnite o Roblox], lo que ha hecho que tanto la experiencia de juego como el proceso de clasificación por edad sean un poco más complejos, y PEGI ha tenido que adaptarse.

Si no hay moderación en el chat o en los foros —si como jugador no puedes bloquear o silenciar a otro usuario—, eso será PEGI 18

¿Cuáles son los pros y los contras de todos estos cambios?

Bueno, creo que la industria de los videojuegos es una industria creativa increíble que brinda mucha diversión a las familias y donde los juegos son cada vez más inmersivos y realistas. Ahora, además, puedes conectarte con enormes comunidades en todo el mundo. Es decir, es algo que puede ayudar a la hora de hacer amistades, con la salud mental, etc. Pero en cualquier tipo de pasatiempo debe haber algunas reglas y límites, especialmente cuando se habla de menores, para protegerlos. Porque esta evolución también ha traído algunos riesgos o problemas para ellos. Por ejemplo, la expansión al mundo en línea puede presentar peligros. Los padres no quieren que su hijo o hija interactúe con personas desconocidas.

¿Podría explicar la nueva actualización de PEGI? ¿A partir de ahora cómo se clasificarán los videojuegos? 

Uno de los nuevos criterios que estamos integrando está relacionado con la presión para jugar, el llamado “juego por cita”: la mecánica que le pide al jugador que regrese al juego en un momento determinado, como misiones o recompensas diarias. Ese tipo de mecanismo de retención ahora va a ser PEGI 7. Y si se penaliza al jugador por no volver a tiempo, eso será PEGI 12. 

También hemos agregado clasificaciones en base a las interacciones en línea. Si no hay moderación en el chat o en los foros —es decir, si como jugador no puedes bloquear o silenciar a otro usuario—, eso será PEGI 18.

Además, las compras dentro del juego [pagas dinero real por contenido extra dentro del juego] o los artículos aleatorios de pago [pagas por una recompensa, pero no sabes exactamente cuál te tocará] ahora serán PEGI 16. Y cuando simulen casinos o apuestas, pasarán a ser PEGI 18. Así que las cajas de botín, el sistema gacha, y todo eso, será PEGI 18. Todo lo que tenga que ver con elementos de blockchain también será PEGI 18. 

Empezaremos a ver juegos con esas nuevas clasificaciones probablemente a finales del verano

¿Cree que este cambio transformará significativamente el mundo de los videojuegos durante los próximos años? 

Sí. En lo más obvio, los criterios se lanzarán en junio, así que empezaremos a ver juegos con esas nuevas clasificaciones probablemente a finales del verano, y entonces habrá algunos juegos populares que la gente conoce (y que solían ser PEGI 3 o PEGI 7) que se elevarán a 12 o 16. Aún no podemos decir cuáles.

Esto, por otra parte, obviamente llamará la atención y seguramente abrirá una conversación. Las familias querrán entender bien, por ejemplo, por qué un juego de carreras o un juego de deportes que solía ser PEGI 3 ahora ya no lo es. Y, al adquirir esta información más completa sobre los videojuegos, podrán decidir si quieren, por ejemplo, deshabilitar los gastos dentro de ellos, poner herramientas de control parental, etc. Además creemos que esto será como una advertencia para los desarrolladores a la hora de hacer sus juegos. Quizás pensarán: “Si incluimos este elemento nos van a dar un 18. Seremos cuidadosos”. 

¿Cree que, debido a los riesgos que ha traído esa expansión de los videojuegos al océano de internet, las plataformas y tiendas online deberían sentirse responsables de implementar sistemas de verificación de edad garantistas para asegurar que un niño o niña no acceda a según qué juegos?

Nuestras estadísticas muestran que tres de cada cuatro padres insisten en tener la última palabra sobre a qué pueden jugar sus hijos. Es decir: es fácil presentar la verificación de edad como la solución mágica que resuelve todos los problemas, pero esto no debe desviar la atención de que hay que seguir educando a padres y jóvenes. Por ello, es fundamental un debate profundo sobre cómo se podría implementar esto de forma proporcional y segura. 

Por otro lado, si hablamos de clasificación por edades, entonces la respuesta es sí. Creemos que las tiendas y plataformas tienen la responsabilidad de mostrar clasificaciones por edades sólidas y fiables, ya que ayudan a las familias a desenvolverse en el mundo de los videojuegos. La mayoría de las consolas y plataformas en Europa exigen clasificaciones PEGI para los juegos que distribuyen, y valoramos este compromiso. Lamentablemente, Steam sigue siendo la única plataforma importante para PC que no exige a los desarrolladores de sus videojuegos que proporcionen clasificaciones PEGI.

Recomendamos que instalen herramientas de control parental en el momento en el que su hijo o hija reciba una nueva consola o acceda a una plataforma online

Muchos expertos y reguladores llevan tiempo alertando de estos “riesgos interactivos”. Como sabrán, PEGI ha sido criticado por haber tardado en implementar esta actualización. ¿Cuál fue la causa de la demora?

Sí, obviamente lleva tiempo implementar un conjunto de criterios tan nuevo. Esta es un área de especialización nueva a la hora de examinar los juegos. En un primer momento, PEGI empezó a avisar a los jugadores: en 2018 añadió la etiqueta de “Compras dentro del juego”, y en 2020 la de “Artículos aleatorios de pago”. Después, en 2023, endureció las normas al respecto. Y ahora el siguiente paso ha sido reflejar todo esto directamente en la clasificación por edades. Pero creo que había que leer bien la situación, además de escuchar a las diferentes partes, como los expertos, los padres o los gobiernos. Y luego tomó un año desarrollarlo todo. Pero creo que fuimos bastante rápidos si lo pensamos en comparación con, por ejemplo, lo que suelen tardar las medidas legislativas al respecto.

¿Qué consejo le darían a las familias?

El primer consejo es que revisen la nueva actualización de PEGI. Además, también recomendamos que instalen herramientas de control parental en el momento en el que su hijo o hija reciba una nueva consola o acceda a una plataforma online. 

También es fundamental iniciar un diálogo con él o ella: interesarse por qué tipo de juegos le gustan, establecer un horario en el que podrá jugar y en el que no, y decidir si estarán permitidos o no los gastos. ¿Le darán algo de dinero para comprar cosas dentro de los juegos o esto no estará permitido hasta que alcance cierta edad? 

Por último, animamos a que reflexionen acerca de si serán o no flexibles con las categorías de edad de PEGI. Es decir, es preferible que los padres, tras haber entendido realmente de qué va un videojuego, determinen (en base a lo que conoce de su hijo) si un juego es o no apropiado para él/ella a que simplemente se fije en la clasificación y diga: “Este juego está bien y este no está bien”. No es fácil, pero creo que es fundamental hacer este seguimiento con los niños para poder asegurarnos de que disfruten de forma segura de este pasatiempo tan agradable.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Apartar de los efectos más perniciosos de las redes sociales a los menores de 16 años, cuyo cerebro es muy sensible al cóctel de dopamina, ansiedad y sobreestimulación que desencadenan sus algoritmos. Sobre el papel, la idea es sencilla y ha generado consenso internacional. En la práctica, las experiencias de Francia intentando adaptarla a las leyes europeas y los primeros meses de aplicación práctica en Australia han mostrado que la iniciativa representa uno de los mayores retos en la regulación de Internet de los últimos años.

En Francia, Emmanuel Macron emuló a su homólogo español Pedro Sánchez y convirtió la prohibición de redes sociales para adolescentes en una prioridad de su gobierno. En enero, mientras la Fiscalía gala abría una investigación contra X por presunto abuso infantil, Macron pidió a la Asamblea Nacional que tramitara por “el procedimiento de urgencia” el proyecto para establecer una edad mínima de 15 años para el uso de redes sociales en Francia. Hasta ahora el país no había definido por ley este extremo, dejando la decisión a las propias redes.

“El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Sus emociones no están en venta, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”, afirmó el presidente francés. Pese a ello, la tramitación está resultando más ardua de lo esperado. Tras una negociación que llegó hasta la medianoche, la Asamblea Nacional aprobó en marzo un texto con enmiendas a la propuesta del Gobierno que, en su paso por el Senado, ha recibido también cambios sustanciales y eliminado la prohibición total.

El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Sus emociones no están en venta, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos

Emmanuel Macron

La cámara alta gala ha sustituido ese veto completo para los menores de 15 por dos categorías de riesgo. Ahora, la ley distingue entre las plataformas “perjudiciales”, que quedarían prohibidas, y las “menos dañinas”, que serían accesibles con autorización familiar. La encargada de decidir la categoría de cada red social sería la Arcom, la autoridad reguladora audiovisual, un ente administrativo.

El Senado, con mayoría de la coalición de partidos de derecha y centro-derecha, asegura que la propuesta inicial violaba las libertades fundamentales. El Gobierno y sus apoyos en la Asamblea Nacional, sin embargo, han criticado los cambios. “Ponen en peligro el texto entero”, ha afirmado la diputada Laure Miller, ponente del texto inicial; mientras que la ministra de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, ha afirmado que la reformulación entra en conflicto con las leyes europeas y abre la puerta a que las redes calificadas como “perjudiciales” lo impugnen en los tribunales.

Ahora, una comisión mixta de diputados y senadores intentará llegar a un acuerdo para un texto conjunto. “Lo que decimos es simple: las redes sociales no son inofensivas”, ha insistido ante esas negociaciones Miller.

Entre la prohibición completa y el “control blando”

Desde que Australia lo pusiera en marcha a finales de 2025, más de una docena de Gobiernos de todo el mundo han anunciado sus propios planes para controlar el uso de redes sociales por parte de los adolescentes. En Europa, Francia es el país que ha avanzado más en su tramitación parlamentaria. Grecia, donde el Gobierno de Nueva Democracia tiene mayoría absoluta, ha anunciado que aprobará en verano un veto completo de las cuentas de menores de 15 años que se activará el 1 de enero de 2027.

Los debates que se están dando en el país galo entre la prohibición dura y una ley con excepciones para los menores que cuenten con aprobación familiar se repiten en todos los casos. En el Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer ha anunciado su intención de ejecutar una norma de este estilo, se han rechazado ya dos proposiciones realizadas por la Cámara de los Lores que trataban de imponer una prohibición total para los menores de 16 años.

España se encuentra cerca de acercarse al mismo dilema. La última del Gobierno sobre la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que se tramita en el Congreso incluye una prohibición total para los menores de 16. El PP no ha aclarado el sentido de su voto, pero cuando el Gobierno hizo su anuncio Feijóo replicó que su partido ya propuso prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 14 años. El PP ha registrado más de medio centenar de enmiendas al proyecto de ley de Protección al Menor en el Entorno Digital y entre ellas proponen que sí se permita que los adolescentes de entre 14 y 16 años las utilicen si tienen consentimiento “expreso y verificable” de sus padres.

“Espero que a ningún grupo se le ocurra votar en contra de esa ley porque algunos se le llena la boca diciendo que ya lo habían dicho ellos”, afirmó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una reciente entrevista con elDiario.es. “Espero que nadie sea tan insensato”, recalcó.

Desde Sumar, inciden en que “lo importante es el empoderamiento digital de los jóvenes y la alfabetización mediática para prevenir y evitar usos inadecuados”. “Nuestras vidas son híbridas y la formación de todas las personas también tiene que estar enfocada a cómo desarrollarse como ciudadanas en el espacio digital, al igual que se forman para ello en otros ámbitos de la sociedad”, añaden, pidiendo que el peso regulatorio recaiga “sobre las plataformas y los grandes caudillos digitales. Son ellos quienes tienen que asegurar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, también los menores, en el espacio digital”.

Por el momento no se ha fijado un calendario para la votación de la Ley, aunque esta podría llegar en torno a verano u otoño. Mientras, la industria digital también se ha posicionado en contra del “control duro” por el que aboga el Gobierno, proponiendo en su lugar medidas como la concienciación o el control parental.

La aplicación con la que se llevaría a cabo es Cartera Digital Beta, desarrollada por el Gobierno y testada en un proyecto piloto coordinado desde Bruselas. Su uso obligaría a los adultos a demostrar su edad periódicamente para continuar usando estas plataformas, aunque el Ejecutivo asegura que el proceso será privado y seguro.

Las lagunas en la aplicación práctica en Australia

El único país que ha llevado a la práctica una prohibición de este estilo ha sido Australia, convertida ya en un experimento social a gran escala. El país prohibió en diciembre el uso de redes sociales a menores de 16 años, dejando todo el peso del veto sobre las plataformas. Estas deben imponer “medidas razonables”, a través de las tecnologías a su alcance, para bloquear cualquier cuenta que no cumpla el requisito de edad, bajo multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros).

Sin embargo, a los pocos meses de su entrada en vigor, la iniciativa ha revelado importantes vulnerabilidades y ha demostrado ser fácil de eludir para los adolescentes. Tal y como ha documentado un reportaje de Bloomberg, los menores están utilizando tácticas como el uso de redes privadas virtuales (VPN) o fotografías de sus hermanos mayores para burlar los sistemas de las plataformas, que se basan en selfies, fotografías de carnés de conducir y documentos de identidad.

Los primeros datos oficiales confirman las limitaciones de la norma australiana. Según el informe de marzo de 2026 del regulador eSafety, aunque desde la entrada en vigor de la ley se han eliminado o restringido cerca de 4,7 millones de cuentas de menores, el 70% de los adolescentes que ya usaban plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat antes de diciembre han mantenido su acceso. La principal grieta está en la verificación: el 67% de los padres declara que sus hijos no fueron sometidos a ningún control de edad por parte de las plataformas.

A esto se suma que la ley cuenta con excepciones importantes: plataformas como WhatsApp, Messenger o el popular videojuego Roblox no están vetadas. Esto ha generado que los adolescentes desplacen su consumo hacia estas redes desde otras como Instagram o TikTok, que sí han quedado prohibidas.

Las familias, por su parte, también están divididas. Muchas argumentan que la aprobación de la ley ha facilitado la desconexión de los menores de las plataformas, eliminando parte de la presión de grupo. Otros, en cambio, afirman que ya es tarde para los que ya habían normalizado su uso. “Una vez que se las das, no se las puedes quitar”, dice Megan Russell, madre de un adolescente de 16 años y dos gemelas de 14. “Creo que a los que ya tienen entre 12 y 16 años, simplemente hay que descartarlos. No creo que vaya a funcionar. Esperemos que funcione para los que ahora se acercan a los 12”.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

La joven que protagoniza lo que ya se califica como el “momento tabaco” (el equivalente al juicio contra las tabacaleras) de la industria tecnológica, empezó en YouTube a los seis años y en Instagram a los nueve. Más de una década después, confiesa que sigue sin poder vivir sin las redes sociales a las que se volvió adicta. “No puedo, es demasiado difícil estar sin ellas”, declaró Kaley, que ahora tiene 20 años, ante un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles. El jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, ha emitido un veredicto sobre el diseño de dos de las aplicaciones más populares del mundo que ha dado la razón a Kaley.

La sentencia ha sacudido los cimientos de Silicon Valley y ha despertado la esperanza entre familias y activistas por la seguridad infantil de que, por fin, el cambio en las redes sociales sea una realidad. Meta (la empresa de Mark Zuckerberg) y YouTube (propiedad de Google) han sido halladas responsables de diseñar deliberadamente productos adictivos utilizados por Kaley y millones de jóvenes más.

Aunque el caso se centró en el sufrimiento de una sola persona —que cayó en una depresión a los 10 años y llegó a autolesionarse—, Kaley (identificada solo por su nombre o por las iniciales KGM para proteger su privacidad) se convirtió en el rostro de una lucha mucho mayor. “Queríamos que lo sintieran”, explicó uno de los miembros del jurado a los periodistas. “Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable”.

Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable

Miembro del jurado

“La era de la invencibilidad de las grandes tecnológicas ha terminado”, afirman desde el Tech Oversight Project, un organismo de control de Washington que se define a sí mismo como el David contra el Goliat de Silicon Valley. Tras conocerse la noticia, las acciones de Meta y Alphabet (matriz de Google) sufrieron una caída en bolsa del 13 y el 9%, respectivamente.

El veredicto supone el segundo revés en una semana para las big tech, después de que un tribunal de Nuevo México ordenara a Meta —propietaria de Facebook e Instagram— pagar 375 millones de dólares (unos 350 millones de euros). En ese caso, un jurado determinó que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas. Según el Departamento de Justicia del estado, estas redes contaban con funciones que “permitían a pedófilos y depredadores llevar a cabo explotación sexual infantil” y fueron diseñadas intencionadamente para generar adicción en los jóvenes.

Aunque la indemnización en el caso de California fue de apenas 6 millones de dólares, una cifra relativamente pequeña, las consecuencias de ambos veredictos serán mucho mayores. Ha sido una semana en la que la campaña de años para cambiar el equilibrio de poder entre las grandes tecnológicas y la infancia parece haber ganado, por fin, un impulso definitivo.

Actualmente, Meta, YouTube, Snapchat y TikTok se enfrentan a miles de demandas similares en los tribunales de EEUU que buscan determinar si sus plataformas fueron diseñadas para ser adictivas. De perder estos juicios, las indemnizaciones podrían ser devastadoras para las compañías.

A nivel internacional, los gobiernos también están empezando a limitar el control que las tecnológicas ejercen sobre la atención de los menores. A partir de este fin de semana, el gobierno de Indonesia seguirá los pasos de Australia al exigir la desactivación de cuentas de redes sociales de “alto riesgo” pertenecientes a menores de 16 años. Este mes, Brasil ha promulgado una ley de seguridad online para proteger a los niños del uso compulsivo, y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer reaccionó al veredicto de Los Ángeles asegurando: “Tenemos que hacer más para proteger a los niños”. En España, el Gobierno espera aprobar un veto similar en 2026.

La geopolítica de la tecnología

Los veredictos de estos juicios también han coincidido con un cambio en la geopolítica tecnológica. El temor a molestar a Donald Trump, que albergaban países que por lo demás estaban dispuestos a endurecer el control sobre las redes sociales, parece estar remitiendo. Figuras destacadas del ala conservadora del Partido Republicano del presidente estadounidense se encuentran ahora entre los que exigen con más fuerza protecciones para la infancia.

“Durante mucho tiempo, los gobiernos delegaron en la UE y en Estados Unidos para fijar la política de internet”, explica Matt Kaufman, responsable de seguridad de Roblox, una plataforma de mensajería y videojuegos afectada por la prohibición de Indonesia. “Ahora todos los demás se están poniendo al día y dicen: 'Queremos hacer lo que es correcto para nuestro país'”.

Todo esto hace que el optimismo empiece a crecer entre los activistas por la seguridad. Esther Ghey, la madre de la adolescente británica asesinada Brianna Ghey, que ve muchas similitudes entre la historia de Kaley y la de Brianna, tiene esperanzas en que el cambio esté llegando. “Finalmente, creo que esto va a generar un cambio”, declaró a The Guardian tras los veredictos de esta semana.

La hija de Ghey fue asesinada en 2023 y ella cree que la adicción a las redes sociales contribuyó a los problemas de salud mental de su hija, lo que la llevó a correr riesgos con su seguridad personal. Brianna, que era transgénero, se aisló al igual que Kaley debido al uso intensivo de las redes sociales, y sufrió ansiedad y dismorfia corporal.

Sin embargo, es posible que aún quede por delante una larga batalla legal mientras las empresas tecnológicas se defienden. Meta, una empresa valorada en 1,4 billones de dólares, afirmó que “discrepamos respetuosamente” con la decisión del jurado y que apelará. “La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, señaló. Google dijo que también recurrirá, añadiendo que el caso “no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”. El asunto podría acabar llegando al Tribunal Supremo.

La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación

Meta

El fallo no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social

Google

Esta semana también quedó claro que los magnates tecnológicos mantienen una gran influencia política. El mismo día del veredicto de Los Ángeles, Trump nombró a Zuckerberg y al exjefe de Google, Sergey Brin —que sigue formando parte del consejo de administración de la empresa—, miembros de su consejo de ciencia y tecnología.

Foco en la plataforma, no en el contenido

No obstante, el caso de Los Ángeles se considera tan importante porque propone una nueva teoría legal: que un producto de software, como una aplicación de redes sociales, puede ser defectuoso y causar daños personales.

Hasta ahora, las plataformas tecnológicas han estado protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EEUU, que exime a las empresas de responsabilidad por el contenido publicado. Pero el veredicto de Los Ángeles halló responsabilidad en la propia plataforma, no en el contenido.

“Esto es, esencialmente, una llamada a las armas para los abogados de los demandantes; han tenido éxito al menos una vez al conseguir un veredicto multimillonario contra la industria tecnológica”, defiende Jessica Nall, socia del bufete de abogados Withers de San Francisco, que representa a ejecutivos tecnológicos. El mensaje es: “Vamos a por más”.

Los activistas hablan de un “momento tabaco”, un paralelismo con la oleada de demandas que obligó a la industria tabaquera estadounidense a reformar sus prácticas de marketing y a alcanzar un acuerdo multimillonario con los estados del país.

Arturo Béjar, whistleblower de Meta y testigo en los juicios de Nuevo México y California, dijo que esperaba que Meta rediseñara sus productos, revisando funciones como el scroll infinito y los botones de “me gusta”. “Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto”, señaló el antiguo ingeniero sénior de Meta. “Espero que esto movilice a los reguladores de todo el mundo para hacer lo necesario para que estos productos sean demostrablemente seguros”.

Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto

Arturo Béjar — whistleblower de Meta

En el Reino Unido, los veredictos reforzaron la creciente expectativa de una prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Un lobista del sector tecnológico afirmó que la industria es “consciente de que avanzamos hacia una prohibición” y que podrían “aceptarlo”, en parte porque no ganan mucho dinero con las cuentas de los niños. Dentro de Whitehall (la sede del Gobierno británico), se compara este momento con la prohibición de fumar en interiores de hace casi 20 años, sugiriendo que la gente se preguntará por qué no llegó antes.

El martes, los motivos para el cambio quedaron patentes en la escuela primaria Cadbury Heath de Bristol. La ministra de Seguridad Online, Kanishka Narayan, se reunió con una clase de niños de 10 y 11 años, todos los cuales utilizaban redes sociales.

“Pasan cuatro horas y es como ¿a dónde se ha ido todo ese tiempo?”, dijo un niño sobre su hábito en YouTube. “Simplemente se ha ido, todo el rato haciendo scroll”. “Se vuelve adictivo”, dijo otro: “Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no puedes dormir y luego te dan las dos o las tres de la mañana y tienes colegio al día siguiente”.

Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no puedes dormir y luego te dan las dos o las tres de la mañana y tienes colegio al día siguiente

Menor de 10 años — sobre el impacto de las redes sociales

Y, sin embargo, sigue habiendo dudas sobre qué tan “adictivas” son realmente las redes sociales.

Definiendo la adicción a las redes sociales

“Aunque disponemos de una gran cantidad de datos sobre el tiempo de pantalla y el comportamiento de los niños en internet, todavía sabemos muy poco sobre cómo afectan estos hábitos a su salud, bienestar y capacidades cognitivas”, expone Chi Onwurah, presidenta de la comisión selecta de ciencia y tecnología de la Cámara de los Comunes, que esta semana ha puesto en marcha una investigación sobre la neurociencia y la infancia digital.

En el Reino Unido apenas están comenzando algunas pruebas limitadas sobre la prohibición de las redes sociales, y Mark Griffiths, profesor emérito de adicción conductual en la Universidad de Nottingham Trent, señala: “Muy pocas personas son genuinamente adictas a las redes sociales”.

“Las empresas de redes sociales han incorporado características estructurales diseñadas para mantener a la gente en las plataformas el mayor tiempo posible”, detalla. “Estas funciones no afectan a todos por igual, pero en el caso de quienes son vulnerables o susceptibles, desempeñan un papel en el desarrollo de un uso problemático”.

Durante el juicio en California, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que las redes sociales no son “clínicamente adictivas”. Esto podría parecer una distinción irrelevante para las familias que han sufrido las peores consecuencias de los daños de las redes sociales.

El abogado de Kaley, Mark Lanier, afirma que funciones como las notificaciones, los “me gusta”, la reproducción automática y el desplazamiento infinito equivalen a “la ingeniería de la adicción”. “Son caballos de Troya: parecen maravillosos y geniales”, dice. “Pero dejas que entren y toman el control”.

Ian Russell ha hecho campaña por la seguridad en internet desde que su hija adolescente, Molly Russell, murió en lo que un forense concluyó que fue un acto de autolesión mientras sufría depresión y los “efectos negativos del contenido online”. Russell afirmó que “nada ha cambiado sustancialmente” en el núcleo de las empresas tecnológicas en los últimos nueve años. Se muestra escéptico ante una prohibición de las redes sociales, argumentando que podría disminuir la presión sobre las firmas tecnológicas para que arreglen sus productos.

“Ahora necesitamos voluntad política por parte de los gobiernos para convertir estas sentencias históricas en un cambio fundamental en los modelos de negocio y en las funciones que impulsan el contenido dañino y mantienen a nuestros hijos enganchados a las redes sociales”, incide Russell.

Al testificar durante el juicio de Los Ángeles, Zuckerberg admitió que “una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”. Béjar defiende que esta semana ha sido el momento para que el mundo haga cumplir ese principio. “Ahora le toca mover ficha al mundo”, sentencia. “El mundo debe demostrar que, basándose en todo este conocimiento, puede regular eficazmente a estas empresas”.