El Gobierno incluirá mecanismos antifraude en la adjudicación de viviendas construidas con fondos públicos para evitar casos como el del Ayuntamiento de Alicante, en el que se investiga la adjudicación de viviendas protegidas al entorno del PP y del consistorio.

Así lo ha avanzado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que afirma que se ha incorporado “una cláusula antifraude para evitar escándalos como el de Alicante, donde los dirigentes del Partido Popular se han repartido la VPO”. “Eso no es un accidente”, ha censurado la titular de Vivienda, que adelanta que los mecanismos de transparencia serán fundamentales para recibir fondos públicos.

El juzgado que investiga la adjudicación de viviendas protegidas en el complejo residencial de Les Naus en Alicante ya ha citado a declarar a tres altos funcionarios de la Generalitat y ha pedido documentación a la Conselleria de Vivienda. Familias adineradas, cargos vinculados al PP local y el entorno del Ayuntamiento se habrían beneficiado de adjudicaciones de las escasas promociones de vivienda construida con fondos públicos en Alicante, una cuestión que también está investigando el propio consistorio.

El Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda (2026-2030), que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y blinda la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos estatales. El primer plan elaborado en el marco de la nueva ley establece líneas de financiación para ayudas a los jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural.

El nuevo texto establece que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes de este Plan Estatal de Vivienda se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables. Además, el ministerio ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones. La Comunitat Valenciana recibirá 798 millones de euros con este plan, 557 más que respecto al anterior.

Al respecto de las investigaciones en Alicante y de las colas en inmobiliarias que han sacado promociones de vivienda construida con fondos públicos, , la titular de Vivienda ha pedido a la Generalitat Valenciana que cambie la norma autonómica. “Yo no puedo quedar pendiente de la voluntad política de estas administraciones para hacerlo o no hacerlo”, ha apuntado Rodríguez, que ha reiterado: “Lo que no puede ser es que nos aprovechemos del dinero de todos y de los recursos de todos para que ganen unos pocos porque es una obscenidad lo que hemos visto y es lo que tratamos de evitar con esta cláusula”.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, no se ha achantado a la hora de rebatir al Gobierno central, de su mismo partido y delante de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez con la que ayer, miércoles, compartía un acto en el concejo asturiano de Mieres, para puntualizar que su Ejecutivo no ha ocultado información alguna al Instituto de Transición Justa (ITJ).

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirmaron que no les consta información oficial alguna de que Asturias tuviera actividad de extracción de carbón y explicaron que se habían enterado, en marzo de 2025, a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

Para apoyar estas manifestaciones, desde el MITECO remitían al hecho constatable de que esta información no venía recogida en la Estadística minera de este organismo, que se elabora a partir de los datos que facilitan las comunidades autónomas.

“Hay máxima transparencia”

Una denuncia pública que no comparte el presidente del Ejecutivo autonómico y, además, niega cualquier ejercicio de falta de transparencia. En el acto de Mieres aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El reintegro de ayudas

Desde MITECO se destaca igualmente que, una vez conocida la actividad extractiva a raíz del siniestro laboral en la mina de Zarréu, se ha ido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas a la obligación de reintegro de ayudas.

El ITJ recuerda que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

“Analizar, chequear y reimpulsar”

A estas declaraciones también ha respondido Adrián Barbón. En su encuentro con los periodistas en Mieres remitió a la investigación abierta por parte de la Consejería de Ciencia, de la que es titular Borja Sánchez.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha dicho que desde el Principado se ha trasladado a la empresa TYC Narcea que, al hilo de un oficio remitido por el ITJ, tiene que dilucidarse si tiene que devolver o no ayudas para continuar con la actividad.

Una interpretación de la ley

El Gobierno autonómico ha reivindicado su actuación con “transparencia absoluta”, a la vez que evita “entrar a valorar” el debate abierto entre TYC Narcea y el Ministerio sobre la devolución de las ayudas, por ser una “interpretación de la ley”.

En respuesta a los periodistas, Adrián Barbón ha negado que haya preguntado sobre este asuntos a las exconsejeras, según recoge Efe, puesto que difícilmente“ ya les puede preguntar”, ha dicho, y además considera que sería “ilógico” hacerlo porque ya no forman parte de su Consejo de Gobierno. 

Otras explotaciones mineras

Los hechos expresados desde fuentes de MITECO habían levantado numerosas críticas desde los grupos parlamentarios, que censuraban esa falta de transparencia al Gobierno asturiano que lidera Adrián Barbón.

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro laboral, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

El ala socialista del Gobierno se ha encontrado un escollo en la negociación del paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han reclamado al Ejecutivo que ese nuevo escudo incluya medidas en materia de vivienda. Bien para prorrogar los contratos de alquiler, para congelar los precios o para proteger a hogares vulnerables de desahucios sin alternativa habitacional.

Los ministros de Sumar han defendido en los últimos días la prórroga de los alquileres. Es una medida que llevan reclamando desde octubre, vinculada a los 600.000 contratos que, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, finalizan este año, encarando importantes subidas de precios. “Creemos que es la medida más importante que debe adoptar este Gobierno y vamos a seguir defendiéndola el tiempo que haga falta”, advertía el ministro Pablo Bustinduy, para quien esta es “una prioridad absoluta”.

“Vamos a convencer al Partido Socialista y a todo el Gobierno de que un escudo social tiene que ser sí o sí con medidas de vivienda”, defendía también este lunes la titular de Sanidad, Mónica García, para quien “no hay escudo social sin vivienda”.

Desde el espacio de Sumar insisten en establecer un paralelismo con la guerra de Ucrania, cuando “se aprobó y se aplicó sin reparos por parte de la mayoría parlamentaria” una prórroga de los alquileres. “Esta demanda va más allá de las fuerzas políticas, aunque ya ha sido expresada por varias de ellas; lo están reclamando organizaciones sociales como Amnistía Internacional o el Sindicato de Inquilinas y, sobre todo, es una demanda transversal”, indican fuentes consultadas, para quienes “lo primero es convencer al PSOE”. “Al resto de grupos se les convence negociando, con voluntad política”, confían.

Es, precisamente, en esa debilidad parlamentaria en la que se escudan los socialistas, que quieren llevar el viernes al Consejo de Ministros un paquete de consenso, que pueda pasar sin problemas el trámite parlamentario.

Este martes, la senadora de ERC Sara Bailac exigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que congele los alquileres, que prorrogue los contratos mientras dure la inestabilidad internacional y que suspenda los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. “No se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”, apremió.

A Rodríguez le sorprendió, dijo, el “tono de la pregunta”. “No entiendo por qué me reprocha a mí algo que no depende de mí, sino de otros grupos parlamentarios”, contestó, en referencia a la moratoria antidesahucios que tumbaron en dos ocasiones Junts, PP y Vox. La ministra, que no suele confrontar directamente con sus socios, acusó a la senadora de “tratar de confundir con ambición partidista a los ciudadanos”: “No confunda a la ciudadanía. Nosotros queremos el escudo social, propusimos el escudo social y votamos el escudo social. Fueron otros grupos los que lo tumbaron, pero no podemos hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria”.

ERC presentó esta misma semana un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales “para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar la estabilidad económica ante el aumento de precios provocado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán”. Las propuestas incorporaban, entre otras, las ya mencionadas, además de una limitación al incremento de las cuotas hipotecarias vinculadas al Euríbor en la vivienda habitual.

BNG y Compromís también reclamaron medidas en este sentido. Y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute defendió, a través de su cuenta de X, la necesidad de “prorrogar de manera extraordinaria los contratos de alquiler y las cuotas hipotecarias, porque es muy previsible que se vaya a dar un aumento de ambos en los próximos meses”.

En la misma línea va el “plan anti-Trump” de Podemos. Este martes, el secretario de organización y coportavoz de la formación, Pablo Fernández, demandaba al Gobierno medidas relativas a la vivienda, como bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios de un mínimo de 12 meses, la expropiación de viviendas a los fondos buitre para destinarlas al parque público y un tope a las cuotas de hipotecas variables.

Fuentes del Ejecutivo trasladan la intención de que el paquete cuente con un amplio respaldo parlamentario. Eso incluiría al PP, que ya ha advertido que votará en contra del decreto si desde el Gobierno “siguen insistiendo en que se legalice la okupación”, señaló la portavoz Ester Muñoz, en referencia a la prohibición de dejar en la calle a familias vulnerables que no puedan pagar los alquileres o a quienes se les terminen los contratos.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, insistía este martes en las “lecciones” aprendidas tras la respuesta a la crisis en el inicio del conflicto en Ucrania, en 2022. Una era la “rapidez”, anticipando en 10 días el primer paquete de medidas. Otra, que ese paquete que se conocerá el viernes sea “proporcionado con el impacto que estamos observando” para tener “esa flexibilidad de poder ir respondiendo conforme se vayan desarrollando los acontecimientos”.

Esta ha sido la respuesta de Cuerpo a varias preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros sobre la intención del Gobierno de incorporar algunas de las medidas de los socios en materia de vivienda. También, “que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso sin ningún problema”.

Al margen de los grupos políticos a la izquierda del PSOE, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclamó también que se congelen los alquileres y algunas organizaciones sociales se han pronunciado en el mismo sentido. Desde Amnistía Internacional, que señalaba la semana pasada que “la guerra no solo amenaza los precios de la gasolina o los alimentos” sino que “sus efectos se notarán también en el derecho a la vivienda, por el previsible impacto de la inflación en unos precios desorbitados”; hasta el Sindicato de Inquilinas, que exigía la congelación del precio del alquiler, una prórroga de tres años para los contratos y recuperar la moratoria antidesahucios.

“Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, indicaban desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas este viernes. Por el momento, desde Economía señalan que “a día de hoy no estamos en las circunstancias en las que estábamos después de dos semanas del inicio de la guerra de Ucrania”.

Es algo en lo que coincidía también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este martes decía estar “negociando”, aunque reconocía que “no es la misma situación que Ucrania”. En lo que la crisis en Irán sí puede tener un efecto directo en los alquileres es la actualización de los precios que se realizan año a año. Aunque el Ministerio de Vivienda puso en marcha un índice de referencia de los arrendamientos de vivienda, para desligar estas actualizaciones del IPC en picos de inflación, este solo afecta a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Los contratos anteriores continúan ligados al IPC o al índice de Garantía de Competitividad, si viene indicado en el contrato. Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorros, publicó el pasado viernes su previsión de inflación para marzo, con una subida hasta el 3,6%, desde el 2,3% de febrero, que repercutiría directamente en los alquileres con actualización anual en marzo. Tras el inicio de la guerra de Ucrania, se aprobó una limitación extraordinaria al 2% en 2022 y 2023 y al 3% en 2024, que el Tribunal Supremo avaló este mes de enero.

La nueva empresa pública de vivienda dispone de 100 millones de euros para comprar inmuebles y quiere usarlos para ampliar el parque público, en forma de alquiler asequible, para alcanzar los estándares europeos, cercanos al 8% del total. El Consejo rector de Casa 47 ha aprobado este jueves una oferta pública con la que busca atraer a particulares, empresas y fondos de inversión en proceso de deshacerse de sus casas para que se las venda directamente a esta entidad.

El Ministerio de Vivienda, de quien depende Casa 47, ha optado por la apertura de una convocatoria pública al considerar que es la fórmula que mejor garantiza que se adquieren “las mejores viviendas posibles, de forma transparente y con igualdad entre los ofertantes”, señalan fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez. También es el mecanismo que permite a la empresa pública condicionar cómo deben ser y qué requisitos deben cumplir esas casas, que pueden provenir de “toda persona física o jurídica”.

Los particulares y las empresas que quieran venderle una o varias viviendas a Casa 47 podrán presentar sus ofertas a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, previsiblemente el próximo lunes, y durante un plazo de cuatro meses.

Las viviendas, no obstante, deberán cumplir una serie de requisitos. Deben ser inmuebles en altura, de entre 40 y 120 metros cuadrados, exteriores, con huecos a calle o patios y sin dormitorios ciegos, y contar, al menos, con cocina, estancia principal —que no pueden estar bajo rasante— y baño completo. Además, deberán entregarse sin muebles y, si el piso se encuentra a partir de la tercera planta, el edificio debe disponer de ascensor.

En cuanto a la situación jurídica de las viviendas, estas deben contar con la inscripción registral correcta y el 100% del pleno dominio del oferente o el acuerdo de todos ellos, si hay varios. El concurso no acepta viviendas de protección oficial y, en cualquier caso, deben traspasarse libres de cargas. “Si existe hipoteca, se prevé un mecanismo de cancelación simultánea en notaría para que la transmisión quede libre”, indican fuentes ministeriales.

Precio máximo

Quienes concurran a esta oferta pública deberán indicar a qué precio quieren vender sus viviendas, pero este no será el que marque la compraventa en todos los casos. Casa 47 encargará una tasación del inmueble, a cargo de una entidad homologada, y analizará el precio por metro cuadrado que marque el Portal Estadístico del Notariado, y que indica a cuánto se están vendiendo las casas en esa zona. De entre los tres —oferta, tasación y notarios— el de adquisición “será automáticamente el menor” de los valores. Además, se pueden aplicar límites adicionales en caso de que haya que realizar obras en el inmueble.

En cualquier caso, concurrir a la oferta no es vinculante desde el primer momento. Por ejemplo, si se oferta por encima de la tasación, el proceso “concede un plazo al ofertante para aceptar continuar por ese importe” y, “si no acepta, la propuesta se entiende retirada”.

La empresa pública dispone de 100 millones de euros para la adquisición de viviendas. La ministra Rodríguez avanzó esta cifra hace unos meses, durante la presentación de Casa 47, aunque desde su departamento no disponen de una estimación de cuántas casas se podrán adquirir, al depender de múltiples factores.

Según los datos del Portal Estadístico del Notariado, entre enero y diciembre de 2025, el precio medio del metro cuadrado en España se situó en los 2.125 euros y el importe medio de las viviendas transaccionadas se situó en los 198.596 euros, con una superficie media de 93 metros. Si solo se tuviera en cuenta esta tipología de vivienda, se podrían adquirir unas 500, pero los precios entre zonas y el presupuesto total debe cubrir también gastos, impuestos y los costes de las actuaciones de rehabilitación o adecuación, si fueran necesarias.

Llamamiento a los fondos buitre

Al margen del 50% de los puntos por precio, “el concurso atenderá a criterios objetivos y de interés público, tales como su adecuación al planeamiento urbanístico, el cumplimiento de condiciones técnicas y de habitabilidad, la eficiencia económica de la operación y la adecuación a la demanda territorial”.

En este sentido, se valorará también que se encuentren en zonas de mercado tensionado, aunque las comunidades autónomas no lo hayan declarado, y que se oferten bloques completos o conjuntos de viviendas. De hecho, fuentes ministeriales emplazan “a los fondos que han anunciado públicamente procesos de desinversión que se sumen a esta oferta pública de compra, sobre todo a aquellos que se hicieron con viviendas públicas a precio de saldo”.

Grandes fondos que llegaron al mercado español tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008, adquiriendo viviendas que pusieron en alquiler, han mostrado en los últimos meses su interés por vender esos inmuebles y cerrar ese ciclo de inversión. Entre ellas se encuentra Blackstone, uno de los mayores caseros del país, a quien el Ayuntamiento de Ana Botella vendió por unos 128,5 millones de euros un paquete de 1.860 pisos protegidos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

El Sindicato de Inquilinas y un grupo de inquilinas inició en febrero una campaña para que el Gobierno compre a estos actores estas viviendas y que se reincorporen al parque público. En cualquier caso, uno de los requisitos de la oferta pública que lanzará Casa 47 es que las casas se vendan libre de arrendatarios u ocupantes.

Las fuentes consultadas recuerdan que el Estado central no tiene derecho de tanteo y retracto, a diferencia de las comunidades autónomas, que pueden legislar para darse preferencia a la hora de adquirir determinadas viviendas en venta o para transferir esta competencia a otros actores dedicados a la vivienda social o cooperativa, como ocurre en Catalunya o sucedía en la Comunitat Valenciana bajo el Govern del Botànic.

Con esta operación, el Gobierno pretende movilizar de forma rápida vivienda en alquiler asequible, que pasará al parque público de forma permanente, según el compromiso del Ejecutivo. La convocatoria estará abierta durante dos meses y, tras la valoración de los inmuebles, la formalización de la escritura se realizará el plazo fijado por el pliego, de entre 15 días y dos meses, con posible ampliación excepcional.

“Esta oferta pública de compra se lanza para contribuir al objetivo de ampliar el parque público de vivienda para alcanzar cuanto antes estándares europeos. Esto se traduce en más oferta de vivienda, ya sea construyendo, rehabilitando, incorporando activos del Estado al patrimonio de Casa 47”, en referencia a las 45.000 viviendas transferidas desde la Sareb, “o adquiriendo viviendas a través de su compra o cesión”, señalan fuentes del Ministerio.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado la rehabilitación como eje estructural y permanente de la política de vivienda en España y ha anunciado ayudas de hasta 35.000 euros para actuaciones en municipios rurales siempre que se dediquen a vivienda habitual, con incrementos si dichas mejoras tienen carácter patrimonial.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la jornada 'Rehabilitar España: barrios, territorio y futuro', celebrada en Albacete, desde donde ha defendido que la estrategia de continuar con la rehabilitación de vivienda irá más allá del fin de los fondos europeos.

Rodríguez ha subrayado que la ola de rehabilitación impulsada tras la pandemia ha sido un “éxito colectivo” y ha permitido mejorar la calidad de las viviendas, regenerar barrios y movilizar inmuebles obsoletos. “Se acaban los fondos europeos, pero la rehabilitación sigue”, ha afirmado, insistiendo en que el compromiso del Gobierno es mantener esta línea como política estable.

La ministra ha recordado que España cuenta con uno de los parques de vivienda más antiguos de Europa y que la intervención sobre edificios envejecidos es esencial tanto para mejorar la habitabilidad como para ampliar la oferta disponible.

Rehabilitación residencial hasta 2030

En este sentido, ha destacado que el 30% de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se destinarán a rehabilitación residencial.

Entre las nuevas medidas, ha avanzado ayudas de hasta 35.000 euros en núcleos rurales cuando las viviendas se destinen a residencia habitual o alquiler asequible, cuantía que podrá alcanzar los 45.000 euros en viviendas con singularidad patrimonial.

El objetivo es que el plan pueda aprobarse en el Consejo de Ministros este trimestre y desplegarse a lo largo del año, tal y como ha recordado la ministra.

Rodríguez ha defendido además el papel de la rehabilitación en la cohesión territorial y ha señalado que el 45% de las viviendas vacías en España se concentran en entornos rurales, por lo que ha reivindicado que “hay mucha vida más allá de la M-30” y que la respuesta al problema de la vivienda debe pasar también por reforzar el equilibrio territorial.

Durante su intervención, ha puesto como ejemplo el barrio de La Pajarita, en Albacete, donde se han rehabilitado más de 450 viviendas. Las actuaciones han permitido mejorar el aislamiento térmico y acústico y reducir la factura energética, con ahorros estimados de entre 400 y 600 euros anuales por familia.

La titular de Vivienda ha vinculado esta estrategia a la sostenibilidad y ha defendido que la política rehabilitadora no solo mejora la calidad de vida, sino que contribuye a la transición energética y a la generación de empleo en el sector de la construcción.

Jornada sobre rehabilitación

La jornada, organizada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, abordará, a través de cinco mesas de debate, los beneficios sociales de la rehabilitación, su financiación, la sostenibilidad, la lucha contra la despoblación y su papel frente a la emergencia climática.

Participarán representantes del Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones vecinales y entidades del sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó la semana con un anuncio. El fondo soberano España Crece movilizará 23.000 millones de euros para construir unas 15.000 viviendas en alquiler asequible al año. La medida se suma a otros compromisos que el Ejecutivo ha ido adquiriendo en los últimos años, el Perte de la industrialización, puesto en marcha hace casi un año, con el que se quiere impulsar la construcción de otras 15.000 casas modulares al año en la próxima década. O las 183.000 viviendas prometidas en el ciclo electoral de 2023. Anuncios que suman miles y miles de casas, mientras la vivienda continúa siendo una de las preocupaciones principales de la población.

Cuando Sánchez anunció, en abril de 2023, esas 183.000 viviendas, según los datos del departamento que entonces dirigía Raquel Sánchez, unas 66.000 ya estaban movilizadas. Desde entonces, se ha comenzado a activar 56.000 casas más. En total, aquel compromiso, pasado el ecuador de la legislatura, está encarrilado al 66%. Pero, la gran incógnita sigue sin despejarse. ¿En cuántas de esas viviendas viven familias?

El término que utilizan desde el Ejecutivo es “movilizar”, un verbo que en la práctica suma las viviendas sobre las que se empieza a trabajar en materia de rehabilitación, las que se comprometen sobre el papel, las que se empiezan a construir y las que se entregan. Y en este último punto es donde el Ministerio de Vivienda va a ciegas, porque en muchas ocasiones cofinancian la promoción o la construcción de viviendas con las comunidades autónomas o los ayuntamientos, que son quienes deben rendir cuentas.

“Las comunidades autónomas poseen de un amplio periodo para finalizar las obras y, posteriormente, justificar al Ministerio la ejecución de los fondos. Son ellas quienes poseen la información en tiempo real y que, motu proprio, no trasladan al Ministerio”. Indican fuentes de este departamento, afanado en “revertir esta situación con el próximo plan estatal de vivienda, que prevé un marco de cogobernanza, información y transparencia en tiempo real”. Estaba previsto que ese plan estuviese listo en diciembre de 2025, pero el Ejecutivo habría preferido alargar ese plazo en pro de la negociación con las comunidades.

Ese gran paquete de viviendas a precio asequible, comprometidas por el presidente Sánchez, se desglosaba en varios bloques. Algunos han funcionado bien en cuanto a movilización de inmuebles, mientras otros han pinchado. “Lo que se ha realizado desde que se creó el Ministerio de Vivienda es reajustar los programas iniciales con el objetivo de movilizar de la manera más rápida posible la oferta de vivienda asequible”, indican fuentes consultadas. Por ejemplo, el Gobierno pretendía activar unas 20.000 casas a través de los planes de recuperación, de las que 14.000 ya estaban en marcha. A día de hoy, ha conseguido activar otras 10.000, superando esa meta inicial.

Otra de las palancas a activar eran los planes estatales. El último correspondía a los años 2022-2025 y suponía la guía en materia de vivienda. En coordinación con ayuntamientos y comunidades, el Gobierno quería activar 14.266 viviendas, de las que 7.217 ya estaban firmadas y conveniadas en abril de 2023. Desde entonces, han movilizado otras 2.942, según datos de Vivienda, que señala que ese plan, dotado con 1.440 millones de euros —en el próximo espera multiplicar los fondos, hasta los 7.000 millones—, se diseñó “conociendo que el Plan de Recuperación destinaría la mayor parte de la inversión a obras de rehabilitación y construcción de vivienda asequible”. Por eso, aclaran, “la mayor parte de los fondos” se destinaron a ayudas y no a construcción.

Al margen de estos planes, están los acuerdos que el Estado central alcanza de manera bilateral con otras administraciones para “impulsar la oferta de vivienda asequible en aquellas zonas más tensionadas”. Se comprometieron 9.849 inmuebles, de los que casi 5.000 ya estaban movilizados. Hoy hay 1.393 más.

Una de las principales patas del plan de las 183.000 era la financiación de 43.000 viviendas de nueva construcción o rehabilitadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A la vista de los resultados, casi tres años después esta ha sido una de las brechas de aquella estrategia, con tan solo 3.396 viviendas movilizadas, menos de un 8% de lo previsto. “El Gobierno de España acaba de poner en marcha el fondo soberano España Crece para garantizar el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible, mejorando esta línea de financiación que el ICO ya tiene en marcha”, indican fuentes ministeriales preguntadas por esta cuestión.

El objetivo es que esta nueva herramienta sirva para impulsar la construcción, a través de 23.000 millones de euros de financiación público-privada con condiciones ventajosas para los promotores de vivienda asequible, como quitas del 30% para este tipo de obras. “La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

Desde el sector estiman que “este fondo puede ser un paso positivo para aumentar la financiación”, pero recuerdan que “es necesario considerar que persisten desafíos estructurales que requieren atención para abordar de manera integral el problema de la vivienda”, como señala el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén. En ese sentido, enumera la liberalización del suelo, “que requiere de un proceso más rápido e intenso” y “la necesidad de modificar y simplificar la legislación vigente, de modo que los procedimientos sean más ágiles y seguros para las empresas”. “En este sentido, resulta fundamental y urgente desbloquear la ley del suelo”, señala, sobre una norma atascada por la debilidad parlamentaria del PSOE.

"No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda"

Pablo Pérez — Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Frente al discurso que defiende la necesidad de construir —el Banco de España cifra el déficit en unas 700.000 casas—, otras voces abogan por lo urgente. “No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda”, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, que aboga por “invertir esos miles de millones en recuperar las viviendas que, a día de hoy, están en manos de fondos buitre, para ampliar el parque público real de forma permanente y garantizando alquileres asequibles”. “Llevamos años viendo cómo se anuncian miles de viviendas, mientras los precios siguen subiendo y la gente es expulsada de sus barrios. Si estas viviendas terminan en manos de grandes promotoras, fondos de inversión o estructuras público-privadas que garantizan rentabilidades privadas no estamos solucionando nada, sino alimentando el mismo modelo que ha generado la crisis actual”, considera.

En la misma línea, Pérez recuerda que hay “más de 600.000 hogares en todo el Estado que tienen contratos de alquiler que vencen en los próximos meses”. “Para estas personas, el anuncio de viviendas que estarán listas dentro de años no es una solución”, indica el portavoz del Sindicato. Para ellas, Sánchez propuso ampliar la bonificación fiscal para los caseros que no suban los precios y modularla a la baja, sin llegar a suprimirla, para quienes los bajen. Esta medida, que requiere de aprobación parlamentaria, ha sido duramente criticada por todos los grupos a la izquierda del PSOE, incluido Sumar, que defiende la prórroga extraordinaria de los contratos.

“Una política lenta”

“Parece que todo se arregla dando crédito para que se hagan 15.000 viviendas, pero vamos a tardar años en hacerlas”, señala otra voz experta en urbanismo. No en vano, el decalaje entre que se planifica una vivienda y se entregan las llaves puede ser de entre tres y siete años. La propia ministra del ramo admitía que la del fondo soberano es “una política lenta”. “No se puede engañar a la ciudadanía, pero vamos a llegar al objetivo de dotarnos de un parque estatal similar a la media europea, en torno al 9%”, señalaba Isabel Rodríguez en una entrevista en 20 Minutos, publicada este viernes.

En la cuenta de las 183.000 viviendas estaban también 11.000 del Fondo Social de entidades bancarias. Las previsiones en este caso se han mantenido estables, con unas 9.489 casas regularizadas.

Por último, el gran empujón a ese compromiso ha llegado de la mano de Casa 47, la empresa pública a través de la que el Ejecutivo ha vehiculado la absorción de unas 50.000 viviendas de la Sareb, además de la promoción y construcción de casas. En total, desde el Ministerio indican que se han movilizado 68.325 viviendas, cerca de 40.000 en los últimos tres años. Esto supera incluso la previsión inicial de 66.000.

Sin embargo, de nuevo, el hecho de que estén movilizadas no se traduce en que todas vayan a estar puestas a disposición de las familias próximamente. Vivienda incorpora en esa cuenta los alquileres sociales de Sareb, unos 10.000, que no son nuevos, sino que provienen de regularizaciones de personas vulnerables que ya vivían en esas casas. O las 10.700 de la Operación Campamento, en Madrid, donde ya han empezado las obras de demolición. O las 1.400 de terrenos de Defensa en Málaga, a la espera de que el Ayuntamiento apruebe el plan de urbanización. O las decenas de miles de viviendas de la Sareb, que necesitan algún tipo de rehabilitación o adaptación.

Por el momento, Casa 47, que ha recibido una partida de 100 millones de euros para la adquisición directa de inmuebles, tan solo ha sacado una 'convocatoria piloto' con 171 casas ubicadas en Vigo, Mieres y varios municipios de Valencia afectados por la dana. El plazo para presentar las solicitudes finalizó este viernes. La propia directora de la entidad reconocía hace unas semanas, en una entrevista en la Cadena Ser, que la nueva empresa estatal “no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitarlo en el fututo”. De hecho, estimaba que se necesitarán “al menos, cinco años” para paliar el problema.

Al margen de las prometidas 182.000 viviendas, el presidente Sánchez ha ido trufando la legislatura de nuevos anuncios. El pasado mes de abril, el Gobierno comprometió 1.300 millones de euros en una década —de media, 130 millones al año— para impulsar un nuevo Perte de industrialización. Según los cálculos del Ejecutivo, este plan permitirá la construcción de una media de 15.000 viviendas al año en la próxima década y más de 20.000 anuales a partir de 2035. Serían, por tanto, 150.000 viviendas modulares hasta 2035, pero, en este caso, desde el Ministerio se han esforzado en explicar que se trata de un impulso al sector, no vinculado a casas concretas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha exigido a la Generalitat Valenciana que derogue el decreto 180/2024 y recupere los controles en la adjudicación de vivienda pública para evitar nuevos escándalos como el del Ayuntamiento de Alicante o en la localidad de Alzira, donde varias personas han hecho cola durante días para inscribirse en una promoción de vivienda protegida de iniciativa privada.

En su intervención en el Senado, Isabel Rodríguez ha contrapuesto la opacidad y la desregulación valenciana, promovida por el actual ejecutivo popular que preside Juanfran Pérez Llorca, con la transparencia que imperará en las adjudicaciones de CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda.

Tal y como ha venido informado elDiario.es, el decreto aprobado en diciembre en 2024 por el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, eliminó los controles aprobados tres años antes por la izquierda. En concreto, se eliminó la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de vivienda pública de la Generalitat, aportando declaración jurada del cumplimiento de los requisitos, para optar a promociones de iniciativa privada. El fraude en la declaración responsable implicaba la expulsión del registro y no poder optar por lo tanto a este tipo de viviendas.

Rodríguez ha comentado que lo sucedido en Alicante “es un absoluto escándalo que requiere de la reacción de los poderes públicos” y ha asegurado que todas las viviendas que se promocionan desde el Ministerio contarán “con todos los controles para impedir que la vivienda protegida sea para los de siempre”.

Además, ha pedido a la Generalitat que revierta “esa normativa que ha permitido este caso” y se ha comprometido a trabajar en el marco de sus competencias para abordar garantías “atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional” en el sentido de que se vuelvan a recuperar esas garantías “en el proceso de adjudicación, en los registros de demandantes de vivienda para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en Alicante o en Alzira, que los procesos sean transparentes y dignos para la ciudadanía”. También ha advertido de que “en Casa 47 ningún empleado podrá concurrir a estos procesos y serán ante notario y habrá que inscribirse para optar por portal”.

Asimismo, la ministra ha anunciado que el ministerio va a explorar sus competencias para velar por la transparencia en las adjudicaciones dependientes de otras administraciones. “Adquirir una vivienda de protección pública es un derecho, no un mercadeo. Han pasado de privatizar hospitales en Alzira a privatizar los demandantes de vivienda”, ha dicho.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó a cabo este lunes la puesta de largo de España Crece, el nuevo instrumento en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que el Ejecutivo quiere mantener el pulso de los fondos europeos más allá de agosto de 2026. En sus palabras, será “la palanca que nos permitirá seguir impulsando la competitividad, verde e inclusiva, de la economía española durante las próximas décadas”.

El denominado “fondo soberano” –aunque tiene poco que ver con los ejemplos paradigmáticos, como el de Noruega– se construirá con una inyección de capital de 13.300 millones al ICO –de los que 10.500 millones proceden de la rama de los créditos del Plan de Recuperación y los 2.800 millones restantes, de las transferencias– y con el objetivo de que movilice 120.000 millones, a medias entre el sector público y los inversores privados.

El mecanismo es sencillo: con este capital adicional que le inyecta el Gobierno, el ICO tendrá una capacidad de endeudarse hasta 60.000 millones de euros para financiar créditos, entradas en el accionariado de compañías emergentes o garantías. El objetivo es que, con su presencia, pueda atraer inversión por otros 60.000 millones de euros de capital privado. 

“El ICO, con los 6.100 millones de capital que tiene en este momento, es capaz de gestionar 42.000 millones de euros en activos. Es decir, multiplica por siete el capital que tiene. Las cifras que hemos dado incluso diría que son conservadores”, responde el presidente del banco, Manuel Illueca, en declaraciones a elDiario.es. “Una demanda de estas características tardará tiempo en llegar, pero aspiramos a tener un porcentaje mayoritario de la financiación en cuatro años”, asegura.

El nuevo fondo da flexibilidad al ICO para elegir los mecanismos más adecuados en cada uno de los casos, con productos financieros “nuevos” en lugar de las líneas de mediación habituales –es decir, a través de la banca privada–, como las garantías sobre préstamos, la financiación directa para inversiones concretas o la inyección de capital en compañías emergentes.

Quitas del 30% para construir viviendas asequibles

El Gobierno ha puesto el foco de este fondo soberano en el mercado de la vivienda. El objetivo es movilizar 23.000 millones de euros, con 14.000 millones por parte del ICO y 9.000 millones de inversores privados. El presidente Sánchez prometió construir 15.000 viviendas al año que estarán destinadas íntegramente al alquiler sostenible.

La cifra está al alcance de la mano, dice Illueca, porque el ICO ya ha financiado 7.125 viviendas con este esquema, a pesar de las dificultades administrativas vinculadas al sector de la construcción, como todo lo vinculado a las licencias o el suelo. “El ICO tiene una potencia de fuego con capacidad para llegar a estas 15.000 viviendas”, defiende.

Para incentivar la inversión, y a diferencia de líneas previas, el ICO pondrá en marcha una parte subsidiada para sus préstamos, de tal manera que eso abarate la factura final del alquiler que tengan que pagar los inquilinos. Esto consistirá en quitas de hasta el 30% del crédito para favorecer estos arrendamientos más económicos. El objetivo es que préstamos y subvenciones se integren en un mismo trámite y den más seguridad jurídica al promotor.

“La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, dijo Sánchez durante la presentación.

El presidente del ICO abre la puerta a una colaboración con la empresa pública Casa 47, que cuenta con miles de metros cuadrados de solares en los que financiar la construcción de vivienda de alquiler asequible.

Nueve sectores prioritarios

La vivienda es solo uno de los nueve sectores prioritarios en los que invertirá España Crece. Los otros son energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. El flujo de inversión no tendrá cupos ni objetivos determinados, sino que será la propia demanda la que estipule qué proyectos se financiarán con el fondo soberano. 

El Gobierno estima que el fondo estará disponible a partir del segundo trimestre de este año y solo quedan algunos trámites administrativos con la Comisión Europea, que ha validado la inclusión del fondo dentro del Plan de Recuperación, antes de hacer efectiva la inyección de capital al ICO. No hace falta la aprobación de ninguna ley o convalidación de un real decreto-ley, lo que facilita la tarea para un Ejecutivo en minoría parlamentaria. 

Antes incluso de la presentación oficial del fondo –prevista para el pasado 19 de enero, pero el accidente ferroviario de Adamuz cambió los planes–, el PP ya salió al ataque contra la iniciativa. El vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, tachó de “humo” el “mal llamado” fondo soberano, asegurando que era solo una idea para evitar el “ridículo espantoso” de renunciar a una cuantía mayor de créditos del Plan de Recuperación. Además, puso en duda que el ICO sea capaz de movilizar 120.000 millones de euros. 

“La cuestión no es si lo vamos a hacer o no, es que ya lo estamos haciendo. El ICO, con su capital de 6.100 millones de euros, es capaz de tener activos por valor de 42.000 millones porque tiene mucha capacidad para colocar bonos en mercados internacionales y obtener financiación apalancándose. Son los apalancamientos típicos de entidades como el BEI, por ejemplo”, rebate Illueca.

El PP también señaló que, tras la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el accionariado de Telefónica, temían que el Gobierno emplease el fondo para intervenir en cotizadas. “No tenemos para nada esa tesis de inversión”, zanja el presidente del ICO. “Lo que queremos aquí es apoyar compañías estratégicas, con alto potencial de crecimiento, con alta capacidad de innovación y hacerlo desde la lógica financiera, tecnológica y social”, subraya.

El ICO ha puesto en marcha una reestructuración interna para hacer frente a esta nueva capacidad de inversión y, además, trabaja con vistas a la apertura de oficinas en Bruselas y Nueva York, para favorecer la competitividad y la internacionalización de las compañías españolas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el nuevo Fondo España Crece movilizará 23.000 millones de euros al año, entre fondos públicos y privados, para “dinamizar la oferta de vivienda” y “avanzar definitivamente en cerrar el déficit habitacional”, lo que permitirá la construcción de 15.000 viviendas adicionales al año.

“El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda”, ha aseverado el jefe del Ejecutivo.

Lo ha hecho durante la presentación del fondo soberano, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y que prevén que esté en funcionamiento en el segundo trimestre de este año. Estará dotado con 13.300 millones de euros, procedentes de los préstamos del Plan de Recuperación de la UE. A diferencia de los fondos Next Generation, que vencen este año, España Crece tendrá carácter permanente y no estará sujeto a un plazo concreto de ejecución, como sí pasa con su precedente, que finaliza en agosto de este año.

Sánchez ha destacado que el nombre del fondo obligará a la oposición “a pronunciar, aunque sea entre dientes, lo que llevan años intentando negar. Y es que España crece, es una evidencia”, ha insistido.

El objetivo es que 2.000 millones de la inyección de capital estén destinados a vivienda, lo que permitiría al ICO apalancarse en 14.000 millones para esta política, mientras que el resto (9.000 millones) procederán de la inversión privada que el banco público sea capaz de atraer, han detallado fuentes del Ministerio de Economía.

El objetivo es contribuir a aumentar la oferta de vivienda disponible y el desarrollo de promociones que, por el perfil de rentas y horizontes de inversión, requiere de instrumentos de financiación adaptados y un reparto de riesgos entre el sector público y el privado. “La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, ha insistido el presidente.

El fondo, ha dicho Sánchez, cumple con tres objetivos de política económica fundamentales en plena incertidumbre mundial y europea: reforzar la productividad, contribuir al desarrollo del mercado de capitales y preservar la Europa Social. “España necesita un fondo que apueste por el futuro de la Unión Europea como estamos haciendo en muchos otros ámbitos. Sabemos que Europa es una apuesta ganadora para nuestro país. Por tanto, también desde esta parte de Europa tenemos que contribuir a su crecimiento y mejora”, ha dicho.

Movilizará hasta 120.000 millones de euros

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado que el nuevo fondo es una “potente herramienta” con la que el Ejecutivo busca dar a las empresas un acompañamiento en proyectos innovadores de inversión, que elimine obstáculos y garantice su capacidad de crecimiento en todo el ciclo de vida. Su objetivo es “afianzar el círculo virtuoso” desatado con los fondos europeos y que “genere las condiciones para que nuestras empresas crezcan, innoven, que creen empleo acompañado de mayores salarios y una atracción de talento que redunde en mayor bienestar para la ciudadanía”.

“Es un proyecto transformador con vocación de futuro que lo único que intenta es seguir reforzando ese camino que hemos ido construyendo en los últimos años de modernización de nuestra economía”, ha subrayado Cuerpo, que ha destacado el buen momento económico del país, a pesar de que quedan retos importantes por delante, como la reducción de la desigualdad o de las brechas de productividad con nuestros socios.

El objetivo es movilizar hasta 120.000 millones de euros de inversión en colaboración con el sector privado y en nueve sectores clave: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. Esto se hará con proyectos de financiación a largo plazo, créditos por parte del ICO o financiación directa, llenando aquellos “huecos” donde no llega el mercado.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado que el fondo subraya la “realidad incontestable” de que España pasa por un buen momento económico y que el “crecimiento económico” tiene que movilizarse para dar respuesta a la crisis del acceso a la vivienda. España Crece trata, ha dicho, de buscar redistribuir esa riqueza para garantizar el derecho a la vivienda a través de un parque público de vivienda, un ámbito en el que nuestro país está rezagado en comparación con el resto de socios europeos. “Hemos sentado las bases del buen hacer, lo que tiene que ver con más inversión y también de la colaboración publico privada que centra este debate en las políticas de vivienda”, ha asegurado.

El Gobierno trabaja en una propuesta para penalizar fiscalmente a los caseros que suban los precios del alquiler. El castigo será, en realidad, la rebaja de la bonificación del 50% de las rentas en el IRPF de la que ya disfrutan los arrendadores, por el mero hecho de poner su vivienda en el mercado del alquiler, independientemente de su precio, y “en ningún caso” llegará al 0%, “porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo y el turístico o de temporada”, explican fuentes ministeriales. Es decir, incluso a quien suba el alquiler se le seguiría bonificando, aunque menos que actualmente.

La medida, avanzada por El País, y que ha podido confirmar elDiario.es, no está aún cerrada y requeriría contar con apoyo parlamentario, pero desde el Ejecutivo defienden que va “en línea con lo que siempre defiende el Gobierno”: “Incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no”. El presidente Pedro Sánchez anunció hace un mes una nueva bonificación fiscal del 100% en el IRPF para aquellos caseros que no suban el alquiler, con cientos de miles de contratos que se firmaron a precios más bajos durante la pandemia a las puertas de la renovación. La propuesta fue rechazada por la mayoría de socios parlamentarios, incluido Sumar.

El nuevo plan contempla, de este modo, una penalización para quien opte por subir los precios, que en los últimos cinco años han registrado incrementos de hasta el 40%, según los cálculos del socio minoritario de la coalición. De hecho, Sumar ya se ha mostrado en contra de esta idea, planteada en la mesa de negociación. “Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas de alquiler solo es una reducción del privilegio”, apuntan voces de la formación, que consideran que esta, “como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios”.

La Ley de Vivienda ya contempla determinados incentivos vía IRPF. Al margen del 50% general, que la norma estatal rebajó desde el 60%, se permite una deducción del 60% para quien rehabilite su vivienda; del 70% para quien alquile a jóvenes; o del 90%, si se baja el precio en cinco puntos. El principal hándicap que se ha encontrado el Ministerio de Vivienda es que estos premios solo aplican en zonas declaradas tensionadas, hasta ahora minoritarias y con el PP en contra de aplicarlas, salvo en Galicia, por lo que, en la práctica, estas medidas quedan sin efecto.

Para paliar el bloqueo, el Gobierno ya propuso hace más de un año una exención fiscal de hasta el 100% del IRPF para propietarios que alquilen sus viviendas en cualquier punto del territorio, haya sido o no declarado zona tensionada. La medida todavía no ha salido adelante y algunos expertos advierten que chocaría con el último anuncio de Sánchez, de llegar al mismo premio simplemente por no subir los precios, en lugar de bajar, como se había planteado previamente.

Con todo, la propuesta vuelve a mostrar las discrepancias en el seno del Gobierno en materia de vivienda. “Sumar considera que la solución a esta crisis no puede partir de la voluntariedad de una parte. En ese caso, de la buena voluntad del casero”, defienden desde la formación de Yolanda Díaz, que apuesta por una prórroga extraordinaria de los contratos como la “vía más eficaz para intervenir de inmediato el mercado del alquiler”. Una idea que, hasta ahora, ha rechazado el ala socialista del Ejecutivo.

El número de viviendas turísticas ha caído en un 12,4% en un año, según los datos de la estadística experimental sobre este tipo de alojamientos que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los resultados, que se publican dos veces al año, muestran un descenso de 46.699 casas destinadas a este uso no residencial entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, cuando se detectaron un total de 329.764.

El Ministerio de Vivienda ha celebrado la que es “la mayor caída interanual de la serie histórica”, que arrancó en agosto de 2020 y atribuyen estos datos a “las medidas impulsadas” por el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

En concreto, desde el Ministerio ponen en valor la puesta en marcha del registro único de arrendamientos, que obliga a los propietarios de viviendas de uso turístico o alquiler temporada a contar con un número de identificación para poder anunciarse en plataformas, tras comprobar que cumplen con la normativa vigente. Desde julio, los registradores de la propiedad han revocado más del 20% de las solicitudes que llegan a través de esa ventanilla única, con Madrid y Barcelona a la cabeza, ambas con más de 5.000 anuncios a bloquear.

Desde mayo, el mes previo del que hay datos y dos antes de la obligatoriedad del registro, el número de pisos turísticos ha caído aún más que desde hace un año. En total, según la estadística del INE, se han reducido en más de 52.000.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez también hace hincapié en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que “empodera a los vecinos para poder vetar este tipo de viviendas” en sus bloques, al requerir la aprobación por al menos tres quintas partes de los propietarios para ofrecer nuevos permisos.

La estadística experimental del INE realiza una estimación del número de alojamientos de vivienda turística que hay en España. Para hacerlo, utiliza la técnica de web scraping, que consiste en extraer datos de las tres plataformas más utilizadas para el alquiler de este tipo de viviendas, a los que se aplica después un algoritmo para eliminar duplicidades en los anuncios.

Ya en julio, el Ejecutivo logró la retirada de 65.000 anuncios, alojados en Airbnb, después de un conflicto entre el Ministerio de Consumo y la plataforma, por negarse a bloquearlos. Una negativa que le ha costado una multa de 64 millones de euros.

Si hay algo en lo que el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid están de acuerdo en materia de vivienda es que no están de acuerdo en casi nada. Las discrepancias se han hecho más evidentes que nunca esta semana, cuando la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, afirmó que le “encantaría” declarar un 155 en la región madrileña. Que lo haría, “si tuviera mayoría en el Senado”. Este jueves, Rodríguez y el consejero Jorge Rodrigo coincidían en la visita a una de las promociones del Plan Vive regional. Aunque el tono trató de parecer cordial, el encuentro, que prometía ser de alto voltaje, no estuvo exento de pullas y reproches.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calentaba la jornada desde la Asamblea: “Ese 155 que quieren aplicarle a Madrid tiene muy mala rima para ustedes”. En Aranjuez, con chaleco reflectante y casco de obra, las comitivas de la Consejería y el Ministerio de Vivienda reconocían la construcción de unas 400 viviendas. Por protocolo, Rodrigo tomó primero la palabra. “No es la primera vez que la ministra visita una promoción del Plan Vive de la Comunidad”, comenzaba. A su juicio, este es un reconocimiento implícito de que en Madrid “hay una forma de hacer las cosas que funciona”.

“Supone un respaldo a nuestro modelo”, afirmó el consejero, antes de pedir “coherencia”. “No se puede pedir un día la intervención con el artículo 155 de Madrid y de las políticas de vivienda y, al día siguiente, visitar nuestras promociones de vivienda asequible. Frente a este tipo de modelos intervencionistas, que acaban reduciendo la oferta disponible y encareciendo el acceso, Madrid apuesta por crecer, por generar más viviendas, por construir más y por hacerlo mejor, creando un marco estable que atraiga inversión”, desarrolló. “Frente a la confrontación permanente y los titulares desmedidos”, dijo el consejero de Ayuso, “nosotros respondemos con hechos y esta es la región que más vivienda protegida construye”.

Pero Isabel Rodríguez, lejos de refrendar el modelo del Plan Vive, llamó a una “revisión y mejora”. “Hay que mejorar su asequibilidad”, para que no haya que “destinar más del 30% de la renta a los gastos de la vivienda” y “agilizar” la manera en la que se ponen a disposición de la ciudadanía, “para que no se produzca la paradoja de que haya más rechazos que adscripciones”, recordó.

Hasta el 9 de enero de 2025, la Comunidad había registrado 1.170 renuncias, sobre un total de 5.175 pisos terminados, de los que 242 continuaban vacíos, según datos oficiales recabados por la Cadena SER a través de la Ley de Transparencia. Mientras vecinos de diversas promociones, como las de Getafe o Tres Cantos, denuncian desperfectos en lo que llaman el Plan Sobrevive, con alquileres que alcanzan los 1.000 euros al mes.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ya había acusado el día antes a la ministra de Vivienda de haberse “acoplado” a las visitas institucionales, citando la que se produjo este mismo jueves en Aranjuez. El acto había sido convocado por el propio Ministerio que, según fuentes cercanas, había invitado al consejero madrileño. De hecho, el Ejecutivo central invirtió en esta promoción más de 16 millones de euros de fondos europeos, el 25% del total, los promotores privados afrontan el otro 75%, mientras el gobierno autonómico cede el suelo.

“Los fondos europeos no llovieron de un día para otro. Se los curró el presidente del Gobierno”, recordó Rodríguez. Frente al consejero madrileño, enumeró las inversiones que el Ejecutivo viene realizando desde 2018 para vivienda en la región. Son, según sus cuentas, 2.508 millones de euros y 75.800 viviendas movilizadas, unas 17.000 de nueva construcción y 58.000 rehabilitadas.

Rodríguez no evita ya el choque directo con la Comunidad de Madrid, a quien lleva meses reclamando que declare zonas tensionadas. “Cuando, con argumentos jurídicos y políticos, manifiesto mis prioridades en política de vivienda, no estoy ofendiendo a nadie”, se justificó. Pero el mensaje es claro: “Evitar la especulación no solamente es un mandato constitucional, sino que forma parte del sentido común de la inmensa mayoría de españoles y españolas”.

La ministra enumeró, una a una, todas aquellas cuestiones en las que no puede “estar de acuerdo” con la Comunidad de Madrid. Que Ayuso se niegue a “congelar los precios del alquiler”, declarando zonas tensionadas. Que se llame a que inversores extranjeros compren “las ciudades y los barrios enteros”. Que no se persiga el fraude en los alquileres de temporada o los pisos turísticos. O que no se blinde a perpetuidad la vivienda pública. “No se le pueden poner alfombras rojas a los fondos buitre. Yo se las pongo a los promotores y constructores que están con nosotros en la construcción de vivienda pública y asequible”, afirmó.

“Aquí es donde discrepamos, consejero”, interpeló la ministra tras la retahíla. “Muchísimo”, concedió él.

Al margen de lo que supone de declaración política, fuentes ministeriales defienden la apelación al artículo 155 de la Constitución, que da competencias al Gobierno central para tomar el control de una comunidad autónoma, si esta “no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”.

“Sus políticas, así como sus declaraciones públicas cuestionan que [Ayuso] vele por el interés general en su actuación como gobernante. Por un lado, deja completamente desatendidos a quienes precisan de medidas que promuevan el acceso a la vivienda y, por otro, se jacta de proteger los intereses de una élite, lo que es incompatible con velar por el interés general”, afirman estas voces.

Los principales caballos de batalla son el blindaje permanente de las viviendas públicas, al que se niega la Comunidad y al que el Gobierno ha condicionado los fondos del próximo Plan Estatal, que prevé una inversión de 1.113 millones de euros en la región, y la declaración de zonas tensionadas para topar los precios del alquiler. “Ya le digo que no”, respondió Rodrigo sobre si Aranjuez podría ser declarada como tal, “lo hemos manifestado desde el principio de esta legislatura, desde que aprobó lo que consideramos una nefasta Ley de Vivienda. No vamos a declarar zonas tensionadas porque estamos viendo que no funcionan”.

A su lado, Rodríguez negaba con la cabeza. En Barcelona, una de las primeras ciudades en declarar zonas tensionadas, los precios del alquiler han bajado un 4,9% y hay 1.551 contratos firmados más, según los datos del alcalde Jaume Collboni. En los municipios navarros que se acogieron a esta medida, las rentas cayeron un 8,6% en seis meses. Y en Coruña, el precio medio de los contratos pasó de los 735 euros de enero a julio a los 712 de agosto a diciembre, tras la declaración de zona tensionada, mientras “lidera en Galicia la firma de contratos”, según los datos oficiales del Observatorio de Vivienda.

Nadie a plena vista podría diferenciar un mitin del PP y las ruedas de prensa del Gobierno de Madrid. Desde la sede de la presidencia de la Comunidad, en la Puerta del Sol, se piden dimisiones de ministros, se acusa a Pedro Sánchez de complicidades con el terrorismo y se afea que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acuda a las visitas de promociones de pisos públicos que financia el Gobierno. Todo en una convocatoria, supuestamente para anunciar los acuerdos adoptados en la reunión del gabinete autonómico.

En la de este miércoles se ha aprobado una partida de 80 millones para vacunas, un informe sobre la evolución del turismo en la región y hasta la declaración del cocido como Bien de Interés Cultural en la categoría de patrimonio inmaterial. Con todo, la presentación de los acuerdos de Gobierno arrancó, tras una breve introducción sobre la situación del temporal, con la aprobación de una partida de indemnizaciones a víctimas del terrorismo, que complemente las que aporta el Gobierno central. Se anuncia este miércoles, pero el plazo para pedirlas expira este mismo viernes. La fecha se hace coincidir con el 30º aniversario del asesinato del dirigente socialista Fernando Mújica en San Sebastián. Así que el portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, vinculó directamente a Sánchez con los herederos de ETA. Lo hizo así: “En estos 30 años han pasado de luchar por la libertad y llorar a sus víctimas a pactar cn los herederos de Eta y abrirles de para en par las puertas del palacio de La Moncloa y también de todas y cada una de las instituciones. Bildu es el socio preferente y más fiel de Sánchez, que ha traspasado todas las líneas rojas, también en la lucha contra el terrorismo”.

Eso antes de empezar el turno de preguntas. Luego los medios le preguntaron por las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en TVE, donde un par de horas antes había dicho que le “encantaría intervenir con un 155 [el artículo de la Constitución que se utilizó para suspender la autonomía de Catalunya en pleno procés] a la Comunidad de Madrid, que no está cumpliendo sus obligaciones en materia de vivienda”, pero no puede “porque no tiene mayoría en el Senado”. García Martín replicó que lo que se pretende es “meter en la cárcel” al Gobierno de Ayuso. “Como no nos ganan en las urnas, nos quieren meter en la cárcel, pero los que están la cárcel son ellos”, dijo en alusión al caso Ábalos, que ha llevado a prisión a los dos últimos secretarios de organización del PSOE.

A renglón seguido ha acusado a la ministra Isabel Rodríguez de haberse “acoplado” a las visitas institucionales de la Comunidad de Madrid a las promociones en marcha y citó una prevista para mañana. García Martín se refiere a un acto convocado por el Ministerio de Vivienda sobre un desarrollo de 400 viviendas en Aranjuez que el Gobierno central financia con un 25% de los fondos, en el que los promotores inmobiliarios aportan un 75% y la Comunidad de Madrid cede el suelo. Según fuentes del ministerio, el pasado lunes se pactó con la Comunidad de Madrid una visita conjunta a las obras. La tesis del Gobierno de Ayuso es que la ministra “se acopla” a sus actos institucionales, cuando en realidad, la iniciativa de invitar al consejero madrileño partió del Gobierno central, informa David Noriega. García Martín obvió los compromisos de Ayuso que en 2019, en su primera campaña electoral, prometió 25.000 viviendas, de las que solo ha entregado 5.000 y varios cientos han sido devueltas por los adjudicatarios, pero cargó contra el Gobierno de Sánchez: “las 130.000 viviendas que prometió son una estafa”.

El resto de la rueda de prensa siguió la misma senda. Sobre el anuncio de prohibir las redes sociales a menores, el portavoz de Ayuso desconfía: “Todo lo que propone el presidente Sánchez es una trampa[...], no busca la protección de los menores, está buscando el control de los contenidos de las redes sociales porque una persona que tiene vocación de autócrata le gustaría controlarlo todo, las instituciones, como está haciendo, los propios medios de comunicación y ahora también las redes sociales”.

Cuando se le pidió su opinión sobre la regularización de migrantes, el portavoz de Ayuso se apuntó al bulo de que lo que se pretende es aprovechar sus votos, cuando ya se sabe que los regularizados no podrían votar en los siguientes procesos electorales: “Es un auténtico despropósito, detrás de todo esto lo único que pretende el presidente Sánchez más allá de lanzar un globo sonda es alterar los censos electorales, es lo que está detrás del propósito de esta medida”.

Acerca de las explicaciones del ministro de Fomento, Óscar Puente, sobre el accidente de Adamuz: “Es la falta de previsión y de inversión de su ministerio, había dinero para las sobrinas de Ábalos, había dinero para hacer seguimiento en las redes sociales de aquellos que criticaban al ministro Puente pero no había dinero para inversión y mantenimiento. Óscar puente debe abandonar el Ministerio y enseñar la puerta de salida al señor Sánchez”.

El mismo tono empleó en el resto de respuestas a la prensa. Cuando se le inquirió sobre varias protestas sanitarias en Madrid, desvío el tiro hacia la huelga de médicos que según García Martín generó “la incompetencia” de la ministra Mónica García con el estatuto marco.

En su pronóstico sobre el nuevo período de sesiones que se abre en la Asamblea de Madrid después de que el Tribunal Constitucional haya certificado que los vetos de la mayoría del PP conculcaron los derechos políticos de Más Madrid y PSOE, García Martín aseguró que no espera “nada” de la oposición, a la que llamó “palmeros de Sánchez” y entre los que también incluyó a Vox.

Un 155 en la Comunidad de Madrid para intervenir en el mercado de la vivienda. Es lo que le gustaría llevar a cabo al Gobierno ante la desidia de Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda, que se ha convertido en el principal problema para los españoles, según el CIS. Lo ha admitido la ministra Isabel Rodríguez en una entrevista en TVE en la que ha admitido que no le dan los números para llevarlo a cabo. “Si hubiera tenido mayoría en el Senado, ya lo hubiera implementado”, ha afirmado.

“Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está cumpliendo sus obligaciones en materia de vivienda, pero no tengo mayoría en el Senado”, ha señalado Rodríguez. Ese mecanismo está previsto en la Constitución para intervenir las competencias de las comunidades autónomas y solo se ha activado en una ocasión: tras la declaración unilateral de independencia en Catalunya en 2017. Para que el Gobierno central intervenga una autonomía con ese precepto constitucional se requiere de la mayoría absoluta en el Senado, que ahora mismo disfruta el PP.

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”, establece el 155.

Rodríguez ha dicho que esa amenaza contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “es una manera elocuente de visibilizar que en ocasiones lo que una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional”. “Las administraciones públicas competentes y ayuntamientos tienen que ser conscientes de esa emergencia, tienen que actuar”, ha agregado.

La ministra ha acusado al PP de ir “contracorriente” en el tema de la vivienda frente a lo que están haciendo los países europeos por “mero cálculo electoralista”. “Tiene que hacer una reflexión”, ha dicho la socialista, que asegura que donde se está aplicando la ley de vivienda, con topes a los alquileres, están bajando los precios. “No se están topando en Madrid porque el PP no quiere, ni en Andalucía porque el PP no quiere y ni en Aragón porque el PP no quiere”, ha aseverado.

La responsable de Vivienda ha instado a las comunidades autónomas a cambiar sus normativas para impedir que las viviendas protegidas puedan acabar vendiéndose para especulación o en manos de los fondos buitres y ha asegurado que no habrá “ni un solo euro” del Estado invertido en vivienda que “no esté protegido para siempre”. “No vamos a participar en la construcción de ninguna vivienda que no sea protegida para siempre”, ha rematado Rodríguez, que ha puesto como ejemplo la Operación Campamento en Madrid.

El ministerio ya ha puesto en marcha mecanismos, dentro de sus competencias, para marcar la dirección de las inversiones de los fondos estatales al dotarles de un carácter finalista. El nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros, impone como obligación que al menos un 40% de la cantidad que cada comunidad autónoma reciba se destine a oferta de vivienda, un 30% a rehabilitación y otro 30% a ayudas. Y para garantizar que las administraciones autonómicas cumplen con el destino previsto para el dinero la ministra Isabel Rodríguez les ha impuesto como obligación la publicación del llamado “cuadro de mandos”, un sistema que garantiza la transparencia sobre el grado de ejecución del plan, que podrá ser consultado por los ciudadanos.

El Ministerio de Vivienda ha ordenado a las plataformas digitales que promocionan pisos turísticos y alquileres de temporada la retirada de más de 86.000 anuncios, que no han obtenido el número de registro de corta duración al no cumplir los requisitos legales para ejercer esta actividad. El departamento que dirige Isabel Rodríguez puso en marcha este mecanismo, obligatorio desde el pasado 1 de julio y que gestionan los registradores de la propiedad, para controlar la oferta de viviendas de uso turístico y arrendamientos por meses.

Desde entonces, los registradores han recibido 412.000 solicitudes, de las que se han rechazado 86.275. “Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos”, indican desde Vivienda.

Los arrendadores de viviendas que quieran ofertarlas como turística o en alquiler temporal deben acreditar a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que cumplen con la normativa y los requisitos para hacerlo. De todas las solicitudes, se han revocado más del 20%, la mayor parte en las ciudades de Madrid (5.344) y Barcelona (5.005), dos modelos de ciudad con Consistorios opuestos en políticas de vivienda y gestión del alquiler turístico.

Por comunidades autónomas, la que más licencias rechazadas acumula es Andalucía, con más de 21.000. “Es especialmente llamativo el caso de la provincia de Málaga, que incluye hasta siente municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas”, indican desde Vivienda. Son las localidades de Marbella (2.993), Málaga (1.845), Benalmádena (1.035), Fuengirola (719), Mijas (664) y Estepona (505).

La segunda comunidad por solicitudes revocadas es la valenciana (14.387), seguida de Canarias (13.726), Catalunya (13.350) y Madrid (5.893). De las más de 412.000 solicitudes, el 78% corresponden a alquiler turístico, mientras el 22% restante lo son para temporada. La única excepción es, precisamente, Madrid, donde la proporción se invierte en un 83-17%. “¿Es que no hay pisos turísticos ilegales? En absoluto, es que se está amparando esa ilegalidad”, defendía la ministra Rodríguez en septiembre.

Desde el Ministerio celebran que este registro “ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración, al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial”. Así, indican desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez, se busca “preservar la función social de la vivienda y combatir la ilegalidad con la que operan actualmente un gran número de alojamientos con estas características, provocando una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una línea de avales de 300 millones de euros para los propietarios de vivienda en alquiler. La dotación de esta medida, pactada con Junts hace casi un año, fue anunciada en el Congreso por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante su defensa del decreto ómnibus que incluye, entre otras medidas del escudo social, la moratoria antidesahucios, que ha decaído esta misma tarde por el voto en contra del propio Junts, PP y Vox, en una estrategia similar a la del hace doce meses.

“Somos conscientes desde el Gobierno de que quien alquila una vivienda, en ocasiones puede tener dudas o temores, muchas veces alimentadas por determinadas empresas o terminales mediáticas por intereses particulares”, señaló Bolaños, quien consideró que “esta situación no es buena para nadie”. “Queremos que todas las viviendas que puedan estar disponibles en forma de alquiler salgan al mercado y lo hagan a precios asequibles”, continuó el ministro, que anunció que la “novedosa línea de avales para pequeños arrendadores” anunciada en diciembre estará dotada con 300 millones de euros.

A falta de conocer la dotación, el Consejo de Ministros ya había aprobado en diciembre un real decreto para la regulación de una “cobertura ante eventuales impagos”, destinada a propietarios que alquilen sus viviendas a menores de 35 años y personas vulnerables, como un guiño a Junts. Entre los requisitos, los precios de esos alquileres no pueden superar el índice estatal de referencia.

La medida no era nueva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en enero de 2025 la creación de un “sistema de garantías públicas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible”. A finales de ese mes, y fruto de un acuerdo con Junts para prorrogar un año más el escudo social, que la formación catalana había tumbado previamente, como ha hecho de nuevo este mismo martes, se anunció que ese aval sería gestionado por las comunidades autónomas.

Junts votó entonces a favor del decreto ómnibus que ahora vuelve a estar en duda pero el sistema de avales no avanzó más hasta que el pasado mes de diciembre el propio Sánchez asumió “los incumplimientos y los retrasos” que denunciaban los de Puigdemont, que elevó la tensión sobre el Gobierno con el anuncio de su 'no' a las leyes que se estaban tramitando en el Congreso.

Entre las medidas que el presidente se comprometió a reactivar se encontraba, precisamente, este aval para proteger a los propietarios de posibles impagos por parte de sus inquilinos, para lo que el Ejecutivo destinará un total de 300 millones de euros. Se trata, por ejemplo, de un 50% más de presupuesto que los 200 millones de euros que el Ministerio de Vivienda activó para dotar el Bono Alquiler Joven.

Al margen de estos 300 millones de euros en avales, Bolaños ha avanzado que el “compromiso don los ciudadanos que alquilan su vivienda no termina aquí”. El Ejecutivo estaría estudiando “fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores” porque “no hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría estar viviendo una familia”.

El Gobierno arranca este miércoles la fase de pruebas del teléfono gratuito 047, que estará plenamente operativo la primera semana de febrero. Con este número, el Ejecutivo quiere ofrecer a los ciudadanos un servicio de resolución de dudas en materia de vivienda, pero también “asesoramiento y acompañamiento jurídico” ante posibles conflictos. Pese a las críticas que suscitó el anuncio, fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez, defienden la iniciativa con dos argumentos clave: la obligación de las administraciones públicas de informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones y el aluvión de llamas que recibe la Oficina de Información del Ministerio.

Esta oficina registró en 2025 un total de 11.408 llamadas, un 60% más que el año anterior. La mayor parte de ellas para resolver cuestiones relacionadas con la situación del alquiler, como las zonas tensionadas, las ayudas o los precios; programas propios del Ministerio; o el funcionamiento del registro de alquileres de corta duración, obligatorio para anunciarse en plataformas desde el pasado 1 de julio. “Es un teléfono de otra índole, pero sí nos permite ver por dónde van las inquietudes de la ciudadanía”, aclaran fuentes del ministerio, que cuantifican en “menos de un 1%” las consultas sobre ocupación.

Con estos mimbres, y a falta de que todas las compañías de telecomunicaciones incorporen esta línea, para lo que tienen de plazo hasta la primera semana de febrero, el Ministerio ha puesto a andar un teléfono de marcación rápida y gratuito que tendrá varios niveles de asistencia a los ciudadanos, empresas u otras entidades que tengan dudas en materia de vivienda. Desde sospechas de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler o subidas injustificadas, cómo actuar ante un piso turístico en la escalera o a qué ayudas se puede optar, para acceder a una vivienda, para rehabilitación o de otro tipo.

Cómo funcionará el teléfono 047

El 047 es un teléfono para “acceder a información veraz”, así como “asesoramiento y acompañamiento jurídico para hacer frente a los abusos del mercado”. Para ponerlo en marcha, el Ministerio ha contado con la colaboración del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), que agrupa a 83 colegios profesionales, impulsando “métodos de arbitraje y mediación que contribuirán a evitar la judicialización innecesaria de situaciones de controversia o conflicto”.

Al margen de esos mecanismos de mediación, desde Vivienda establecen tres niveles de atención. La principal, que estiman que solventará entre el 90 y el 95% de las consultas en la primera llamada, serán básicas, “sobre temas generales que afectan a los derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de alquiler, propiedad y convivencia”. Además, los ciudadanos podrán hacer preguntas más especializadas, “sobre casos concretos o ámbitos especializados”. Así como otras que requieran de apoyo jurídico, “sobre conflictos que puedan precisar de asesoramiento o acompañamiento legal”.

Fuentes del Ministerio aclaran, no obstante, que desde el teléfono no proporcionan un servicio jurídico si un conflicto se judicializa, sino que “asesoran legalmente y acompañan cuando sea viable, sobre todo por mediación extrajudicial”.

Quién atiende al otro lado

El servicio de atención telefónica contará con 25 personas de diferentes perfiles y niveles, pero todas con formación específica en la materia. En este grupo se incluyen abogados, para resolver las cuestiones más específicas y con la colaboración del CGAE. El Consejo, además, colaborará con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en acciones formativas entre sus colegiados, de especialización en materias como “arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, procedimientos de desahucio, mecanismos de prevención, vivienda social y situaciones de vulnerabilidad o protección jurídica de personas arrendatarias”.

Por qué aún no está 100% operativo

Aunque el teléfono ya dé tono, no estará 100% operativo hasta la primera semana de febrero. Esto quiere decir que, hasta entonces, funcionará según el operador. Poner en marcha una línea de este tipo requiere unos pasos previos, técnicos y legales. El 21 de octubre, el Ministerio inició el trámite de audiencia pública; el 24 de noviembre, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, firmó la resolución; y el 13 de diciembre se publicó en el BOE el anuncio del operador designado para la terminación de las llamadas dirigidas al servicio. Desde ese momento, las compañías de telecomunicaciones tienen un plazo de dos meses para adaptarse a esa nueva línea.

Al Gobierno se le atragantan las medidas sobre vivienda y sus dos almas vuelven a tropezar, una y otra vez, con la misma piedra. El anuncio del presidente Pedro Sánchez de una bonificación fiscal para los caseros que no suban los precios ha soliviantado a Sumar, con quien los socialistas llevaban semanas negociando un real decreto para la congelación de los alquileres y a quienes la declaración del lunes pilló por sorpresa. No es la primera vez que el ala socialista anuncia ventajas impositivas para los propietarios, en un contexto de aumento de rentas para los inquilinos. Y tampoco que los de Yolanda Díaz y otros socios parlamentarios se muestran radicalmente en contra.

Pedro Sánchez arrancó 2025 con un gran foro sobre vivienda. Rodeado de hasta nueve ministros, anunció un paquete de medidas destinadas a paliar “el mayor problema de las clases medias en Europa y en España”. Un año después, el presidente se enfundó un chaleco de seguridad y se presentó en el inicio de las obras de demolición de la Operación Campamento para anunciar una bonificación fiscal a los caseros, mientras varias de esas palancas con las que el PSOE quiere desbloquear la crisis residencial siguen sin activarse.

La medidas que se le atascan al Ejecutivo también tienen que ver con la fiscalidad. El plan anunciado hace doce meses incluía hasta cuatro cambios tributarios: una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios de vivienda en alquiler que ajustasen sus precios al índice de referencia del Ministerio, que los pisos turísticos paguen IVA, una reforma del régimen fiscal de las socimis y un gravamen a la compra de casas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes.

El objetivo de fondo con algunas de estas propuestas era saltarse el bloqueo de las comunidades del PP a la ley de vivienda, aprobada en la legislatura anterior. Esta norma ya contempla bonificaciones fiscales del 90% para los caseros de zonas tensionadas que bajen los precios un 5% y de un 70% para quienes alquilen por primera vez a inquilinos de entre 18 y 35 años, pero el requisito es que esas zonas hayan sido declaradas como tal y esa pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos, la mayoría de ellos 'populares' y en contra de esta herramienta.

En aquel momento, Sumar celebró el “cambio de tono” del PSOE, pero pidió “ir mucho más allá”, mientras algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como ERC y Bildu, reclamaron también más ambición y Podemos criticó abiertamente que algunas de esas propuestas suponían “regalar dinero público” a los caseros. Fuentes de Moncloa trasladaban entonces que las medidas, que incluían la puesta en marcha de la nueva empresa pública de vivienda Casa 47, el impulso del nuevo Plan Estatal, un Perte centrado en el sector de la construcción o la creación de un aval público de impagos, no eran todas las que gustarían al Ejecutivo, pero si eran “viables”, dada la aritmética parlamentaria.

A diferencia de otras, las medidas fiscales deben pasar por el Congreso. En mayo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció la presentación de una proposición de ley para “impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles”. El texto contenía ese paquete, que Sánchez había avanzado cinco meses antes e incorporaba una subida de impuestos a las casas vacías, con las que pretendía movilizar tres millones de inmuebles deshabitados. Sin embargo, al margen de esta propuesta, volver a poner sobre la mesa las bonificaciones a propietarios volvió a despertar las críticas de los socios.

Más allá de la retórica, y en un momento de crisis que nadie niega, esas medidas no se han aprobado un año después de ser anunciadas por el presidente y continúan su trámite parlamentario mientras Sánchez pretende sacar un real decreto-ley que deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días desde su aprobación en un Consejo de Ministros que todavía no tiene fecha y que ya cuenta con el rechazo de Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue la primera en señalar que “en estos términos”, la propuesta no tendrá su apoyo, porque “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”, pero ha sido el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien se ha puesto al frente de la oposición en el seno del Gobierno.

“Abordar la crisis de vivienda a través de bonificaciones fiscales a los propietarios es algo que no compartimos y que no vamos a aceptar nunca, porque es injusto, no va a funcionar y porque la solución existe y se llama prórroga de los contratos”, insistió Bustinduy este mismo viernes. Los ministros de Sumar presentaron en octubre un “plan de intervención urgente” en materia de vivienda el pasado mes de octubre. Era su propio decreto-ley, que incluye la limitación de la compra de inmuebles a aquellos que vayan a alquilarse a precio asequible, una prórroga de los contratos de tres años y la congelación de los precios.

En aquel momento, el portavoz del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, llegó a pedir la dimisión de la ministra Rodríguez, en unas declaraciones que rectificó después la propia Díaz. Desde el Ministerio de Vivienda han evitado en todo momento, entonces y ahora, entrar al choque con el socio. “Siempre vamos a sumar y a buscar acuerdos con quienes defienden el derecho a una vivienda digna por encima de todo y siempre confrontaremos con quienes alientan la especulación”, dijo la ministra esta semana en una entrevista en Onda Cero. Pero lo cierto es que desde el ala socialista han trasladado la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que “no da la seguridad jurídica necesaria” a la prórroga de los alquileres, dijo el miércoles la ministra portavoz Elma Saiz.

Desde Consumo alegan que ya se hicieron prórrogas similares hasta en ocho ocasiones, cinco de ellas fuera del paraguas del estado de alarma por la covid. “La emergencia habitacional que existe en este momento y ha sido declarada por el presidente del Gobierno es un contexto más que necesario para que se lleve a cabo otra prórroga de alquileres”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Al margen de la aprobación o no del real decreto-ley, que Vivienda está negociando con los grupos parlamentarios y de la letra pequeña que derive de esas conversaciones, algunas voces hablan de que el anuncio de Sánchez de bonificar al 100% a quienes no suban los precios puede pisar sus propias medidas previas, como la bonificación al 90% de quien baje el precio un 5%. “Podría percibirse que los propietarios que mantienen el precio obtienen más ventajas fiscales que aquellos que lo rebajan”, señalaba el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, en un comunicado en el que reclamaban “mayor concreción” y “reestructurar los incentivos en el IRPF para evitar distorsiones”.

Los técnicos de Hacienda señalan, además, que “aún es pronto para evaluar el impacto de las bonificaciones vigente”, que entraron en vigor en enero de 2024, y “aún no ha transcurrido un plazo suficiente para analizar su eficacia”. No obstante, consideran que “las medidas fiscales pueden ser útiles para afrontar ciertos problemas del mercado inmobiliario, pero no son suficientes por sí solas para resolverlos”. En este sentido, reclaman una “inversión pública decidida que aumente significativamente la oferta de vivienda, garantizando así un mercado más accesible para los ciudadanos”.

La palanca de la inversión es la que quiere activar el Ministerio de Vivienda con el nuevo Plan Estatal, que está ultimando con las comunidades. Aunque la previsión era cerrarlo en diciembre, desde el departamento de Rodríguez han primado el acuerdo con los gobiernos autonómicos, que son quienes deberán ejecutar buena parte de ese plan. El Ejecutivo central ha puesto tres requisitos: que las comunidades acepten triplicar la inversión y aumentar la corresponsabilidad hasta los 40%, hasta un total de 7.000 millones de euros; proteger de forma permanente las casas que se construyan con dinero público; y ofrecer datos oficiales de forma transparente.

El Gobierno juega con el reloj en contra para paliar la crisis residencial. Sobre todo, teniendo en cuenta el decalaje entre el planeamiento de una vivienda y la entrega de llaves, que puede alargarse durante años, y un sector de la construcción que quedó muy tocado tras el estallido de la burbuja en 2008. Con todo, el número de visados de obra nueva había experimentado en los últimos ejercicios un repunte, todavía insuficiente para paliar el déficit de unas 700.000 viviendas que estima el Banco de España. Un interés inversor que comienza a resurgir en un mercado que lo vende todo, por una apuesta de las administraciones públicas por la vivienda y por la estabilidad financiera y que, según el informe Euroconstruct Invierno 2025, ha hecho crecer a este sector en España en un 4% en el último año.

Al hilo de la construcción, el Ministerio de Vivienda ha apostado por levantar un parque público robusto, en línea con los países del entorno del 9% del total. En 2024, las administraciones dieron un impulso inversor y desde el Gobierno central se han inyectado recursos para levantar la producción de vivienda protegida hasta el 18% del total de las iniciadas, duplicando las del año previo, hasta llegar a las 24.000 comenzadas. Con datos de enero a septiembre, en 2025 se habían comenzado 11.567 viviendas protegidas, algo menos que las 12.355 que en el mismo periodo del año previo, pero más que las 8.195 que los tres primeros trimestres de 2023.

Además, durante todo este año, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha estado trabajando en la puesta en marcha de la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, otro de los anuncios de Sánchez el pasado mes de enero. A ella se están transfirieron unas 45.000 viviendas de la Sareb, el conocido como 'banco malo', y la compañía estatal ha puesto en marcha convocatorias piloto para los primeros alquileres asequibles pero, de nuevo, el tiempo no da tregua. “Esto no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitarlo en el futuro”, aseguró su presidenta Leire Iglesias, que en una entrevista en la Cadena Ser calculó que se necesitarán, “al menos, cinco años” para paliar el problema.

Entre tanto, los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra no paran de subir. Un informe de la tasadora Tinsa indica que las casas se han encarecido un 13,9% en un año, con picos de hasta el 15,2% en las áreas metropolitanas, del 14,6% en las capitales y grandes ciudades y un 13,9% en las islas, mientras los portales inmobiliarios registran incrementos de los contratos de arrendamiento del entorno del 10% interanual. Con excepciones. El alcalde Barcelona, Jaume Collboni, explicó este miércoles en el Senado que los precios en su ciudad habían bajado un 4,9% tras la declaración de zonas tensionadas y el ayuntamiento de A Coruña compartió esta misma semana que la ciudad “registra una nueva bajada del precio medio y lidera en Galicia la firma de contratos”, según datos oficiales de su observatorio de vivienda, algo que atribuyen a esta medida, que se activó en el municipio gallego en mayo.

En lo que hay consenso absoluto en las dos almas del Gobierno es en reclamar a las comunidades autónomas del PP que declaren zonas tensionadas, que permitan topar los precios de forma paliativa. O, al menos, que sigan el ejemplo de Galicia que, tras meses de trabas, aceptó la petición en Coruña, gobernada por los socialistas. “Nos permite parar de golpe [el aumento de precios] y ganar tiempo hasta que haya más oferta”, verbalizaba Collboni. El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, ya advirtió el pasado verano que la vivienda es el “agujero negro” por el que se cuelan todos los buenos datos macroeconómicos del país.

El Ministerio de Vivienda rebaja la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes anunció una bonificación fiscal del 100% del IRPF para los propietarios de casas en alquiler que no suban los precios a la hora de renovar los contratos. A falta de conocer la letra pequeña, desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez matizan una propuesta que ha caído como una bomba entre su socio de coalición y que no ha gustado a ninguno de sus aliados parlamentarios habituales a su izquierda. Serán, detallan estas fuentes rebajas “de hasta el 100% para quienes mantengan o bajen el alquiler”. Es decir, no bastaría con mantener los precios para obtener esta ventaja fiscal, pese a lo anunciado inicialmente.

En cualquier caso, el concepto de bonificaciones para los propietarios espanta a buena parte de los aliados naturales del Gobierno, que en esta ocasión encontrará resistencia incluso dentro del Consejo de Ministros. La idea de Sánchez es presentar a su gabinete un real decreto-ley “en las próximas semanas”, que después tendrá que ser convalidado en el Congreso en un plazo de 30 días. “En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”, aseguró la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, al considerar que “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”.

El anuncio de Sánchez ha sentado especialmente mal en el ala minoritaria del Gobierno, que lleva semanas negociando con Vivienda su propio real decreto-ley para contener las subidas de precios ante la renovación de decenas de miles de contratos que se firmaron tras la pandemia y que tendrán que volver a negociarse a lo largo de 2026, cuando cumplen los cinco años. En concreto, desde Sumar proponen la prórroga de tres años de los contratos y la congelación de los precios.

“Tras muchas reuniones y desencuentros con el Partido Socialista, han hecho pública su propuesta de intervención en esta materia” que, “en el caso de los contratos de alquiler es completamente insatisfactoria, por ser una medida injusta e ineficaz”, ha lamentado el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha recordado que “la renta media de los caseros en España es prácticamente el doble que la de los inquilinos”.

En un parlamento en el que cada voto cuenta, la medida propuesta por Sánchez no ha gustado a Podemos. “Es para que ardan las calles”, dijo su secretaria general, Ione Belarra. Ni a Bildu, cuyo portavoz adjunto Oskar Matute aseguró que “es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados”. Ni a ERC. “¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de 0 impuestos por tener casas? Pues que este Gobierno le ha fallado y que a la próxima, en lugar de votar esperanza, votará odio”, planteó su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.

Aunque las conversaciones con los socios para sacar adelante el real decreto-ley han comenzado este lunes, en paralelo al anuncio de Sánchez, las posiciones parecen enconadas y la fórmula, aunque podría ser atractiva para aquellos caseros que opten por no subir los alquileres, puede ser ineficaz en un contexto de precios desbocados. “La medida es buena para quienes no pensaran hacer esa subida, pero si quieren incrementar un 15 o un 20% la renta seguramente no le interese aplicar esa bonificación, porque van a ganar más. Cada contribuyente tendrá que hacer números”, explica el director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Rubén Gimeno.

No hay una fórmula para saber cuánto se deduciría cada contribuyente con una bonificación fiscal del 100% de sus alquileres, porque esta depende de sus ingresos por trabajo, las rentas por los arrendamientos, los gastos que le generan estos, y las tarifas autonómicas. Pero, en total, los caseros ingresaron en 2023 unos 19.240 millones de euros por alquileres de vivienda, de los que se dedujeron unos 8.640 por gastos, mantenimiento y amortizaciones, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria. Por tanto, quedan unos 10.600 millones, pero ya existe un premio fiscal en forma de bonificación del 50%, por lo que solo tributan por algo más de 5.000. Con una tarifa de entre un 30 y un 40%, pagarían entre 1.500 y 2.000 millones, que se esfumarían de las arcas públicas si esta medida tuviera éxito.

Y la fortuna de esta norma es algo de lo que dudan los expertos. “Ya tenemos bonificaciones del 50, del 60 y del 90% y, aun así, la gente prefiere irse al alquiler turístico, con desgravaciones del 0% y un coste de gestión más elevado, porque gana el doble y le ve menos riesgos”, plantea el economista y profesor de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que considera que en términos de rentabilidad “matemáticamente pueda compensar”, aunque en algunos mercados el incremento de precios desbarate los cálculos.

Un ejemplo. Para un alquiler de 1.000 euros al mes, con una tarifa del 40% que se aplique sobre la mitad de esa renta, el propietario pagaría 200 euros al mes y le quedarían 800. Si este casero optase por subir el alquiler un 20%, tendría que pagar 240 euros y le quedarían 960, mientras si lo mantuviese, la rebaja le dejaría unos ingresos netos de 1.000 euros. No pagaría impuestos por esa vivienda. Mismo caso, con un incremento del 30%: 1.300 euros al mes; 260 en impuestos. Resultado: beneficio de 1.040 euros.

El ejemplo anterior muestra como a mayor subida, menos rentable es la bonificación. El caso solo afectaría a aquellas ciudades que no han declarado zonas tensionadas, donde los incrementos están topados. En la ciudad de Madrid, en los últimos cinco años, los precios de oferta han subido un 57%, según Idealista. En Málaga, el incremento ha sido del 68%. Y en Balears, del 66%, por poner algunos ejemplos de unas subidas que el propio presidente del Gobierno ha tildado como “desproporcionadas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto-ley para “continuar interviniendo el mercado del alquiler”. La medida estrella, en un año en el que se esperan miles de renovaciones de contratos, es una nueva ventaja fiscal para los propietarios que opten por no subir los precios, que disfrutarán de una bonificación del 100% en el IRPF de esas rentas que “compensa lo que ganarían si lo incrementan”. “Ganamos todos”, ha dicho Sánchez.

El real decreto-ley incluirá también una regulación específica contra el “fraude” en los alquileres de temporada, con “condiciones estrictas” y un “régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal”, y de habitaciones, para que “la renta total del conjunto de habitaciones no pueda superar la renta del contrato completo”. Además, en zonas que hayan sido declaradas tensionadas, se les aplicarán los mismos mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

Estas medidas serán aprobadas en Consejo de Ministros y, en un plazo de 30 días, deberán obtener el visto bueno del Congreso, donde grupos como Sumar o Podemos ya se han mostrado en el pasado en contra de bonificaciones fiscales a los propietarios. Precisamente, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha afirmado que el anuncio de “más regalos fiscales a los caseros” es “para que ardan las calles”.

Los ministros de Sumar habían propuesto al Ejecutivo un decreto-ley con una prórroga de tres años de los contratos de alquiler y la congelación de los precios, ante la avalancha de decenas de miles de renovaciones de aquellos arrendamientos que se firmaron en 2021. Finalmente, Sánchez trata de resolver esa problemática con una merma en la recaudación fiscal a través de un “sistema de incentivos para todos aquellos propietarios y propietarias que renueven los contratos sin subir el precio a los inquilinos”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado en su cuenta de BlueSky que “la prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros; tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas” y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha avanzado que “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”. “La propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”, ha afirmado.

“De esta manera ganamos todos. Ganan los inquilinos, porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios que no tienen que buscar otros arrendamientos ni, por tanto, renunciar a sus ingresos. Y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado, porque asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente”, ha dicho Sánchez desde el inicio de las obras de la Operación Campamentos, por la que se levantarán más de 10.700 viviendas públicas.

Sánchez ya anunció el pasado mes de enero un paquete de medidas, que incluía ventajas fiscales para el alquiler asequible. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, avanzó en mayo la tramitación de una proposición de ley para “impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles”, que permanece atascada en el Congreso y que incluía bonificaciones a los caseros que pongan alquileres ajustados al índice de referencia o por debajo de este.

Freno al alquiler de temporada

El nuevo real decreto-ley incluirá también una limitación a los contratos de temporada, que muchos caseros han utilizado para sortear las limitaciones de la Ley de Vivienda y poder subir los alquileres año a año, para “poner fin al uso fraudulento evidente que se está produciendo”, señaló Sánchez, que habló de “condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada” y de establecer “un régimen sancionados para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración”.

El Ministerio de Vivienda había puesto en marcha una ventanilla única, para que los propietarios de vivienda que quisieran ponerla en alquiler de temporada obtuvieran un número de registro necesario para anunciarse en plataforma, tras justificar la necesidad de ese plazo, frente al alquiler convencional. Esta medida entró en vigor el pasado 1 de julio.

En la misma línea, el presidente ha afirmado que el Ejecutivo va a “poner frente al abuso del alquiler por habitaciones”, tras “detectar una tendencia realmente preocupante”. Se trata de la proliferación de “pisos completos en alquileres por habitaciones con el único objetivo de incrementar las rentas” y que, si la norma llega a convalidarse, deberán limitar el precio conjunto al de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, estar sujetos al control de rentas.

Según ha dicho Sánchez, con estas medidas el gobierno va a ser “implacable con quienes traten de aprovecharse de esta situación” de crisis residencial, mientras apoya a “quienes ofrecen alquiler a precios y condiciones estables”. “Todo ello lo vamos a hacer sin enfrentar a inquilinos con propietarios”, ha señalado el presidente, que ha considerado que va a hacer “la vida más fácil a los 3,5 millones de hogares que viven de alquiler en nuestro país”.