El Comité Federal del PSOE celebrado este sábado en Madrid ha aprobado de forma definitiva las listas con las que concurrirá al Congreso de los Diputados, ratificando a la ministra Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón como cabeza de la candidatura por la provincia de Toledo, y a la de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, como número 1 por Ciudad Real.

Ferraz confirma así las propuestas elevadas por los Comités Provinciales, de igual manera que en la provincia de Cuenca, donde el secretario provincial del PSOE, Luis Carlos Sahuquillo, ocupará el primer puesto de la lista.

La dirección federal del Partido Socialista ha ratificado asimismo las candidaturas de Guadalajara y Albacete, en las que sí ha introducido cambios con respecto a las propuestas elevadas por las direcciones provinciales del PSOE.

La hasta ahora senadora, Amparo Torres, ocupa el primer puesto de la papeleta del PSOE en la provincia de Albacete, desoyendo así la propuesta provincial que el pasado miércoles situaba a Emilio Sáez como número 1.

En el caso de Guadalajara, la dirección Federal ha decidido establecer un intercambio entre las cabezas de lista al Congreso y al Senado con respecto a la propuesta del Comité provincial, situando a la actual alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, como número 1 de la lista al Congreso en sustitución de Rafael Esteban, que pasa a encabezar la candidatura al Senado.

En Ciudad Real, Isabel Rodríguez, que repite como número 1 de la lista, estará acompañada por Julián Nieva, como número 2 por primera vez en las listas al Congreso. Como número tres repetirá Cristina López Zamora, seguida de Santiago Martín Campos, histórico alcalde de Anchuras y candidato independiente, aunque integrado en la lista socialista. Cerrando la candidatura María Montes Sánchez

Para el Senado, el PSOE ha optado por Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan desde 2015 y actualmente en su tercer mandato, como número uno, junto a Pedro Antonio Palomo Mata, alcalde de Carrizosa, como número dos, y María del Carmen Ballesteros Vélez, alcaldesa de Castellar de Santiago, como número tres.

Sergio Gutiérrez en el segundo puesto de la lista en Toledo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Milagros Tolón estará acompañada en la candidatura en la provincia de Toledo por Sergio Gutiérrez Prieto, Cristina Cebas Gregorio, Alberto Hernández Garrobo, Irene Carmena Díaz y Fran Cuadrado Arellano.

Por su parte, en la lista al Senado está encabezada por el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, seguido de María Luisa Rodríguez García y Nacho Hernández Rodríguez.

Sahuquillo ratificado como cabeza de lista en Cuenca

El secretario provincial del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, encabezará la candidatura de los socialistas conquense el Congreso de los Diputados, tal y como había acordado el Comité Provincial del PSOE de Cuenca.

El actual parlamentario nacional irá acompañado en la candidatura en segundo lugar por Yolanda Rozalén, de la Agrupación Local de Cuenca; mientras que ocupará la tercera posición el alcalde de Torrubia del Campo, Pedro Romeral.

Por lo que respecta al Senado, la lista estará encabezada por el actual alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, que llevará como número dos de la candidatura a Montserrat Poyatos, alcaldesa de Cañete; y como tres a Emilio José Osma, concejal del Ayuntamiento de El Provencio.

Torres se queda con el primer puesto e Isabel Belén pasa al Senado

La senadora Amparo Torres será el cabeza de lista del PSOE por la provincia de Albacete, al Congreso, tal como ha establecido el Comité Federal del PSOE.

Junto a Torres, la lista al Congreso continúa con Javier Navarro, en el número dos; Lucía Carreres, en el tercer puesto, y Eliseo Fernández cerrando la candidatura.

Por lo que respecta al Senado, Isabel Belén Iniesta encabezara la candidatura socialista, acompañada de Francho Tierraseca, como número dos, y Rosario Herrera, en el tercer puesto.

El alcalde de Azuqueca de Henares, número dos por Guadalajara

Finalmente, en la provincia de Guadalajara, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, estará acompañada por el actual alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, como número 2, y Margarita Morera en el tercer puesto.

Tras el cambio establecido por el Comité Federal, Rafael Esteban pasa a liderar la propuesta para el Senado, acompañado por Mercedes Gómez y Daniel Jiménez Díaz.

El PSOE de Guadalajara se muestra “satisfecho” a pesar del cambio

El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha declarado este sábado que está “satisfecho” con el acuerdo alcanzado con la dirección federal de su partido de cara a las listas electorales de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, y ha manifestado su intención de “hacer la mejor campaña”.

Durante su participación en los actos con motivo del Día de la Sierra en Bustares, Pablo Bellido ha declarado que “es verdad que a nivel federal había una propuesta, o se ha hecho a última hora una propuesta de cambio, que hemos querido negociar para que se respetase lo fundamental de la propuesta de Guadalajara”.

Bellido ha asegurado que desde el PSOE de Guadalajara se disponen a “acoger a las personas que se incorporan con los brazos abiertos” con el objetivo de “ganar las elecciones”.

El secretario provincial del PSOE ha trasladado su “absoluto agradecimiento a cada militante del Partido Socialista de la provincia de Guadalajara que ha participado en este proceso”.

Asimismo, ha defendido que “España no necesita retrocesos” y que desde Guadalajara harán “lo posible para que en la medida de nuestras posibilidades haya un gobierno progresista, un gobierno que piense en toda España y un gobierno que defienda también el mundo rural”.

“Nos vamos a dejar la piel por esta provincia, que vamos a poner la provincia por delante de cualquier partido político y también del nuestro”, ha declarado Bellido.

Los Comités Provinciales del Partido Socialista en Castilla-La Mancha se han reunido este miércoles en las cinco provincias para consensuar las listas para el Congreso y el Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Los nombres serán elevados a la dirección regional del partido y de forma posterior al Comité Federal que se celebra el próximo sábado 17 de octubre.

En la provincia de Toledo la incógnita sobre si Milagros Tolón encabezaría o no la lista al Congreso se ha resuelto rápido y “por unanimidad” esta tarde, tal y como ya se rumoreaba por mañana. Finalmente será la número 1 al Congreso.

La actual ministra de Educación concurrió a las elecciones generales de 2023 como número 2 -por detrás de Sergio Gutiérrez, secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos -. Que su nombre apareciese en el primer lugar de esta lista estaba en boca de los socialistas 'sanchistas', mientras que del lado del PSOE castellanomanchego liderado por Page se mostraban más reticentes.

La candidatura al Congreso de los Diputados está integrada, además de por Tolón, por Sergio Gutiérrez Prieto, Cristina Cebas Gregorio, Alberto Hernández Garrobo, Irene Carmena Díaz y Fran Cuadrado Arellano. Y como suplentes: Ana Paula Bermúdez Daíz, Francisco Javier Pasamontes Orgaz y Gema Calderón Roizo.

Por su parte, en la lista al Senado estará encabezada por José Manuel Tofiño, acompañado por los y las socialistas María Luisa Rodríguez García y Nacho Hernández Rodríguez. Y como suplentes: Elena Sonseca Majano, Javier Payo Béjar, Álvaro Martín Gutiérrez, Rosa Moreno Suela, María Serrate Mayoral y Fernando Díaz Martín-Escudero.

Las candidaturas han recibido el respaldo unánime de los y las asistentes al Comité Provincial de las distintas agrupaciones locales del PSOE de la provincia de Toledo. Las propuestas presentados por la Comisión Ejecutiva Provincial se han elaborado a partir de las aportaciones realizadas por las agrupaciones locales durante los días previos, en las que han expresado sus preferencias sobre los compañeros y compañeras que deben integrar ambas listas.

Lista al Congreso y Senado por Ciudad Real

El Comité Provincial del PSOE en Ciudad Real ha aprobado por unanimidad la propuesta de candidaturas provinciales al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

A la cabeza de la lista para el Congreso se encontrará Isabel Rodríguez, la actual ministra de Vivienda, seguido de Julián Nieva -alcalde de Manzanares y actual senador que da el salto a la Cámara Baja-. Se mantiene a Cristina López Zamora, portavoz provincial del PSOE provincial en Ciudad Real, en la tercera posición. El cuarto puesto volverá a ser para Santiago Martín Campos, histórico alcalde de Anchuras y candidato independiente, aunque integrado en la lista socialista.

Cierra la candidatura María Montes Sánchez, concejala del PSOE en Ciudad Real y hasta ahora secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia, responsabilidad que deja por edad.

Isabel Rodríguez ha expresado durante el comité, que las elecciones generales del 29N son “la antesala” de las municipales: “Igual que ocurrió en 2019, una victoria electoral de Pedro Sánchez y de los socialistas el próximo 29 de noviembre es la antesala a la recuperación de los gobiernos municipales y a seguir conquistando y ganando espacios en las ciudades que perdimos entonces y consolidando las que ya gobernamos”.

En el caso del Senado, la lista por el PSOE la encabeza Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan desde 2015 y actualmente en su tercer mandato. Ya había anunciado que no repetirá como candidata socialista a la Alcaldía de Alcázar en las municipales de 2027, un relevo que previsiblemente asumirá Gonzalo Redondo, actual secretario general del PSOE y que en las elecciones generales de 2023 ocupó el número dos de la candidatura socialista al Congreso por Ciudad Real.

La acompañarán Pedro Antonio Palomo Mata, alcalde de Carrizosa, como número dos, y María del Carmen Ballesteros Vélez, alcaldesa de Castellar de Santiago, como número tres.

Los nombres en Cuenca

Las candidaturas en el Comité Provincial del PSOE de Cuenca se han aprobado también por unanimidad. El secretario provincial del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, encabezará la candidatura de los socialistas conquense el Congreso de los Diputados.

El actual parlamentario nacional irá acompañado en la candidatura en segundo lugar por Yolanda Rozalén, de la Agrupación Local de Cuenca; mientras que ocupará la tercera posición el alcalde de Torrubia del Campo, Pedro Romeral.

Como suplentes estarán Teresa Rus Martínez, de la Ejecutiva Local de San Clemente; Jesús Valía, alcalde de Mariana; y Teresa Valenzuela, natural de Villanueva de la Jara y miembro de la Ejecutiva Regional de Juventudes Socialistas.

Por lo que respecta al Senado, el actual alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, estará acompañado de Montserrat Poyatos, alcaldesa de Cañete y de Emilio José Osma, concejal del Ayuntamiento de El Provencio.

Los suplentes irán Irene Mejías, concejala del Ayuntamiento de El Peral y secretaria de Organización de Juventudes Socialistas en la provincia de Cuenca; Lidia Izquierdo, secretaria general de la Agrupación Local de Las Pedroñeras; Vicente Alarcón, natural de Quintanar del Rey; Joaquín Cuadrado, de la Agrupación Local de Cuenca; Raquel Cuesta, concejala del Ayuntamiento de Huete; y Esther Blanco, concejala del Ayuntamiento de Villalba del Rey.

Emilio Sáez, cabeza de lista al Congreso en Albacete

El secretario general del PSOE de la ciudad de Albacete y diputado nacional, Emilio Sáez, será quien encabece la candidatura del PSOE de Albacete al Congreso.

El Comité Provincial de los socialistas albaceteños ha aprobado con un 98,42% a favor las propuestas de listas electorales al Congreso de los Diputados y al Senado.

Junto a Sáez estarán Isabel Belén Iniesta, en el número dos; Javier Navarro, en el tercer puesto; y Lucía Carreres, como cuarta candidata. Completarían la lista como suplentes Eliseo Fernández, María Pilar Martínez Romero, Luis Sáez Tejas y Pilar Peña Veleta.

Por lo que respecta al Senado, Amparo Torres encabezaría la candidatura socialista. La acompañarían Francho Tierraseca, como número dos, y Rosario Herrera, en el tercer puesto. Los suplentes serían Manuel Miranda y Mari Fuentes para la primera candidatura; Paula García y Luis Sánchez para la segunda; y José Ignacio López y Almudena Vázquez para la tercera.

En Guadalajara, Rafael Esteban irá como número 1

Las candidaturas de Guadalajara fueron las últimas en conocerse cerca de la medianoche. Se aprobaron por unanimidad y será el actual alcalde de Marchamalo y senador durante la anterior legislatura, Rafael Esteban, quien encabece la lista al Congreso. Mientras que la candidatura al Senado será liderada por la alcaldesa de Sigüenza y parlamentaria regional, María Jesús Merino. Ambos han obtenido el cien por cien del apoyo de las 28 agrupaciones socialistas de la provincia de Guadalajara.

La lista que se ha confeccionado para el Congreso cuenta, además, como número dos a María Mercedes Gómez Mena -anterior subdelegada de Gobierno de España en Guadalajara- y a Marco Antonio Campo Sanchis -actual alcalde de Cifuentes y diputado provincial-.

Como suplentes, María Ángeles Moreno Sánchez, Jaime Muñoz Pérez y Jimena Calvo Sánchez.

Mientras que, en la candidatura al Senado, se incluye a Miguel Óscar Aparicio -actual regidor en Azuqueca de Henares que ya anunció que no revalidaría candidatura municipal- y a Margarita Morera Andréu, regidora de La Yunta y diputada parlamentaria provincial.

Los suplentes son Eduardo Losa López, África Cortés Ayuso, Esperanza Magán Bronchalo, Vladimiro Pastor Gutiérrez, Ignacio José Andarias Morínigo y M.ª Luisa Alba Hervias.

La militancia socialista ha aprobado con por “amplia” mayoría la propuesta para que la ministra de Vivienda, exalcaldesa y militante del PSOE de Puertollano, Isabel Rodríguez, concurra como candidata a las listas del Congreso de cara a las elecciones generales de 29 de noviembre.

Con ello, Isabel Rodríguez repetiría en la lista electoral de los socialistas de Ciudad Real, donde ya concurrió como número uno en los comicios de julio de 2023. Entonces el número dos lo ocupó Gonzalo Redondo, que ya ha anunciado que no repetirá en la candidatura. Las listas del PSOE que proponga la Ejecutiva provincial se conocerán este mismo miércoles.

Isabel Rodríguez es la propuesta de los socialistas puertollanenses que se ha remitido a la dirección provincial para que sea tenida en cuenta y así, este próximo miércoles, poder decidir en el Comité Provincial las listas al Congreso de los Diputados y al Senado por esta circunscripción.

“Los socialistas encaran esta cita electoral fundamental para nuestro país, en el que deben primar las cuestiones sociales de la mayoría social frente al ruido y el odio”, defiende la Agrupación Socialista Municipal de Puertollano.

Fumata blanca. PSOE y Sumar han cerrado este martes al filo de las 11.00 horas un acuerdo para aprobar un paquete de medidas sobre vivienda que conllevará dos decretos distintos: uno amplio con la prohibición de los desahucios hasta 2030 o la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, y otro separado que recoja únicamente los alquileres indefinidos. El Gobierno ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso este próximo viernes para intentar convalidar ambos textos, que necesitan del apoyo tanto de Junts como de Podemos para salir adelante.

Todavía no se conoce el texto completo de ambos decretos, pero el Gobierno ha confirmado que la conversión —en la práctica— de los contratos de alquiler en indefinidos salvo que el propietario de la vivienda la necesite para sí o sus familiares estará en un decreto diferente a todo el resto de medidas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido en la rueda de prensa que los apoyos para dicho texto no están atados: “Ciertamente no hemos podido trabajar con los grupos con la dedicación del otro decreto”.

Rodríguez ha pedido este martes a todos los grupos del Congreso “altura de miras” y “generosidad” durante la tramitación parlamentaria de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, para que puedan ser convalidados este mismo viernes, en un Pleno extraordinario. En rueda de prensa, Rodríguez ha asegurado que en torno a la vivienda “hay un gran consenso social y faltaba un consenso y un acuerdo político” que el Gobierno confía en conseguir en las próximas horas.

En el decreto principal, el más amplio, una de las medidas estrella será la protección antidesahucios, que se extenderá hasta 2030 y no hasta 2028, como el PSOE planteó inicialmente. Asimismo, entre las medidas aprobadas este martes en el primer macrodecreto se encuentra la regulación de alquiler de temporada y, finalmente, también por habitaciones, aunque el Ministerio de Vivienda era reacio a ese segundo punto hasta el lunes por la tarde.

De la misma manera, se aprueba la prohibición a los fondos buitre de comprar vivienda hasta el año 2028 y la posibilidad para los inquilinos de solicitar la prórroga por dos años de su contrato de alquiler si esta finaliza antes del 31 de diciembre de 2028.

A estas medidas se sumará la financiación al 0% de interés de la entrada para la compra de la primera vivienda. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, esta ayuda se dará independientemente de la edad del potencial comprador. En cuanto a las bonificaciones fiscales, el Gobierno permitirá desgravarse el alquiler a los inquilinos con ingresos de menos de 33.000 euros anuales, una medida que, según ha afirmado la ministra Rodríguez, puede ayudar a 1,6 millones de personas.

La titular de Vivienda ha asegurado que la definición de fondo buitre en el Real Decreto-Ley aprobado este martes será “muy rigurosa” y que Urbagestión, la compañía detrás del desahucio de Maricarmen, “en puridad quizá no fuera un fondo”, pero “es una pyme buitre, muy carroñera”.

“Nuestra ambición no es ponerles palos en las ruedas a las empresas”, ha dicho la titular de vivienda, sino que se busca que “las empresas no tengan prácticas especulativas” y “orientar que la inversión vaya dirigida a vivienda pública y asequible”.

La acampada se mantiene expectante pero rechaza trocear las medidas

A tres kilómetros de la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa se encuentra una Puerta del Sol repleta y expectante a la espera de la letra pequeña del paquete de medidas. Las centenares de personas que están en la plaza recibieron el lunes por la noche la buena noticia de que Maricarmen podrá volver a su casa tras dar marcha atrás Urbagestión y ahora esperan a los detalles.

El Sindicato de Inquilinas no aclara por el momento la continuidad de la acampada en Sol, a la espera de conocer los pormenores. “Estamos demostrando cómo el poder popular nos lleva cada vez más lejos, después de la victoria histórica que supone que Maricarmen vuelva a su casa. Tenemos todos los ojos en el texto, en la letra pequeña, para que sea el decreto Maricarmen”, ha apuntado Alicia del Río, portavoz de la organización.

“No aceptamos la táctica de romper en cachitos y dividir el decreto Maricarmen. Queremos un decreto que de verdad mejore nuestras vidas, que no sea engañarnos una vez más”, expone Valeria Racu, también activista del sindicato. Cree que trocear el decreto abona “campañas partidistas que no interesan al pueblo”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que el desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años desahuciada este miércoles, ha “removido la conciencia” de los grupos políticos y “ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas” en las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda.

Así lo ha expresado Rodríguez en una entrevista en el programa Malas Lenguas de TVE, donde ha declinado responder a si dicho decreto se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, como ha pedido su socio en el Gobierno Sumar, pero ha indicado que el compromiso de los grupos es “poderlo aprobar lo antes posible”, según recoge Europa Press.

“Yo sé que no se entiende”, ha subrayado al explicar que el Gobierno podría “aprobarlo mañana”, pero sin el apoyo del resto de grupos en el Congreso este decreto no se convertirá en ley y no se habrá “conseguido nada”.

(Estamos ampliando esta información)

El Tribunal Constitucional, como antes había hecho con otros recursos de comunidades autónomas del PP, ha desestimado igualmente el recurso del Gobierno vasco contra la ley estatal de vivienda de 2023, promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Era un pleito judicial políticamente muy relevante, ya que fue promovido exclusivamente por la parte del PNV del Ejecutivo autonómico cuando el lehendakari era Iñigo Urkullu y contra el criterio del consejero del ramo, Iñaki Arriola, de la parte socialista de la coalición. Eneko Andueza, líder del PSE-EE, llegó a comparar a Urkullu con Isabel Díaz Ayuso en aquellos días.

Es tan extraña la situación que el actual titular de Vivienda, el también socialista Denis Itxaso, ha celebrado expresamente que su Gobierno haya perdido ante el Constitucional. La parte del PNV, de su lado, no ha realizado ninguna valoración.

No obstante, PNV y PSE-EE ya se han 'reconciliado' políticamente en materia de Vivienda tras años de discrepancias que se iniciaron con los socialistas imponiendo desde la oposición al Gobierno de Urkullu, en 2015, la normativa vasca que sigue en vigor fruto de un pacto con EH Bildu y UPyD. En los últimos años, han aprobado ya iniciativas conjuntas y, de hecho, el lehendakari Imanol Pradales puso en valor esta semana en la Cadena Ser que Euskadi aplica la principal palanca de esa ley estatal, las zonas tensionadas.

Itxaso ha anunciado la resolución constitucional con hasta tres fotografías suyas con la ministra, Isabel Rodríguez. “No debe interpretarse en términos de una pérdida para Euskadi”, ha manifestado quien en aquella época, además, era el delegado del Gobierno de España en la comunidad autónoma, es decir, la parte recurrida. Itxaso entiende que es “la confirmación de que la legislación estatal y las competencias vascas en materia de vivienda pueden complementarse para ampliar la capacidad de las administraciones públicas frente a la emergencia habitacional”

“El Constitucional confirma algo que desde el Departamento de Vivienda defendimos desde el principio: la ley estatal de Vivienda no vacía nuestras competencias. Al contrario, nos proporciona nuevos instrumentos para ejercerlas y para intervenir allí donde el mercado por sí solo no está siendo capaz de garantizar el acceso a una vivienda asequible”, entiende Itxaso. Sobre la postura del PNV en 2023, abunda que “aquella interpretación” fue “excesivamente defensiva” y “no era necesaria”. De hecho, ha agregado que la aplicación de las zonas tensionadas empieza ya a ofrecer señales de contención de los precios del alquiler en zonas carísimas como Donostia.

En una nota, el Constitucional ha explicado la ponente de la sentencia ha sido Inmaculada Montalbán y que “aplica la doctrina establecida” en otros recursos, aunque como se formulaban “impugnaciones específicas novedosas” se han hecho nuevas revisiones y también han sido “desestimadas”. Por ejemplo, se dice que la ley estatal “no impide que las comunidades autónomas puedan definir su propio índice de referencia para el ejercicio de sus competencias”. Como detalle, la corte de garantías informa de que la sentencia incorpora el voto particular de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.

El enésimo intento por aprobar un nuevo decreto de vivienda que frene la especulación con alquileres de temporada y de habitaciones y potencie el parque público de casas volvió a fracasar en julio. Chocó con los reproches de Junts, pero también con la oposición frontal de Podemos y plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas a las modificaciones incluidas a la Ley del Suelo, que, denuncian, la hacen más permisiva ante ilegalidades. Por ello, el decreto volvió al cajón y el Consejo de Ministros espera aprobar un nuevo texto este mes de septiembre, aunque no aclara por el momento si modificará estos puntos o cómo satisfará las reclamaciones de los socios.

Sumar, por su parte, estaba dispuesto a aprobar el texto con las modificaciones de la Ley de Suelo, aunque no le convencían, pero ahora espera un nuevo texto “a ver si lo afinan”, dicen fuentes del partido. Si este revés vuelve a dilatar un decreto de vivienda que Pedro Sánchez ya anunció hace siete meses, en febrero, aún retrasa más las medidas con respecto a la Ley de Suelo, que ya fue tumbada en el Congreso en mayo de 2024 y febrero de 2025, con críticas de oposición y de socios de Gobierno. A la oposición de los partidos se le suma ahora otro obstáculo: la crisis de Ceuta ha monopolizado los esfuerzos del ejecutivo y paralizado aún más las negociaciones.

Los artículos del nuevo decreto que levantan ampollas entre los colectivos sociales son las reformas del 13 y el 14 de la Ley de Suelo, que limitan el poder de las impugnaciones ante los proyectos. Con el fin de no empantanar proyectos enteros por irregularidades que no afectan a la totalidad, el artículo 13.6 de la Ley de Suelo queda modificado de forma que “se conservarán todas las actuaciones y trámites no afectados por el vicio cometido”.

Esto quiere decir que si un plan urbanístico es recurrido por irregularidades, se frenarán solo las partes del plan afectadas por las mismas, de forma que el resto de obras –entre las que puede haber, por ejemplo, vivienda protegida– no queden paralizadas.

El abogado especialista en vivienda Pablo Feu cree que “tiene sentido” que esto sea así, pero alerta de que solo dos epígrafes antes, en el 13.4, se abre la puerta a que “si una irregularidad se comete de acuerdo a una normativa vigente, aunque esta normativa esté mal, no se podrán frenar los proyectos”, apunta el experto, sobre uno de los puntos más técnicos pero a la vez más peligrosos, a su parecer, de la nueva norma.

Oposición de Podemos, Greenpeace y Sindicato de Inquilinas

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace España, es más crítica todavía con este punto. “Básicamente, ninguna construcción va a poder ser declarada nula, el constructor tendrá que corregir solo algunas partes”, asevera. “En algunos casos, se darán por buenos proyectos que no lo son por tal que no queden paralizados y eso no nos gusta”, añade.

El rechazo de Podemos también se basa en que “la reforma afecta al sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico, lo que dificultará que organizaciones ecologistas puedan recurrir pelotazos urbanísticos”, según fuentes del partido, que añaden que se trata de un texto “prácticamente idéntico al presentado por el PP en 2018, por el propio PSOE en 2024 y por PSOE y PNV en 2025”. “En la práctica, esto implica convalidar ilegalidades en materia urbanística y que, incluso si un tribunal establece que la actuación urbanística es ilegal, pueda quedarse en las mismas condiciones”, dicen sobre las modificaciones

El otro artículo que despierta rechazo, incluso más frontal, es el 13.7 del borrador que “limita la capacidad de organizaciones de plantear recursos, lo que ahonda en la línea de que actuaciones urbanísticas ilegales puedan ser convalidadas”, dicen desde Podemos.

Para el abogado Pablo Feu, este punto es incluso peor que el anterior. Concretamente, el nuevo artículo dice que “la impugnación con carácter indirecto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística solo será posible cuando no haya transcurrido el plazo de cuatro años, contados desde el día siguiente al de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva”.

Solo cuatro años para impugnar un plan

“Si se aprueba un plan urbanístico y el promotor espera cuatro años para pedir la licencia, que es cuando se evidencia lo que está haciendo, la nueva ley no permitirá impugnarlo. Aparte de ser injusto, se carga por completo el sistema de procedimiento administrativo”, denuncia Feu.

Las nuevas modificaciones también incluyen que la invalidez de las nulidades por recursos será aplicable también de manera retroactiva, ante proyectos urbanísticos iniciados antes de que la ley entre en vigor. Es más, establece que el juez deba permitir subsanar los errores al promotor incluso tras la sentencia contra un plan urbanístico. “Esto es una barbaridad jurídica”, dice Feu, que alerta como las plataformas del riesgo de “amnistías urbanísticas”.

Las modificaciones responden a una reivindicación histórica del sector de la construcción para agilizar la producción de vivienda. A finales de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe que recomendaba reducir trabas burocráticas y regulatorias para agilizar la construcción de vivienda protegida, entre los cuales estaba limitar las nulidades totales de los planeamientos.

Pero incluso voces muy críticas con las patronales y constructoras asumen la importancia de esta medida. Es el caso de Ignacio Ezquiaga, economista experto en vivienda en Funcas, asegura que limitar las nulidades es algo “muy positivo” porque permitirá “desencallar” proyectos y que no se trunquen planes que estén bien por detalles que estén mal. “Cuatro años para impugnar es tiempo suficiente”, defiende sobre el otro punto.

Voces a favor de la norma

En la misma línea, Javier Burón, economista y director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra (Nasuvinsa), expresa que “es bueno que se diferencie entre vicios subsanables y no subsanables”. “Cambiar un plan general por cualquier error cuesta hoy muchos años y supone empezar de nuevo. Los inversores no van a poner dinero en un mercado donde todo puede cambiar en función de las impugnaciones. Debemos tener un urbanismo diligente sin caer en los vicios previos a la burbuja”, desarrolla Burón.

Las plataformas y la izquierda, mientras tanto, ponen como ejemplo el hotel del Algarrobico, en Almería, con 21 plantas a escasos metros del mar en el Cabo de Gata que fue declarada nula este mes de julio, 23 años después de que la licencia fuera concedida. Las obras quedaron paralizadas en el 95% de su ejecución en 2006, cuando un juzgado ordenó paralizarla tras las reivindicaciones de ecologistas. “Con esta ley, seguramente no se podría derribar El Algarrobico”, asevera Díez, de Greenpeace.

Los silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales o la eliminación del derecho de reversión para antiguos propietarios si en un tiempo no se ejecutan las obras planeadas de vivienda son otros de los aspectos que no convencen.

Las voces más críticas han visto similitudes entre las modificaciones de la Ley de Suelo estatal y la conocida como ley Líder aprobada el mes de julio por la Comunidad de Madrid. La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región se votará en septiembre –y saldrá adelante, presumiblemente, con la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso– y sustituye a la Ley de Suelo de 2001 y la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 1995. La nueva norma unifica las normas de urbanismo y de reordenación del territorio y disminuye el plazo de los planeamientos urbanísticos de doce a unos cuatro años.

El Gobierno de Ayuso justificaba la necesidad de la norma para agilizar la construcción de vivienda, pero las plataformas ciudadanas se oponen. Tampoco lo ve con buenos ojos el Ministerio de Vivienda, que en abril presentó alegaciones alertando de que los cambios presentados pueden abrir la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”. Lo mismo que denuncian las voces a la izquierda del ejecutivo central de la Ley de Suelo, informa África Gelardo.

Más allá de la Ley del Suelo, otras medidas del nuevo decreto sí que gustan a plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas. Las nuevas prórrogas de dos años para inquilinos, las facilidades para que Casa 47 se haga con suelos públicos, la limitación temporal y formal del alquiler de temporada y de habitaciones o un mayor impulso económico y financiero a la vivienda asequible deben contribuir a mejorar la situación actual de la vivienda en España, según estas voces.

Pero, por mucho que se modifiquen o se eliminen del decreto los cambios a la Ley del Suelo, el decreto sigue sin contar sin los apoyos suficientes en el Congreso sin los votos de Junts. Para la formación catalana, el problema no son los aspectos urbanísticos, sino la no inclusión de medidas para desgravar a inquilinos e hipotecados. El reto de la ministra Isabel Rodríguez de conseguir un texto que satisfaga a unos y a otros en este mes no es sencillo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que las víctimas de la violencia machista tienen “blindada” la cobertura en materia de vivienda, gracias al plan estatal, y ha pedido el compromiso de todas las administraciones para seguir avanzando en una protección que, para algunas mujeres, es “su tabla de salvación”.

Rodríguez, que ha visitado en Valladolid una promoción de viviendas de alquiler asequible cofinanciada por el Gobierno, ha hecho referencia así a las críticas suscitadas por los cambios realizados por el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) en el protocolo de acceso al parque de vivienda pública, donde se ha sustituido el término violencia de género por doméstica.

Ha reconocido que ha podido hablar con el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), quien la ha transmitido un mensaje de tranquilidad, y le ha asegurado que “efectivamente en la ciudad ninguna mujer va a dejar de estar asistida”, frente a aquellas críticas que afirman que con la nueva redacción las víctimas de violencia machista podrían quedar fuera de los colectivos prioritarios.

La ministra ha insistido, por su parte, en que “ninguna mujer víctima de violencia de género va a dejar de estar asistida en los recursos especiales que el Gobierno de España está poniendo en marcha gracias al Plan Estatal de Vivienda”, ya que están “blindadas” con líneas de ayuda específicas para este colectivo.

“Si la vivienda es importante para todos como derecho, para una mujer que sufre esa violencia, la vivienda es su tabla de salvación”, ha reconocido, para afirmar que todas la administraciones públicas “tienen que estar a una” para avanzar en la construcción de viviendas, y también en la protección a las víctimas de violencia machista.

Ayudas garantizada en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha vuelto a garantizar que las víctimas de violencia machista en la ciudad no se van a quedar sin acceder a una vivienda pública, si lo necesitan, lo solicitan y cumplen con los requisitos, y ha asegurado que para ello no se necesita modifica el protocolo.

Ha recordado que el Plan Director de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Valladolid, recién aprobado y con vigencia hasta el año 2030, recoge ayudas a víctimas de violencia de género; y ha comprometido que él mismo, personal, política y humanamente, “no va a permitir” que ninguna mujer se quede sin ayuda.

Carnero ha apuntado también que se darán las oportunas explicaciones en la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, convocada para el próximo lunes, 31 de diciembre, y ha defendido una vez más que los cambios introducidos en el protocolo amplían, mejoran y agilizan las ayudas en materia de vivienda.

Además, el regidor ha vuelto a pedir al Ministerio de Igualdad que colabore con el Ayuntamiento de Valladolid en al lucha contra la violencia de género al menos recuperando la cuantía de las aportaciones que recibían en 2023, de 131.000 euros, y que se han visto incrementadas en un 17 % en los últimos años.

“Esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Es uno de los eslóganes que, con mayor insistencia, ha utilizado el Gobierno desde que revalidó su mandato en 2023. El propio presidente Pedro Sánchez ha hecho bandera de ello en múltiples ocasiones, así como los ministros del ala socialista del Ejecutivo. No obstante, el acceso a un techo sigue siendo el principal problema de los españoles, según revelan consistentemente los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el último el de julio.

El decreto para paliar las subidas de los precios del alquiler, recientemente postergado hasta septiembre, se perfila como una de las últimas oportunidades para que el Gobierno adopte algunas de las medidas que ha ido prometiendo, pero que han quedado en agua de borrajas en una legislatura dificultada por la compleja aritmética parlamentaria, pero también protagonizada por choques entre las dos almas del Consejo de Ministros.

La medida estrella de ese decreto que el Gobierno quería poner en marcha en julio, pero que se ha visto obligado a retrasar a septiembre ante la negativa —por motivos muy diferentes— de Junts y Podemos a convalidarlo en su actual redacción, es la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028. Se trata de una medida que el PSOE únicamente aceptó a regañadientes en el primer decreto que el Ejecutivo aprobó hace unos meses, el cual fue tumbado a finales de mayo en el Congreso por PP, Vox y Junts.

Los socialistas han aceptado volver a incluirla en este segundo texto, puesto que los independentistas catalanes han dado señales de poder aceptarla a cambio de que se incluyan en el texto sus reivindicaciones: básicamente, exenciones fiscales a inquilinos y propietarios con hipoteca y medidas para facilitar los desahucios exprés.

Pero el decreto que ha preparado el Gobierno —y que tendrá que reescribir al menos en parte si logra un acuerdo en verano con Junts y Podemos— incluye otras medidas de calado que PSOE y Sumar prometieron aplicar durante la legislatura en el pacto de coalición que cerraron a finales de 2023, pero que aún siguen en un cajón. Las dos fundamentales son las que servirían para endurecer, respectivamente, la regulación del alquiler temporal y del arrendamiento por habitaciones, para evitar que los propietarios —especialmente en zonas tensionadas— utilicen estas figuras de manera fraudulenta para poder aplicar precios más altos a sus pisos, cambiar más fácilmente de inquilinos y tener menos obligaciones para con ellos.

Estas medidas no venían expresamente recogidas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, pero se han convertido en la prioridad del Ministerio de Vivienda en la última parte de la legislatura, aunque previa presión de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda. De hecho, estos colectivos presentaron —vehiculándola a través de Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG— en el Congreso una proposición de ley en julio de 2024 para equiparar los arrendamientos de vivienda habitual, a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos, con los alquileres por meses y los que afectan a una sola habitación de un inmueble. Ese primer texto fue rechazado por Junts, PP y Vox, pero la polémica fue tal que se volvió a presentar tres meses después.

La tramitación de esa segunda proposición de ley impulsada por la izquierda avanzó relativamente rápido, pero se estancó el pasado noviembre, en su penúltima etapa. Desde entonces, sigue congelada, y de ahí que Vivienda haya optado por intentar aprobar la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones en el decreto. En concreto, el Gobierno pretende establecer una duración máxima de 12 meses para los contratos de temporada, que deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. En cuanto a los contratos de habitaciones, con el decreto estarían amparados por la ley de arrendamientos urbanos, lo que establecería una duración mínima de cinco años para los contratos y ampliaría las restricciones para los caseros, que, por ejemplo, ya no podrían aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El Ejecutivo también aspira a incluir en el paquete de medidas otra de las promesas que hizo en su pacto de coalición al inicio de la legislatura, pero que no se han trasladado al BOE hasta ahora: la modificación de “la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas” para desincentivar su explotación. En concreto, el borrador del decreto que, por el momento, rechazan Junts y Podemos establece un endurecimiento en la fiscalidad de los pisos turísticos, que tendrían que comenzar a pagar un IVA del 21% —no del 10%, como los hoteles— cuando estén situados en municipios de más de 10.000 habitantes.

Asimismo, el paquete de medidas permitiría a los ayuntamientos aplicar un recargo en el IBI a los dueños de pisos turísticos situados en zonas de mercado tensionado, y se elevaría el impuesto cobrado a las socimi cuyos beneficios procedan del arrendamiento de viviendas, incluido el de tipo vacacional. Y el Gobierno pretende recuperar a través del decreto una medida que PP, Vox, Junts y el PNV le tumbaron en febrero: la moratoria antidesahucios para que no se pueda echar de sus casas a familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Lo que no se prevé que se traslade al nuevo decreto es otra de las medidas que PSOE y Sumar prometieron poner en marcha durante la legislatura, pero que lleva siendo un punto débil en la puesta en marcha de políticas públicas en materia de vivienda desde hace años: la actualización del censo de inmuebles vacíos. Los últimos datos oficiales a nivel estatal corresponden al año 2021, y revelan que hay en torno a 3,8 viviendas sin ocupar en España. Pero falta información, por ejemplo, sobre el estado de estos inmuebles y las razones por las que se encuentran vacíos.

Lo que sí se ha hecho durante la legislatura

A diferencia de todas esas medidas, que por unos motivos u otros no se encuentran ahora mismo en vigor, el Gobierno sí ha logrado la puesta en marcha de algunas de las iniciativas en materia de vivienda que incluía el acuerdo de coalición PSOE-Sumar. El grueso de ellas se encuentran incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una inversión de 7.000 millones de euros y cuyo reparto económico fue aprobado de manera definitiva el pasado mes de mayo. Lo pactado con las comunidades es que un 40% del dinero que les corresponda de ese montante total deben invertirlo en la construcción de viviendas protegidas, que además estarán blindadas y no se podrán desproteger pasados unos años, mientras una parte importante del dinero debería utilizarse para rehabilitación de inmuebles. Ambas medidas estaban recogidas en el acuerdo de Gobierno.

Durante la legislatura, asimismo, el Ejecutivo ha consolidado el bono joven para alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales de la que se pueden beneficiar las personas de entre 18 y 35 años con rentas iguales o inferiores a 21.600 euros anuales. De la misma manera, se ha desarrollado una línea de avales del ICO para compra de vivienda para menores de 35 años.

El nuevo decreto de vivienda elaborado por el Gobierno sigue vivo y debe sufrir cambios hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como se espera. El PSOE y Sumar aún deben convencer a Podemos, PNV y Junts para que voten a favor después de sus críticas al borrador que circuló este miércoles, al que elDiario.es ha tenido acceso.

Uno de los principales puntos de este decreto es el de incluir el alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los contratos de temporada tendrán un máximo de 12 meses y deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. A la que pasen de ese marco temporal, serán considerados como vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, con el nuevo decreto sí que se encuadrarán en esta categoría y estarán amparados por la LAU. Eso significa que los contratos serán de cinco años, siete si es con empresas, y estarán acogidos a las mismas prórrogas y condiciones. Por ejemplo, el casero no podrá aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El nuevo decreto también establece que la suma de los alquileres de habitaciones no puede ser mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las Comunidades Autónomas o ciudades donde hay control de precios.

Los inquilinos quedan también más protegidos con el nuevo decreto ante los caseros en cuanto a la devolución de fianzas y las reparaciones. Por ejemplo, para que se descuenten cuantías deberán firmar tanto casero e inquilino un documento de conformidad de que ha habido daños.

Las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste de uso correrán a partir de ahora a cargo del casero, si se aprueba el decreto. Y los inquilinos tendrán derecho a presentar un presupuesto para reformas de mayor calado que, de no ser aprobado por el propietario en unos días, podrán tirar adelante y descontarse después el coste de las rentas. Además, las reparaciones de vivienda habitual estarán exentas de IVA.

En cuanto a los desahucios, las Comunidades Autónomas deberán ofrecer vivienda alternativa a las familias que sufran un lanzamiento, ya sea de alquiler o de compra. Si no lo hacen, este quedará suspendido. Y, durante la suspensión, si el casero no es un gran tenedor, la Comunidad Autónoma deberá cubrir los impagos del inquilino y pagar el alquiler al casero. Para que eso sea posible, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una prórroga más amplia

La prórroga de los contratos de alquiler es una de las grandes novedades de más rápido efecto del nuevo decreto. Además de garantizar que todas las extensiones solicitadas durante el periodo de vigencia de la ley se cumplan, se tendrán que otorgar ampliaciones obligatorias a todos los inquilinos cuyo contrato finalice antes de junio de 2028. Esto protegerá a miles de inquilinos de subidas de precios del alquiler o expulsiones, a no ser que el propietario necesite irse a vivir a esa casa.

Si el nuevo texto sale adelante, no se podrán repercutir gastos extra a los inquilinos en los mercados tensionados para aumentar el precio topado del alquiler.

Tampoco las viviendas de alquiler asequible o protegido podrán tener gastos extras que aumenten el precio por encima del 30% de la renta del inquilino, como está sucediendo en el Plan Vive de Madrid.

Otra situación que podría afectar al Plan Vive es que los inquilinos siempre tendrán derecho preferente de compra en las viviendas que se vendan, incluso en casos en que se vendan en paquetes o en bloque. En esos supuestos, el precio individualizado de la vivienda ha de estar prefijado y los inquilinos tendrán compra preferente, derecho que Avalon ha negado recientemente de manera expresa a sus inquilinos.

Además, el Estado también podrá ejercer a través de la empresa pública Casa 47 derecho a tanteo y retracto en la venta de viviendas y más concretamente en los paquetes. De esta forma, podría tener una vía rápida a la compra de casas en pack de grandes fondos como sucedió con las 5.000 de Blackstone, que finalmente compró otro fondo, el canadiense Brookfield.

Casa 47 se dota así de una herramienta para adquirir más vivienda pública que la que pueda construir, que se sumará además a las miles procedentes de la Sareb. Pero no es la única: también absorberá casas de otros entes estatales como Adif, la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda de Defensa (Invied) o Muface.

Nuevos impuestos a las socimis

Las socimis (sociedades cotizadas inmobiliarias), que hoy en día no pagan impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15 y el 25% por su actividad, que se verá bonificado si ponen gran parte de su vivienda en alquiler social.

El texto incluye también algunas medidas fiscales como que los pisos turísticos tengan IVA o la bonificación en el IRPF a caseros que alquilen a gente joven, a precio asequible o que bajen el alquiler y también a inquilinos jóvenes. Este ha sido uno de los puntos que ha dejado insatisfecho a Junts, que esperaba bonificaciones a hipotecados y a inquilinos en general, así como medidas antiokupación.

El decreto autoriza al Ministerio a poner en marcha una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.000 millones para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.

El Gobierno obligará también a poner el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso cuando no estén en zonas tensionadas.

Y promociona el ahorro de familias con los Seguros Individuales a Largo Plazo (SIALP) y las cuentas de inversión a los jóvenes mediante los planes Financia Europa.

Por último, el punto que más ha inquietado a Podemos es la modificación de la Ley del Suelo con este decreto, que cree que podría legalizar proyectos ilegales de manera retroactiva y reducir controles sobre proyectos futuros. El texto agiliza los planes urbanísticos con tal que defectos menores no paralicen desarrollos completos y establece silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales. Además, elimina el derecho de reversión para antiguos propietarios si en los terrenos adquiridos se hace vivienda protegida.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodriguez, ha reclamado a las comunidades autónomas que se dejen de “pleitos” sobre el Plan Estatal de Vivienda, después de que los Ejecutivos regionales de Madrid o Andalucía hayan recurrido al Tribunal Supremo tras aceptar el reparto de los fondos que ha puesto el Estado.

“No entiendo por qué, ya que hemos logrado un acuerdo, insisten en que nos peleemos”, ha dicho la responsable de Vivienda durante la clausura del curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

La ministra ha apuntado que el Plan Estatal de Vivienda se hace, por primera vez, al amparo de la Ley de Vivienda de 2023 y que recibió el aval del Consejo de Estado, por lo que confía en su rigor jurídico.

Las comunidades del PP ya amenazaron con votar en contra del Plan durante la Conferencia Sectorial de Vivienda, pero finalmente todas apoyaron el programa para invertir hasta 7.000 millones de euros hasta 2030. “Es el paradigma de los tiempos que vivimos. Ni siquiera cuando acordamos lo celebramos, tenemos que volver a enfadarnos”, ha lamentado Rodríguez. La ministra ha recordado que se comprometió con las comunidades a poner a su disposición financiación, con carácter retroactivo a 1 de enero, para políticas de como “reconvertir pisos turísticos ilegales en casas para jóvenes”.

“No me quiero pelear con las competencias, lo que quiereo es que se ejerzan”, ha dicho. “Parece razonable que, ante una emergencia, nos dejemos de pleitos”, ha insistido.

Un acuerdo “transversal” sobre el alquiler de temporada

La ministra ha asegurado ser “optimista” sobre la posiblidad de un acuerdo transversal en el parlamento sobre una bolsa de fraude en el mercado de la vivienda que está expulsando a centenares de personas del mercado del alquiler: los arrendamientos de temporada y de habitaciones. Ahora mismo la propuesta se encuentra en ponencia en el Congreso, pero en el Ejecutivo confían en atar el apoyo de Junts para que salga adelante.

Sobre otras propuestas que se han anunciado a bombo y platillo (como los impuestos para prohibir la compra de vivienda por extranjeros) o las reformas de la Ley del Suelo, que ha caído dos veces en el Congreso pese a ser una reclamación de ayuntamientos de todos los colores, Rodríguez ha reconocido su frustración. “Hay momentos en que hemos preferido parar, buscando esa mayoría parlamentaria, porque en ocasiones la gente no entiende que lancemos cosas y que no se aprueban en el Parlamento”, ha dicho. “En ocasiones las hemos llevado al Parlamento y las hemos perdido”, ha insistido.

“Creo que después de todo el tránsito de legislatura, es muy importante que las Administraciones Públicas hagamos lo que está en nuestras manos, pero también que el parlamento contribuya a dar respuesta”, ha zanjado.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la directora de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo Molina, han firmado un protocolo de colaboración.

A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a actuar en la promoción y la difusión del patrimonio arquitectónico nacional y la divulgación del teatro, la literatura y la cultura del Siglo de Oro español, planteándose así un punto de encuentro entre la arquitectura y las artes escénicas.

Este acto ha coincidido con el debate y la convalidación en el Congreso de la declaración como acontecimiento de excepcional interés público de la 50 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

La declaración reconoce el carácter “singular e irreemplazable” del festival, principal evento cultural de Castilla- La Mancha y uno de los más destacados del país y del mundo en su especialidad.

El Govern central qüestiona els canvis en la llei d'habitatge introduïts pel Consell de Juanfran Pérez Llorca en la llei d'acompanyament als pressupostos. El Ministeri d'Habitatge posa el focus en les reformes del govern popular, introduïdes després de l'escàndol en les adjudicacions d'habitatge protegit d'Alacant, i adverteix que hi ha modificacions que voregen la inconstitucionalitat i no s'adapten a la llei estatal, cosa que podria condicionar els fons del pla d'habitatge.

El ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de mesures fiscals, que haurà de tramitar-se a les Corts Valencianes en els pròxims mesos i necessita el suport de Vox per a tirar endavant. En l'escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, Habitatge qüestiona els criteris de “vinculació territorial continuada” en les promocions de col·laboració publicoprivada sobre sòl públic, una idea de la vicepresidenta i consellera d'Habitatge, Susana Camarero, que defensa l’“arrelament” per a donar prioritat als veïns de cada localitat en les adjudicacions d'habitatge.

El ministeri considera que aquests criteris suposen “emparar conceptes com el de l'anomenada 'prioritat nacional'”, un concepte que representa “una clara amenaça per a la Constitució espanyola i el seu article 14 i, com a tal, no pot ni ha de ser admés”, exposa. El Govern adverteix la Generalitat que “supervisarà” la redacció de la llei i d'aquests criteris de baremació, que són opcionals per als ajuntaments, “als efectes de garantir que no siguen vulnerats els drets fonamentals al nostre país”.

En les al·legacions, que se centren en quatre punts referents a habitatge, l'Executiu de coalició PSOE-Sumar reclama una revisió del text per a adaptar-lo a la llei estatal. Considera que, si bé els mecanismes de transparència són necessaris després de l'escàndol de Les Naus, falten mecanismes de control i recursos pressupostaris. Així mateix, insta a crear un cos d'inspectors i a dotar les mesures de recursos administratius per a posar-les en pràctica, a més d'incrementar l'oferta d'habitatge protegit.

Les mesures de transparència i publicitat són “clarament necessàries després dels esdeveniments recents derivats de la desregulació aprovada en el procediment d'accés a l'habitatge protegit a la Comunitat Valenciana”, assenyalen les al·legacions, però consideren un error “no aprofitar aquesta modificació per a protegir de forma permanent els habitatges de protecció oficial, ja que la solució estructural a aquesta crisi d'habitatge passa per la conformació d'un gran parc públic d'habitatge a preus assequibles i amb protecció permanent”.

Sobre el registre que han d'elaborar els promotors, la mesura estrela per a evitar l'opacitat en l'adjudicació d'habitatges construïts amb fons públics, l'Executiu central considera que és insuficient i es limita a “un procediment privat”. “No resulta suficient si no va acompanyada de mecanismes eficaços que n'asseguren el compliment real i efectiu en la pràctica administrativa”, assenyala el departament de Rodríguez, que insisteix que els processos no tenen participació pública fins que passen per la comissió de valoració autonòmica.

El Govern recorda que és obligatori que existisquen registres públics de persones demandants “o altres fórmules que garantisquen un procediment objectiu, transparent i públic” en l'adjudicació dels habitatges per a poder optar als fons del Pla Estatal d'Habitatge. Aquest registre existia fins a l'any 2024, quan el Consell, aleshores dirigit per Carlos Mazón, va modificar la llei i el va eliminar. A jutjar per l'escrit del ministeri, els fons públics podrien estar compromesos si l'Executiu no queda convençut amb el registre.

El Gobierno central cuestiona los cambios en la ley de vivienda introducidos por el Consell de Juanfran Pérez Llorca en la ley de acompañamiento a los presupuestos. El Ministerio de Vivienda pone el foco en las reformas del gobierno popular, introducidas tras el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida de Alicante, y advierte que hay modificaciones que bordean la inconstitucionalidad y no se adaptan a la ley estatal, pudiendo condicionar los fondos del plan de vivienda.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones al anteproyecto de medidas fiscales, que ha de tramitarse en las Corts Valencianes en los próximos meses y necesita el apoyo de Vox para salir adelante. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Vivienda cuestiona los criterios de “vinculación territorial continuada” en las promociones de colaboración público-privada sobre suelo público, una idea de la vicepresidenta y titular de Vivienda, Susana Camarero, que defiende el “arraigo” para dar prioridad a los vecinos de cada localidad en las adjudicaciones de vivienda.

El ministerio cree que estos criterios suponen “cobijar conceptos como el de la denominada 'prioridad nacional”, un concepto que supone “una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14, y como tal, no puede ni debe ser admitida”, expone. El Gobierno advierte a la Generalitat que “supervisará” la redacción de la ley y de estos criterios de baremación, que son opcionales para los ayuntamientos, “a los efectos de garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales en nuestro país.”.

En las alegaciones, que se centran en cuatro puntos referentes a vivienda, el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar reclama una revisión del texto para adaptarse a la ley estatal. Consideran que, si bien los mecanismos de transparencia son necesarios tras el escándalo de Les Naus, faltan mecanismos de control y presupuestarios. Insta a crear un cuerpo de inspectores y a dotar las medidas de recursos administrativos para ponerlas en práctica, además de incrementar la oferta de vivienda protegida.

Las medidas de transparencia y publicidad son “claramente necesarias tras los acontecimientos recientes derivados de la desregulación aprobada en el procedimiento de acceso a la vivienda protegida en la Comunidad”, señalan las alegaciones, pero consideran un error “no aprovechar esta modificación para proteger de forma permanente las viviendas de protección oficial, ya que la solución estructural a esta crisis de vivienda pasa por la conformación de un gran parque público de vivienda a precios asequibles y con protección permanente”.

Sobre el registro que han de elaborar los promotores, la medida estrella para evitar la opacidad en la adjudicación de vivienda construida con fondos públicos, el Ejecutivo central cree que es insuficiente y se limita a “un procedimiento privado”. “No resulta suficiente si no va acompañada de mecanismos eficaces que aseguren su cumplimiento real y efectivo en la práctica administrativa”, señala el departamento de Rodríguez, que insiste en que los procesos no tienen participación pública hasta que pasan por la comisión de valoración autonómica.

El Gobierno recuerda que es obligatorio que existan registros públicos de personas demandantes “u otras fórmulas que garanticen un procedimiento objetivo, transparente y público” en la adjudicación de las viviendas para poder optar a los fondos del plan estatal de vivienda. Este registro existía hasta el año 2024, cuando el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, modificó la ley y lo eliminó. A juzgar por el escrito del ministerio, los fondos públicos podrían estar comprometidos si el Ejecutivo no queda convencido con el registro.

Un grupo de vecinos y vecinas de las viviendas de la calle Yedra, 8 de Toledo, en el barrio del polígono se han concentrado este martes a las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, donde la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, participaba en la presentación de un libro, para pedir su mediación en un conflicto que pondrá a varias familias en la calle dentro de poco menos de un mes.

El próximo día 9, se producirá el lanzamiento de una familia de cinco miembros por orden judicial y han querido trasladar a la ministra su problemática arropadas por personas que colaboran con la Unión Popular de Inquilinas e Inquilinos.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Una promoción de GICAMAN, la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, concebido como proyecto social que ha derivado en una profunda crisis comunitaria, arquitectónica y judicial, debido a los problemas estructurales y de habitabilidad de estas viviendas que, casi desde el principiio, denunciaron los vecinos.

En el otro lado, la empresa pública reclama alquileres impagados y el conflicto judicial incluye también ocupaciones ilegales de las viviendas.

Hoy quienes las habitan han pedido la mediación de la ministra porque, mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

“Las familias están a la espera de una solución habitacional porque es urgente. Tenemos el día 9 de junio un desahucio anunciado de una familia con cinco hijos y luego a partir de ahí hay muchísimos avisos de desahucio, uno detrás de otro”, relataba Germán Peiro, uno de los participantes en la protesta.

Asegura que se trata de una cuestión “colectiva” y rechaza las negociaciones individuales. “Se les debe dar una solución política”, ha comentado para, a renglón seguido, acusar a la empresa pública GICAMAN de “dejación de funciones” y de “mala praxis” en la gestión de estas viviendas públicas.

No es el único caso: “Hay acoso a vecinos del Casco Histórico” 

Estas plataformas reclaman seguir dialogando con las familias, en esta y en otras zonas de la ciudad porque, advierten, el de Yedra 8 no es un caso único cuando se habla de problemas con la vivienda.

“Ahora mismo, por ejemplo, en el Casco Histórico, sin decir calles, tenemos varios. No son tanto amenazas como un desahucio, pero sí presiones por parte de nuevos propietarios de edificios para que los inquilinos de años, incluso de 23 años viviendo ahí, se vayan”.

No hablan de negociar el alquiler, explica Peiro, “sino simplemente que se vayan porque lo han comprado y lo van a dedicar a alojamiento turístico” y pone sobre la mesa que “hay bastantes familias aquí en Toledo en esta situación, en el Casco Histórico, y no es una ni dos”.

Palomarejos o pisos troceados para alquilarlos por habitaciones

Después ha citado otro “problema” en el barrio de Palomarejos. “Los pisos grandes, que son muy buenos para familias con muchos hijos, lo que están haciendo es partirlos por habitaciones y alquilarlos por habitaciones a un dinero que es equivalente a lo que costaría solo un piso”.

Habla de “alquileres en fraude” y reclama “una inspección real y efectiva de todos estos fraudes de ley que se están cometiendo”. En este aspecto proponen a las Administraciones públicas que “trabaje con estos caseros que quieren hacer estas divisiones para que no les dejen hacerlo. Es un fraude de ley”, ha insistido.

Pedimos una inspección real y efectiva de todos estos fraudes de ley que se están cometiendo

Piden que Toledo sea zona tensionada

También solicitan que se declare a Toledo como “zona tensionada” porque, asegura, “hay un acoso por parte de grandes tenedores, por parte de grandes empresarios del turismo a las familias que viven en el Casco Histórico”.

Otra de las reivindicaciones pasa por “dar una solución urgente a la escalada de precios absolutamente descomunal que se está produciendo, y que impide que personas que ni siquiera estamos calificadas como vulnerables por parte de los servicios sociales, podamos seguir viviendo en nuestra ciudad”.

Hay que dar una solución urgente a la escalada de precios absolutamente descomunal que se está produciendo, y que impide que personas que ni siquiera estamos calificadas como vulnerables por parte de los servicios sociales, podamos seguir viviendo en nuestra ciudad

Ha puesto como ejemplo “el caso de personas de más de 50 años que se van a ver abocados, después de hacer toda una vida en su casa, a volver a vivir en pisos compartidos, como si fueran estudiantes porque les están echando”.

El compromiso de la ministra para “mediar”

Germán Peiro asegura que tras un breve intercambio de palabras con la ministra, se ha comprometido a mediar, “en el caso concreto de GICAMAN” y los desahucios previstos. “Se ha comprometido a mediar en los desahucios inminentes que hay, a interesarse por el problema e intentar buscarle unas vías de solución”.

Vecinos como él aseguran estar cansados de una respuesta que se repite. “Normalmente nos dicen que no es su competencia. Mira, esto es competencia de todos”, afirma tajante, para rechazar las medidas que se han puesto para la mesa. “No es un problema de construir más, de volver a dar el dinero a los constructores y se trata de darnos ayudas que no resuelven. Dentro de tres años estaremos en las mismas porque los precios van a seguir escalando”.

Una manifestación el 27 de mayo

La Unión Popular de Inquilinos y la Plataforma por la Vivienda Digna de Toledo han convocado una manifestación para el próximo 27 de mayo, a las 10 horas que partirá desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

“Quiero hacer un llamamiento a toda la población de Toledo, da igual el estado que tenga su situación actual, creo que es algo que nos afecta a todas y todos”, señalaba Germán, quien ha pedido apoyo ciudadano. “Que la gente venga a la manifestación, que se den cuenta de que es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”, aseguraba.

Dentro del acto, en la sede de la Biblioteca regional de Castilla-La Mancha, la ministra charlaba con el gerente de la empresa pública de Vivienda de Navarra, Javier Burón, que presentaba libro y ambos han reivindicado la necesidad de contar con un parque público de vivienda protegido de forma permanente para no estar sujetos a los intereses de un mercado privado que hay que regular para evitar la especulación.

En este sentido, Burón ha aplaudido la puesta en marcha de instrumentos como CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda, para acompañar a las entidades autonómicas y locales en la conformación de ese parque público, así como para consolidar un modelo en el que la vivienda se considere un derecho y no un negocio.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha mostrado “confiada en la justicia y en la presunción de inocencia”, al tiempo que ha reivindicado los logros conseguidos por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tras la imputación en el caso Plus Ultra.

Esta tarde ha participado en Toledo en la presentación del libro 'El problema de la vivienda', de Javier Burón. A su llegada la Biblioteca de Castilla-La Mancha, donde se celebra el evento, se ha declarado “sorprendida” por la noticia de la imputación, “como todos”, pero ha asegurado “seguir confiando en el presidente Zapatero”.

Ya como ministra del Gobierno de España, ha querido transmitir su “confianza en el Estado de Derecho, en la acción de la justicia, en la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también en la presunción de inocencia”.

Dicho esto, ha asegurado que “como militante socialista” no puede “desligarse de su vinculación afectiva, emocional de Zapatero”.

“Recuerdo con mucho afecto esos primeros momentos de mi militancia y mi compromiso con el Partido Socialista y el papel que tuvo entonces el presidente Zapatero. No me puedo olvidar de mí misma viéndome en esa pancarta del no a la guerra de Irak y la emoción que sentimos todos con esa primera decisión de su gobierno de la retirada de las tropas en Irak.

“No me puedo olvidar de la emoción de ver a mis amigos felices porque pudieron decir con orgullo a quién amaban tras la aprobación de la Ley del matrimonio sexual. No me quiero olvidar como mujer de esa primera Ley contra la violencia de género y de las leyes de igualdad que nos han permitido avanzar a todas”.

De igual modo, ha recordado el papel del expresidente socialista en el fin de la banda terrorista ETA. “No me puedo olvidar como demócrata de la importancia para nuestro país del fin de ETA que también logró el presidente Zapatero”.

“Y ahora, en mi etapa más actual, no me voy a olvidar del compromiso del presidente Zapatero en el apoyo a este gobierno y en su papel tan importante en las pasadas elecciones en la campaña del año 23”, ha añadido.

Un grupo de vecinos y vecinas piden su mediación por desahucios

En el mismo lugar, un grupo de vecinas y vecinos de las viviendas de la calle Yedra, número 8, en Toledo, afectados por un desahucio que se ejecutará el próximo 9 de junio, se concentraban 'armados' con pancartas para pedir la mediación de la ministra en un caso histórico, con más de una década de historia de conflicto entre los inquilinos de estas viviendas de protección oficial y la empresa pública GICAMAN, dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los primeros vienen denunciando daños estructurales y de habilitabilidad de las viviendas y la Administración regional reclama alquileres impagados y el conflicto judicial incluye también ocupaciones ilegales de las viviendas.

La semana pasada se escuchó un grito en el Congreso que rasgó, por un instante, toda la frialdad parlamentaria con la que se estaba despachando la congelación de los alquileres. Una chica llamada Irene, cuyo edificio fue comprado por un fondo de inversión sin intención de renovar sus contratos, gritó lo que hubiésemos gritado los uno de cada cuatro españoles que vivimos de alquiler: “¡Haced algo, ya coño! Sois culpables de esta situación”. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, —multipropietaria, por supuesto—, diciendo en una entrevista en El País, con sonrisa amplia, que “Hemos ganado; quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público”, como si el relato fuese más importante que la realidad social. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, puede dejarnos ver cómo las derechas han vuelto a coordinarse para tumbar un Real Decreto que, aun siendo insuficiente, habría aliviado la vida de miles de personas; anticipando un modelo que, si gobiernan, se convertirá en el paisaje fijo.

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga, argumentando (si el uso de ese verbo es siquiera posible tratándose de semejante afirmación) sin pudor que “cada vez menos personas quieren ser propietarias”, que “ahora la gente se las quita (las casas) de encima”, mientras ella misma sigue aumentando su cartera inmobiliaria. 

Qué sensación nos puede dejar a los que vivimos de alquiler en Madrid si no esas ganas de gritar, esa desazón arrastrada por la certeza de que nada cambiará mientras no haya una movilización masiva y sostenida en el tiempo. 

El 24 de mayo hay una manifestación convocada en defensa del derecho a la vivienda por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. ¿Dónde están los sindicatos mayoritarios? ¿Por qué no están preocupados por la movilidad social descendente y la amenaza a la cohesión social? ¿Por qué no promueven una huelga? ¿Por qué otros sectores que también sufren la pérdida de poder adquisitivo de la población no se movilizan, no se suman con fuerza? ¿Quizá porque los propios agentes sociales son propietarios? ¿Quizá porque todos conocemos a alguien en nuestro entorno cercano o lejano que especula con la vivienda de algún modo, subiendo alquileres porque así lo dicta el mercado (“No voy a ser yo menos”), u optando por alquiler turístico porque es más rentable? ¿Quizá porque desde la posición de un propietario es difícil empatizar con la de un inquilino que se deja un 80-90% de sueldo en un alquiler, igual que es difícil empatizar con el hambre cuando tienes la nevera llena? ¿Quizá porque la vivienda es en España el Salvaje Oeste, el único territorio sin ley, y para muchos es comodísimo que siga de ese modo? Tal vez porque los que especulan lo hacen sirviéndose de un derecho convertido en negocio, y ese negocio lo administran, entre otros, los mismos políticos encargados de legislarlo. Tal vez porque el conflicto de intereses no es un accidente del sistema, es el sistema en sí mismo. Tal vez porque vivimos en un país completamente partido en dos, arrasado por un boquete que no deja de ensancharse. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la labor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la castellanomanchega Isabel Rodríguez. La ha eximido de responsabilidad de la derogación, con los votos de PP, Vox y Junts, del decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, achacando esa responsabilidad al “empeño” de Sumar en llevar el decreto al Congreso “sabiendo que no iba a salir”.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha manifestado, que Isabel Rodríguez está haciendo “una buena labor” junto con su equipo y es conocedora, “como buena responsable política que es”, de que las mayorías en el Congreso “son las que son”.

“Ahora mismo hay una mayoría de derechas que impide que se aprueben determinadas actuaciones”, ha insistido, asegurando que el hecho de que Sumar se “empeñara” en llevar este decreto al Congreso “no quiere decir que la ministra de Vivienda, ni mucho menos esté haciendo una mala labor”.

“Al contrario, yo creo que está liderando, con todas las dificultades que tiene, la política de vivienda en España. Lo que tiene que saber Sumar es que no tiene mayoría”, ha insistido.

Así, ha reiterado la idea de que ha ocurrido “lo que sabíamos que iba a ocurrir” y ha lamentado que Sumar llevara el decreto al Congreso buscando “el conflicto político o coger determinado protagonismo político”.

El Gobierno incluirá mecanismos antifraude en la adjudicación de viviendas construidas con fondos públicos para evitar casos como el del Ayuntamiento de Alicante, en el que se investiga la adjudicación de viviendas protegidas al entorno del PP y del consistorio.

Así lo ha avanzado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que afirma que se ha incorporado “una cláusula antifraude para evitar escándalos como el de Alicante, donde los dirigentes del Partido Popular se han repartido la VPO”. “Eso no es un accidente”, ha censurado la titular de Vivienda, que adelanta que los mecanismos de transparencia serán fundamentales para recibir fondos públicos.

El juzgado que investiga la adjudicación de viviendas protegidas en el complejo residencial de Les Naus en Alicante ya ha citado a declarar a tres altos funcionarios de la Generalitat y ha pedido documentación a la Conselleria de Vivienda. Familias adineradas, cargos vinculados al PP local y el entorno del Ayuntamiento se habrían beneficiado de adjudicaciones de las escasas promociones de vivienda construida con fondos públicos en Alicante, una cuestión que también está investigando el propio consistorio.

El Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda (2026-2030), que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y blinda la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos estatales. El primer plan elaborado en el marco de la nueva ley establece líneas de financiación para ayudas a los jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural.

El nuevo texto establece que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes de este Plan Estatal de Vivienda se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables. Además, el ministerio ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones. La Comunitat Valenciana recibirá 798 millones de euros con este plan, 557 más que respecto al anterior.

Al respecto de las investigaciones en Alicante y de las colas en inmobiliarias que han sacado promociones de vivienda construida con fondos públicos, , la titular de Vivienda ha pedido a la Generalitat Valenciana que cambie la norma autonómica. “Yo no puedo quedar pendiente de la voluntad política de estas administraciones para hacerlo o no hacerlo”, ha apuntado Rodríguez, que ha reiterado: “Lo que no puede ser es que nos aprovechemos del dinero de todos y de los recursos de todos para que ganen unos pocos porque es una obscenidad lo que hemos visto y es lo que tratamos de evitar con esta cláusula”.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, no se ha achantado a la hora de rebatir al Gobierno central, de su mismo partido y delante de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez con la que ayer, miércoles, compartía un acto en el concejo asturiano de Mieres, para puntualizar que su Ejecutivo no ha ocultado información alguna al Instituto de Transición Justa (ITJ).

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirmaron que no les consta información oficial alguna de que Asturias tuviera actividad de extracción de carbón y explicaron que se habían enterado, en marzo de 2025, a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

Para apoyar estas manifestaciones, desde el MITECO remitían al hecho constatable de que esta información no venía recogida en la Estadística minera de este organismo, que se elabora a partir de los datos que facilitan las comunidades autónomas.

“Hay máxima transparencia”

Una denuncia pública que no comparte el presidente del Ejecutivo autonómico y, además, niega cualquier ejercicio de falta de transparencia. En el acto de Mieres aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El reintegro de ayudas

Desde MITECO se destaca igualmente que, una vez conocida la actividad extractiva a raíz del siniestro laboral en la mina de Zarréu, se ha ido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas a la obligación de reintegro de ayudas.

El ITJ recuerda que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

“Analizar, chequear y reimpulsar”

A estas declaraciones también ha respondido Adrián Barbón. En su encuentro con los periodistas en Mieres remitió a la investigación abierta por parte de la Consejería de Ciencia, de la que es titular Borja Sánchez.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha dicho que desde el Principado se ha trasladado a la empresa TYC Narcea que, al hilo de un oficio remitido por el ITJ, tiene que dilucidarse si tiene que devolver o no ayudas para continuar con la actividad.

Una interpretación de la ley

El Gobierno autonómico ha reivindicado su actuación con “transparencia absoluta”, a la vez que evita “entrar a valorar” el debate abierto entre TYC Narcea y el Ministerio sobre la devolución de las ayudas, por ser una “interpretación de la ley”.

En respuesta a los periodistas, Adrián Barbón ha negado que haya preguntado sobre este asuntos a las exconsejeras, según recoge Efe, puesto que difícilmente“ ya les puede preguntar”, ha dicho, y además considera que sería “ilógico” hacerlo porque ya no forman parte de su Consejo de Gobierno. 

Otras explotaciones mineras

Los hechos expresados desde fuentes de MITECO habían levantado numerosas críticas desde los grupos parlamentarios, que censuraban esa falta de transparencia al Gobierno asturiano que lidera Adrián Barbón.

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro laboral, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.