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De Nochevieja a Semana Santa: la polémica tramitación exprés del futuro plan urbanístico de Cantabria que solo dio tres días a los expertos para estudiarlo

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP).

Olga Agüero

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El Gobierno de Cantabria tramita de forma apresurada y sin consenso el documento más relevante para el urbanismo y la ordenación del territorio de la comunidad autónoma: el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), con la excusa de que lleva 20 años esperando a hacerse realidad.

La polémica por la tramitación exprés ensombrece un proceso que ha levantando las críticas de arquitectos, geógrafos e ingenieros agrónomos que se negaron a votar la versión inicial —el anteproyecto de ley— porque no se les dio tiempo suficiente para estudiarlo. La reacción del consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), ha sido reprocharles que “fueron a la reunión para dar un pequeño espectáculo más que a cumplir su función”, que el PROT “se va a aprobar con o sin los colegios profesionales” y que disponen de 45 días para presentar alegaciones.

En los últimos meses, el consejero ha hecho coindicir las fechas clave de la tramitación del proyecto con periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. Media presentó por sorpresa un plan que apareció de la nada un 29 de diciembre, dos días antes de Nochevieja, en la última semana navideña del año, y se aprobó su primera versión en un polémico pleno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) el día antes del puente de Semana Santa.

“De forma precipitada”, según el criterio de cuatro colegios profesionales -también protestó el Colegio de la Abogacía- que pidieron “más tiempo” para analizar el documento que el Gobierno les entregó tan solo tres días antes. Los representantes de arquitectos, geógrafos e ingenieros agrónomos se negaron a votar y se ausentaron de la reunión. “No queremos ser utilizados de forma falsaria”, indicaron en una nota de prensa conjunta.

En los anteriores intentos de aprobación de un PROT en Cantabria el proceso ha sido muy distinto y se ha tomado su tiempo para informar y divulgar sobre su contenido en reuniones comarcales y mesas de debate por distintos puntos de la geografía cántabra y con diversos colectivos implicados en la protección del territorio y el medio ambiente. Esta vez se ha optado por un proceso exprés. Antes de la aprobación inicial en la comisión de urbanismo —haciendo valer su mayoría el Gobierno— solo se remitió a algunas instituciones y organismos públicos cuyas áreas de gestión podrían estar afectadas por el plan como la Demarcación de Costas o AENA, por ejemplo.

Contenido del PROT

Además de la crítica a las prisas, también se cuestiona el contenido del propio documento. Un plan elaborado desde la empresa pública Gesvican que algunos expertos critican que está “hecho de retazos” de planes anteriores con algunos datos sin actualizar. Dicen que le falta “rigor técnico” y “metodología”. Un documento que pretende regular cuestiones como el paisaje, las viviendas turísticas o los aerogeneradores eólicos que, en opinión de algunos técnicos, no deberían estar en esta futura ley.

Entre otras polémicas cuestiones, el PROT autorizará que hasta la mitad de las viviendas de algunos municipios puedan ser turísticas y contempla límites muy laxos incluso en aquellos ayuntamientos que cataloga como “zonas saturadas” de Cantabria. Por regla general, según los planes del Gobierno del PP, no podrán ser más del 25% del total de las viviendas con la excepción de los ayuntamientos de “vocación turística”, donde podrán alcanzar hasta el 50%. Al tiempo, establece que Cantabria tiene capacidad para absorber una población flotante máxima de 409.166 personas frente a un censo total que no llega a los 600.000 habitantes.

El proyecto dará cuatro años a los ayuntamientos para adaptar sus planes urbanísticos al futuro PROT, se compromete entre otras cuestiones a prohibir parques eólicos excepto en la zona de Campoo y los límites con Castilla y León o Vizcaya y obligará a que los ayuntamientos cántabros adapten sus planes urbanísticos a la nueva normativa. Mientras tanto podrán hacer modificaciones puntuales.

Además, la nueva normativa que impulsa el Gobierno del PP establecerá nueve categorías de suelo rústico con distintos niveles de protección y las viviendas aisladas, las áreas de autocaravanas y los campings estarán permitidas en los suelos catalogados como protección ordinaria.

Expulsión de los colegios profesionales

La urgencia aplicada en el proceso no ha tenido justificación por parte del Gobierno. Es decir, es un plan de la máxima importancia para el futuro de Cantabria, lo que no casa con la falta de tiempo para su debate y análisis. La celeridad en tramitar el PROT llama la atención precisamente cuando el propio consejero ha reconocido que se trata de un documento “que busca definir con criterios claros, cómo tiene que crecer Cantabria, cómo se protegen sus valores naturales y paisajísticos y cómo se coordinan decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana de los cántabros como la vivienda, infraestructuras, industria, turismo, conectividad digital, energía y medio natural”.

Tampoco este es el primer encontronazo entre los expertos independientes y el criterio del consejero Roberto Media. El malestar de los colegios profesionales viene de atrás. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno modificó la composición de la Comisión de Urbanismo con la excusa de “agilizar su funcionamiento”. Para ello, excluyó a los colegios profesionales de Geógrafos, Biólogos, Aparejadores, Ingenieros Agrónomos y Abogados a la hora de tomar decisiones como las autorizaciones para construir en suelo rústico o las licencias eólicas.

Se hizo activando una comisión permanente, un órgano en el que no se sientan los profesionales, quienes solo participan cuando se convoca al Pleno de la CROTU. Es decir, antes había una fiscalización de los colegios profesionales en asuntos vinculados al urbanismo y ahora no. Un dato para acompañar este cambio de criterio: de 2012 a 2021 se autorizaron 1.500 viviendas en suelo rústico. Desde 2023 ya van más de 800.

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