Sindicatos de inquilinas exigen votar ya la regulación del alquiler de habitaciones y de temporada
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido este lunes al PSOE y al Gobierno que lleven a votación la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanas (LAU) que busca, entre otras cosas, combatir el fraude en el alquiler de habitaciones y de temporada y frenar las cláusulas abusivas de inmobiliarias. En un comunicado, denuncia que “lleva dos años aparcada en el Congreso por el bloqueo del PSOE”.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en enero, hace ya cinco meses, que votaría esta medida y reconoció que el desproporcionado aumento del alquiler de temporada tenía que ver con “el fraude”. “Vamos a limitar los contratos de temporada para poner fin al uso fraudulento evidente que se está produciendo”, dijo Sánchez en enero.
“Es imprescindible hacerlo ya, antes de que tengamos que ir a elecciones con la mayoría del inquilinato completamente desprotegido. La legislatura no puede acabar sin que esta ley se haya aprobado”, ha dicho Carme Arcarazo, portavoz de la confederación y del Sindicat de Llogateres catalán. Para presionar, el sindicato ha iniciado una campaña digital de cartas al presidente del Gobierno.
Los contratos de habitaciones, sujetos al Código Civil y que no se consideran de vivienda habitual aunque a veces lo son, y los de temporada, que pueden cambiar de precio cada pocos meses al no estar tampoco sujetos a la LAU, son una de las vías de escape de caseros para vulnerar derechos de inquilinas.
La regulación prevé que en las zonas tensionadas que apliquen el control de precios estén también topados los precios del alquiler de temporada. Además, la temporalidad deberá ser demostrable y si no existe una causa real asociada, el contrato pasará a ser de alquiler habitual, con derecho a prórroga y límites de precio. Las renovaciones sucesivas se considerarán contrato de vivienda habitual.
En cuanto al alquiler de habitaciones, este debe quedar también bajo el paraguas de los controles de precios allí donde se apliquen y los contratos tendrán que ser de entre 5 y 7 años como los alquileres de vivienda habitual.
La nueva ley también contempla la prohibición de cobrar el IBI al inquilino y de que las fincas verticales de propietario único carguen con los gastos de comunidad. Se prohíben gastos encubiertos como el del asesoramiento del inquilino y otras cláusulas como los seguros de impago al inquilino o la indemnización por desistimiento del contrato que obliga al inquilino a pagar por cada año antes del fin de contrato que sale de una vivienda.
La iniciativa fue presentada por Sumar, EH Bildu, ERC y Grupo Mixto y cuenta con el compromiso del PSOE, pero todavía no se ha llevado a votación.
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