Madrid acogerá este domingo 7 de diciembre una acción artística inédita: una réplica a escala del Congreso de los Diputados será transportada a hombros por 26 integrantes del Coro Fermín Gurbindo, formado por personas con discapacidad visual, en una procesión que recorrerá durante tres horas el centro de la ciudad. La intervención, titulada Desplazamiento del Congreso, es una propuesta del artista Roger Bernat dentro de la Celebración de los 50 años de libertad en España, impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El desfile arrancará a las 11.00 horas en la Carrera de San Jerónimo, frente al propio Congreso, y avanzará por distintas calles de Madrid en un ambiente festivo y participativo. El destino final del recorrido se mantendrá en secreto hasta el mismo día. Además del coro, colaboran en la acción el actor y performer Juan Navarro, diversos colectivos sociales y artísticos y la periodista cultural Marta García Miranda, comisaria del proyecto.

La maqueta, construida a partir de los planos de la última reforma del edificio, ha sido elaborada por el ebanista Antonio Bachiller. Para Carmina Gustrán, comisionada de los actos del 50 aniversario, la intervención es un recordatorio de la responsabilidad compartida sobre las instituciones democráticas: “La democracia se sostiene en la ciudadanía. Esta acción invita a pensar cómo construimos lo común y cómo cuidamos lo que hemos logrado”.

Bernat retoma aquí una idea que ya desarrolló en 2014 en Santiago de Chile con El Desplazamiento del Palacio de la Moneda. En aquella ocasión, y a lo largo de dos jornadas, más de 30 organizaciones sociales portaron el palacio y lo trasladaron a La Legua, el barrio con la renta per cápita más baja de la ciudad. Cada colectivo se hizo cargo de llevar la maqueta a hombros durante un tramo, decidiendo qué comunicar desde el balcón del palacio y cómo acompañar el paso: con música, baile o en silencio.

Para la creación de estas dos obras Bernat se ha inspirado en una práctica comunitaria de Chiloé, una región del Sur de Chile donde la comunidad traslada las casas arrancadas de sus cimientos, apuntalándolas desde el interior y, con la ayuda de bueyes, las van arrastrando sobre troncos. El trayecto puede durar varios días y, una vez alcanzado el destino, la vivienda se vuelve a cimentar y el propietario de la casa invita a una gran comida.

En Desplazamiento, señala Roger Bernat “el traslado de uno se convierte en la movilización, el esfuerzo y la fiesta de todos: la comunidad mueve con nosotros el símbolo mismo de nuestra estabilidad familiar, económica y social y es en este movimiento que nos despoja temporalmente de un techo cuando estamos, más que nunca, protegidos por el edificio en movimiento de los valores comunitarios”.

Del mismo modo, el desmontaje y traslado del Congreso de los Diputados supone, según Bernat, “no solo la celebración irónica de la inconsistencia del monumento con que el Estado pretende representar su estabilidad, sino una forma de festejar su capacidad de estar en nuevos escenarios, de anunciar nuevos frentes de lucha y, por qué no, de exponerse a la crítica: hacerse realmente público. Es trasplantando el símbolo como se introduce en su silencio la voz de todos”. De esta forma, el gesto busca mostrar que los símbolos del Estado no son estructuras inamovibles, sino elementos vivos que pueden cambiar de escenario, abrir debates y exponerse a la crítica pública.

El puente de diciembre comienza con el festivo 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, y se enlaza con el del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Es el período festivo más largo antes de las fiestas de Navidad, pero su origen se remonta tan solo a hace cuatro décadas.

¿Por qué es festivo el Día de la Constitución?

El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, festivo en España que conmemora la aprobación de la carta magna española en 1978 y que fue el momento clave de la transición en la que se entró definitivamente en una democracia plena en el formato de monarquía parlamentaria.

Esto no ha sido así desde ese 1978, sino que el origen del día festivo el 6 de diciembre viene de 1983, ya con Felipe González como presidente del gobierno, cuando se reguló este día como fiesta nacional a través del Real Decreto 2964/1983 del 30 de noviembre, en el que se estableció oficialmente como tal.

Ese mismo día que se aprobó entro en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que ese 6 de diciembre de 1983 fue el primero en el que se celebró el Día de la Constitución Española como festivo. El motivo que se dio fue con el fin “de solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución”.

¿Por qué el Día de la Constitución es el 6 de diciembre?

La elección del 6 de diciembre del Día de la Constitución Española se debe a que ese mismo día de 1978 fue cuando se votó en referéndum el texto constitucional que se elaboró por las Cortes Constituyentes y que tuvo un apoyo mayoritario de la población, de en torno al 90 %.

Una vez aprobada la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, que fue luego sancionada por el entonces rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de ese mismo año, siendo así un momento clave en la historia reciente del país y de la Transición, adquiriendo ya los ciudadanos plenos derechos y libertades.

La Constitución Española de 1978, a diferencia de las anteriores, se redactó desde cero, sin basarse en su predecesora, como era habitual desde la primera que se dio en las Cortes de Cádiz en 1812 hasta la de 1931. Su creación se inició el 18 de noviembre de 1976 a través de la aprobación de las Cortes Generales de la Ley para la Reforma Política.

El Parlamento de Cantabria ha celebrado por adelantado, y con escaso aforo, la conmemoración de la Constitución que el sábado cumple 47 años. “No pensemos que son muchos, porque la de 1876 llevaba justo esos mismos años de vigencia cuando se produjo el golpe de estado de 1923”, ha empezado alertando la presidenta de la institución.

El discurso ha sido un aviso del riesgo que corre la democracia en España que -en su opinión- necesita “una auténtica renovación” basada en “la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los principios constitucionales”, porque con el espíritu actual “jamás hubiéramos logrado una Constitución como la que tenemos”.

María José González Revuelta ha descrito un panorama de descrédito y corrupción: “establecer una democracia cuesta mucho; desvirtuarla, muy poco”. “Ya hemos comprobado cómo en una sola legislatura se puede subvertir todo y provocar que altas instituciones del Estado caigan en un descrédito que a veces parece de difícil reparación”, ha opinado. “Esperemos que no sea así”, matizó después.

Para la presidenta del Parlamento “la peor corrupción de una institución política es la irresponsabilidad en su comportamiento” y hay que trabajar “en una dirección diferente a la actual” y no dejar que los prejuicios ideológicos “pasen por argumentos de cátedra, mucho menos cuando se refieren a derechos fundamentales de las personas, derechos de las comunidades autónomas y cuestiones de arquitectura democrática de la unidad de España”.

A su juicio, la necesidad de renovación democrática “se convierte en un clamor cuando las instituciones se apartan del principio de responsabilidad y quedan dominadas por los pequeños egoísmos y la búsqueda del bien propio por encima del bien común”.

En su discurso González Revuelta ha resaltado que la Constitución de 1978 nació de la voluntad no repetir los graves errores del pasado como fue en su momento dividir España en dos Españas, “una angelical y otra diabólica según el punto de vista de cada uno”. “El pensamiento en blanco y negro solo ha producido futuros tenebrosos”, ha reconocido.

La presidenta ha reivindicado que “el político democrático y constitucional tiene que ser transparente, valiente, sincero y asumir toda su responsabilidad ante los ciudadanos y que la preservación de los valores constitucionales ”nos obliga a todos los poderes públicos a ser claros, a pronunciarnos con transparencia, sin subterfugios, sin escondernos detrás de la cortina de palabras vanas“.

Las palabras que también se han escuchado en el acto celebrado en el patio del Parlamento, con la presencia de responsables institucionales y sociales, han sido las de la escritora Concha Espina en boca de la actriz Nuria Gedack, que ha dado lectura a alguno de sus textos. González Revuelta ha considerado que “el brusco desmoronamiento en torno suyo de la responsabilidad política nacional, por una polarización brutal que hizo desaparecer las condiciones elementales de la convivencia” -es decir, el golpe de estado de Franco- “le causó un gran sufrimiento, a veces un endurecimiento del alma, e hizo, que su final fuera bien distinto de una coherente e innovadora trayectoria anterior”, en alusión a su connivencia con la dictadura.

No obstante, González Revuelta ha destacado que lo importante es que Concha Espina “se sentía españolísima” y se sintió al mismo tiempo muy cántabra porque fue una de las primeras plumas en emplear con frecuencia estas palabras, “Cantabria”, “cántabro”, como sinónimo de “La Montaña” o “montañés”, entonces más habituales.

El Parlamento ha centrado el discurso en la literatura cántabra porque frente a los problemas de la sociedad, que son muchos, según ha reconocido la presidenta, “con su capacidad para reflejar imaginativamente situaciones humanas, nos ayuda a entenderlos mejor y nos auxilia en la búsqueda de respuestas”. A su entender, justamente por esa necesidad de soluciones a los problemas de la vivienda, la sanidad o las personas mayores o las áreas rurales “no es aceptable que las instituciones caigan en descrédito o parálisis”.

El escenario desde el que ha hablado la presidencia -bajo el epígrafe 'Escribir España'- estaba protagonizado por un panel con los rostros de doce escritores cántabros -entre ellos tres Premios Cervantes: Gerardo Diego, José Hierro y Álvaro Pombo- y tres mujeres, la propia Concha Espina, Matilde de la Torre y Consuelo Berges.

El acto ha finalizado con la interpretación de varias piezas musicales clásicas por parte del Cuarteto Medicea y el himno de España.

Una llamada a rebajar el ruido, a combatir la desinformación y a la búsqueda de los consensos. O lo que es lo mismo, una enmienda a la totalidad del discurrir actual de la actividad parlamentaria. Ese ha sido el mensaje principal de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en su discurso con motivo de la celebración del 46º aniversario de la Constitución celebrado este viernes en la Cámara Baja.

“Me gustaría reivindicar la única forma de éxito, la del consenso, a pesar de este agitado tiempo que vivimos, a veces atronador”, ha planteado Armengol, que ha hecho un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas. “Tenemos la obligación de diluir el ambiente tensionado y ruidoso en que, demasiadas veces, se convierte el Parlamento. Porque el Congreso de los Diputados ha de imbuirse de la paz social, de la ciudadanía tranquila que reivindica, anhela, se pregunta y exige, desde el respeto y el pleno ejercicio de sus derechos. El Congreso ha de parecerse más a la sociedad a la que representa”. 

La presidenta ha reclamado también que la sede de la soberanía popular no pierda de vista las urgencias de la ciudadanía en mitad de la batalla política. “Nos urge involucrarnos de verdad en el reparto equilibrado de riquezas; nos urge hacer efectivo el artículo 47 de nuestra Carta Magna y garantizar el derecho a una vivienda digna, y nos urge hacerlo ya, porque es un clamor en la ciudadanía”, ha demandado, antes de mencionar también “la lucha contra la desinformación” como prioridad política.

Durante su intervención también ha hecho una mención expresa a las víctimas de la violencia machista. “Nos urge erradicar la violencia machista, nos urge, a todos y a todas, llegar a un gran acuerdo de país para transformar esta sociedad donde se agrede, se viola y se asesina a las mujeres, incluso delante de sus propios hijos”. Y también ha demandado un compromiso “sin fisuras” para luchar contra el cambio climático y “apartar” los discursos negacionistas.

“Hoy se cumplen 38 días desde que un temporal asoló el sureste de nuestro país”, ha recordado. “Demasiada gente lo ha perdido todo. Reconstruir la vida tras una catástrofe implica un proceso de duelo, que no solo requiere de recursos materiales y económicos, sino de mucho tiempo, esfuerzo, dolor y la empatía de todas y de todos. Y por eso ahora debemos mantenernos unidos”.

“El Estado somos todos y todas”, ha proseguido. “Es la guardia civil, es la médica, es el bombero y es el profesor que pide soluciones para reabrir los colegios en condiciones dignas. Esa sociedad es la que nos representa como país, la que necesita que estemos a la altura”, ha concluído. 

El presidente del Gobierno ha reconocido, por su parte, “la política útil” de sus socios en el Congreso para poder desplegar una agenda legislativa que ha reivindicado efusivamente. “Vivimos uno de los mejores momentos de la historia de España desde el punto de vista del crecimiento económico y la creación de empleo y todo en un contexto muy complicado”, ha dicho antes de comprometerse una vez más con una legislatura larga. “Cuando los españoles vayan a las urnas en 2027 se encontrarán una España aún mejor”. 

Pedro Sánchez también ha puesto en valor durante su intervención sin preguntas antes la prensa que desde que él gobierna “se cumple la Constitución en todos los territorios, no como pasaba bajo el gobierno del PP”. Y ha llamado a blindar en la Carta Magna derechos sociales ante “el avance reaccionario” y a cumplir con lo mandatado en los artículos 45 y 47, en referencia al cambio climático y al derecho a la vivienda, respectivamente.

En sus redes sociales también ha mandado un mensaje de celebración de la Constitición “con el corazón en Valencia”. “Hoy celebramos los 46 años de nuestra Constitución. Un texto visionario y pionero en muchos ámbitos, como la igualdad entre personas, la dignidad laboral o el derecho de la ciudadanía a un planeta sano, recogido en el artículo 45. Honremos esos principios y sigamos trabajando, unidos como país, para lograr al menos otras cinco décadas más de libertad y prosperidad”.

El próximo viernes, día 6 de diciembre, se celebrará el Día de la Constitución, una fecha que conmemora la votación a favor de la Constitución española que tuvo lugar en el año 1978 y que se encuentra aún vigente. Así, esta festividad se encuentra año tras año marcada en el calendario de muchos españoles, ya que permite a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo.

La celebración está seguida de cerca por la del domingo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. La fecha en la que caigan cada año ambas festividades marcará el denominado Puente de la Constitución, uno de los fines de semana más largos para muchos trabajadores.

Este año, será festivo no laborable el próximo 6 de diciembre en toda España. Sin embargo, al caer en domingo el Día de la Inmaculada Concepción, solo las comunidades autónomas que hayan decidido pasar la festividad al lunes 9 de diciembre podrán disfrutar de una jornada no laborable adicional. Así, el lunes no habrá que ir a trabajar en Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Asturias, Murcia ni en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Pese a ambos días festivos, lo que significará el cierre de muchos comercios, varias tiendas han adoptado un horario especial para atender a los clientes durante el puente, aunque estos pueden variar entre comunidades autónomas y establecimientos. Estos son algunos de los horarios de los supermercados que abren durante el puente los días 6 y 8 de diciembre.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana Mercadona tiene una estricta política de cierre durante domingos y festivos, que mantendrá para este 'puente de la Constitución'. La gran superficie no abrirá ni el día 6 ni el 8 de diciembre, y tampoco lo hará el 9 de diciembre para aquellas comunidades autónomas donde es festivo.

En el resto de comunidades, Mercadona abrirá de manera usual el lunes 9 de diciembre tras el fin de semana, en las horas habituales, de 9.00 horas de la mañana a 21.30 horas de la noche. Aun así, es posible consultar el horario específico de cada tienda en la web oficial del supermercado.

Carrefour

Al contrario que con Mercadona, Carrefour permanecerá abierto este viernes 6 de diciembre con su horario habitual, de 10.00 horas de la mañana a 10.00 horas de la noche. Sin embargo, el conglomerado sí que cerrará en la gran mayoría de ciudades el domingo 8, Día de la Inmaculada Concepción, que además será el último domingo que el supermercado cierre en lo que queda de año.

Por otro lado, el lunes 9 de diciembre Carrefour abrirá como de costumbre en todas aquellas ciudades donde el día sea laborable, aunque también será posible acceder a él en varias de las comunidades autónomas donde es fiesta. Es posible buscar los horarios específicos de una tienda determinada en la web oficial de la empresa.

Lidl

La cadena alemana Lidl es un poco más laxa con sus fechas y horarios, ya que no todas las tiendas suelen seguir las mismas normas de apertura. Pese a que los establecimientos de la marca no suelen abrir los festivos y domingos, la disponibilidad variará en función de la ciudad donde se encuentre el establecimiento.

El viernes 6 de diciembre el horario se mantendrá en gran número de los supermercados Lidl, aunque algunos de ellos pasarán a abrir de 10.00 horas de la mañana a 22.00 horas de la tarde. Para cerciorarse de cuál es el horario en una de sus tiendas en particular, es recomendable revisar el buscador disponible en su web.

El Corte Inglés

Uno de los supermercados que permanecerá abierto a pesar de las festividades es El Corte Inglés, al cual será posible acceder en su horario habitual. El centro contará con una hora de apertura de entre las 9.00 y las 10.00 horas de la mañana y un cierre entre las 21.00 y las 22.00 horas de la noche, en función de la ciudad en la que esté ubicado.

De la misma manera, El Corte Inglés también abrirá el lunes día 9 con normalidad, por lo que el supermercado ofrecerá total disponibilidad a lo largo del puente. Para cerciorarte del horario de tu tienda más cercana, revisa tanto el buscador de El Corte Inglés como el de Supermercados Hipercor.

Aldi

Muchas de las tiendas de Aldi reducirán sus horarios de apertura a causa del puente. Sin embargo, otras tantas cerrarán de manera definitiva durante el próximo 6 de diciembre. Por lo general, es posible acceder al supermercado desde las 9.00 horas de la mañana hasta las 21.30 horas de la noche, aunque puede que algunas tiendas abran solo hasta las 15.00 horas o que no lo hagan directamente.

Por ello, es recomendable acceder a la web oficial de Aldi en la que se detallan los horarios específicos para cada uno de sus supermercados y aquellos que permanecerán cerrados durante el puente.

El BNG, principal partido de la oposición a Alfonso Rueda en el Parlamento gallego, conmemoró este martes su particular 6 de diciembre. Lo hizo con un acto en el que celebró el 90 aniversario de la asamblea de ayuntamientos pro Estatuto durante la Segunda República. Su portavoz y líder, Ana Pontón, pronunció un alegato contra el centralismo y criticó una Constitución, la vigente en España, que “niega Galicia como pueblo, limita sus capacidades y pone trabas a su desarrollo y bienestar”.

Según Pontón, la comunidad “ha ido perdiendo posiciones, peso económico, cohesión territorial y vitalidad demográfica” con el actual marco institucional. Y aunque acusó de centralismo a todos los partidos estatales, no repartió las responsabilidades por igual: se refirió “en particular” al PP, que gobierna la Xunta desde 2009 y se ha instalado en un “autogobierno ruin” y no ha obtenido apenas nuevas tranferencias. Hasta muy recientemente ni siquiera las había solicitado.

“En el BNG no podemos permitir el robo de derechos y rentas, y lo combatimos en las instituciones y las calles”, dijo, algo que relacionó con la desidia de los populares a despelgar el actual Estatuto de Autonomía. Y, así, llamó a la participación en la manifestación convocada por el BNG para este 18 de diciembre: “Reclamamos una salida justa y gallega a esta crisis, y defenderemos los sevicios públicos”. La sanidad, en especial la fundamental atención primaria, los cuidados, sobre todo los de personas mayores, o el acceso a la energía “son algunas de las cuestiones por las que el Bloque llama a mvilizarse. Esto no es una crisis, es una estafa”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado en vísperas de la celebración del Día de la Constitución que la Carta Magna necesita “un reaseguro” ante aquellos que pretender socavar su espíritu, a modo de “antivirus democrático”, en alusión a partidos independentistas. Durante el acto institucional por la celebración del 6 de diciembre en el Parlamento de Castilla-La Mancha, García-Page ha apuntado que “es evidente” que todo sistema político necesita ese “reaseguro”.

“Y en España, tengo muy claro que antes o después, más tarde o más temprano, hay que tener claramente tipificada la condena a quienes intenten socavar la Constitución, o a quien quiera hacer referéndums ilegales”, ha abundado. Tal y como ha indicado, el derecho “tiene que avisar de las consecuencias de las acciones”, y quien vaya contra la Constitución en España puede hacerlo “presentándose a las elecciones”; pero no desde fuera.

La historia de la Constitución es para García-Page “una historia de éxito”, pese a que “algunos que no tuvieron nada que ver con ella” solo puedan estar en la vida pública “si lo alborotan todo”.

“Actitud preventiva”

Para García-Page, la fuerza de la Constitución es “su capacidad de inclusión”, ya que “es tan incluyente que, casi, si nos descuidamos, tendremos más caballos de Troya dentro que fuera”. Así, enemigos externos “tiene pocos”, ya que quienes quieren acabar con ella “se pueden presentar a las elecciones”.

Pero, si no tiene enemigos desde fuera porque quienes quieren machacarla están dentro, “hay que tener una actitud preventiva desde dentro”, y saber que no todos los actores son lo mismo, ya que unos la defienden y otros “la utilizan para romperla”.

En este punto, ha introducido una referencia al atasco en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

“Me duele que los platos rotos del enfrentamiento político los pague el Consejo General del Poder Judicial. Tendrá que producirse un cambio. Pero eso no entorpece para nada el funcionamiento de la jurisdicción. Los jueces dictan fallos y sentencias dentro de un sistema garantista”, ha indicado García-Page.

Bellido, en contra de ser un “satélite” de cuestiones nacionales

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha hecho un llamamiento a los partidos regionales para recuperar “los grandes consensos” y les ha pedido que respeten las competencias de las instituciones municipales y autonómicas, no convirtiendo la política en estos dos ámbitos en “satélite” de cuestiones nacionales.

Desde la Cámara regional, en el acto del 44 aniversario de la Constitución Española este lunes, ha señalado que el actual sistema democrático sufre algunas amenazas, planteando que unos de los más graves es la tendencia en los últimos años a presentar “cuestiones donde preside más el interés por hacer daño que por ser realmente útil a la sociedad”.

En este sentido, ha señalado que considera que los partidos deben intentar “no abusar al punto de llevar a municipios de menos de 100 habitantes cuestiones que tienen que ver con política internacional, debates ajenos a las competencias que tienen que asumir los ayuntamientos”.

“A veces perdemos la perspectiva”

Bellido ha solicitado que se alcance un acuerdo para que cada institución “se encargue de lo que se le ha atribuido” y no dedique su tiempo de deliberación y debate a cuestiones ajenas a sus competencias.

“A veces perdemos la perspectiva y convertimos lo municipal y lo autonómico en una especie de satélite de las cuestiones nacionales, y eso es devaluar tanto el sentido constitucional como también la utilidad democrática que tiene cada estamento de nuestra sociedad”, ha ahondado.

Junto a la falta de respeto a las competencias, el presidente de las Cortes ha señalado la creciente agresividad en los debates parlamentarios, así como la abundancia de mentiras y desinformación, entre las amenazas presentes en la democracia. “Hago un llamamiento para recuperar los grandes acuerdos, los grandes consensos”, ha planteado.

Crisis sanitaria

El presidente del Parlamento ha subrayado la importancia del trabajo del personal sanitario durante esta crisis, y ha apuntado a la importancia de los sistemas públicos de salud. “Cierto es que hay tensiones y críticas sobre la sanidad, pero no perdamos la perspectiva de que tenemos uno de los mayores privilegios que tiene la humanidad con nuestra sanidad pública”, ha afirmado.

Asimismo, ha celebrado que, tanto durante la crisis sanitaria como en la actual crisis de inflación generada por la Guerra de Ucrania, “los poderes públicos de Europa han tomado el camino de tratar de ayudar a todo el mundo”.

Reforma del término 'disminuidos'

Por otra parte, Bellido ha celebrado el 44 aniversario de la Constitución elogiando el progreso brindado por la etapa a la que dio inicio. “Estos 44 años de Constitución nos han traído sin lugar a dudas la mejor España”, ha afirmado.

Sin embargo, ha reiterado su propuesta de realizar una reforma puntual de su texto, con la modificación del Artículo 49 para suprimir el término 'disminuidos' de su contenido. “Creo que tenemos una magnífica Constitución, pero tiene un apartado que tiene que corregirse por respeto al 10% de la población”, ha planteado Bellido. “No merecen ser llamados por nuestra máxima norma disminuidos”, ha reivindicado.

Por último, ha destacado el papel de Castilla-La Mancha en las últimas décadas en el desarrollo e impulso de los derechos fundamentales, reivindicando la importancia y la trascendencia más allá del ámbito regional de leyes como la Ley de Prevención de Malos Tratos de 2001 o, más recientemente, la Ley Contra la Despoblación de 2021.

El presidente del PP, y diputado de las Cortes en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no ha asistido al acto del Día de la Constitución en el parlamento regional. ¿La razón? “Estoy reunido con alcaldes y hablando de municipalismo y de la defensa de la Constitución, como he estado siempre”, declaraba ante los medios tras la reunión celebrada con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y el presidente del PP de Toledo, Carlos Velázquez, así como ediles de toda la provincia.

Núñez ha aprovechado para criticar que “lo que tendrían que plantearse algunos es por qué traicionan a la Constitución votando con Bildu, con Esquerra o con Podemos para modificar el código penal y eliminar delitos que abren la puerta a quienes quieren romper el país, la convivencia del 78' y la Constitución”, en referencia a los votos del PSOE para la derogación del delito de sedición.

“A esos hay que preguntarles qué hacen hablando de una cosa y haciendo la contraria”, resaltó, en relación a Emiliano García-Page. “Lo más importante en política es ser creíble y para ser creíble, tus pensamientos deben coincidir con tus palabras y tus palabras con tus hechos”, recalcó. Finalmente, señaló que los “castellanomanchegos nos sentimos traicionados con un presidente cuyos hechos no se corresponden con las palabras y las órdenes que da a sus diputados” y resaltó también que la “lealtad que ha jurado a Pedro Sánchez va por encima incluso de defender la Constitución”.

El grupo 'popular' en las Cortes castellanomanchegas impidió también recientemente la declaración institucional unánime con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El acuerdo no se alcanzó porque el PP quería incluir una referencia a la aprobación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, tachaba la situación de “gravísima” y lamentaba la “radicalización” del texto que proponían los 'populares'.

Lola Merino, portavoz parlamentaria, ha declarado por su parte brevemente que “que el PSOE celebre la Constitución a la vez que está votando a favor de derogar el delito de sedición supone la ruptura de la unidad española y a la vez querer limitar el estado de derecho español”.

PSOE: “No tiene por qué competir con Vox comportándose como Vox”

El secretario de Organización y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha lamentado la “deriva radical” que muestra el PP con “plantones” como el de este lunes. Por eso, le ha pedido que cambie esa actitud de “hacerse fotos con Feijóo, pero luego comportarse como Casado”. El socialista ha lamentado la dirección “peligrosa” que está tomando Núñez, con ausencias como las de hoy y “como así hizo también el pasado 25 de noviembre, ausentándose del acto de conmemoración del Día contra la Violencia de Género”.

“Le quiero decir que pare”, recalcó el dirigente, quien ha añadido que “no tiene por qué competir con Vox comportándose como Vox” con este “tipo de plantones”. Por otro lado, ha mostrado su “preocupación” por el hecho de que el PP “no esté para celebrar la Constitución” y que Núñez haya decidido cambiar este día para participar en la presentación de uno de sus candidatos municipales en Toledo, precisamente, “el día en el que teníamos que estar todos unidos”.

Gutiérrez ha asegurado que acompañar a un candidato municipal -que no ha sido confirmado- como ha hecho Núñez “no es un acto que justifique no estar al lado del Gobierno regional, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las organizaciones sociales de Castilla-La Mancha o del resto de partidos políticos celebrando, defendiendo y festejando la Constitución”.

El dirigente socialista ha defendido también que el espíritu de la Constitución Española es “el respeto, la moderación y la convivencia” y ha lamentado que el PP de Castilla-La Mancha no lo entienda así, pues lo que ha hecho Núñez es “una falta de respeto a la Constitución, al día que celebramos al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha”, lo que “es impropio de alguien que quiere presidir esta tierra”.

“Hoy celebrar la Constitución es celebrar el mejor período de nuestra historia española”, ha señalado Gutiérrez, quien ha dejado claro asimismo que defenderla es “defender a Castilla-La Mancha”, porque la Carta Magna permitió el desarrollo de las autonomías, que, entre otras cosas “nos ha permitido, dentro de una mejor España, que entre el mundo rural y el mundo urbano se redistribuyan las oportunidades”.

Ciudadanos: “Tenemos que estar todos unidos”

Por su parte, la diputada y coordinadora regional de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha pedido que “no ceder ni un palmo de terreno” en el “legado de nuestros padres, de nuestros abuelos”. “Al radicalismo debe enfrentarse la moderación. Sólo con moderación y con consenso, lograremos las grandes reformas. Desde el centralismo, como son en sanidad, en economía, en ciencia, en educación, estas grandes reformas son las que debemos afrontar todos unidos celebrando el Día de la Constitución y la unidad del país”, recalcó.

También hizo referencia a la derogación del delito de sedición. “Hemos visto estos peligros en los últimos días, hacer leyes a medida para que unos delincuentes puedan repetir lo que hicieron en 2017. Es muy peligroso rozar los límites del poder legislativo y judicial. Hay que ser firmes, precisamente en esos principios y valores que consagran la Constitución española y para eso tenemos que estar todos unidos”, concluyó.

En el clima de crispación creado por las derechas desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, con el único fin de hacer caer al Gobierno, las apelaciones al “diálogo”, el “acuerdo” y el “pacto” han sido una constante en todos los discursos que ha pronunciado Meritxell Batet tras su elección como presidenta del Congreso de los Diputados, en diciembre de 2019. La novedad en el que verbalizó este lunes con motivo del 43º aniversario de la Constitución fue el contundente posicionamiento político de la que es la tercera autoridad del Estado en materias como la igualdad, la lucha contra la violencia machista y las discriminaciones o la apuesta por la educación y la sanidad públicas, así como los reproches, aunque sin aludirlos directamente, tanto al Partido Popular como a Vox por sus tácticas para tratar de socavar al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Las palabras de Batet chocaron especialmente en las filas de esos dos partidos políticos que luchan desde hace años por el mismo electorado, hasta el punto de que la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, evitó aplaudir el discurso y Casado –cuyo equipo criticó después a la presidenta del Congreso por haber pronunciado un “discurso de parte”– lo hizo muy tímidamente, sin poder ocultar su rostro de sorpresa pese a estar en parte oculto por la mascarilla.

Por segundo año consecutivo, el acto del Día de la Constitución se vio de nuevo deslucido por culpa de las restricciones impuestas por la pandemia. En lugar de la tradicional reunión solemne de las Cortes Generales en el hemiciclo del Congreso, el evento se desarrolló puertas afuera de la Cámara Baja, en la Plaza de las Cortes, y al aire libre. Ante el incremento de contagios, a última hora se tuvo que cancelar además el habitual cóctel que antes de la emergencia sanitaria daba pie a multitud de corrillos y conversaciones entre autoridades y periodistas, y apenas hubo una decena de intervenciones de dirigentes políticos ante la prensa.

El acto se redujo así al discurso de Batet, que habló durante apenas un cuarto de hora ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las máximas autoridades del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ocho presidentes autonómicos –los de la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia, Aragón, La Rioja, Canarias y Extremadura–, los ministros –excepto Nadia Calviño y Yolanda Díaz, ambas de viaje de trabajo en Bruselas, y Manuel Castells– y con las ausencias habituales de los representantes de los partidos nacionalistas e independentistas, así como la del líder de Vox, que en Twitter aseguró que el acto era una “burla”. En las intervenciones previas se vislumbraron ya las diferencias que sigue generando además esta celebración en el seno del propio Ejecutivo. Mientras Sánchez pidió cumplir la Constitución “de pe a pa” en una declaración sin preguntas, Unidas Podemos dijo que la Carta Magna es un “traje viejo” y reclamó un referéndum sobre la monarquía.

“Riesgos” para la democracia dentro del Parlamento

A diferencia de sus intervenciones públicas de los últimos años, este lunes Batet no evitó los guiños a su familia política, el socialismo catalanista del PSC en el que milita. Habló en catalán para reproducir una cita del poeta Joan Margarit, destacó la apuesta por el pluralismo y constató un fuerte compromiso social en contra de las desigualdades y a favor del entendimiento entre diferentes, con duros reproches para quienes desde sus escaños alientan la bronca permanente, recurriendo como hacen las derechas a palabras gruesas y descalificaciones contra sus adversarios políticos.

“Los riesgos principales para la democracia no son externos al Parlamento, sino que provienen de la priorización de las dinámicas de enfrentamiento y exclusión respecto de las de acuerdo e integración”, lanzó Batet al inicio de su intervención. “El comportamiento y la actuación de los representantes políticos es un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional; o, al revés, para su cuestionamiento, la traslación de enfrentamiento, el alejamiento de parte importante de los ciudadanos y, en definitiva, la deslegitimación de la propia democracia”, apuntó.

Sin citarlos por sus nombres, Batet se dirigió entonces a los dos principales partidos de la oposición de derechas. A Vox le reprochó el “alto riesgo de ofrecer soluciones simples a problemas complejos, de generar división, exclusiones y atrincheramientos en las propias seguridades”. “Es alto el riesgo de impulsar una visión populista e irresponsable de la realidad y poner en peligro la cohesión social, los derechos de los otros y la capacidad de acuerdo e integración política, vitales en el sistema democrático. Un riesgo que, la experiencia histórica nos lo muestra, acaba siempre en la deslegitimación de las propias instituciones representativas. La deslegitimación del otro no se agota nunca en sí misma; por el contrario, siempre conduce a la deslegitimación de lo común”, advirtió.

Al PP, también sin mencionarlo, le afeó el bloqueo al que ha sometido a la renovación del Poder Judicial desde 2018. Los “pactos y acuerdos exigen esencialmente un solo requisito”, señaló Batet: “La voluntad de alcanzarlos”. “Para los políticos la Constitución es norma exigible. Sus preceptos se dirigen en muchas ocasiones a las instituciones públicas. En nuestra labor institucional nos encontramos con frecuencia con mandatos constitucionales inequívocos, que nos están específicamente dirigidos. Podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento. Quien discute el cumplimiento de la Constitución, por buenas que sean sus razones, pretende situarse por encima de ella”, les dijo a los de Casado. El propio líder del PP había asegurado minutos antes que él se “conforma” con que la Carta Magna se cumpla, pese a que su partido lleva incumpliéndola desde que él es presidente bloqueando la renovación del CGPJ.

En contra de la lawfare

Tanto al PP como a Vox, Batet les lanzó una última recriminación por su estrategia de judicializar la política, la llamada lawfare que practican los dos partidos contra el Gobierno, recurriendo ante los tribunales todas las decisiones democráticas que no les gustan. “Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la justicia, pero sobre todo lleva a desconocer el espacio deliberativo que es propio de todo sistema político democrático. Ser leal a la Constitución es, en segundo lugar, aceptar y asumir la propia posición en el sistema constitucional y con ella la de los otros. Asumir que en ocasiones las opciones propias resultan mayoritarias y en otras deben limitarse a ser la alternativa minoritaria que queda fuera de la decisión final. Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo con el esfuerzo de llegar a acuerdos más o menos amplios mediante la discusión y el debate”, zanjó.

Batet ha padecido esa estrategia de judicialización de sus propias decisiones al menos en dos ocasiones. La primera, cuando PP y Vox recurrieron ante el Constitucional las juras o promesas de diputados de Unidas Podemos y de fuerzas nacionalistas por utilizar fórmulas alternativas a las tradicionales “sí, prometo”, o “sí, juro”. Más recientemente, cuando ese mismo tribunal ha dado la razón a Vox considerando ilegal la reducción parcial de la actividad parlamentaria al inicio de la pandemia a pesar de que la extrema derecha, en un principio, pidió la paralización total del Congreso.

La presidenta de la Cámara Baja citó además una serie de “compromisos constitucionales” que a su juicio deben marcar el “futuro” de la aplicación de la Carta Magna y que discrepan, sin embargo, de las agendas de las derechas, especialmente de Vox, que niega la necesidad de luchar contra las discriminaciones de las minorías o que directamente dice que la violencia machista no existe.

“Igualdad efectiva, reconocimiento de las personas con discapacidad, lucha contra las discriminaciones y frente a desigualdades estructurales, acceso a la vivienda, impulso de un sistema educativo público de calidad, protección del medio ambiente… y también garantía de la vida y la seguridad de todas, de todas las mujeres frente a la violencia machista que en menos de veinte años nos ha robado por completo 1.118 vidas y ha dañado enormemente muchas más. Todos estos son mandatos constitucionales que siguen exigiendo acción inmediata ante las cifras y las realidades que demuestran que todavía estamos lejos de alcanzar ese objetivo”, dijo Batet.

El discurso lo concluyó citando a Almudena Grandes, según explicó el entorno de la presidenta del Congreso para tratar de arreglar el desprecio a la escritora recientemente fallecida por parte de las autoridades de su ciudad, Madrid, y el hecho de que ni siquiera fuera mencionada en el acto de la Constitución celebrado por la Comunidad de Madrid.

Recuerdo para Almudena Grandes

“En este lunes de recuerdo a quienes ya no están, de agradecimiento a quienes piensan en el otro y trabajan por él, de impulso para una política que tenga presentes los retos que juntos debemos afrontar y abra caminos al acuerdo, quiero terminar con las palabras de Almudena Grandes dando la bienvenida a 'esos domingos de invierno en los que el cielo más bello del mundo elige amanecer en Madrid', como símbolo de esperanza para saber disfrutar de lo que nos une y de lo mucho que podemos conseguir juntos y en leal convivencia”, terminó Batet.

Tras el irregular aplauso, que no fue secundado por parte de las derechas, los asistentes al acto fueron poco a poco vaciando la Plaza de las Cortes, hasta quedarse casi vacía. A la media hora ya se había levantado incluso el fuerte dispositivo de seguridad y una multitud de ciudadanos volvió a recorrer libremente la Carrera de San Jerónimo y a hacerse fotos con los míticos leones de un Congreso de los Diputados que por culpa de la pandemia vivió un año más una celebración de la Constitución descafeinada.

La Constitución hay que cumplirla, razona el presidente Sánchez en el día del cumpleaños de ese libro que se supone que contiene el alma de nuestro Estado. Si a la de 1812 la llamaron La Pepa por ser promulgada el 19 de marzo, a esta tendríamos que ponerle Nicolasa, por Nicolás de Bari, que era un santo que luego se metió a cantante. Mientras le soplan las velas en su casa natal, que es la de las Cortes, su familia se hace selfies con ella: ya estás cuarentona, le dicen, convendría que fueras a pilates, a Estambul para un trasplante de pelo, o no te vendría mal un pelín de botox en la ley sálica. 

Que se cumpla; eso quieren más de tres millones de parados, aquellos que acaban de recibir un aviso de lanzamiento de la vivienda, la mujer que contempla resignada la brecha salarial, el sin techo al que no le llega la paguita del Ingreso Mínimo Vital, el viejo taciturno en la cola del ambulatorio. Perdónenme este preámbulo propio del neorrealismo italiano, pero a mucha gente le siguen robando la bicicleta.  

“Una buena Constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota”, atinó a decir Thomas Macaulay, que no era el niño de Solo en casa. Ojalá pudiera existir algún recurso de amparo que lograra evitar que Joan Manuel Serrat se retirase en vez de seguir cantándonos de por vida “nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda y los pajarillos cantan, y las nubes se levantan”.

Qué no daría yo por reformar esta ley de leyes y proponer, como en la Constitución de Cádiz, que los españoles y las españolas deban ser justos y benéficos

Qué no daría yo por reformar esta ley de leyes y proponer, como en la Constitución de Cádiz, que los españoles y las españolas deban ser justos y benéficos. O que también la tierra, este viejo planeta desarbolado, tenga sus propios derechos, como reza la Carta Magna de Ecuador. O como buscaba Eduardo Galeano: que nuestra máxima norma reivindicase alguna vez los izquierdos humanos, a ver si por ahí tuviéramos más suerte. 

Ojalá pudiéramos reescribir ese texto sagrado de la España laica, para que realmente fuera laica. Para que nuestras lenguas sean puentes y no abismos. Para que lo público se anteponga a lo privado; o a lo concertado, que viene a ser tres cuartos de lo mismo, perdonen mi demagogia. Para que debajo del asfalto, al menos alguna vez, esté la playa y que la arena salvaje acabe con el ladrillo tan educado. Para que no deslocalicemos el sudor de la frente, para que un joven pueda seguir siéndolo en su tierra; para que las autonomías no sean regiones devastadas.

Ya me gustaría que el Ministerio de Defensa defienda a España de quienes pretenden defenderla a costa de los españoles que no defendemos lo mismo. Que el Ministerio del Interior no se internase en mi casa, ni inspeccionase quién se acuesta en mi cama, pero que alicate de una vez por todas las cloacas del Estado. Que el Ministerio de Exteriores se ocupe también de los parques y de los cines de verano. Que el Ministerio de Fomento fomente la alegría y que el de Obras Públicas ampare a los teatros. Que al Ministerio de Industria se le bajen los humos. Que el Ministerio de Empleo se emplee en lograrlo. Que el Ministerio de Igualdad no dé igual. Que el Ministerio de Cultura lleve el nombre de Almudena. 

Quizá convendría, antes de reformarla, que establezcamos un cierto manual de instrucciones para que este país funcione como la Constitución manda. Que nadie use su nombre en vano, especialmente aquellos que se opusieron a ella. Que el Tribunal Constitucional sea constitucional. Que la Guardia Civil sea civil. Que las bases españolas sean españolas. Que el señor obispo pague el IBI. 

Que las mujeres y los niños se salven primero, como si estuviéramos, que lo estamos, en el lento naufragio del estado del bienestar. Que no echemos de comer a los animales, excepto a Yogui, para que no multipliquen a la enésima potencia el número de diputados. Que el rey se sindique o que la monarquía acuda a reunirse con el emérito para que no pase solito otra Navidad.

Que abramos las fronteras a quienes vengan a buscarse la vida y las cerremos a aquellos que busquen la muerte, aunque ya vivan dentro

Que fueran españoles aquellos que quieran serlo y que puedan renunciar fácilmente a  la nacionalidad quienes no la deseen. Que abramos las fronteras a quienes vengan a buscarse la vida y las cerremos a aquellos que busquen la muerte, aunque ya vivan dentro. Que la España vaciada se llene de sueños, que la España llena se vacíe de supercherías, de españoles y muchos españoles que coticen en Andorra o de expolíticos escribiendo sus memorias. Que la vida deje de ser una tómbola, que no tengamos ya más que resistir, que el olvido no acaricie nuestra memoria histórica, que a la cucaracha ni a la España histérica le falten marihuana que fumar. Que en la declaración de la renta haya una casilla para destinar mis impuestos al departamento oficial de las utopías razonables.

Verán que no pido imposibles, como probablemente sería prohibir las pandemias por decreto ley, reclamarle a Francia la extradición de Messi o exigir que ganemos alguna vez Eurovisión. Pero sólo lamento informarme a mí mismo que mejor sería no abrir ahora el melón constitucional. No es prudencia, me digo, sino pura cobardía. Si en 1978, con las calles pobladas de ternuras de los pueblos, gritos tricolores y pancartas justicieras, si en las marquesinas de los autobuses y en el interior de los taxis se elogiaba a Susana Estrada y a Tierno Galván, y nos salió esta cosa manifiestamente mejorable, ¿qué churro saldría de este país de hoy, donde los madelman le ganan la partida a los juegos reunidos Geyper, donde los títeres de cachiporra arrinconan a la Tía Norica, donde votamos a porfía a los cuatro jinetes del apocalipsis y dejamos sin Rocinante a Don Quijote?

Querida Constitución, cuarentona mía, acicálate un poquito, déjate querer, vuelve a mirarte al espejo a ver si todos y todas cabemos en él. Lo mismo ensanchas, como la ropa de los mercadillos, aguantas el tirón como Fernando Alonso y de repente volvemos a subir contigo al podio de la esperanza. Sería la mejor manera de celebrar tus años y no confundir tu día con el de las inocentadas. 

Lo que hace cuatro décadas fue posible tras 36 años de dictadura es hoy impensable. Un gran acuerdo que gestaron exministros de Franco, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes en forma de Constitución, que fue avalada en el Congreso el 6 de diciembre de 1978. Los llamamientos a renovar el texto en el que se sustenta desde entonces el sistema democrático en España han sido en balde y la creciente fragmentación, pero sobre todo la polarización y el inmovilismo de las derechas, hacen imposible tocar una coma. El Diario de Sesiones recoge en cada Pleno ampulosas defensas de la Carta Magna, cuyos artículos se incumplen a diario. 

El enquistamiento ha llegado hasta el punto de que PP y Vox rechazan tocar incluso el texto constitucional para algo tan elemental como eliminar el término “disminuidos” con el que el artículo 49 se refiere a las personas con discapacidad. “Es un riesgo que no se ha medido”, fue la justificación de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en referencia a la “dependencia” del Gobierno de las fuerzas independentistas. Más variopintos aún fueron los argumentos de la extrema derecha, que llegó a entremezclar en el asunto la “ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de las personas con discapacidad”.

Frente a esa cerrazón, Pedro Sánchez lleva mucho tiempo anunciando una reforma constitucional que no tiene fecha ni tampoco una negociación en marcha. Se presentó a las elecciones ya en 2015 con una propuesta de modificación que incluyera el blindaje de servicios públicos como la sanidad y la educación y también abordara el modelo territorial para fortalecer el autogobierno como fórmula para solucionar el conflicto en Catalunya. Corrían años de austeridad por toda Europa y el líder del PSOE anhelaba reconciliarse con parte del electorado perdido camino de Podemos.

A esas propuestas ha ido incorporando en los últimos años otras como eliminar los aforamientos, la inviolabilidad del rey para que afecte solo a aquellas gestiones inherentes al cargo o blindar constitucionalmente las pensiones. 

El PSOE incluyó hasta cinco cambios constitucionales en la ponencia de su 40º Congreso e incluso creó una secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos que recayó en Félix Bolaños, el hombre fuerte de Sánchez en el Gobierno. Sin embargo, los socialistas asumen que no dan los números para abordar esa reforma. 

El acuerdo de coalición también incluyó la reforma para limitar los aforamientos políticos, pero todavía no se ha hecho nada en esa dirección. La última vez que Sánchez lo planteó fue en septiembre de 2018, cuando propuso una reforma exprés con ese objetivo que podría haber estado lista en 60 días. No llegó a ningún puerto. 

Podemos siempre ha querido ir un paso más allá y someter a referéndum cualquier reforma de la Carta Magna. Entre las cosas que defiende el partido de Ione Belarra -y también otros grupos de izquierdas- es abrir el debate monarquía-república que el PSOE siempre ha rechazado. 

Ante esa ‘amenaza’, el PP siempre se reivindica como un dique de contención. Su participación es imprescindible porque cualquier retoque de la Constitución, por mínimo que sea, requiere de una mayoría reforzada y desde 1978 solo se ha modificado en dos ocasiones, una de ellas para primar el pago de la deuda y consagrar la austeridad. Aquel cambio exprés lo pactaron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en el marco de la crisis financiera y se explicó como una exigencia irrenunciable de Bruselas. Sánchez reconoció después que fue un “error”, pese a haber votado a favor, y abrió la puerta a subsanarlo. El 135 sigue intacto en la Constitución.

Pablo Casado, Santiago Abascal y antes Albert Rivera y ahora Inés Arrimadas se han autodenominado “constitucionalistas” y así se presentan en el Congreso o las manifestaciones, pero sus referencias se limitan a la inquebrantable unidad de España y la Corona. En eso los tres partidos se presentan como “garantes” de la Carta Magna.

No obstante, el PP y su líder lleva tres años incumpliéndola con el bloqueo del Poder Judicial. El artículo 122 establece que los vocales son elegidos por un periodo de cinco años, que venció el 4 de diciembre de 2018 sin que haya ningún viso de acuerdo pese a haber actualizado recientemente otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, este último con nombramientos muy polémicos del Partido Popular. 

No es el único artículo que se vulnera sino que a diario hay partes de la Carta Magna que no se respetan. El primer artículo señala la “igualdad” como uno de los principios básicos del estado social y democrático de derecho. Sin embargo, España es el quinto país europeo con más pobreza, por detrás de Rumanía, Letonia, Bulgaria y Estonia, según Eurostat. Un 27% de los niños están en riesgo de pobreza infantil -lo que le coloca en la tercera posición de la UE en ese lamentable ranking-. 

El artículo 14 rechaza que pueda haber algún tipo de discriminación por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. A pesar de que se ha producido un recorte en los últimos años, la brecha salarial entre hombres y mujeres se situó en el 19,5%, según el último dato disponible. El Gobierno reconoce que se ha producido un aumento de los delitos de odio. El primero es por racismo, pero las cifras de Interior recogen un aumento de los cometidos por discriminación contra las personas con discapacidad (69,2%), por razón de enfermedad (62,5%), el antigitanismo (57,1%) y por razón de género y sexo (48%). La Fiscalía ha pedido una ley para multar las discriminaciones que no son consideradas delitos de odio. 

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, reza el artículo 35. En España hay trabajadores pobres y la pobreza laboral se ha incrementado un 16% en la última década. 200.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre. 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Las burbujas inmobiliarias y los incrementos desorbitados de los precios del alquiler revelan que el artículo 47 también está en cuestión. En España hay unas 30.000 personas sin hogar. 

Sobre todos estos incumplimientos pasan de puntillas las derechas en el Congreso, aferradas a la indisoluble unidad de España y el debate territorial. Y cuando se invoca algo parecido al título VII, a menudo se despacha la bancada de la derecha con referencias a Venezuela. En la Constitución está escrito así: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Este lunes, el Congreso vuelve a vestirse de largo para conmemorar el acuerdo que fue posible hace 43 años. Se repetirán los discursos en defensa de la Constitución y también de su reforma. Y una vez retirado el dispositivo de la celebración vendrán previsiblemente otros 365 días de incumplimientos sin visos de reforma y con la esperanza, cada vez más vaga, de que se pueda eliminar una ofensa para las personas con discapacidad.

El debate de la reforma de la Constitución no es ajeno a los jóvenes. “Necesitamos políticas en las que nos sintamos reflejados”, explica Ana Villaseñor, coportavoz junto a Ricardo Blázquez de la Plataforma de la Juventud de Castilla-La Mancha. Por eso, en el Día de la Constitución, reflexionan de los cambios que hacen falta en una Carta Magna que ven cada vez más lejana y cuya reforma ven inevitables.

“Es fundamental que cualquier país democrático tenga una carta que determine derechos y deberes de las personas. Pero la nuestra viene de un contexto muy distinto al actual y no es que esté mal, pero muchos estados democráticos ya han tenido actualización de su constitución por esta misma tesitura”, afirma Ricardo. Lo que observa, prefiere hablar a título personal no en el de la Plataforma en esta entrevista, es que las circunstancias iniciales son distintas. “Salíamos entonces de una dictadura, pero ya llevamos 40 años de democracia y tenemos grandes retos como sociedad”, afirma.

La posible reforma de la Carta, explica, podrá determinar si el país se “cohesiona o se reparte en grandes bloques generacionales”. “Muchas veces escuchamos una serie de comentarios que siempre vienen en el mismo sentido por parte de la generación del 'baby boom'”, explica. Él tiene 24 años y siente que su generación es señalada por el “mantra” de que no están implicados o que “no hacen nada”. “Que si los ninis esto o lo otro, pero la realidad es que yo conozco más sisis que hacen todo lo que pueden porque no saben cuál es su futuro”, afirma.

De este modo, recuerda que los datos apuntan a que uno de cada cuatro jóvenes se encuentra ligado al movimiento asociativo en España. “Me gustaría saber cuál es el porcentaje de la población adulta”, se pregunta. Y es que, insiste, su generación y las que luego vienen tienen “más dificultades”. “Es que vamos a ser la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres”, lamenta. Y por eso, aboga por “pedagogía” a cambiar la situación, también desde la Constitución, cuidando los salarios dignos, los accesos a las pensiones, a la vivienda. “La Constitución debe modificarse para darle salida a esta problemática social actual”, concluye.

Tampoco entiende la “controversia” que se genera ante una posible reforma. “Lo que haríamos sería subsanar los problemas de nuestra época. Para ello necesitamos más participación activa de la población civil y que esta disponga de dos causes adecuados para que se den las soluciones necesarias. La modificación de la constitución es una manera de abordar los problemas de la vida real”, concluye.

Artículo 48

“Es necesaria una reflexión. Lleva demasiado tiempo sin revisarse”, advierte Ana Villaseñor, coportavoz de la Plataforma. Tiene 23 años y estudia lenguas modernas y sus literaturas y lo tiene claro: una reforma es necesaria. O, por lo menos, cumplir con artículos que pasan por desapercibidos, como el número 48 que habla de cómo se debe propiciar la participación ciudadana de los jóvenes en las políticas del país. “Hay artículos base que no se están cumpliendo. Los jóvenes tenemos una situación muy compleja en España, la tasa de riesgo de pobreza está entre los 16 y los 29 años en un 33,8%. Es una tasa muy alta. Si nos paramos a pensar, de este modo no se cumple el artículo 47 de la Constitución”, señala.

Tampoco se cumple el 35, en el que se habla del derecho al trabajo o de cómo no debe haber discriminación, explica. “Pero la realidad es que la tasa de temporalidad entre los más jóvenes de España supera el 56%. Y, además, las mujeres tenemos que hacer frente al techo de cristal y a una brecha salarial, demostrada”, explica. En la misma línea llama la atención a que no se han creado políticas para la juventud que consideren “efectivas” y señala que es “necesario” para que los más jóvenes puedan vivir dignamente. “Simplemente independizarnos”, aclara.

“El artículo 47 habla del derecho a la vivienda digna y esto no se cumple, pocos pueden independizarse sin endeudarse. No tenemos derechos, los precios de los alquileres son altos, los trabajos son precarios. No hay manera”, afirma. Además, habla de cómo no se conoce que en el artículo 48 de la Carta Magna se habla de que es deber de los poderes públicos deben promover la participación juvenil. “Y sin embargo, en Castilla-La Mancha seguimos sin tener un Consejo de Juventud que nos represente, que construya un tejido regional. Por eso luchamos por cumplir este artículo y por ser escuchadas”, afirma.

Finalmente, es también favorable a la reforma para que se pueda plantear el derecho a voto de los menores de 16 años. “Una persona de esta edad puede casarse, trabajar, firmar testamentos, pero no votar sobre lo que le afecta. Cuando se habla en las noticias de la participación juvenil baja, ¿qué esperan? Hay que pensar por qué y qué está pasando. Y así fomentar nuestra participación”, recalca. De este modo, asegura, la juventud dejará de sentirse “tan abandonada” y podrá ser parte de las políticas que deciden su futuro.

La Generalitat ha hallado un “mecanismo legal” que permitirá este año que los funcionarios de la Generalitat que lo deseen puedan trabajar dos festivos estatales: el 6 de diciembre, día de la Constitución, y el 12 de octubre, día de la Hispanidad. Así lo ha anunciado el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró.

En una entrevista con la agencia EFE, Puigneró ha explicado que el Govern aprobará un acuerdo de gobierno en septiembre que habilitará la fórmula legal para que el personal de la Generalitat pueda trabajar esos dos días. El conseller ha querido dejar claro que la opción de trabajar en esas dos festividades será completamente “voluntaria”.

“No obligaremos a nadie a hacer fiesta estos dos días, pero sí que habilitaremos la posibilidad de que aquellas personas que quieran trabajar estos dos días puedan hacerlo”, ha aseverado. Preguntado por si teme impugnaciones por parte del Estado, el conseller ha asegurado: “Lo hemos querido hacer de acuerdo con la legislación y hemos buscado el mecanismo que permitirá hacerlo posible”.

Con todo, Puigneró ha explicado que hasta septiembre no se darán a conocer los detalles la fórmula que se ha buscado. El conseller ha recordado que el año pasado recibió una carta de muchos funcionarios catalanes que pedían tener el derecho de trabajar esos dos días, al no sentirse representados por esas festividades, y ha añadido que esa demanda la respaldan también colectivos de la administración y algunos sindicatos, entre ellos la Intersindical-CSC.

Este año el Día de la Hispanidad (12 de octubre) cae en sábado, mientras que el Día de la Constitución se celebrará en viernes. Preguntado por si la medida también se podrá extender al personal de los ayuntamientos catalanes, Puigneró ha explicado que la petición de habilitar esos días como laborables provenía de los empleados de la Generalitat, y de momento se pondrá en marcha para los trabajadores del gobierno catalán, que son más de 200.000.

“Lo que pueda pasar en otras administraciones no es de mi responsabilidad”, ha añadido el conseller, que ha dejado en manos de los ayuntamientos la decisión de trabajar o no esos festivos.

En los últimos años un grupo de ayuntamientos catalanes, especialmente los gobernados por formaciones independentistas, han abierto sus puertas el 12 de octubre y han convertido el Día de la Hispanidad en laborable para aquellos funcionarios que quisieran trabajar.

No obstante, la polémica se desató en 2016, cuando un juez, a instancia de la Delegación del Gobierno en Cataluña, prohibió abrir el Ayuntamiento de Badalona el 12 de octubre y seis concejales de ese consistorio decidieron abrir las puertas del consistorio y fueron luego acusados de desobediencia.

En estos momentos en los que para la mayoría –excluyendo al PP, claro– parece evidente que es urgente una reforma de la Constitución de 1978, debería serlo también que uno de los grandes déficits que arrastra ese pacto de convivencia es la ausencia de las mujeres no solo en el poder que la generó sino también en su contenido. Ello no quiere decir que no hubiera mujeres en el proceso constituyente. Claro que las hubo: 27 pioneras que en aquellas Cortes elegidas en 1977 tuvieron que batallar con lo que entonces todavía era un patriarcado coactivo.

27 mujeres absolutamente invisibles en los libros de historia, en las conmemoraciones y en un imaginario colectivo en el que solo ha habido lugar para los padres de la Constitución. La más radical expresión de eso que Celia Amorós denomina “pactos juramentados entre varones” o, si lo prefieren, como vergonzante demostración práctica de que el patriarcado es el gobierno de los padres. Afortunadamente los trabajos de la constitucionalista Julia Sevilla y el magnífico documental Las constituyentes, de Oliva Acosta, nos han servido, por lo menos a algunos, para completar la fotografía y tener presente como, por ejemplo, aquellas pioneras practicaron una sororidad que ya quisiéramos que hoy se hubiera convertido en práctica cotidiana. Algo que, por cierto, debería haber tenido reflejo en la recientemente constituida Comisión para los festejos del 40 aniversario del texto de 1978, la cual vuelve a ser manifiesta expresión de que aquí el poder, como el “soberano” de hace varias décadas, es cosa de hombres.

Pero es que además las mujeres no están en la Constitución como sujetos políticos y, por lo tanto, como ciudadanas de pleno derecho. En un texto marcado por un lenguaje androcéntrico y por tanto excluyente, las mujeres solo aparecen en cuanto esposas –art. 32– o en cuanto madres; art. 39. Todo lo demás es un silencio abrumador, que resulta todavía más flagrante si tenemos en cuenta que veníamos de un régimen, el franquista, que las había mantenido social, política y jurídicamente domesticadas.

La corrección de esa ausencia debería ser pues el eje central de una reforma constitucional que, mucho me temo, parece condenada a estar hipotecada por los dilemas territoriales y nacionalistas. Tal y como hemos puesto recientemente de manifiesto desde la Red Feminista de Derecho Constitucional [descargar en PDF].

Y debería serlo porque lo que está en juego es el reconocimiento de mujeres y hombres como equivalentes, como sujetos del Derecho y de derechos, como partes unas y otros de un contrato mediante el que deberíamos poner las bases para avanzar en un siglo XXI en el que el principal campo de batalla va a ser sin duda la igualdad. Ello pasa necesariamente por garantizar una presencia paritaria de mujeres y hombres en el proceso de revisión constitucional, de manera que el texto resultante sea fruto de una labor corresponsable de las dos mitades que componemos la ciudadanía. Esas dos mitades, por tanto, han de encontrar reflejo en un articulado que, con un lenguaje que reconozca a las mujeres como sujetos, debería incorporar el género de manera transversal y principal, de forma que tanto en la parte orgánica como en la dogmática se evidencie que una democracia es la suma de los ciudadanos y las ciudadanas. A éstas, además, deberían reconocérsele derechos específicos, tales como el que supone vivir una vida libre de violencia o ser plenamente autónomas en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Todo ello en un marco constitucional que no debería desconocer realidades como la corresponsabilidad en el ámbito familiar, los efectos terribles de la discriminación interseccional sobre las mujeres o la diversidad de identidades sexuales y de modelos de convivencia.

Dichos objetivos habrían de ser la proyección de un principio, el de paridad, que debería figurar como uno de los pilares del edificio. La paridad, entendida no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos, debería ser por tanto la aliada esencial de un Estado social no limitado a su mera proclamación formal, de la misma manera que debería asumirse como requisito ineludible en el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Es decir, la reforma constitucional deseable debería partir de la proclamación de nuestro Estado no solo, como lo hace ahora, como Social y democrático de Derecho, sino también como paritario. Porque sin este presupuesto esencial la democracia no es tal democracia y el Estado carece de la legitimidad que supone el reconocimiento equivalente de las mujeres y de los hombres. Solo de esta manera, que implica a su vez, o debería hacerlo, una auténtica “revolución” de los paradigmas de un constitucionalismo heredero de la razón ilustrada y androcéntrica, será posible que todas y todos sintamos que la Constitución, nuestra Constitución, es un auténtico “hogar de la ciudadanía”. Y que, por supuesto, soberano, el poder soberano, no es solo cosa de hombres.

Día de la Constitución y, por tanto, ocasión aprovechada por los líderes políticos andaluces para hacer referencia a la necesidad de reformar un texto que en la madurez de sus 39 años se antoja necesario actualizar. Todos coinciden en la necesidad de que sea un proceso marcado por una calma que ven complicado encontrar no ya a corto plazo, sino siquiera a medio. Todos hablan de la necesidad de afrontar en este marco el modelo territorial, pero sin dejar claro en qué consisten sus propuestas, igual que reivindican el papel de Andalucía, pero tampoco logran concretar cómo se traduce sobre el papel.

“Hay que poner en marcha un proceso tranquilo y sosegado para una reforma que en ningún momento debe derivar hacia un proceso constituyente”, ha expresado este martes el portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez. En su opinión, hay que reformarla en cuestiones que “son muy importantes”, en referencia por ejemplo a la estructura territorial, en la apuesta de su partido por un “modelo federal” que no concreta más allá. Eso sí, reitera que es una cuestión que tiene que afrontarse “partiendo de un gran entendimiento” para que cualquier cambio sea “tomado como propio por parte de la inmensa mayoría de los españoles”.

En eso coincide con Juan Manuel Moreno, presidente del PP de Andalucía, quien ha remarcado que el principio de la igualdad “es uno de los hitos” de la Carta Magna, por lo que asevera: “Sigamos defendiéndolo; sigamos salvaguardándolo”. Entiende que la reforma del texto requiere de “consensos amplios”, por lo que “es fundamental sumar a todas las fuerzas políticas”. En esta línea, advierte: “Si abrimos un debate complejo y difícil puede que probablemente tengamos problemas”. Llama, como el PSOE, a la “serenidad” para lo que cree clave “alejarse de los contextos electorales porque distorsionan la búsqueda de puntos de encuentro”.

En el lado opuesto, Podemos e IU, que sí creen necesario un nuevo proceso constituyente. Esperanza Gómez, diputada de Podemos, apunta que “la reforma constitucional no es ningún atentado” y que pasadas casi cuatro décadas “es hora” de cambiar ciertas cosas. Pese a todo, lamenta que “no haya ningún interés en hacerlo”, apuntando específicamente a los populares, “sin cuyo consenso es imposible”. En la misma línea, apunta que no sólo hay que reformar la estructura territorial, “sino blindar determinados derechos”. Para concluir: “Si queremos tener vigencia hay que reformarla. Es más, hacerlo muchas veces no es sinónimo de no respeto, sino todo lo contrario”.

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, coincide en que después de 39 años “este país ha cambiado lo suficiente como para abordar un nuevo marco que nos permita un pacto de convivencia”. Quizá por ese objetivo tan ambicioso, es escéptico sobre las posibilidades de acometer el proceso. Su apuesta es por un proceso “profundamente enraizado en las demandas sociales y con un nuevo pacto territorial que permita seguir con este proyecto común que llamamos España y en el que las partes se encuentren cómodas desde el reconocimiento del carácter plurinacional del país”.

En ese debate “Andalucía pueda ser pegamento y centro de aglutinación del resto de territorios”. En esta línea, ha recordado que “Andalucía construyó su autonomía sin ir en contra de ningún otro territorio” y eso la “identifica” de cara a la construcción de “modelo federal” en el que debería tener “un papel de centralidad en torno a las tensiones que hay en este país”.

Desde C's, Juan Marín apunta por su parte la necesidad de una “reforma más profunda” que la que ve intención de poner sobre la mesa a partidos como el PP y el PSOE, si bien no llega a los extremos de la izquierda. Subraya que la reforma que propone su partido “habla de instituciones, de las leyes electorales, de los aforamientos, de la limitación de mandatos…”. De todas maneras, se remite a los posicionamientos de su partido en este tema, sin entrar a valorar el papel de Andalucía, y tampoco él ve empeño en afrontar estos cambios a medio plazo.

Castro Urdiales organiza cuatro conferencias divulgativas sobre la historia del municipio que serán impartidas en los yacimientos arqueológicos ubicados en el casco urbano durante este puente de la Constitución. A cargo del doctor en Historia Víctor Aguirre Cano, las charlas serán los días 7 y 9 de diciembre en la ermita de Santa Ana, y los días 8 y 10 en las ruinas de Flavióbriga (calle Ardigales), todas ellas a partir de las 12.00 horas.

Bajo el título 'Castro histórico', las ponencias tendrán un tope de 30 plazas y se podrá acudir sin inscripción previa hasta completar el aforo. El objetivo de esta iniciativa, tal y como señala el Ayuntamiento de la localidad, es “poner en valor dos de los bienes culturales más reseñables” del municipio, “contextualizando y explicando su papel en la historia de Castro Urdiales de una manera participativa, comprensible y amena”. En este sentido, se pretende incidir “en la importancia de estos vestigios históricos en la cultura local y regional”.

Por un lado, las visitas a Flavióbriga se centrarán en “destacar el pasado romano de la comarca a través de los restos de edificaciones, cerámicas y numismática”. Respecto a Santa Ana, la visita “ahondará en la antiquísima presencia del ser humano en la región, y en la peculiar evolución del espacio donde hoy en día se asienta Castro Urdiales, poniendo especial atención en el edificio de la ermita, insertándolo en su marco histórico”, según explican desde el Consistorio.

Puertas abiertas

Por tercer año consecutivo, Castro Urdiales celebrará el Día de la Constitución con unas actividades de puertas abiertas en el Ayuntamiento cuyo objetivo es “acercar las instituciones democráticas y en este caso una entidad local a los ciudadanos”. El salón de plenos municipal acogerá un pleno infantil que se convoca este año por segunda vez, el martes 5 de diciembre a las 10.00 horas. Estudiantes de primaria de los colegios castreños participarán en esta sesión exponiendo ante el alcalde y los concejales sus propuestas para mejorar la ciudad. Además, el pleno se grabará en vídeo para que los profesores puedan trabajar el tema en el aula.

Por otra parte, esa misma tarde se propone una reflexión sobre “la necesidad de reforma de la Constitución, en un momento en el que la situación de Cataluña ha convertido este tema en máxima actualidad”, tal y como explican desde el Ayuntamiento. Para ello, se ha invitado como ponente al catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y máxima autoridad española sobre los procesos soberanistas de Escocia y Quebec. Bajo el título 'Hacia el cuarenta aniversario de la Constitución: la hora de la reforma', la conferencia del experto tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos del Centro Cultural La Residencia, con un coloquio posterior.

Las jornadas de puertas abiertas finalizarán el miércoles 6 de diciembre con las visitas que el alcalde y los concejales del Ayuntamiento guiarán a los vecinos y turistas que lo deseen. La cita será de 11.00 a 13.00 horas durante esta jornada festiva, en la que “vecinos y turistas pueden aprovechar para conocer las estancias más emblemáticas de la Casa Consistorial (salón de plenos, sala de concejales y Alcaldía), conversar con los políticos y descubrir detalles sobre el edificio municipal que se erige en la Plaza del Ayuntamiento, gracias a un folleto explicativo editado para la ocasión”, concluyen desde el Consistorio.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha indicado este martes, en el acto de celebración del Día de la Constitución organizado por su departamento en Valencia, que en la Carta Magna “caben todas las ideologías y los planteamientos políticos” con “el requisito del respeto hacia la voluntad libre, soberana y democráticamente expresada por el pueblo español”. Asimismo, ha considerado que este texto “sigue plenamente vigente sin perjuicio de que se pueda avanzar en el estudio pausado de una posible reforma”.

Este acto ha coincidido con el celebrado por el Gobierno valenciano en Alicante para conmemorar el día de la Carta Magna, al que ha asistido el presidente del Consell, Ximo Puig, y el resto de miembros del gobierno autonómico.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha agradecido a los asistentes el apoyo de la Carta Magna, que como ha dicho ha llevado a España “al período más largo y fructífero de convivencia, democracia y bienestar”. Moragues ha dicho que éste ha sido un texto que ha representado “un marco de estabilidad en los últimos casi cuarenta años” y una “palanca indispensable para una modernización social, económica e institucional sin posible comparación con los países de nuestro entorno”.

En la Constitución “cabemos todos”

“En la Constitución Española cabemos todos y es un símbolo de concordia de todos los españoles. Caben todas las ideologías y todos los planteamientos políticos, con el sólo requisito del respeto hacia la voluntad libre, soberana y democráticamente expresada por el pueblo español”, ha manifestado el delegado del Gobierno.

Respecto a la posible reforma de la Carta Magna, Juan Carlos Moragues ha explicado que “la Constitución hoy día sigue plenamente vigente, sin perjuicio de que se pueda avanzar en el estudio pausado de una posible reforma, desde la máxima lealtad institucional, y sin necesidad de modificar el núcleo de las decisiones fundamentales”.

Ha dicho que tiene que ser así “para que se adapte mejor a este espíritu de convivencia, para incorporar nuevas sensibilidades, pero siempre sobre la base del respeto al Estado de Derecho, a la necesidad de sumar voluntades, en la búsqueda de un amplio consenso, como hubo en 1978, en torno a los grandes temas de Estado”.

“Lealtad institucional y diálogo”

El delegado del Gobierno ha abogado por la lealtad institucional y el diálogo. “Afrontar todos estos retos y dar respuestas a los nuevos desafíos que afectan a nuestra convivencia, requiere el concurso de todos, sobre la base de la lealtad institucional en esta legislatura que comenzamos que debe ser la legislatura del diálogo, el entendimiento y el acuerdo”.

De este modo, ha aseverado que “la lealtad institucional deberá suponer un aumento de la colaboración entre todas las administraciones públicas, lo que redundará, por un lado, en una mayor posibilidad de alcanzar acuerdos entre todos y, por otra, en una reducción de la litigiosidad interadministrativa”.

En esta misma línea se ha manifestado la portavoz del PP en las Corts Valencianes y presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien también ha defendido “la plena vigencia” de la Constitución española y ha reclamado “lealtad, unidad y diálogo para afrontar las grandes cuestiones de Estado y seguir construyendo juntos”.

Respetar el “núcleo de las decisiones fundamentales”

En su opinión, una renovación constitucional se debe abordar “sin necesidad de modificar el núcleo de las decisiones fundamentales, para que se adapte mejor al espíritu de convivencia que representa nuestra Carta Magna, pero siempre sobre la base del respeto al Estado de Derecho y la necesidad generar consensos en torno a los grandes temas de Estado”, ha señalado.

“El espíritu de concordia que presidió el proceso de transición política, junto con principios como la unidad, la pluralidad, el consenso, la libertad, la igualdad o la solidaridad y el pluralismo político, siguen teniendo hoy día plena validez como instrumentos imprescindibles para nuestra convivencia”, ha manifestado Bonig.

Respecto a una posible reforma de la Constitución, Isabel Bonig ha opinado que “las grandes constituciones son aquellas que se reforman muy poco” aunque ha señalado que “en cualquier caso habría que delimitar una serie de condiciones porque el contexto europeo nos ha enseñado que una reforma de este tipo se debe afrontar sobre la base de amplios consensos como el del 1978, de la igualdad entre los españoles y con una hoja de ruta clara”.

La presidenta del PPCV ha dicho que si no es así “nos enzarzamos en debates que preocupan a los políticos pero no a los ciudadanos”.

Lectura del texto constitucional

A esta convocatoria de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, celebrada en Capitanía General, han acudido alrededor de 500 personas que han participado en la lectura pública de la Constitución con motivo del 38 aniversario de la Carta Magna, según ha informado esta institución en un comunicado. Ha recordado, asimismo, que éste es el segundo año que se realiza esta lectura pública para conmemorar el día de la Constitución que desde hace años celebra la Delegación del Gobierno.

En la lectura han participado representantes de la sociedad valenciana como autoridades militares, religiosas, judiciales y civiles, así como representantes de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y agrarias, medios de comunicación, entidades sociales, educativas y ciudadanos en general.

“Llevan dos semanas discutiendo sobre si van a venir o no van a venir y luego no tienen sitio para ellos”. El enfado en el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea con la presidenta del Congreso de los Diputados es grande. Los representantes de Podemos en los actos de homenaje a la Constitución que se han celebrado este martes no han podido acceder al salón donde Ana Pastor ha leído su discurso.

El aforo del Salón de los Pasos Perdidos estaba completo y Carolina Bescansa, Pablo Echenique, el diputado Txema Guijarro y el exJEMAD Julio Rodríguez han tenido que seguir la intervención por una pantalla de televisión desde una sala anexa. Cuando ha concluido el acto institucional, mientras salían los canapés y se formaban los primeros corrillos con los periodistas, los cuatro han abandonado el Congreso de los Diputados.

Bescansa y Echenique habían llegado al filo del mediodía al Congreso. Tras esperar la pertinente cola de invitados, ambos han atendido a los medios de comunicación en el espacio dispuesto para ello. Los representantes de Podemos han explicado su posición ante una posible reforma de la Constitución y también a las preguntas que les han formulado sobre la Asamblea Ciudadana que tendrá lugar en febrero.

La insistencia de los periodistas ha provocado los nervios, pero no entre los representantes de Podemos o sus acompañantes, sino entre los responsables de prensa del Partido Popular, que se han mostrado indignados porque Echenique no ha cortado las preguntas de los informadores.

Tras atender a los medios y el protocolario besamanos con el presidente del Senado y la del Congreso, los cuatro representantes de Podemos han enfilado el engalanado pasillo del Palacio del Congreso. Cuando han llegado a la puerta del Salón de los Pasos Perdidos un ujier les ha impedido el paso. El aforo estaba completo. Dentro de la sala, decenas de invitados que hacían imposible el acceso de Bescansa y, sobre todo, de Echenique con su silla de ruedas.

Quien sí estaba en el interior era el diputado de En Comú y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Marcelo Expósito. El político se ha mostrado ante los periodistas muy cabreado por la actitud de las autoridades de la Cámara cuando se les ha comunicado que los representantes de Podemos no podían acceder al salón.

Expósito llevará a la próxima reunión de la Mesa lo ocurrido este martes. “Si nosotros tenemos que cumplir con el protocolo, lo normal es que el protocolo nos tenga en cuenta”, quien ha mostrado su cabreo por lo ocurrido después del ruido de los últimos días sobre la ausencia o no de representantes de Podemos en el acto del Día de la Constitución: “Llevan dos semanas discutiendo sobre si van a venir o no van a venir y luego no tienen sitio para ellos”.

El president lamenta que algunas instituciones actúen de "forma desleal" y no estén representadas "como debían" en el acto celebrado en Alicante

El presidente de las Corts, Enric Morera, pide una "urgente y necesaria" reforma de la Carta Magna para adaptarla a la actual realidad social

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha sostenido que defender la Constitución hoy es defender su reforma, y ha reclamado un “patriotismo constitucional” que sirva como “un grito contra el inmovilismo” que culmine en un cambio “como respuesta al miedo”.

Así lo ha afirmado Puig, en su discurso, en el acto de celebración del Día de la Constitución que la Generalitat ha desarrollado esta mañana en la Ciudad de la Luz de Alicante.

Sobre ese “patriotismo constitucional”, ha concretado que se refiere a que uno se identifique “con los derechos humanos, la libertad y la igualdad” y que pueda convertirse en “una virtud única renovada” que haga frente a “los viejos fantasmas que van recorriendo las naciones”.

Para Puig, la Constitución es “el mayor hito político de una sociedad fracturada demasiado tiempo”, pero, sin embargo, supone un contrato social que “nunca es infinito”.

“Es un error pensar que el éxito de la Transición obliga a no modificar nada, porque esa inacción va en contra del espíritu de la propia Constitución”, ha opinado.

Así, ha incidido en que “la sociedad española y su contexto han cambiado mucho” desde hace cuatro décadas, lo que hace “indispensable” su actualización.

En ese sentido, ya en declaraciones posteriores a los medios, ha urgido a modificar el texto constitucional para ponerlo “al servicio del interés de la ciudadanía”, sobre todo tras “el problema grave de la crisis económica, política y territorial” de los últimos años.

En concreto, ha hablado de cuestiones relacionadas con la igualdad de hombres y mujeres, con el Estado Social y de Bienestar y con “un nuevo encaje territorial de las distintas nacionalidades en un proyecto común”.

Sobre este último punto, ha abogado por aplicar “una mirada federal abierta que admita la pluralidad de nuestro país y garantice ”la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios“.

Según Puig, el estado autonómico “debía desembocar, de alguna manera”, en un Estado Federal y, aunque el primero “ha dado sus frutos, necesita una profunda transformación”.

Así, se ha referido al sistema de financiación, del que ha vuelto ha criticar que “no funciona” y hace que “no todos los españoles sean iguales”, al tiempo que ha aseverado que, “sin una financiación justa, el Estado de autonomías se hunde”.

Para lograr todo esto, cree necesario “superar el frentismo político”, y ha puesto como ejemplo al actual gobierno de la Generalitat, donde “la diversidad política ha producido un mejor espacio de diálogo”.

“Urgente y necesaria” reforma constitucional

El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, ha pedido una “urgente y necesaria” reforma de la Carta Magna que adapte el texto de 1978 a la actual realidad social “sin marginar a los valencianos”.

“Los valencianos perdimos el tren en la redacción de la Constitución de 1978 y en la transición política hacia la democracia. Prueba de esto es que no fuimos por la vía del 151 y esto supone que estamos reconocidos como nacionalidad en nuestro Estatuto pero no por el Estado, porque el papel y el protagonismo de los valencianos en esa transición fue pobre”, ha planteado Morera.

El presidente de las Corts ha reivindicado por ello “un protagonismo del pueblo valenciano, que tiene que ser reconocido en la segunda transición, que acontecerá con un proceso de reforma constitucional que cada día es más evidente y necesario”.

Actuar “de manera desleal”

Ximo Puig ha lamentado que algunas instituciones hayan actuado “de manera desleal” al no estar representadas “como debían” en el acto de celebrado en la Ciudad de la Luz de Alicante.

Así lo ha manifestado al ser preguntado por la decisión de la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana de celebrar el 38 aniversario de la Carta Magna en un acto en la sede de Capitanía General en Valencia.

“Cualquier ciudadano puede entender que la fiesta de la Constitución es una fiesta para unir”, por lo que, “si se actúa de manera desleal entre instituciones es la peor pedagogía posible”, ha opinado.

En esa línea, ha asegurado que no entiende el por qué de esa actitud ni por qué instituciones como la Diputación de Alicante no estaban representadas como deben, en referencia a la ausencia del presidente, César Sánchez.

“Yo siempre he estado, cuando estaban en la oposición, en este tipo de actos y no entiendo por qué no se apoya que la Generalitat esté implicada en la celebración de la Constitución Española, cuando hay otras autonomías que no lo están”, ha agregado.

Puig ha defendido la “bicapitalidad” de la Comunitat, así como la importancia de que las instituciones estén “muy territorializadas” para hacer “una labor por coser” el territorio valenciano.

“Aquí se hace un esfuerzo por la convivencia y, desde luego, quien no aporta nada tendrá que explicarlo”, ha afirmado.