El Ministerio de Cultura ha anunciado este viernes que ha presentado un requerimiento por las dos órdenes publicadas este mes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León por las que se convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026.

Como ya había adelantado el titular Ernest Ursatun el pasado miércoles, su cartera ha estudiado las convocatorias y ha visto “indicios de afectación a la libertad de creación y expresión”, así como “riesgos de censura y arbitrariedad”. Por este motivo, ha presentado un requerimiento con el que se abre la vía de actuación ante los tribunales para impugnar las bases de dichas convocatorias.

Como adelantó elDiario.es a principios de semana, la Consejería dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox) ha publicado las bases para la solicitud de ayudas a la producción audiovisual con una cláusula de veto al contenido: “No podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”, dice la Orden.

La reacción del sector audiovisual

Por su parte, La Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y la Delegación de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales en Castilla y León (CIMA) han mostrado una “profunda preocupación por la incorporación de condicionantes ideológicos” en la convocatoria de las ayudas a la producción del cine, unas partidas que ya están entre las más reducidas de España (325.000 euros). También han reclamado que las obras se evalúen sin tener en cuenta “la orientación ideológica atribuida a sus autores o de las opiniones políticas o sociales”.

El consejo nacional de los Comuns ha validado, con un 66% de los votos a favor y un 34% en contra, la lista que encabezará Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno del Frente Amplio, en las elecciones generales del 29 de noviembre. La principal novedad es que en las listas no estará la hasta ahora portavoz en el Congreso, Aina Vidal.

Según ha informado el partido en un comunicado, los Comuns apuestan por una renovación de las listas, que en las cuatro provincias catalanas estarán lideradas por mujeres: Ada Colau en Barcelona, Ester Roca en Tarragona, Júlia Boada en Girona y Montse Cortassa en Lleida.

En Barcelona, al tándem de Colau y Ernest Urtasun, que irá de número dos, le seguirán la politóloga y experta anticorrupción Júlia Miralles, el actual diputado en el Parlament Andrés García Berrio, la concejal en Barcelona Lucía Martín y el exparlamentario Joan Mena.

“Esto no es una despedida. Nos encontraremos haciendo campaña, porque quedan muchos derechos por defender y muchos más por conquistar. El Frente Amplio no es perfecto, pero estamos las izquierdas que no nos resignamos y que tenemos hambre de victoria”, ha asegurado Vidal en un mensaje en las redes sociales.

El partido concurrirá a las elecciones bajo el nombre de Comuns-Front Ampli. Repiten en las listas dos de los siete diputados actuales de los Comuns en el Congreso, Viviane Ogou y Júlia Boada.

En cuanto a los actuales portavoces del grupo en el Congreso, Gerardo Pisarello, es el candidato de Barcelona en Comú al Ayuntamiento de Barcelona en las municipales del año que viene. Y Aina Vidal seguirá siendo portavoz de los Comuns y, según el partido, “participará activamente en la campaña electoral”.

Los Comuns reivindican cara al 29-N “la necesidad de una izquierda que no se resigna, que hace frente a los privilegios y que quiere impulsar respuestas concretas a los problemas cotidianos de la ciudadanía”. El derecho a una vivienda digna, la mejora de los salarios, el refuerzo de los servicios públicos y la defensa de la democracia ante el avance de la extrema derecha serán sus ejes de campaña.

El ministro de Cultura Ernest Urtasun ha anunciado este miércoles que va a recurrir ante los tribunales que Vox haya introducido una cláusula para vetar películas y series que “impliquen adoctrinamiento ideológico” en Castilla y León. “Es un ataque a la libertad de expresión”, ha afirmado ante los medios durante su visita a la exposición Un teatro Lliure en Barcelona.

“Me parece que es absolutamente inaceptable. Como ministro de Cultura no voy a tolerar que ninguna administración trate de ejercer la censura a través de las convocatorias a la creación de nuestro país, en este caso el cine, con criterios ideológicos o políticos”, ha añadido sobre las que ha calificado como “gravísimas” informaciones recibidas desde la comunidad autónoma gobernada por PP y Vox: “Es una forma de censura intolerable”.

Urtasun responde así a la Orden incluida por Vox, que dirige la Consejería de Cultura en Castilla y León, para dejar fuera de las ayudas a la producción, producción y distribución a las películas y series que “impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyen a opciones políticas concretas”.

La cláusula no contempla qué criterios se establecen para analizar si estas producciones audiovisuales “implican un adoctrinamiento ideológico”, ni este concepto está incluido dentro de los baremos, pero sí está dentro de los requisitos que deben tener los beneficiarios: “Deberán desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general”. 

El calendario avanza inexorable y las encuestas son tozudas: si el bloque progresista quiere tener alguna posibilidad de mantener el Gobierno tras las próximas elecciones generales necesita que la izquierda alternativa se recomponga. Desde hace meses, los cuatro principales partidos encuadrados en Sumar (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns) se encuentran negociando la reconfiguración de su alianza mientras Podemos, la otra gran pata del espacio, avanzaba por su propia vía. La semana pasada, no obstante, se abrió —por primera vez desde la ruptura de 2023— la puerta a que ambos caminos confluyan en uno. Y todos los actores comienzan a moverse con mayor brío, conscientes de que la fase decisiva para definir la fórmula electoral para las generales se les echa encima.

La oferta pública que lanzó Podemos el sábado de la semana pasada, la de celebrar unas primarias abiertas para elegir candidatos para una lista unitaria de la izquierda fue —casualmente o no— el pistoletazo de salida de intensos movimientos públicos en un espacio que nunca ha llegado quedar del todo paralizado, pero que avanzaba lentamente hacia la definición de su futuro electoral. El movimiento de los morados ha obligado a todos los actores que se encuadran en la alianza aún conocida como Sumar a posicionarse ante la posibilidad de organizar un proceso conjunto de elección de listas. E IU, por su parte, ha dado también un paso adelante y ha anunciado que escogerá a sus referentes en las candidaturas en los próximos días.

La sensación entre todos los actores a la izquierda del PSOE es compartida: el tiempo para aclarar cuál será la fórmula para presentarse a las generales apremia y estas son las semanas clave para ello. Pero en el camino a seguir no hay tanto consenso y ese desacuerdo lo evidenció la respuesta a la oferta de primarias de Podemos. IU recordó el martes pasado que ya propuso primarias conjuntas hace meses y se mostró favorable a crear un censo conjunto de todos los partidos de la izquierda alternativa para celebrar ese proceso, una idea que fuentes de Podemos ven aceptable. Los Comuns, por su parte, han evitado posicionarse con claridad al respecto, aunque en el seno del partido catalán la fórmula genera recelos. Por el contrario, Movimiento Sumar y, especialmente, Más Madrid se han opuesto con claridad a las primarias.

Como siempre que las organizaciones discuten sobre métodos de elección de listas, el discurso público que esgrimen es de defensa de la democracia interna, pero la realidad tiene mucho más que ver con los intereses de cada una. Podemos —que cuando lideraba Unidas Podemos siempre se opuso a este formato— considera que tiene opciones reales de ganar unas eventuales primarias conjuntas, lo cual le daría una oportunidad de oro para retomar el control del espacio posicionando a Irene Montero como la candidata de toda la izquierda alternativa. IU, por su parte, tampoco tiene miedo a unas primarias en las que considera que puede ser competitivo, habida cuenta de que es la organización federal que mayor implantación en el territorio.

Movimiento Sumar es quien más tiene que perder, puesto que cuenta con las estructuras y la militancia más débiles. Y Más Madrid, aunque es fuerte en su territorio y tiene capacidad de movilizar a sus afiliados, aspira a controlar la mayor parte de la lista de Madrid y no ve con buenos ojos la mera opción de que Montero sea la candidata de todo el espacio. Fuentes de la formación, además, argumentan que poner en marcha un proceso de primarias conjuntas tiene una complejidad técnica complicada de afrontar.

El candidato de Sumar, la gran incógnita

En cualquier caso, este proceso de primarias conjuntas no tendría lugar hasta que los cuatro partidos agrupados en Sumar elijan su propio candidato, ya sea para lanzarlo a esa competición con Montero o para que empiece a darse a conocer como sucesor de Yolanda Díaz. Fuentes de Sumar consideran que lo más probable es que el nombre de ese referente no se dé a conocer hasta el mes de octubre, pese a lo apretado del calendario. Y, a lo largo de la semana, dos nombres han sido protagonistas en las quinielas: los de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Ninguno de los dos dirigentes ha expresado su deseo de ser candidato de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns a las próximas elecciones generales. Pero, en una entrevista ofrecida el jueves a Catalunya Ràdio, Urtasun evitó cerrar la puerta a esa posibilidad al ser preguntado expresamente por ella. “Mis compañeros saben que pueden contar conmigo” y “estaré donde ellos decidan”, planteó el ministro, aunque fuentes de su equipo aseguran que no tiene intención de encabezar las listas. Colau, por su parte, afirmó el lunes en el programa Cafè d'idees de TVE que se “podría volver a plantear” su vuelta a la política institucional si en algún momento su figura es “especialmente útil”. Hoy por hoy, no obstante, “sigo diciendo que no”, sostuvo la exalcaldesa. En su mayoría, las fuentes del espacio consultadas no creen que la de Colau sea una opción real, aunque algunos dirigentes observan atentamente sus movimientos.

Por su parte, IU lanzará este domingo su propio proceso de primarias para escoger a los dirigentes que incluirá en las listas para las generales. Ese proceso, que es obligatorio según los estatutos de IU, no implica que la federación haya decidido romper y presentar listas en solitario a las generales: el coordinador federal, Antonio Maíllo, matizó el martes pasado que los nombres que sean más votados en las primarias son los que IU ofrecerá “al espacio político en el que se quiere presentar”. Pero sí que eleva la presión sobre Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar, los tres socios preferentes de la federación, para acabar de una vez con los retrasos en la elección de la marca y el candidato unitarios para las próximas elecciones.

Aunque Podemos se encuentra expectante en relación con los movimientos en el tablero de Sumar y en cómo podrían afectarles, los morados han evitado pronunciarse oficialmente sobre ellos. Pero sí lo ha hecho el ex secretario general del partido, Pablo Iglesias, que cargó el jueves contra la posibilidad de que Urtasun fuera el candidato de Sumar calificándolo como “una figura de ICV que bien podría formar parte de una lista del PSC” y señalando así la dificultad de un encaje entre los morados y una lista liderada por el ministro.

Iglesias, asimismo, también lanzó un mensaje velado a IU para que presione dentro de Sumar para las primarias conjuntas argumentando que, en caso de que finalmente no haya una candidatura unitaria de la izquierda alternativa, los de Maíllo podrían incluso quedarse sin representación en el Congreso. “Con las encuestas actuales, solo dos de los cuatro partidos de Sumar tendrían asegurada la representación electoral: Más Madrid por su circunscripción (Madrid) y los Comunes por Barcelona”, planteó el exdirigente, que afirmó que “en la Comunitat Valenciana, según las encuestas, solo entraría Compromís, y en Andalucía, con tres candidaturas a la izquierda del PSOE (Adelante, IU-Sumar y Podemos), las opciones de los partidos que formaron Unidas Podemos serían escasas, lo mismo que en las naciones históricas, en Canarias, Baleares, Murcia, Asturias, Aragón, etc”.

Rufián pide entendimiento... desde la barrera

A las palabras de Iglesias contra Urtasun respondió este viernes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que espetó en X —el antiguo Twitter— que “conviene recordar (otra vez) que la mejor manera de 'reventar a la derecha'”, una de las expresiones utilizadas con más frecuencia por el exlíder de Podemos, “es no reventar a otras izquierdas, por muchas facturas y ganas de rajar que se tengan”. “De eso tenemos todos y no interesan a nadie a no ser que busques precisamente eso: reventar”, avisó Rufián, que pidió a “quien pueda unir, que una” y a “quien no, que se aparte”.

El portavoz de ERC, no obstante, avisa como mero espectador de los movimientos en el espacio de la izquierda alternativa de ámbito estatal. Pese a ser, casi unánimemente, el perfil favorito de prácticamente todos los partidos a la izquierda del PSOE para encabezar una candidatura, ERC ha rechazado por activa y por pasiva su idea de encabezar una lista conjunta de organizaciones estatales, territoriales e independentistas. Y Rufián ha declinado romper con su formación para lanzarse a la carrera electoral al frente de la alianza que propone, una decisión que ninguno de los partidos a la izquierda del PSOE confía en que cambie a estas alturas.

Las próximas semanas se presentan claves para que el borroso futuro electoral de la izquierda alternativa comience a aclararse. Aún no hay una fecha fijada para que Sumar presente a su candidato ni su nueva marca, y tampoco para que se decida si se celebran unas primarias conjuntas con Podemos o no. Pero Urtasun, hace unos días, prometió que no tardará “mucho” en haber noticias. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, da un paso en el camino para convertirse en el próximo candidato de los partidos que se encuentran renegociando la alianza Sumar (IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar) en las próximas elecciones generales. Aunque su nombre lleva meses en las quinielas, Urtasun siempre había echado balones fuera al ser preguntado por esta posibilidad. Pero, este jueves, el titular de Cultura no solo no esquivó la cuestión, sino que dejó la puerta abierta a ser candidato al asegurar que su posición en las listas será la que sus “compañeros decidan”.

Fuentes próximas a Urtasun, no obstante, descartaban minutos después de estas declaraciones que el ministro quiera ser candidato y enmarcan sus palabras en lo complejo del momento que atraviesa la izquierda alternativa.

Las palabras de Urtasun tuvieron lugar en una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, apenas unos días después de la oferta pública de Podemos para realizar unas primarias abiertas para elegir las candidaturas de toda la izquierda alternativa, un movimiento que ha acelerado los movimientos en el espacio. “Estoy y estaré en mi espacio, mis compañeros saben que pueden contar conmigo”, sostuvo el ministro de Cultura al ser preguntado sobre la posibilidad de liderar las listas. Y, ante la insistencia del entrevistador, Urtasun afirmó que cumplirá su “papel” allá “donde los compañeros decidan”.

“Daremos la batalla y lo que hará cada uno pues lo tendremos que decidir”, sostuvo a este respecto Urtasun, que aseguró sentir “una grandísima responsabilidad” ante la posibilidad de que la extrema derecha alcance el Gobierno. “Las candidaturas, quién irá, por dónde, cómo lo haremos... eso lo aclararemos, no tardaremos mucho en aclararlo”, prometió.

Con esa respuesta de manual para no descartar ser candidato sin lanzarse abiertamente, el dirigente evita quedar descartado de la primera línea de una carrera en la que, hasta ahora, tan solo hay una aspirante ya definida: la número dos de Podemos, Irene Montero, que será la apuesta morada para concurrir a las generales en solitario o dentro de una lista conjunta de la izquierda, si se llega a concretar. Dentro de Sumar, los principales dirigentes se han ido autodescartando en los últimos meses: así lo hicieron Pablo Bustinduy, Mónica García o la propia Yolanda Díaz, que anunció su paso atrás el pasado febrero.

Una de las principales incógnitas en el espacio de la izquierda de cara a las próximas elecciones generales, cuál será la marca que sustituya a la de Sumar y qué dirigente encabezará sus listas, seguirá sin despejarse en el más corto plazo. Pese a que, en un principio, la idea de los cuatro partidos que están negociando el relanzamiento de su alianza —IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns— era la de anunciar tanto el nombre como al nuevo líder antes del parón veraniego, las vacaciones llegaron sin novedades al respecto. Las cuatro formaciones señalaron septiembre como el mes clave para clarificar su futuro. Pero, con casi la mitad del mes ya transcurrida, no solo no hay fecha para realizar el anuncio, sino que algunas voces, incluso, abren la puerta a que se retrase hasta octubre.

Oficialmente, el espacio se muestra hermético al ser preguntado por sus planes de cara a las generales. La respuesta más habitual es un lacónico “seguimos trabajando” para presentar lo antes posible la nueva marca y el candidato que la capitaneará. Y fuentes de Sumar aducen que la crisis migratoria de Ceuta, que está suponiendo un enorme desgaste para el Gobierno y, especialmente, para el PSOE, ha retrasado sus planes. “No podemos ponernos a hablar de nosotros mismos” en un momento así, planteaba un dirigente hace un par de semanas.

Los problemas en Ceuta, no obstante, no se han resuelto en lo que va de septiembre, y tampoco parece que la situación en la ciudad autónoma vaya a quedar completamente normalizada a corto plazo. Pero eso no ha supuesto que los partidos encuadrados en Sumar se hayan decidido a concretar una fecha. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones que están manteniendo estas formaciones se limitan a ofrecer la estimación de que el anuncio del nuevo candidato y la marca con la que se presentará a las elecciones tendrá lugar a finales de este mes o, incluso, a principios de octubre.

Ante este retraso de los partidos de Sumar a la hora de definir su futuro quien ha tomado la delantera es Podemos, que este sábado propuso públicamente la celebración de unas primarias “abiertas” a todos los partidos de la izquierda para elaborar una candidatura conjunta a las generales. Las dos formaciones de ámbito estatal encuadradas en Sumar quitaron peso a este movimiento, aunque no cerraron la puerta a la oferta morada.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, aseguró este sábado que no ve gran “novedad” en lo planteado por Podemos y aseguró que no va a poner “fronteras en la búsqueda de un bloque histórico amplio” de izquierdas. Por su parte, fuentes de Movimiento Sumar sostuvieron que llevan “meses construyendo un espacio común”, afirmaron que “la prioridad es construir un espacio lo más amplio posible” y sostuvieron que “es una buena noticia que Podemos entienda que estamos en esa fase”. “Pero vamos paso a paso”, plantearon.

Urtasun suena y Rufián, casi descartado

El espacio no aclara los motivos por los que le está costando tanto despejar las dos principales incógnitas, tras meses de una negociación en la que también se han abordado asuntos como los métodos de toma de decisiones de la nueva coalición o la eventual celebración de primarias para elegir las listas electorales. No obstante, es evidente que no ha ayudado a elegir un nuevo líder el hecho de que muchos de los principales dirigentes a la izquierda del PSOE que podrían haber asumido este rol lo hayan rechazado —como el ministro Pablo Bustinduy— o hayan anunciado su paso a otras tareas —el caso de la líder de Más Madrid, Mónica García, que será candidata de su partido a las autonómicas en esa comunidad—.

La situación de los otros dos ministros de Sumar en el Gobierno es dispar. La titular de Juventud de Infancia, Sira Rego, anunció en agosto que no se presentará a las próximas elecciones, al igual que hiciera Yolanda Díaz hace meses. Por el contrario, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha expresado su intención de dejar la política estatal, y su nombre es el que más suena entre las fuentes consultadas como opción para tomar el timón de la alianza. No obstante, su perfil no convence a algunos sectores dentro de Sumar y él niega públicamente estar interesado en ser candidato.

Los cuatro partidos encuadrados en Sumar también han tratado en los últimos meses de encontrar un líder ajeno a esas organizaciones o que hubiera dejado la primera línea, pero lo cierto es que los nombres que han sonado pronto se han autodescartado. Es el caso del secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha reiterado públicamente que no tiene intención de dar el salto a la política y que quiere completar su mandato como líder sindical. También se contempló en algún momento la opción de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero ella misma afirmó hace meses que no quiere ser candidata “a nada”.

El nombre que parece ya completamente descartado es el del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuya idea de un frente común de partidos estatales e independentistas de izquierdas se ha encontrado con la negativa tajante de su partido. Con motivo del primer pleno ordinario del curso político en la Cámara Baja, Rufián lanzó el pasado miércoles un mensaje a ERC y al resto de la izquierda alternativa asegurando que estas formaciones se están “jugando” sus “siglas” ante la posibilidad de que un Gobierno de PP y Vox pudiera hacer cambios en la Constitución si alcanza los 210 diputados. Pero los republicanos insisten en que solo contemplan presentarse a las generales con su propia marca, y el dirigente ha evitado romper con su partido y también iniciar conversaciones con Sumar o Podemos puenteando a la cúpula dirigida por Oriol Junqueras.

No solo el calendario electoral y la posibilidad de que las elecciones se adelanten a principios de 2027 apremia a los cuatro partidos encuadrados en Sumar. También lo hace el hecho de que, hasta que no tengan una marca y un candidato elegidos, no podrán cerrar alianzas con otras formaciones. La interlocución con actores como Compromís, Més o Chunta Aragonesista —que se presentaron dentro de Sumar en 2023— es fluida, pero estos partidos han rechazado participar en la negociación que lleva meses desarrollándose para reconfigurar Sumar, y solo decidirán si confluyen con sus socios estatales cuando estos hayan definido su futuro.

El Govern espanyol ha retirat la seva oposició a la tramitació de la llei balear de cogestió aeroportuària, la qual cosa permetrà que la iniciativa aprovada pel Parlament autonòmic pugui continuar el seu recorregut al Congrés dels Diputats. La decisió suposa fer marxa enrere en el veto plantejat la setmana passada per l'Executiu central, que havia al·legat un possible impacte sobre els ingressos d'Aena i, per extensió, sobre els comptes públics.

Així ho ha donat a conèixer el diputat de Més per Mallorca al Congrés, Vicenç Vidal, que ha celebrat la decisió i ha defensat que el que estava en joc no era encara l'aprovació de la llei, sinó una qüestió prèvia: que Balears pugui debatre a la Cambra Baixa sobre el model de gestió dels seus aeroports. “Hem aconseguit que es retiri el veto a una llei que és fonamental per al nostre futur i perquè les institucions de Balears puguin tenir veu sobre els seus aeroports”, ha emfatitzat Vidal, que ha insistit que la iniciativa haurà de superar ara la resta de tràmits parlamentaris.

Per la seva banda, l'assessor de Més al Congrés, Antoni Trobat, ha assenyalat, en declaracions a aquest mitjà, que la iniciativa es tramitarà “gràcies a la pressió” exercida pel seu partit i, especialment, per Vidal. Així mateix, ha destacat que la proposta compta amb el suport del ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

Fonts socialistes assenyalen, mentrestant, que ha estat la presidenta del Congrés i secretària general del PSOE a Balears, Francina Armengol, qui ha fet possible finalment que la Cambra Baixa tramiti la proposta.

La cogestió aeroportuària és una reivindicació històrica a les Illes, que cerca que la comunitat autònoma pugui participar en la presa de decisions sobre unes infraestructures estratègiques per a un territori dependent del turisme i fortament condicionat per la insularitat. La reclamació s'ha intensificat els darrers anys en paral·lel al creixent debat sobre la saturació turística i la necessitat de limitar l'arribada de passatgers a les Illes.

La retirada del veto arriba després de diversos dies de pressió política de Més per Mallorca i a les portes que la Mesa del Congrés abordés el futur de la iniciativa. El partit havia reclamat al Govern que retirés la seva oposició i havia posat especialment el focus en els grups amb representació a la Mesa perquè permetessin que la proposició pogués ser debatuda.

La formació havia qüestionat des del principi els arguments econòmics utilitzats pel Govern per impedir-ne la tramitació. En l'escrit remès al Congrés, l'Executiu sostenia que l'aplicació de la norma podia afectar les tarifes aeroportuàries i el creixement del trànsit aeri i provocar una reducció dels ingressos d'Aena. Segons els seus càlculs, mantenir el 2026 el volum de passatgers del 2025, en lloc d'arribar als 49 milions previstos, suposaria 32,5 milions d'euros menys d'ingressos. També calculava una minva de 32,9 milions si es mantinguessin les tarifes mitjanes del 2025.

Vidal havia rebutjat aquests arguments i havia acusat Hisenda i Aena d'“inventar-se un perjudici econòmic per justificar una decisió política”. El diputat havia subratllat, a més, que permetre a les institucions de les Illes participar en les decisions aeroportuàries no significa necessàriament que s'hagin de reduir els vols.

La proposta que ha arribat al Congrés pretén precisament reforçar aquesta participació. El text aprovat planteja ampliar les funcions del Comitè de Coordinació Aeroportuària de les Balears i convertir-lo en un instrument de cogestió en el qual, a més de representants de l'Estat i d'Aena, tinguin presència la comunitat autònoma, els quatre consells insulars, els municipis afectats, les cambres de comerç, les organitzacions econòmiques i els sindicats.

Entre les funcions previstes figura la participació en la definició de l'estratègia aeroportuària i la possibilitat d'informar sobre documents i plans de planificació aeroportuària, tenint en compte la capacitat de càrrega de les diferents illes. La iniciativa també preveu crear una comissió de coordinació específica per a l'aeroport de Menorca.

La reivindicació ha cobrat especial força els darrers anys al caliu del debat sobre la saturació turística i el creixement continuat del nombre de passatgers. L'aeroport s'ha convertit així en una de les principals peces del debat sobre els límits al creixement turístic, especialment a Mallorca i Eivissa.

El Gobierno ha retirado su oposición a la tramitación de la ley balear de cogestión aeroportuaria, lo que permitirá que la iniciativa aprobada por el Parlament autonómico pueda continuar su recorrido en el Congreso de los Diputados. La decisión supone dar marcha atrás al veto planteado la semana pasada por el Ejecutivo central, que había alegado un posible impacto sobre los ingresos de Aena y, por extensión, sobre las cuentas públicas.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, quien ha celebrado la decisión y ha defendido que lo que estaba en juego no era todavía la aprobación de la ley, sino algo previo: que Balears pueda debatir en la Cámara Baja sobre el modelo de gestión de sus aeropuertos. “Hemos conseguido que se retire el veto a una ley que es fundamental para nuestro futuro y para que las instituciones de Balears puedan tener voz sobre sus aeropuertos”, ha enfatizado Vidal, que ha insistido en que la iniciativa debe ahora superar el resto de trámites parlamentarios.

Por su parte, el asesor de Més en el Congreso, Antoni Trobat, ha señalado, en declaraciones a este medio, que la iniciativa se tramitará “gracias a la presión” ejercida por su partido y, especialmente, por Vidal. Asimismo, ha destacado que la propuesta cuenta con el apoyo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Fuentes socialistas señalan, mientras tanto, que ha sido la presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE en Balears, Francina Armengol, quien ha hecho efectivo que la Cámara Baja tramite finalmente la propuesta. La retirada del veto se ha producido antes de la reunión de la Mesa del Congreso, que tenía previsto esta tarde abordar este aspecto. Finalmente, este punto ha decaído del orden del día al retirar el Ejecutivo su oposición.

La cogestión aeroportuaria es una demanda histórica en las islas que busca que la comunidad autónoma pueda participar en la toma de decisiones sobre unas infraestructuras que resultan estratégicas para un territorio dependiente del turismo y ampliamente condicionado por la insularidad. La reclamación se ha intensificado en los últimos años en paralelo al creciente debate sobre la saturación turística y la necesidad de limitar la llegada de pasajeros a las islas.

La retirada del veto llega después de varios días de presión política de Més per Mallorca y en vísperas de que la Mesa del Congreso abordara el futuro de la iniciativa. El partido había reclamado al Gobierno que retirara su oposición y había situado especialmente el foco sobre los grupos con representación en la Mesa para que permitieran que la proposición pudiera ser debatida.

La formación había cuestionado desde el principio los argumentos económicos utilizados por el Gobierno para impedir la tramitación. En el escrito remitido al Congreso, el Ejecutivo sostenía que la aplicación de la norma podía afectar a las tarifas aeroportuarias y al crecimiento del tráfico aéreo y provocar una reducción de los ingresos de Aena. Según sus cálculos, mantener en 2026 el volumen de pasajeros de 2025, en lugar de alcanzar los 49 millones previstos, supondría 32,5 millones de euros menos de ingresos. También calculaba una merma de 32,9 millones si se mantuvieran las tarifas medias de 2025.

Vidal había rechazado estos argumentos y acusado a Hacienda y a Aena de “inventarse un perjuicio económico para justificar una decisión política”. El diputado había subrayado además que permitir a las instituciones de las Islas participar en las decisiones aeroportuarias no significa necesariamente que vayan a reducirse los vuelos.

La propuesta que ha llegado al Congreso pretende precisamente reforzar esa participación. El texto aprobado plantea ampliar las funciones del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares y convertirlo en un instrumento de cogestión en el que, además de representantes del Estado y de Aena, tengan presencia la comunidad autónoma, los cuatro consells insulars, los municipios afectados, las cámaras de comercio, las organizaciones económicas y los sindicatos.

Entre las funciones previstas figura la participación en la definición de la estrategia aeroportuaria y la posibilidad de informar sobre documentos y planes de planificación aeroportuaria, teniendo en cuenta la capacidad de carga de las diferentes islas. La iniciativa también prevé crear una comisión de coordinación específica para el aeropuerto de Menorca.

La reivindicación ha cobrado especial fuerza en los últimos años al calor del debate sobre la saturación turística y el crecimiento continuado del número de pasajeros. El aeropuerto se ha convertido así en una de las principales piezas del debate sobre los límites al crecimiento turístico, especialmente en Mallorca y Eivissa.

El Congreso de los Diputados se fue de vacaciones el pasado jueves y no está previsto que vuelva a reunirse en sesión plenaria hasta el próximo mes de septiembre. También el Gobierno se va a tomar unas semanas de descanso en las que no habrá reuniones ordinarias del Consejo de Ministros. Pero, entre bambalinas, al Ejecutivo le espera un agosto movido, ya que será en plena canícula cuando tendrá que negociar los apoyos para convalidar —a inicios del nuevo curso político— el decreto de vivienda que aprobará el próximo martes. Y esa negociación se prevé enormemente compleja, puesto que el Gobierno se va a enfrentar al mismo desafío que le ha complicado toda la legislatura: el de hacer encaje de bolillos para satisfacer a sus socios de derechas sin perder a los de izquierdas por el camino.

PSOE y Sumar cerraron el pasado miércoles el acuerdo en el seno del Gobierno sobre el contenido del decreto que en principio iba a aprobar el Consejo de Ministros este martes, pero que finalmente se ha aplazado a septiembre, precisamente por la falta de apoyos. Aunque el Ministerio de Vivienda ha mantenido contactos desde hace semanas con Junts para introducir algunas de sus reivindicaciones en el texto, el paquete de medidas no solo no ha logrado —al menos en primera instancia— el apoyo de los independentistas, sino que también ha soliviantado al otro actor clave para que el decreto siga vigente después del parón de verano: Podemos.

Las críticas de unos y otros tienen que ver con diferentes puntos del texto, pero revelan que el Gobierno tiene trabajo por delante para intentar conciliar los puntos de vista de sus socios progresistas y conservadores, algo especialmente complicado en un ambiente que cada vez más abiertamente es de precampaña electoral. De hecho, fuentes de Junts afeaban el pasado jueves la primera propuesta del Ejecutivo e interpretaban que, habiendo elaborado un decreto “amplio” en lugar de uno “pequeño y con medidas de consenso”, La Moncloa demuestra que “no tiene interés de que salga adelante, sino en hablar de su libro y hacer campaña” electoral.

Pese a la frialdad con la que han recibido la primera propuesta pública del Gobierno, Junts no se ha cerrado en banda a negociar, aunque un dirigente de la formación deja claro que, “tal y como está ahora”, los independentistas no van a apoyar un decreto que consideran “más de lo mismo”.

Otras fuentes del partido sostenían el mismo miércoles que su voto será negativo al texto “si mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. El borrador del decreto elaborado por el Ejecutivo no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, no recupera la exención fiscal para los pequeños propietarios hipotecados y tampoco establece medidas para facilitar los desahucios exprés.

La reforma de la ley del suelo, un escollo inesperado

Para Junts, por el contrario, no resulta tan problemática otra de las patas del decreto que sí supone una línea roja para Podemos: las modificaciones en la ley del suelo para dar más manga ancha a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, calificó el pasado jueves de “reforma de la ley del suelo con adornos” el paquete de medidas planteado por el Gobierno, y dejó claro que su partido no piensa apoyar la convalidación del decreto si incluye artículos que, a juicio de Podemos, suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.

Fuentes de Podemos abundaban la semana pasada en ese razonamiento, y dejan claro que no van a apoyar —y tampoco a abstenerse— en la votación del decreto si incluye cambios en la ley del suelo, que el PSOE ha intentado aprobar sin éxito en varias ocasiones durante la legislatura.

Los morados no ven con malos ojos las medidas que se han incluido en relación estrictamente a la vivienda, entre ellas la iniciativa estrella del texto, la posibilidad de solicitar una prórroga de dos años de todos los contratos de alquiler que venzan antes del 1 de julio de 2028. Pero fuentes del partido aseguraban que “la eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”. Y la aritmética parlamentaria está de su parte: con su voto en contra, al Gobierno no le dan los números para convalidar el decreto, incluso con el apoyo de Junts.

Pero el Ejecutivo también ha recibido presión por su derecha precisamente para lo contrario que exige Podemos: que el decreto sí reforme la ley del suelo. El PNV, cuyos votos también son imprescindibles para que el texto sea aprobado, ha pedido cambios en la norma que van en la línea que el Gobierno —y el PSOE, fundamentalmente, que es la formación que ha intentado con más ahínco reformar la ley del suelo esta legislatura— ha seguido al diseñar su borrador. En una nota de prensa enviada el miércoles pasado, los nacionalistas vascos aseguraron que es “imprescindible dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos” para que, “si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse”, así se haga “y no tirar todo el planeamiento y volver a empezar”.

Ante esta compleja geometría parlamentaria, el Gobierno ha decidido optar por la discreción. El ala socialista se limita a afirmar que lo pactado con su socio de Consejo de Ministros es únicamente un primer texto que poder negociar con los grupos. Mientras tanto, Sumar se centra en celebrar los aspectos que considera más positivos del decreto: la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prórroga de los contratos de alquiler por dos años al mismo precio, que además se extenderá a todos los arrendamientos que venzan hasta el 30 de junio de 2028. “Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar un acuerdo”, planteaba el jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero, para ello, al Ejecutivo le espera una negociación intensa a varias bandas durante todo el mes de agosto.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha entregado este miércoles al actor Luis Zahera, durante el rodaje en Santiago de la serie 'Animal', la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2023, que no había podido recibir por motivos de agenda en la gala de entrega. “Aunque coincidir no ha sido sencillo, he tenido el placer de entregarle al fin esa Medalla que desde hace tanto le esperaba. Y como no podía ser de otra manera, hemos tenido que aprovechar un pequeño descanso durante el rodaje de 'Animal', serie en la que ahora está trabajando, para poder dársela personalmente”, ha expuesto el ministro en sus redes sociales.

En este mismo mensaje, Urtasun ha destacado la trayectoria de Zahera con monólogos, series de televisión y películas que le han llevado a convertirse “en uno de los rostros más conocidos del audiovisual español”. Así, ha puesto en valor que el reconocimiento a su “excelente carrera” viene dado por “el cariño de los espectadores”, pero también por los numerosos premios que ha conquistado, entre ellos dos Goya al Mejor Actor de Reparto y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que se le concedió en 2023. Por último, Ernest Urtasun ha agradecido a Luis Zahera su tiempo, así como el “amor y la pasión” que dedica a su profesión para que, ha añadido, “el resto podamos seguir disfrutando de tu talento”.

Las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cuestionando la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales de Sijena a Aragón han reabierto un intenso debate político en torno a uno de los conflictos patrimoniales más emblemáticos de los últimos años. El ministro calificó de “vergüenza” la resolución judicial y defendió que los tribunales no han tenido suficientemente en cuenta los criterios técnicos de conservación expuestos por los especialistas del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que advierten de los riesgos que podría entrañar el traslado de las obras.

Sus palabras han generado una rápida respuesta en Aragón, donde la práctica totalidad de las fuerzas políticas han cerrado filas en defensa del cumplimiento de la sentencia. Entre las reacciones más destacadas figura la del PSOE aragonés, que ha marcado distancias con la posición expresada por el ministro. Los socialistas aragoneses han respondido reiterando su posición: “Como hemos dicho siempre, las pinturas de Sijena deben volver a su monasterio. No caben más excusas ni más intentos de retrasar lo que ya han decidido los tribunales. El patrimonio aragonés debe respetarse y Aragón también”.

También Chunta Aragonesista se ha desmarcado de las declaraciones del ministro y considera que “lo que es una vergüenza intolerable es poner en cuestión los criterios técnicos del Gobierno de Aragón”. Han afirmado que “esta no es una cuestión partidista ni ideológica, sino el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes y el respeto al patrimonio histórico y cultural aragonés”, de forma que “cualquier declaración que cuestione este principio supone un grave ataque hacia Aragón”.

Chunta ha exigido a Urtasun “una rectificación pública e inmediata”, añadiendo: “Nuestra organización siempre ha defendido la lealtad entre socios, pero esa lealtad debe ser recíproca”.

Las críticas al ministro también han llegado desde Aragón-Teruel Existe. Su portavoz, Tomás Guitarte, ha calificado de “vergüenza” las declaraciones de Urtasun contra la sentencia de Sijena y ha devuelto al ministro sus propias palabras. “Lo que resulta vergonzoso es la actitud del ministro”, ha afirmado. Guitarte sostiene que el titular de Cultura “debe limitarse a instar al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y no interferir en un proceso judicial ya resuelto” y añade que “resulta impropio de un ministro cuestionar públicamente una resolución judicial firme cuando su responsabilidad institucional es garantizar que se cumpla”. El dirigente aragonesista ha insistido además en que “las pinturas murales de Sijena deben regresar a Aragón porque así lo ha determinado la Justicia” y defendió que la obligación del Ministerio es “facilitar el cumplimiento de la sentencia, no desacreditarla ni alimentar una polémica que ya ha sido resuelta por los tribunales”.

Por su parte, el PP Aragón respondió a través de las redes sociales al mensaje difundido por el PSOE: “¿Y por qué no se lo decís a vuestro ministro Urtasun? Otro ministro al que parece que no le gusta respetar a la justicia. Está claro que cumplir la ley y obedecer a los jueces no va con vosotros”. Mar Vaquero ha dicho esta mañana a las puertas del MNAC que las declaraciones de Urtasun son de una “gravedad intolerable”: “Nos parece una total falta de respeto a la sentencia, a la independencia judicial, menoscaba la separación de poderes y las claves y soportes de un estado de derecho y de la democracia”.

El Ejecutivo presidido por Jorge Azcón acusó al ministro de desacreditar una sentencia firme y de alinearse con los intereses de quienes se oponen a la devolución de las pinturas. Vaquero ha cargado contra el Gobierno central y contra el ministro: “Lo que estamos viendo es un ministro que se alinea a la situación que vive el gobierno de España que no está para dar lecciones sobre las sentencias judiciales” y ha incidido en que “estos bienes tienen que volver a Aragón”.

Las reacciones en torno a los bienes de Sijena reflejan un hecho poco habitual en la política aragonesa: la existencia de un amplio consenso transversal sobre la cuestión de Sijena. Más allá de los matices en el tono y en la estrategia, PP, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, PAR y Vox coinciden en que las pinturas murales deben regresar a Aragón y en que las sentencias dictadas por los tribunales no pueden quedar sujetas a interpretaciones políticas. Precisamente por ello, las declaraciones de Urtasun han provocado una respuesta prácticamente unánime desde Aragón, incluyendo voces de su propio espacio ideológico, que insisten en que el debate sobre la propiedad de las pinturas ya fue resuelto por la justicia y que ahora corresponde ejecutar lo acordado.

La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

Reivindicación y deberes. Los partidos que conforman la coalición Sumar se han conjurado como “la izquierda limpia y valiente” ante el goteo de casos de corrupción que han impactado en el PSOE, y han reclamado a su socio mayoritario de Ejecutivo “ejemplaridad y transparencia” y un acelerón en la acción de Gobierno, con el foco en la vivienda.

Los socios de Sánchez en el Ejecutivo de coalición —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— han celebrado este sábado un acto en Barcelona, con la participación de tres de sus ministros, tras las turbulencias que han generado las investigaciones judiciales sobre el PSOE y la exigencia de Junts y el PNV al presidente para que convoque elecciones anticipadas.

“¿Cómo estáis de ánimos?”. Así ha arrancado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy su intervención, consciente de que no ha sido la mejor semana para el Gobierno. La dirigencia de los partidos a la izquierda del PSOE ha querido insuflar ánimos a la militancia, pero también elevar las exigencias a los socialistas.

Ninguno de los ministros de Sumar ha apuntado posibilidad alguna de salir del Ejecutivo, si bien sí han mantenido el tono duro contra el PSOE. Pese a que la minoría parlamentaria del Ejecutivo se ha constatado de nuevo, los dirigentes progresistas han redoblado las peticiones al PSOE para aprobar más medidas de izquierdas.

“Por supuesto que hay una operación para derribar a este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos”, ha aseverado Bustinduy, que ha reclamado al PSOE “ejemplaridad y transparencia” sobre las causas judiciales que acumula el partido y “vivienda, vivienda y vivienda” como prioridad del Ejecutivo.

En este sentido, Bustinduy ha anunciado que Sumar volverá a llevar al Congreso “cuanto antes” el decreto de los alquileres que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso. “No vamos a parar, no vamos a parar hasta que se prorroguen los alquileres y echemos a los rentistas y especuladores”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

A juicio de García, las políticas progresistas “de las que presume el PSOE” son producto de las iniciativas impulsadas por los partidos de Sumar. “La mayoría de las medidas de progreso las hemos hecho nosotros”, ha insistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El dirigente de los Comuns ha pedido a Sánchez “responsabilidades y dar la cara”. “Ferraz [la sede del PSOE] no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista de este país”, ha remarcado Urtasun.

“Un Gobierno contesta a una operación de derribo con leyes y medidas”, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la intervención que ha cosechado más aplausos de los 350 asistentes al acto.

Maíllo ha sido el único orador que ha citado explícitamente algunos de los casos de corrupción que sobrevuelan a exdirigentes socialistas: “Las explicaciones sobre por qué el PSOE ha tenido dos secretarios de organización absolutametne desaconsejables o por qué un expresidente que puede vivir muy bien con su pensión se dedica a yo qué se qué son lo único que nos permitirá salir adelante”.

“Esta no es nuestra mochila”, ha manifestado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para marcar distancias con los socialistas. “La corrupción 0 existe, pero para que exista tienes que tener la casa muy limpia y saber para qué has venido”, ha ahondado, para a renglón seguido apostillar: “El PSOE tiene que hacérselo mirar y cuidar al Gobierno”.

“¿Dónde estaba el PSOE cuando freían a querellas a Barcelona en Comú, Podemos y los independentistas?”, ha incidido el diputado de los Comuns en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. “No lo preguntamos desde el revanchismo, sino desde la autoridad que nos da haber demostrado que se puede gobernar sin casos de corrupción”, ha añadido.

Pese a las exigencias de Sumar, las explicaciones de Sánchez no serán inmediatas. Su intervención en el Congreso todavía no tiene fecha, pero será después del Consejo Europeo del 19 de junio. Mientras el PSOE se abona a la teoría de un campaña orquestada ante el aluvión de causas judiciales, el calendario no da tregua: el expresidente Zapatero comparecerá como investigado el 17 de junio.

Solo Goya y el recogimiento de la Cartuja de Aula Dei podían propiciar, aunque fuera por algo más de una hora, una tregua institucional en Aragón en medio de la crispación política y judicial.

En ese escenario simbólico, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura dieron este jueves el pistoletazo de salida al programa del bicentenario de la muerte del pintor de Fuendetodos, que se cumple en 2028. Una conmemoración que aspira a convertirse en un gran proyecto de Estado bajo el paraguas de la Comisión Nacional.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, escenificaron su voluntad de colaboración en un acto que sirvió también para presentar a los comisarios encargados de diseñar la programación cultural del bicentenario. Entre ellos figuran la historiadora del arte Concha Lomba; el director adjunto del Museo del Prado, Alfonso Palacio; la directora del Museo de Zaragoza, Eva Alquézar, y la historiadora del arte Rocío Gracia.

La sintonía institucional permitió no tensionar la reivindicación aragonesa en torno al reparto de poder dentro de la futura Comisión Nacional. Aragón reclama ocupar la vicepresidencia primera del organismo al considerar que la comunidad no puede ser “un actor más” en la conmemoración del artista y Azcón pidió reconsiderar el esquema planteado por el Gobierno central que reserva las vicepresidencias para los ministerios de Cultura, Asuntos Exteriores y Política Territorial y Memoria Democrática, lo que anticipa una negociación sobre el peso institucional de Aragón en el proyecto.

Avance de actividades

La conmemoración tendrá como principales ejes Zaragoza y Madrid, aunque se extenderá al conjunto del país y contará con proyección internacional.

Uno de los principales actores del bicentenario será el Museo Nacional del Prado, que conserva más de mil obras de Goya. Entre las iniciativas avanzadas por el director adjunto de Conservación e Investigación de la pinacoteca, Alfonso Palacio, destaca una gran exposición dedicada a la relación entre Goya y la religión. Según explicó, el museo ha descartado tanto una muestra antológica como una exposición temática convencional para abordar una de las cuestiones “más complejas y, a veces, problemáticas” de la trayectoria del artista.

El Prado también prepara un proyecto vinculado a la inteligencia artificial y la digitalización de los fondos de Goya, con el objetivo de explorar nuevas formas de interacción entre el público y la obra del pintor mediante videocreaciones y videoinstalaciones. La iniciativa contará con un proyecto expositivo de la artista española afincada en Canadá Sandra Rodríguez, en colaboración con el Gobierno canadiense y la prefectura de Quebec.

Otra de las líneas de trabajo del museo pasa por impulsar un bicentenario de carácter nacional, implicando a todas las comunidades autónomas mediante préstamos de obras significativas conectadas con los intereses culturales de cada territorio.

Además, el Prado desarrollará el proyecto ‘Argos’ (Análisis de la Red de Goya y su Sociabilidad), destinado a crear una gran base de datos sobre las relaciones personales e institucionales que el pintor mantuvo a lo largo de su vida, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de su pensamiento, su obra y su contexto vital.

En 2026 se celebrará también un primer congreso con jóvenes investigadores para analizar cómo las nuevas generaciones interpretan y reflexionan sobre la figura de Goya. El resto de proyectos dependerá en buena medida de la política de préstamos y abordará cuestiones como la influencia del pintor en la pintura europea y el arte contemporáneo, así como su presencia en el imaginario colectivo y su dimensión más popular y reconocible.

Por su parte, Zaragoza acogerá un amplio programa expositivo ya iniciado con la muestra ‘Goya. Del museo al palacio’, que actualmente puede visitarse en el Palacio de la Aljafería. La programación contempla además exposiciones en espacios como el Museo Pablo Serrano, la Casa de los Morlanes, la Lonja de Zaragoza y el Palacio de Montemuzo, junto a diversas muestras itinerantes que recorrerán el territorio aragonés. La Lonja acogerá una exposición inmersiva titulada 'El Prado de Goya', que se podrá ver en 2028. Un año antes habrá otra muestra también en colaboración también con el Prado.

El Gobierno de Aragón impulsa además la construcción del Centro Goya en la Plaza del Pilar, un espacio destinado a reivindicar la vinculación del artista con Aragón y ofrecer una nueva perspectiva sobre su obra y legado.

 La programación del bicentenario incluirá asimismo publicaciones especializadas, talleres creativos, producciones audiovisuales, simposios y congresos destinados a profundizar en la figura de Goya y acercarla a públicos de todas las edades.

Ernest Urtasun: Goya como símbolo universal y espacio de encuentro

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentó el bicentenario de Francisco de Goya como “un proyecto de Estado” y “un emblema de la cultura española” capaz de trascender diferencias políticas e ideológicas. Durante su intervención en la Cartuja de Aula Dei defendió la cultura como “el verdadero pegamento social” y reivindicó el arte como un espacio de entendimiento y conversación pública en un momento marcado por la polarización.

Urtasun subrayó además la vigencia contemporánea de Goya, al que definió como un artista adelantado a su tiempo, con una mirada profundamente moderna sobre la sociedad, la política y la condición humana. Destacó el carácter “premonitorio” de obras como ‘Los Caprichos’ o las Pinturas negras y aseguró que el pintor sigue interpelando al presente por su libertad creativa, su capacidad crítica y la profundidad psicológica de su obra.

El ministro insistió en que la fascinación por Goya permanece intacta porque su obra desborda cualquier época concreta y continúa dialogando con el presente. En esa línea, defendió que el bicentenario debe servir no solo para homenajear al artista, sino también para “repensarlo” desde una perspectiva actual y convertir la conmemoración en un acontecimiento cultural de alcance nacional e internacional.

Jorge Azcón: Aragón reivindica su papel central en el legado de Goya

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, definió el arranque del bicentenario como el inicio de “un proyecto de Estado” basado en la cooperación entre administraciones e instituciones culturales. Azcón destacó el clima de colaboración escenificado junto al Ministerio de Cultura y defendió que una conmemoración de esta dimensión solo puede salir adelante mediante el trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas.

No obstante, el dirigente aragonés aprovechó también su intervención para reivindicar un papel protagonista de Aragón dentro de la futura Comisión Nacional del Bicentenario. Azcón sostuvo que la comunidad “no es un actor más”, sino “el origen” que explica la personalidad y la singularidad artística de Goya, y defendió que el Ejecutivo autonómico ocupe una de las vicepresidencias del organismo encargado de coordinar la conmemoración.

El presidente autonómico vinculó además la figura de Goya con el carácter aragonés, al que atribuyó rasgos como la mirada crítica, la libertad creativa y la capacidad de reflejar épocas de crisis y transformación. Azcón insistió en que el bicentenario representa una oportunidad para “saldar la deuda” histórica con el pintor reivindicándolo como aragonés y proyectando el patrimonio cultural de la comunidad en el ámbito internacional.

Comisión Nacional del Bicentenario

El primer paso para esta celebración fue la creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 - Burdeos,1828), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero, a propuesta del ministro de Cultura. El objetivo de esta Comisión Nacional es impulsar y coordinar todas las actividades del bicentenario mediante la colaboración entre las administraciones públicas nacionales e internacionales, así como con entidades públicas y privadas especialistas en la vida y obra de Francisco de Goya.

La Comisión tendrá una presidencia de honor a cargo de Los Reyes; y estará presidida por el presidente del Gobierno. Formarán parte, además, representantes de otras entidades del sector público, de órganos o instituciones de reconocido prestigio en el ámbito cultural y artístico, o que desarrollen actividades vinculadas a la actividad o al legado artístico de Francisco de Goya.

El Pleno contará con representantes de instituciones privadas de prestigio, relacionadas con el estudio de la vida y la obra del artista, o dedicadas al impulso y promoción de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional, con una atención especial a las instituciones y entidades de Aragón.

Este órgano colegiado será el encargado de integrar todas las iniciativas y propuestas en torno a la conmemoración de la efeméride, ofreciendo un proyecto cohesionado y coordinado.

Próximamente será convocada su reunión constitutiva, en la que se establecerá su funcionamiento y se propondrá una hoja de ruta en la que trabajarán las instituciones implicadas en la conmemoración.

El programa de este bicentenario incluirá publicaciones especializadas, talleres creativos, trabajos audiovisuales, simposios y congresos que permitirán profundizar en la figura de Goya y acercarla a todo tipo de públicos.

El patio de butacas del histórico Teatro de Rojas de Toledo, que este año cumple su 450 aniversario, ha vuelto a levantar la estructura original de sus asientos para poder colocar otras sillas más adecuadas (y más doradas) para aumentar su aforo y albergar el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2024. Este evento estaba previsto para el pasado mes de enero, pero se aplazó por el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

La Plaza Mayor de la capital castellanomanchega, que además se encuentra en obras, ha sido tomada desde primera hora por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con vallados y férreos controles policiales. De hecho, el histórico Mercado de Abastos, que actualmente ocupa un supermercado y está prácticamente pegado al teatro, se ha cerrado: allí se han realizado los numerosos controles a los medios de comunicación acreditados para el acto.

Tras el desfile de los premiados, premiadas y de las autoridades por la escalinata del teatro, ha arrancado el acto, muy protocolario, bastante rápido y algo frío. Ha habido no obstante algunos breves momentos de especial emoción y diversión, en especial con el monólogo inicial de Eva Hache, una de las premiadas, y con la proyección del vídeo de homenaje a todos los galardonados con música de otros premiados como el grupo Los Planetas; el fallecido líder de Extremoduro, Robe Iniesta; José Mercé, Kase.O y Camela.

Pero la mayor intensidad del acto la ha protagonizado el actor y director teatral Josep Maria Pou, también galardonado y quien ha intervenido en nombre de todos ellos. Tras hacer mención al ‘Mercado de las Frutas’ que dio lugar al corral de comedias, germen del Teatro de Rojas, ha hablado de las bellas artes como un trabajo “nacido en la soledad, en la obstinación y en la duda”, pero que, al mismo tiempo, “no se construye en aislamiento”, sino que hay influencias variadas.

Ha querido así reconocer el esfuerzo “invisible” que acompaña a la obra, recordar a todas las personas que trabajan “en los márgenes de la invisibilidad” sosteniendo la cultura “desde lugares precarios”. “Sin su labor, ninguna obra alcanzaría su forma final”, ha remarcado.

El arte no es un lujo, sino una necesidad, una forma de conocimiento y de compromiso

Josep Maria Pou

Por eso, ha ensalzado que el arte es un trabajo colectivo. “No es un lujo, sino una necesidad, una forma de conocimiento, de compromiso, una manera de mirar el mundo, una forma de interrogar la realidad, cuando en lenguaje del día a día se nos queda corto”.

En este sentido, Pou ha ensalzado que en un contexto en el que las noticias no cesan y los conflictos se acumulan, el arte “puede parecer frágil”, pero “nunca ha sido tan imprescindible como ahora”. Porque, a veces, ha señalado, “cuesta poner en palabras lo que se siente; y una canción, una pintura, un poema, pueden contener eso que, sorprendidos, conmocionados, no sabemos cómo decir; un espacio de pausa, de reflexión que nos separa del ruido, no para huir, sino para mirar con más claridad”.

“Hacemos arte para reinventar el mundo. En estos días en que las bravuconadas y las fanfarronadas se imponen a la amabilidad, y la crueldad se impone a la compasión, el arte debe revolvernos contra la indignidad. Frente a un mundo en crisis, crear es tomar partido, abrir futuros que ni siquiera el poder sabe imaginar”, ha concluido.

Las referencias implícitas a la guerra, a las crisis en todo el mundo y a los mensajes de odio también han tomado forma durante la intervención del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha comenzado festejando el VIII Centenario de la Catedral de Toledo y los 450 años de historia del Teatro de Rojas.

Desde Lorca hasta hoy

Dicho esto, ha mencionado a Federico García Lorca como el “eterno retorno” de una figura que “ni el odio ni la muerte nos ha podido arrebatar”. “Nunca se irá de nuestras vidas”, ha remarcado, poniendo como ejemplo el reciente éxito de Los Javis en el Festival de Cannes, tras recibir el Premio a la Mejor Dirección por la ‘La bola negra’, sobre la figura del poeta y dramaturgo granadino.

Y junto a Lorca, Urtasun también ha querido hacer referencia a la denominada ‘Escuela de Vallecas’, el grupo vanguardista reunido por el pintor castellanomanchego Benjamín Palencia junto a la artista Maruja Mallo y el escultor Alberto Sánchez. Junto a ellos también ha hecho mención a la ‘Orden de Toledo’, esa “performance gamberra” que Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí y Pepín Bello hicieron transitar por el “laberinto de las noches” de la ciudad.

Y al hilo de estas menciones, el ministro de Cultura ha precisado que el Gobierno ya está preparando la celebración del Centenario de la Generación del 27, “en torno al arte, el saber y la literatura”.

Finalmente, ha elogiado la labor de todos los premiados. “Todo lo que habéis hecho no cabe en un ‘reel’ ni en algoritmos. La cultura es la menos artificial de las inteligencias. Es fruto del esfuerzo, de la persistencia de la belleza, del compromiso ético con lo humano”.

“Frente a un mundo presidido por la crueldad, el odio, la guerra y la ley del más fuerte, os necesitamos a nuestro lado, para seguir hablando de esperanza, porque vuestro arte se opone a la mentira y a la mediocridad. Necesitamos palabras como libertad, paz, justicia e igualdad, y la creencia firme en otro mundo posible”, ha concluido.

450 años del Teatro de Rojas, 800 años de la Catedral Primada

Previamente, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha celebrado ampliamente que la ciudad haya albergado este evento, justo cuando “ya huele a Corpus”, en referencia a la emblemática fiesta que se celebra la semana viene en esta ciudad. También ha hecho referencia a los 450 años de historia del Teatro de Rojas, hablando de sus orígenes como Corral de Comedias, y al VIII Centenario de la Catedral, que acaba de estrenar la exposición ‘Primada’ con motivo de esta efeméride.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arrancado su discurso también aplaudiendo a los premiados, y destacando el arte como una forma “tener muy claro los límites de lo que no debe hacerse”.

“Esos valores con la irrupción de la Inteligencia Artificial que nos está llevando como mundo, como compleja sociedad, a utilizar unos medios desconocidos que probablemente estén alterando los fines. Ese es el valor de su trabajo, un compromiso con su arte, con su oficio, con su tarea. Pero que trasciende lo personal para ser en realidad casi diría un servicio público”, ha dicho dirigiéndose a los galardonados y galardonadas.

Tras la actuación de José Mercé, ha sido el turno del Rey Felipe VI, que ha dedicado sus primeras palabras “en honor” a las víctimas del accidente de Adamuz, y ha elogiado profusamente a Toledo, ciudad que enseña que “la mejor creación artística jamás es pura, sino al revés”, está “imbuida de tradición y de referentes y por eso no envejece”. Ha hecho referencia a El Greco y al propio Teatro de Rojas.

También se ha dirigido a los premiados y premiadas para decirles que son “la prueba de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión”. “Es en esa diversidad de voces, lenguajes, miradas donde reside también la proyección de España en el mundo. Sois extraordinarios embajadores de nuestro país”.

Los premiados y premiadas

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes son un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Del ámbito de la música, han sido galardonados el cantaor flamenco José Mercé; el cantante y compositor Robe Iniesta, a título póstumo; el grupo musical Camela; el grupo musical Los Planetas; el cantante y compositor Kase.O; el cantante de ópera Carlos Chausson Gracia; y el representante musical José Emilio Navarro Viña 'Berry'.

En cine y teatro, han sido distinguidas las actrices Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón y Carmen Machi; el actor Eduard Fernández; el actor y director teatral Josep María Pou; la directora y productora cinematográfica Chelo Loureiro Vilarelle; el director, guionista y productor cinematográfico Pere Portabella; la supervisora de efectos visuales Laura Pedro Albiol; la dramaturga, directora de escena, bailarina, actriz y poeta visual Ana Vallés; y el director, dramaturgo y gestor cultural Luis Guillermo Heras Toledo, a título póstumo.

También han reconocido en el ámbito de las artes escénicas a la bailarina y coreógrafa Mónica Rodríguez Runde; y al Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes destacan en esta edición a diversas personalidades de la literatura: al poeta y escritor Bernardo Atxaga; la escritora y periodista Elvira Lindo; las poetas y escritoras Antònia Vicens, Eva Baltasar y Angelina Muñiz-Huberman; el salón Manga Barcelona; y la revista infantil ‘Camacuc’.

Las bellas artes y el patrimonio cultural han visto reconocidos a la artista interdisciplinar Sandra Gamarra; la fotógrafa y artista plástica Cristina de Middel; el arquitecto experto en patrimonio cultural Ángel Luis de Sousa Seibane; el colectivo artístico Cabello/Carceller; Segundo Castro Olmo, miembro del Colectivo Estampa Popular. Además, han recibido la distinción la cómica y presentadora Eva Hache; la diseñadora de moda Juana Martín; la gestora cultural Encarna Lago González; los expertos en derechos culturales Alfons Martinell Sempere y Jesús Prieto de Pedro; el Colectivo Llámalo H; y la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la renovación del programa Cine Sénior, impulsado por el Ministerio de Cultura, que prorrogará durante un año más el sistema de entradas a dos euros para las personas de 65 años o más en las salas adheridas. La medida, que se extenderá desde julio de 2026 a junio de 2027, contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros.

La dotación iguala la cuantía de la tercera edición del programa, que comenzó en junio de 2025 con un presupuesto inicial de 8,5 millones, y tuvo que ser reforzada en febrero –previo paso de urgencia por el Consejo de Ministros para que no se paralizara– con una ampliación de tres millones más. La nueva partida económica supone una ligera reducción respecto a los 12 millones que el Gobierno destinó a la segunda edición (entre mayo y diciembre de 2024), aunque consolida el salto respecto a la primera convocatoria, que contó con 10 millones.

Se confirma así lo anunciado por el ministro de Cultura Ernest Urtasun el pasado sábado en el Festival de Cannes, donde afirmó que la iniciativa conocida como 'martes sénior' estaba funcionando “muy bien” y permitiendo “dar mucha actividad a las salas en ciudades medias y pequeñas que probablemente no la tendrían”. “Estamos viendo cómo miles de personas mayores vuelven a llenar las salas de cine de nuestro país, y eso no solo es una buena noticia para el sector cinematográfico, también para la vida cultural y social de nuestro país”, añadió.

Qué son los 'martes sénior'

La iniciativa, realmente titulada ’Los martes al cine’, comenzó en julio de 2023 y tenía como objetivo devolver a las salas a uno de los públicos que más había abandonado el hábito tras la pandemia, los mayores de 65 años, de ahí que rápidamente empezara a ser conocida como los 'martes sénior’.

Su éxito fue contundente. La Federación de Exhibidores de cine cuantificó el aumento en la asistencia los martes en un 49% respecto al año anterior. Se pasó de 2,7 millones a cuatro millones de espectadores. Mejoró también un 23% respecto a 2019, año prepandémico y de gran asistencia a las salas. En total, en esos primeros meses casi un millón de espectadores se beneficiaron del programa.

En su segunda edición, según los datos del Ministerio de Cultura, la medida, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, supuso un incremento en más de 766.000 espectadores respecto a la primera edición. Un 82% más. Los martes se han consolidado como el tercer mejor día de la semana, por detrás del sábado y el miércoles. Además, la asistencia general a las salas de cine los martes de todo tipo de públicos, durante el periodo de la campaña 'Cine Sénior', se incrementó un 23% respecto a la edición del año anterior. Pasó de 4.092.992 espectadores totales los martes en 2023, a 5.051.848 espectadores totales los martes en 2024.

En su actual edición, activa hasta el próximo mes de junio, por primera vez se ha mantenido el programa durante 12 meses. En sus primeras 28 semanas, se han alcanzado los 1.579.923 espectadores. En 2025, según ha señalado Ernest Urtasun en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en 2025, Cine Sénior supuso el 33% de la taquilla española. El responsable ha incidido en la relevancia que el programa tiene sobre el cine español, ya que “la gran mayoría” de los beneficiarios del plan “ven películas españolas”.

Desde FECE decían el año pasado que, además, las películas que más se beneficiaban de este impulso eran españolas y europeas, por lo que repercutía a su vez en la industria nacional y en las películas que más lo necesitaban. Todo ello hizo que filmes dedicados al público adulto hayan visto cómo antes de esta medida su porcentaje de taquilla dependía en casi un 70% del fin de semana. En 2023 un 41.3% de la taquilla total del año se generó entre lunes y jueves, lo que muestra que el flujo de asistencia a cierto tipo de cine se ha movilizado a los días de diario por medidas como esta.

Cuatro países han cancelado los conciertos que Kanye West iba a dar en sus territorios tras sus comentarios ensalzando el nazismo: Francia, Reino Unido, Polonia y Suiza. Por el momento se mantiene su visita a España, prevista para el próximo 30 de julio en el Metropolitano, evento de cuyo futuro se ha desligado este lunes en nombre del Gobierno el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El responsable ha asegurado que le “repugnan” las manifestaciones vertidas en el pasado por el rapero: “No me gustan nada y me parecen fuera de lugar”. No obstante, ha indicado que “no le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya tomado cualquier artista”, y que la decisión debe tomarla el promotor del evento. “Más allá del rechazo que me producen sus declaraciones, no me corresponde a mí”, ha insistido.

La actuación de Kanye West en Reino Unido sí fue cancelada por el Gobierno del país, que le denegó el permiso para viajar. El cantante, también conocido como Ye, era el cabeza de cartel del festival Wireless, que acabó siendo cancelado tras la baja del rapero.

“El antisemitismo en todas sus formas es abominable, y reconocemos el impacto real y personal que estos problemas han tenido. Como dijo Ye hoy, reconoce que las palabras por sí solas no bastan, y a pesar de ello, aún espera tener la oportunidad de entablar un diálogo con la comunidad judía en el Reino Unido”, señalaron desde el festival con respecto a los comentarios antisemitas, racistas y pronazis vertidos por Kanye West en los últimos años.

El rapero estadounidense pospuso hace un mes el concierto que iba a ofrecer en Francia el 11 de junio, anticipándose a la posible prohibición de entrada al país por sus declaraciones antisemitas. La suspensión del evento fue su respuesta a las palabras del ministrio de Interior francés, Laurent Nuñez, días antes, que había anunciado que estaba estudiando vías legales para prohibir la actuación.

Previamente, el alcalde de la ciudad Benoît Nuñez había expresado su rechazo a que Kanye West hiciera de Marsella “una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido”. “Tras mucha reflexión, he decidido posponer mi concierto en Marsella hasta nuevo aviso”, justificó el rapero en su perfil de X.

En Polonia, los administradores del Estadio de Silesia donde se iba a celebrar su concierto optaron por cancelarlo tras la amenaza por parte del Gobierno de impedir su entrada. “No puedo imaginar que en Polonia, un país donde se asesinó a personas en los campos de exterminio nazis, podamos organizar un concierto de un artista que abiertamente dice admirar a Hitler, promueve la ideología nazi y se lucra vendiendo camisetas con esvásticas”, afirmo en una rueda de prensa la ministra de Cultura polaca, Marta Cienkowska.

El recinto decidió rescindir el contrato con la empresa organizadora del recital “tras recibir presiones por el historial de declaraciones del artista”, según recogió la agencia de noticias polaca PAP.

El último territorio europeo en sumarse a dejar a West actuar fue Suiza. El FC Basel, el club de fútbol de la ciudad de Basilea en cuyo estadio iba a tener lugar el concierto en junio, canceló la actuación a finales de abril. “Hemos decidido no continuar con el proyecto, ya que no podemos, de acuerdo con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión en este contexto”, expresaron.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado este lunes en Bruselas que España va a reclamar “un marco europeo que blinde los derechos de autor de los creadores ante la emergencia de la inteligencia artificial (IA) generativa”, ya que la regulación europea de la IA “en lo que afecta a los derechos de los creadores no es suficiente ni es satisfactoria. Necesitamos dar pasos adelante y por eso España ha propuesto esta medida”.

La industria cultural y periodística lleva meses exigiendo una regulación más estricta que obligue a los grandes gigantes tecnológicos para que sean más transparentes sobre la utilización de los contenidos que generan los artistas audiovisuales o musicales y las noticias que se publican en periódicos.

Urtasun ha explicado que en la directiva del copyright hay “una disposición que establece una excepción para el entrenamiento de modelos, el llamado uso de texto de minería y datos”, pero que las grandes tecnológicas usan “de forma masiva” para entrenar los modelos “sin ningún tipo de transparencia ni de remuneración”, por lo que España va a pedir “una clarificación legal” en este apartado.

Además, se va a plantear la cuestión de “si el entrenamiento de modelos con parte de obras protegidas por derechos de autor no genera nuevos derechos que deben ser contemplados” y que haya “más transparencia”. El ministro ha subrayado que “no se puede permitir que se entrenen modelos de inteligencia artificial sin saber qué tipo de obras se han utilizado para ese entrenamiento”.

“Estamos aquí para defender a los creadores y creadoras de nuestro país, para que haya un marco legal que proteja sus derechos y, sobre todo, para que la inteligencia artificial sea un instrumento al servicio de la sociedad y no un instrumento para engrosar las cuentas de resultados de determinadas multinacionales”, ha insistido Urtasun.

El ministro ha recordado una resolución del Parlamento Europeo del pasado mes de marzo donde se apunta que “existen pruebas de la violación generalizada de las normas de derechos de autor por parte de proveedores de IA generativa, incluida la recopilación no autorizada de obras desde internet, el incumplimiento de las reservas de derechos de los titulares en materia de minería de textos y datos, el uso de fuentes pirateadas para obtener obras y la falta de solicitud de licencias; y que este patrón, que constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales de los creadores y una apropiación indebida de valor en detrimento del sector cultural y de la información de la UE, demuestra la necesidad de adoptar medidas firmes para garantizar que el ecosistema de la IA en la UE sea justo y ético”.

Ya hay ejemplos en el mundo de países que han legislado para proteger los derechos de los medios de comunicación ante el uso de sus contenidos para alimentar a las inteligencias artificiales de las grandes tecnológicas. Australia ha puesto en marcha una ley para que las grandes corporaciones de IA retribuyan a los medios por el uso de sus contenidos, pero si se niegan kes impondrá un impuesto del 2,25% de su facturación.

Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha dado un discurso en la Cumbre Europea sobre Inteligencia Artificial e Infancia en el que ha argumentado “con el rápido avance de la inteligencia artificial” los riesgos que sufren los niños que tienen acceso al entorno digital se “multiplican con rapidez”.

“Se trata de decisiones deliberadas por parte de los proveedores tecnológicos —decisiones tomadas— para lucrarse con la vulnerabilidad infantil y sacar partido de sus miedos y de sus momentos de inseguridad. Hay una razón por la que algunos lo llaman «el mayor hackeo cerebral de la historia de la humanidad”, ha explicado Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión ha resaltado que “muchos perciben el poder de las grandes corporaciones tecnológicas como abrumador e imposible de revertir. Yo no estoy de acuerdo; no tenemos que aceptar diseños de redes sociales adictivos. Europa tiene el poder de actuar. Somos nosotros quienes decidimos nuestras normas, no las grandes tecnológicas”.

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, estudia hacer obligatorios el pago de gastos de envío en la compra online de libros dentro de una abanico de políticas para favorecer a las librerías independientes ante el incremento de las ventas por Internet.

“Estamos analizando algunas políticas como las de otros países como hacer obligatorios los gastos de envío en el caso de la compra de libros online y así favorecer que sea más beneficioso irte a la librería de barrio”, ha indicado Urtasun en una entrevista en la Cadena Ser con motivo del Día del Libro.

El titular de Cultura ha reconocido su preocupación por la supervivencia de “miles y miles de librerías pequeñas que están por todo el país y que son centros culturales que hay que perservar”. Su voluntad es que estos establecimientos “continúen porque han perdido un poco de cuota de mercado en los últimos años”.

Urtasun ha puesto en valor la compra de libros en librerías pequeñas “que nunca es equivalente a la compra online, porque hay una experiencia que es única y que es ir a discutir con tu librero de confianza que siempre te va a saber orientar”. También ha destacado las cifras de lectura en España y ha incidido en que “en este país leen sobre todo las mujeres y los jóvenes para contradecir algunos tópicos porque la franja de 14 a 24 años es una de las que más lee”.

Ha incidido, asimismo, en la facturación de la industria editorial nacional y su impacto en América Latina. “En Europa se habla del fenómeno del libro español porque en España tenemos unos datos tanto de hábitos de lectura como de actividad de la industria que son absolutamente récord”, ha remarcado.

Con motivo del Día del Libro titular de Cultura ha hecho alusión a la celebración de Sant Jordi en Barcelona, que visitará esta tarde, después de entregar en Alcalá de Henares el Premio Cervantes al escritor mexicano Gonzalo Celorio. Precisamente, Urtasun ha incidido en que el premio haya recaído en un autor mexicano “por el significado que tiene en el proceso de reencuentro con México”. “Premiamos a un escritor mexicano que además es hijo del exilio español”, ha argentado.

“Estamos premiando a un gran escritor, pero a la vez estamos haciendo un gran ejercicio, tanto de memoria y de reconocimiento del exilio español en México, como un proceso de reencuentro con este país que se ha fraguado en la visita reciente de la presidenta porque la cultura está permitiendo reencontrarnos”, ha añadido.

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar cada vez más cerca de su final. El Gobierno sigue con el plan de cerrar la organización franquista por excelencia y este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para dar paso a la Justicia, a la que el Ministerio ha dado traslado del expediente a través de la Abogacía del Estado, según ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República. Será un juez o jueza el que tome la decisión defintiva.

Según el ministro, se trata de un expediente “sólido” con el que considera “acreditado” que la fundación “no cumple con los fines de interés general” que deben perseguir las fundaciones y que “hace apología de Franco y del franquismo” además de promover actividades y mensajes que “suponen el menosprecio y humillación de las víctimas”, que son los requisitos que introdujo la Ley de Memoria Democrática en 2022 como causas de extinción de este tipo de organizaciones.

En junio de 2024 el Ministerio de Cultura dio inicio al procedimiento con el arranque de las actuaciones previas y hace seis meses se produjo la firma del acuerdo y su notificación a la fundación. Desde entonces, se han seguido todos los pasos previstos en la Ley de Fundaciones, con distintos periodos de alegaciones. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la organización para frenar de forma inmediata su ilegalización tras un recurso en el que solicitaba paralizarla como medida cautelar.

Con este paso, la autoridad judicial tendrá ya sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo a una fundación que lleva medio siglo –desde la muerte del dictador– exaltando su figura. Para llegar hasta este punto, el Ministerio de Cultura ha recibido informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la organización, así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025.

“El procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio”, ha apuntado Urtasun, que ha afirmado que “en dos ocasiones se ha dado trámite de alegaciones a la fundación” constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo. Según el ministro de Cultura, el expediente que tendrá ahora que evaluar un Juzgado de Primera Instancia es “riguroso y está bien fundamentado jurídicamente” y, aunque la decisión final está en manos de un juez, el Gobierno “considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción”. “Estamos con la ley en la mano protegiendo la dignidad de las víctimas”, ha añadido.

Urtasun ha dado por hecho que la fundación “va a usar todos los resortes a su alvance para impedir que el proceso avance”, pero se ha mostrado “optimista” ante la futura resolución judicial. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que tratan de blanquear la dictadura y humillar a las víctimas”, ha insistido. El recurso que presentó en su momento la fundación alegó entre otras cosas la vulneración del derecho de defensa y argumentó que “no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria” con las víctimas del régimen.

Fuentes de la misma apuntan a que el paso dado por el Ministerio de Cultura no les “extraña”. “El Gobierno liberticida que ampara y subvenciona a fundaciones separatistas y marxistas no pierde el tiempo en perseguir la libertad de opinión y expresión de los que no piensan como ellos. Es lo normal en dictaduras socialistas”, han trasladado, informa Javier Lillo.

En paralelo al proceso de extinción de la fundación, Urtasun también ha explicado que ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo de la Fundación Franco tras constatar que se trata de documentación que fue consecuencia de “las funciones públicas” que desempeñó el dictador como jefe de Estado. Considera por ello el Ministerio en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico Español que los documentos deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público.

La “glorificación” de Franco

La decisión del Gobierno de instar al cierre de la fundación se basa entre otros elementos en un informe encargado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con varias patas: el estudio incluye el análisis pormenorizado de las publicaciones de la funación, un estudio del catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández y varias entrevistas a víctimas del franquismo para concluir en base a todo ello que se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Los estudios destacan que casi todo su contenido está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación” a Franco y los símbolos del régimen. En base a sus estatutos, la organización presididad por el exgeneral Juan Chicharro tiene “una actividad principal” que es la de “difundir y promocionar el estudio del legado y las realizaciones” del dictador “entre 1936 y 1977”, lo que supone trasladar “una visión inequívocamente positiva”.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta, además, “tres patrones” de humillación de quienes fueron sus víctimas o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a quienes sufrieron la represión del régimen. El Ministerio también ha recabado un informe de la Abogacía del Estado que concluye que la resolución “es conforme a derecho”, consituyendo el último trámite necesario antes de instar a la Justicia.