El periodismo para los periodistas: la idea del Gobierno australiano para frenar las noticias de algoritmo
Australia tiene un largo historial a la hora de salirse del carril internacional e intentar regular el negocio de las grandes tecnológicas sin pedirles permiso. Su última gran iniciativa en esta línea ha sido la prohibición de que los menores de 16 años utilicen las redes sociales, una medida que está dejando algunas incógnitas en su aplicación, pero que está inspirando regulaciones similares en todo el mundo, España y la UE incluidas.
Menos de seis meses después de la entrada en vigor de esa medida con la que quiere atajar uno de los grandes debates de la sociedad digital, el Gobierno australiano se ha lanzado a legislar sobre otro: asegurar la supervivencia de los medios de comunicación en una era en la que la inteligencia artificial puede resumir sus noticias sin necesidad de que los lectores visiten siquiera sus webs.
A finales de abril, el Ejecutivo liderado por el laborista Anthony Albanese sacó a consulta pública una nueva ley para forzar a las grandes tecnológicas a llegar a acuerdos de retribución con los medios por el uso de sus contenidos. El objetivo de la norma es que ambas partes establezcan sus propios términos de compensación. Sin embargo, en caso de que los gigantes de la IA se nieguen a colaborar, la ley les impondrá un impuesto del 2,25% de su facturación anual en Australia.
La tasa nace de la experiencia. Otro de los últimos grandes intentos de Camberra de forzar a las tecnológicas a compensar su impacto social fue precisamente en relación con los medios de comunicación, pero salió mal. En 2021, Australia aprobó una norma para impulsar la misma retribución, pero dejó un agujero legal. Plataformas como Facebook optaron simplemente por eliminar cualquier rastro de noticias de su plataforma en Australia para evitar el pago.
El intento regulatorio terminó perjudicando a todos: la red social suprimió también páginas y grupos que compartían enlaces de noticias habitualmente, como las de sindicatos, ONG, webs meteorológicas, avisos de personas desaparecidas, de incendios o incluso perfiles oficiales de las administraciones australianas. Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo privado entre News Corp, la multinacional de medios australiana dirigida por la familia Murdoch, y Mark Zuckerberg.
Para evitar que eso pueda ocurrir de nuevo, la nueva intentona australiana incluye ese impuesto del 2,25%. Albanese cuenta con mayoría absoluta en el parlamento, por lo que es muy probable que la ley salga adelante. Sin embargo, es en los detalles que el Gobierno ha sacado a consulta donde pueden radicar algunos de los aspectos más innovadores de la ley. Uno de ellos es cómo se repartiría esa tasa recaudada a las tecnológicas que no colaboren.
Pago por periodistas contratados y su producción
Para repartir esos fondos recaudados, Canberra propone la creación de un modelo basado en una fórmula matemática sencilla: su núcleo es la cantidad de periodistas a tiempo completo contratados por cada medio.
La asignación exacta se calcularía dividiendo los periodistas de una organización entre el total de periodistas de todos los medios inscritos, y multiplicando ese resultado por los ingresos totales recaudados con la tasa a las tecnológicas. Es decir, se basa en las personas y no en las cuentas de los medios de comunicación.
“La financiación podría determinarse en función de los costes laborales o de los costes de producción. Estas opciones permitirían ajustar mejor la asignación de fondos a los gastos reales de las empresas. Sin embargo, esto podría dar lugar a que una mayor parte de los pagos se destinara a empresas con mayores presupuestos para atraer talento (lo que supondría un riesgo de consolidación del sector), a una distribución más costosa o a una menor eficiencia; o bien podría fomentar el abuso del sistema”, justifica el texto.
Todas aquellas personas que desempeñan funciones principalmente responsables de la producción (es decir, la investigación, la grabación y/o la redacción)
Pero la propuesta no se queda ahí. En un negocio mediático experto en tácticas trampa como el clickbait, los contenidos vacíos de información o la contratación de periodistas que no se dedican realmente a hacer periodismo, el Ejecutivo propone que solo cuenten aquellos que produzcan “core news” o “contenidos informativos fundamentales”: “Todas aquellas personas que desempeñan funciones principalmente responsables de la producción (es decir, la investigación, la grabación y/o la redacción)”.
Aquí entrarían tanto los redactores tradicionales como “fotoperiodistas, videógrafos y diseñadores gráficos que producen contenidos informativos fundamentales en formato visual”. Pero, no “los directivos no editoriales” ni “los diseñadores gráficos y los profesionales del marketing que producen materiales de marca, elementos estilísticos y otros contenidos que no sean de noticias o informativos”.
Una remuneración exclusiva para aquellos que contraten a personas que se dediquen al periodismo, para lo que se propone pedir pruebas o bien del contenido generado o declaraciones juradas, cuando eso no sea posible. Además, los medios que reciban la compensación por este motivo estarán obligados a mantener, como mínimo, la misma cantidad de periodistas a tiempo completo por la que ha recibido la financiación.
Luces y sombras
Aunque la nueva normativa ha sido bien recibida en Australia, algunos analistas avisan de riesgos sobre un apagón informativo o de que acabe perjudicando a los medios más pequeños.
Para los profesores Monica Attard y Derek Wilding, codirectores del Centre for Media Transition de la Universidad de Sídney, el plan actual supera las carencias del anterior: “El diseño sugiere que será más efectivo porque incluye un mecanismo para fijar una cantidad mínima que las plataformas tendrán que pagar, y a menos que abandonen Australia por completo o haya una impugnación legal exitosa, no podrán evitar pagarla (como ha hecho Meta con el anterior código)”, dicen en declaraciones a Crikey, un medio australiano especializado en la industria mediática.
El riesgo es que la ley siga dando poder a las grandes empresas para negociar con quien deseen, lo que significa que los medios pequeños y medianos pueden ser pasados por alto
Otros creen que la posibilidad de que los gigantes tecnológicos decidan abandonar el mercado o bloquear las noticias, como hizo Meta en Canadá, sigue siendo la gran amenaza. Andrea Carson y Diana Bossio, profesoras de la universidad La Trobe y del Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT), escriben en The Conversation que es “el mayor riesgo de todos”: “El resultado no deseado [en Canadá] fueron audiencias más pequeñas a largo plazo para el periodismo profesional. Australia no puede arriesgarse a sufrir efectos contraproducentes en un momento en que el periodismo de calidad nunca ha sido más crítico para salvaguardar la democracia”, afirman.
Alexandra Wake, profesora de periodismo en el RMIT, señala que otro riesgo es que la ley “siga dando poder a las grandes empresas para negociar con quien deseen, lo que significa que los medios pequeños y medianos pueden ser pasados por alto o ser incapaces de negociar acuerdos adecuados, que es lo que ocurrió bajo el plan anterior”.
En esta línea, la Asociación de Noticias Locales e Independientes ha denunciado que los requisitos de la ley “crean barreras a la participación para los pequeños editores y los medios comunitarios basados en el voluntariado, afianzando aún más el statu quo en un panorama mediático que ya es uno de los más concentrados del mundo”.
Las tecnológicas no están contentas
A estas dudas se suman las críticas de las grandes tecnológicas afectadas. La normativa se aplicará a empresas con una presencia “significativa” en el mercado de redes sociales y buscadores en Australia, aquellas con una facturación anual superior a los 250 millones de dólares australianos, con al menos cinco millones de usuarios en el caso de las redes sociales y diez millones para motores de búsqueda.
elDiario.es ha consultado a varias de las que cumplen esos requisitos. “Durante 20 años, Google se ha asociado con las redacciones a través de productos y programas. Seguimos siendo la única empresa tecnológica en Australia con acuerdos comerciales que apoyan a más de 90 empresas de noticias y 226 medios de comunicación, abarcando cabeceras nacionales, regionales e independientes”, indica una portavoz de Google.
Rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI
“Si bien actualmente estamos revisando el proyecto de ley, hemos sido claros: rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI, a pesar del gran cambio en la forma en que la gente consume noticias”, protesta.
Una portavoz de Meta, por su parte, ha compartido una publicación en redes sociales del director de comunicación de la multinacional. “Esto no es más que un impuesto sobre servicios digitales”, ha afirmado el ejecutivo sobre la ley australiana: “Las organizaciones de noticias optan por publicar contenido en nuestras plataformas porque obtienen valor de ello. No tomamos su contenido. Sin embargo, el impuesto se aplica independientemente de si el contenido de noticias aparece o no en nuestras plataformas”.
Australia lleva años tropezando con las mismas piedras y aprendiendo de los golpes. Esta vez ha puesto números a las consecuencias de no colaborar y ha atado la compensación a las personas que hacen el trabajo, no a las empresas que se lo quedan. Si funciona, otros gobiernos ya tienen el borrador. Si no, el debate sobre la relación entre los periodistas y las grandes tecnológicas en la era de la IA tendrá más datos para avanzar.
0