La realidad y el desafío de vivir en un piso con pocos metros cuadrados es una de las consecuencias de la crisis de vivienda que atraviesa nuestro país, tanto por la falta de inmuebles asequibles como por la necesidad de compartir esos espacios para afrontar su coste. Así, recurrimos muchas veces a la decoración para crear esa sensación de espacio, con estrategias de iluminación y organización que facilitan el paso de la luz, nos ayudan a optimizar cada rincón y hacen que las habitaciones se perciban más amplias. No se trata solo de estética, sino de cómo se distribuye el mobiliario, cómo entra la luz y qué materiales se utilizan. Con decisiones inteligentes, cualquier espacio pequeño puede ofrecer comodidad y funcionalidad sin necesidad de ampliaciones o reformas costosas.

La percepción de amplitud está influida por elementos visuales, como el color de paredes y suelos, la altura del mobiliario y la continuidad de las superficies. Un espacio ordenado y bien iluminado transmite sensación de ligereza y permite que cada metro cuadrado cumpla múltiples funciones. La distribución estratégica del mobiliario, combinada con soluciones verticales y muebles multifuncionales, ayuda a que la circulación sea más fluida y a que cualquier espacio se perciba más grande de lo que realmente es.

Más allá de los aspectos visuales, el confort en espacios reducidos también depende de la organización. Reducir el exceso de objetos, escoger materiales ligeros y priorizar la funcionalidad sobre la cantidad de muebles facilita un entorno agradable y práctico. Existen estrategias concretas que destacan por su eficacia a la hora de generar sensación de amplitud en habitaciones de pocos metros cuadrados.

Baldas flotantes en las paredes

Las paredes ofrecen un recurso valioso que muchas veces pasa desapercibido. Instalar estanterías flotantes permite organizar libros, objetos o elementos decorativos sin ocupar espacio en el suelo. Este tipo de mobiliario vertical no solo libera superficie útil, sino que también genera continuidad visual, lo que contribuye a que las habitaciones se perciban más amplias y ordenadas.

Además, las baldas abiertas pueden adaptarse a diferentes alturas según las necesidades, ofreciendo almacenamiento personalizado. Distribuir los objetos de manera equilibrada evita la acumulación en el suelo y ayuda a que la vivienda se vea más despejada, reforzando la sensación de amplitud en cada habitación.

Crear luminosidad con colores claros

Los tonos claros en suelos, paredes y techos reflejan la luz natural y aumentan la sensación de espacio. Mantener una paleta uniforme y neutra permite que las distintas áreas se perciban conectadas, evitando que los ambientes se fragmenten visualmente. Los colores suaves también aportan una sensación de calma y ligereza que resulta especialmente útil en viviendas compactas.

Pequeños elementos, como alfombras claras, textiles neutros o revestimientos discretos, refuerzan este efecto sin sobrecargar la estancia. Combinados con una correcta iluminación, estos detalles hacen que incluso los espacios más pequeños se perciban amplios, cómodos y agradables, mejorando tanto la estética como la funcionalidad del hogar.

Multiplicar la utilidad de los muebles

En un espacio reducido, los muebles que cumplen varias funciones son esenciales. Las mesas con almacenamiento incorporado o camas con cajones permiten aprovechar cada metro cuadrado de manera eficiente. Este tipo de mobiliario reduce la necesidad de añadir más piezas y mantiene las habitaciones despejadas, contribuyendo a una sensación de orden y fluidez.

El diseño también influye en cómo percibimos el espacio. Piezas de líneas simples y estructuras ligeras ocupan menos espacio visual y permiten que la luz circule con mayor libertad. Al combinar funcionalidad y diseño cuidado, es posible que un espacio pequeño resulte práctico sin renunciar a la comodidad o a un aspecto equilibrado.

Liberar espacio con menos muebles auxiliares

Reducir los muebles que no son imprescindibles es una de las estrategias más efectivas para ganar sensación de amplitud. Mesitas, carritos o piezas de apoyo pueden ocupar espacio valioso y generar sensación de saturación. Priorizar los elementos esenciales y buscar soluciones integradas en la pared permite liberar superficie útil y mantener un ambiente más limpio y organizado.

Revisar regularmente qué muebles realmente aportan funcionalidad facilita la movilidad y evita que las habitaciones se sientan abarrotadas. Menos elementos significa más espacio visual y físico, lo que mejora la experiencia de cualquier espacio pequeño y hace que cada rincón cumpla su propósito de manera más eficiente.

Dejar que la luz fluya con estores

La manera en que se cubren las ventanas influye directamente en la entrada de luz y en la percepción del espacio. Los estores, al poder recogerse por completo y ocupar poco volumen, permiten que la luz natural llegue a todos los rincones y mantienen las paredes libres, evitando que las habitaciones se sientan cerradas o recargadas.

A diferencia de cortinas pesadas, los estores favorecen la continuidad visual y ayudan a que los ambientes se vean más abiertos. Elegir tonos claros potencia este efecto, haciendo que incluso los rincones más pequeños se perciban iluminados y confortables. Esta solución sencilla combina funcionalidad con estética sin comprometer la sensación de amplitud.

Aplicando estas cinco estrategias, un piso pequeño puede convertirse en un hogar funcional y cómodo. La combinación de baldas flotantes, colores claros, muebles multifuncionales, reducción de elementos secundarios y estores adecuados permite optimizar el espacio disponible y mejorar la percepción de amplitud sin necesidad de reformas. Con decisiones conscientes y planificación, incluso los metros más reducidos pueden ofrecer un entorno práctico, agradable y visualmente amplio.

Cantabria lideró en 2025 el incremento en el precio de la vivienda, que se elevó un 14,4 por ciento, hasta los 1.736 euros por metro cuadrado, según datos del Consejo General del Notariado. La subida del precio experimentada en Cantabria solo ha sido igualada por Murcia y se sitúa casi siete puntos por encima de la experimentada en el conjunto del país (7,5%). Todas las comunidades autónomas registraron incrementos.

Según los notarios, en Cantabria se efectuaron el año pasado 10.240 compraventas de vivienda, un volumen que no supone apenas variación respecto al año pasado. De ese global de compraventas, 7.794 fueron de pisos, lo que supone un 3,4% menos que en 2024, y 2.446 correspondieron a viviendas unifamiliares, que crecieron un 12,4%.

En los pisos, el precio del metro cuadrado se situó en los 2.093 euros, un 21% más que en 2024, una subida que cuadruplica a la experimentada en las viviendas unifamiliares, donde aumentó un 5,2%, hasta los 1.233 euros/metro cuadrado.

Por su parte, los préstamos para adquisición de vivienda repuntaron en Cantabria un 12,8% en 2025, hasta los 5.106, frente a un 13,7% de media nacional. La cuantía media fue de 145.441 euros, un 13,8% más, el segundo mayor incremento por comunidades.

En otro orden de cosas, la estadística de los notarios indica que en Cantabria se constituyeron en 2025 un total de 978 sociedades, un 1,8% más que el año anterior, con un capital medio de unos 17.600 euros, un 19,1% más. Sin embargo, de ese total de nuevas sociedades, 709 se constituyeron con un capital de entre 3.000 y 4.000 euros.

Suben un 10% los pisos a nivel nacional

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas aumentó un 4,4% en 2025 en comparación al año anterior, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones del año 2007, mientras que los préstamos para adquisición de vivienda aumentaron un 13,7%, hasta los 389.090 operaciones.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado avanzó un 7,5% respecto al año 2024, hasta situarse en 1.902 euros, por encima del máximo histórico de 2007 (1.832 euros), y con los mayores ascensos en Región de Murcia (14,4%), Cantabria (14,4%), Comunidad de Madrid (13,3%), Islas Canarias (12%) y Castilla-La Mancha (9,6%).

Respecto a los precios de los pisos, avanzaron un 10,1% con respecto a 2024, hasta alcanzar los 2.186 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.424 euros (+3,8%).

Las fotos de los pisos en internet aparentan transparencia, pero en el mercado inmobiliario actual pueden funcionar como espejos deformantes. Las plataformas de anuncios muestran imágenes que parecen extraídas de revistas de decoración, aunque a menudo representan algo distinto de lo que existe fuera del plano.

Por eso resulta esencial visitar un piso o una casa en persona antes de decidir, ya que los anuncios pueden inducir a error, sobre todo en un momento en que es fácil manipular y maquillar las instalaciones mediante programas de inteligencia artificial. En este sentido, la comodidad de buscar vivienda desde el sofá ha derivado en una nueva forma de engaño visual que altera la percepción de los espacios y de sus verdaderas condiciones.

La inteligencia artificial se convierte en un aliado masivo del sector inmobiliario

Los portales inmobiliarios acumulan cada vez más imágenes alteradas digitalmente que presentan viviendas en un estado mucho mejor del real. Según un reportaje de Futurism, los propietarios utilizan herramientas de inteligencia artificial para borrar manchas, ampliar habitaciones y colocar muebles que no existen. La práctica se ha extendido en plataformas como Zillow y Facebook Marketplace, donde los pisos parecen recién reformados y luminosos aunque carezcan de esas cualidades en la realidad.

El fenómeno llamó la atención del sector cuando la ilustradora DeAnn Wiley descubrió en Detroit un anuncio de una vivienda cuyo exterior había sido recreado con un nivel de retoque casi cómico. La fachada aparecía suavizada, las paredes relucían y los suelos eran aparentemente nuevos. En palabras de Wiley, la diferencia entre la imagen y la visita física era tan marcada que cualquier comprador se sentiría engañado.

La revista Slate recogió la opinión de Kevin Greene, directivo de la empresa Cotality, especializada en soluciones inmobiliarias. Greene explicó que “el mayor riesgo no está en la falsificación completa, sino en la manipulación sutil”. Detalló que las mismas herramientas capaces de iluminar una fotografía también pueden eliminar cables, añadir árboles o reemplazar un terreno seco por una piscina, lo que distorsiona la percepción de los futuros inquilinos.

En paralelo, la publicación Wired informó de que algunas compañías están llevando el recurso aún más lejos. Una de ellas, AutoReel, fundada por Alok Gupta, antiguo responsable de producto en Facebook, convierte las fotografías estáticas en vídeos breves para mostrar propiedades que, en muchos casos, solo existen digitalmente. Gupta declaró que los clientes que antes rechazaban estas opciones ahora las solicitan activamente. “En 2024 empezaron a decir cuéntanos más. Este año preguntan ¿cómo puedo empezar?”, afirmó.

El propio Gupta señaló que el uso de estas herramientas permite ahorrar entre 500 y 1.000 dólares en producción audiovisual, al evitar la contratación de profesionales. El fundador de la American Real Estate Association, Jason Haber, lo expresó de forma tajante al explicar que “nadie quiere pagar 500 dólares por un montaje cuando puede hacerlo en ChatGPT gratis en 45 segundos”.

Mientras tanto, el responsable de innovación de la National Association of Realtors, Dan Weisman, contó a Wired que ha detectado un crecimiento masivo de usuarios que recurren a la inteligencia artificial. “En las últimas semanas he estado en varias conferencias y, de cien personas, entre el 80% y el 90% levantan la mano cuando se les pregunta si usan IA”, afirmó.

Expertos alertan de las manipulaciones sutiles y reclaman una regulación firme

En el ámbito jurídico, el profesor asociado Derek Leben, de la Universidad Carnegie Mellon, advirtió en Slate de que quien compre una vivienda a distancia y descubra que fue engañado podría argumentar que firmó el contrato bajo condiciones falsas y solicitar su anulación.

La cuestión ética se extiende también al papel de las plataformas. Wiley insistió en que la responsabilidad debe recaer sobre los portales de anuncios: “El objetivo debería ser que las aplicaciones regulen su contenido para evitar posibles fraudes o manipulaciones durante la búsqueda”.

La manipulación de imágenes no cuenta todavía con regulación clara en Estados Unidos o el Reino Unido, aunque algunas iniciativas ya se estudian en Australia, donde los legisladores proponen que las fotografías retocadas se identifiquen como tales. Sin normas uniformes, los usuarios se ven obligados a comprobar por sí mismos si las viviendas que visitan se corresponden con lo que vieron en la pantalla.

El avance de la inteligencia artificial ha convertido la búsqueda de vivienda en un ejercicio de vigilancia personal, en el que la prudencia se impone a la apariencia. La visita física sigue siendo el único método fiable para confirmar si un piso tiene la luz, el espacio o el estado que las imágenes prometen.

Espero que esta vez, afrontar el reto de mantener una política estable de vivienda, que incida en todos los aspectos que la condicionan, vaya en serio. Lo deseo de verdad. Porque en serio nos la hemos tomado —y actuado en consecuencia— desde el Área Metropolitana de Barcelona y desde muchos de sus municipios.

Para nosotros no hay nada nuevo bajo el sol. Llevamos años trabajando, aprendiendo de la práctica y enfrentándonos a los mismos obstáculos. Lo único que pedimos es coherencia. Coherencia entre todos los actores políticos que aspiran a gobernar. Porque, si de verdad hablamos de país, de ciudad, de comunidad, hay políticas que deberían formar parte del consenso permanente, impermeables a los cambios de ciclo político. Y, entre ellas, sin duda, la política de vivienda debería ocupar el primer lugar.

Vivimos tiempos de mucho ruido y poca lírica. Los discursos se multiplican, los planes se anuncian, los recursos económicos se movilizan… pero a menudo la melodía de fondo sigue siendo la misma: la falta de continuidad, la falta de compromiso real.

Por eso, todo lo que ahora se está poniendo en marcha por parte de los Gobiernos de España y de Catalunya —recursos económicos, programas ambiciosos, nuevas leyes, incentivos fiscales— debe servir para corregir los desequilibrios estructurales del mercado libre. Hay que orientar los esfuerzos hacia donde más duelen las grietas sociales, hacia quienes viven en la precariedad habitacional o ven frustrada su posibilidad de construir un proyecto vital. Porque, no lo olvidemos, sin vivienda no hay vida. Sin un techo estable, todo lo demás —trabajo, educación, salud, convivencia— se tambalea.

A estas alturas, como en tantos otros temas, sabemos diagnosticar muy bien los problemas: hacemos informes, conferencias, debates, seminarios… pero sabemos que la gestión de los resultados llega despacio, requieren de tiempo: planificación, proyección, producción y ejecución, son años, y la ciudadanía ha de ser consciente.

Obviamente mientras tanto, hay vidas concretas detrás de las cifras. Son las familias de rentas bajas que no pueden acceder al mercado libre. Son las clases medias que ven frenado su ascensor social y sienten que su esfuerzo ya no basta. Son los ciudadanos que han vivido toda su vida de alquiler y que, al jubilarse, entran en modo pánico ante un mercado inestable, imprevisible y a veces cruel. Son las personas que se incorporan a nuestras ciudades para trabajar, y contribuir a la sostenibilidad del dinamismo económico, pero que no encuentran dónde vivir con dignidad.

Son también los barrios construidos en los años 60, que envejecen con déficits energéticos y de accesibilidad, y necesitan una profunda rehabilitación para seguir siendo parte del futuro urbano. Y, por supuesto, son los miles de hogares que dependen de un alquiler razonable, de un marco jurídico estable y de una oferta suficiente para que la vivienda deje de ser una carrera de obstáculos.

No se trata de inventar nada nuevo, sino de reformar y acelerar lo que sabemos que funciona.

Necesitamos planeamiento que garantice suelo urbanizable con seguridad jurídica frente a la especulación y con agilidad en su aprobación. Necesitamos recursos económicos suficientes y ayuntamientos ágiles en la gestión de licencias. Necesitamos abrir un debate honesto sobre la demanda y asumir un incremento de la producción —también en vertical— allí donde tenga sentido urbano y social.

Y, sobre todo, necesitamos continuidad: una política de vivienda. Se trata de mantener el rumbo cuando cambian los vientos, de actuar con visión de largo plazo. Una política de vivienda coherente se mide por su capacidad de resistir las legislaturas. No por lo que promete, sino por lo que deja consolidado.

Ojalá que esta vez vaya en serio. Que seamos capaces de mirar más allá del ruido y construir, de una vez por todas, una política de vivienda sólida, continua y compartida, porque la dignidad de un territorio empieza en la puerta de una casa habitable, como cimiento de la cohesión social.

Marta Vall-llossera Ferran (Lleida, 1962) es la presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Bajo su batuta, el organismo acaba de publicar un Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España. Sus recetas pasan, entre otras, por movilizar vivienda disponible, monitorizar el mercado para anticipar las medidas a adoptar, incrementar el parque de vivienda protegida e impulsar la rehabilitación y la obra nueva, además de implementar nuevas ayudas al alquiler, apostar por una mejor fiscalidad y limitar la vivienda turística, que resta personalidad a los barrios.

Piden un Pacto de Estado por la vivienda. Con el clima político actual, ¿es una utopía?

Tener una vivienda digna y asequible es un derecho fundamental, pero precisa tiempos largos y políticas estables. El problema viene de muy atrás, porque durante muchos años no se hicieron políticas activas, sobre todo en vivienda asequible y pública. Hay un retraso y, para volver a coger el ritmo y tener la disponibilidad necesaria en este momento, se requieren una serie de acciones que han de ser estables en el tiempo. Por eso es importante un pacto de Estado.

¿Habría alguna palanca para bajar el precio de la vivienda de forma rápida?

Hay una emergencia que hay que intentar resolver, al menos con acciones que puedan poner en el mercado el máximo número de viviendas. Los precios son muy altos porque hay un desequilibrio absoluto entre oferta y demanda. En el documento, planteamos medidas a corto, medio y largo plazo, que deben trabajarse en paralelo. A corto sería intentar poner en el mercado toda la vivienda vacía, apostar por la rehabilitación y reformar aquellas casas que, en tiempos cortos, podrían pasar al mercado.

En España ha habido muy poca cultura del mantenimiento y hay edificios con patologías estructurales de humedades e, incluso, a nivel funcional, que estaban planteadas para unos sistemas de vida en un determinado momento y que deberían haberse actualizado

¿Cómo es el parque de viviendas en España?

Tenemos un parque muy antiguo. Casi el 58% de las viviendas se realizaron cuando no había ninguna normativa sobre eficiencia energética de los edificios. Ahí tenemos un reto enorme, pues hablamos de un parque que necesita una renovación en muchos aspectos. Hablamos de temas de accesibilidad, con muchos edificios que no disponen de ascensores, lo que dificulta que las personas mayores puedan acceder de forma autónoma a la calle. Además, ha habido muy poca cultura del mantenimiento y hay edificios con patologías estructurales de humedades e, incluso, a nivel funcional, que estaban planteadas para unos sistemas de vida en un determinado momento y que deberían haberse actualizado. En cuanto a la eficiencia energética, es algo importantísimo, porque muchas familias afrontan dificultades para tener el confort necesario en sus viviendas por los altos costes de la energía.

Eso tiene un coste, que tal vez muchas familias no se pueden permitir. ¿Esto abre una brecha entre quien puede pagar la reforma de su casa y quien no?

Sí. Es muy importante partir de un diagnóstico previo, porque no se pueden generalizar soluciones. Quizás [las reformas] no se puedan abordar de forma completa, pero ver qué mejoras deben hacerse y planificar las actuaciones puede ahorrar muchísimos costes. Por ejemplo, un montaje de andamios es uno de los costes principales de una obra de reforma, así que si se aprovecha para hacer todas las obras, ahorras en todo el proceso. Creemos que es muy importante que haya incentivos y una apuesta por parte de la administración. Hemos tenido los fondos Next Generation, que han representado un incremento muy alto en la rehabilitación. No han sido suficientes, pero si considerables, así que hay que seguir apostando por ayudas, incentivos fiscales y subvenciones.

El Plan de Recuperación contaba con 3.420 millones para rehabilitación residencial y eficiencia energética y otros 2.000 para rehabilitación integral de edificios. ¿Se están aprovechando esos fondos?

Ha habido un incremento, de 2019 a 2024, de un 116% en cuanto a rehabilitación. Partíamos de 25.500 viviendas rehabilitadas en 2019 y ahora estamos en unas 55.000. En 2024, el incremento fue considerable, pero sigue siendo insuficiente. No ha habido la agilidad suficiente en la tramitación de los fondos y mucha gente se ha desanimado en todo ese proceso. Hemos hecho un diagnóstico que trasladamos a las administraciones públicas, para que se pueda mejorar esa parte en futuras convocatorias.

Siempre que sea posible, rehabilitar y aprovechar el parque edificado es mucho mejor que los crecimientos urbanos

Hay voces críticas con que una cuantía tan grande de fondos se haya ido a rehabilitación y no a nueva construcción.

Debemos buscar los equilibrios. Siempre que sea posible, rehabilitar y aprovechar el parque edificado es mucho mejor que los crecimientos urbanos, que deben hacerse también de forma ordenada y planificada donde haga falta vivienda. Por supuesto que hace falta vivienda nueva, pero el hecho de apostar por la rehabilitación de barrios y sobre la ciudad consolidada es muy importante.

En el informe advierten que la vivienda turística tensiona el mercado y encarece el alquiler. ¿Qué tipo de regulación puede proteger la vida en los barrios?

El alquiler turístico debe regularse en función en cada zona y teniendo en cuenta la diversidad. Hay zonas muy tensionadas, donde la afectación es mayor, incluso puede llegar a producir gentrificación urbana y las ciudades acaban perdiendo su identidad propia. Hay que regular también el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, donde genera molestias a los vecinos.

Cuando hablamos de la crisis de la vivienda solemos centrarnos en el acceso, pero hay otros problemas que no se ven a simple vista. ¿Hay un problema de infraviviendas tras las fachadas?

Para que una vivienda sea habitable hay un mínimo de exigencias en cuanto a metros cuadrados, salubridad, ventilación, iluminación… y tiene que cumplir con la legalidad. ¿Qué tamaño mínimo debe tener? Pues debe responder a las necesidades del momento de cada persona, que también van variando a lo largo del tiempo. No es lo mismo un hogar unipersonal, que una familia con hijos o cuando se van haciendo mayores. Hablamos de las dificultades de acceso de los jóvenes, quizás por la precariedad laboral, los sueldos bajos o los problemas para dar la entrada de una hipoteca o las fianzas que se exigen para alquilar, pero las personas mayores tienen otras necesidades. Nos enfrentamos a un envejecimiento muy importante de la población, donde está empezando a haber una tendencia de la atención domiciliaria frente a la hospitalización. Tal vez hay que ir pensando en nuevos formatos de vivienda para estas personas.

“Ampliar y mantener el parque público”

Estiman que, si no se hubieran descalificado las viviendas protegidas, hoy lo serían el 38% del total. ¿Cómo valora la propuesta del Gobierno de blindar el parque público lo sea a perpetuidad?

Lo vemos positivo. Es necesario hacerlo así y más cuando hay dinero público. Estamos en un parque que ronda el 3,3%, frente a la media europea, de casi el 10%. Y hay países que superan con creces esas cifras. Es necesario ampliar y mantener ese parque.

También piden una monitorización que permita atajar las desviaciones del mercado y enfocar las políticas públicas. ¿Hasta qué punto están las administraciones a ciegas ante el problema actual?

Nos faltan muchos datos. Muchos. En una ponencia en el Colegio [de arquitectos] de Baleares nos explicaban que se dice que hay tantas viviendas vacías, pero después resulta que no. Nos hace falta monitorizar datos y estamos en un momento en el que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías lo permiten: análisis de flujos de gente, de desplazamientos, de consumo de viviendas… Hay muchos temas que monitorizar y todo ese conocimiento nos va a ayudar a plantear soluciones más adecuadas en el momento.

¿Cómo valoran el Plan Estatal de Vivienda que ha presentado el Gobierno?

En general nos parece un plan acertado. Menciona la Ley de Calidad de la Arquitectura, que es una apuesta importante y que, hablando de pactos, consiguió su aprobación sin un voto en contra, lo que es un éxito a resaltar; habla de la importancia de que en todos estos procesos se mantenga la identidad y la parte más arquitectónica; y también de los concursos de arquitectura, que generan frescura, nuevas ideas, tipologías e incluso formatos de viviendas que enriquecen lo existente. Tiene muchas cosas positivas y estamos analizándolo con detenimiento para hacer algunas aportaciones.

¿Por dónde van a ir esas aportaciones?

Creemos que hay que apostar por los concursos de proyectos, porque es la manera de apostar por la calidad arquitectónica. Son concursos en los que se establecen unos requisitos y los arquitectos participan, normalmente de forma anónima, lo que da posibilidades a mucha gente. El trabajo se hace de forma completa en todas las fases: proyecto, ejecución y dirección de obra. En estos momentos, y por el tema de la industrialización, a veces se apuesta más por concursos de proyecto y obra, donde nos preocupa que se primen más criterios de precio frente a calidad. Se pueden conjugar ambas cosas y es muy importante que el industrial sea uno más dentro del equipo desde el inicio para poder mantener la unidad del proyecto hasta el final.

Hay muchas administraciones que están apostando por una vivienda pública de muchísima calidad

Habla de conjugar calidad con precio. En un momento en el que los precios están disparados, ¿cómo convencería a alguien de pagar un poco más por un buen proyecto arquitectónico?

La calidad del proyecto arquitectónico cuesta muy poco más y apostar por una arquitectura que nos identifique es la clave. La historia nos da la razón en eso. Los criterios de calidad constructiva vienen marcados por normativas muy estrictas que además son una apuesta en positivo, porque mejores condiciones energéticas evitan costes a futuro y representan ahorros en el tiempo. La calidad en un edificio que va a tener una vida útil de muchísimos años es una apuesta segura. Aquello de que lo barato sale caro es una realidad.

Entonces, ¿se puede aspirar a un parque público de vivienda con la misma calidad que el privado?

Totalmente. Hay muchas administraciones que están apostando por una vivienda pública de muchísima calidad. En los premios de Arquitectura del Consejo hemos premiado mucha vivienda pública. Hay buena arquitectura, buena construcción y soluciones muy novedosas e interesantes, que se han hecho con buenos concursos de proyecto.

¿Cómo impactan los modelos de concentración de oportunidades en las grandes ciudades en esta crisis?

En el informe hablamos de la necesidad del equilibrio territorial. Se está concentrando mucha gente en las grandes ciudades, pero debemos tener una mirada más allá. Hablamos del edificio, la vivienda, la escala urbana, pero también de una escala territorial a nivel superior, de poder dotar de determinadas infraestructuras a zonas que están despoblándose o utilizar recursos que puedan aliviar la concentración en las ciudades.

Es una mirada que va mucho más allá de la vivienda

Es más amplia, pero a veces, a pocos kilómetros, tienes ciudades medianas, con muy buena calidad de vida y que, con ese estudio y dotándolas de transporte o de determinadas medidas, pueden paliar esas grandes concentraciones y favorecer esos equilibrios territoriales.

¿Se han adaptado las casas en las que vivimos a las nuevas necesidades de la sociedad?

Se van adaptando. Aparte de todos esos aspectos más relacionados con las patologías, energéticos, etc., está la parte funcional. No solo por los modelos familiares, que quizá antes eran casas con muchísimos más metros cuadrados, con cocinas independientes… Ahora hay tendencia a espacios más flexibles y funcionales, que tiene que ver a veces con mejoras en cuanto al tema energético, por las ventilaciones cruzadas, que son sistemas que habían utilizado nuestros antepasados con muchísima sabiduría y en los que deberíamos volver pensar. ¿Cuándo hay que ventilar? ¿Cuándo que cerrar? ¿Cuándo hay que poner unos elementos que eviten la entrada de luz solar en verano o que en cambio nos hacen falta en invierno?

Un menor tutelado por la Diputación de Bizkaia ha sido detenido este jueves tras apuñalar a una educadora de la Red de Hogares de menores de Bizkaia en piso el piso en el que vivía en el barrio bilbaino de Txurdinaga. La agresión se ha producido esta madrugada y tras el ataque la mujer ha tenido que ser trasladada al hospital de Basurto donde sigue ingresada, según ha adelantado El Correo. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hay una persona detenida tras lo ocurrido, sin embargo, al tratarse de una información relacionada con menores no pueden aportar más datos. Lo mismo argumentan desde la Diputación de Bizkaia para no ofrecer más información.

Desde el comité de empresa del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de Bizkaia, el organismo autónomo encargado de gestionar los centros y servicios sociales adscritos a él, sostienen que esta agresión no es un hecho aislado. “Viene a poner en evidencia una realidad que venimos sufriendo desde hace tiempo: el perfil de los menores de nuestros hogares es cada vez más complejo y coincide con un dimensionamiento insuficiente de las plantillas, en especial, durante los turnos en los que una única trabajadora debe atender a varios menores sin el apoyo necesario”, denuncian en un comunicado.

En el escrito trasladan su total solidaridad y apoyo a la trabajadora e informan de que los sindicatos con representación en el IFAS, ELA, LAB, UGT y Satse están trabajando conjuntamente con la dirección para “garantizar la seguridad de toda la plantilla”. “La integridad física y psicológica de las personas trabajadoras y la puesta en marcha de medidas preventivas efectivas debe ser una prioridad innegociable”, defienden los trabajadores, que destacan las necesidades de la plantilla.

“Aspectos como la valoración adecuada de los perfiles destinatarios de estos recursos, la actualización de protocolos y las evaluaciones de riesgos laborales de estos recursos, la revisión y la actualización de los protocolos de prevención y de actuación ante situaciones de riesgo y que se dote a los hogares de los recursos materiales y humanos suficientes, no son negociables”, sostienen desde el comité de empresa que reiteran su exigencia de implementar “las medidas necesarias, no solo para prevenir agresiones, sino también para poder dar una atención digna, profesional y segura a los menores y responder adecuadamente a las necesidades que surgen día a día”.

Santander podría transformar decenas de solares vacíos en nuevos hogares para cientos de familias. Es la propuesta de Cantabristas, que plantea la construcción de 1.217 viviendas sociales en pleno centro urbano como solución “al abandono y a la especulación” que, según denuncia esta formación política, padece la ciudad desde hace décadas. Su plan, ya registrado en el Ayuntamiento, proyecta instrumentos legales y el coste económico para llevarlo a cabo, con el objetivo de devolver vida y vecindario a barrios históricos como El Pilón, Entrehuertas, Tetuán o la calle Alta.

“Es imprescindible volver a llenar de vida nuestra ciudad, volviendo a hacer habitable el centro de la capital y revitalizando un núcleo urbano que languidece año a año ante la inoperancia de un Ayuntamiento que solo gobierna pensando en las élites turísticas”, ha declarado el portavoz cantabrista en la capital cántabra, Manuel Núñez.

El proyecto parte de un exhaustivo catálogo de 130 solares urbanos vacíos, elaborado por Cantabristas con medios propios y registrado oficialmente el pasado 3 de julio, con el objetivo de dar respuesta a uno de los problemas estructurales de la ciudad. Y es que el propio proyecto hace un diagnóstico claro de la situación: “Abandono, ruina y pérdida de habitantes”.

Santander ha perdido aproximadamente 40.000 habitantes en el centro durante las últimas tres décadas. La población ha descendido de 191.079 personas en 1991 a 172.726 en 2023. Mientras tanto, barrios periféricos como Cueto, San Román o Peñacastillo han crecido, “quedando en muchos casos mal conectados con el centro y los servicios públicos básicos”.

Así pues, tal y como denuncia Cantabristas, el resultado directo de este abandono del núcleo urbano de la ciudad de Santander es el vaciamiento constante de las viviendas del centro, con su consecuente deterioro, que, en muchos casos, “ha llegado a su máximo exponente convirtiendo zonas donde antes vivía gente en solares abandonados que solo son focos de suciedad, abandono y nidos de ratas”.

Frente a ello, esta formación política apuesta por la vivienda social como eje de un nuevo modelo de “ciudad compacta, redensificando el núcleo urbano”. “Así podremos conseguir que la población pueda volver a plantearse vivir en el centro de la ciudad y, con ello, estimular la actividad comercial minorista para reavivar la actividad del comercio local, y reducir el tráfico motorizado para hacer más amable y saludable la vida urbana”, destaca Cantabristas en su proyecto.

Las 1.217 viviendas sociales se distribuirían en parcelas urbanas ya dotadas de servicios básicos y con edificabilidad legal y con función social, según el Plan General de 1997 y la Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria.

Dos vías

Y para la ejecución del plan, Cantabristas ha planteado dos vías administrativas: “Una primera, preferente, que cuente con la colaboración de los propietarios, y una segunda, si no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, que fuerce la edificación mediante la ejecución subsidiaria de la construcción o mediante la expropiación en base a criterios sociales y de beneficio para la mayoría”.

En el primer caso, este partido plantea una “Administración facilitadora y colaboradora, que medie con los propietarios, adquiriendo los porcentajes de edificación de aquellos que no quieran o puedan edificar, y facilitando su venta a otros interesados”. En el segundo, si no hay acuerdo, plantea que el Ayuntamiento inicie el proceso de “venta forzosa” tras cuatro años de inacción -periodo máximo que establece la Ley del Suelo autonómica para que los propietarios edifiquen y no vulneren la función social del uso del suelo urbano-.

“En esta situación, proponemos que el propio Ayuntamiento de Santander participe en la subasta a fin de adquirir suelo edificable de gran rentabilidad económica, con el fin de generar vivienda de protección oficial en régimen de alquiler”, apunta Cantabristas en el documento.

El proyecto no solo identifica las parcelas, sino que incluye una metodología precisa de cálculo: reparcelamiento, altura media del entorno, coeficientes de aprovechamiento y tipologías de vivienda (de 65, 80 y 100 metros cuadrados). También se han proyectado los costes de construcción por fases anuales. “Las cuentas salen. Si no lo hacen, es porque no quieren”, aseguran desde Cantabristas.

Medidas complementarias

Además de la construcción de viviendas, el documento plantea medidas que refuerzan la sostenibilidad del proyecto. En primer lugar, una orrdenanza de estilos arquitectónicos “centrada en las características principales de la estética santanderina popular”. Como ejemplo de ello, Cantabristas plantea que los tradicionales miradores o balcones que antes se construían con madera se construyan con materiales más modernos como el PVC o el acero, añadiendo sus ventajas a la esencia tradicional.

Asimismo, propone urbanizar zonas urbanizables no desarrolladas en el centro, como la comprendida entre Tantín, Santa Lucía, San Simón, la calle Aguayos y el Río de la Pila. Además, Cantabristas defiende el uso social y comunitario de los locales bajos de los nuevos edificios, cuando sea posible, como un espacio “para aparcar y guardar bicicletas, con el fin de contribuir a la promoción de la movilidad sostenible en el núcleo urbano”.

Finalmente, esta formación aboga por urbanizar los solares vacíos de la periferia, “aunque no sea tan urgente” como los del centro, ampliando, por ejemplo, zonas como el Sector 4, “cuyo plan de ejecución data de hace más de 15 años y que todavía no ha concluido su fase de construcción, dado que se rige no solo por criterios de necesidad social, sino también por los intereses privados especulativos de las constructoras e inmobiliarias”.

“El suelo urbano está para utilizarlo”

El proyecto, tal y como detalla Cantabristas, se fundamenta partiendo de la base “de los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano -cuyo fin marca la ley que es edificar para proporcionar vivienda al conjunto social y mantenerla en buen estado de conservación- y entendiendo la planificación urbanística como una herramienta al servicio de la mayoría social, que evite la especulación urbanística y la gentrificación”.

“El suelo urbano está para utilizarlo. Es un suelo dotado de servicios que estamos pagando todo el vecindario de Santander y que Gema Igual está dejando que caiga en la ruina sin preocuparse de los problemas que esto genera -entre otros, los de la salubridad y la higiene-”, ha explicado Núñez en un comunicado.

“El Ayuntamiento del PP solo parece estar preocupado por los bolsillos de sus amistades, que pueden enriquecerse mucho con la especulación que ya está afectando al núcleo urbano santanderino”. Es por ello que el portavoz cantabrista lo tiene claro: “Es hora de actuar y de plantear posibilidades reales, que solo requieren de voluntad política e interés por mejorar el bienestar general de la ciudadanía”.

Uno de los planes del Gobierno de Cantabria es adaptar locales de su propiedad como viviendas. La primera experiencia está en Laredo en un edificio de promoción oficial que construyó la empresa pública Gesvicán y cuyos bajos, que se pensaron como locales, serán acondicionados como apartamentos. Lo sui generis de este primer caso anunciado por el consejero del área Roberto Media (PP) es que parte de la superficie de estas viviendas estarán bajo tierra.

El edificio linda con dos calles (Ruayusera y Revellón), que están a diferente nivel, por lo que dos de los tres apartamentos que tendrán acceso desde una de ellas se internarán bajo la cota de superficie de la obra, por lo que su adaptación requiere de un sistema de ventilación complementario al natural y que puede ser híbrida o mecánica.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, anunció a primeros de junio la adjudicación de las obras de acondicionamiento dentro del plan del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP), para sacar al mercado 285 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible. Una de las variantes del plan es acondicionar locales como vivienda.

El proyecto de adaptación ha sido adjudicado a la empresa Multihogar Cantabria 2016 SLU por un precio de 211.296 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses

Los tres apartamentos se distribuirán en los 173 metros cuadrados útiles de la planta baja de un bloque de ocho viviendas de protección oficial que forma parte de una promoción ejecutada por Gesvicán. El apartamento de mayores dimensiones contará con 63,43 metros cuadrados y se distribuirá en un salón-comedor-cocina, dormitorio, armarios, paso/armarios, trastero y baño. Otra de las viviendas dispondrá de 57,27 metros cuadrados repartidos en un salón-comedor-cocina, dormitorio, armarios, dos trasteros, despensa, paso/armarios y baño. Y el tercer apartamento, de 52,17 metros cuadrados, dispondrá de salón-comedor-cocina, dos dormitorios, pasillo y baño.

Todos tendrán acceso directo desde el exterior: uno por la calle Ruayusera y los otros dos por la calle Revellón. Otra cosa es su desarrollo interno. Excepto el que está en la cota superior y acceso por la calle Ruayusera, los otros dos tendrá acceso por la calle Revellén, pero su superficie se interna bajo tierra.

Sin luz exterior en esa parte de la vivienda, la adaptación ha de cumplir una serie de reglamentos que requerirán de sistema de ventilación (híbrido o mecánico) y otros complementos energéticos como la instalación de una bomba de calor aerotérmica para ACS con capacidad de acumulación de 150 litros (sistema que extrae el calor del aire exterior y lo transfiere al agua), mientras que para la calefacción se utilizarán radiadores eléctricos.

La conversión de almacenes, locales comerciales y oficinas en viviendas es un fenómeno en alza. Entre 2021 y 2023, se han registrado 306 inmuebles de estas características como nuevas viviendas, y en el conjunto de España la cifra roza los 28.000. Sobre datos del Catastro, el cambio de uso más común en Cantabria se ha realizado sobre almacenes (138) e industria (79), en este último caso, principalmente, en lo que respecta a pequeños talleres convertidos en viviendas.

El Govern abre este lunes el plazo para que aquellos jóvenes de entre 18 y 35 años que estén interesados en adquirir su primera vivienda se puedan acoger a un préstamo de hasta 50.000 euros facilitado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a un interés del 0% que no se devolverá hasta que la hipoteca de la vivienda esté pagada.

Se trata de los bautizados 'Préstamos Emancipación', que están limitados a rentas de un máximo de 80.963 brutos anuales, en caso de una persona, y hasta 83.467 euros, en caso de que la vivienda lo compren dos personas.

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad financiera pública de la Generalitat, cubrirá hasta el 20% del valor del inmueble con el tope de estos 50.000 euros mencionados, y el 80% restante lo prestarán entidades bancarias adheridas a este programa: CaixaBank (y Imagin), Banco Sabadell, Santander, BBVA, Caja Enginyers, Laboral Kutxa, Bankinter, CaixaGuissona y Arquia.

La Generalitat destinará un total de 500 millones de euros hasta el año 2029 a esta línea de crédito, a razón de 100 millones en el año, unos recursos que aportará a través de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, mientras que la ICF gestionará los préstamos.

Los pisos serán de protección de manera permanente

Una de las condiciones para acceder a este préstamo de hasta 50.000 euros al 0% es que los pisos comprados con esta fórmula pasarán a ser de protección oficial de manera permanente.

Esto supone que si alguna vez la vivienda se quisiera vender, el precio de venta estaría limitado al importe por el cual se compró sumando la inflación y el coste de las reformas que se hayan hecho, para garantizar que esta persona recupere la inversión y que la vivienda continúe siendo asequible.

De este modo, la Generalitat busca facilitar a los jóvenes la compra de su primer piso, al ayudarlos con la entrada, y hacer crecer al mismo tiempo el parque de viviendas de protección oficial en Catalunya.

Cómo funciona

A partir de lunes 30 de junio los jóvenes interesados podrán solicitar los préstamos a través de la web del ICF.

Una vez obtenida la aprobación, se tendrán que poner en contacto con alguna de las entidades bancarias que participan en el convenio, puesto que estos bancos serán los encargados de tramitar la hipoteca, que podrá tener un periodo de devolución de hasta 30 años, con unas condiciones específicas que se negociarán entre el cliente y el banco.

Una vez pagada la hipoteca, el préstamo otorgado por el ICF se podrá devolver en un plazo de cinco años.

Al menos 2.000 beneficiarios al año

En la presentación de esta iniciativa, las consejeras de Economía, Alícia Romero, y de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, dijeron que en el supuesto de que se concediera el máximo de 50.000 euros a cada solicitante, habría al menos 2.000 beneficiarios cada año y se incorporarían en consecuencia 2.000 pisos anualmente en el parque de protección oficial.

La vivienda adquirida tendrá que estar en Catalunya y disponer de cédula de habitabilidad. El piso que se compre podrá ser tanto nuevo como de segunda mano -en ambos casos sin límite de metros cuadrados-, a pesar de que el ICF estudiará caso por caso y si el solicitante no es solvente, el préstamo no se concederá.

El crédito también permitirá comprar el aparcamiento y/o el trastero que pueda adquirir junto a la vivienda, que tendrá que ser la vivienda habitual y permanente de la persona que hace la solicitud.

El préstamo ICF Vivienda Emancipación está sujeto al pago de impuestos --IVA, en caso de comprar un piso nuevo, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en caso de los usados.

En caso de que la persona que ha comprado el piso no pueda hacer frente a la hipoteca, entonces la Agencia de la Vivienda de Catalunya tendrá derecho a tanteo y retracto para recuperarlo y destinarlo a protección oficial.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona un hombre por presuntamente estafar con falsos alquileres de pisos a unas cincuenta personas vulnerables, a las cuales captó a través de la publicación de anuncios fraudulentos en webs especializadas en la búsqueda de vivienda.

El presunto estafador, de 30 años, se aprovechaba de la vulnerabilidad y de la necesidad inmediata de sus víctimas de encontrar un piso para estafarlas, según informan este domingo los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La investigación policial empezó después de que una de estas víctimas denunciara haber perdido cerca de 12.500 euros. Después de esta primera denuncia, los investigadores siguieron la pista del dinero defraudado para poder identificar al estafador, que fue detenido el 7 de mayo en un piso del distrito del Eixample y pasó a disposición judicial el 11 de mayo.

Los Mossos tienen identificadas, de momento, a tres víctimas, pero trabajan en la localización de unas cincuenta personas afectadas. Las otras dos víctimas identificadas realizaron transferencias por valor de 2.000 euros. El detenido utilizaba información de la identidad de algunas víctimas para llevar a cabo las estafas. Además, acumula ocho antecedentes policiales por hurtos y estafas, donde presuntamente estafó cerca de 17.000 euros.

El estafador actuaba con el modus operandi del falso alquiler, es decir, publicaba en webs especializadas en la búsqueda de viviendas anuncios fraudulentos sobre pisos que no existían o que no estaban disponibles para ser alquilados.

Después, se hacía pasar por una persona extranjera o que no se encontraba en España por motivos laborales para evitar enseñar el piso a las víctimas interesadas a alquilarlo, y ponía además la excusa de la elevada demanda y la escasa oferta de vivienda en la ciudad para formalizar la reserva.

El investigado frecuentaba establecimientos de la zona del Raval y del Born, donde se ganaba la confianza de personas en situaciones vulnerables. Se presentaba como una persona con dinero, las invitaba a beber o comer, y posteriormente les pedía utilizar su cuenta bancaria para recibir una transferencia ofreciendo una cantidad de dinero a cambio por la gestión. Una vez el dinero se encontraban a la cuenta del tercero, el detenido les pedía que retiraran el dinero en efectivo, evitando así dejar rastro directo de las transferencias recibidas.

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido esta semana modificar su criterio para facilitar que se utilice por fin un bloque de viviendas público que lleva casi tres años vacío, en un caso que desveló elDiario.es a finales de 2023.

El edificio estaba inicialmente destinado a alojar vecinos afectados por la reforma urbanística del barrio de Vallcarca, situado en el distrito de Gràcia. El Consistorio alegó en diversas ocasiones este motivo —la última vez, hace apenas 10 días— para justificar que no se estuviera dando uso a un bloque que costó 2,8 millones y que cuenta con 14 viviendas sin estrenar desde hace casi tres años.

“El bloque tiene una calificación urbanística que define que su uso definitivo tiene que ser para realojamientos de afectaciones urbanísticas”, señalaban desde el equipo municipal el pasado 5 de diciembre a preguntas de este medio.

El martes, sin embargo, el consistorio anunció que finalmente se destinarán nueve de esos 14 inmuebles a solicitantes de vivienda protegida del distrito de Gràcia. Los pisos se adjudicarán “durante el primer trimestre” de 2025, según el Ayuntamiento.

Respecto a las otras cinco viviendas libres del bloque, tres se reservarán para afectados urbanísticos de la remodelación del barrio. En los otros dos se alojarán sendas familias de otro edificio cercano que ha comprado el consistorio y en el que prevé construir 30 nuevas viviendas de protección oficial.

Preguntados por el cambio de criterio, el Ayuntamiento señala que ahora se ha “cuantificado” el número de afectados por los planes de remodelación urbanística del barrio de Vallcarca y se ha concluido que se pueden destinar nueve de los pisos a solicitantes de vivienda protegida.

“Debíamos resolver trámites”, responden desde el Gobierno municipal. Explican que, antes de poner esos pisos a disposición de la ciudadanía, debían ofrecerlos a los vecinos afectados por la reforma del barrio de Vallcarca que ya estaban alojados provisionalmente en otro bloque público del Ayuntamiento situado a pocos metros de ahí.

La construcción del bloque que finalmente se utilizará ahora se planteó por primera vez en 2002 y fue encadenando demoras de todo tipo durante lustros, en un caso que ilustró la falta de eficiencia en un proyecto de vivienda pública por parte del consistorio barcelonés. 

La obra no se entregó hasta la primavera de 2022 y, desde entonces, ha permanecido sin utilizarse y con vigilancia privada las 24 horas del día para evitar ocupaciones. 

Desde la asociación vecinal Som Barri de Vallcarca, que lleva años reclamando que se le dé algún uso al edificio, han acogido la noticia con recelo. “¿Por qué durante todo este tiempo la única respuesta era que estaba destinado a las realojadas del Plan Urbanístico? ¿Qué fórmula han encontrado ahora, tan rápidamente, para poderlas destinar a vivienda protegida?”, se preguntan. “La experiencia previa nos lleva a desconfiar”, remachan.

El edificio, que ocupa un total de 1.862 m2, da, por un lado, a la avenida República Argentina y por otro a la avenida Vallcarca, en el distrito de Gràcia. El piso más pequeño mide 67 m2 y el más grande 105 m2. Cinco de los inmuebles cuentan con dos dormitorios dobles, el resto tiene tres habitaciones dobles y ocho de ellos también disponen de una terraza.

Todos ellos cuentan con ventilación cruzada, iluminación natural, un trastero y una zona comunitaria de más de 420 m2. En una de las fachadas también hay un local a pie de calle que tampoco tiene ningún uso actualmente.

Desde estos pisos, todavía vacíos a día de hoy, se divisa un asentamiento de casi medio centenar de chabolas ocupadas por vecinos que viven desde hace años en condiciones infrahumanas a pocos metros del bloque.

El Gobierno extremeño ha ampliado hasta los cinco millones de euros el importe de financiación destinado a los jóvenes menores de 35 años para la adquisición de su primera vivienda, tras agotarse los tres primeros millones, ha anunciado la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga, tras la finalización de la reunión del Consejo de Gobierno.

En concreto, se trata de una adenda de financiación del Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura, un instrumento financiero que, gestionado por Avante, pretende contribuir a solventar las actuales barreras para la financiación en la adquisición de vivienda, en especial, las que debe superar la población joven.

El Consejo Ejecutivo del Fondo de Garantía considera necesario ampliar la dotación económica inicial de tres a cinco millones de euros, pues este importe se destina como 'aval' para que los jóvenes puedan cometer las hipotecas.

Bazaga ha explicado que desde finales de junio se han aprobado 320 avales, lo que ha supuesto agotar los tres millones presupuestados inicialmente, de ahí esta adenda de dos millones de euros más.

Alquiler social

También materia de vivienda, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de construcción de 11 viviendas de promoción pública en edificios energéticamente eficientes en Llerena (Badajoz) destinadas a familias vulnerables en régimen de alquiler social.

El contrato, cuya duración es de 15 meses, tiene un presupuesto de 1,75 millones de euros en dos anualidades (2025 y 2026). Estas once viviendas forman parte de un conjunto de caso un centenar de viviendas en más de una veintena de municipios para el mismo fin.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de redacción de proyectos de rehabilitación energética en edificios de viviendas de promoción pública, así como las correspondientes direcciones de obra, en las localidades de Mérida, Badajoz, Fuente del Maestre y Calamonte.

El presupuesto para estos trabajos, que afectan a un total de 426 viviendas, asciende a 804.155, con una financiación del 80 por ciento con cargo a fondos FEDER.

A la Comunitat Valenciana hi ha registrats més de 459.000 habitatges buits sobre un cens total de 3.221.385 cases, segons consta en l’última estadística elaborada per l’INE del 2021. D’aquestes, aproximadament el 3,2% pertanyen a grans propietaris (unes 102.573) –a Espanya, aquest percentatge arriba fins al 4,3% del parc total immobiliari (1.046.188); és a dir, són d’amos de més d’una desena de propietats. Aquesta xifra arriba a 166.749 si tenim en compte als propietaris de més de cinc residències.

En concret, 64.176 habitatges pertanyen a tenidors de 6 a 10 residències, 48.711 corresponen a propietaris de 10 a 50 cases, 10.897 són d’amos de 50 a 100 pisos i 42.965 són propietat de grans tenidors amb més d’un centenar d’apartaments, segons es desprén d’una investigació elaborada per elDiario.es. 

El mapa de los grandes tenedores de vivienda en Comunitat Valenciana, municipio a municipio

% de viviendas en manos de propietarios con más de 10 viviendas en cada municipio. El tamaño del círculo muestra el número de inmuebles

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Fuente: Catastro, Datos obtenidos vía ley de transparencia

Per localitats, la ciutat de València és on més immobles pertanyen a grans propietaris, 59.948. D’aquests, el 8% (33.268) són de tenidors de més de cinc pisos, el 4,9% (20.667) pertanyen a amos de més de deu propietats i l’1,4% (6.013) corresponen a tenidors de més de 100 cases.

En la segona ciutat valenciana per població, Alacant, són 22.000 els habitatges propietat de grans tenidors: el 5,9% (11.120) són de propietaris de més de cinc immobles, el 3,7% (7.005) pertanyen a tenidors de més de 10 pisos i el 2,1% (3.932) són d’amos de més de cent cases.

A Castelló de la Plana trobem prop de 13.000 habitatges buits propietat de grans propietaris: 6.596 (7,5%) són d’amos de més de 5 pisos, 3.991 (4,5%) pertanyen a persones o entitats jurídiques que tenen més d’una desena d’immobles i 2.126 (2,4%) són grans tenidors, amb més d’un centenar de propietats.

En altres grans ciutats, com és el cas de Benidorm, veiem que hi ha més de 9.500 immobles desocupats que són de propietaris de més de cinc cases. En concret, 5.155 (8,4%) pertanyen a amos de més de cinc cases, 3.484 (5,7%) a propietaris de més de deu i 983 (1,6%) als que en tenen més de cent. O a Elx, amb més d’11.000 immobles sense habitar, 6.217 (5,4%) són de persones –físiques o jurídiques– amb més de cinc propietats, 3.421 (3%) dels que en tenen més de deu i 1.743 (1,5%) d’amos de més de cent.

Més de cinquanta propietats

A la Comunitat Valenciana hi ha quaranta propietaris que tenen més de cinquanta habitatges buits, dels quals 23 posseeixen més d’un centenar de cases. Tots, tret de dos, són persones jurídiques. En l’estadística figuren dues persones físiques: l’una a Orpesa (la Plana Alta) que té 63 propietats i l’altra, a la ciutat de València, que és propietària de 318 pisos i cases. Es tracta del tercer propietari valencià amb més immobles, tan sols superat per dues societats establides a Almassora (la Plana Alta) i Finestrat (la Marina Baixa) que tenen 336 i 326 habitatges buits respectivament.

Alguns grans propietaris

Segons un article publicat per Civio, una desena de societats sumen més de 8.500 vivendes llogades en el territori valencià, mentres que 59 corporacions o entitats públiques controlen el 13.94% del parc de vivendes llogades. D'aquesta manera, la Generalitat Valenciana controla 5.611 vivendes a través de dos filials; CaixaBank té 2.671 per mitjà de sis filials i Banc Sabadell posseïx 1.350 cases per mitjà de dos societats. Per davall del miler de propietats es troben els fons nord-americans Cerberus (980 pisos), CRB (971) o Blackstone (774), entre altres entitats financeres. La Sareb és propietària de 732 cases.

En la Comunitat Valenciana hay registradas más de 459.000 viviendas vacías sobre un censo total de 3.221.385 casas, según consta en la última estadística elaborada por el INE de 2021. De éstas, aproximadamente el 3,2% pertenecen a grandes propietarios (unas 102.573) -en España, este porcentaje llega hasta el 4,3% del parque total inmobiliario (1.046.188); es decir, son de dueños de más de una decena de propiedades. Esta cifra llega a 166.749 si tenemos en cuenta a los propietarios de más de cinco residencias.

En concreto, 64.176 viviendas pertenecen a tenedores de entre 6 y 10 residencias; 48.711 corresponden a propietarios de entre 10 y 50 casas; 10.897 son de dueños de entre 50 y 100 pisos; y 42.965 son propiedad de grandes tenedores con más de un centenar de apartamentos, según se desprende de una investigación elaborada por elDiario.es. 

El mapa de los grandes tenedores de vivienda en Comunitat Valenciana, municipio a municipio

% de viviendas en manos de propietarios con más de 10 viviendas en cada municipio. El tamaño del círculo muestra el número de inmuebles

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Fuente: Catastro, Datos obtenidos vía ley de transparencia

Por localidades, la ciudad de València es donde más inmuebles pertenecen a grandes propietarios, 59.948. De ellas, el 8% (33.268) son de tenedores de más de cinco pisos; el 4,9% (20.667) pertenecen a dueños de más de diez propiedades; y el 1,4% (6.013) corresponden a tenedores de más de 100 casas. 

En la segunda ciudad valenciana por población, Alicante, son 22.000 las viviendas propiedades de grandes tenedores: el 5,9% (11.120) son de propietarios de más de cinco inmuebles, el 3,7% (7.005) pertenecen a tenedores de más de 10 pisos y el 2,1% (3.932) son de dueños de más de cien casas.

En Castelló de la Plana encontramos cerca de 13.000 viviendas vacías propiedad de grandes propietarios: 6.596 (7,5%) son de dueños de más de 5 pisos; 3.991 (4,5%) pertenecen a personas o entidades jurídicas que tienen más de una decena de inmuebles; y 2.126 (2,4%) son grandes tenedores, con más de un centenar de propiedades.

En otras grandes ciudades, como es el caso de Benidorm, vemos como hay más de 9.500 inmuebles desocupados que son de propietarios de más de cinco casas. En concreto, 5.155 (8,4%) pertenecen a dueños de más de cinco casas; 3.484 (5,7%) a propietarios de más de diez; y 983 (1,6%) a quienes poseen más de cien. O en Elche, con más de 11.000 inmuebles sin habitar, 6.217 (5,4%) son de personas -físicas o jurídicas- con más de cinco propiedades; 3.421 (3%) de quienes poseen más de diez; y 1.743 (1,5%) de dueños de más de cien.

Más de cincuenta propiedades

En la Comunitat Valenciana hay cuarenta propietarios que tienen más de cincuenta viviendas vacías, de los que 23 poseen más de un centenar de casas. Todos ellos, excepto dos, son personas jurídicas. En la estadística aparecen dos personas físicas: una en Oropesa (Castellón) que cuenta con 63 propiedades y otra, en la ciudad de València, que es dueña de 318 pisos y casas. Se trata del tercer propietario valenciano con más inmuebles, tan solo superado por dos sociedades afincadas en Almassora (Castellón) y Finestrat (Alicante) que cuentan con 336 y 326 viviendas vacías respectivamente.

Algunos grandes propietarios

Según un artículo publicado por Civio, una decena de sociedades suman más de 8.500 viviendas alquiladas en el territorio valenciano, mientras que 59 corporaciones o entidades públicas controlan el 13.94% del parque de viviendas alquiladas. De este modo, la Generalitat Valenciana controla 5.611 viviendas a través de dos filiales; CaixaBank tiene 2.671 por medio de seis filiales y Banco Sabadell posee 1.350 casas por medio de dos sociedades. Por debajo del millar de propiedades se encuentran los fondos norteamericanos Cerberus (980 pisos), CRB (971) o Blackstone (774), entre otras entidades financieras. La Sareb es propietaria de 732 casas.

El próximo mes de marzo expirará la moratoria de licencias a apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico en Toledo que se puso en marcha para frenar la proliferación de este tipo de alojamientos, a la vez que se aprobaba una normativa para regularlos que no terminó de ver la luz en la anterior legislatura. Sí parece que la va a haber en este tras recibir el visto bueno el renovado texto de la modificación puntual 32 del Plan General de Ordenación Urbana de Toledo que regulará el uso extrahotelero de las viviendas.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo celebrada este martes ha dado el visto bueno, con los votos a favor de PP, PSOE y Vox, y el voto en contra de IU-Podemos, la nueva normativa para que se apruebe inicialmente en el próximo Pleno municipal que se celebra este viernes, 22 de noviembre.

El documento es similar al que se presentó en marzo de 2023 a información pública, pero recoge algunas novedades como la rebaja del cupo de este tipo de alojamientos turísticos en el Casco Histórico del 20 al 12% que se aplicará también al resto de la ciudad, “sin perjuicio de su actualización, incluso por áreas concretas, según la disposición adicional de esta ordenanza”, precisa el documento.

Con este porcentaje, explica el Ayuntamiento gobernado por PP y Vox, “se pretende preservar el carácter residencial de la ciudad, evitar problemas de convivencia y frenar procesos de gentrificación en las zonas más afectadas”.

El barrio antiguo continuará dividido por secciones censales, algunas de las cuales rozan ya ese 12% con los datos de los que dispone el Consistorio. Las zonas cercanas al principal eje turístico, con Zocodover como punto neurálgico, superaban ya el 11% del total de vivienda según los datos del Ayuntamiento en febrero de 2023. Desde entonces no han comenzado a tramitarse nuevas licencias, pero sí las que ya se habían registrado.

Planta baja o primera y apartamentos turísticos

El documento diferencia que las viviendas de uso turístico solo podrán ubicarse en plantas bajas -excepto en las zonas comerciales del Casco Histórico- y primeras, con la finalidad de que las plantas superiores se destinen a viviendas tradicionales, de larga estancia.

Los apartamentos turísticos se ubicarán en edificios completos, tal y como recoge la normativa sectorial para estos inmuebles. En este sentido, el texto presentado ahora modifica la justificación del anterior para limitar los apartamentos a zonas del Casco Histórico con dos plantas de altura permitida. De esta manera, ahora se podrá estimular la conversión de edificios completos de mayor altura en apartamentos turísticos.

La ordenanza que se incluye en esta modificación puntual 32, que introduce también una mención a Puy du Fou como elemento que ha contribuido a que la demanda de plazas hoteleras sea muy superior a la oferta, específica que fuera del Casco Histórico se permite el uso extrahotelero, pero siempre que se permita el uso terciario en el inmueble, mientras que en Los Cigarrales solo se permitirán viviendas turísticas, excluyendo apartamentos turísticos, que sí recogía la anterior normativa.

Otra de las novedades es que en el artículo 7 se suprime la referencia a la prohibición, por normativa sectorial, de que estos alojamientos se conviertan en residencia permanente. También se añade que las viviendas de uso turístico se pueden ubicar también en inmuebles de uso terciario, no solo residencial.

Además, para el cálculo del número de viviendas que se dedican a este tipo de alojamientos turísticos, se incluye una disposición adicional que indica que para los informes de actualización anuales de cada área “se podrán tener en cuenta el resto de edificios de servicio al público que se destinan a alojamiento temporal regulado como uso hotelero, con el objeto de justificar el nuevo porcentaje en relación con la percepción de la población por escasez de viviendas de larga estancia, sin que ello suponga que se computen este tipo de plazas de alojamiento en la fórmula del cálculo de saturación”.

Sanciones

Entre los requisitos técnicos que se citan todas las viviendas y apartamentos turísticos deberán cumplir normas de accesibilidad, habitabilidad y superficies mínimas para permitir su eventual reversión a uso residencial. Se incluyen medidas para gestionar adecuadamente residuos y limitar molestias como ruidos, en beneficio de los vecinos, y el uso clandestino o actividades no comunicadas estarán sujetas a sanciones, y no podrán regularizarse aquellos inmuebles que no cumplan los requisitos técnicos.

La ordenanza indica el Ayuntamiento, “busca equilibrar el desarrollo económico impulsado por el turismo con la protección del derecho a la vivienda de los residentes”. “También pretende dinamizar el mercado inmobiliario mediante la rehabilitación de edificios, incentivando tanto el uso residencial como el turístico, pero siempre bajo un marco normativo claro que será actualizado periódicamente para evaluar su efectividad y adaptarla a nuevas necesidades”, agregan.

El preu de l'habitatge de segona mà a Balears a l'octubre va créixer un 15,4% interanual fins a assolir els 4.805 euros per metre quadrat, el quart repunt més pronunciat registrat a Espanya, segons el portal pisos.com.

Respecte al mes de setembre passat, l'increment va ser de l'1,49%, el cinquè més alt a Espanya, de manera que l'arxipèlag es va convertir a l'octubre a la Comunitat Autònoma amb els preus de venda d'habitatges més alts del país.

Segons l'informe mensual de venda de pisos.com, a l'octubre el preu mitjà de la venda de domicilis de segona mà a Espanya va ser de 2.430 euros per metre quadrat, fet que suposa una pujada del 0,77% respecte al setembre i del 14 ,65% en comparació del mateix període de l'any passat. El segon preu més alt, per darrere de les Balears, es va donar a la Comunitat de Madrid, on es va situar en una mitjana de 4.418 euros per metre quadrat.

A Palma, la pujada interanual registrada aquest octubre passat va ser del 17,14% i el preu mitjà de l'habitatge es va situar en els 4.982 euros per metre quadrat, la quarta capital de província més costosa del país i la novena que més va créixer. Tot i això, el preu respecte al setembre ha estat del 3,19%, liderant els ascensos a nivell nacional.

Segons el parer del director d'estudis de l'esmentat portal, Ferrant Font, el preu de l'habitatge, “amb un recorregut a l'alça que sembla no revertir”, complica la tasca de poder adquirir-ne una en propietat. “L'habitatge amb un preu en línia amb els sous actuals pràcticament ha desaparegut”, ha subratllat.

A més, Font ha indicat que tots aquells habitatges que surten a la venda “de seguida es transaccionen”, cosa que genera en la “falta d'oferta i en la concertació de la demanda” que provoca “una situació de desequilibri que ja dura molt de temps” . “Aquest estancament al volum d'habitatges disponibles fa que els interessats, en comptes de comptar amb un petit marge de negociació, hagin de competir durament”, ha asseverat.

Una situació que, ha afegit, es veu agreujada per les retallades de tipus del Banc Central Europeu. Segons el director d'estudis de pisos.com, això ha fet que molts compradors potencials miressin “com creixien els seus estalvis amb un ull mentre que amb l'altre vigilaven l'evolució de l'oferta hipotecària, i ara intentaran fer el pas definitiu”.

El precio de la vivienda de segunda mano en Balears en octubre creció un 15,4% interanual hasta alcanzar los 4.805 euros por metro cuadrado, el cuarto repunte más pronunciado registrado en España, según el portal pisos.com.

Respecto al pasado mes de septiembre, el incremento fue del 1,49%, el quinto más alto en España, con lo que el archipiélago se convirtió en octubre en la Comunidad Autónoma con los precios de venta de vivienda más altos del país.

Según el informe mensual de venta de pisos.com, en octubre el precio medio de la venta de domicilios de segunda mano en España fue de 2.430 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 0,77% respecto a septiembre y del 14,65% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El segundo precio más alto, por detrás de Baleares, se dio en la Comunidad de Madrid, donde se situó en un promedio de 4.418 euros por metro cuadrado.

En Palma la subida interanual registrada este pasado octubre fue del 17,14% y el precio medio de la vivienda se situó en los 4.982 euros por metro cuadrado, la cuarta capital de provincia más costosa del país y la novena que más creció. No obstante, el precio respecto a septiembre fue del 3,19%, liderando los ascensos a nivel nacional.

A juicio del director de estudios del citado portal, Ferrant Font, el precio de la vivienda, “con un recorrido al alza que parece no revertir”, complica la tarea de poder adquirir una en propiedad. “La vivienda con un precio en línea con los sueldos actuales prácticamente ha desaparecido”, ha subrayado.

Además, Font ha indicado que todas aquellas viviendas que salen a la venta “enseguida se transaccionan”, lo que genera en la “falta de oferta y en la concertación de la demanda” que provoca “una situación de desequilibrio que ya dura mucho tiempo”. “Este estancamiento en el volumen de viviendas disponibles hace que los interesados, en vez de contar con un pequeño margen de negociación, tengan que competir duramente”, ha aseverado.

Una situación que, ha añadido, se ve agravada por los recortes de tipos del Banco Central Europeo. Según el director de estudios de pisos.com, eso ha hecho que muchos potenciales compradores miraran “cómo crecían sus ahorros con un ojo mientras que con el otro vigilaban la evolución de la oferta hipotecaria, y ahora tratarán de dar el paso definitivo”.

“En Sevilla tendría que pagar fácilmente diez veces más por lo que aquí me cuesta 60 euros al mes”. Lo cuenta Juan Tenorio, uno de los estudiantes que se aloja en una residencia de la Diputación de Sevilla para el alumnado de los pueblos de la provincia. Para él, que vive de su beca y no cuenta con apoyo económico de sus padres, la residencia es la única opción viable para continuar sus estudios. “Ni de broma podría permitirme un piso en Sevilla”, comenta.

Porque alquilar una habitación de estudiantes en la ciudad de Sevilla se ha convertido en una auténtica odisea, con un precio promedio de habitaciones que supera los 280 euros, según dos de las plataformas más empleadas en la búsqueda de piso, Milanuncios e Idealista, o los 300 cuando se trata de pisos de agencias inmobiliarias. Ante esta subida de los precios de alquiler, las cuatro residencias públicas de la Diputación de Sevilla se presentan como una alternativa cuya demanda se ha disparado en el último año. Sus económicos precios, adaptados a la renta familiar del estudiante, han hecho que pasen de tener plazas vacantes a listas de espera. Este curso 2024/2025, los alojamientos de la Diputación acogen a 545 estudiantes de la provincia de Sevilla, distribuidos entre el Complejo Educativo Blanco White (donde se ubican las residencias Alexander, Tartessos y Sevilla Activa) y el Complejo Educativo Pino Montano.

El objetivo de estas alternativas habitacionales es ofrecer una “solución integral a los jóvenes”, explican desde Diputación, pues además de alojamiento, proporcionan servicios de comedor, wifi y acceso gratuito a las distintas instalaciones deportivas de los complejos. El rango de precios de las tasas oscila entre 67,64 euros para los alumnos de rentas más bajas y 202,64 euros para los que cuentan con familias de mayor poder adquisitivo.

Una apuesta de décadas

El Complejo Educativo Blanco White y el Complejo Educativo Pino Montano tienen una larga tradición de servicio a los jóvenes de la provincia de Sevilla. El primero, ubicado en el antiguo Instituto de educación secundaria Virgen de los Reyes, comenzó en 1948 como un centro de formación profesional y con el tiempo se ha adaptado para acoger a estudiantes de enseñanzas medias y superiores.

Por su parte, el Complejo Educativo Pino Montano, que abrió sus puertas en 1973 con una función socioeducativa dirigida a la infancia en situación de vulnerabilidad, fue transformado en residencia universitaria a principios de los años 90. Actualmente, este complejo ofrece 250 plazas en habitaciones individuales, dobles, triples y cuádruples, con oferta de actividades y servicios, como comedor, sala de televisión y biblioteca. 

Los estudiantes que viven en estas residencias se decantan por las mismas, sobre todo, por la relación entre calidad y precio. Para Ragnar, residente del Complejo Blanco White, la residencia es mucho más que un simple lugar donde dormir: “Elegí Blanco White por tres razones: es económico, está bien ubicado y ofrece mucho por lo que se paga”. Ragnar, que lleva seis años viviendo en la residencia, explica que los precios de las habitaciones son considerablemente más bajos que en el mercado de alquiler privado. “Pago 90 euros al mes, pero al principio cuando no estaban las tasas, pagaba 180. En cualquier otro lugar, por lo que pagas aquí, no podrías ni alquilar una habitación”.

Por su parte, Roberto alumno del Complejo Blanco White destaca el ambiente estudiantil de la residencia como una ventaja importante a la hora de centrase en los estudios: “Aquí estamos rodeados de otros estudiantes, lo que nos ayuda a concentrarnos y a mantener el ritmo académico”.

Servicios y comodidades para los estudiantes

Las residencias no solo son asequibles, sino que también proporcionan un conjunto de servicios que permiten al alumnado concentrarse en sus estudios. Entre los más valorados por los residentes se encuentran el acceso gratuito a instalaciones deportivas y el comedor. Ragnar comenta: “Muchas veces nos quejamos, pero no somos conscientes de lo que ofrece la residencia. Por ejemplo, tienes una sala común bien equipada, con cocina, comedor, frigorífico amplio, etc.”.

Roberto enfatiza también en que el precio incluye servicios adicionales que en un piso privado serían un coste extra, como el mantenimiento de las instalaciones. Aunque reconoce que algunos aspectos de las residencias podrían mejorar, como el sistema de calefacción o la rapidez en el mantenimiento, concluye que el equilibrio entre el precio y lo que se recibe es inmejorable: “Por 90 euros al mes, tienes todo lo esencial para vivir y estudiar, lo que es impensable en un piso privado”.

Requisitos de acceso

El acceso a las residencias de la Diputación está regulado por una convocatoria pública, que evalúa las solicitudes según criterios socioeconómicos y académicos. Los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos, como tener su residencia familiar en algún municipio de la provincia de Sevilla y estar matriculados en estudios de bachillerato, ciclos formativos de grado medio o superior, o estudios universitarios.

Las plazas se adjudican en función de una escala que toma en cuenta la renta familiar, el patrimonio y las condiciones sociofamiliares. También se valoran aspectos como la distancia desde el domicilio familiar a Sevilla capital y el rendimiento académico. Los estudiantes con mayores dificultades económicas, como los que pertenecen a familias numerosas o monoparentales, tienen prioridad en el proceso de selección.

El papel del equipo educativo

Beli, educadora en las residencias Tartessos y Vicente Aleixandre, recalca la importancia de su trabajo con los estudiantes: “Mi trabajo con los residentes es absorbente, me convierto en su apoyo desde el lunes hasta el viernes. Invierto mucho tiempo en conocerlos a fondo, atender sus necesidades y, en algunos casos, entender su problemática socio-familiar”.

Las familias, según Beli, también valoran mucho este apoyo: “Saben que hay un personal educativo las 24 horas que cuida de los residentes en todos los aspectos, lo que les da mucha tranquilidad”. Aunque Beli admite que las residencias podrían mejorar en algunos aspectos, como el mobiliario o ciertas instalaciones, señala que “se han realizado mejoras recientes, como la instalación de nuevos sistemas de aire acondicionado”.

La demanda crece

La demanda de estas residencias ha aumentado considerablemente en los últimos años, en paralelo al encarecimiento del alquiler en Sevilla. Tenorio, que lleva varios años en Blanco White, asegura que el boca a boca ha jugado un papel importante en el crecimiento de las solicitudes: “Al principio éramos pocos, pero cada año más gente de los pueblos empieza a ver que es una opción rentable. Vienen dos, y al año siguiente se traen a sus amigos”.

El creciente número de solicitudes ha generado listas de espera en ambas residencias, que antes contaban con plazas vacantes. La razón principal detrás de este incremento, según Ragnar, es clara: “El mercado inmobiliario se ha vuelto inasequible para la mayoría de los estudiantes, mientras que las residencias ofrecen un precio mucho más bajo y una mayor estabilidad”.

Aunque las residencias ofrecen una solución habitacional económica, los residentes coinciden en que algunos aspectos necesitan mejoras. Entre las quejas más comunes está la lentitud en el mantenimiento de las instalaciones. Ragnar destaca que, aunque el estado general de los pisos es bueno, “si se les diera un mejor mantenimiento, todo sería perfecto. Estaría dispuesto a pagar un poco más si eso significara que mejoran las condiciones”.

No obstante, la Diputación de Sevilla ha comenzado a implementar algunas mejoras, como la instalación de nuevos sistemas de aire acondicionado y la modernización de las salas de estudio y las bibliotecas. “Están actualizando muchos servicios, y aunque ha tardado, al final están mejorando las cosas”, señala Roberto.

Las residencias públicas de la Diputación de Sevilla han demostrado ser una opción accesible y con recursos suficientes para hacer frente a la creciente demanda de vivienda estudiantil en la ciudad. Aunque no están exentas de retos, el equilibrio entre su precio y los servicios que ofrecen las convierte en una opción que los estudiantes califican de “insuperable”.

El Gobierno central, al margen de la cifra de nuevas viviendas terminadas que se suman al parque público, ha formalizado con autonomías y entidades locales un total de 556 acuerdos para la construcción de 24.283 viviendas que deberían estar terminadas en junio de 2026, con una inversión total de 966.184.614,57 euros.

De ese total de viviendas, 3.743 son en Andalucía, 790 en Aragón, 566 en Asturias, 1.054 en Canarias, 285 en Cantabria, 865 en Castilla-La Mancha, 1.241 en Castilla y León, 5.580 en Cataluña, 29 en Ceuta, 3.441 en la Comunidad de Madrid, 320 en Foral de Navarra, 2.041 en el caso de la Comunidad Valenciana, 477 en Extremadura, 1.140 en el País Vasco, 752 en Baleares, 1.217 en Galicia, 125 en La Rioja, 569 en Murcia y 48 en Melilla.

A través de este Plan de ayudas, el Gobierno pretende financiar el incremento del parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante promociones de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública.

El Gobierno remarca que estas viviendas formarán parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo, requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

El parque público de vivienda sólo ha sumado 244 nuevos inmuebles entre julio de 2023 y septiembre de 2024, cifra muy alejada de las 100.000 anuales que el Banco de España calcula que hacen falta durante los próximos 15 años para que España se acerque a la media europea.

En concreto, España dispone de un parque público de vivienda del 2%, mientras que la media europea se encuentra en el 9,3%, e incluso el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar plantea llegar a medio plazo al 20% para poder garantizar el derecho a la vivienda.

La institución que ahora gobierna el exministro José Luis Escrivá calcula que para alcanzar ese 9,3%, el país tendría que incrementar su parque público en 1,5 millones de viviendas, un objetivo que si se plantea para los próximos 15 años saldría a razón de 100.000 anuales.

Sin embargo, “desde el 23 de julio de 2023 hasta la fecha se han suscrito 13 nuevos acuerdos para el incremento del parque público de 244 viviendas”, según afirma el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, fechada en el 24 de septiembre de este año.

En la respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno indica que las viviendas están ubicadas en las comunidades autónomas de Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.

Eso sí, en el texto se recuerda que el departamento liderado por Isabel Rodríguez tiene más de 59.879 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que se suman las 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las 10.411 activadas por el Fondo Social de Viviendas.

En este sentido, el Ministerio de Vivienda tiene sobre la mesa cinco programas para contribuir a alcanzar la meta de levantar unas 184.000 viviendas en alquiler social o a precios asequibles repartidas por toda España, cifra que incluye las 50.000 viviendas a movilizar por la Sareb y las 11.000 del Fondo Social.

En concreto, el objetivo inicial es poner a disposición de la ciudadanía unas 123.040 viviendas sociales de la mano del Plan de Recuperación, el Plan Estatal de Vivienda, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y acuerdos con entidades locales.

Terrenos de Defensa y préstamos ICO

Los programas impulsados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también incluyen el acuerdo con el Ministerio de Defensa para comprar ocho millones de metros cuadrados de terrenos en desuso a través de SEPES y levantar unas 20.000 viviendas; o la nueva línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 4.000 millones de euros de los fondos europeos para la construcción y rehabilitación de hasta 43.000 viviendas públicas y privadas destinadas al alquiler social.

El Ejecutivo también recuerda la línea de avales ICO a estos préstamos por valor de 2.000 millones de euros; el Programa para construir viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, las ayudas a las comunidades autónomas del Plan Estatal de Vivienda y los acuerdos con Entidades Locales.

El Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes planteaba como objetivo la construcción de 20.000 viviendas con una inversión de 1.000 millones de euros.

Hubo un día en que Miguel Arteaga no pudo más. Estaba en su sucursal bancaria de Catalunya Caixa, en l’Hospitalet de Llobregat, y estalló. Con una deuda de 285.000 euros y a punto de quedarse en la calle, se puso a empapelar las oficinas con pegatinas contra los desahucios. “Vino la policía y les dije que ya me podían mandar a la cárcel”, recuerda. Era 2012, en plena crisis económica en España, y Miguel luchaba para no engrosar las cifras récord de desalojos que se registraron ese año: más de 70.000.

Nacido en Ecuador en 1961 y afincado en España desde 2002, por entonces desempleado y sin familia, Miguel no acabó ese día en comisaría, sino que fue citado a una reunión con el director del departamento de Riesgo de Negocio del banco, en la sede central de Via Laietana de Barcelona. De ese encuentro salió con un acuerdo para la dación en pago –entrega de la propiedad del piso a cambio de saldar la deuda– y un compromiso de alquiler social. “Ese día pensé que podía respirar tranquilo”, recuerda a sus 63 años. Pero su pesadilla estaba lejos de terminar. 

Doce años después, la amenaza de desahucio sigue siendo una espada de Damocles sobre su piso de 90 m² de la calle Severo Ochoa de l’Hospitalet. Sentado en su comedor, y con dificultades para hablar –le hicieron una traqueotomía cuando enfermó gravemente de covid–, explica que aquel alquiler social caducó, y que el nuevo casero de su piso, un fondo buitre de nombre Divarian Propiedad SA, no quiso renovarle. 

Recibió una orden de desahucio con fecha para enero de 2023, pero logró paralizarlo en la puerta de casa, gracias a la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la que milita desde hace más de una década. Luego vino otro intento, en mayo de ese mismo año, que se frenó en los juzgados. Ahora lleva meses sin noticias de la propiedad, aunque sigue sin contrato y con miedo a que quieran echarle de nuevo.

La de Miguel no es una trayectoria aislada. El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que provocó una oleada sin precedentes en España con decenas de miles de desahucios, sigue proyectando su sombra sobre muchos hogares que no pudieron remontar su situación. “Las ejecuciones hipotecarias hundieron a miles de familias y actualmente no existe una política de alquileres que les dé una alternativa real, con lo que se encuentran en tierra de nadie”, resume el juez José María Fernández Seijo. 

Este magistrado, que recientemente ha sido designado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se dio a conocer en 2013 desde su juzgado mercantil 3 de Barcelona. Suya fue la cuestión que trasladó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que derivó en una sentencia que permitió paralizar los desahucios por cláusulas abusivas. El afectado que puso la denuncia inicialmente, Mohammed Aziz, de Martorell (Barcelona), había sido desalojado de su piso dos años antes por impago de hipoteca. La entidad que le echó era también Catalunya Caixa. 

“El perfil de Miguel o de Mohammed son de lo más habitual en Catalunya durante todos estos años”, expresa Juanjo Ramón, portavoz de la PAH de Barcelona y afectado él mismo por una hipoteca con esa caja de ahorros, símbolo de la crisis inmobiliaria en Catalunya. Fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, esta entidad fue rescatada por el Estado por más de 12.000 millones de euros del erario público y dejó un reguero de activos tóxicos que acabaron en manos de fondos de inversión extranjeros como Blackstone y Cerberus. 

Este último es la matriz de Divarian, la propietaria del piso de Miguel, una inmobiliaria que se creó para que el BBVA, que había adquirido Catalunya Caixa en 2014, se sacara de encima esas hipotecas. Cerberus posee hoy 6.900 viviendas en España, el 41% de ellas en Catalunya. Es el cuarto mayor casero del país en un ránking que encabezan CaixaBank (21.800) y Blackstone (19.600), según los datos recabados por Civio de las comunidades autónomas. 

Más de un millón de firmas 

Miguel aterrizó en Barcelona en plena bonanza económica en 2002. Dejó en Ecuador a sus hijos, ya mayores, y a sus 40 años recién cumplidos y con experiencia como contratista de obras, encontró fácilmente empleo de albañil en la ciudad. En 2007, cuando buscaba un alquiler para cambiarse de domicilio, en el banco le convencieron para firmar una hipoteca. “Trabajaba a destajo, las cosas me iban bien, ganaba entre 3.000 y 4.000 euros al mes. Pensé que podría pagar una mensualidad de más de 1.000 euros… Pero luego vino la crisis”, recuerda. 

Fiel a sus inquietudes sociales, Miguel ya se había acercado a las asambleas de la PAH de l’Hospitalet antes de que pasara a protagonizarlas él mismo. Pero en 2012 le llegó el despido y comenzaron los impagos. “Con 1.050 euros de paro no podía asumir la hipoteca si también quería comer”, señala. Vivía solo y sin ayuda de nadie. “El banco me llamaba para presionarme y me llegaron a amenazar con que me quitarían los papeles. Tenía miedo”, recuerda. 

Con la ayuda de la PAH, logró firmar en 2013 uno de los primeros contratos de alquiler social que se formalizaron en Catalunya. Aquellos fueron los años de mayor movilización contra los desahucios, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso con más de un millón de firmas, defendida en sede parlamentaria por la entonces activista Ada Colau. En 2012 se logró la aprobación del Código de Buenas Prácticas, todavía voluntario para las entidades financieras, que sirvió para que algunas comenzaran a aceptar la dación en pago de las deudas. 

“Los desahucios pasaron de ser un dato estadístico que no interesaba a nadie a una noticia sobre emergencia social que daba mucho que hablar”, percibió desde los juzgados el magistrado Seijo. 

Entre 2013 y 2017, Miguel contribuyó a paralizar cientos de desahucios de compañeros de la PAH, al tiempo que veía cómo se aprobaban leyes como la famosa 24/2015 en Catalunya, que prohibía a los bancos desalojar a nadie sin antes ofrecerle una alternativa habitacional. Encontró pareja –sigue felizmente casado con ella– y encontró empleo –de nuevo en la construcción–, pero en 2017 su suerte se volvió a torcer. Al vencer el contrato de alquiler social y sus prórrogas, tuvo que lidiar de nuevo con la propiedad. Pero entonces ya no era Catalunya Caixa.

Cerberus posee hoy 6.900 viviendas en España, 41% de ellas en Catalunya. Es el cuarto mayor casero del país en un ránking que encabezan CaixaBank (21.800) y Blackstone (19.600)

En coma, en pandemia y amenazado

Primero fue Haya Real State, luego Anida, y ahora es Divarian. En realidad, distintas fórmulas inmobiliarias del mismo fondo buitre: Cerberus Capital Management, con sede central en Nueva York y propietario, entre otros, de la automovilística Chrysler. “Antes podía bajar a la sucursal bancaria a hablar con alguien, pero ahora este fondo no tiene oficinas, o si las tiene nadie sabe dónde. Tienen un correo electrónico y les mando mails cada día, en internet aparece un número de teléfono y también les llamo… Pero no contesta nadie”, se lamenta Miguel.

En 2020, en plena pandemia, Divarian le comunicó que no renovarían más su contrato. Ese verano, Miguel enfermó de covid, acabó ingresado en la UCI y permaneció en coma durante 16 días, a punto de morir. Tras salir del hospital, y mientras le rondaba la amenaza de desahucio, seguía con problemas para respirar y se llegó a desmayar varias veces por la calle. Fue entonces cuando los médicos decidieron hacerle la traqueotomía. Desde entonces tiene la incapacidad y cobra una pensión de 810 euros. 

Pero la maquinaria del desalojo no se paró. “El nivel de ansiedad y de angustia de no saber si vendrán a desahuciarte es muy duro”, reconoce. “Estos últimos años me han vuelto a ingresar algunas veces y los médicos me han llegado a decir que algunos problemas de salud son del estrés que arrastro por los problemas de vivienda. A veces pienso que si estás en una guerra al menos tienes momentos de descanso. ¡Pero aquí nunca dejas de pensar en si te van a echar!”, cuenta con angustia este hospitalense.  

En 2022 se registraron en España 16.851 desahucios de viviendas. Solo en Catalunya, y en lo que va de 2024, se han suicidado tres personas justo el día que las echaron a la calle

“En el aspecto personal, los efectos son devastadores, comenzando por la salud mental y también física”, señala Juanjo Ramón. Una parte del entorno social da la espalda y responsabiliza a los afectados de su situación. Además, el paso de los años sin vislumbrar un horizonte de mínima seguridad habitacional mina la autoestima de cualquiera. “Te hace sentir como una mierda”, dice sin rodeos el portavoz de la PAH.

A día de hoy, el mercado del alquiler tampoco es una opción para Miguel. Con su pensión y la media jornada que ingresa su pareja no les alcanza para un piso en el barrio. En l’Hospitalet de Llobregat, ciudad de la periferia barcelonesa y de tradición obrera, el precio medio de los arrendamientos es de 794 euros al mes, casi un 60% más caro que hace una década, cuando apenas pasaba de los 500. “Lo probé hace unos años, cuando la propiedad me empezó a acosar, pero las inmobiliarias ya me dejaron claro que sin un contrato de trabajo no iba a alquilar nada”, señala. En Barcelona, ciudad colindante, la mensualidad media ronda los 1.200 euros, por encima del salario medio. 

Oficinas antidesahucios a destajo

En pleno 2024, las oficinas para la prevención de los desahucios en aquellas administraciones que las han puesto en marcha continúan trabajando a destajo. El Ayuntamiento de Barcelona, pionero en este ámbito con una unidad antidesahucios que cuenta con medio centenar de trabajadores, atiende a entre 50 y 60 casos semanales –más de 2.000 familias al año–. El 80% de los desalojos se consiguen paralizar antes de la fecha señalada y, si se le suman las mediaciones exitosas el mismo día, el porcentaje asciende al 90%. 

Según los últimos datos disponibles del CGPJ, en 2022 se registraron en España 16.851 desahucios de viviendas. Esto son casi 50 al día, aunque pueden incluir segundas residencias. Solo en Catalunya, y en lo que va de 2024, se han suicidado tres personas justo el día que las desahuciaban: una de ellas en Sabadell, tras vivir 30 años en el mismo hogar; y otras dos hermanas en Barcelona en julio. 

Pura Peris, directora general de Emergencia Habitacional de la Generalitat Valenciana entre 2019 y 2023, ha lidiado de cerca con los últimos coletazos de la crisis hipotecaria española. “Las situaciones personales son terribles: gente con cáncer, con menores a cargo… Todos pendientes de que les llegue la carta o que llamen a la puerta para decirles que les dejan en la calle, es un sinvivir”, afirma. 

Durante su etapa en la Administración impulsó la Unidad de Ayuda al Desahucio, que en 2021 llegó a difundir un número de teléfono, WhatsApp Emergencia, al que contactar con cualquier consulta. A través de ese canal gestionaron en dos años más de 1.100 casos (más de 2.000 sumando otras vías), todo ello teniendo en cuenta que este tipo de asistencia social se suele llevar a cabo en los ayuntamientos. 

“Yo no soy optimista, soy activista”

De todas esas actuaciones, Pura Peris elige destacar aquellas en las que eran bloques de pisos enteros los que se enfrentaban a desalojos. Como por ejemplo el caso de 94 personas de una treintena de viviendas en la Pobla de Vallbona, en València, que recibieron en 2020 la carta de la propiedad indicando que no renovaban ningún alquiler. Ese casero era Divarian. “Pudimos paralizar el desahucio y negociar hasta acabar comprando las viviendas para destinarlas a emergencia”, rememora. La Generalitat valenciana pagó 1,7 millones al fondo. 

En Catalunya, donde la ley obliga a los grandes caseros a ofrecer un alquiler social antes de proceder con el desalojo, la Generalitat ha abierto hasta 1.242 expedientes sancionadores a grandes propietarios por incumplir esa medida. El que acumula más procedimientos, 423, es Divarian Propiedad; el segundo, con 221, es Promontoria Coliseum Real Estate. Entre ambas, que pertenecen al mismo fondo, Cerberus, suman el 52% del total. 

Desde su piso en la calle Severo Ochoa de l’Hospitalet, Miguel Arteaga reconoce que a veces le flaquean las fuerzas. De clase obrera y naturaleza luchadora desde que nació, dice, este hombre sigue sacando energía de las asambleas de la PAH –a las que asisten unas 80 personas cada lunes– y de figuras como la de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, por el que siente auténtica devoción y cuyo retrato preside el comedor de su casa. 

– ¿Después de más de una década arrastrando esta amenaza sobre su casa, cree que algún día logrará solucionarlo? ¿Es optimista? 

“Le voy a contestar”, dice, y se lo piensa unos segundos. “Yo no soy optimista, yo soy activista”, tercia. Y después se explica: “Si fuera optimista significaría que me quedaría aquí parado a esperar que se solucione el problema, pero yo me voy a mover con la ayuda de mis compañeros y no pararé hasta lograrlo”.