Cantabria es la comunidad autónoma en la que más se han disparado los precios respecto a junio de 2025, concretamente un 41,6%, frente al 8,8% experimentado en el conjunto nacional. Con este encarecimiento, el precio se ha situado en los 2.286 euros por metro cuadrado, el sexto más elevado de las comunidades autónomas, solo por detras de Madrid, Cataluña, Euskadi y Baleares, y por encima de la media nacional (2.114 euros). Así se desprende de los datos publicadios este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

También la compraventa de viviendas en Cantabria ha crecido en junio un 5,4%en relación con el mismo mes del año anterior, hasta las 932 operaciones, el tercer mayor ascenso porcentual de las comunidades autónomas y que se contrapone con el descenso experimentado a nivel nacional (-4%).

De hecho, Cantabria ha sido una de las cuatro únicas autonomías que han registrado incrementos, frente a los descensos registrados en las otras 13 comunidades, según los datos publicados por el CIEN.

Por otra parte, los préstamos hipotecarios concedidos en junio para la adquisición de una vivienda han disminuido en Cantabria un 9,6 por ciento interanual -la segunda mayor caída de las comunidades-, hasta los 429. Sin embargo, su cuantía ha aumentado un 5,7%, con un promedio de 158.836 euros.

Por tipo de inmueble, las compraventas de pisos han crecido un 1,1% interanual, con 684 operaciones registradas, mientras que las de viviendas unifamiliares se han disparado un 19,8%, con 248.

En cuanto a los precios, el metro cuadrado de los pisos se ha encarecido un 30,9%, hasta los 2.686 euros, mientras que el de las viviendas unifamiliares se ha encarecido un 48,5%, hasta situarse en 1.596 euros.

El tamaño medio de los inmuebles ha caído en junio en Cantabria un 10,2% interanual, la mayor caída del país, hasta situarse en una media de 110 metros cuadrados.

Un home de 45 anys ha resultat ferit greument després de precipitar-se des del dotzè pis d'un edifici de Palma i caure sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa, les quals també han patit lesions de diversa entitat.

Els fets, segons han informat a Europa Press fonts policials, han ocorregut al voltant de les 16.00 hores d'aquest divendres a la plaça Catalunya de la capital balear.

Els serveis d'emergència han rebut un avís alertant que un home, aparentment després de mantenir una discussió amb la seva exparella, s'havia precipitat des del dotzè pis d'un edifici.

Primer ha caigut sobre un arbre, que ha amortit l'impacte, i ha acabat impactant contra dues persones que es trobaven assegudes en una terrassa.

Els sanitaris del SAMU 061 han estabilitzat el precipitat i l'han traslladat a l'Hospital Universitari Son Espases, on ha ingressat en estat greu. També han estat hospitalitzades les dues persones que eren a la terrassa, una en estat lleu i una altra en estat menys greu.

El Grup d'Homicidis de la Policia Nacional ha assumit la investigació dels fets i tracta d'esclarir si realment s'ha produït una discussió prèvia.

Diverses patrulles de Seguretat Ciutadana s'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets per dur a terme les primeres diligències.

Un hombre de 45 años ha resultado herido de gravedad tras precipitarse desde el duodécimo piso de un edificio de Palma y caer sobre dos personas que estaban sentadas en una terraza, quienes también han sufrido lesiones de diversa entidad.

Los hechos, según han informado a Europa Press fuentes policiales, han ocurrido sobre las 16.00 horas de este viernes en la plaza Catalunya de la capital balear.

Los servicios de emergencia han recibido un aviso alertando de que un hombre, aparentemente después de mantener una discusión con su expareja, se había precipitado desde el duodécimo piso de un edificio.

Primero ha caído sobre un árbol, que ha amortiguado el impacto, y ha acabado impactando contra dos personas que se encontraban sentadas en una terraza.

Los sanitarios del SAMU 061 han estabilizado al precipitado al hombre y lo han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave. También han sido hospitalizadas las dos personas que estaban en la terraza, una en estado leve y otra en estado menos grave.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos y trata de esclarecer si realmente se ha producido una discusión previa.

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana se han desplazado rápidamente al lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras diligencias.

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años de cárcel para un falso abogado y para una agente inmobiliaria por quedarse con 105.000 euros de una clienta a la que vendieron un piso en Tegueste (Tenerife) que jamás recibió porque la operación se realizó a espaldas de la dueña, quien tampoco cobró dinero alguno.

El fallo, que ya es firme, obliga a la devolución conjunta de la cantidad estafada y pagar cada uno 2.200 euros de multa.

Ante el Supremo la denunciante solicitó, sin éxito, la condena de otra trabajadora de la inmobiliaria, a la que la acusada entregó 35.000 euros que fueron ingresados en la cuenta de su hija, porque la procesada se lo había pedido como un favor para eludir varios embargos.

La otra parte del recurso fue interpuesto por los condenados, quienes calificaban de “muy deficiente” la asistencia ofrecida por un abogado de oficio durante la tramitación de la causa, lo que el alto tribunal rechaza señalando que esta carencia debe ser “muy manifiesta” y demostrarse.

El Supremo indica que los recurrentes, en vez de refugiarse en una espera pasiva, como al parecer ocurrió, al no existir contacto entre ellos antes del juicio, tampoco hicieron “el más mínimo esfuerzo” para entablar relaciones con los profesionales que los defendieron.

En realidad, el primer letrado que habían contratado dejó de ejercer a mitad del procedimiento por lo que la mujer eligió uno de oficio, que luego cambió por otro particular, y el hombre también recurrió a uno de su confianza, y que según se constata defendieron su absolución en el juicio.

Por lo tanto, el fallo concluye con que “no puede estimarse que los recurrentes no hayan gozado de una defensa absolutamente digna, tanto en la instrucción, como en la fase intermedia y en el juicio oral”.

En febrero de 2020, la propietaria contactó con la agente para encomendarle la venta de la casa por 200.000 euros, pero poco después al ver que lo estaba anunciando por 180.000 optó por romper el acuerdo con la inmobiliaria y así se lo hizo saber.

Pese a ello, la procesada siguió adelante con la operación tras haber contactado con una compradora que empezó a ingresarle dinero en varias cuentas mientras que, de acuerdo con un falso abogado, la convencieron para desembolsar un total de 105.000 euros.

Las transferencias se quedaron en poder de los dos condenados y la compradora, al ver que no se formalizaba la operación y sólo le daban excusas, insistió en reunirse con el supuesto letrado, quien le dijo que no se preocupara que si no se confirmaba la compra le devolverían el dinero.

Al final la estafada fijó una fecha para acudir a un notario con el fin de formalizar la compra, después de que la verdadera propietaria no acudiera en otras dos ocasiones anteriores, advirtiéndole por burofax de que si no se presentaba tendrían que devolverle el doble del dinero recibido.

La dueña le contestó que ella no había autorizado la venta ni recibido dinero alguno, momento en el que la estafada se dio cuenta de lo que había ocurrido y presentó la denuncia.

El Tribunal Supremo concluye que no tiene duda alguna de la autoría de los dos procesados una vez que se llevó a cabo la correspondiente vista oral y las pruebas presentadas, pese a que ambos negaron haber engañado a la denunciante.

Durante la vista oral se intentó demostrar el delito con el anuncio de la venta o las transferencias a diversas cuentas de las cuales ninguna de ellas está a nombre de la propietaria, lo que la estafadora explicó porque quería el dinero en efectivo ya que tenía diversas deudas.

La Sala tuvo en cuenta que al contrario de lo que ocurre en este tipo de operaciones, no se dejó constancia documental de las operaciones pero sí se hizo un borrador en el que se reflejaba la intención de devolver el dinero, incluso las comisiones cobradas.

También se aportaron conversaciones por mensajería que demuestran la existencia de un pacto con la estafada que se rompe meses más tarde y la intervención del falso abogado, con el que la denunciante habló varias veces bajo la creencia de que era letrado, algo que nunca negó.

La compraventa de viviendas subió en junio un 1,6% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.288 operaciones, su mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance registrado en el sexto mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de haber encadenado cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 6,3%, hasta las 12.766 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que crecieron de manera más modesta, un 0,3%, hasta las 46.522 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.609 operaciones, un 2,6% más que en junio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 11,8%, hasta un total de 3.679 transacciones.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas aumentó un 5% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+4,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (+7,4%).

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, están muy preocupados por los últimos sucesos de Ceuta. O para ser más exactos, por la estrategia diabólica del presidente Sánchez para destruir España. Vale, es comprensible la inquietud, pero, ¿y el ático?

La crisis migratoria que ha vivido en los últimos días la ciudad autónoma ha caído de perlas a la derecha y la extrema derecha. Lo más complicado ha pasado, con el regreso de la inmensa mayoría de los 72.000 (nuevo dato de Interior) que habían atravesado la frontera por mar y tierra. Ahora viene la etapa de preguntas y respuestas, porque el Gobierno tiene mucho que explicar sobre lo ocurrido. Pero justamente Ayuso y Rodríguez no están para hacer preguntas, sino para dar respuestas. Y no sobre Ceuta, sino sobre el ático de 450 metros cuadrados con doscientos de terraza que una empresa pública dependiente de la Comunidad compró supuestamente para que viviera la presidenta mientras se realizaran unas obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

Una semana después de que El País desvelara que la Comunidad había comprado el famoso piso como “oficina” temporal, los entresijos de la operación siguen siendo un misterio. Se sabe que lo compró la empresa pública Planifica Madrid, que se encarga de la gestión de suelo y oficinas propias del gobierno autonómico. Que lo vendió una inmobiliaria de la Moraleja especializada en viviendas de lujo. Que el ático queda justo enfrente del edificio donde vive la madre de Auso. Que su novio, Alberto González Amador, ha puesto en venta el piso en el mismo barrio de Chamberí donde vive la pareja. Y se sabe que, al verse pillada por la información periodística, Ayuso emprendió una huida adelante que evidencia su forma abusiva de entender el poder y el desprecio a los controles públicos con que ha ejercido hasta ahora el cargo.

Lo primero que hizo fue defender la adquisición del inmueble. Cuando los medios, incluso alguno conservador, le hizo ver que carecía de cualquier racionalidad comprar un ático a un precio astronómico para que fuera una oficina provisional, más aún en un edificio residencial donde no se pueden instalar oficinas, anunció que se venderían ese y otros inmuebles de la Comunidad para sufragar la reparación de las tierras arrasadas por los incendios de finales de julio. Y ahí la tenemos, hablando un día sí y otro también de la Sierra Oeste madrileña. Es, por cierto, lo que debería hacer como presidenta ante la catástrofe medioambiental, pero no para intentar lavar la operación del ático sublimando el destino que piensa ahora dar al dinero de su forzada venta.

Por lo demás, nada se sabe de esa operación. Todo sigue envuelto en un manto de misterio. No se conoce ninguna explicación motivada para realizar esa compra, teniendo la Comunidad otros inmuebles donde se pudo instalar temporalmente la presidenta. No se conocen los detalles de las obras de la sede del Gobierno regional con las que intentaron justificar la adquisición del ático. No se conoce resolución alguna que cambie ahora el destino de la polémica inversión inmobiliaria y derive esa partida –¿es esto legal?– a un plan de recuperación de territorios quemados. Cualquier resto de transparencia que aún pudiera sobrevivir en el Gobierno madrileño ha saltado por los aires en este caso.

Y la madre de todos los interrogantes sigue, por supuesto, sin responderse: ¿cuál era el plan? ¿Hubo beneficiados con la operación? ¿Tenía Ayuso la posibilidad de seguir habitando el ático tras el fin de su mandato? Del mismo modo que ha decidido súbitamente su venta para un programa de recuperación por los incendios, ¿podía, con el mismo sigilo con que se compró el ático a un particular con una cláusula de confidencialidad, venderse a otro particular con cualquier otro motivo y con la misma discreción? Muchos se hacen estas y otras preguntas, y la culpa de las suspicacias no es de quienes pretenden “destruirla”, como dice Ayuso con su proverbial victimismo, sino del secretismo que su Gobierno ha impuesto en el asunto. El arma infalible para destruir sospechas es la transparencia. Que es también lo que en este momento falta con respecto al gasto de su reciente viaje a México, del que solo han trascendido los 600 euros que costó la reserva de la sala de autoridades de Barajas.

Existe cierto feeling entre los ayusólogos de que estamos asistiendo a un fin de etapa. De que lo del ático no es un lío más en la maraña de escándalos que acumula la presidenta. Que es la guinda, la gota que ha colmado el vaso de su conducta altanera y desafiante. Pero la mayoría de los expertos no atribuyen su muerte política anunciada a una consecuencia del escándalo en sí, sino a su supuesta caída en desgracia dentro del PP, aunque desde Génova hagan aspavientos de unidad. Según esta versión, alguien del entorno de Feijóo habría filtrado el caso para cortarle las alas ante un eventual desafío por el liderazgo nacional del partido.

No sé cuánto de cierto y cuánto de ficción hay en tales elucubraciones. Lo único que cabe esperar es que, antes de que se desentrañen los intríngulis políticos, podamos saber la historia completa del ático.

Estoy a dos mil kilómetros de casa. Llevo meses trabajando, haciendo la cuenta de una vida que se reduce, en el fondo, a que algún día un banco acceda a prestarme cien mil euros. Cien mil euros no son un dineral. Son un piso pequeño y viejo, en un sitio normal y corriente, si eso. Cien mil euros es la cifra por la que alguien como yo se hipoteca veinte o treinta años si hay suerte y si el banco está de humor. Estoy a dos mil kilómetros de casa porque el modelo económico que tenemos me prefiere a mí trabajando en el extranjero que a un casero trabajando, a secas.

Mientras hago esa cuenta, mientras relleno cada día en un Excel las horas que paso a la semana llevándole bebidas innombrables a turistas alemanes, mientras sigo buscando más trabajos extra porque a pesar de todo nada es suficiente, me entero de que a Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid le ha comprado un ático de lujo. Sigo, por supuesto, todas las noticias de España, como he hecho siempre, prácticamente a diario, y todo lo que tiene que ver con Ayuso me ha generado siempre demasiada pereza, demasiado odio y demasiado asco como para pararme a comentarlo. Sus formas de lunática, su clasismo, sus consejeros trasnochados, su Rasputín de sol y sombra y, en fin, su adaptación cañí y cutre del trumpismo, su circo cayetano de los horrores, todo ese conjunto de miserias humanas lo daba yo por sabido y nunca le he dedicado una línea. Pero esto es el colmo.

Cuatrocientos ochenta y cinco metros cuadrados en Chamberí, doscientos de ellos en terraza. Planta novena. Lo compró el 14 de abril una empresa pública, Planifica Madrid, para que Ayuso lo use de oficina mientras duran las obras de la Casa de Correos. La operación no estaba en el presupuesto y el Consejo de Gobierno no autorizó el crédito. No aparecía en la página de transparencia. Seis millones de euros de dinero público, y el cuidado no-demasiado-sutil de que no nos enterásemos. Uno lee “oficina temporal” y se imagina una mesa de cartón, un flexo y una caja de folios. No cuatrocientos ochenta y cinco metros con doscientos de terraza, que es más terraza que piso entero de los que un banco me dejaría comprar a mí endeudándome de por vida. Y lo de “temporal” es un decir: las obras de la Casa de Correos empiezan en agosto, y ya se sabe cómo empiezan en esta Comunidad Autónoma las obras y cómo terminan, si es que terminan. Seis millones de euros para una provisionalidad que huele a permanente o, más bien, a empadronamiento. Uno aprende así lo que significa de verdad gobernar, que no es mandar: es instalarse en el poder, ponerse cómodo, tener buzón.

Y luego está lo otro, que es peor que el dinero: que no pasa nada. Alrededor de Ayuso se acumulan las causas y ella no solo sigue ahí, es que gobierna con el aplomo de quien ha comprobado, una vez tras otra, que nada la roza. La impunidad no es que no haya consecuencias; es saber de antemano que no las habrá, y actuar en consecuencia. Y entonces, la pirueta. Pillada la maniobra, la Comunidad anuncia que vende el ático y que lo recaudado irá para las víctimas de los incendios: seis millones que ayer eran un despacho con terraza y hoy son, de golpe, un acto de generosidad. En paralelo, el novio pone a la venta el piso donde viven, comprado en su día por la mitad de su precio. “No es mi casa, no le han comprado nada a Ayuso”, dice ella. Puede que sea verdad. Cada pieza, mirada por separado, se sostiene: el piso es de él, el ático es institucional, la venta es legal, el dinero va a los incendios. Nunca hay una mentira redonda que puedas señalar con el dedo, solo una sucesión de factores que, sumados, dan un resultado que apesta. Han aprendido a moverse en ese margen exacto donde nada es exactamente reprochable y todo es inequívocamente indecente. Por eso nunca los pillas del todo, y por eso se van siempre de rositas. No le han comprado nada a Ayuso. Puede que sea verdad. Casi siempre lo es. Ese es exactamente el problema.

Isabel Díaz Ayuso recorría hace apenas una semana la Sierra Oeste de Madrid alentando a la lucha contra el fuego, daba la mano y trabajaba junto al presidente del Gobierno, consolaba a los vecinos que veían las llamaradas en sus casas e incluso se emocionaba al ver su pueblo evacuado. La imagen de la presidenta estaba saliendo mejor parada de lo que parecía apuntar la enésima crisis de su Ejecutivo, ocasionada esta vez por unos incendios que la Comunidad de Madrid tiene el deber de extinguir y, sobre todo, prevenir.

Todo cambió el miércoles. Con los bosques aún humeantes, El País apuntaba otra llamarada al informar sobre una compra sospechosa por parte del Gobierno regional: un ático de 485 metros cuadrados en una de las zonas más caras de Madrid, con 200 metros de terraza situado enfrente de la casa familiar de Ayuso. Un pisazo cuya compra era difícil de justificar, tal y como se fue comprobando después.

Las explicaciones con las que respondió la Comunidad de Madrid resultaron primero confusas y equívocas: sus responsables aseguraron que el lugar iba a ser utilizado como oficina en un lugar donde la normativa municipal impide estos usos y que el traslado se haría durante unas obras en la Puerta del Sol, a pesar de que no están planificadas en ningún contrato del Gobierno regional. Luego se supo que la casa en la que actualmente vive fue puesta a la venta por su pareja en un portal online, justo después de la compra del ático chamberilero.

Que Isabel Díaz Ayuso saliera a las pocas horas a rebatir la información presentándose como la víctima de una supuesta “campaña de desprestigio” no calmó los ánimos, como tampoco lo hizo el intento de zanjar el tema este jueves con el anuncio de la venta del ático para destinar su importe a la reconstrucción de los incendios.

El malestar por esta compra desmesurada es amplio en la izquierda y en la derecha. El PSOE es el primer partido que se ha lanzado a pedir la dimisión de la presidenta. Lo hizo el ministro Óscar López el jueves por la noche, cuando consideró que ya era “tarde” para dar explicaciones, y continuó este viernes del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que calificó el caso de “pillada descomunal”.

En Más Madrid han sido tajantes en sus declaraciones: “Ayuso es una corrupta”, escribió en redes su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que no pide aún la dimisión. La ministra Mónica García, próxima rival de Ayuso en las elecciones a la Comunidad de 2027, apuntaba la siguiente reflexión: “Es una suerte de estudio sociológico para comprobar hasta dónde puede llegar sin pagar ningún coste político: si salió indemne de la pandemia y los 7.291 mayores, de apoyar a genocidas, de defenestrar a Casado por los chanchullos de su hermano, de Quirón y de su ático de lujo, ¿por qué no iba a intentarlo con un segundo ático esta vez pagado por los madrileños?”.

La estrategia de Más Madrid pasa por buscar información en los tribunales apuntando a un posible delito de malversación. El diputado Hugo Martínez Abarca ha anunciado que su partido denunciará “los hechos” para que sea el juez quien lo investigue y requiera toda la información, ante la posibilidad de que el gobierno de Ayuso se cierre en banda a trasladar el expediente. “Tardará mucho en dárnoslos, si es que nos los da, pero a un juez no se lo pueden negar”, advertía.

El malestar en la derecha por las explicaciones

Los tres días de incendio en torno al ático de Chamberí, a lo que se ha unido a la puesta en venta tanto de la casa donde Ayuso vive con su pareja, Alberto González Amador (por 1,7 millones de euros), como el ático inmediatamente superior (por 1,6 millones), también están haciendo mella en la derecha. Los dirigentes del PP que no pertenecen al Gobierno regional están midiendo estos días sus palabras ante una situación que parece descontrolada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha programado ningún acto público ni el jueves ni el viernes. Su vicealcaldesa se limitaba ayer a comentar que el ático nunca podría tener licencia de oficina. “Huele a operación cremas de Cifuentes 2.0”, dejaba caer en X la némesis de Ayuso en redes sociales, el ministro Óscar Puente.

Dirigentes del PP creen que la compra del ático fue “un error”, asegura el ABC este viernes en un artículo en el que desvela “la confusión y el desconcierto” que reina en el partido ante este caso. Un editorial del mismo periódico publicado el mismo día resume bien el sentimiento en el ámbito de la derecha ante esta falta de información: “La sucesión de explicaciones contradictorias y la ausencia de información esencial, empezando por el precio desembolsado, convierten este episodio en un problema de transparencia institucional que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no puede despachar de esta manera”.

En medio de este lío interno, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, intentaba responder este viernes al mediodía diciendo que su equipo siente el “pleno apoyo” del PP nacional frente a “mentiras y calumnias” de la izquierda y del Gobierno de la nación para “tapar sus propias corruptelas”. El consejero tomaba la palabra para responder a las acusaciones y peticiones de dimisión de la oposición, porque la presidenta Ayuso ha preferido no hacerlo: ni el jueves ni el viernes ha programado acto público alguno en el que poder defenderse. Tampoco está previsto, de momento, que hable el fin de semana.

Miguel Ángel García afirmaba en su lugar que la Comunidad de Madrid tiene “un gobierno transparente” y emplazaba a la “memoria de actividades” de la empresa Planifica Madrid -la que compró el ático, que depende de su consejería- para conocer el coste de la operación de compraventa.

Pero no parece que la oposición se vaya a contentar con eso. Horas antes la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, se presentaba en la puerta del edificio donde se encuentra el “aticazo” –lo llamó así– para exigir que el PSOE pueda entrar en este inmueble comprado con dinero público. También dijo que su partido ha presentado 30 peticiones de información relacionadas con el caso. Tal vez queden muchas explicaciones por llegar.

El precio de los pisos crece casi el 9% pese a la fuerte caída de compraventas. La compraventa de viviendas intensificó su caída en mayo hasta anotarse un descenso del 11,8% interanual, mientras que el precio de la vivienda se encareció el 8,8% hasta los 2.049 euros/m², según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Con este nuevo retroceso, la compraventa de viviendas acumula ocho meses consecutivos de caídas, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y que siguieron en noviembre (-2,4%), diciembre (-1%), enero (-11,4%), febrero (-7,7%), marzo (-4,7%) y abril (-10,2%) y mayo (-11,8%).

Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Las compras de pisos disminuyen más del 14%

En mayo se contabilizaron 55.761 compraventas. Por tipo de vivienda, las de pisos disminuyeron un 14,1% interanual, alcanzando las 41.211 unidades, mientras que las unifamiliares disminuyeron un 4,7% interanual, hasta llegar a las 14.550 unidades.

Los notarios también detectan un descenso del 2,2% en la superficie media de la vivienda en España.

Las transacciones descendieron en 14 comunidades, siendo los mayores ajustes los registrados en la Comunidad Valenciana (-35,8%); Islas Baleares (- 20,%); Cantabria (-19,7%); Asturias (-17,4%); País Vasco (-13,6%) o La Rioja (-11,7%).

En la Comunidad de Madrid descendieron un 10,6% y en Cataluña un 4,1%.

Por el contrario, se registraron ascensos en Navarra (8,2%), Castilla-La Mancha (4,5%) y Extremadura (0,2%).

Baleares, a la cabeza de las subidas de precios

En mayo, el precio del metro cuadrado subió un 8,8% interanual en España. En 16 de las 17 autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda, siendo Galicia la única autonomía en la que cayó, un 6,8%.

Los mayores incrementos de precios se dieron en Islas Baleares (16,3%); Castilla-La Mancha (15,4%); Andalucía (14,4%); Islas Canarias (13,7%); Navarra (13,5%); Cantabria (12,3%); Comunidad Valenciana (11,9%); Murcia (10,7%); Comunidad de Madrid (9,2%); Asturias (8,5%) y Cataluña (8,2%).

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 14% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.455 euros/m², mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.445 euros/m², registrando un aumento del 2,7%.

Caen un 4% las hipotecas para vivienda

Por otro lado, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda bajó en mayo un 4% interanual, hasta las 30.577 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos aumentó un 3,9%, hasta alcanzar los 181.976 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 54,8%. En estas operaciones, la cuantía del préstamo representó, de media, el 72,5% del precio de la vivienda.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda descendieron en diez autonomías, siendo los mayores ajustes los de la Comunidad Valenciana (-26,1%); Asturias (-15,4%); Castilla y León (-12,3%) o Aragón (-9,8).

Los aumentos se produjeron, por su parte, en seis comunidades Castilla-La Mancha (14,2%); Cataluña (3,4%); Andalucía (1,5%); Islas Canarias (1,1%); Extremadura (1%) y Murcia (1%). Por su parte, en el País Vasco se mantuvieron estables respecto al año anterior.

El problema de la vivienda es uno de los puntos clave que CCOO de Castilla-La Mancha ha abordado en la reunión de su Consejo Regional. Según ha avanzado su secretario regional, Javier Ortega, el sindicato está manteniendo reuniones y contactos con plataformas y asociaciones que no ha mencionado, de cara a plantear “una movilización regional”.

Concretamente, ha dicho, las medidas sobre esta cuestión deben estar encaminadas a que haya más vivienda, pero que “sea asequible”, especialmente para las personas jóvenes.

De hecho, CCOO propone actuar sobre las zonas tensionadas, movilizar vivienda vacía y que las familias no tengan que destinar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda.

Siniestralidad laboral

En otro orden de cosas, ha señalado que el sindicato está ultimando un mapa de riesgos laborales en Castilla-La Mancha que se pondrá a disposición del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral para que este nuevo organismo asuma “un papel activo” en la prevención, vigilancia y control de la siniestralidad.

El objetivo, como ha explicado Ortega, es adelantarse a los accidentes, identificando los riesgos reales por territorios y sectores, y mejorar la prevención. Para ello, se utilizarán los datos recabados por el sindicato en todas las empresas que permitirán localizar esos focos y orientar recursos públicos allí donde sea necesario.

“Ese mapa de la siniestralidad es el que nos va a dar dónde están los riesgos, donde están los accidentes recurrentes y dónde se producen esos niveles de riesgo”, ha argumentado.

Asimismo, haciendo un símil con la seguridad vial, Ortega ha explicado que si puede conocerse que en una carretera hay “un punto negro con accidentes”, ahí se puede intervenir con señalización, con un semáforo o con otro carril, “por lo que estamos hablando de algo parecido”.

Negociación colectiva y migrantes

En cuanto a la negociación colectiva, el secretario regional ha insistido en que el incremento salarial este año debe estar entre el 4 y el 7%, ya que prácticamente 400.000 personas tienen sus salarios estancados en los últimos años.

“Mandamos un mensaje contundente a la patronal y es que deben mejorarse las condiciones salariales porque el escenario económico así lo permite. Desde CCOO vamos a dar la batalla convenio a convenio, sector a sector y nos movilizaremos allí donde persista el bloqueo”.

También ha puesto en valor la actuación de CCOO en el proceso de regularización de personas migrantes que ha permitido atender en sede a más de 2.000 personas en este periodo y tramitar cerca de 400 solicitudes. Y todo ello, con recursos propios materiales y humanos.

Ortega ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión del Consejo Regional de CCOO de Castilla-La Mancha, el máximo órgano de dirección entre congresos, que se celebra transcurrido un año desde el último cónclave regional. Una etapa de la que el secretario general ha hecho una valoración “muy positiva”, en cuanto a la situación y posicionamiento del sindicato, con 5.300 delegados y delegadas y ostentando el 43% de la representación en la región.

Uno de los castigos más comunes en muchas familias mediterráneas consistía en ser enviado a la habitación: “Castigado a tu cuarto”. La frase implicaba aislamiento, aburrimiento y una suspensión abrupta de la vida colectiva. El dormitorio era el espacio de la introspección forzada, del tiempo detenido y de la ausencia de sociabilidad. Mientras el resto de la casa seguía viva, con la televisión encendida, las conversaciones cruzando el comedor, el ruido de los platos o las visitas, el niño que se portaba mal permanecía recluido en aquel pequeño cubículo donde el día parecía terminar antes de tiempo.

Hoy este castigo resulta ciertamente más ambiguo. Con ordenadores, móviles y videojuegos conectados permanentemente al mundo exterior, muchos adolescentes viven precisamente lo contrario y el problema ya no es encerrarlos en la habitación, sino conseguir que salgan de ella. Las familias con hijos adolescentes conocen bien esa escena doméstica donde cada miembro permanece atrincherado en su dormitorio, conectado simultáneamente con decenas de personas y, al mismo tiempo, aislado físicamente del resto de la casa.

Quizá por eso las viejas sitcoms resultan hoy tan extrañamente optimistas. Las series de los noventa y de principios de los 2000 siempre transcurrían en el salón, el epicentro de las tramas y la acción. Los dos apartamentos enfrentados de Friends, el piso difícilmente dibujable de Cómo conocí a vuestra madre, el comedor del Eixample de la mítica serie catalana Plats Bruts, el piso compartido de The Big Bang Theory o incluso el sofá de Homer Simpson funcionaban como escenografías representativas del imaginario común de toda una generación: espacios centrales, abiertos y compartidos donde se desarrollaban la amistad, el conflicto, la conversación, la convivencia y, en general, la totalidad de la vida doméstica.

Los dormitorios quedaban relegados a un segundo plano, apenas insinuados en los márgenes de la pantalla. La cámara casi nunca entraba allí. Y cuando lo hacía, solía significar que el episodio alcanzaba un momento íntimo, romántico, melancólico o simplemente el fin del capítulo. Las habitaciones eran el fuera de campo de la vida activa que no suscitaba ningún interés y la verdadera acción ocurría siempre alrededor de una mesa, un sofá y un televisor.

Quizá por eso, aquellas ficciones de casas televisivas resultaban tan reconocibles y aspiracionales a la vez. Condensaban una determinada idea de hogar y de estilo de vida. El salón se erigía como el corazón simbólico de la vivienda moderna, el espacio donde la vida interior se volvía compartida, atractiva e incluso visible. 

La vivienda contemporánea, no obstante, parece avanzar justamente en la dirección contraria y en muchos pisos compartidos actuales, el salón ha dejado de ser un espacio central para convertirse en un territorio ambiguo, infrautilizado o directamente inexistente. En los casos más extremos, el antiguo estar se transforma en un dormitorio adicional separado de la cocina mediante un biombo, una cortina o un tabique improvisado. Allí donde antes había un sofá aparecen una cama de 90 centímetros, un escritorio plegable y una televisión individual. La vida común desaparece absorbida por una suma de habitaciones privadas que cristalizan la perversión especulativa de la vivienda y la desaforada ambición de lucro de la nueva clase social depredadora: los propietarios rentistas. 

La vida común desaparece absorbida por una suma de habitaciones privadas que cristalizan la perversión especulativa de la vivienda

Vivir en una habitación

Como arquitecto, he visto muchas viviendas ajenas por encargos varios como cédulas de habitabilidad, ITEs, certificados energéticos o reformas. A menudo salgo de ellas con una profunda desazón. Hay pisos compartidos donde cada habitación funciona como un pequeño búnker vital: armarios insuficientes, maletas visibles porque ya no hay espacio para esconderlas, zapatos alineados junto a la cama, cosméticos acumulados en bandejas porque nadie quiere dejar sus cosas en un baño compartido. Cada cuarto contiene una vida entera comprimida en pocos metros cuadrados. Se duerme, se trabaja, se estudia, se come y se socializa allí dentro. 

La habitación deja de funcionar como un dormitorio o una simple pieza privada de la casa y acaba convirtiéndose en una vivienda completa en miniatura de la que apenas se sale para ir al baño o cocinar, cuando la comida a domicilio no llega ya directamente hasta la cama. Hay familias enteras viviendo así. Parejas que alquilan una habitación, tienen un hijo y siguen encerradas en ella porque la distancia económica entre pagar 500 euros por un cuarto y 1.500 por un piso completo resulta hoy prácticamente insalvable. Esto último, en grandes ciudades, por impactante que parezca, es mucho más común de lo que solemos imaginar.  

La habitación, pensada históricamente como espacio íntimo y transitorio, acaba convirtiéndose en hogar permanente. El salón, mientras tanto, se convierte en un territorio hostil. Un espacio de tránsito sin arraigo, demasiado expuesto para sentirlo verdaderamente propio. En muchos pisos compartidos -donde cada vez es más frecuente que los inquilinos ni siquiera se conozcan previamente- nadie termina de apropiarse de las zonas comunes porque suelen convertirse en el escenario potencial de cualquier conflicto cotidiano. Realquileres, propietarios que aparecen constantemente para supervisar la vivienda, contratos temporales con una rotación incesante de inquilinos, parejas que se instalan de facto sin consultar al resto o conflictos por la limpieza y el uso de la cocina convierten los espacios comunes en una fuente permanente de tensiones.

La desaparición progresiva del salón no responde únicamente a un cambio estético o generacional. Tiene mucho que ver con la transformación económica de la vivienda y con la sobreexplotación contemporánea del espacio doméstico. En un mercado inmobiliario donde cada habitación puede alquilarse individualmente, el salón se convierte en el espacio menos rentable de la casa. Y por eso desaparece. Puede hacerlo por omisión funcional o directamente por anulación arquitectónica. El sueño húmedo del propietario especulador consiste en transformar un piso convencional en un laberinto de habitaciones autónomas.

En un mercado inmobiliario donde cada habitación puede alquilarse individualmente, el salón se convierte en el espacio menos rentable de la casa. Y por eso desaparece. Puede hacerlo por omisión funcional o directamente por anulación arquitectónica

Flexibilidad sin precariedad

Ya es ampliamente conocida la afirmación popular que reza que “si tu sofá está pegado a la pared, eres pobre”. La frase tiene tanto de chiste como de verdad. Solo quien dispone de espacio suficiente puede permitirse muebles extensos, rincones improductivos o salones concebidos únicamente para conversar y recibir visitas. Las viviendas que actualmente pueden permitirse buena parte de la clase media urbana -una clase media que probablemente habría sido considerada clase media baja hace apenas unas décadas- ya no admiten demasiados lujos espaciales. Cada metro cuadrado debe justificarse para un uso concreto. Los muebles tienen sitios predefinidos y se arriman al milímetro, se pliegan y se convierten en multifunción. El sofá-cama y la cocina abierta quizá sean el símbolo definitivo de esta domesticidad comprimida y polifacética.

El propio Decreto de Habitabilidad ya asume la existencia de espacios híbridos como la cocina, comedor y sala de estar en una única estancia. La normativa no obliga a disponer de un salón independiente, sino de una zona común habitable suficientemente amplia, flexible y bien iluminada. El problema no es que cocina, comedor y estar se aúnen, el problema aparece cuando cualquier espacio común o indefinido desaparece porque su existencia no constituye un requisito ineludible de la normativa.

Durante buena parte del siglo XX, la arquitectura moderna defendió precisamente lo contrario de lo que hoy producen muchos pisos hiperoptimizados: viviendas más abiertas, menos jerárquicas y adaptables a distintas formas de convivencia. La flexibilidad espacial se entiende como un requisito virtuoso que permite apropiaciones más libres y diversas del hogar. Algunos teóricos de la vivienda contemporánea incluso han defendido la idea de “ámbitos no especializados” con habitaciones sin una función rígidamente determinada, preparadas para albergar usos cambiantes según las necesidades de quienes las habitan. Varias promociones de vivienda pública – sin duda el terreno más experimental y disruptivo de la arquitectura plurifamiliar actual- ya han propuesto distribuciones con estancias desjerarquizadas que pueden colonizarse con total libertad en función del clima o de la situación de sus habitantes. El problema es que esa flexibilidad arquitectónica, pensada originalmente para ampliar posibilidades, también sirve muchas veces en el ámbito privado como coartada para comprimir espacio y justificar viviendas cada vez más pequeñas.

Flexibilidad no debe ser nunca sinónimo de precariedad: una cosa es diseñar espacios ambiguos y transformables; otra muy distinta es saturarlos hasta el límite para rentabilizar cada metro cuadrado con esta lógica multifunción. La vivienda contemporánea ha acabado convirtiendo algunas renuncias que son, en realidad, síntomas de empobrecimiento material, en modas aparentemente deseables. Ya ocurrió con los minipisos convertidos en piezas estéticas o incluso con ciertos modelos de coliving que presentan como innovación sofisticada formas de convivencia que recuerdan más a un colegio mayor a precio de hotel que a una vivienda emancipada.

La genealogía del salón

La historiadora británica Lucy Worsley recuerda en el libro Si las paredes hablaran. Una historia íntima del hogar (Capitán Swing) que los antiguos salones eran “los espacios públicos de un hogar, donde la vida se vive a la vista de los demás”. En aquellas habitaciones no solo se descansaba: se representaba una determinada posición social. “Los salones ilustran el arte de aparentar”, escribe también Worsley al reconstruir la evolución histórica del espacio doméstico. Durante siglos, la sala de estar funcionó como una frontera ambigua entre lo privado y lo público, entre la intimidad familiar y la necesidad de mostrarse ante los demás.

El problema no es que cocina, comedor y estar se aúnen, el problema aparece cuando cualquier espacio común o indefinido desaparece porque su existencia no constituye un requisito ineludible de la normativa

Worsley sostiene que la sala de estar es el lugar donde te creas a ti mismo, donde se exhiben fotografías, recuerdos familiares, objetos valiosos y una determinada representación de la propia identidad. El salón era por antonomasia el espacio de poder y de hospitalidad de las casas: el lugar visible para las visitas y la intimidad doméstica adaptada para una pequeña escenografía social.

Durante siglos, la forma del salón fue cambiando constantemente. La gran sala medieval concentraba buena parte de la vida colectiva en un único espacio común. Más adelante aparecieron las estancias especializadas de la vivienda burguesa: comedor, fumador, salón, biblioteca. Después, la modernidad integró nuevamente funciones en espacios abiertos y flexibles. Pero incluso entonces seguía existiendo algún tipo de ámbito compartido destinado a la convivencia cotidiana. Worsley apunta incluso que las actuales plantas abiertas recuerdan, en cierto modo, a aquellas grandes salas medievales de nuevo “más flexibles, adaptables y polivalentes”.

La desaparición del espacio común

En muchos pisos compartidos actuales, vivir consiste básicamente en alquilar una habitación y externalizar el resto de funciones vitales hacia la ciudad. Se come fuera, se estudia en bibliotecas, se trabaja en cafeterías o coworkings, se socializa en bares y, a veces, hasta la ducha más confortable es la del gimnasio. La vivienda se convierte progresivamente en una infraestructura mínima de supervivencia: un lugar donde dormir y guardar pertenencias antes de volver a salir, el lugar “donde caerse muerto”. 

Esta lógica alcanza situaciones extremas que rara vez aparecen en series televisivas o en el cine, que siguen representando unos estándares de vida de una teórica clase media que desgraciadamente no cesan de depauperarse. Familias enteras viviendo en habitaciones alquiladas, personas trabajadoras de 30 o 40 años que ya hace tiempo que cotizan y siguen compartiendo piso, gente mayor que tiene que ofrecer alguna habitación en alquiler para complementar la pensión o contratos temporales para inquilinos que en la práctica tienen modelos de vida de larga duración. Todas ellas son formas de infravivienda contemporánea que acabamos por normalizar dentro de este contexto acuciante de la vivienda como activo y no como derecho fundamental. 

Con esta degradación progresiva de los estándares habitacionales, la escasez de espacio se convierte en multifuncionalidad, la compresión doméstica se vende como minimalismo y la desaparición de ciertas comodidades básicas se presenta como una adaptación moderna y flexible a los nuevos estilos de vida. Quizá convendría recordar que no estamos eligiendo vivir así, sino simplemente aprendiendo a tolerarlo.

Probablemente la vivienda contemporánea no necesita seguir organizándose alrededor de un salón clásico, solemne y ceremonial, pero sí debería volver a reclamar espacios para lo común, para formas de convivencia improvisadas e improductivas donde la vida pueda suceder sin utilidad concreta ni rendimiento.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales y reclamación judicial. La investigación se inició tras la interposición de múltiples denuncias por estafas relacionadas con anuncios fraudulentos de alquiler de viviendas publicados en plataformas digitales.

El modus operandi consistía en publicar anuncios de pisos inexistentes a precios atractivos, dirigidos principalmente a personas con necesidad urgente de vivienda. Tras un primer contacto telefónico, los autores facilitaban documentación aparentemente legítima, incluyendo fotografías de documentos de identidad manipulados y contratos de arrendamiento ficticios, llegando incluso a realizar videollamadas con las víctimas para reforzar la credibilidad del engaño. Una vez generada la confianza, solicitaban a las víctimas el pago de cantidades en concepto de reserva o mensualidad anticipada, que debían abonarse mediante Bizum o transferencias a distintas cuentas bancarias.

Sin embargo, tras recibir el dinero, los supuestos arrendadores desaparecían, resultando los inmuebles anunciados completamente inexistentes. Como resultado de la investigación, se han detectado al menos 33 casos con un perjuicio económico superior a los 21.800 euros, si bien no se descarta que el número real de víctimas sea mayor, ya que muchas personas afectadas no llegan a denunciar este tipo de hechos.

La investigación permitió determinar la existencia de un grupo criminal estructurado que utilizaba identidades falsas, líneas telefónicas a nombre de terceros y cuentas bancarias gestionadas por “mulas”, con el objetivo de ocultar el origen y destino del dinero defraudado y dificultar la acción policial. El principal investigado presentaba una gran movilidad por todo el territorio nacional, acumulando 45 requisitorias judiciales y policiales, así como su implicación en decenas de hechos similares en otras investigaciones, siendo detenido en Algeciras (Cádiz) tras un dispositivo de vigilancia.

Durante el registro practicado se intervinieron diversos dispositivos electrónicos y teléfonos móviles utilizados para la comisión de los hechos. El detenido fue puesto a disposición judicial, ante el Tribunal de Instancia en funciones de guardia de la localidad gaditana, decretándose su ingreso en prisión.

Asimismo, se procedió a la detención de un segundo implicado en Zaragoza, considerado colaborador necesario dentro de la estructura delictiva, que tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

La Policía Nacional aconseja desconfiar de alquileres con precios excesivamente bajos o condiciones demasiado ventajosas y no realizar pagos por adelantado sin haber visitado previamente el inmueble. Igualmente, recomienda verificar siempre la identidad del arrendador y la titularidad de la vivienda; evitar enviar dinero mediante Bizum o transferencias a cuentas desconocidas sin garantías y revisar que la documentación facilitada no presente irregularidades. Ante cualquier sospecha, contactar con la Policía Nacional a través del 091.

La realidad y el desafío de vivir en un piso con pocos metros cuadrados es una de las consecuencias de la crisis de vivienda que atraviesa nuestro país, tanto por la falta de inmuebles asequibles como por la necesidad de compartir esos espacios para afrontar su coste. Así, recurrimos muchas veces a la decoración para crear esa sensación de espacio, con estrategias de iluminación y organización que facilitan el paso de la luz, nos ayudan a optimizar cada rincón y hacen que las habitaciones se perciban más amplias. No se trata solo de estética, sino de cómo se distribuye el mobiliario, cómo entra la luz y qué materiales se utilizan. Con decisiones inteligentes, cualquier espacio pequeño puede ofrecer comodidad y funcionalidad sin necesidad de ampliaciones o reformas costosas.

La percepción de amplitud está influida por elementos visuales, como el color de paredes y suelos, la altura del mobiliario y la continuidad de las superficies. Un espacio ordenado y bien iluminado transmite sensación de ligereza y permite que cada metro cuadrado cumpla múltiples funciones. La distribución estratégica del mobiliario, combinada con soluciones verticales y muebles multifuncionales, ayuda a que la circulación sea más fluida y a que cualquier espacio se perciba más grande de lo que realmente es.

Más allá de los aspectos visuales, el confort en espacios reducidos también depende de la organización. Reducir el exceso de objetos, escoger materiales ligeros y priorizar la funcionalidad sobre la cantidad de muebles facilita un entorno agradable y práctico. Existen estrategias concretas que destacan por su eficacia a la hora de generar sensación de amplitud en habitaciones de pocos metros cuadrados.

Baldas flotantes en las paredes

Las paredes ofrecen un recurso valioso que muchas veces pasa desapercibido. Instalar estanterías flotantes permite organizar libros, objetos o elementos decorativos sin ocupar espacio en el suelo. Este tipo de mobiliario vertical no solo libera superficie útil, sino que también genera continuidad visual, lo que contribuye a que las habitaciones se perciban más amplias y ordenadas.

Además, las baldas abiertas pueden adaptarse a diferentes alturas según las necesidades, ofreciendo almacenamiento personalizado. Distribuir los objetos de manera equilibrada evita la acumulación en el suelo y ayuda a que la vivienda se vea más despejada, reforzando la sensación de amplitud en cada habitación.

Crear luminosidad con colores claros

Los tonos claros en suelos, paredes y techos reflejan la luz natural y aumentan la sensación de espacio. Mantener una paleta uniforme y neutra permite que las distintas áreas se perciban conectadas, evitando que los ambientes se fragmenten visualmente. Los colores suaves también aportan una sensación de calma y ligereza que resulta especialmente útil en viviendas compactas.

Pequeños elementos, como alfombras claras, textiles neutros o revestimientos discretos, refuerzan este efecto sin sobrecargar la estancia. Combinados con una correcta iluminación, estos detalles hacen que incluso los espacios más pequeños se perciban amplios, cómodos y agradables, mejorando tanto la estética como la funcionalidad del hogar.

Multiplicar la utilidad de los muebles

En un espacio reducido, los muebles que cumplen varias funciones son esenciales. Las mesas con almacenamiento incorporado o camas con cajones permiten aprovechar cada metro cuadrado de manera eficiente. Este tipo de mobiliario reduce la necesidad de añadir más piezas y mantiene las habitaciones despejadas, contribuyendo a una sensación de orden y fluidez.

El diseño también influye en cómo percibimos el espacio. Piezas de líneas simples y estructuras ligeras ocupan menos espacio visual y permiten que la luz circule con mayor libertad. Al combinar funcionalidad y diseño cuidado, es posible que un espacio pequeño resulte práctico sin renunciar a la comodidad o a un aspecto equilibrado.

Liberar espacio con menos muebles auxiliares

Reducir los muebles que no son imprescindibles es una de las estrategias más efectivas para ganar sensación de amplitud. Mesitas, carritos o piezas de apoyo pueden ocupar espacio valioso y generar sensación de saturación. Priorizar los elementos esenciales y buscar soluciones integradas en la pared permite liberar superficie útil y mantener un ambiente más limpio y organizado.

Revisar regularmente qué muebles realmente aportan funcionalidad facilita la movilidad y evita que las habitaciones se sientan abarrotadas. Menos elementos significa más espacio visual y físico, lo que mejora la experiencia de cualquier espacio pequeño y hace que cada rincón cumpla su propósito de manera más eficiente.

Dejar que la luz fluya con estores

La manera en que se cubren las ventanas influye directamente en la entrada de luz y en la percepción del espacio. Los estores, al poder recogerse por completo y ocupar poco volumen, permiten que la luz natural llegue a todos los rincones y mantienen las paredes libres, evitando que las habitaciones se sientan cerradas o recargadas.

A diferencia de cortinas pesadas, los estores favorecen la continuidad visual y ayudan a que los ambientes se vean más abiertos. Elegir tonos claros potencia este efecto, haciendo que incluso los rincones más pequeños se perciban iluminados y confortables. Esta solución sencilla combina funcionalidad con estética sin comprometer la sensación de amplitud.

Aplicando estas cinco estrategias, un piso pequeño puede convertirse en un hogar funcional y cómodo. La combinación de baldas flotantes, colores claros, muebles multifuncionales, reducción de elementos secundarios y estores adecuados permite optimizar el espacio disponible y mejorar la percepción de amplitud sin necesidad de reformas. Con decisiones conscientes y planificación, incluso los metros más reducidos pueden ofrecer un entorno práctico, agradable y visualmente amplio.

Cantabria lideró en 2025 el incremento en el precio de la vivienda, que se elevó un 14,4 por ciento, hasta los 1.736 euros por metro cuadrado, según datos del Consejo General del Notariado. La subida del precio experimentada en Cantabria solo ha sido igualada por Murcia y se sitúa casi siete puntos por encima de la experimentada en el conjunto del país (7,5%). Todas las comunidades autónomas registraron incrementos.

Según los notarios, en Cantabria se efectuaron el año pasado 10.240 compraventas de vivienda, un volumen que no supone apenas variación respecto al año pasado. De ese global de compraventas, 7.794 fueron de pisos, lo que supone un 3,4% menos que en 2024, y 2.446 correspondieron a viviendas unifamiliares, que crecieron un 12,4%.

En los pisos, el precio del metro cuadrado se situó en los 2.093 euros, un 21% más que en 2024, una subida que cuadruplica a la experimentada en las viviendas unifamiliares, donde aumentó un 5,2%, hasta los 1.233 euros/metro cuadrado.

Por su parte, los préstamos para adquisición de vivienda repuntaron en Cantabria un 12,8% en 2025, hasta los 5.106, frente a un 13,7% de media nacional. La cuantía media fue de 145.441 euros, un 13,8% más, el segundo mayor incremento por comunidades.

En otro orden de cosas, la estadística de los notarios indica que en Cantabria se constituyeron en 2025 un total de 978 sociedades, un 1,8% más que el año anterior, con un capital medio de unos 17.600 euros, un 19,1% más. Sin embargo, de ese total de nuevas sociedades, 709 se constituyeron con un capital de entre 3.000 y 4.000 euros.

Suben un 10% los pisos a nivel nacional

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas aumentó un 4,4% en 2025 en comparación al año anterior, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones del año 2007, mientras que los préstamos para adquisición de vivienda aumentaron un 13,7%, hasta los 389.090 operaciones.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado avanzó un 7,5% respecto al año 2024, hasta situarse en 1.902 euros, por encima del máximo histórico de 2007 (1.832 euros), y con los mayores ascensos en Región de Murcia (14,4%), Cantabria (14,4%), Comunidad de Madrid (13,3%), Islas Canarias (12%) y Castilla-La Mancha (9,6%).

Respecto a los precios de los pisos, avanzaron un 10,1% con respecto a 2024, hasta alcanzar los 2.186 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.424 euros (+3,8%).

Las fotos de los pisos en internet aparentan transparencia, pero en el mercado inmobiliario actual pueden funcionar como espejos deformantes. Las plataformas de anuncios muestran imágenes que parecen extraídas de revistas de decoración, aunque a menudo representan algo distinto de lo que existe fuera del plano.

Por eso resulta esencial visitar un piso o una casa en persona antes de decidir, ya que los anuncios pueden inducir a error, sobre todo en un momento en que es fácil manipular y maquillar las instalaciones mediante programas de inteligencia artificial. En este sentido, la comodidad de buscar vivienda desde el sofá ha derivado en una nueva forma de engaño visual que altera la percepción de los espacios y de sus verdaderas condiciones.

La inteligencia artificial se convierte en un aliado masivo del sector inmobiliario

Los portales inmobiliarios acumulan cada vez más imágenes alteradas digitalmente que presentan viviendas en un estado mucho mejor del real. Según un reportaje de Futurism, los propietarios utilizan herramientas de inteligencia artificial para borrar manchas, ampliar habitaciones y colocar muebles que no existen. La práctica se ha extendido en plataformas como Zillow y Facebook Marketplace, donde los pisos parecen recién reformados y luminosos aunque carezcan de esas cualidades en la realidad.

El fenómeno llamó la atención del sector cuando la ilustradora DeAnn Wiley descubrió en Detroit un anuncio de una vivienda cuyo exterior había sido recreado con un nivel de retoque casi cómico. La fachada aparecía suavizada, las paredes relucían y los suelos eran aparentemente nuevos. En palabras de Wiley, la diferencia entre la imagen y la visita física era tan marcada que cualquier comprador se sentiría engañado.

La revista Slate recogió la opinión de Kevin Greene, directivo de la empresa Cotality, especializada en soluciones inmobiliarias. Greene explicó que “el mayor riesgo no está en la falsificación completa, sino en la manipulación sutil”. Detalló que las mismas herramientas capaces de iluminar una fotografía también pueden eliminar cables, añadir árboles o reemplazar un terreno seco por una piscina, lo que distorsiona la percepción de los futuros inquilinos.

En paralelo, la publicación Wired informó de que algunas compañías están llevando el recurso aún más lejos. Una de ellas, AutoReel, fundada por Alok Gupta, antiguo responsable de producto en Facebook, convierte las fotografías estáticas en vídeos breves para mostrar propiedades que, en muchos casos, solo existen digitalmente. Gupta declaró que los clientes que antes rechazaban estas opciones ahora las solicitan activamente. “En 2024 empezaron a decir cuéntanos más. Este año preguntan ¿cómo puedo empezar?”, afirmó.

El propio Gupta señaló que el uso de estas herramientas permite ahorrar entre 500 y 1.000 dólares en producción audiovisual, al evitar la contratación de profesionales. El fundador de la American Real Estate Association, Jason Haber, lo expresó de forma tajante al explicar que “nadie quiere pagar 500 dólares por un montaje cuando puede hacerlo en ChatGPT gratis en 45 segundos”.

Mientras tanto, el responsable de innovación de la National Association of Realtors, Dan Weisman, contó a Wired que ha detectado un crecimiento masivo de usuarios que recurren a la inteligencia artificial. “En las últimas semanas he estado en varias conferencias y, de cien personas, entre el 80% y el 90% levantan la mano cuando se les pregunta si usan IA”, afirmó.

Expertos alertan de las manipulaciones sutiles y reclaman una regulación firme

En el ámbito jurídico, el profesor asociado Derek Leben, de la Universidad Carnegie Mellon, advirtió en Slate de que quien compre una vivienda a distancia y descubra que fue engañado podría argumentar que firmó el contrato bajo condiciones falsas y solicitar su anulación.

La cuestión ética se extiende también al papel de las plataformas. Wiley insistió en que la responsabilidad debe recaer sobre los portales de anuncios: “El objetivo debería ser que las aplicaciones regulen su contenido para evitar posibles fraudes o manipulaciones durante la búsqueda”.

La manipulación de imágenes no cuenta todavía con regulación clara en Estados Unidos o el Reino Unido, aunque algunas iniciativas ya se estudian en Australia, donde los legisladores proponen que las fotografías retocadas se identifiquen como tales. Sin normas uniformes, los usuarios se ven obligados a comprobar por sí mismos si las viviendas que visitan se corresponden con lo que vieron en la pantalla.

El avance de la inteligencia artificial ha convertido la búsqueda de vivienda en un ejercicio de vigilancia personal, en el que la prudencia se impone a la apariencia. La visita física sigue siendo el único método fiable para confirmar si un piso tiene la luz, el espacio o el estado que las imágenes prometen.

Espero que esta vez, afrontar el reto de mantener una política estable de vivienda, que incida en todos los aspectos que la condicionan, vaya en serio. Lo deseo de verdad. Porque en serio nos la hemos tomado —y actuado en consecuencia— desde el Área Metropolitana de Barcelona y desde muchos de sus municipios.

Para nosotros no hay nada nuevo bajo el sol. Llevamos años trabajando, aprendiendo de la práctica y enfrentándonos a los mismos obstáculos. Lo único que pedimos es coherencia. Coherencia entre todos los actores políticos que aspiran a gobernar. Porque, si de verdad hablamos de país, de ciudad, de comunidad, hay políticas que deberían formar parte del consenso permanente, impermeables a los cambios de ciclo político. Y, entre ellas, sin duda, la política de vivienda debería ocupar el primer lugar.

Vivimos tiempos de mucho ruido y poca lírica. Los discursos se multiplican, los planes se anuncian, los recursos económicos se movilizan… pero a menudo la melodía de fondo sigue siendo la misma: la falta de continuidad, la falta de compromiso real.

Por eso, todo lo que ahora se está poniendo en marcha por parte de los Gobiernos de España y de Catalunya —recursos económicos, programas ambiciosos, nuevas leyes, incentivos fiscales— debe servir para corregir los desequilibrios estructurales del mercado libre. Hay que orientar los esfuerzos hacia donde más duelen las grietas sociales, hacia quienes viven en la precariedad habitacional o ven frustrada su posibilidad de construir un proyecto vital. Porque, no lo olvidemos, sin vivienda no hay vida. Sin un techo estable, todo lo demás —trabajo, educación, salud, convivencia— se tambalea.

A estas alturas, como en tantos otros temas, sabemos diagnosticar muy bien los problemas: hacemos informes, conferencias, debates, seminarios… pero sabemos que la gestión de los resultados llega despacio, requieren de tiempo: planificación, proyección, producción y ejecución, son años, y la ciudadanía ha de ser consciente.

Obviamente mientras tanto, hay vidas concretas detrás de las cifras. Son las familias de rentas bajas que no pueden acceder al mercado libre. Son las clases medias que ven frenado su ascensor social y sienten que su esfuerzo ya no basta. Son los ciudadanos que han vivido toda su vida de alquiler y que, al jubilarse, entran en modo pánico ante un mercado inestable, imprevisible y a veces cruel. Son las personas que se incorporan a nuestras ciudades para trabajar, y contribuir a la sostenibilidad del dinamismo económico, pero que no encuentran dónde vivir con dignidad.

Son también los barrios construidos en los años 60, que envejecen con déficits energéticos y de accesibilidad, y necesitan una profunda rehabilitación para seguir siendo parte del futuro urbano. Y, por supuesto, son los miles de hogares que dependen de un alquiler razonable, de un marco jurídico estable y de una oferta suficiente para que la vivienda deje de ser una carrera de obstáculos.

No se trata de inventar nada nuevo, sino de reformar y acelerar lo que sabemos que funciona.

Necesitamos planeamiento que garantice suelo urbanizable con seguridad jurídica frente a la especulación y con agilidad en su aprobación. Necesitamos recursos económicos suficientes y ayuntamientos ágiles en la gestión de licencias. Necesitamos abrir un debate honesto sobre la demanda y asumir un incremento de la producción —también en vertical— allí donde tenga sentido urbano y social.

Y, sobre todo, necesitamos continuidad: una política de vivienda. Se trata de mantener el rumbo cuando cambian los vientos, de actuar con visión de largo plazo. Una política de vivienda coherente se mide por su capacidad de resistir las legislaturas. No por lo que promete, sino por lo que deja consolidado.

Ojalá que esta vez vaya en serio. Que seamos capaces de mirar más allá del ruido y construir, de una vez por todas, una política de vivienda sólida, continua y compartida, porque la dignidad de un territorio empieza en la puerta de una casa habitable, como cimiento de la cohesión social.

Marta Vall-llossera Ferran (Lleida, 1962) es la presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Bajo su batuta, el organismo acaba de publicar un Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España. Sus recetas pasan, entre otras, por movilizar vivienda disponible, monitorizar el mercado para anticipar las medidas a adoptar, incrementar el parque de vivienda protegida e impulsar la rehabilitación y la obra nueva, además de implementar nuevas ayudas al alquiler, apostar por una mejor fiscalidad y limitar la vivienda turística, que resta personalidad a los barrios.

Piden un Pacto de Estado por la vivienda. Con el clima político actual, ¿es una utopía?

Tener una vivienda digna y asequible es un derecho fundamental, pero precisa tiempos largos y políticas estables. El problema viene de muy atrás, porque durante muchos años no se hicieron políticas activas, sobre todo en vivienda asequible y pública. Hay un retraso y, para volver a coger el ritmo y tener la disponibilidad necesaria en este momento, se requieren una serie de acciones que han de ser estables en el tiempo. Por eso es importante un pacto de Estado.

¿Habría alguna palanca para bajar el precio de la vivienda de forma rápida?

Hay una emergencia que hay que intentar resolver, al menos con acciones que puedan poner en el mercado el máximo número de viviendas. Los precios son muy altos porque hay un desequilibrio absoluto entre oferta y demanda. En el documento, planteamos medidas a corto, medio y largo plazo, que deben trabajarse en paralelo. A corto sería intentar poner en el mercado toda la vivienda vacía, apostar por la rehabilitación y reformar aquellas casas que, en tiempos cortos, podrían pasar al mercado.

En España ha habido muy poca cultura del mantenimiento y hay edificios con patologías estructurales de humedades e, incluso, a nivel funcional, que estaban planteadas para unos sistemas de vida en un determinado momento y que deberían haberse actualizado

¿Cómo es el parque de viviendas en España?

Tenemos un parque muy antiguo. Casi el 58% de las viviendas se realizaron cuando no había ninguna normativa sobre eficiencia energética de los edificios. Ahí tenemos un reto enorme, pues hablamos de un parque que necesita una renovación en muchos aspectos. Hablamos de temas de accesibilidad, con muchos edificios que no disponen de ascensores, lo que dificulta que las personas mayores puedan acceder de forma autónoma a la calle. Además, ha habido muy poca cultura del mantenimiento y hay edificios con patologías estructurales de humedades e, incluso, a nivel funcional, que estaban planteadas para unos sistemas de vida en un determinado momento y que deberían haberse actualizado. En cuanto a la eficiencia energética, es algo importantísimo, porque muchas familias afrontan dificultades para tener el confort necesario en sus viviendas por los altos costes de la energía.

Eso tiene un coste, que tal vez muchas familias no se pueden permitir. ¿Esto abre una brecha entre quien puede pagar la reforma de su casa y quien no?

Sí. Es muy importante partir de un diagnóstico previo, porque no se pueden generalizar soluciones. Quizás [las reformas] no se puedan abordar de forma completa, pero ver qué mejoras deben hacerse y planificar las actuaciones puede ahorrar muchísimos costes. Por ejemplo, un montaje de andamios es uno de los costes principales de una obra de reforma, así que si se aprovecha para hacer todas las obras, ahorras en todo el proceso. Creemos que es muy importante que haya incentivos y una apuesta por parte de la administración. Hemos tenido los fondos Next Generation, que han representado un incremento muy alto en la rehabilitación. No han sido suficientes, pero si considerables, así que hay que seguir apostando por ayudas, incentivos fiscales y subvenciones.

El Plan de Recuperación contaba con 3.420 millones para rehabilitación residencial y eficiencia energética y otros 2.000 para rehabilitación integral de edificios. ¿Se están aprovechando esos fondos?

Ha habido un incremento, de 2019 a 2024, de un 116% en cuanto a rehabilitación. Partíamos de 25.500 viviendas rehabilitadas en 2019 y ahora estamos en unas 55.000. En 2024, el incremento fue considerable, pero sigue siendo insuficiente. No ha habido la agilidad suficiente en la tramitación de los fondos y mucha gente se ha desanimado en todo ese proceso. Hemos hecho un diagnóstico que trasladamos a las administraciones públicas, para que se pueda mejorar esa parte en futuras convocatorias.

Siempre que sea posible, rehabilitar y aprovechar el parque edificado es mucho mejor que los crecimientos urbanos

Hay voces críticas con que una cuantía tan grande de fondos se haya ido a rehabilitación y no a nueva construcción.

Debemos buscar los equilibrios. Siempre que sea posible, rehabilitar y aprovechar el parque edificado es mucho mejor que los crecimientos urbanos, que deben hacerse también de forma ordenada y planificada donde haga falta vivienda. Por supuesto que hace falta vivienda nueva, pero el hecho de apostar por la rehabilitación de barrios y sobre la ciudad consolidada es muy importante.

En el informe advierten que la vivienda turística tensiona el mercado y encarece el alquiler. ¿Qué tipo de regulación puede proteger la vida en los barrios?

El alquiler turístico debe regularse en función en cada zona y teniendo en cuenta la diversidad. Hay zonas muy tensionadas, donde la afectación es mayor, incluso puede llegar a producir gentrificación urbana y las ciudades acaban perdiendo su identidad propia. Hay que regular también el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, donde genera molestias a los vecinos.

Cuando hablamos de la crisis de la vivienda solemos centrarnos en el acceso, pero hay otros problemas que no se ven a simple vista. ¿Hay un problema de infraviviendas tras las fachadas?

Para que una vivienda sea habitable hay un mínimo de exigencias en cuanto a metros cuadrados, salubridad, ventilación, iluminación… y tiene que cumplir con la legalidad. ¿Qué tamaño mínimo debe tener? Pues debe responder a las necesidades del momento de cada persona, que también van variando a lo largo del tiempo. No es lo mismo un hogar unipersonal, que una familia con hijos o cuando se van haciendo mayores. Hablamos de las dificultades de acceso de los jóvenes, quizás por la precariedad laboral, los sueldos bajos o los problemas para dar la entrada de una hipoteca o las fianzas que se exigen para alquilar, pero las personas mayores tienen otras necesidades. Nos enfrentamos a un envejecimiento muy importante de la población, donde está empezando a haber una tendencia de la atención domiciliaria frente a la hospitalización. Tal vez hay que ir pensando en nuevos formatos de vivienda para estas personas.

“Ampliar y mantener el parque público”

Estiman que, si no se hubieran descalificado las viviendas protegidas, hoy lo serían el 38% del total. ¿Cómo valora la propuesta del Gobierno de blindar el parque público lo sea a perpetuidad?

Lo vemos positivo. Es necesario hacerlo así y más cuando hay dinero público. Estamos en un parque que ronda el 3,3%, frente a la media europea, de casi el 10%. Y hay países que superan con creces esas cifras. Es necesario ampliar y mantener ese parque.

También piden una monitorización que permita atajar las desviaciones del mercado y enfocar las políticas públicas. ¿Hasta qué punto están las administraciones a ciegas ante el problema actual?

Nos faltan muchos datos. Muchos. En una ponencia en el Colegio [de arquitectos] de Baleares nos explicaban que se dice que hay tantas viviendas vacías, pero después resulta que no. Nos hace falta monitorizar datos y estamos en un momento en el que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías lo permiten: análisis de flujos de gente, de desplazamientos, de consumo de viviendas… Hay muchos temas que monitorizar y todo ese conocimiento nos va a ayudar a plantear soluciones más adecuadas en el momento.

¿Cómo valoran el Plan Estatal de Vivienda que ha presentado el Gobierno?

En general nos parece un plan acertado. Menciona la Ley de Calidad de la Arquitectura, que es una apuesta importante y que, hablando de pactos, consiguió su aprobación sin un voto en contra, lo que es un éxito a resaltar; habla de la importancia de que en todos estos procesos se mantenga la identidad y la parte más arquitectónica; y también de los concursos de arquitectura, que generan frescura, nuevas ideas, tipologías e incluso formatos de viviendas que enriquecen lo existente. Tiene muchas cosas positivas y estamos analizándolo con detenimiento para hacer algunas aportaciones.

¿Por dónde van a ir esas aportaciones?

Creemos que hay que apostar por los concursos de proyectos, porque es la manera de apostar por la calidad arquitectónica. Son concursos en los que se establecen unos requisitos y los arquitectos participan, normalmente de forma anónima, lo que da posibilidades a mucha gente. El trabajo se hace de forma completa en todas las fases: proyecto, ejecución y dirección de obra. En estos momentos, y por el tema de la industrialización, a veces se apuesta más por concursos de proyecto y obra, donde nos preocupa que se primen más criterios de precio frente a calidad. Se pueden conjugar ambas cosas y es muy importante que el industrial sea uno más dentro del equipo desde el inicio para poder mantener la unidad del proyecto hasta el final.

Hay muchas administraciones que están apostando por una vivienda pública de muchísima calidad

Habla de conjugar calidad con precio. En un momento en el que los precios están disparados, ¿cómo convencería a alguien de pagar un poco más por un buen proyecto arquitectónico?

La calidad del proyecto arquitectónico cuesta muy poco más y apostar por una arquitectura que nos identifique es la clave. La historia nos da la razón en eso. Los criterios de calidad constructiva vienen marcados por normativas muy estrictas que además son una apuesta en positivo, porque mejores condiciones energéticas evitan costes a futuro y representan ahorros en el tiempo. La calidad en un edificio que va a tener una vida útil de muchísimos años es una apuesta segura. Aquello de que lo barato sale caro es una realidad.

Entonces, ¿se puede aspirar a un parque público de vivienda con la misma calidad que el privado?

Totalmente. Hay muchas administraciones que están apostando por una vivienda pública de muchísima calidad. En los premios de Arquitectura del Consejo hemos premiado mucha vivienda pública. Hay buena arquitectura, buena construcción y soluciones muy novedosas e interesantes, que se han hecho con buenos concursos de proyecto.

¿Cómo impactan los modelos de concentración de oportunidades en las grandes ciudades en esta crisis?

En el informe hablamos de la necesidad del equilibrio territorial. Se está concentrando mucha gente en las grandes ciudades, pero debemos tener una mirada más allá. Hablamos del edificio, la vivienda, la escala urbana, pero también de una escala territorial a nivel superior, de poder dotar de determinadas infraestructuras a zonas que están despoblándose o utilizar recursos que puedan aliviar la concentración en las ciudades.

Es una mirada que va mucho más allá de la vivienda

Es más amplia, pero a veces, a pocos kilómetros, tienes ciudades medianas, con muy buena calidad de vida y que, con ese estudio y dotándolas de transporte o de determinadas medidas, pueden paliar esas grandes concentraciones y favorecer esos equilibrios territoriales.

¿Se han adaptado las casas en las que vivimos a las nuevas necesidades de la sociedad?

Se van adaptando. Aparte de todos esos aspectos más relacionados con las patologías, energéticos, etc., está la parte funcional. No solo por los modelos familiares, que quizá antes eran casas con muchísimos más metros cuadrados, con cocinas independientes… Ahora hay tendencia a espacios más flexibles y funcionales, que tiene que ver a veces con mejoras en cuanto al tema energético, por las ventilaciones cruzadas, que son sistemas que habían utilizado nuestros antepasados con muchísima sabiduría y en los que deberíamos volver pensar. ¿Cuándo hay que ventilar? ¿Cuándo que cerrar? ¿Cuándo hay que poner unos elementos que eviten la entrada de luz solar en verano o que en cambio nos hacen falta en invierno?

Un menor tutelado por la Diputación de Bizkaia ha sido detenido este jueves tras apuñalar a una educadora de la Red de Hogares de menores de Bizkaia en piso el piso en el que vivía en el barrio bilbaino de Txurdinaga. La agresión se ha producido esta madrugada y tras el ataque la mujer ha tenido que ser trasladada al hospital de Basurto donde sigue ingresada, según ha adelantado El Correo. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hay una persona detenida tras lo ocurrido, sin embargo, al tratarse de una información relacionada con menores no pueden aportar más datos. Lo mismo argumentan desde la Diputación de Bizkaia para no ofrecer más información.

Desde el comité de empresa del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de Bizkaia, el organismo autónomo encargado de gestionar los centros y servicios sociales adscritos a él, sostienen que esta agresión no es un hecho aislado. “Viene a poner en evidencia una realidad que venimos sufriendo desde hace tiempo: el perfil de los menores de nuestros hogares es cada vez más complejo y coincide con un dimensionamiento insuficiente de las plantillas, en especial, durante los turnos en los que una única trabajadora debe atender a varios menores sin el apoyo necesario”, denuncian en un comunicado.

En el escrito trasladan su total solidaridad y apoyo a la trabajadora e informan de que los sindicatos con representación en el IFAS, ELA, LAB, UGT y Satse están trabajando conjuntamente con la dirección para “garantizar la seguridad de toda la plantilla”. “La integridad física y psicológica de las personas trabajadoras y la puesta en marcha de medidas preventivas efectivas debe ser una prioridad innegociable”, defienden los trabajadores, que destacan las necesidades de la plantilla.

“Aspectos como la valoración adecuada de los perfiles destinatarios de estos recursos, la actualización de protocolos y las evaluaciones de riesgos laborales de estos recursos, la revisión y la actualización de los protocolos de prevención y de actuación ante situaciones de riesgo y que se dote a los hogares de los recursos materiales y humanos suficientes, no son negociables”, sostienen desde el comité de empresa que reiteran su exigencia de implementar “las medidas necesarias, no solo para prevenir agresiones, sino también para poder dar una atención digna, profesional y segura a los menores y responder adecuadamente a las necesidades que surgen día a día”.

Santander podría transformar decenas de solares vacíos en nuevos hogares para cientos de familias. Es la propuesta de Cantabristas, que plantea la construcción de 1.217 viviendas sociales en pleno centro urbano como solución “al abandono y a la especulación” que, según denuncia esta formación política, padece la ciudad desde hace décadas. Su plan, ya registrado en el Ayuntamiento, proyecta instrumentos legales y el coste económico para llevarlo a cabo, con el objetivo de devolver vida y vecindario a barrios históricos como El Pilón, Entrehuertas, Tetuán o la calle Alta.

“Es imprescindible volver a llenar de vida nuestra ciudad, volviendo a hacer habitable el centro de la capital y revitalizando un núcleo urbano que languidece año a año ante la inoperancia de un Ayuntamiento que solo gobierna pensando en las élites turísticas”, ha declarado el portavoz cantabrista en la capital cántabra, Manuel Núñez.

El proyecto parte de un exhaustivo catálogo de 130 solares urbanos vacíos, elaborado por Cantabristas con medios propios y registrado oficialmente el pasado 3 de julio, con el objetivo de dar respuesta a uno de los problemas estructurales de la ciudad. Y es que el propio proyecto hace un diagnóstico claro de la situación: “Abandono, ruina y pérdida de habitantes”.

Santander ha perdido aproximadamente 40.000 habitantes en el centro durante las últimas tres décadas. La población ha descendido de 191.079 personas en 1991 a 172.726 en 2023. Mientras tanto, barrios periféricos como Cueto, San Román o Peñacastillo han crecido, “quedando en muchos casos mal conectados con el centro y los servicios públicos básicos”.

Así pues, tal y como denuncia Cantabristas, el resultado directo de este abandono del núcleo urbano de la ciudad de Santander es el vaciamiento constante de las viviendas del centro, con su consecuente deterioro, que, en muchos casos, “ha llegado a su máximo exponente convirtiendo zonas donde antes vivía gente en solares abandonados que solo son focos de suciedad, abandono y nidos de ratas”.

Frente a ello, esta formación política apuesta por la vivienda social como eje de un nuevo modelo de “ciudad compacta, redensificando el núcleo urbano”. “Así podremos conseguir que la población pueda volver a plantearse vivir en el centro de la ciudad y, con ello, estimular la actividad comercial minorista para reavivar la actividad del comercio local, y reducir el tráfico motorizado para hacer más amable y saludable la vida urbana”, destaca Cantabristas en su proyecto.

Las 1.217 viviendas sociales se distribuirían en parcelas urbanas ya dotadas de servicios básicos y con edificabilidad legal y con función social, según el Plan General de 1997 y la Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria.

Dos vías

Y para la ejecución del plan, Cantabristas ha planteado dos vías administrativas: “Una primera, preferente, que cuente con la colaboración de los propietarios, y una segunda, si no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, que fuerce la edificación mediante la ejecución subsidiaria de la construcción o mediante la expropiación en base a criterios sociales y de beneficio para la mayoría”.

En el primer caso, este partido plantea una “Administración facilitadora y colaboradora, que medie con los propietarios, adquiriendo los porcentajes de edificación de aquellos que no quieran o puedan edificar, y facilitando su venta a otros interesados”. En el segundo, si no hay acuerdo, plantea que el Ayuntamiento inicie el proceso de “venta forzosa” tras cuatro años de inacción -periodo máximo que establece la Ley del Suelo autonómica para que los propietarios edifiquen y no vulneren la función social del uso del suelo urbano-.

“En esta situación, proponemos que el propio Ayuntamiento de Santander participe en la subasta a fin de adquirir suelo edificable de gran rentabilidad económica, con el fin de generar vivienda de protección oficial en régimen de alquiler”, apunta Cantabristas en el documento.

El proyecto no solo identifica las parcelas, sino que incluye una metodología precisa de cálculo: reparcelamiento, altura media del entorno, coeficientes de aprovechamiento y tipologías de vivienda (de 65, 80 y 100 metros cuadrados). También se han proyectado los costes de construcción por fases anuales. “Las cuentas salen. Si no lo hacen, es porque no quieren”, aseguran desde Cantabristas.

Medidas complementarias

Además de la construcción de viviendas, el documento plantea medidas que refuerzan la sostenibilidad del proyecto. En primer lugar, una orrdenanza de estilos arquitectónicos “centrada en las características principales de la estética santanderina popular”. Como ejemplo de ello, Cantabristas plantea que los tradicionales miradores o balcones que antes se construían con madera se construyan con materiales más modernos como el PVC o el acero, añadiendo sus ventajas a la esencia tradicional.

Asimismo, propone urbanizar zonas urbanizables no desarrolladas en el centro, como la comprendida entre Tantín, Santa Lucía, San Simón, la calle Aguayos y el Río de la Pila. Además, Cantabristas defiende el uso social y comunitario de los locales bajos de los nuevos edificios, cuando sea posible, como un espacio “para aparcar y guardar bicicletas, con el fin de contribuir a la promoción de la movilidad sostenible en el núcleo urbano”.

Finalmente, esta formación aboga por urbanizar los solares vacíos de la periferia, “aunque no sea tan urgente” como los del centro, ampliando, por ejemplo, zonas como el Sector 4, “cuyo plan de ejecución data de hace más de 15 años y que todavía no ha concluido su fase de construcción, dado que se rige no solo por criterios de necesidad social, sino también por los intereses privados especulativos de las constructoras e inmobiliarias”.

“El suelo urbano está para utilizarlo”

El proyecto, tal y como detalla Cantabristas, se fundamenta partiendo de la base “de los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano -cuyo fin marca la ley que es edificar para proporcionar vivienda al conjunto social y mantenerla en buen estado de conservación- y entendiendo la planificación urbanística como una herramienta al servicio de la mayoría social, que evite la especulación urbanística y la gentrificación”.

“El suelo urbano está para utilizarlo. Es un suelo dotado de servicios que estamos pagando todo el vecindario de Santander y que Gema Igual está dejando que caiga en la ruina sin preocuparse de los problemas que esto genera -entre otros, los de la salubridad y la higiene-”, ha explicado Núñez en un comunicado.

“El Ayuntamiento del PP solo parece estar preocupado por los bolsillos de sus amistades, que pueden enriquecerse mucho con la especulación que ya está afectando al núcleo urbano santanderino”. Es por ello que el portavoz cantabrista lo tiene claro: “Es hora de actuar y de plantear posibilidades reales, que solo requieren de voluntad política e interés por mejorar el bienestar general de la ciudadanía”.

Uno de los planes del Gobierno de Cantabria es adaptar locales de su propiedad como viviendas. La primera experiencia está en Laredo en un edificio de promoción oficial que construyó la empresa pública Gesvicán y cuyos bajos, que se pensaron como locales, serán acondicionados como apartamentos. Lo sui generis de este primer caso anunciado por el consejero del área Roberto Media (PP) es que parte de la superficie de estas viviendas estarán bajo tierra.

El edificio linda con dos calles (Ruayusera y Revellón), que están a diferente nivel, por lo que dos de los tres apartamentos que tendrán acceso desde una de ellas se internarán bajo la cota de superficie de la obra, por lo que su adaptación requiere de un sistema de ventilación complementario al natural y que puede ser híbrida o mecánica.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, anunció a primeros de junio la adjudicación de las obras de acondicionamiento dentro del plan del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP), para sacar al mercado 285 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible. Una de las variantes del plan es acondicionar locales como vivienda.

El proyecto de adaptación ha sido adjudicado a la empresa Multihogar Cantabria 2016 SLU por un precio de 211.296 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses

Los tres apartamentos se distribuirán en los 173 metros cuadrados útiles de la planta baja de un bloque de ocho viviendas de protección oficial que forma parte de una promoción ejecutada por Gesvicán. El apartamento de mayores dimensiones contará con 63,43 metros cuadrados y se distribuirá en un salón-comedor-cocina, dormitorio, armarios, paso/armarios, trastero y baño. Otra de las viviendas dispondrá de 57,27 metros cuadrados repartidos en un salón-comedor-cocina, dormitorio, armarios, dos trasteros, despensa, paso/armarios y baño. Y el tercer apartamento, de 52,17 metros cuadrados, dispondrá de salón-comedor-cocina, dos dormitorios, pasillo y baño.

Todos tendrán acceso directo desde el exterior: uno por la calle Ruayusera y los otros dos por la calle Revellón. Otra cosa es su desarrollo interno. Excepto el que está en la cota superior y acceso por la calle Ruayusera, los otros dos tendrá acceso por la calle Revellén, pero su superficie se interna bajo tierra.

Sin luz exterior en esa parte de la vivienda, la adaptación ha de cumplir una serie de reglamentos que requerirán de sistema de ventilación (híbrido o mecánico) y otros complementos energéticos como la instalación de una bomba de calor aerotérmica para ACS con capacidad de acumulación de 150 litros (sistema que extrae el calor del aire exterior y lo transfiere al agua), mientras que para la calefacción se utilizarán radiadores eléctricos.

La conversión de almacenes, locales comerciales y oficinas en viviendas es un fenómeno en alza. Entre 2021 y 2023, se han registrado 306 inmuebles de estas características como nuevas viviendas, y en el conjunto de España la cifra roza los 28.000. Sobre datos del Catastro, el cambio de uso más común en Cantabria se ha realizado sobre almacenes (138) e industria (79), en este último caso, principalmente, en lo que respecta a pequeños talleres convertidos en viviendas.