El Gobierno se atasca con la crisis de vivienda: choque entre los socios y medidas fiscales que no avanzan

Al Gobierno se le atragantan las medidas sobre vivienda y sus dos almas vuelven a tropezar, una y otra vez, con la misma piedra. El anuncio del presidente Pedro Sánchez de una bonificación fiscal para los caseros que no suban los precios ha soliviantado a Sumar, con quien los socialistas llevaban semanas negociando un real decreto para la congelación de los alquileres y a quienes la declaración del lunes pilló por sorpresa. No es la primera vez que el ala socialista anuncia ventajas impositivas para los propietarios, en un contexto de aumento de rentas para los inquilinos. Y tampoco que los de Yolanda Díaz y otros socios parlamentarios se muestran radicalmente en contra.

Pedro Sánchez arrancó 2025 con un gran foro sobre vivienda. Rodeado de hasta nueve ministros, anunció un paquete de medidas destinadas a paliar “el mayor problema de las clases medias en Europa y en España”. Un año después, el presidente se enfundó un chaleco de seguridad y se presentó en el inicio de las obras de demolición de la Operación Campamento para anunciar una bonificación fiscal a los caseros, mientras varias de esas palancas con las que el PSOE quiere desbloquear la crisis residencial siguen sin activarse.

La medidas que se le atascan al Ejecutivo también tienen que ver con la fiscalidad. El plan anunciado hace doce meses incluía hasta cuatro cambios tributarios: una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios de vivienda en alquiler que ajustasen sus precios al índice de referencia del Ministerio, que los pisos turísticos paguen IVA, una reforma del régimen fiscal de las socimis y un gravamen a la compra de casas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes.

El objetivo de fondo con algunas de estas propuestas era saltarse el bloqueo de las comunidades del PP a la ley de vivienda, aprobada en la legislatura anterior. Esta norma ya contempla bonificaciones fiscales del 90% para los caseros de zonas tensionadas que bajen los precios un 5% y de un 70% para quienes alquilen por primera vez a inquilinos de entre 18 y 35 años, pero el requisito es que esas zonas hayan sido declaradas como tal y esa pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos, la mayoría de ellos 'populares' y en contra de esta herramienta.

En aquel momento, Sumar celebró el “cambio de tono” del PSOE, pero pidió “ir mucho más allá”, mientras algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como ERC y Bildu, reclamaron también más ambición y Podemos criticó abiertamente que algunas de esas propuestas suponían “regalar dinero público” a los caseros. Fuentes de Moncloa trasladaban entonces que las medidas, que incluían la puesta en marcha de la nueva empresa pública de vivienda Casa 47, el impulso del nuevo Plan Estatal, un Perte centrado en el sector de la construcción o la creación de un aval público de impagos, no eran todas las que gustarían al Ejecutivo, pero si eran “viables”, dada la aritmética parlamentaria.

A diferencia de otras, las medidas fiscales deben pasar por el Congreso. En mayo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció la presentación de una proposición de ley para “impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles”. El texto contenía ese paquete, que Sánchez había avanzado cinco meses antes e incorporaba una subida de impuestos a las casas vacías, con las que pretendía movilizar tres millones de inmuebles deshabitados. Sin embargo, al margen de esta propuesta, volver a poner sobre la mesa las bonificaciones a propietarios volvió a despertar las críticas de los socios.

Más allá de la retórica, y en un momento de crisis que nadie niega, esas medidas no se han aprobado un año después de ser anunciadas por el presidente y continúan su trámite parlamentario mientras Sánchez pretende sacar un real decreto-ley que deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días desde su aprobación en un Consejo de Ministros que todavía no tiene fecha y que ya cuenta con el rechazo de Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue la primera en señalar que “en estos términos”, la propuesta no tendrá su apoyo, porque “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”, pero ha sido el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien se ha puesto al frente de la oposición en el seno del Gobierno.

“Abordar la crisis de vivienda a través de bonificaciones fiscales a los propietarios es algo que no compartimos y que no vamos a aceptar nunca, porque es injusto, no va a funcionar y porque la solución existe y se llama prórroga de los contratos”, insistió Bustinduy este mismo viernes. Los ministros de Sumar presentaron en octubre un “plan de intervención urgente” en materia de vivienda el pasado mes de octubre. Era su propio decreto-ley, que incluye la limitación de la compra de inmuebles a aquellos que vayan a alquilarse a precio asequible, una prórroga de los contratos de tres años y la congelación de los precios.

En aquel momento, el portavoz del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, llegó a pedir la dimisión de la ministra Rodríguez, en unas declaraciones que rectificó después la propia Díaz. Desde el Ministerio de Vivienda han evitado en todo momento, entonces y ahora, entrar al choque con el socio. “Siempre vamos a sumar y a buscar acuerdos con quienes defienden el derecho a una vivienda digna por encima de todo y siempre confrontaremos con quienes alientan la especulación”, dijo la ministra esta semana en una entrevista en Onda Cero. Pero lo cierto es que desde el ala socialista han trasladado la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que “no da la seguridad jurídica necesaria” a la prórroga de los alquileres, dijo el miércoles la ministra portavoz Elma Saiz.

Desde Consumo alegan que ya se hicieron prórrogas similares hasta en ocho ocasiones, cinco de ellas fuera del paraguas del estado de alarma por la covid. “La emergencia habitacional que existe en este momento y ha sido declarada por el presidente del Gobierno es un contexto más que necesario para que se lleve a cabo otra prórroga de alquileres”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Al margen de la aprobación o no del real decreto-ley, que Vivienda está negociando con los grupos parlamentarios y de la letra pequeña que derive de esas conversaciones, algunas voces hablan de que el anuncio de Sánchez de bonificar al 100% a quienes no suban los precios puede pisar sus propias medidas previas, como la bonificación al 90% de quien baje el precio un 5%. “Podría percibirse que los propietarios que mantienen el precio obtienen más ventajas fiscales que aquellos que lo rebajan”, señalaba el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, en un comunicado en el que reclamaban “mayor concreción” y “reestructurar los incentivos en el IRPF para evitar distorsiones”.

Los técnicos de Hacienda señalan, además, que “aún es pronto para evaluar el impacto de las bonificaciones vigente”, que entraron en vigor en enero de 2024, y “aún no ha transcurrido un plazo suficiente para analizar su eficacia”. No obstante, consideran que “las medidas fiscales pueden ser útiles para afrontar ciertos problemas del mercado inmobiliario, pero no son suficientes por sí solas para resolverlos”. En este sentido, reclaman una “inversión pública decidida que aumente significativamente la oferta de vivienda, garantizando así un mercado más accesible para los ciudadanos”.

La palanca de la inversión es la que quiere activar el Ministerio de Vivienda con el nuevo Plan Estatal, que está ultimando con las comunidades. Aunque la previsión era cerrarlo en diciembre, desde el departamento de Rodríguez han primado el acuerdo con los gobiernos autonómicos, que son quienes deberán ejecutar buena parte de ese plan. El Ejecutivo central ha puesto tres requisitos: que las comunidades acepten triplicar la inversión y aumentar la corresponsabilidad hasta los 40%, hasta un total de 7.000 millones de euros; proteger de forma permanente las casas que se construyan con dinero público; y ofrecer datos oficiales de forma transparente.

El Gobierno juega con el reloj en contra para paliar la crisis residencial. Sobre todo, teniendo en cuenta el decalaje entre el planeamiento de una vivienda y la entrega de llaves, que puede alargarse durante años, y un sector de la construcción que quedó muy tocado tras el estallido de la burbuja en 2008. Con todo, el número de visados de obra nueva había experimentado en los últimos ejercicios un repunte, todavía insuficiente para paliar el déficit de unas 700.000 viviendas que estima el Banco de España. Un interés inversor que comienza a resurgir en un mercado que lo vende todo, por una apuesta de las administraciones públicas por la vivienda y por la estabilidad financiera y que, según el informe Euroconstruct Invierno 2025, ha hecho crecer a este sector en España en un 4% en el último año.

Al hilo de la construcción, el Ministerio de Vivienda ha apostado por levantar un parque público robusto, en línea con los países del entorno del 9% del total. En 2024, las administraciones dieron un impulso inversor y desde el Gobierno central se han inyectado recursos para levantar la producción de vivienda protegida hasta el 18% del total de las iniciadas, duplicando las del año previo, hasta llegar a las 24.000 comenzadas. Con datos de enero a septiembre, en 2025 se habían comenzado 11.567 viviendas protegidas, algo menos que las 12.355 que en el mismo periodo del año previo, pero más que las 8.195 que los tres primeros trimestres de 2023.

Además, durante todo este año, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha estado trabajando en la puesta en marcha de la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, otro de los anuncios de Sánchez el pasado mes de enero. A ella se están transfirieron unas 45.000 viviendas de la Sareb, el conocido como 'banco malo', y la compañía estatal ha puesto en marcha convocatorias piloto para los primeros alquileres asequibles pero, de nuevo, el tiempo no da tregua. “Esto no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitarlo en el futuro”, aseguró su presidenta Leire Iglesias, que en una entrevista en la Cadena Ser calculó que se necesitarán, “al menos, cinco años” para paliar el problema.

Entre tanto, los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra no paran de subir. Un informe de la tasadora Tinsa indica que las casas se han encarecido un 13,9% en un año, con picos de hasta el 15,2% en las áreas metropolitanas, del 14,6% en las capitales y grandes ciudades y un 13,9% en las islas, mientras los portales inmobiliarios registran incrementos de los contratos de arrendamiento del entorno del 10% interanual. Con excepciones. El alcalde Barcelona, Jaume Collboni, explicó este miércoles en el Senado que los precios en su ciudad habían bajado un 4,9% tras la declaración de zonas tensionadas y el ayuntamiento de A Coruña compartió esta misma semana que la ciudad “registra una nueva bajada del precio medio y lidera en Galicia la firma de contratos”, según datos oficiales de su observatorio de vivienda, algo que atribuyen a esta medida, que se activó en el municipio gallego en mayo.

En lo que hay consenso absoluto en las dos almas del Gobierno es en reclamar a las comunidades autónomas del PP que declaren zonas tensionadas, que permitan topar los precios de forma paliativa. O, al menos, que sigan el ejemplo de Galicia que, tras meses de trabas, aceptó la petición en Coruña, gobernada por los socialistas. “Nos permite parar de golpe [el aumento de precios] y ganar tiempo hasta que haya más oferta”, verbalizaba Collboni. El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, ya advirtió el pasado verano que la vivienda es el “agujero negro” por el que se cuelan todos los buenos datos macroeconómicos del país.