Un informe y dos lecturas: Europa busca una respuesta común a la crisis de vivienda entre visiones enfrentadas

Las instituciones europeas tratan de trazar una hoja de ruta para atajar un problema de vivienda global, que ataca a buena parte del continente. Los precios de compraventa se han disparado en un 61% en los últimos 15 años y los del alquiler han subido un 29% en toda la UE, según los datos de la Comisión Europea, que el pasado mes de diciembre presentó un Plan de Vivienda Asequible para movilizar 150.000 millones de euros. Además, la presidenta Ursula von der Leyen nombró al primer comisario europeo con una cartera específica, Dan Jørgensen, y el Parlamento creó una comisión especial para proponer medidas concretas frente a la crisis residencial.

Fruto de esos trabajos, la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la UE ha elaborado un informe, que el Pleno del Parlamento Europeo deberá ratificar en un par de semanas, previsiblemente el 10 de marzo. El texto, negociado entre liberales, conservadores y socialdemócratas, y con el eurodiputado del PPE Borja Giménez como ponente, no tiene carácter vinculante, sino que señala las prioridades que deberían regir las políticas estatales, siempre bajo un principio de subsidiaridad. “Es una competencia de los Estados miembros, de los entes locales y regionales”, apuntaba el propio Giménez este viernes en un encuentro con periodistas, donde admitía que “hay 27 mercados inmobiliarios, cada uno con sus particularidades”.

Más allá de ser una declaración de intenciones, el documento muestra también la dificultad para plantear una estrategia común, capaz de ser asumida por gobiernos de diferente signo político. “Para nosotros, está lejos de ser perfecto”, apunta la eurodiputada socialista Alicia Homs, que ha justificado el apoyo de su grupo tras lograr introducir “aspectos que sí lo son y es necesario que lleguen a la Comisión, para que los pueda tener en cuenta”.

En concreto, los socialistas celebran haber incorporado cuestiones como la atención al sinhogarismo, el reconocimiento de modelos de vivienda alternativa, como las cooperativas, límites a la especulación y la financiarización de la vivienda o el refuerzo de los derechos de los inquilinos, mejorando la transparencia y reforzando los mecanismos de resolución de conflictos. “El borrador inicial se dedicaba exclusivamente al derecho a la propiedad, con el cual estamos de acuerdo”, señala Homs, que lanza una reflexión: “El 0,05% de las casas están okupadas y el 40% de la población en Europa es inquilina. Si tenemos que hacer un equilibrio, quizá habría que hablar incluso más sobre sus derechos y protecciones”.

La “seguridad jurídica” de los propietarios de viviendas en alquiler ha sido uno de los ejes capitales del Partido Popular, tanto en Europa como a nivel nacional. “En España hemos observado que la laxitud frente a estos fenómenos es un efecto de expulsión de vivienda del mercado y, por tanto, de oferta”, señala González, un día después de que decayera en el Congreso el escudo social que protege a los hogares vulnerables frente a desahucios.

Un IVA súperreducido para vivienda social y en alquiler

Según los datos que recoge el informe, en toda la Unión Europea hacen falta 10 millones de viviendas, unas 700.000 de ellas en este país, acorde a las estimaciones del Banco de España. De hecho, la construcción es uno de los ejes centrales de la propuesta. “Si no hay vivienda, los precios van a estar disparados”, apunta González, que propone el mix de recetas clásicas de la derecha: menos trámites, la implantación del silencio administrativo y bajada de impuestos. En este sentido, una de las propuestas pasa por ampliar la capacidad de los Estados para aplicar un IVA súperreducido para la construcción de vivienda con fines sociales, rehabilitación o alquiler residencial. “Abriría la puerta a poder pasar de entre un 6 a 10% a entre un 2 a un 5%”, ha señalado.

“Es evidente que hay que construir más”, concede Homs, pero “más vivienda pública y asequible, que es lo que falta en este momento”. “Nos estamos encontrando con gente de clase media, con buenos sueldos y problemas para pagar el alquiler que no puede plantearse comprar una casa”, ha señalado la eurodiputada socialista. Y en este sentido, también hay discrepancias en torno al informe. “La solución al problema de la vivienda, desde nuestra perspectiva, no vendrá de tener un parque público monumental”, considera Giménez, que apuesta por este tipo de solución como fórmula de “transición” hacia el mercado libre.

Un fondo propio para vivienda

La financiación es otro de los ejes centrales del informe. Hay varias vías por las que canalizar las inversiones, desde los fondos europeos hasta el papel que puede jugar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la creación de una cuenta específica para vivienda, tanto en materia de construcción como en rehabilitación. Según los datos de la Comisión, una de cada diez ciudadanos comunitarios tiene problemas para mantener una temperatura adecuada en su hogar y 800.000 viviendas sociales necesitan ser renovadas cada año.

En la misma línea, los negociadores han acordado reclamar a los Estados que revisen sus normas estatales sobre ayudas para facilitar la inversión pública en vivienda social, “respetando la diversidad de los mercados nacionales”. “Tras la crisis financiera hubo importantes restricciones al crédito para el sector de la construcción. Sabiendo de dónde venimos, queremos que haya cierta laxitud”, añade González.

La propuesta incluye también una línea dedicada a la transparencia de la información. “Sin datos, estamos ciegos para el diseño de estas políticas”, reconoce González, que propone “utilizar Eurostat para compartir datos” y “crear una nueva plataforma digital de la UE”. De hecho, la opacidad del mercado es un diagnóstico común. En España, el flujo de información es uno de los requisitos que el Ministerio de Vivienda ha puesto sobre la mesa para adherirse al nuevo Plan Estatal, para el periodo 2026-2030, previsto para diciembre de 2025, pero que todavía no se ha presentado.

Pese a las discrepancias, el eurodiputado 'popular' pone en valor que pese a las “visiones diferentes” es “un éxito” que en Bruselas grupos tan diversos en sus planteamientos hayan sido “capaces de aprobar una posición conjunta”. La clave será si esas propuestas pueden trasladarse a un ecosistema competencial de sensibilidades también diferentes.