Un brote de Ébola fuera de control en medio de una guerra interminable: qué está pasando en el Congo

La República Democrática del Congo (RDC) vuelve a mirar al este, una región que nunca terminó de salir de la guerra. En Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri, la violencia armada ha dejado de ser una crisis intermitente para convertirse en una forma de gobierno de facto. Allí, el Estado congoleño ya no controla partes de su propio territorio, sino que el Movimiento 23 de Marzo (conocido popularmente como M23), un grupo rebelde militar, ha consolidado administraciones paralelas y millones de personas viven entre desplazamientos y servicios básicos al borde del colapso.

El nuevo brote de ébola, que ya supera los 900 casos sospechosos y ronda las 240 muertes, ha golpeado esa misma zona. En este enclave del continente africano, la epidemia no puede entenderse como un fenómeno separado de la guerra. El virus avanza donde la inseguridad impide rastrear contagios, los hospitales no siempre son seguros y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias se alimenta tras años de abandono. 

Una guerra que no se explica solo por hutus y tutsis

El actual conflicto en el este de la RDC no empezó con el último brote ni se explica solo por la rivalidad entre hutus y tutsis. El genocidio de Ruanda de 1994 es una pieza imprescindible para entender el conflicto, pero no es la única.

Ya había un conflicto interno entre congoleños antes de que la llegada de refugiados ruandeses agravara la situación

Florence Kavira, periodista congoleña en República Democrática del Congo advierte, durante una entrevista con elDiario.es, de que antes de 1994 ya existían tensiones internas en el este del país, especialmente en territorios como Rutshuru y Masisi. Algunas comunidades hutu congoleñas se consideraban plenamente congoleñas, pero denunciaban no ser reconocidas como tales y quedar excluidas de los espacios de toma de decisiones. “Ya había un conflicto interno entre congoleños antes de que la llegada de refugiados ruandeses agravara la situación”, explica. 

Tras el genocidio ruandés, la llegada de refugiados hutus y tutsis mezcló esas tensiones locales con problemas de seguridad regional, identidad, ciudadanía y control territorial. La aparición del M23 en 2012 retomó precisamente un discurso de denuncia de la marginación de ciertas comunidades, especialmente tutsis congoleñas, que reclamaban mayor representación dentro del país. 

“El este de la RDC se ha convertido en una zona donde se superponen conflictos comunitarios, intereses económicos, intervención extranjera y debilidad estatal. El resultado es un mapa fragmentado por grupos armados, algunos con raíces locales, otros vinculados a dinámicas regionales y otros articulados alrededor del control de rutas, minas o pasos fronterizos”, explica Kavira. 

El M23: de grupo rebelde a autoridad paralela

La diferencia ahora es la escala del avance del M23. En enero de 2025, el grupo tomó Goma, la capital de Kivu Norte. Semanas después capturó Bukavu, capital de Kivu Sur y, desde entonces, el grupo ha consolidado su control sobre zonas estratégicas del este y ha pasado de actuar como una fuerza rebelde a ejercer funciones propias de una autoridad territorial. 

Por otro lado, para Kinshasa, la guerra no es solo una rebelión interna, sino una agresión sostenida por un país vecino: Ruanda. Para Kigali, la presencia en el este de la RDC de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (conocidas como FDLR), un grupo formado en parte por combatientes hutus ruandeses que huyeron del genocidio en 1994, representa una amenaza directa a la seguridad fronteriza del país vecino. Para la población congoleña, y como apunta Kavira, esas explicaciones geopolíticas se traducen en una vida atrapada por grupos armados, ejércitos regulares, milicias y autoridades que “no siempre pueden o quieren” protegerles. 

Kavira explica que “en las zonas ocupadas por el M23/AFC (esta última es la Alianza Río Congo, una coalición política y civil más amplia que sirve como brazo político y diplomático del M23), el Estado congoleño no controla la seguridad. Es el M23 quien administra esos territorios con una estructura paralela, con sus propios gobernadores, alcaldes y autoridades locales. Esto es lo que está pasando en ciudades importantes como Goma y Bukavu, en las dos Kivus”. 

Recursos estratégicos por los que pugnan China y EEUU

El conflicto del este de la RDC no puede entenderse sin la relación entre Kinshasa y Kigali. Desde hace años, Ruanda acusa a la RDC de tolerar o colaborar con las FDLR, mientras que el Gobierno congoleño señala a Ruanda como sostén y principal financiador del M23, además de un actor interesado en influir y controlar una región estratégica y rica en recursos naturales. El país posee entre el 60% y el 80% de las reservas mundiales de coltán y se extrae principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como otros recursos mineros estratégicos como el cobalto, el cobre, el oro o los diamantes, entre otros. “El papel de Ruanda es central y Kigali está detrás del M23”, apunta Kavira. “Además, las FDLR no solo representan una amenaza para Ruanda, sino también para la población local que sufre saqueos, abusos y violencia”, insiste. 

El resultado es un conflicto que ya no puede leerse únicamente como una guerra interna, sino que se presenta como una disputa regional con, incluso, alcances e intereses internacionales. En esta última dimensión mundial han entrado potencias como Estados Unidos y China, en plena competencia global por el acceso a minerales estratégicos como el litio, el coltán y el cobalto.

Antes de la firma de los llamados Acuerdos de Washington, el presidente congoleño Félix Tshisekedi ya había ofrecido a Donald Trump un acceso preferencial a los inmensos recursos minerales de la RDC. Tras la firma, Washington anunció acuerdos bilaterales, tanto con Ruanda como con RDC, para facilitar el acceso de empresas estadounidenses a minerales críticos de la región. Ese pacto incluía un componente económico relacionado directamente con la explotación y exportación de recursos estratégicos en el este del país. Según explican varios analistas, los operadores económicos de Estados Unidos están especialmente interesados en las minas de coltán de Rubaya, en Kivu Norte, que producen alrededor del 15% del coltán mundial. Aun así, el problema sigue siendo el acceso a ese territorio. Muchas de esas minas se encuentran en zonas controladas por el M23, lo que plantea interrogantes sobre cómo podrían operar legalmente compañías extranjeras en áreas fuera del control efectivo del Estado. 

Estados Unidos no es el único actor interesado. En marzo de 2026, la RDC y China firmaron en Pekín un memorando de entendimiento para reforzar su cooperación minera. El acuerdo, firmado por los ministros de Minas y Recursos Naturales de ambos países, busca ampliar la presencia china en un sector que Pekín ya domina ampliamente en varios países del continente africano y donde contempla mecanismos de protección de inversiones y procesamiento local de recursos. La firma llega en un contexto de creciente competencia por los minerales africanos mientras Occidente, y principalmente Estados Unidos, impulsa proyectos como el Corredor Lobito, una infraestructura ferroviaria diseñada para conectar las minas de la RDC y Zambia con el Atlántico a través de Angola para así reducir la dependencia occidental de las cadenas de suministro controladas por China. 

El impacto sobre la población civil del conflicto y la violencia del M23, alimentado por un creciente interés estratégico sobre la región, es devastador. Según cifras de Médicos sin Fronteras, más de cinco millones de personas están desplazadas, un 96% a raíz de la violencia armada, entre Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. “Moverse tampoco significa estar a salvo. Aunque desde Goma era posible viajar a Bukavu, Butembo o incluso Ituri, algunos trayectos siguen siendo peligrosos, especialmente los que atraviesan el parque de Virunga, donde las FDLR cometen ataques, saqueos y asesinatos”, apunta la periodista congoleña. 

El ébola en una zona de guerra

La epidemia ha golpeado una región donde casi todos los mecanismos necesarios para contener la enfermedad infecciosa están dañados. Manuel Albela, epidemiólogo de Médicos sin Fronteras explica que responder a una epidemia de ébola de estas dimensiones es “extremadamente difícil” en un contexto marcado por una gran crisis humanitaria y un conflicto armado. “Todo ello debilita la vigilancia epidemiológica, la detección de contactos y el acceso rápido a los servicios de salud”, insiste en una entrevista con este medio. 

Hay que garantizar que pacientes y personal sanitario puedan acudir a un hospital o centro de salud sin miedo a contagiarse allí

La gravedad de la situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pedir el pasado 27 de mayo un “alto al fuego inmediato” en el este de la RDC para contener el brote, que según EFE ya supera los 900 casos sospechosos y ronda las 240 muertes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus apuntó que: “No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas”. El problema no es solo que haya ébola en una zona de guerra, es que la guerra crea las condiciones perfectas para que el ébola se propague. 

Ahora, la prioridad de MSF, según Albela, es la bioseguridad en las estructuras de salud. “Hay que garantizar que pacientes y personal sanitario puedan acudir a un hospital o centro de salud sin miedo a contagiarse allí. Si la población no confía en los centros sanitarios, muchas personas con síntomas preferirán quedarse en casa, con el riesgo de contagiar a familiares y vecinos”, explica el representante de MSF. 

Ese miedo no es hipotético. MSF asegura que ya se han producido ataques contra estructuras dedicadas a la respuesta a la epidemia, muchas veces vinculados al miedo, la desinformación o la falta de información sobre la enfermedad. Kavira apunta la misma dificultad desde el terreno: “Muchas personas no creen en la existencia del ébola o lo interpretan como una invención o manipulación”. 

A eso se suma la naturaleza del brote. El virus causante pertenece a la variante Ébola Bundibugyo, para la que no existen vacunas o tratamientos específicos. Aunque su tasa de letalidad, estimada entre el 30% y el 50%, es menor que la de la variante Ébola Zaire, el contexto hace que el riesgo se multiplique. A ello se añaden otros dos factores: que el ébola golpea a un sistema sanitario ya en colapso y la reducción de la financiación internacional. Sobre esto último, el epidemiólogo de MSF señala que los recortes de diversos donantes han debilitado aún más los sistemas de salud y vigilancia y critica la retirada del apoyo del Banco Mundial, que afecta a más de 500 centros de salud en Kivu Sur.