El Gobierno destina 60 millones de euros para que más gente tenga acceso al dentista

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 60 millones de euros para reforzar la cartera de salud bucodental entre la población infantojuvenil, incrementar la prestación para los llamados colectivos priorizados —como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o determinados pacientes oncológicos— y empezar a incorporar al sistema público a las personas mayores de 65 años. Estos fondos deberán ser ejecutados hasta 2028.

El Ministerio de Sanidad ya dio el primer paso para financiar el dentista a este grupo de edad en julio de 2025, con otros 68 millones de euros para las comunidades. En esta ocasión, el departamento que dirige Mónica García autoriza la distribución de otros 60 millones “para ampliar la cartera de salud bucodental”, indican, que serán gestionados por las autonomías.

Según explican desde el ministerio, el acuerdo contempla que el 10% de estos fondos se distribuyan en función del peso poblacional de ese colectivo de mayor edad. Para el resto, “los criterios de distribución incorporan variables ponderadas según los distintos grupos de población atendidos, incluyendo menores de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos del territorio cervicofacial”.

Según los datos del Ministerio, los esfuerzos por ampliar la cobertura de salud bucodental en los últimos años han hecho que estas prestaciones lleguen ya al 30% de la población infantojuvenil; al 25% de las mujeres embarazadas; y al 3% de las mayores de 65 años. Este grupo se incorporó en 2025, mientras los menores de 15 años fueron incluidos ya en 2023.

Las enfermedades bucodentales son las afecciones no transmisibles más prevalentes a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, que calcula que sufren patologías de este tipo más de 3.500 millones de personas en todo el mundo. Según un informe del grupo privado Donte Group, sufragar el dentista para los mayores de 65 años en España supondría un gasto sanitario de entre 517 y 853 millones de euros.

172 millones para Atención Primaria

El Consejo de Ministros ha aprobado también otra partida de 172,4 millones de euros para el desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que se distribuirá entre las comunidades autónomas durante 2026. En este caso, el 50% de la financiación dependerá de variables objetivas y la otra mitad al cumplimiento de cuatro hitos relacionados con empleo público, puestos de difícil cobertura enfermeras especialistas y estabilidad de unidades docentes, que “todas las comunidades han cumplido para 2026”, aclaran desde Sanidad.

Con estos fondos, el Gobierno quiere impulsar la “optimización de procesos administrativos, el impulso de la Inteligencia Artificial para transcripción en consulta, la renovación de equipamiento clínico y el refuerzo de la capacidad diagnóstica, especialmente en infecciones de transmisión sexual”.

Real decreto de tecnologías sanitarias

El Gobierno ha aprobado también el real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias. El nuevo marco pretende adaptar el Sistema Nacional de Salud al reglamento europeo y agilizar la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, “garantizando la equidad, eficiencia y sostenibilidad” del sistema.

“El objetivo de la norma es regular cómo se van a evaluar las tecnologías sanitarias cuando estos análisis sirvan para apoyar decisiones públicas sobre financiación, precio, incorporación a la cartera de servicios, modificación de las condiciones de uso o retirada de tecnologías sanitarias”, indican desde el Ministerio de Sanidad.

La futura regulación no será vinculante para la toma de decisiones, aunque incorpora cambios en las evaluaciones. Por ejemplo, se fija un máximo de 180 días naturales para completar estos procesos y, si ya existe una evaluación clínica conjunta de la Comisión Europea, se prohíbe expresamente la duplicidad de evaluaciones clínicas sobre eficacia y seguridad. De este modo, se centran “los esfuerzos nacionales en determinar el valor añadido y analizar los aspectos no clínicos, como el impacto económico, organizativo, social, ético y ambiental, específicos del contexto español”.

Además, incorpora la participación sistémica de la sociedad civil en todas las etapas de evaluación. “El sistema ya no se limita a un análisis de expertos a puerta cerrada, sino que otorga un papel protagonista a las organizaciones de pacientes y de personas con discapacidad. Esta apertura asegura que la evaluación no solo mida datos clínicos, sino que considere de forma explícita el impacto real en la calidad de vida de los afectados, valorando aspectos clave como la usabilidad de las tecnologías, la facilidad de uso y la eliminación de barreras de accesibilidad que puedan condicionar el éxito de un tratamiento”, indican desde Sanidad.