El naviero Vicente Boluda, una de las mayores fortunas del país, ha sido absuelto de denuncia falsa. Un abogado del Estado, José Antonio Morillo Velarde, se querelló. Lo hizo tras conseguir archivar una querella que le había puesto el empresario y que le acusaba de prevaricar. El naviero contraatacó asegurando que, en realidad, sufría una extorsión. El tribunal que le ha juzgado, en una sentencia dictada el viernes 20 de marzo, considera que, si bien la querella que Boluda presentó contra la cúpula de Puertos no prosperó, “el encausado y sus asesores entendieron que visto el conjunto de actuaciones que se estaban llevando en el ámbito de la autoridad portuaria podían estar actuando para perjudicarle, que si bien puede ser una visión o interpretación subjetiva porque no favorecía sus intereses, ello no significa o no se ha acreditado que lo hiciera con conciencia de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”.

En 2020, Vicente Boluda jugó fuerte. Una de sus empresas, Rebapa, con intereses en remolcadores en Canarias, se querelló contra la anterior cúpula de Puertos del Estado, lo que incluía al abogado del Estado José Antonio Morillo Velarde. El naviero consideraba que estaba siendo perjudicado en un concurso para favorecer a una empresa alemana. El caso tuvo poco recorrido judicial y fue rápidamente archivado.

Pero Morillo Velarde no se quedó quieto y acusó al naviero de denuncia falsa. Fue un choque sin precedentes entre un alto funcionario y el empresario. El abogado del Estado acudió a la justicia a título particular. La de denuncia falsa es una acusación que rara vez prospera, y menos si, como en este caso, la fiscalía no lo apoya. Aun así, Morillo Velarde logró sentar en el banquillo a Boluda, en una imagen insólita. El naviero alegó que sufría “un inadmisible intento de extorsión económica”, algo que Morillo negó.

 Ahora, la sentencia absuelve a Boluda. La juez de instancia de Las Palmas considera evidente que Boluda es “evidente que contrata al letrado y es quien decide finalmente si se ejercita o no las acciones penales correspondientes” y que Rebapa achacaba a Morillo “unos hechos que de ser ciertos, serían constitutivos de delito”. Pero la juez destaca en que hay que ver si lo que atribuía Boluda a Morillo era falso y si, además, presentó la querella con desprecio a la verdad.

Según la sentencia, Morillo realizó informes jurídicos pero “en ningún caso por iniciativa propia y de forma unilateral, cuyo contenido lo hizo conforme a su criterio jurídico, avalado por el dictamen superior, y sin perjuicio de lo resuelto por el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo”.

Pero eso no implica que Boluda “encargase interponer la querella contra el Sr. Rómulo a sabiendas que los hechos que se le atribuían en la misma eran inventados o falsos, y este elemento no se ha acreditado”. “El encausado y sus asesores entendieron que visto el conjunto de actuaciones que se estaban llevando en el ámbito de la autoridad portuaria podían estar actuando para perjudicarle, que si bien puede ser una visión o interpretación subjetiva porque no favorecía sus intereses, ello no significa o no se ha acreditado que lo hiciera con conciencia de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”. Por todo, queda absuelto. Contra esta sentencia cabe recurso.

La empresa del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se enfrenta a una doble sanción por haber iniciado las obras de su nueva torre de oficinas de 12 alturas y de su conexión con su actual sede sin la correspondiente licencia municipal.

Como avanzó en exclusiva elDiario.es, el Ayuntamiento de València ordenó el pasado mes de abril la paralización inmediata de los trabajos tras revelar este diario que se habían iniciado sin los permisos de obras, lo que además derivó en la apertura de expediente sancionador. El pasado mes de julio, el servicio de licencias de actividades que depende de alcaldía y por delegación de competencias en el concejal de Urbanismo, Juan Giner, rechazó en su conjunto las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de Boluda Corporación Marítima S. L. (BCM), compañía del naviero.

En sus alegaciones, BCM justificó la necesidad de iniciar las obras sin la licencia formal “por la inacción administrativa que impedía al promotor cumplir con los plazos establecidos en la concesión. La actuación del promotor no responde a una voluntad de eludir la legalidad urbanística, sino a la imposibilidad material de obtener una resolución en plazo por parte de la Administración”.

Sin embargo, en la respuesta firmada por Giner el pasado 3 de julio, el Ayuntamiento rechaza todas estas cuestiones al asegurar que la legislación impide iniciar las obras de un edificio de nueva planta sin licencia, que el plazo de concesión de este tipo de permisos es de seis meses: “Incluso un eventual retraso en la tramitación del expediente, cuya valoración resulta irrelevante para resolver la presente controversia, no confiere derecho alguno ni puede hacerse valer para justificar el inicio de las obras sin haberse materializado el otorgamiento de las licencias”, dice textualmente.

Además, añade que en las certificaciones ECUV presentadas “se hace constar que el proyecto aborda obras que afectan a un edificio catalogado, lo cual incrementa la relevancia jurídica en el aspecto patrimonial a la hora de conceder una licencia de obras, lo cual no resulta baladí”.

Ahora, según la documentación recabada por este diario, los diferentes servicios municipales han iniciado el procedimiento para establecer las correspondientes sanciones. En esta línea, el pasado 14 de agosto el servicio del procedimiento sancionador solicitó al de actividades diversos informes a fin de establecer la cuantía de una multa por infracción leve al comenzar los trabajos sin los pertinentes permisos municipales y otra por infracción grave por afectar las obras a un edificio catalogado.

Sobre la eventual infracción leve, se solicita informe “sobre el valor de la obra ejecutada, y ello a los efectos de poder cuantificar la cuantía de la sanción de multa que por la comisión de la infracción corresponda imponer”, dice la resolución municipal.

En cuando a la infracción grave añade: “Como quiera que las obras que se están llevando a cabo afectan a un edificio catalogado, los hechos serían susceptibles de ser calificados como una infracción grave tipificada en el art. 283 LOTUP, se informará sobre la existencia de demolición, destrucción o deformación en cualquier otra forma, total o parcialmente, de construcciones, edificios y otros inmuebles objeto de protección especial por el planeamiento urbanístico por su carácter monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional (...) informando asimismo, a efectos de cuantificar la sanción por la comisión de esta infracción, sobre el valor del suelo y sobre el valor de la obra ejecutada que se corresponda con la descripción del tipo infractor del apartado 2 del art. 283”.

A preguntas de esta redacción sobre todas estas cuestiones, desde Boluda Corporación Marítima S. L. no se han pronunciado.

Compromís pregunta por la multa

Al respecto, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha aplaudido que “después de muchos meses y un incomprensible silencio el concejal de Urbanismo, Juan Giner, se ha decidido a remitir por fin la presunta infracción urbanística de las obras sin licencia municipal de la torre de Boluda en el puerto de València al Servicio de Procedimiento Sancionador para que inicie el oportuno expediente para incoar la sanción correspondiente”.

Puchades ha recordado que “casualmente la comunicación se efectuó con una celeridad inusitada después de que el 9 de julio presentáramos una pregunta escrita al Pleno municipal sobre la ausencia de comunicación, un olvido que rápidamente subsanaron al día siguiente, 10 de julio, para que la Delegación de Control Administrativo, dependiente del concejal Marí Olano, abriera el expediente sancionador en fecha 14 de julio”.

Sin lugar a dudas, ello permitió que la respuesta escrita del gobierno municipal, en fecha 22 de julio, indicara textualmente que “más allá de que la resolución de la paralización de la obra no es un incumplimiento directo de la Ley Urbanística manifestar que como en el resto de paralizaciones de obra, el acta e informe sí que se le comunicó al Servicio de Procedimiento Sancionador a los efectos oportunos”.

Según el edil de Compromís, “la desidia del gobierno de la alcaldesa María José Catalá en este tema es más que evidente. Tras evitar paralizar las obras del macrocomplejo el Grupo Boluda durante meses hasta que se conocieron a través de los medios de comunicación ahora se ha remitido el expediente al ralentí para iniciar la sanción por la supuesta comisión de dos infracciones, que todavía están pendientes de cuantificar económicamente” y advierte: “Desde Compromís estaremos muy vigilantes para supervisar la correcta tramitación administrativa, asegurar el cobro de las posibles sanciones y garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la Administración pública”.

El pulso entre el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y el Ayuntamiento de València a cuenta de la paralización de las obras de su nuevo edificio de oficinas iniciadas sin licencia, tal y como destapó elDiario.es, lleva camino de acabar en los tribunales.

El servicio de licencias de actividades que depende de alcaldía y por delegación de competencias en el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha rechazado en su conjunto las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de Boluda Corporación Marítima S. L. (BCM), la empresa del naviero, contra la orden de paralización de los trabajos dictada el pasado mes de abril. Ahora, la compañía tiene un plazo de dos meses si quiere recurrir en el juzgado de lo contencioso-administrativo.

En sus alegaciones, BCM justificó la necesidad de iniciar las obras sin la licencia formal “por la inacción administrativa que impedía al promotor cumplir con los plazos establecidos en la concesión. La actuación del promotor no responde a una voluntad de eludir la legalidad urbanística, sino a la imposibilidad material de obtener una resolución en plazo por parte de la Administración”.

La compañía del naviero aseguró en su recurso que cumplió “sustancialmente con todas sus obligaciones de cara a obtener la licencia en cuestión, incluso contratando los servicios de una ECUV para simplificar la tramitación” y achacó “la falta de entrega de la licencia en un plazo razonable a la administración y su falta de diligencia en la tramitación de la misma”. Por este motivo, exigió que se “revoque la orden de paralización de las obras”.

Sin embargo, en la respuesta firmada por Giner el pasado 3 de julio, el Ayuntamiento rechaza todas estas cuestiones al asegurar que la legislación impide iniciar las obras de un edificio de nueva planta sin licencia, que el plazo de concesión de este tipo de permisos es de seis meses: “Incluso un eventual retraso en la tramitación del expediente, cuya valoración resulta irrelevante para resolver la presente controversia, no confiere derecho alguno ni puede hacerse valer para justificar el inicio de las obras sin haberse materializado el otorgamiento de las licencias”, dice textualmente.

Además, recuerda que “la presentación de certificaciones ECUV no representan un derecho automático a la concesión de la licencia, sino que como bien se expone en el recurso, sustituyen al informe urbanístico; ahora bien por tratarse la licencia de un acto administrativo reglado, cabe comprobar todos aquellos aspectos de naturaleza sectorial no contemplados ni verificados en las certificaciones aportadas, con independencia de que las obras se emplacen en zona portuaria o fuera de ella”.

Cabe destacar respecto a este punto en concreto, que “las Certificaciones ECUV aportadas indican la justificación del cumplimiento de un Plan Especial que no es válido, ni se encuentra en vigor, sino que se halla en tramitación, un detalle a tener en cuenta.a la hora de resolver sobre la licencia solicitada”.

Como informó este diario, el Ayuntamiento ha sacado a exposición pública el Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de Valencia que daría cobertura legal al nuevo edificio de 12 alturas. También ha sido aprobado el procedimiento ambiental al no tener “efectos significativos sobre el medio ambiente”.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? ¿Qué te ha parecido la última bravuconada del presidente de Estados Unidos? Una vez más, con unas formas más parecidas a las de un matón. Donald Trump ha amenazado a España por el no del Gobierno español al 5% del PIB en gasto militar. El mandatario ha asegurado que “es terrible lo que está haciendo España y le vamos a hacer pagar. Tendrán que pagarnos en comercio”.

Al presidente de EEUU solo le interesa que el resto de países compren productos (también armas) norteamericanas y le vale cualquier asunto, amenazas mediante, para lograrlo. Trump ha señalado que a España “le va muy bien, la economía va muy bien”. Debe ser por este motivo por el que al PP solo se le ha ocurrido el extraño argumento político de decir que Pedro Sánchez había sido apartado de la foto de los dirigentes en la cumbre de la OTAN. Extraña estrategia.

De todas maneras, esta semana la noticia económica en España ha sido la decisión del Gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a tirar de imaginación: aprueba la Oferta Pública de Adquisición pero no permite a las entidades fusionarse en los próximos tres años. Además de mantener las condiciones que determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con el visto bueno de la CNMC y del Banco Central Europeo era muy difícil que el Gobierno vetase la operación, pero ha optado por complicarla lo máximo posible. Si la operación sigue adelante y el BBVA culmina la compra del Sabadell, ambos bancos deberán mantener personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía de gestión durante tres años, con sus propios consejos de administración y objetivos, y sin que haya despidos.

“Con esto conseguimos preservar la inversión, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de la plantilla”, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para defender la iniciativa. Una propuesta que nos parece genial, tanto, que no entendemos por qué este Gobierno no tuvo esa idea cuando la banca alcanzaba récord de beneficios y despidos en 2021.

Siempre hemos pensado que esta operación solo iba a provocar más concentración en un mercado bancario demasiado reducido. También nos lo parecía cuando CaixaBank se comió a Bankia. Por cierto, hablando de empleo, CaixaBank planteó entonces a los sindicatos el mayor ERE de la historia de la banca con casi 8.300 despidos tras absorber a Bankia. Se podría haber protegido también ese empleo.

En fin, que cada vez queda más claro que hay cierto tufillo político en este interés del Gobierno por agradar a las formaciones políticas catalanas haciendo descarrilar la operación.

Cuánto nos hubiera gustado que todo el empeño, la imaginación y la capacidad legislativa que se ha llevado en esta operación se dedicara en el Gobierno a solventar el problema de la vivienda. “La vivienda es un cuello de botella para la economía española”, está empezando a afectar al consumo, que es uno de los impulsores de nuestro PIB. Está muy bien limitar la concentración bancaria, pero este Gobierno debería ponerse más serio con la vivienda. Hay que intervenir el mercado bancario pero mucho más el mercado inmobiliario.

El dato

2,2% de la población

ha tenido acceso a las ayudas públicas para hacer frente al alquiler o la hipoteca. En nuestro país 1,4 millones de hogares dedican más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda, 200.000 familias más que hace una década. El 15º informe sobre el Estado de la Pobreza, publicado por la European Anti-Poverty Network (EAPN), señala a la crisis de la vivienda como un factor de empobrecimiento. Pese a ello, las ayudas directas en el ámbito de la vivienda solo llegaban al 4,4% de la población en situación de pobreza en 2024. Queda mucho por hacer. Hay que evitar la concentración del mercado bancario, pero hay que dedicar más esfuerzos al mercado inmobiliario. Aquí te contamos que las ayudas para vivienda solo llegan al 2,2% de la población.

El gráfico

Cara y cruz del mercado laboral español. El gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO) ha realizado un estudio sobre cuál es el salario y qué condiciones laborales se dan según el nivel de estudios en España. Así, las personas con carreras en medicina y ciencias (naturales, químicas, físicas y matemáticas), con diez años o más trabajando, son las mejor pagadas y no hay apenas paro. Además, los veterinarios o los universitarios que entran a trabajar en la industria o la construcción tienen un riesgo muy bajo de desempleo. En esta información despejamos dudas: cuál es el salario y qué riesgo de paro hay según tu carrera universitaria o FP.

Entrepreneurs

Esta semana tenemos a un par de entrepreneurs. Por un lado, el naviero Vicente Boluda se sentará en el banquillo acusado de denuncia falsa por parte del abogado del Estado José Antonio Morillo Velarde, responsable jurídico en Puertos del Estado. Morillo Velarde se querelló contra él después de conseguir que la justicia archivara otra querella que le había puesto Boluda. La jueza le ha abierto juicio oral a Boluda y le ha impuesto una fianza de 25.000 euros. Aunque aquí lo que duele tiene más que ver con la foto en el banquillo de los acusados. Aquí te contamos que una jueza abre juicio contra el naviero Boluda por denuncia falsa hacia un abogado del Estado.

Por otro lado, F. T., la pareja del actual consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que aunque tiene un inglés “básico”, una FP, rama Administrativa, y un curso “sin carácter oficial” de 'Auxiliar de Protocolo' de 150 horas, lleva años encadenando puestos muy por encima de sus cualificaciones en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, gobernados ambos por el PP. Aquí te contamos los sueldos con dinero público, de 60.000 euros, de la pareja sin cualificación de un consejero de Ayuso.

Cada vez que habla sube el pan

En algunas funciones, el próximo nuevo fichaje podría no ser una persona, sino un colega digital. Los colegas digitales no son solo herramientas, son compañeros de equipo, capaces de iniciar acciones, gestionar proyectos y adaptarse en tiempo real

Informe de Microsoft. 2025: The Year the Frontier Firm Is Born

No, no es ninguna broma. Ya nos están preparando para lo que viene a base de eufemismos. Ante la posibilidad de que tu compañero de trabajo sea reemplazado... ¿Por qué no llamar 'colega digital' a la inteligencia artificial que hará su trabajo? Puede que alguien piense que así es menos doloroso. Un estudio global de Microsoft emplea este concepto para referirse a la automatización. Ya lo llaman 'mano de obra digital', pese a que no hay manos, solo programación. Lo peor también es que está entre las prioridades inmediatas de los ejecutivos españoles. Aquí puedes leer “Mano de obra digital”, el eufemismo entre ejecutivos para cambiar personas por inteligencia artificial.

Bien Público

Las pensiones públicas son un eje fundamental de nuestro Estado del Bienestar. Siempre vilipendiadas y acosadas por fuertes intereses que buscan su defenestración para pasarlos de prestación pública a negocio privado. Este año se cumple el 30 aniversario del Pacto de Toledo: nació en 1995 y pasó en unos años a convertirse en una comisión permanente en el Congreso, donde los partidos tratan de alcanzar grandes consensos sobre el sistema público de pensiones. No siempre ha sido fácil, el desencuentro entre partidos llevó a que los pensionistas marcharan como protesta por las calles de España en numerosas ocasiones. Esta semana la Seguridad Social ha reunido a varios diputados que han contado algunos de los entresijos de esta comisión parlamentaria que trata de lograr consensos amplios sobre el sistema público de pensiones. En este enlace puedes leer el reportaje de Laura Olías sobre la historia contada (y no contada) de 30 años del Pacto de Toledo: “Las pensiones tenían que salir del debate cortoplacista”.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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El naviero Vicente Boluda se sentará finalmente en el banquillo acusado de denuncia falsa. El abogado del Estado José Antonio Morillo Velarde, responsable jurídico en Puertos del Estado, se querelló contra él después de conseguir que la justicia archivara otra querella que le había puesto Boluda. Es un camino que es difícil que prospere, pero el pasado 16 de junio la jueza le abrió juicio oral y le impuso una fianza de 25.000 euros. La cantidad es irrelevante para la fortuna 35 del país según la lista Forbes y supone un coste mucho menor que la foto en el banquillo de los acusados.

En 2020, Boluda jugó fuerte. Una de sus empresas se querelló contra la antigua cúpula de Puertos. Argumentaba que Puertos, dependiente de Transportes, perjudicaba a una empresa suya de remolcadores en Las Palmas. Les acusaba de prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Entre los acusados estaba José Antonio Morillo Velarde, un abogado del Estado, y el expresidente de Puertos José Llorca. El caso fue archivado en Las Palmas menos de un año después de haber sido presentado.

Entonces, Morillo Velarde emprendió su revancha contra Boluda. Primero fue contra su abogado, José Antonio Choclán, el penalista de las estrellas, al que llevó, sin éxito, ante el Colegio de Abogados de Madrid por mala fe. Después se querelló contra el naviero por denuncia falsa: “De la valoración conjunta de la querella que interpone el señor Boluda se desprende la manifiesta falsedad de los hechos imputados y su temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto, además, el ánimo espurio que guio la conducta del querellado”.

La Fiscalía no apreció delito, porque si la primera querella había sido admitida a trámite es muy difícil probar que no había nada para sustentar que, en opinión de Boluda o sus abogados, había alguna base para defender su postura. Pero la jueza en la que recayó el caso sí mandó al naviero al banquillo. Consideraba que había indicios suficientes para, al menos, valorarlos en juicio.

La defensa de Boluda, que el viernes no quiso comentar la noticia, recurrió a la Audiencia de Las Palmas. Alegaba que la querella de Morillo tenía otro fin que no era hacer justicia: “Lo que sí ha existido y existe, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, es un inadmisible intento de extorsión económica por parte del señor Morillo-Velarde con la interposición de su querella, buscando venganza y dinero”.

Boluda alegaba también que él no estaba relacionado con la querella inicial contra la cúpula de Puertos, sino que lo hizo una de sus empresas. La Audiencia de Las Palmas no compró ese argumento. “Ni es lógico, ni es razonable, por muy grande que sea la empresa que administre, que el investigado se dedique a otorgar poderes para interponer querellas, además como la que nos ocupa, de las que no tiene el más mínimo conocimiento, como tampoco parece razonable, a expensas de lo que se pueda explicar, que un letrado o equipo jurídico, interponga una querella en los términos de la que da origen a esta causa sin la más mínima información a un poderdante”.

Por todo, el pasado 16 de junio la jueza del caso dictó auto de apertura de juicio oral contra Boluda y le impuso una fianza “de 25.000 euros para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas”. Esa es la cantidad que reclama Morillo “como consecuencia de los daños morales sufridos”.

Un reglamento europeo establece que “el organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, podrá exigir que los prestadores de servicios portuarios, incluidos los subcontratistas, cumplan unos requisitos mínimos para realizar el servicio portuario correspondiente”. No hay precedentes en el sector portuario de alguien que pierda ese requisito de honorabilidad por una condena para contratar con la Administración. Pero en este caso, en el que nadie frena, ya hay quien ha buscado ese reglamento.

“La necesidad de iniciar las obras sin la licencia formal se justifica por la inacción administrativa que impedía al promotor cumplir con los plazos establecidos en la concesión. La actuación del promotor no responde a una voluntad de eludir la legalidad urbanística, sino a la imposibilidad material de obtener una resolución en plazo por parte de la Administración”. El recurso de reposición presentado ante el Ayuntamiento de València por parte de Boluda Corporación Marítima S. L. (BCM) se expresa en estos términos para argumentar el inicio de los trabajos de su nuevo edificio de 13 alturas ubicado junto a sus actuales oficinas sin la pertinente licencia de obras y actividad.

Tal y como avanzó elDiario.es, este hecho provocó que el Consistorio ordenara el pasado mes de abril la inmediata paralización de los trabajos y la apertura de un expediente sancionador. Sin embargo, la compañía ha presentado alegaciones por medio de las que solicitan la obtención de los permisos municipales para retomar las obras. De desestimar esta petición el Ayuntamiento, la empresa del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, podría acudir a la Justicia.

Según el escrito presentado al servicio municipal de Actividades el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso este diario, ·la iniciación de las obras antes de la expedición de la licencia formal encuentra su justificación en esta situación excepcional que supone la confluencia de una dilación indebida en la tramitación de la licencia junto con la situación de necesidad apremiante para BCM de cumplir unos compromisos temporales que evitase la pérdida de la concesión“, una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia para el uso de los terrenos.

La compañía del naviero asegura en el recurso que cumplió “sustancialmente con todas sus obligaciones de cara a obtener la licencia en cuestión, incluso contratando los servicios de una ECUV para simplificar la tramitación” y achaca “la falta de entrega de la licencia en un plazo razonable a la administración y su falta de diligencia en la tramitación de la misma”. Por este motivo, exige que se “revoque la orden de paralización de las obras”.

Uno de los principales motivos por los que el Ayuntamiento no otorgó la licencia de obras, según el informe del servicio de Actividades, es que “el proyecto se basa en un planeamiento que está en tramitación, Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de Valencia”, un Plan que precisamente el Ayuntamiento ha sacado a exposición pública recientemente y cuyo procedimiento ambiental ha sido aprobado con modificaciones recientemente, al no tener “efectos significativos sobre el medio ambiente”.

Sin embargo, BCM alega que “en ausencia de Plan Especial que ordene la zona donde se ubica la parcela objeto de la concesión y construcción del inmueble, la propia Ley permite que se lleven a cabo estas actuaciones siempre que exista un documento equivalente que desarrolle el Sistema General Portuario”. En este supuesto, según la compañía, sería “el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València, que califica este ámbito portuario como 'Sistema General de Transporte Área Portuaria'”. Por lo tanto, advierte: “Si el planeamiento urbanístico vigente no establece una prohibición expresa sobre la actividad o construcción propuesta, y la solicitud cumple con los requisitos legales y técnicos aplicables, la Administración tiene la obligación de conceder la licencia”.

Por todo lo expuesto, la empresa solicita “la inmediata concesión de la solicitada licencia de obra y actividad según el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y ordenación pormenorizada del PGOU de Valencia, certificados mediante ECUV”. Y de no ser contemplada esta pretensión, que se conceda “la licencia a Boluda Corporación Marítima tan pronto se produzca la aprobación inicial del Plan Especial Zona 2 Sur del Puerto de Valencia”.

El Puerto de Sagunto, enclave logístico estratégico para el desarrollo de las importaciones y exportaciones españolas, da nuevos pasos para consolidar como ejes fundamentales de su crecimiento la innovación y la sostenibilidad. Con este objetivo en el horizonte inmediato, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), aprobó este martes el otorgamiento a favor de Grupo Noatum Terminals, Inversiones Algeposa y Boluda Lines (Grupo NAB) de una concesión administrativa para la ocupación de bienes de dominio público en el puerto de Sagunto con destino a la construcción y explotación de una terminal pública polivalente en el Muelle Centro 2. El plazo otorgado para esta concesión es de 40 años.

El procedimiento administrativo se frenó por la presentación de sendos recursos por la vía penal y administrativa de otro grupo empresarial que se presentó al concurso, pero al quedar archivada una querella y estar pendiente de fallo la demanda del contencioso-administrativo, finalmente se ha procedido a la adjudicación al entender que no existía impedimento legal.

En concreto, el juzgado de instrucción número 17 de València archivó la querella interpuesta por la mercantil Intersagunto Terminales contra Vicente Boluda como consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y como propietario de Boluda Corporación Marítima, así como contra el resto del consejo de administración del organismo portuario, incluido su expresidente, Aurelio Martínez.

La empresa denunciante consideraba que su exclusión del concurso público para la mayor concesión administrativa en el puerto de Sagunt, en concreto de una terminal pública polivalente de mercancías en el muelle centro 2, fue una decisión arbitraria, ilegítima y discriminatoria para beneficiar a la compañía finalmente adjudicataria, la unión temporal de empresas (UTE) Noatum Terminales, Inversiones Algeposa y Boluda Lines.

Características de la terminal

El ámbito espacial de esta terminal polivalente -sin incluir lámina de agua- asciende a 252.115 metros cuadrados de terrenos para: explanada, zona de maniobra, parcela correspondiente a la instalación de almacenamiento y terminal ferroviaria.

Grupo NAB construirá una terminal marítima polivalente cuya principal actividad será la manipulación de mercancías -destinada a atender preferentemente mercancía general - y la explotación de una terminal ferroviaria de mercancías, abierta al tráfico comercial general.

En este sentido, la superficie de terreno con destino la terminal ferroviaria (adyacente a la explanada de la terminal polivalente) es de 25.811 metros cuadrados y el adjudicatario prestará servicio ferroviario a todos los usuarios del puerto.

Referente en el sector de los combustibles renovables

En esta misma reunión, los consejeros aprobaron los pliegos que regirán el concurso para el otorgamiento de concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario para la construcción y explotación de una planta de procesado y producción de combustibles renovables (para su carga y descarga) también en el puerto de Sagunto. Este proyecto – que se saca a concurso por un plazo de 25 años- representa una oportunidad para captar inversiones estratégicas, fomentar la competitividad y reforzar la posición del puerto en un mercado global en constante evolución.

La APV trabaja para que el puerto de Sagunto se convierta en una referencia en el sector de los combustibles renovables, ofreciendo a los operadores una oportunidad única para participar en un mercado en expansión. El objetivo de esta nueva infraestructura – que se ubicará en una parcela de aproximadamente 27.800 m2 situada al sur del Muelle Sur Dos -es consolidar al Puerto de Sagunto como un punto neurálgico para la producción, almacenamiento, carga y descarga de combustibles renovables.

La ubicación privilegiada de este puerto junto a sus conexiones terrestres y marítimas le confieren una ventaja competitiva que lo convierte en un atractivo natural para operadores del sector.

“Ordenar a la mercantil Boluda Corporación Marítima S. L. la paralización inmediata de las obras que se encuentra ejecutando en la reforma del edificio existente de oficinas de la antigua Unión Naval de Levante y obras de nueva planta para la construcción de un nuevo edificio con emplazamiento en el Puerto de Valencia al estar siendo ejecutadas sin la preceptiva licencia, advirtiéndole que el incumplimiento de la presente orden de paralización puede dar lugar a la responsabilidad penal correspondiente”. El Ayuntamiento de València se expresa así de contundente en la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es (documento completo al final de la información) por la cual se ordena a la empresa del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, la paralización de las obras del edificio de 13 plantas que inició hace semanas sin la correspondiente licencia de obras y actividades.

Tras tener conocimiento de esta situación a través de la información publicada en exclusiva por esta redacción, el servicio de licencias a instancias de la propia alcaldesa, María José Catalá, como autoridad competente, realizó una inspección el pasado 24 de abril.

Según se desprende del documento, “las obras para edificio de uso administrativo con Sala de Conferencias (Nueva Sede Boluda), se encuentran actualmente en proceso de ejecución, habiéndose realizado o estando en proceso de, las unidades constructivas”.

En concreto, la inspección detalla que están en proceso trabajos de “demolición de hormigón en firme y excavación a cielo abierto (remoción de tierras); trabajos de geotecnia - ejecución de cimentación profunda mediante pilotes (en proceso); demolición del núcleo de comunicación vertical noroeste y aparentemente, vaciado de planta baja y primera, demolición de espacios interiores con levantado de acabados, carpinterías y otros revestimientos (en proceso); cegado de accesos existentes a núcleo de comunicación vertical noroeste y aparentemente ejecución de acceso para conexión con el nuevo edificio (en proceso)”.

Como informó este diario, la compañía solicitó licencia de obras y actividades el pasado 25 de octubre y tal y como recoge la resolución municipal, faltan diversos documentos por aportar para completar el expediente que no han sido entregados, entre ellos, “un informe de Puertos del Estado solicitado en fecha 7/04/2025; otro de Sanidad solicitado en fecha 07/01/2025; otro de territorio solicitado en fecha 07/01/2025; y uno más de la Conselleria de Cultura y Deportes solicitado en fecha 30/01/2025”.

También pone de relieve que cuenta con informe “desfavorable” del servicio de residuos sólidos y que según el informe de la sección urbanística del Servicio de Actividades de fecha 20/02/2025, “el proyecto se basa en un planeamiento que está en tramitación, Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de Valencia, el cual identifica elementos patrimoniales catalogados asociados a los antiguos astilleros de Unión Naval de Levante (UNL)”, es decir, que se basa en un planeamiento que aún no está vigente.

El Ayuntamiento ordena también “retirar el contenedor de obra, si lo hubiere, los elementos, materiales o maquinaria preparados para ser utilizados, en el plazo de 48 horas siguientes a la notificación de la presente orden de paralización”. En el caso de que el interesado no hubiera procedido a la retirada de los materiales y maquinaria, “la autoridad podrá retirarla o precintarla, a costa del interesado. Los materiales y maquinaria retirados quedarán a disposición del interesado, que satisfará los gastos de transporte y custodia”.

Además, insta a que se constate por miembros de la Policía Local, “si se da cumplimiento a la orden de suspensión de las obras en el acto administrativo notificado, adoptando cuantas medidas procedan conforme a Derecho para asegurar el cumplimiento de la referida resolución”.

Por último, advierte del traslado de la resolución “al Servicio Central Sancionador de este Ayuntamiento, por si los hechos relatados en el mismo pudieran ser constitutivos de infracción cuyo conocimiento fuera competencia de ese Servicio, a tenor de lo establecido en el artículo 266 de la Ley 4/2015 de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje”.

El Ayuntamiento de València pondrá la lupa en las obras que desarrolla Boluda Corporación Marítima en unos terrenos anexos a los de su actual sede, ubicada junto a la terminal de pasajeros del Puerto de València, en el Paseo Caro.

En concreto, se trata de un edificio de oficinas de 13 alturas y de un aparcamiento contiguo de 100 plazas, cuyos trabajos previos arrancaron hace semanas pero que, tal y como ha avanzado elDiario.es, aún no cuentan con la pertinente licencia de obras y actividades concedida.

La compañía del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, obtuvo una concesión de 35 años, en los terrenos en los que se desarrollan las obras, otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), organismo del que es consejero, tras una polémica permuta que estuvo investigada en los tribunales, pero cuya legalidad finalmente avalaron.

Tras conocer la información publicada por este diario, tanto Compromís como el PSPV llevaron el asunto a la Comisión de Urbanismo municipal que se celebró este miércoles y preguntaron al concejal responsable, Juan Giner, por la situación de este proyecto.

En este sentido, Giner aseguró que esa obra tendrá que cumplir con toda la normativa urbanística, al igual que cualquier otra obra en suelo municipal, privado o de concesión del Puerto como es el caso.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, denunció que ven este episodio “como un hecho muy preocupante” y denunció que el Gobierno municipal está “plegado a los intereses de los poderosos”. Robles lamentó que “mientras la ciudadanía sufre trabas y burocracia para realizar cualquier trámite con la administración, a algunos se les abren todas las puertas; una vez más, el poder económico marca el ritmo, y Catalá solo actúa como comparsa”. La portavoz municipal de la coalición valencianista se mostró preocupada “por la falta de transparencia y control del Gobierno municipal, con una sombra de permisividad que recuerda a viejas prácticas que ya deberíamos haber superado”.

Además, Robles se mostró preocupada por la explicación del PP a sus preguntas sobre el caso: “Si el gobierno se ha enterado por la prensa –como nos han dicho– del inicio de unas obras tan importantes como las de un edificio de 13 alturas en el puerto, es motivo de inquietud en cuestiones como la seguridad, la planificación urbanística y el modelo de ciudad. Si el Gobierno no controla ni se entera de esto, ¿significa que cualquiera puede levantar una torre al margen del Ayuntamiento?”.

Por su parte, según portavoz socialista, Borja Sanjuan, “el Partido Popular no puede pretender que el Ayuntamiento tenga VIPs con los que se puede ser más flexible en las normas o mirar hacia otro lado, cuando se empieza una obra sin licencia y luego el resto de los vecinos y vecinas a los que se aplica estrictamente la normativa; tiene la obligación de actuar y exigir lo mismo que exige a cualquier otro”. Para Sanjuan, “esa València de apellidos y privilegios no solo no puede existir, como existió anteriormente con el PP, sino que no debe ni parecer que exista; tienen que aclarar rápidamente esta situación”.

Falta de informes y dudas con el planeamiento

A tenor de la documentación recabada por elDiario.es, los trabajos se iniciaron hace semanas sin contar aún con la licencia de obras y actividades solicitada al Ayuntamiento el pasado 28 de octubre.

Con todo, del expediente municipal se desprende que quedan por elaborar un informe sobre gestión de residuos, otro sobre sanidad y consumo, uno más del servicio de territorio y un cuarto de la sección urbanística sobre la licencia de actividades. Además, el pasado 4 de abril el servicio de Licencias de Actividades del Ayuntamiento se dirigió a Puertos del Estado para solicitarle informes sobre “la viabilidad del proyecto presentado con el planeamiento vigente de aplicación al dominio público portuario, dado que el Plan General de Ordenación Urbana de València únicamente define este ámbito como sistema primario de infraestructuras portuarias (según normativa autonómica vigente)”.

Además, advierte de que “el Plan Especial del Puerto 2, al igual que el Plan Especial de Puerto 1 Nazaret-Este, promovidos ambos por la APV se redacta una vez aprobada la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Valencia (en adelante DEUP), mediante Orden FOM 1973/2014, de 28 de octubre, para dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 56 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM)”. De acuerdo con las determinaciones del plan especial, el Ayuntamiento pide a Puertos del Estado que informe “sobre si el proyecto de edificio de oficinas resultaría autorizable conforme a las determinaciones del planeamiento previsto”. Hasta este martes 22 de abril no constaba en el expediente la respuesta a este requerimiento.

También el pasado 8 de abril el Ayuntamiento remitió un escrito a Boluda Corporación Marítima por medio del que solicita en un plazo de 10 días “nuevos certificados ECUV (A1 y B1), en los que se acredite que el proyecto se ajusta al planeamiento urbanístico vigente”, puesto que “se ha detectado que los certificados aportados hacen referencia un instrumento de planeamiento que se halla en trámite, concretamente hacen referencia al Plan Especial Zona sur 2 del Puerto de Valencia, que no se halla aprobado”.

Al respecto, fuentes de la APV han informado a esta redacción de que con fecha 22 de octubre de 2024 aprobó el proyecto constructivo, tal y como le corresponde dentro de sus competencias y han recordado que es responsabilidad del concesionario, es decir, de Boluda Corporación Marítima, solicitar los permisos, autorizaciones y licencias que sean precisas, de acuerdo con la legislación vigente, ante los órganos administrativos estatales, autonómicos y/o locales que por razón de la materia corresponda, siendo por su cuenta y riesgo los gastos derivados de su obtención, así como los posibles perjuicios que pudiera suponerle una demora en la obtención de los mismos.

Sin embargo, a preguntas de elDiario.es, Boluda Corporación Marítima no ha dado explicaciones sobre el inicio de las obras sin la correspondiente licencia municipal concedida. 

Un edificio de oficinas de 13 alturas en unos terrenos ubicados junto a la sede de Boluda Corporación Marítima, aledaños a la terminal de pasajeros, en el Paseo Caro, y un aparcamiento anexo de 100 plazas. La compañía del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha iniciado estas obras sobre unos terrenos que obtuvo por medio de una concesión de 35 años otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), organismo del que es consejero, tras una polémica permuta que estuvo investigada en los tribunales, cuya legalidad finalmente avalaron.

Sin embargo, a tenor de la documentación recabada por elDiario.es, los trabajos se iniciaron hace semanas sin contar aún con la licencia de obras y actividades solicitada al Ayuntamiento el pasado 28 de octubre. Según ha constatado in situ este diario en la zona de las obras, aunque en el acceso hay un cartel en el que se informa de que se trata de “trabajos previos y demoliciones”, había grúas y excavadoras de gran tamaño, así como maquinaria pesada de perforación trabajando. 

Con todo, del expediente municipal se desprende que quedan por elaborar un informe sobre gestión de residuos, otro sobre sanidad y consumo, uno más del servicio de territorio y un cuarto de la sección urbanística sobre la licencia de actividades. Además, el pasado 4 de abril el servicio de Licencias de Actividades del Ayuntamiento se dirigió a Puertos del Estado para solicitarle informes sobre “la viabilidad del proyecto presentado con el planeamiento vigente de aplicación al dominio público portuario, dado que el Plan General de Ordenación Urbana de València únicamente define este ámbito como sistema primario de infraestructuras portuarias (según normativa autonómica vigente)”.

Además, advierte de que “el Plan Especial del Puerto 2, al igual que el Plan Especial de Puerto 1 Nazaret-Este, promovidos ambos por la APV se redacta una vez aprobada la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Valencia (en adelante DEUP), mediante Orden FOM 1973/2014, de 28 de octubre, para dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 56 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM)”. De acuerdo con las determinaciones del plan especial, el Ayuntamiento pide a Puertos del Estado que informe “sobre si el proyecto de edificio de oficinas resultaría autorizable conforme a las determinaciones del planeamiento previsto”. Hasta este martes 22 de abril no constaba en el expediente la respuesta a este requerimiento.

También el pasado 8 de abril el Ayuntamiento remitió un escrito a Boluda Corporación Marítima por medio del que solicita en un plazo de 10 días “nuevos certificados ECUV (A1 y B1), en los que se acredite que el proyecto se ajusta al planeamiento urbanístico vigente”, puesto que “se ha detectado que los certificados aportados hacen referencia un instrumento de planeamiento que se halla en trámite, concretamente hacen referencia al Plan Especial Zona sur 2 del Puerto de Valencia, que no se halla aprobado”.

Al respecto, fuentes de la APV han informado a esta redacción de que con fecha 22 de octubre de 2024 aprobó el proyecto constructivo, tal y como le corresponde dentro de sus competencias y han recordado que es responsabilidad del concesionario, es decir, de Boluda Corporación Marítima, solicitar los permisos, autorizaciones y licencias que sean precisas, de acuerdo con la legislación vigente, ante los órganos administrativos estatales, autonómicos y/o locales que por razón de la materia corresponda, siendo por su cuenta y riesgo los gastos derivados de su obtención, así como los posibles perjuicios que pudiera suponerle una demora en la obtención de los mismos.

Sin embargo, a preguntas de elDiario.es, Boluda Corporación Marítima no ha dado explicaciones sobre el inicio de las obras sin la correspondiente licencia municipal concedida. Tampoco el Ayuntamiento ha aclarado si existe alguna vía o trámite para iniciar los trabajos sin el correspondiente permiso y si piensa realizar alguna inspección sobre el terreno o cualquier otra actuación para comprobar que no existe irregularidad alguna, habida cuenta de que en el expediente no consta ningún permiso provisional o declaración responsable.

La polémica permuta de concesiones que acabó en los juzgados

Una de las consecuencias del cambio de proyecto de la ampliación norte del Puerto de València fue el traslado de la terminal de cruceros, ubicada hasta hace unos meses en el dique norte, alejada, por tanto, del casco urbano, a los terrenos que ocupan los astilleros de Unión Naval, empresa propiedad de Boluda, mediante una concesión que caducaba en el año 2027.

Más allá de que el traslado de la terminal a una zona pegada a los Poblados Marítimos se aprobó sin ningún tipo de informe ambiental, para ubicarla en el nuevo emplazamiento había que dejar sin efecto la concesión que tenía vigente Boluda, por lo que la APV recurrió a un procedimiento de rescate de la concesión por el que, en lugar de pagarle una compensación económica al naviero, se le otorgó otra nueva de 35 años para la construcción del edificio de oficinas de 13 plantas.

La operación obtuvo contundentes informes contrarios de la Intervención General y de la Abogacía del Estado que concluyeron que la compensación a Boluda con una nueva concesión a cambio del rescate de la que ya poseía correspondiente a Unión Naval era lesiva para el interés público. Sin embargo, finalmente tanto el Tribunal Superior de Justicia primero como el Tribunal de Cuentas después avalaron la permuta como fórmula de pago, eso sí, modificando algunas de las valoraciones.

El naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) Vicente Boluda Fos busca hacer caja para invertir en diferentes negocios. Así se desprende de los últimos movimientos que ha realizado con el objetivo de obtener liquidez para las inversiones.

Por un lado, en la última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), celebrada este miércoles, se aprobó a propuesta de Boluda Corporación Marítima SL obtener la autorización para “la constitución de una hipoteca sobre la concesión de su titularidad en el Puerto de Valencia”, según consta en el punto seis del orden del día.

Se trata de la concesión que el empresario, miembro del consejo de administración de la APV, tiene junto a su edificio de oficinas en el recinto portuario. Fuentes de la APV han asegurado que Boluda salió de la reunión en el momento de la votación para evitar incurrir en un posible conflicto de intereses.

Por otra parte, Boluda ultima también la venta de un 49% de su empresa de remolcadores Boluda Towage a la naviera MSC, según ha avanzado 'El Mercantil'. La empresa del napolitano Gianluigi Aponte se hizo también, a través de su filial TIL, con la concesión para construir y explotar la nueva terminal norte del Puerto de Valencia.

Tras la operación, ambas compañías sumarán en conjunto cerca de 800 barcos con actividad en unos doscientos puertos de todo el mundo. Una vez completada la operación de la que el Grupo Boluda no ha ofrecido información a preguntas de elDiario.es, se procederá a una inversión estimada de 600 millones en 2025, de los que 200 se dedicarán a la renovación de flota y entre 300 y 400 millones a nuevas adquisiciones de empresas.

Como informó este diario, a principios de 2023 se dió la primera alianza entre el Grupo Boluda y MSC. En virtúd de aquella operación, se integró en su flota la división de remolcadores de la multinacional suiza. La operación supuso la absorción de entre 25 y 30 barcos con presencia en puertos europeos a cambio de una participación del 7% de la propiedad.

Vicente Boluda, el mayor naviero de España y la fortuna 35 del país, según Forbes, asegura que el caso por el que enfila el banquillo por denuncia falsa es, en realidad, “un inadmisible intento de extorsión económica” por parte de José Antonio Morillo-Velarde del Peso, el abogado del Estado que, a título particular, se ha querellado contra él. Así consta en los escritos de defensa. Fuentes próximas a la compañía aseguran que el letrado de Morillo pidió 600.000 euros para no interponer la querella, algo que este rebate: “Yo no he pedido 600.000 euros. Pido 25.000 euros por daños morales y está en el escrito de acusación”.

La situación entre el mayor naviero de España y el director de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, el abogado José Antonio Morillo-Velarde del Peso, no puede ser más tensa. En 2020, una empresa de Boluda, Repabar, se querelló contra la antigua cúpula de Puertos por, según decía, favorecer a otra empresa de remolcadores en Las Palmas. La querella se dirigía también contra el abogado del Estado que ocupa la dirección de la asesoría jurídica, no como funcionario sino en servicios especiales, José Antonio Morillo-Velarde del Peso. Aunque fue admitida a trámite, no prosperó y fue archivada menos de un año después.

Hasta ahí es el camino normal que siguen casos contra altos cargos de la Administración -RIU, por ejemplo, se querelló contra la dirección de Costas por una concesión de un hotel en dominio público marítimo-terrestre y, como en este caso fue archivada-. 

Pero después de eso, Morillo comenzó un contraataque. Según él, en un primer momento quería disculpas y se llegó a reunir con Boluda tras la mediación de altos cargos de Puertos. Según otras fuentes, su abogado pidió a los del naviero una compensación económica de 600.000 euros para olvidar el asunto. Él admite que hubo contactos entre los abogados, pero niega que eso fuese una reclamación suya: “Yo nunca he pedido 600.000 euros”.

Después, Morillo presentó una querella por denuncia falsa contra Boluda, expresidente del Real Madrid y presidente de los empresarios valencianos. Contra todo pronóstico, porque la denuncia falsa en un caso que ha sido admitido a trámite es difícil que prospere, una juez de Las Palmas ha visto indicios de delito y dado por terminada la instrucción, el paso previo para sentarlo en el banquillo. La fiscalía apoya al empresario y pide el sobreseimiento. La defensa confía en levantar el auto de la juez en la Audiencia Provincial.

La defensa de Boluda, que la semana pasada no quiso comentar la noticia, ha presentado duros escritos de defensa contra Morillo. Sostiene que Boluda, como presidente de la empresa, no tomó la decisión personal de la querella y que solo eso bastaría para librarle. Pero añade una acusación: “Lo que sí ha existido y existe, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, es un inadmisible intento de extorsión económica por parte del señor Morillo-Velarde con la interposición de su querella, buscando venganza y dinero”.

De hecho, cuando, el 8 de noviembre de 2023, Boluda declaró en el juzgado durante la instrucción ya apuntó en esa dirección. A la pregunta de si entendía que Morillo fuese contra él personalmente y no contra la empresa Repavar, replicó: “Pues, supongo que querrá dos cosas: vengarse y dinero”.

Morillo se remite a su escrito de acusación, presentado el pasado 12 de noviembre, en el que la reclamación oficial queda lejos de esos 600.000 euros. Allí reclama “25.000 euros, como consecuencia de los daños morales sufridos” y justifica que se trata de “un Abogado del Estado con una larga e impecable trayectoria profesional (42 años de ejercicio) justamente en el ámbito y lugar en que se produjeron los hechos, que se trata de una demarcación judicial pequeña, así como la publicidad y repercusión mediática que tuvieron en prensa especializada, la gravedad de los delitos imputados y el beneficio que hubiera obtenido el acusado de prosperar su acción presuntamente delictiva”.

Una guerra empresarial y jurídica en Puertos del Estado está a punto de dejar una imagen impactante: Vicente Boluda, mayor naviero de España y fortuna 35 del país, según Forbes, enfila el banquillo para ser juzgado por denuncia falsa. Una empresa de Boluda se querelló en 2020 contra la antigua cúpula de Puertos, por, decía, perjudicar a una empresa suya de remolcadores en Las Palmas. Una vez archivada, uno de los señalados, el abogado del Estado en Puertos José Antonio Morillo-Velarde, se querelló a título personal contra Boluda por denuncia falsa.

Es un camino que rara vez prospera, pero una juez de Las Palmas dice que hay indicios de que el naviero abusó del sistema judicial y ha ordenado terminar el procedimiento, el paso previo a abrir juicio oral. Faltan recursos y la fiscalía ha pedido el archivo, pero pocas veces se ha vivido al poder económico enfrentado así en los tribunales a la alta función pública. Esta vez es personal, y con ramificaciones en el mundo de la abogacía.

En junio de 2020, Vicente Boluda decidió jugar fuerte. Una de sus empresas, Remolcadores y Barcazas de Las Palmas (Repaba), se querelló contra la cúpula de Puertos del Estado del Gobierno de Rajoy. Les acusaba de prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Según el escrito, “con la finalidad de facilitar una mayor competencia en algunos servicios portuarios”, estos “han maniobrado o manipulado la tramitación de unos expedientes administrativos”, para que en el servicio de remolcadores en Las Palmas entrase la entidad Odiel Towage, filial del gigante alemán Fairplay, pero lo hizo “en unas condiciones desleales y discriminatorias”.

La querella iba contra José Llorca, expresidente de Puertos del Estado como cara visible, pero también contra otras personas de la cúpula de la entidad, dependiente de Transportes. Entre otros, contra José Antonio Morillo-Velarde del Peso, abogado del Estado desde 1982 y jefe de la asesoría jurídica de Puertos.

A Boluda lo representaba entonces José Antonio Choclán, el penalista de las estrellas, y que ha defendido a Imanol Arias, Cristiano Ronaldo o Víctor de Aldama. En su escrito, Choclán sostenía que las autoridades de Puertos “habían retorcido tanto la ley para favorecer la entrada de un competidor alemán que la final lo han logrado, pero a costa de la libre competencia”.

La querella tuvo un recorrido breve. Fue archivada en Las Palmas en marzo de 2021, menos de un año después de ser presentada. Y ahí fue Morillo-Velarde del Peso, el abogado del Estado señalado por Boluda, el que inició su particular contraataque. Primero llevó a Choclán ante el Colegio de Abogados de Madrid por mala fe: “Soy destinatario y víctima de una querella que, como pocas, se hace acreedora del calificativo de ”catalana“: falsaria, carente de fundamento jurídico y con una finalidad puramente intimidatoria”, argumentó. Fue archivado tras pasar al Colegio de Abogados de Las Palmas.

Pero entonces el asunto ya se había convertido en un pulso personal, casi de egos jurídicos. Tras la queja al colegio de abogados, Morillo apuntó más alto. A título personal, no en representación de Puertos, se querelló contra Boluda: “De la valoración conjunta de la querella que interpone el señor Boluda se desprende la manifiesta falsedad de los hechos imputados y su temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto, además, el ánimo espurio que guió la conducta del querellado”.

El delito de denuncia falsa es muy difícil que prospere, y más en el caso de una querella, la de Boluda, que fue admitida a trámite e instruida antes de ser archivada. Pero la juez Luz Calvé, del juzgado de instrucción 8 de Las Palmas, ha visto indicios de delito. El pasado 17 de diciembre dictó un auto en el que se reafirmaba en su decisión de dictar auto de transformación, el paso que supone dar por terminada la instrucción y pedir a las acusaciones que acusen antes de juicio. 

La juez rechaza los recursos de la defensa y de la fiscalía y se limita a señalar: “Una vez practicadas las diligencias de investigación pertinentes entendemos que  si existen indicios de la  posible existencia de un delito de denuncia falsa imputable al querellado, por lo que procede continuar con la tramitación de la causa”. 

La defensa de Boluda recurrirá ante la Audiencia Provincial y da por hecho que allí tumbará el caso. La fiscalía apoya al naviero y ha pedido el archivo de la querella. Pero, de momento, Morillo-Velarde del Peso se va anotando otra muesca en la culata.

El presidente de la Asociación valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha reclamado este miércoles más educación para la población sobre cómo actuar ante una emergencia como la DANA que causó 223 fallecidos en Valencia el pasado 29 de mayo y en ese sentido ha afirmado: “Creo que que avisen antes o avisen después el resultado hubiera sido bastante parecido”.

Una afirmación que choca con las opiniones de los expertos, que han venido defendiendo que la antelación en los avisos hubiera salvado vidas. Por ejemplo, el El vicepresidente para la reconstrucción, José Gan Pampols, aseguró recientemente que “con toda seguridad” se podían haber salvado vidas si hubieran funcionado los planes de alertas: “Una cosa es la afectación que es imposible de prever y otra las pérdidas de vidas que se podían haber salvado, no todas porque como saben ha habido gente que vivía en bajos de casas que no tenía a nadie que los conociera y han fallecido en su casa. ¿Había otras que se hubieran podido salvar? Con toda seguridad. A partir de ahí, ¿qué es lo que significa un plan de prevención? Un plan de prevención significa que se actualiza, se aplica innovación y se prueba, lo que no se prueba no funciona. Además, se basa en procedimientos, personas, y un sistema de toma de decisiones transparente que no haya duda respecto a lo que hay que hacer”.

Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comentó el pasado 30 de octubre que las alertas tempranas cuando se aproxima un episodio extremo como la DANA “salvan vidas”. Un sistema de avisos anticipados se hace imprescindible, ya que el cambio climático conlleva “fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos”, explicó la ONU. “Son una forma demostrada, eficaz y rentable de salvar vidas y puestos de trabajo, terrenos e infraestructuras”.

Estas alertas tempranas funcionan porque con ellas se prevén la amenazas, se comprenden cuáles son los riesgos, se difunden los avisos a la población y permiten estar preparados para responder, desgrana la iniciativa 'Alertas tempranas para todos' de la ONU.

Boluda pide celeridad en las ayudas

Boluda, en declaraciones a los medios, ha señalado que la gestión postdana “como todo en la vida se puede mejorar y como todo en la vida se puede empeorar”. “Creo que ha sido la que ha sido dentro de unos cauces bastante normales”, ha considerado.

En ese sentido, ha señalado que “el problema”, en su opinión, “está más en la educación de nosotros mismos, de los ciudadanos” porque “no estamos aquí educados por las emergencias desgraciadamente”.

“Creo que este país debía de programar un poco educarnos a ser obedientes en las emergencias y a cumplir con los parámetros que nos que nos digan”, ha defendido. “Que avisen antes o avisen después, el resultado hubiera sido bastante parecido, esa es mi opinión”, ha apuntado.

Boluda, sobre la gestión de los políticos en la reconstrucción, ha indicado: “En este país todo sirve para hacer política con lo cual, eso lo dejo los políticos, yo no soy político”. Así, ha apuntado que AVE se ha “limitado a recaudar dinero para ayudar a la gente que es lo que nos interesaba, el resto se lo dejó a los que son profesionales de la política”.

Respecto a las ayudas, ha señalado que “siempre llegan tarde, aunque lleguen al minuto siguiente”. “Cuanto antes mejor, se quieren para ayer”, ha recalcado. Con todo, ha señalado que hay que diferenciar las ayudas que han concedido el empresariado como organizaciones privadas, empezando en València por las donadas por Juan Roig o AVE, que “están llegando en directo y ya”, de las que aprueban las Administraciones, que son más tardías“.

En ese sentido, ha argumentado que las ayudas que conceden las Administraciones “tienen otras dificultades” con las que el empresariado no cuenta, que son “su fiscalización al ser un dinero público”, lo que exige “unos parámetros que hace que se retrase, mientras que el dinero que pone en directo el empresariado no tenemos esa fiscalización”. “Tampoco hay que hacer mucha leña del árbol caído”, ha apostillado

El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, visitó el pasado 14 de diciembre el Puerto de València para anunciar la aprobación del polémico proyecto de la ampliación norte en el Consejo de Ministros que se celebró cinco días más tarde. El naviero y consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) como presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, fue una de las personas que más reivindicó esta infraestructura también demandada insistentemente por la alcaldesa de València, María José Catalá. De hecho, tan solo 10 días después de su investidura como alcaldesa, Catalá recibió a Boluda en el Ayuntamiento en la que fue una de sus primeras recepciones como alcaldesa en la que ambos exhibieron sintonía.

Coincidiendo con la aprobación del proyecto de ampliación portuaria cuya terminal se ha adjudicado a TIL, filial de MSC, compañía a la que se asoció Boluda, el naviero realizó un carrusel de obsequios navideños tanto a la alcaldesa de València, María José Catalá, como a seis concejales del PP, según constaba hasta este viernes en la web de transparencia del Ayuntamiento de València. En concreto, obsequió a Catalá con dos botellas de vino. A los concejales Juan Carlos Caballero, José Marí Olano, José Luis Moreno, Paula Llobet, Santiago Ballester y Rocío Gil, además del vino, les obsequió con varias botellas de aceite y vinagre.

Como informó elDiario.es, no figuran regalos publicados en la web por parte de Julia Climent ni de Jesús Carbonell y tampoco de los cuatro concejales de Vox. En el caso de los de la oposición de Compromís y el PSPV, aseguran que no han recibido regalos.

Al respecto, la concejala de Compromís, Luisa Notario, ha comentado: “Con el gobierno de Catalá estamos retrocediendo a prácticas que nos recuerdan a una etapa negra del PP; de nuevo vemos regalos como estos que son poco estéticos y que la anterior alcaldía de Compromís, de la mano de Joan Ribó, erradicó desde el minuto cero”.

Además, ha añadido: “En este caso concreto todo es más turbio, ya que podría parecer un agradecimiento por la ampliación del Puerto en beneficio de unos pocos frente al gran perjuicio que supondrá para toda la ciudadanía, tanto por la contaminación del aire que supondrá para nuestra ciudad como por la afección que tendrá en l'Albufera y en nuestras playas. Desde Compromís no nos vamos a callar y vamos a denunciar cada una de estas actuaciones que, como mínimo, son poco estéticas para un gobierno como el de la ciudad de València”.

Por otra parte, los datos sobre el uso del teléfono móvil corporativo, los últimos datos publicados fueron del gobierno de Joan Ribó y los seis primeros del ejecutivo del PP y de Vox, es decir, hasta diciembre de 2023. Sobre este asunto y sobre el uso de los vehículos oficiales, según Notario, nada se ha publicado en el año 2024. En este sentido, fuentes del Ayuntamiento han comentado que las publicaciones se harán semestralmente, por lo que en las próximas semanas debería estar disponible la información, aunque en el caso de la alcaldesa Catalá, sí que está la información de regalos, gastos y uso del coche oficial en el primer trimestre de 2024. En el anterior mandato, la información se publicaba trimestralmente.

El juzgado de instrucción número 17 de València ha archivado la querella interpuesta por la mercantil Intersagunto Terminales contra Vicente Boluda como consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y como propietario de Boluda Corporación Marítima, así como contra el resto del consejo de administración del organismo portuario, incluido su expresidente, Aurelio Martínez.

La empresa denunciante considera que su exclusión del concurso público para la mayor concesión administrativa en el puerto de Sagunt, en concreto de una terminal pública polivalente de mercancías en el muelle centro 2, fue una decisión arbitraria, ilegítima y discriminatoria para beneficiar a la compañía finalmente adjudicataria, la unión temporal de empresas (UTE) Noatum Terminales, Inversiones Algeposa y Boluda Lines.

Pese a estar el conflicto en trámite en la vía del contencioso administrativo, la empresa Intersagunto Terminales presentó además una querella por supuesta prevaricación y fraude que obligó a declarar como investigados a todo el consejo de administración de la APV, lo que generó cierto revuelo.

La resolución de la magistrada, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso elDiario.es, es contundente: “No habiéndose acreditado por la entidad querellante, Intersagunto Terminales S.A., ni siquiera y de forma indiciaria, teniendo en cuenta no solo los principios de tipicidad y antijuridicidad, sino de intervención mínima y el carácter restrictivo del ”ius puniendi“, la participación punible e indicios suficientes, racionales, sólidos y consistentes de criminalidad contra los investigados, de la autoría de cualesquiera delitos de los imputados por la referida entidad IST, resulta ajustado a derecho el sobreseimiento provisional y archivo decretado, sin necesidad de dilatar en el tiempo el trámite de este procedimiento con práctica de diligencias innecesarias y no imprescindibles, no causándole el archivo provisional indefensión en el sentido material y no formal (...) ya que es, en la vía contencioso-administrativa a la que ya ha acudido Intersagunto Terminales S.A. (IST), en la que debe darse explicación a las cuestiones suscitadas por la entidad querellante, con la consiguiente solución y respuesta a las mismas”.

La magistrada entiende que “no puede seguirse un proceso por una mera sospecha o conjetura no confirmada ni corroborada, aunque sea por inferencia lógica y razonable, de indicios suficientes de que, la exclusión de IST fuera para facilitar la aprobación del proyecto presentado por el compromiso de la UTE, de las tres entidades querelladas” y añade que hay bastantes motivos “para afirmar que la exclusión se debió a la propia actuación de Intersagunto Terminales S.A., ya fuera por error o por negligencia, al no cumplir los presupuestos y requisitos del pliego, no siendo capaz de esclarecer, al dársele la opción de aclaración por la Mesa de Calificación, de la discrepancia observada, no asumiendo ni en dicho momento, ni con posterioridad, ni siquiera en esta vía jurisdiccional penal, su error y el consiguiente cambio de su oferta y plica, cuando presentó las aclaraciones, lo que está prohibido y motivó su exclusión final, por ser su oferta técnicamente inviable”.

Según la resolución, “no ha podido la mercantil querellante Intersagunto Terminales, S.A., aportar indicio alguno, ni siquiera por inferencia lógica y razonable, de la participación punible de los distintos querellados e investigados y en especial de que, Vicente Boluda Fos haya intermediado y facilitado información previa y reservada a su hijo Ignacio del Carmen Boluda Ceballos, para favorecer a la Corporación Boluda, a Boluda Lines S.A. y a las restantes entidades integrantes del compromiso de UTE, Noatum Terminals S.L.U. e Inversiones Algeposa S.A.U.”.

Y en este sentido, abunda: “Si bien es cierto que Vicente Boluda Fos como miembro del Consejo de Administración de la APV, en representación de las organizaciones empresariales y nombrado por el Consell de la Generalitat Valenciana, asistió a las sesiones del 30 de abril de 2021, del 29 de junio de 2021 y del 1 de octubre de 2021, en las que se aprobó por unanimidad el Pliego de Bases y Pliego de Condiciones Generales y Particulares del Concurso Público para el otorgamiento de una concesión para la construcción y explotación en régimen de concesión administrativa de una terminal pública polivalente en el Muelle Centro II del Puerto de Sagunto, se ratificó y se modificaron, por unanimidad también, respectivamente, no existe ningún elemento de prueba, ni siquiera indicio válido de que el mismo hubiera podido influir en la redacción de los Pliegos y en su modificación de 1 de octubre de 2021, ni respecto del Comité Técnico, ni de la Mesa de Calificación, ni del voto de los demás miembros del Consejo, y como admite en el día de hoy Francesc Josep Sánchez, director general de la APV y miembro de la Mesa de Calificación, aún cuando hubiera obviado su voluntad o interés en que alguna empresa de la Corporación Boluda quisiera participar en el concurso, su voto o la exclusión del mismo no hubiera alterado el acuerdo adoptado y que no requería unanimidad, ni tampoco podría invocarse conflicto de intereses, -como resuelve la Comisión Antifraude en el sentido de que dicho conflicto sería meramente potencial y aparente pero no efectivo, sin impacto real alguno en el resultado-”.

En esta línea, añade que “ni en la Sesión del Consejo de Administración de la APV de fecha 16 de diciembre de 2022, y en el punto 19, Propuesta de resolución acerca de la solicitud de Intersagunto Terminales S.A. sobre Suspensión del procedimiento administrativo, estuvo presente dado que excusó su asistencia el vocal Vicente Boluda Fos (...); ni en la Sesión del Consejo de fecha 24 de enero de 2023, punto 9,-Recurso de Alzada interpuesto por Intersagunto Terminales, S.A contra el Acuerdo de la Mesa de calificación que excluyo su oferta, y Punto 10 -Propuesta de selección de oferta del Concurso Público, en el que se selecciona la presentada según propuesta de la Mesa de Calificación, por Noatum Terminals S.L.U., Inversiones Algeposa, S.A.U. y Boluda Lines, S.A, consta que estuvieran presentes, sino que se incorporan tras dichos puntos del orden del día a la sesión (...), lo que corrobora y confirma la improcedencia de las afirmaciones y alegaciones vertidas por el letrado de la entidad querellante IST, Don Pablo Delgado Gil, en el escrito de querella y en los sucesivos escritos presentados en la tramitación de este procedimiento”.

Los “olvidos” de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en la causa judicial que analizaba la permuta de concesiones concedida a Vicente Boluda para poder recuperar los terrenos de Unión Naval como futura terminal de cruceros han acabado beneficiando al naviero y consejero de la propia APV.

Así se desprende del fallo de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que da la razón al también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), quien se personó en la causa abierta tras la demanda del organismo portuario precisamente para dejar sin efecto la mencionada permuta, tras los contundentes informes de la Intervención General y de la Abogacía del Estado que concluyeron que la compensación a Boluda con una nueva concesión a cambio del rescate de la que ya poseía correspondiente a Unión Naval era lesiva para el interés público. A juicio de ambos órganos de control, procedía declarar caducada su concesión, puesto que en los terrenos no había actividad desde 2012, sin ninguna contraprestación a cambio.

El fallo judicial, al que ha tenido acceso elDiario.es, deja en evidencia a los servicios jurídicos del Puerto de València al afirmar: “La propia APV tras señalar los requisitos para que prospere su demanda de lesividad, se olvida en cada uno de sus pasos de señalar la razón de ser marcadamente contrario al interés público y se ha centrado en la ilegalidad; a nuestro juicio, no ha acreditado ni uno ni otro requisito”. Por ello se desestima la demanda.

El fallo judicial deberá pasar ahora por el consejo de administración de la APV, en el que está presente Boluda, donde se deberá decidir si se recurre o si se da por buena y por lo tanto se mantienen los beneficios concedidos a Boluda en forma de nueva concesión de 35 años a cambio de la que ostentaba de Unión Naval, sin uso y a la que quedaban cuatro años de vigencia.

Según la sentencia, en primer lugar para recuperar una concesión por la vía de la caducidad o del incumplimiento del concesionario, y sin compensación por lo tanto para este, se debería haber solicitado un dictamen del Consejo de Estado. “El criterio lo ratifica el secretario general de la Autoridad Portuaria de Valencia de 15 de junio de 2018 , en su conclusión tercera establece: el procedimiento para declarar la caducidad de una concesión exige Dictamen del Consejo de Estado, en el caso de que se formule oposición por parte del concesionario”, dice el documento.

Además, la sala también pone de relieve que en el caso de la mala conservación de las infraestructuras vinculadas a la concesión, uno de los motivos argumentados por la Abogacía del Estado para decantarse por el rescate de la concesión sin coste para el bien público, “no consta a lo largo de los años expediente administrativo donde se formule requerimiento por parte de la APV para la ejecución de obras en las instalaciones dirigido a dar cumplimiento a esta obligación”. Y añade que de esto se concluye que “para la propia APV, el estado de conservación de las instalaciones era el adecuado, pues tampoco resulta del expediente ningún reconocimiento por parte de la APV de incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales”.

La sala considera también, contrariamente a lo que señala la Abogacía, que sí se han realizado diversas actividades comprendidas en el objeto de la concesión y que en este caso no tiene relevancia que el pago de rescate se realiza a una entidad (Boluda Corporación Marítima, S.L) distinta de la entidad titular de las concesiones extintas (Unión Naval de Valencia S.A.) al haber sido un acuerdo pactado.

Finalmente, tampoco se considera irregular la no coincidencia del objeto de las concesiones (la extinta por rescate y la dada en pago por tal extinción), sin que se haya seguido el procedimiento debido para la modificación del objeto concesional. Para la sala este hecho en este caso es “intrascendente”.

Por todo lo expuesto concluye el fallo que “la Administración no aporta elementos para declarar la caducidad, máxime cuando en un proceso de lesividad son exigibles con mayor rigor y sin ofrecer ningún género de duda como ocurre en el caso examinado”. El dictamen en que se basa, indica el fallo, “tenía otro objetivo (valorar) y frente a resto a las pruebas y dictámenes aportados lo vemos manifiestamente insuficiente para declarar que existía causa de caducidad”.

Procedimiento de lesividad

El consejo de administración de la APV dio cuenta el 29 de junio de 2021 de la aprobación del inicio de un procedimiento de lesividad, cuyo objetivo es anular el acuerdo del consejo de administración de la APV adoptado en 2019 por el cual se aprobó rescatar la concesión otorgada a Boluda en los astilleros de la Unión Naval, sin uso desde 2012 y que caducaba en 2027, compensándole con una nueva concesión de 35 años para la construcción de un edificio de oficinas de 13 plantas. El objetivo de la operación era construir en los 90.000 metros cuadrados de los antiguos astilleros la nueva terminal de cruceros adjudicada a Baleària. El procedimiento de lesividad, sin embargo, debía recibir el aval del TSJCV, cosa que no ha ocurrido.

Tanto la Abogacía como la Intervención sostienen que no procedía una compensación por la recuperación de esta concesión, sino que se debió optar por la vía de la caducidad, sin contraprestación para el empresario al estar 10 años sin la actividad para la que se otorgó, es decir, la construcción de barcos.

El rescate de la concesión de los astilleros de Boluda viene motivada por los cambios introducidos en la ampliación del Puerto, que no están amparados por la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007. Estos cambios implican el traslado de la terminal de cruceros a la sede de la antigua Unión Naval.

Las informaciones publicadas en elDiario.es sobre la repatriación de 100 millones de euros desde Luxemburgo por parte del empresario Vicente Boluda en ningún caso constituyen un delito de injurias y calumnias. Así concluye la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, que ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones abiertas tras una querella del naviero, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, contra los periodistas de este diario Antonio M. Vélez y Sergi Pitarch. De las tres informaciones objeto de la querella “en ningún caso de su lectura puede entenderse un contenido que pueda lesionar el buen nombre del querellante, su familia o patrimonio”, señala la magistrada.

Vicente Boluda, expresidente del Real Madrid y segundo accionista de la COPE después de la Conferencia Episcopal, cobró un dividendo de 100 millones de euros desde Luxemburgo —tal como desveló elDiario.es el 28 de abril del 2020— mediante empresas sin empleados y con un capital mínimo. El empresario se querelló con este diario por un presunto delito contra el honor que la jueza no ve acreditado. Las informaciones, según reza el auto, “tienen su origen en lo publicado por los registros mercantiles de Luxemburgo y España”.

“Nunca se ha imputado delito alguno” en las informaciones publicadas sobre la repatriación de los 100 millones de euros, agrega. “Ello de por sí, sería suficiente para entender que no concurren los requisitos” del delito de calumnias, “pero es que tampoco se describe el supuesto hecho delictivo, sin que se pueda de la lectura de los artículos poder imputar un delito concreto”, señala la resolución.

Tampoco concurren los requisitos que establece el Código Penal para el delito de injurias (expresiones con suficiente potencia para dañar el crédito de una persona o que exista intención de causar daño). La jueza recuerda que para que pueda entenderse indiciariamente acreditado un delito de calumnia “es imprescindible imputar un hecho delictivo sobre una acción concreta, determinada e inequívoca y que dicha imputación sea falsa y perseguible de oficio”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid señala que “no existen indicios que pongan de manifiesto términos tendentes a dañar el crédito y la honra del querellante”. “En ningún caso de su lectura puede entenderse un contenido que pueda lesionar el buen nombre del querellante, su familia o patrimonio”, concluye el auto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado “desmembrar” organismos del Estado fuera de la capital ante propuestas como la del jefe del Consell, Ximo Puig, o el anuncio de Pedro Sánchez de que la Agencia Espacial Española estará en otra ciudad. Por contra, ha abogado por “recuperar un puente” entre la región que preside y la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado la también líder del PP madrileño en una comparecencia antes de un almuerzo en un hotel de Valencia con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y empresarios de Madrid.

En su discurso, que ha finalizado con el consejo a los valencianos de que “del socialismo se sale, como en Andalucía”, Ayuso no ha nombrado en ningún momento a Puig porque ha asegurado que cuando visita una comunidad no acostumbra a “arremeter” contra sus dirigentes y prefiere hablar de políticas.

“Descapitalizar Madrid no solo es insensato, es innecesario, no va a ayudar a que los ciudadanos se asienten en otras partes del territorio nacional”, ha advertido, ya que considera que la solución no pasa por “desmembrar” inversiones e instituciones para “justificar la falta de políticas que ilusionen”.

Se ha preguntado “por qué no buscan proyectos prósperos para toda España en lugar de destrozar la maquinaria de un reloj” y ha cargado contra el anuncio de Sánchez sobre la Agencia Espacial Española, “opaco, precipitado y con un claro componente sectario, pues ni siquiera se ha constituido la comisión para seleccionar el mejor destino”.

Una decisión, ha criticado, con la que “sentencian de nuevo a Madrid sin haber evaluado el proyecto presentado por Tres Cantos” para albergar esta sede, cuando ha defendido que Madrid alberga “más del 90%” de la industria espacial española, que el 70% de ella está en Tres Cantos y que “las empresas quieren que esta agencia se sitúe en Madrid”.

“Ofrecer nuevas glorias a España”

Dirigiéndose a los empresarios, Ayuso ha asegurado que desea que la Comunitat tenga la misma evolución que Madrid y que su gobierno estará “a su lado”, con el objetivo de “recuperar un puente que permita trabajar a los ciudadanos en beneficio de España” y así seguir creando un país “próspero, acogedor y libre”.

“Valencianos y madrileños tenemos la misma vocación. Como reza el himno de esta tierra: ofrecer nuevas glorias a España”, ha manifestado apelando al trabajo conjunto entre las dos regiones y sus ciudadanos y empresas porque “a España le ha ido bien cuando han caminado juntas”.

Por otro lado, preguntada por la invitación que le ha cursado Puig para asistir a actos del 'Mes de la Comunitat Valenciana en Madrid', Ayuso ha confirmado que la ha recibido y “son más que bienvenidos porque es bueno para todos”, pero ha remarcado que desconoce si podrá ir y que intentará que acuda alguien de su gobierno. “Madrid es la casa de todos los españoles”, ha reiterado.

“Falso” 'dumping' fiscal

En materia de impuestos ha rechazado el “falso 'dumping' fiscal”, ha advertido que la armonización es una trampa “política y lingüística que esconde una subida” y ha sostenido que “lo recomendable” es que la Comunitat siguiera la senda que inició Madrid hace 18 años con los gobiernos del PP para ayudar a que los empresarios “prosperen y arriesguen”.

Ha asegurado que bajando tasas se recauda más, se combate la economía sumergida y se fomentan las “ganas” de empresarios y autónomos, además de subrayar que Madrid es la región española “más próspera” y que se puede financiar de forma autónoma en los mercados sin acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como la Comunitat.

En cifras, ha apuntado que la inversión extranjera en Madrid es del 72% y la de la Comunitat del 3%, que los valencianos con una renta de 16.000 euros pagan un 8% más de IRPF que en su comunidad o que el gasto público de la Generalitat es un 20% de su PIB frente al 13% de Madrid.

El doble de endeudamiento

Es más, la presidenta ha asegurado que “a un valenciano, la administración le cuesta casi 800 euros más que aun madrileño” y que el endeudamiento público que soporta cada ciudadano de la Comunitat es el doble que el de uno de Madrid, “y esto supone futuros impuestos”.

Por todo ello ha descartado que la solución sea subir impuestos o descentralizar organismos “buscando siempre el agravio contra Madrid”. Ha puesto como ejemplo que un impuesto en la ciudad de València no beneficiaría a los vecinos de Alicante o Castellón, como tampoco a su juicio el traslado de las Corts o la televisión autonómica À Punt.

También ha destacado las políticas “previsibles” de su gobierno como la ley de mercado abierto, la reducción de cargas burocráticas, las medidas a favor de la natalidad y la familia frente a “recetas de miseria como la inseguridad jurídica, la falta de previsión en la toma de decisiones o el autoritarismo”.

Fortalecer lazos con Madrid

Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha agradecido la presencia de “la política más conocida y reconocida del momento” y “no solo en Madrid” y ha llamado a que las dos regiones fortalezcan sus lazos económicos y sociales, así como que el resto de autonomías cooperen más.

Boluda ha abogado por una “España circular” mediante la finalización del Corredor Mediterráneo y ha recordado que en noviembre Barcelona acogerá el acto anual del 'lobby' a favor de esta infraestructura, un acto al que ha invitado a asistir a Ayuso.

Ha pedido además una “fiscalidad razonable” sin castigar a las empresas familiares, una política nacional del agua, un mix energético para reducir la dependencia de otros países o la reforma de la financiación autonómica porque el modelo actual “daña” a comunidades como la valenciana.

El naviero Vicente Boluda, presidente del lobby de empresarios valencianos, ha clausurado recientemente dos sociedades instrumentales en Luxemburgo con las que una de sus empresas en España se ha embolsado un dividendo de 100 millones de euros.

Ese dividendo, de 100.315.556,78 euros, ha ido a parar a una firma radicada en Las Palmas de Gran Canaria de la que Boluda es socio único y está recogido en las últimas cuentas anuales (2019) de Boluda Luxembourg. Esta firma fue liquidada hace unas semanas, el 24 de marzo. Su accionista único era Boluda Fos Corporación, SL, domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria y propiedad de Vicente Boluda. 

Ese dividendo millonario tiene su origen en otra empresa de Luxemburgo filial de la anterior, también creada a finales de 2013 y liquidada asimismo el 24 de marzo, Boluda Finance SA, que en 2019 traspasó un dividendo de 100.315.556,78 euros a Boluda Luxembourg y que era la propietaria de la española Boluda Lease SLU. Hasta 2018, Boluda Finance también tenía el 100% de otra empresa del grupo Boluda, Compañía Canaria de Remolques SA.

La receptora de ese superdividendo, Boluda Fos Corporación, explicaba en sus cuentas de 2018 (últimas presentadas) que tenía contraído un préstamo de 24,375 millones con Boluda Finance que vencía este año. A la otra firma luxemburguesa, Boluda Luxembourg, esa firma de Las Palmas le aportó el 19 de diciembre de 2017 sus acciones en Compañía Canaria de Remolques, SA, con una valoración contable de 25 millones. eldiario.es ha preguntado al grupo por estas operaciones y por el citado dividendo de 100 millones, sin obtener respuesta.

Las últimas cuentas de la receptora de ese dividendo millonario, accesibles a través de la plataforma Insight View, son de 2018, ejercicio en el que declaró pérdidas de 3,45 millones y una facturación de 2,68 millones. Con seis empleados y filiales en Argentina, Malta y República Dominicana, entre las participadas de Boluda Fos Corporación estaba, con un 6,8%, Radio Popular SA, dueña de la Cadena COPE, la emisora de los obispos, en la que Boluda tiene como consejera a su pareja, Esther Pastor, ex alto cargo de la Generalitat Valenciana con el popular Alberto Fabra.

Boluda, de 65 años, preside desde 2011 la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el influyente lobby que reúne en su junta directiva a Juan Roig (Mercadona), Araceli Císcar (Dacsa), Adolfo Utor (Baleària) o Federico Michavila (Torrecid) y que el jueves pasado reclamó la vuelta “inmediata” de la actividad económica “para preservar el empleo de millones de españoles, porque sin empleo ni actividad económica no se pagan impuestos y sin impuestos no hay estado del bienestar”.

Hace una semana, la AVE pidió reabrir ya “todos los comercios, bares, restaurantes, hoteles, actividades y empresas” para evitar un impacto “dramático” de la crisis del coronavirus en “el empleo y nuestro estado del bienestar”.

Valencia es una de las comunidades autónomas que actualmente registran menos de 30 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes, lo que en principio sitúa a esta región entre las que están en una mejor situación respecto a la epidemia y la desescalada, que el Gobierno prevé que sea gradual, por provincias y en cuatro fases. En el caso de pequeños comercios, terrazas y hoteles, podrán empezar a abrir (con fuertes restricciones) en la mayoría de provincias a partir del 11 de mayo si la situación epidemiológica lo permite, según anunció este martes Pedro Sánchez.

Servicio esencial 

Boluda, que fue fugaz presidente del Real Madrid en 2009 (se ha postulado para sustituir a Florentino Pérez al frente del club blanco), representa la tercera generación al frente de un grupo centenario al que ha convertido en un gigante mundial. La compañía que pilota ha mantenido en esta crisis su actividad al ser considerados esenciales los servicios que presta, como el transporte de mercancías, logística internacional, remolque de buques, y el transporte y suministro de combustible marítimo. 

Como explicaba Boluda en un reciente artículo en el que criticaba que España es “uno de los países más afectados por la falta de mecanismos de previsión gubernamental en adoptar medidas sanitarias durante los pasados meses de febrero y marzo”, las actividades de Boluda Corporación Marítima “se encuentran inherentes dentro del ámbito del sector estratégico y esencial para colaborar en que no haya un desabastecimiento a la ciudadanía en el suministro de mercancías”.

Con una facturación estimada de más de 800 millones en 2019, tras la adquisición de la firma holandesa Kotug Smit Towage, el grupo Boluda opera en nueve de los diez mayores puertos de Europa y está ampliamente extendido por América Latina y África. El año pasado, su mayor sociedad, Boluda Towage, líder mundial en el sector del remolque, nombró consejero independiente al expresidente del Gobierno Felipe González, del que su primer ejecutivo es amigo personal.