El Tribunal de Cuentas no ve ilícito contable en la permuta de concesiones de Boluda pese a que el Puerto de Valencia las sobrevaloró

“A juicio de esta delegada instructora no se darían los requisitos para establecer una presunta responsabilidad por alcance por otorgamiento por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de una nueva concesión a 'Boluda Corporación Marítima' como forma de pago del rescate de la concesión de los astilleros de 'Unión Naval Valencia SA', dado que, de la documentación y datos aportados a las presentes actuaciones previas, ésta le habría supuesto un ahorro a la APV de 806.679 euros”.

El Tribunal de Cuentas resuelve así las actuaciones previas del caso sobre el rescate aprobado por la APV de la concesión de Unión Naval Valencia SA, empresa propiedad del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y del pago de la indemnización correspondiente mediante una nueva concesión de 35 años solicitada por el naviero y también consejero del Puerto, para la construcción de un nuevo edificio de oficinas de 13 plantas.

La vista a la que acudieron la representación legal de la Comissió Ciutat-Port como denunciante y la Abogacía del Estado como defensa de la APV se desarrolló la semana pasada y se cerró con la mencionada resolución, por lo que ahora las partes deben decidir si formalizan la demanda.

La investigación del Tribunal de Cuentas se reactivó una vez el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) determinó que la concesión de Unión Naval Valencia se debía recuperar por la vía del rescate, y por lo tanto con derecho a compensación para Boluda, y no por la vía de la caducidad, sin derecho a indemnización, como sostenían la Intervención General y la Abogacía del Estado.

Así pues, una vez determinada la vía del rescate como fórmula legal, el Tribunal de Cuentas se ha centrado en dirimir si existe algún tipo de ilícito contable que pudiera perjudicar a los intereses públicos, algo que según la investigación de la instructora no sucede, principalmente porque sostiene que la APV compensa a Boluda con otra concesión, cuya valoración económica es inferior a la indemnización que habría que abonarle al naviero por el rescate de la concesión de Unión Naval Valencia, motivo por el cual concluye que existe un ahorro.

Sin embargo, sí que corrige a la APV en cuanto a las valoraciones realizadas de la mencionada concesión de los astilleros de Unión Naval Valencia SA. En concreto, el organismo portuario evalúa la nueva concesión solicitada por Boluda en 1,9 millones de euros y la de Unión Naval en 3,9 millones, por lo que el empresario tendría derecho a una indemnización de 2 millones de euros (que se abonan con la nueva concesión).

Sin embargo, señala, “del total de 2 millones al que hubiese tenido derecho a ser indemnizado Unión Naval Valencia, a juicio de esta delegada instructora habría que descontar del importe a indemnizar el importe resultante de la tasación del edificio de oficinas situado en los terrenos de la nueva concesión otorgada por importe de 1 millón de euros dado que (...) no tendría razón de ser indemnizar por unas instalaciones que se siguen manteniendo dentro de los terrenos que se le otorgan en la nueva concesión como forma de pago del rescate”. Según los cálculos de la instructora, de los dos millones de euros a los que según la APV tenía derecho a ser indemnizado Boluda se rebajaría a 806.679 euros, sin contar el coste de unos terrenos solicitados por Boluda para la ejecución de un aparcamiento de 100 plazas junto a las oficinas, cuya valoración aún no se ha realizado y que habrá que añadir a la liquidación final.

Con todo, la resolución considera que no hay un daño para el patrimonio público, sino un ahorro valorado provisionalmente en esos 806.679 euros.

Una consecuencia de la ampliación del Puerto

Una de las consecuencias del cambio de configuración de la ampliación del Puerto de València es el traslado de la terminal de cruceros, actualmente ubicada en el dique norte, alejada por tanto del casco urbano, a los terrenos que ocupan los astilleros de Unión Naval, empresa propiedad de Boluda, mediante una concesión que caducaba en el año 2027.

Más allá de que el traslado de la terminal a una zona pegada a los Poblados Marítimos se aprobó sin ningún tipo de informe ambiental, para ubicarla en el nuevo emplazamiento había que dejar sin efecto la concesión que tenía vigente Boluda, por lo que la APV recurrió a un procedimiento de rescate de la concesión por el que, en lugar de pagarle una compensación económica al naviero, se le otorgó otra nueva de 35 años para la construcción de un edificio de oficinas de 13 plantas en otros terrenos.