El consumo excesivo de sustancias y la adicción a estas es distinto entre los hombres y las mujeres. Mientras ellos consumen de forma impulsiva y en contextos de riesgo, ellas consumen de forma emocional y relacional y estas adicciones hacen que carguen con un mayor estigma social por su consumo. Sobre todo después de haber sufrido algún tipo de violencias machistas. Por ello, Iragartze Garai Landaluze, psicóloga sanitaria y coordinadora del Centro de Tratamiento Ambulatorio de la Fundación Etorkintza, aborda las adicciones desde una perspectiva de género en el monográfico Mujeres, adicciones y violencias. Un acercamiento al tratamiento de las adicciones con perspectiva de género e interseccionalidad, una de las tres nuevas publicaciones del Máster de Formación Permanente de la Universidad del País Vasco (EHU) Violencias Machistas: Intervención en Red.

“Se observan diferencias de género relevantes en la forma en que estos daños se manifiestan y en las consecuencias que implican. Estas diferencias evidencian la necesidad de abordar las adicciones desde una perspectiva de género, reconociendo que los efectos y las trayectorias del consumo no son iguales para todos, sino que están profundamente condicionados por los roles y expectativas sociales asociados a cada sexo”, reconoce la autora, que explica que en ese sentido, una mujer migrante, pobre y lesbiana no experimenta las mismas condiciones de riesgo ni de acceso a recursos que una mujer blanca, de clase media y heterosexual.

A la hora de analizar la forma de acceder al alcohol o las drogas entre mujeres y hombres, la mirada de género permite ver que las chicas y los chicos, no realizan los ritos iniciáticos de los consumos de determinadas drogas de la misma forma. Las redes sociales juegan ahí un papel fundamental. “Los cuerpos de las niñas son rápidamente sexualizados, no hay más que ver los bikinis con relleno, los push up para niñas y ropa sexy para edades preadolescentes en las tiendas. La exigencia social para estar bellas es abrumadora desde edades muy tempranas. En el espacio virtual, los skin care (cuidado facial), get ready with me (prepárate conmigo) o los trucos y consejos de maquillaje arrasan entre las niñas de 12 y 14 años en las redes sociales, que normalizan conductas adultas y sexualizadas desde muy temprana edad. Si no hay conciencia de límite y relación saludable con ello, se aprende de manera inmediata, valores e ideas que antes de la era de internet, era muy difícil que llegaran y menos, de una forma tan rápida y descontrolada. En general, la población menor está expuesta a una especie de abrumadora realidad donde la información llega a digerirse como la comida basura y los precocinados, rápido y de mala calidad. La información se recibe fragmentada y se traga sin descanso un montón de contenido poco valioso y ni siquiera contrastado, de forma habitual”, detalla Garai, quien destaca que Internet, para muchos jóvenes “se está convirtiendo en una especie de Burguer King de contenidos digitales que no nutren, sino que más bien obstaculizan el desarrollo correspondiente. y frenan la capacidad de reflexión”.

Cuando una mujer consume de forma abusiva recibe una sanción social desde el momento en que esto se percibe, lo que hace que se esmere en ocultarlo

En este contexto, ¿cómo surge el abuso de las sustancias en mujeres? Según investiga la autora, el abuso en ellas puede surgir como una respuesta al malestar, la sobrecarga emocional o la violencia. “A menudo se trata de consumos solitarios, invisibles, en contextos de culpa o vergüenza. Las mujeres suelen tender a tapar el abuso de sustancias porque en ellas se lee de una forma diferente. Cuando una mujer abusa recibe una sanción social desde el momento en que esto se percibe, lo que hace que se esmere en ocultarlo. Las mujeres tienen cuidado de salir a la calle solas o consumir sin control y abusar porque esto les expone directamente a poder recibir violencia de todo tipo. En primer lugar, a ser percibidas como alguien no deseable, lo que atenta directamente contra el primer mandato femenino de la belleza, siempre estar guapas y arregladas. En segundo lugar, porque una mujer bajo los efectos de las drogas se encuentra en peligro de ser agredida sexualmente porque este comportamiento se lee como algo descuidado en ella”, recoge el monográfico.

Cuando una mujer consume, la sociedad tiende a interpretar ese acto como una “falta de autocontrol, de responsabilidad o de decoro”. “En una agresión sexual, se considera que «ella se lo ha buscado» o que «no cuidó de sí misma». Esta mirada culpabilizadora convierte el consumo en un argumento para justificar o minimizar las agresiones sexuales. En cambio, un hombre bajo los mismos efectos raramente es responsabilizado de la violencia que pueda sufrir o generar, pudiendo llegar a ser incluso atenuante el ir bajo los efectos de sustancias al cometer actos delictivos. A los hombres se les permite o se les justifica el exceso mientras que a las mujeres se les penaliza y se las estigmatiza por salirse del mandato del autocontrol y del cuidado”, lamenta.

Otra de las cuestiones que cambia dependiendo de si se aplica o no una mirada feminista a la hora de analizar las adicciones es la dependencia, ya que, según explica Garai, “adquiere significados diferentes según el género, la clase social, la edad o la posición cultural”.“ En las mujeres, la dependencia suele estar atravesada por historias de violencias, pérdidas, sobrecargas emocionales o desigualdades acumuladas y sobre todo trauma, mucho trauma. No siempre se trata de una búsqueda de placer, sino más bien de alivio o de escape. Muchas mujeres consumen para soportar, para aguantar, para seguir funcionando. La sociedad, sin embargo, tiende a interpretar esa dependencia como una doble falta, falta de control personal y falta de cumplimiento del rol de género (cuidadora, madre, pareja, hija responsable)”, asegura.

Además, en su análisis determina que biológicamente, las mujeres pueden desarrollar adicción más rápidamente que los hombres incluso con niveles similares de consumo, algo que ha denominado como “efecto telescopio”. “La forma en que metabolizan ciertas sustancias, junto con factores hormonales, puede intensificar los efectos tanto agradables como perjudiciales, aumentando el riesgo de dependencia y daño físico. Socialmente, la mujer enfrenta un doble desafío: la adicción y el estigma. En muchos contextos se juzga con mayor dureza a una mujer que presenta problemas de consumo, particularmente si es madre. Esto puede llevar a ocultar la situación, retrasar la búsqueda de ayuda o asumir la carga en silencio por miedo a ser criticada, discriminada o separada de sus hijos”, señala.

Los mismos síntomas que, en los hombres, suelen abordarse mediante recomendaciones de ejercicio físico o descanso, en las mujeres reciben una respuesta predominantemente farmacológica

Existen diferentes tipos de adicciones, ya sea a sustancias como drogas o alcohol, como a no sustancias, sexo, compras, internet, juego o trabajo. En este caso Garai, aunque de forma general aborda todos los tipos, se centra específicamente en el consumo de alcohol, drogas y psicofármacos. Sobre estos últimos, considera que “en Europa se observa una clara tendencia hacia la medicalización del malestar femenino”. “Los mismos síntomas que, en los hombres, suelen abordarse mediante recomendaciones de ejercicio físico, descanso o actividades recreativas, en las mujeres reciben una respuesta predominantemente farmacológica. A ellas se les diagnostica con mayor frecuencia trastornos como la depresión o la ansiedad, y suelen ser medicadas de manera rápida, sin una exploración profunda de las causas sociales, emocionales o estructurales que generan su malestar y en muchos casos estos diagnósticos se realizan directamente desde atención primaria, sin derivación a un tratamiento especializado y sin una evaluación clínica profunda”, detalla.

En el monográfico Garai evalúa las razones y las consecuencias del consumo en mujeres embarazadas y del papel que juegan las adicciones en la vida de las madres y parejas de hombres drogodependientes. En el caso de las embarazadas, la experta inssite en que desde una perspectiva de género, es fundamental aclarar que las mujeres embarazadas con trastornos por consumo de sustancias suelen enfrentar una fuerte estigmatización social y sanitaria, lo que en muchos casos les aleja de los servicios de salud o les expone a intervenciones coercitivas y punitivas. “El miedo a perder la custodia del bebé o a ser juzgadas por su consumo actúa como una barrera significativa para buscar ayuda durante el embarazo. Por ello, la atención a las mujeres embarazadas drogodependientes requiere de un enfoque integral, interdisciplinar y libre de juicios morales. Es necesario ofrecer acompañamiento desde la atención primaria y los servicios de salud mental y adicciones, con especial atención a la prevención del consumo durante el embarazo, la detección temprana del síndrome de abstinencia neonatal y el apoyo tanto al recién nacido como a la madre en el vínculo afectivo posnatal. Incorporar la perspectiva de género en la atención de estos casos implica reconocer las condiciones estructurales pobreza, exclusión, violencia, falta de redes de apoyo que atraviesan la vida de muchas de estas mujeres, y diseñar respuestas que prioricen el cuidado, la salud y la no criminalización”, apunta.

Según desarrolla en el monográfico, Garai determina que no se puede obviar que un alto porcentaje de mujeres drogodependientes ha sufrido experiencias de trauma como abusos sexuales o agresiones, abandono o negligencia. Lo que hace que estén expuestas a sufrir estrés postraumático e incluso desarrollar trastornos mentales fruto del trauma. “Si tomamos como ejemplo la vida de una mujer en situación de calle, suele estar marcada por una cadena de violencias que se acumula hasta convertirse en una maraña difícil de romper. Para muchas, la calle no fue un destino elegido, sino la última etapa de un camino atravesado por el abandono, la pobreza y, con frecuencia, la violencia. Antes de llegar allí, muchas ya habían vivido agresiones físicas, psicológicas o sexuales, situaciones que dejan cicatrices profundas y que condicionan la forma en que sobreviven. En ese contexto, el consumo de drogas aparece a menudo como una herramienta de resistencia más que como un vicio. Para algunas mujeres, las sustancias se convierten en un mecanismo para calmar la ansiedad, dormir en medio del miedo, soportar el frío o, simplemente, desconectar del dolor. Con el tiempo, esa forma de alivio puede transformarse en dependencia, atrapándolas en un ciclo que se alimenta de sus propias carencias”, aclara.

Las mujeres que consumen sustancias se enfrentan a un trato paternalista y moralizador. Sus decisiones son cuestionadas y su capacidad para participar activamente en su propio proceso de salud es subestimada

Otro de los perfiles más vulnerables en relación con las adicciones, según destaca ,son las mujeres migrantes. “Esto ocurre debido a la confluencia de múltiples factores de riesgo relacionados con la migración, el género y la exclusión social. Los procesos migratorios implican con frecuencia duelos múltiples por la tierra, la lengua, la familia, la cultura, el estatus social o las redes de apoyo que pueden generar un profundo malestar emocional. En este contexto, el consumo de sustancias puede aparecer como una forma de aliviar la ansiedad, la soledad o el dolor derivados de la adaptación a un entorno nuevo y muchas veces hostil”, indica.

Además del estigma social y de la violencia machista o intrafamiliar que muchas de estas mujeres han llegado a sufrir a lo largo de su vida, una vez detectan el problema, se suelen enfrentar a violencia institucional, policial y hasta jurídica. “Las mujeres que consumen sustancias se enfrentan a un trato paternalista y moralizador. Sus decisiones son cuestionadas y su capacidad para participar activamente en su propio proceso de salud es subestimada. Actitudes como la infantilización, la culpabilización o el trato despectivo provocan que muchas de ellas eviten volver a los servicios sanitarios, retrasando diagnósticos y aumentando riesgos para su salud. También se observa violencia atencional cuando se vulnera su derecho a la confidencialidad, compartiendo información sensible con otras instituciones sin un verdadero consentimiento informado, o cuando se condiciona la atención sanitaria a la abstinencia, negando cuidados necesarios bajo la idea de que 'primero debe dejar las drogas'. Esta lógica de 'merecimiento' niega el enfoque de reducción de daños y refuerza la discriminación estructural. Por último, la falta de formación en trauma y perspectiva de género puede llevar a una incorrecta interpretación de las reacciones traumáticas: miedo, llanto, confusión o irritabilidad son catalogados erróneamente como manipulación o 'mala actitud'. Ello produce diagnósticos inadecuados, sobremedicalización o abandono terapéutico”, sostiene la autora.

Por su parte, la violencia policial se basa en acciones erróneas cuando la mujer toma la decisión de interponer una denuncia contra su maltratador. Entre esas acciones erróneas se encuentran “la minimización o desestimación del relato, la negativa a registrar la denuncia o la tendencia a responsabilizar a la mujer por los hechos ocurridos”. “Del mismo modo, dudar sistemáticamente de su testimonio, exigir detalles innecesarios o adoptar un tono incriminatorio configura un trato hostil que genera miedo y refuerza el silencio. Otra forma de violencia institucional ocurre cuando los agentes presionan a la víctima para tomar decisiones que no está preparada para asumir o, por el contrario, desaconsejan denunciar alegando la complejidad del proceso y porque además es consumidora. También son frecuentes la falta de privacidad, la exposición pública de la situación o la ausencia de medidas de protección, aun cuando el riesgo es evidente. En su expresión más grave, pueden aparecer burlas, amenazas o incluso violencia física y sexual por parte de quienes deberían brindar amparo. *Estas prácticas se agravan cuando la víctima es una mujer con consumo problemático de sustancias: el estigma asociado al consumo afecta la credibilidad de su palabra, legitima un trato discriminatorio y condiciona su acceso a la justicia. De este modo, la institución policial puede transformarse en un nuevo escenario de daño, en lugar de actuar como garante de derechos y protección frente a la violencia de género”, lamenta la autora, que en el monográfico ennumera una serie de pautas para que las distintas instituciones sepan atender a estas mujeres, que se basan en explicar, desde el respeto sus derechos, dar credibilidad a la víctima, evitar el paternalismo y, sobre todo, la capacitación continua del personal, ya sea policial como judicial y asistencial.

Mentre Mallorca es venia al món com un paradís d’hotels, platges i luxe mediterrani, a pocs quilòmetres de l’aeroport creixia un dels supermercats de droga més grans d’Espanya. Allà, entre barraques aixecades sobre l’exclusió i l’abandonament institucional, Francisca Cortés, ‘La Paca’, va construir un imperi criminal alimentat per l’heroïna, la cocaïna, la corrupció policial i els diners enterrats en amagatalls plens d’efectiu ocult sota terra. La seva figura –barreja de crònica negra i poder– torna ara al centre del focus mediàtic amb l’estrena, aquest divendres, de la pel·lícula Mallorca confidencial, un thriller dirigit per David Ilundain i protagonitzat per Lolita Flores que recorda l’ascens i la caiguda del clan narcotraficant més gran de la història recent de l’arxipèlag.

La cinta, ambientada en la Mallorca del boom immobiliari i de la corrupció policial de la primera dècada dels anys 2000, és protagonitzada pel personatge fictici de ‘La Chusa’, matriarca d’un assentament marginal que controla el tràfic de drogues a l’illa mentre el seu imperi comença a esquerdar-se. Ilundain va assegurar en la preestrena de l’obra que el film, que no menciona La Paca, està “basat en fets reals”. Tampoc la pel·lícula fa al·lusió a Son Banya, sinó a Son Canals, un assentament de barraques que, igual que Son Banya, està situat al costat de l’aeroport de Palma, és l’epicentre de la droga a l’illa i compta amb una matriarca.

Els orígens de Son Banya

La història de La Paca està íntimament lligada a Son Banya, un assentament de barraques que va néixer oficialment el 1972. El franquisme tardà i l’Ajuntament de Palma van promoure el trasllat de famílies gitanes i pobres des de diversos barris degradats cap a una zona aïllada entre Palma i l’aeroport. L’operació es va presentar com una solució urbanística, però va acabar funcionant com un mecanisme de segregació social i ètnica.

Amb el temps, el poblat va quedar convertit en un espai pràcticament desconnectat de la ciutat: carrers sense serveis suficients, pobresa estructural, fracàs escolar massiu i una forta presència d’economies informals. Als anys vuitanta i noranta, la irrupció de l’heroïna va transformar completament la realitat del lloc. Son Banya va passar de ser un assentament marginal a convertir-se en el principal punt de venda de droga de les Balears. Va ser aquí on va emergir el clan de Francisca Cortés Picazo.

L’ascens de 'La Paca'

Francisca Cortés Picazo va néixer el 1955 i va acabar convertint-se en la figura dominant del narcotràfic mallorquí. La matriarca va construir una estructura familiar que funcionava com una autèntica xarxa criminal basada en la venda d’heroïna i cocaïna per part dels seus subordinats. El clan manejava enormes quantitats d’efectiu i va arribar a establir relacions amb advocats i membres de les forces de seguretat per protegir els seus interessos, tal com descriuen sentències i informes policials. Una romeria constant de consumidors procedents de tota Mallorca va començar a acudir al poblat en un trànsit constant de cotxes que va acabar formant part del paisatge habitual dels accessos a Palma.

La imatge pública de ‘La Paca’ barrejava temor, poder i una certa construcció folklòrica alimentada per alguns programes de televisió sensacionalistes. Ella mateixa va cultivar una estètica de matriarca gitana totpoderosa. El seu clan controlava habitatges, favors i bona part de la vida quotidiana del poblat.

La imatge pública de ‘La Paca’ barrejava temor, poder i una certa construcció folklòrica alimentada per alguns programes de televisió sensacionalistes. Ella mateixa va cultivar una estètica de matriarca gitana totpoderosa

L’època de màxima esplendor del clan va coincidir amb els anys del boom turístic i de l’expansió immobiliària a les Balears. Mentre Mallorca projectava a l’exterior una imatge de luxe, hotels i creixement econòmic, Son Banya es consolidava com un mercat de droga gegant a l’aire lliure a només uns quilòmetres de l’aeroport i de les principals zones turístiques de Palma. Malgrat les batudes policials, el negoci resistia una vegada i una altra: l’estructura familiar del clan permetia recompondre ràpidament els punts de venda i mantenir intacte el control sobre el tràfic de drogues.

La sensació d’impunitat al voltant de Son Banya va créixer durant anys alimentada, a més, per les connexions del clan amb membres de les forces de seguretat i pel fracàs històric de les administracions per desmantellar el poblat. El 2008, però, va semblar arribar el cop definitiu. En el marc de l’Operació Kabul, el desplegament policial més gran realitzat fins aleshores contra el narcotràfic a les Balears, desenes d’agents de la Guàrdia Civil van irrompre a Son Banya i van detenir Francisca Cortés i diversos membres de la seva família. El dispositiu va donar lloc, cinc anys després, al judici més gran contra el tràfic de drogues celebrat a l’arxipèlag, amb 55 acusats i peticions de condemna que sumaven un total de 697 anys de presó.

El judici dels segrestos i els diners enterrats

Però abans d’aquella macrovista, el 2008 es va celebrar el judici del conegut com a ‘cas Son Banya’, un dels més mediàtics duts a terme fins aleshores a Mallorca: al banc dels acusats s’hi van asseure 27 processats i les sol·licituds de presó arribaven a un total de 346 anys. Entre els acusats hi havia ‘La Paca’. La Fiscalia sostenia que la matriarca havia ordenat segrestos, amenaces i pallisses contra dues persones sospitoses d’haver robat 911.000 dels aproximadament sis milions d’euros que el clan ocultava en amagatalls excavats sota terra a Son Banya. Segons la investigació, els dos homes van ser introduïts “a punta de pistola” en vehicles del clan, colpejats brutalment “amb un bat de beisbol” i traslladats per la força al poblat, on van ser apallissats i interrogats per recuperar el botí desaparegut.

El sumari descrivia un clima de terror al voltant de l’organització i dibuixava Son Banya com un territori controlat fermament per la família Cortés Picazo, on la por i la violència funcionaven com a mecanismes habituals de disciplina interna. Com si es tractés d’una novel·la negra coral ambientada a Son Banya, al banc dels acusats s’hi asseien ‘El Evangelio’, ‘El Loco’, ‘El Tarta’, ‘El Chirri’, ‘El Moreno’, ‘La Guapi’, ‘Joselete el Sordo’ o ‘El Chencho’, fills, germans, nebots o cunyats tots ells de Francisca Cortés. A les portes de l’Audiència Provincial, un conglomerat de familiars i persones properes als processats.

Un dels judicis contra el clan de ‘La Paca’ va ser per tortures i segrest a dues persones que els havien robat gairebé un milió d’euros

Juntament amb la resta d’inculpats, també va ser jutjat l’inspector de la Policia Nacional José Gómez Navarro i la seva esposa, l’advocada María Ángeles López. La Fiscalia sostenia que tots dos havien teixit una relació estreta amb el clan de ‘La Paca’ i que el comandament policial va arribar a rebre importants quantitats de diners i regals a canvi de facilitar informació privilegiada sobre investigacions policials i protegir els interessos de l’organització criminal. Segons l’acusació, ‘Pepote’ i Calderón també van participar en les maniobres per desacreditar i pressionar els dos homes que van denunciar haver estat segrestats i torturats després del robatori d’una part dels diners ocults pel clan a Son Banya.

També van ser investigats l’inspector de la Policia Nacional José Gómez Navarro, ‘Pepote’ i la seva esposa, l’advocada María Ángeles López, que fins i tot va arribar a iniciar una vaga de fam

“Jo no tinc cap Ferrari”

Entre els al·legats es va sentir una frase que acabaria retratant la contradicció permanent entre la misèria visible de Son Banya i els milions que, segons el Ministeri Públic, movia el clan: ‘Jo no tinc cap Ferrari’. Ho va proclamar un dels fills de ‘La Pac’», Francisco Tomás Fernández, ‘El Ico’, en referència a un comentari que havia fet un dels advocats presents al judici: ‘Viuen en barraques, però hi ha un bon pàrquing de vehicles, i de fet ‘El Ico’ es passeja en Ferrari’. ‘Jo no tinc cap Ferrari’, va respondre ell. La majoria dels acusats va insistir que part de la fortuna procedia del negoci de la ferralla i d’activitats legals vinculades al reciclatge de metalls, una explicació que no va convèncer mai ni a la Fiscalia ni al tribunal.

Mesos després, els magistrats van dictar sentència. La matriarca va ser condemnada a 22 anys de presó per delictes de blanqueig de capitals, dos delictes de detenció il·legal, violació de domicili, amenaces greus, lesions, inducció a dos nous delictes de detenció il·legal, inducció a fals testimoni i suborn. Per la seva banda, ‘Pepote’ va ser condemnat a nou anys i mig de presó i la seva esposa, a tretze anys i mig. Ella fins i tot va iniciar una vaga de fam després que el tribunal denegués la seva petició de llibertat, ja que es trobava en presó incondicional i sense fiança després de ser condemnada en el marc de la causa.

La matriarca va ser condemnada a vint-i-dos anys de presó pels delictes de blanqueig de capitals, dos delictes de detenció il·legal, violació de domicili, amenaces greus, lesions, inducció a dos nous delictes de detenció il·legal, inducció a fals testimoni i suborn. El Tribunal Suprem va reduir la seva pena a setze anys i nou mesos i la va absoldre d’alguns delictes

L’Audiència la descrivia com la “principal capitost o cap del clan familiar”. La resolució, de 177 pàgines, dibuixa un entramat criminal profundament arrelat a Son Banya i sostingut durant anys gràcies al narcotràfic, el blanqueig i l’existència de vincles corruptes amb membres de la policia. Però potser cap imatge resumeix millor aquella època que la dels diners enterrats sota terra a Son Banya: el tribunal relata com diversos membres del clan “van decidir excavar un forat en un solar” del poblat per amagar uns sis milions d’euros procedents del narcotràfic i “posar fora de perill” els beneficis de l’heroïna i la cocaïna. La distància entre el relat de la “ferralleria” i la imatge de feixos de bitllets amagats al subsol es va convertir en un dels símbols més grotescos d’aquell judici.

El Tribunal Suprem, però, va rebaixar les principals penes imposades per l’Audiència de Palma. En el cas de ‘La Paca’, l’alt tribunal la va absoldre dels delictes de blanqueig, amenaces, violació de domicili i lesions i va reduir la seva pena a 16 anys i 9 mesos. En el cas de ‘Pepote’, va ser absolt del delicte de blanqueig de capitals pel qual havia estat condemnat inicialment i la seva condemna va quedar reduïda a cinc anys i mig. Per la seva banda, Calderón va veure reduïda la seva condemna a dos anys i nou mesos. Tot i així, els magistrats van donar per acreditat un dels episodis més foscos del cas: el segrest dels dos homes acusats d’haver robat centenars de milers d’euros enterrats a Son Banya. De la resta del botí –més de cinc milions– mai més se’n va saber res.

Cinc milions d’euros obtinguts pel negoci il·lícit de la droga, que estaven enterrats al poblat segons el tribunal, continuen desapareguts per a la Justícia

La macrocausa Kabul

El 2013 va arribar el judici del cas Kabul, amb 55 persones acusades, cinc de les quals en cerca i captura. Francisca Cortés es tornava a veure les cares amb la Justícia. La Fiscalia, en un extens escrit de qualificació, relatava com, des d’octubre del 2007 fins a la detenció dels processats, la Guàrdia Civil havia detectat l’existència de diversos grups organitzats que introduïen els estupefaents a les illes. Entre ells hi havia el clan de ‘La Paca’, erigit fins aleshores en la major i més eficient organització destinada a la venda i distribució de cocaïna, heroïna i resina de cànnabis a Mallorca.

Segons l’acusació pública, la droga sortia des de Barcelona a través de diverses xarxes criminals connectades entre si, entre les quals hi havia l’‘Organització Kike’, el ‘clan del Joaquín’ i el ‘clan dels Valencians’, aquests dos últims amb una forta implantació a Son Banya. El sumari també situava dins l’entramat altres bandes com el grup ‘del Dani’ o del ‘Chupi’, el ‘del Pony’, el del ‘Moi’ i la xarxa ‘Samara’. Per a la seva activitat il·legal, segons el relat dels fiscals, els membres d’aquest grup utilitzaven diversos habitatges i locals de Son Banya, on de manera continuada, dia i nit, venien les substàncies estupefaents.

Davant la magnitud de la causa, la vista es va haver de celebrar, sota estrictes mesures de seguretat, en unes instal·lacions situades al polígon de Son Rossinyol de Palma. L’ambient del primer dia va retratar des del principi el caràcter gairebé delirant del procediment: una de les acusades es va desplomar en plena sessió incapaç de suportar la tensió i va haver de ser atesa i evacuada momentàniament pels agents presents a la sala. Els crits i les escenes de nervis van marcar aquella primera jornada. “És que té delicte el que han fet”, cridava una de les dones presents a la sala mentre assenyalava un altre dels acusats. “La droga era seva”, insistia a crits abans que l’assenyalat s’aixequés indignat per protestar per les acusacions espontànies. La matriarca, per la seva banda, vestida de rosa, va optar per amagar-se de les càmeres igual que el seu germà Juan, ‘El Moreno’, i els seus fills ‘El Ico’ i ‘La Guapi’.

Terratrèmol judicial

El terratrèmol judicial va arribar després, quan l’Audiència Provincial, en una resolució de 183 pàgines, va absoldre ‘La Paca’ i la majoria dels acusats en considerar que part de les proves obtingudes durant la investigació havien vulnerat drets fonamentals, dinamitant així anys de macrobatudes, escoltes, seguiments i un desplegament policial sense precedents a Son Banya.

Tanmateix, el cas Kabul no va acabar amb aquella absolució massiva. Lluny de tancar definitivament la macrocausa, la sentència va obrir una nova batalla judicial que es va allargar durant anys el procés més gran per narcotràfic de les Balears. La Fiscalia va recórrer davant del Suprem en considerar que la sentència havia desmuntat i invalidat de forma injustificada proves clau de la investigació policial. El Tribunal Suprem va acabar donant parcialment la raó al Ministeri Fiscal i va anul·lar la resolució absolutòria, ordenant dictar una nova sentència, reprotxant a l’Audiència balear haver fet una valoració «irracional» i «arbitrària» de diverses proves fonamentals del procediment i criticant que es descartés material incriminatori sense una motivació suficient. La decisió va suposar una nova tempesta judicial i va tornar al primer pla una causa ja convertida en símbol de la crònica negra mallorquina contemporània.

El desenllaç definitiu del cas no va arribar fins al 2018, més d’una dècada després de l’inici de l’operació policial que li va donar origen. Aquell any, el Suprem va tancar la macrocausa i va rebaixar a cinc anys i mig la condemna que finalment l’Audiència havia imposat a ‘La Paca’ i a diversos dels seus fills per delictes relacionats amb el narcotràfic i el blanqueig de capitals.

En un altre procediment, La Paca i la majoria d’acusats van acabar absolts perquè les proves obtingudes durant la investigació havien vulnerat drets fonamentals. Després del recurs de la Fiscalia, es va tornar a celebrar el judici i, després d’un altre recurs al Suprem, La Paca va ser condemnada a cinc anys i mig per delictes relacionats amb el narcotràfic i el blanqueig de capitals

El 2019, la matriarca va acceptar una altra condemna de tres anys i tres mesos de presó per blanqueig de capitals, admetent que va ocultar patrimoni procedent del narcotràfic. En aquella vista també va acceptar una multa de 12 milions d’euros. ‘La Paca’ va ingressar a presó després de les condemnes derivades del cas Son Banya i hi va passar anys. El 2016 va obtenir el primer permís penitenciari després d’haver complert una mica més de vuit anys de condemna i, el 2018, va accedir al tercer grau penitenciari. Actualment està en llibertat i viu a Mallorca.

Son Banya després de 'La Paca'

Les condemnes no van acabar, però, amb el narcotràfic a Son Banya. Alguns clans familiars van continuar controlant diversos punts de venda i, de tant en tant, salten noves operacions policials. El poblat continua avui parcialment dempeus, tot i que molt lluny del poder que va arribar a concentrar durant els anys de màxima esplendor del clan de ‘La Paca’. El 2018, tots els partits de l’Ajuntament de Palma van tancar un acord històric per al seu desmantellament progressiu, amb un pla d’inversió de més de 5,4 milions d’euros al llarg de vuit anys i el reallotjament de prop d’un centenar de famílies que hi vivien aleshores: entre 450 i 600 persones, 193 de les quals infants, segons els càlculs municipals.

L’objectiu de l’acord era facilitar la reinserció social dels residents mitjançant ajudes al lloguer i l’accés a habitatges fora de l’assentament, excloent les zones més conflictives de la ciutat. L’aleshores alcalde, Antoni Noguera (Més per Palma), va justificar les ajudes per la gran quantitat de població infantil en risc d’exclusió que no anava a l’escola i que patia “una pèrdua d’oportunitats pel fet de viure al poblat”. A canvi, les famílies havien de complir una sèrie de condicions: escolaritzar els menors, participar en programes d’inserció i mantenir una recerca activa de feina.

El pla no va funcionar. Desenes de famílies continuen vivint a Son Banya entre l’exclusió social, l’estigma i les ferides de dècades d’abandonament institucional. El debat no ha estat mai únicament policial: treballadors socials i entitats veïnals fa anys que assenyalen que l’assentament de barraques també representa el fracàs històric de les polítiques públiques envers la pobresa i la comunitat gitana a Mallorca.

L’estrena de Mallorca Confidencial retorna ara la història de ‘La Paca’ a l’imaginari col·lectiu de l’illa, però també una realitat molt més incòmoda: la convivència durant dècades entre el paradís turístic venut a l’exterior i un dels supermercats de droga més grans d’Espanya, aixecat a pocs quilòmetres d’hotels de luxe, platges i urbanitzacions. Perquè la història de Son Banya no parla només de narcotràfic: també parla de segregació, pobresa enquistada i d’una Mallorca que durant molt de temps va preferir mirar cap a una altra banda.

Mientras Mallorca se vendía al mundo como un paraíso de hoteles, playas y lujo mediterráneo, a escasos kilómetros del aeropuerto crecía uno de los mayores supermercados de droga de España. Allí, entre chabolas levantadas sobre la exclusión y el abandono institucional, Francisca Cortés, 'La Paca', construyó un imperio criminal alimentado por la heroína, la cocaína, la corrupción policial y el dinero enterrado en zulos repletos de efectivo ocultos bajo tierra. Su figura -mezcla de crónica negra y poder- vuelve ahora al centro del foco mediático con el estreno, este viernes, de la película Mallorca confidencial, un thriller dirigido por David Ilundain y protagonizado por Lolita Flores que recuerda al auge y declive del mayor clan narcotraficante de la historia reciente del archipiélago.

La cinta, ambientada en la Mallorca del boom inmobiliario y de la corrupción policial de la primera década de los 2000, está protagonizada por el personaje ficticio de 'La Chusa', matriarca de un poblado marginal que controla el tráfico de drogas en la isla mientras su imperio empieza a resquebrajarse. Ilundain aseguró en el preestreno de la obra que el film, que no nombra a La Paca, está “basado en hechos reales”. Tampoco la película hace alusión a Son Banya, sino a Son Canals, un poblado chabolista que, al igual que Son Banya, está ubicado al lado del aeropuerto de Palma, es el epicentro de la droga en la isla y cuenta con una matriarca.

Los orígenes de Son Banya

La historia de La Paca está íntimamente ligada a Son Banya, poblado chabolista que nació oficialmente en 1972. El franquismo tardío y el Ayuntamiento de Palma promovieron el traslado de familias gitanas y pobres desde distintos barrios degradados hacia una zona aislada entre Palma y el aeropuerto. La operación se presentó como una solución urbanística, pero terminó funcionando como un mecanismo de segregación social y étnica.

Con el tiempo, el poblado quedó convertido en un espacio prácticamente desconectado de la ciudad: calles sin servicios suficientes, pobreza estructural, fracaso escolar masivo y una fuerte presencia de economías informales. En los años ochenta y noventa, la irrupción de la heroína transformó por completo la realidad del lugar. Son Banya pasó de ser un asentamiento marginal a convertirse en el principal punto de venta de droga de Balears. Fue ahí donde emergió el clan de Francisca Cortés Picazo.

El ascenso de 'La Paca'

Francisca Cortés Picazo nació en 1955 y acabó convirtiéndose en la figura dominante del narcotráfico mallorquín. La matriarca construyó una estructura familiar que funcionaba como un auténtico entramado criminal basado en la venta de heroína y cocaína por parte de sus subordinados. El clan manejaba enormes cantidades de efectivo y llegó a tejer relaciones con abogados y miembros de las fuerzas de seguridad para proteger sus intereses, tal como describen sentencias e informes policiales. Una romería constante de consumidores procedentes de toda Mallorca comenzó a acudir al poblado en un trasiego constante de coches que acabó formando parte del paisaje habitual de los accesos a Palma.

La imagen pública de 'La Paca' mezclaba temor, poder y cierta construcción folclórica alimentada por algunos programas televisivos sensacionalistas. Ella misma cultivó una estética de matriarca gitana todopoderosa. Su clan controlaba viviendas, favores y buena parte de la vida cotidiana del poblado.

La imagen pública de 'La Paca' mezclaba temor, poder y cierta construcción folclórica alimentada por algunos programas televisivos sensacionalistas. Ella misma cultivó una estética de matriarca gitana todopoderosa

La época de máximo esplendor del clan coincidió con los años del boom turístico y de la expansión inmobiliaria en Balears. Mientras Mallorca proyectaba al exterior una imagen de lujo, hoteles y crecimiento económico, Son Banya se consolidaba como un gigantesco mercado de droga al aire libre a apenas unos kilómetros del aeropuerto y las principales zonas turísticas de Palma. Pese a las redadas policiales, el negocio resistía una y otra vez: la estructura familiar del clan permitía recomponer rápidamente los puntos de venta y mantener intacto el control sobre el tráfico de droga.

La sensación de impunidad alrededor de Son Banya creció durante años alimentada, además, por las conexiones del clan con miembros de las fuerzas de seguridad y por el fracaso histórico de las administraciones para desmantelar el poblado. En 2008, sin embargo, pareció llegar el golpe definitivo. En el marco de la Operación Kabul, el mayor despliegue policial realizado hasta entonces contra el narcotráfico en Balears, decenas de agentes de la Guardia Civil irrumpieron en Son Banya y detuvieron a Francisca Cortés y a varios miembros de su familia. El dispositivo dio lugar, cinco años después, al mayor juicio contra el tráfico de drogas llevado a cabo en el archipiélago, con 55 acusados y peticiones de condena que sumaban un total de 697 años de prisión.

El juicio de los secuestros y el dinero enterrado

Pero antes de aquella macrovista, en 2008 se celebró el juicio del conocido como 'caso Son Banya', uno de los más mediáticos llevados a cabo hasta entonces en Mallorca: en el banquillo se sentaron 27 procesados y las solicitudes de prisión alcanzaban los 346 años en total. Entre los acusados se encontraba 'La Paca'. La Fiscalía sostenía que la matriarca había ordenado secuestros, amenazas y palizas contra dos personas sospechosas de haber robado 911.000 de los aproximadamente seis millones de euros que el clan ocultaba en zulos excavados bajo tierra en Son Banya. Según la investigación, los dos hombres fueron introducidos “a punta de pistola” en vehículos del clan, golpeados brutalmente “con un bate de béisbol” y trasladados por la fuerza al poblado, donde fueron golpeados e interrogados para recuperar el botín desaparecido.

El sumario describía un clima de terror alrededor de la organización y dibujaba Son Banya como un territorio controlado férreamente por la familia Cortés Picazo, donde el miedo y la violencia funcionaban como mecanismos habituales de disciplina interna. Como si de una novela negra coral ambientada en Son Banya se tratase, en el banquillo se sentaban 'El Evangelio', 'El Loco', 'El Tarta', 'El Chirri', 'El Moreno', 'La Guapi', 'Joselete el Sordo' o 'El Chencho', hijos, hermanos, sobrinos o cuñados todos ellos de Francisca Cortés. A las afueras de la Audiencia Provincial, un conglomerado de familiares y allegados de los procesados.

Uno de los juicios contra el clan de la Paca fue por torturas y secuestro a dos personas que les habían robado casi un millón de euros

Junto a los demás inculpados también fue enjuiciado el inspector de la Policía Nacional José Gómez Navarro, 'Pepote' y su mujer, la abogada María Ángeles López. La Fiscalía sostenía que ambos habían tejido una estrecha relación con el clan de 'La Paca' y que el mando policial llegó a recibir importantes cantidades de dinero y regalos a cambio de facilitar información privilegiada sobre investigaciones policiales y proteger los intereses de la organización criminal. Según la acusación, 'Pepote' y Calderón también participaron en las maniobras para desacreditar y presionar a los dos hombres que denunciaron haber sido secuestrados y torturados tras el robo de parte del dinero oculto por el clan en Son Banya.

También fueron investigados el inspector de la Policía Nacional José Gómez Navarro, 'Pepote', y su mujer, la abogada María Ángeles López, llegó a iniciar una huelga de hambre

“Yo no tengo ningún Ferrari”

Entre los alegatos se escuchó uno que acabó retratando la contradicción permanente entre la miseria visual de Son Banya y los millones que, según el Ministerio Público, movía el clan: “Yo no tengo ningún Ferrari”. Lo proclamó uno de los hijos de 'La Paca', Francisco Tomás Fernández, 'El Ico', en referencia a un comentario que había realizado uno de los abogados presentes en el juicio: “Vivirán en chabolas, pero hay un buen parking de vehículos, y de hecho 'El Ico' se pasea en Ferrari”. “Yo no tengo ningún Ferrari”, comentó él. La mayor parte de los acusados insistió en que parte de la fortuna procedía del negocio de la chatarra y de actividades legales vinculadas al reciclaje de metales, una explicación que jamás convenció ni a la Fiscalía ni al tribunal.

Meses después, los magistrados dictaron sentencia. La matriarca fue condenada a 22 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales, dos delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, amenazas graves, lesiones, inducción a dos nuevos delitos de detención ilegal, inducción al falso testimonio y cohecho. Por su parte, 'Pepote' fue sentenciado a nueve años y medio de cárcel y esposa, a 13 años y medio. Ésta llegó a iniciar una huelga de hambre después de que el tribunal denegase su petición de libertad, dado que se encontraba en prisión incondicional y sin fianza tras ser condenada en el marco de la causa.

La matriarca fue condenada a 22 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales, dos delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, amenazas graves, lesiones, inducción a dos nuevos delitos de detención ilegal, inducción al falso testimonio y cohecho. El Supremo redujo su pena a 16 años y 9 meses y le absolvió de algunos delitos

La Audiencia la describía como la “principal cabecilla o jefa del clan familiar”. La resolución, de 177 páginas, dibuja un entramado criminal profundamente enraizado en Son Banya y sostenido durante años gracias al narcotráfico, el blanqueo y la existencia de vínculos corruptos con miembros de la policía. Pero quizá ninguna imagen resume mejor aquella época que la del dinero enterrado bajo tierra en Son Banya: el tribunal relata cómo varios miembros del clan “decidieron excavar un agujero en un solar” del poblado para ocultar unos seis millones de euros procedentes del narcotráfico y “poner a buen recaudo” los beneficios de la heroína y la cocaína. La distancia entre el relato de la “chatarrería” y la imagen de fajos de billetes escondidos en el subsuelo terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más grotescos de aquel juicio.

El Tribunal Supremo rebajó, sin embargo, las principales penas impuestas por la Audiencia de Palma. En el caso de 'La Paca', el Alto Tribunal la absolvió a de los delitos de blanqueo, amenazas, allanamiento de morada y lesiones y redujo su pena de a 16 años y 9 meses. En el caso de 'Pepote', fue absuelto del delito de blanqueo de capitales al que había sido sentenciado inicialmente y su condena quedó reducida a cinco años y medio. Por su parte, Calderón vio rebajada su condena a dos años y nueve meses. Aun así, los magistrados dieron por acreditado uno de los episodios más oscuros del caso: el secuestro de los dos hombres acusados de haber robado centenares de miles de euros enterrados en Son Banya. Del resto del botín -más de cinco millones- nunca volvió a saberse nada.

Cinco millones de euros obtenidos por el negocio ilícito de la droga, que estaban enterrados en el poblado según el tribunal, siguen desaparecidos para la Justicia

La macrocausa Kabul

En 2013 llegó el juicio del caso Kabul, con 55 personas acusadas, cinco de ellas en búsqueda y captura. Francisca Cortés se veía de nuevo las caras con la Justicia. La Fiscalía, en un extenso escrito de calificación, relataba cómo, desde octubre de 2007 hasta la detención de los procesados, la Guardia Civil había detectado la existencia de varios grupos organizados que introducían los estupefacientes en las islas. Entre ellos se encontraba el clan de 'La Paca', erigido hasta entonces en la mayor y más eficiente organización destinada a la venta y distribución de cocaína, heroína y resina de cannabis en Mallorca.

Según la acusación pública, la droga salía desde Barcelona a través de distintas redes criminales conectadas entre sí, entre las que se encontraban la 'Organización Kike', el 'clan del Joaquín' y el 'Clan de los Valencianos', estos dos últimos con una fuerte implantación en Son Banya. El sumario también situaba en el entramado a otras bandas como el grupo 'del Dani' o del 'Chupi', la 'del Pony', la del 'Moi' y la red 'Samara'. Para su actividad ilegal, de acuerdo al relato de los fiscales, los miembros de este grupo utilizaban diversas viviendas y locales de Son Banya, donde de forma continuada, día y noche, vendían las sustancias estupefacientes.

Ante la magnitud de la causa, la vista tuvo que desarrollarse, bajo estrictas medidas de seguridad, en unas instalaciones situadas en el polígono Son Rossinyol de Palma. El ambiente del primer día retrató desde el inicio el carácter casi delirante del procedimiento: una de las acusadas se desplomó en plena sesión incapaz de soportar la tensión y tuvo que ser atendida y evacuada momentáneamente por los agentes presentes en la sala. Los gritos y las escenas de nervios marcaron aquella primera jornada. “Es que tiene delito lo que han hecho”, clamaba una de las mujeres presentes en la sala mientras señalaba a otro de los acusados. “La droga era de él”, insistía a voz en grito antes de que el señalado se levantara indignado para protestar por las acusaciones espontáneas. La matriarca, por su parte, vestida de rosa, optó por ocultarse de las cámaras igual que su hermano Juan, 'El Moreno', y sus hijos 'El Ico' y 'La Guapi'.

Terremoto judicial

El terremoto judicial llegó después, cuando la Audiencia Provincial, en una resolución de 183 páginas, absolvió a 'La Paca' y a la mayoría de los acusados al considerar que parte de las pruebas obtenidas durante la investigación habían vulnerando derechos fundamentales, dinamitando con ello años de macroredadas, escuchas, seguimientos y un despliegue policial sin precedentes en Son Banya.

Sin embargo, el caso Kabul no terminó con aquella absolución masiva. Lejos de cerrar definitivamente la macrocausa, la sentencia abrió una nueva batalla judicial que prolongó durante años el mayor proceso por narcotráfico de Balears. La Fiscalía recurrió ante el Supremo al considerar que la sentencia había desmontado e invalidado de forma injustificada pruebas clave de la investigación policial. El Alto Tribunal acabó dando parcialmente la razón al Ministerio Público y anuló la resolución absolutoria, ordenando dictar una nueva sentencia, reprochando a la Audiencia balear haber realizado una valoración “irracional” y “arbitraria” de varias pruebas fundamentales del procedimiento y criticando que se descartara material incriminatorio sin una motivación suficiente. La decisión supuso una nueva tormenta judicial y devolvió al primer plano una causa ya convertida en símbolo de la crónica negra mallorquina contemporánea.

El desenlace definitivo del caso no llegó hasta 2018, más de una década después del inicio de la operación policial que le dio pie. Ese año, el Supremo dio carpetazo a la macrocausa y rebajó a cinco años y medio la condena que finalmente la Audiencia había impuesto a 'La Paca' y a varios de sus hijos por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

En otro procedimiento, La Paca y la mayoría de acusados acabaron absueltos porque las pruebas obtenidas durante la investigación habían vulnerando derechos fundamentales. Al final, tras recurrir la Fiscalía, se volvió a celebra el juicio y, tras otro recurso al Supremo, La Paca fue condenada a cinco años y medio por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales

En 2019, la matriarca aceptó otra condena de tres años y tres meses de prisión por blanqueo de capitales, admitiendo que ocultó patrimonio procedente del narcotráfico. En esa vista también aceptó una multa de 12 millones de euros. 'La Paca' ingresó en prisión tras las condenas derivadas del caso Son Banya y pasó años entre rejas. En 2016 obtuvo su primer permiso penitenciario después de haber cumplido algo más de ocho años de condena y, en 2018, accedió al tercer grado penitenciario. Actualmente está en libertad y vive en Mallorca.

Son Banya después de 'La Paca'

Las condenas no acabaron, sin embargo, con el narcotráfico en Son Banya. Algunos clanes familiares siguieron controlando distintos puntos de venta y cada poco tiempo saltan nuevas operaciones policiales. El poblado continúa hoy parcialmente en pie, aunque muy lejos del poder que llegó a concentrar durante los años de mayor esplendor del clan de 'La Paca'. En 2018, todos los partidos del Ayuntamiento de Palma sellaron un histórico acuerdo para su desmantelamiento progresivo, para el que se proyectó un plan de inversión de más de 5,4 millones de euros a lo largo de ocho años así como el realojo de las alrededor de cien familias que entonces vivían allí: entre 450 y 600 personas, 193 de ellas niños, de acuerdo a los cálculos municipales.

El objetivo del acuerdo era facilitar la reinserción social de los residentes mediante ayudas al alquiler y el acceso a viviendas fuera del asentamiento, excluyendo las zonas más conflictivas de la ciudad. El entonces alcalde, Antoni Noguera (Més per Palma), justificó las ayudas por la gran cantidad de población infantil en riesgo de exclusión que no acudía al colegio y que sufría “una pérdida de oportunidades por el hecho de vivir en el poblado”. A cambio, las familias debían cumplir una serie de condiciones: escolarizar a los menores, participar en programas de inserción y mantener una búsqueda activa de empleo.

El plan no funcionó. Decenas de familias continúan viviendo en Son Banya entre la exclusión social, el estigma y las heridas de décadas de abandono institucional. El debate nunca fue únicamente policial: trabajadores sociales y entidades vecinales llevan años señalando que el poblado chabolista representa también el fracaso histórico de las políticas públicas hacia la pobreza y la comunidad gitana en Mallorca.

El estreno de Mallorca Confidencial devuelve ahora la historia de 'La Paca' al imaginario colectivo de la isla, pero también una realidad mucho más incómoda: la convivencia durante décadas entre el paraíso turístico vendido al exterior y uno de los mayores supermercados de droga de España, levantado a apenas unos kilómetros de hoteles de lujo, playas y urbanizaciones. Porque la historia de Son Banya no habla solo de narcotráfico: también habla de segregación, pobreza enquistada y de una Mallorca que durante mucho tiempo prefirió mirar hacia otro lado.

La Guardia Civil investiga a un conductor profesional de camión por un presunto delito contra la seguridad vial tras circular bajo la influencia de sustancias estupefacientes y provocar varios siniestros en la autovía A-23, a la altura de Teruel. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de febrero, aunque la investigación ha trascendido este jueves. El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, en colaboración con agentes del Subsector de Tráfico de Valencia, se ha hecho cargo de las diligencias.

Según ha informado la Guardia Civil, una patrulla detectó un vehículo pesado que circulaba de manera errática por la A-23 a su paso por la capital turolense. El camión invadía de forma continua el carril contiguo y el arcén y llegó a colisionar en varias ocasiones contra la bionda de la autovía.

Los agentes dieron el alto al conductor, que hizo caso omiso a las señales y continuó la marcha. Ante el riesgo para el resto de usuarios de la vía, la Guardia Civil estableció un cerco de seguridad para conseguir que el vehículo abandonara la autovía. Uno de los motoristas del Subsector de Tráfico logró adelantarse para cortar la circulación en la glorieta del kilómetro 115 de la A-23. Sin embargo, el conductor tampoco se detuvo entonces y terminó chocando contra la rotonda, donde finalmente quedó inmovilizado.

En un primer momento, el chófer fue sometido a las pruebas de alcoholemia y al test indiciario de drogas, ambos con resultado negativo. No obstante, el comportamiento del conductor levantó las sospechas de los agentes, que apreciaron síntomas evidentes de una posible intoxicación.

Ante la posibilidad de que hubiera consumido sustancias no habituales o utilizado inhibidores para alterar el resultado del test de saliva, la Guardia Civil remitió muestras a un laboratorio para un análisis más exhaustivo. Los resultados confirmaron posteriormente la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo del conductor, por lo que los agentes instruyeron diligencias que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Teruel.

El delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, recogido en el artículo 379.2 del Código Penal, puede conllevar penas de prisión de entre tres y seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años.

Reconocidas por las Naciones Unidas, galardonadas con el Premio Agenda Barcelona 2030 y, a finales de 2024, con el premio del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, Metzineres es hoy uno de los proyectos de referencia en la atención a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en Barcelona. Desde 2020, además, está considerado un Servicio de Intervención Especializada (SIE) por la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos las protege del riesgo que ahora afrontan: a partir del 30 de junio, Metzineres del Raval se quedará sin local para desarrollar su actividad porque la propiedad ha decidido no renovar el contrato de alquiler del espacio.

Ubicado en pleno corazón del Raval, Metzineres funciona como un espacio comunitario de refugio, atención y cuidados para “mujeres que son expulsadas del resto de redes de atención sociosanitaria por el hecho de usar drogas”, explica Aura Roig, antropóloga y directora de esta cooperativa fundada en 2017. “Son mujeres que vienen de situaciones traumáticas, de violencia, y que duermen en la calle”, añade.

Se trata de uno de los pocos servicios que existen en Barcelona dirigidos a mujeres que sobreviven en la calle y que, a diferencia de la mayoría, no centra su intervención en el problema que las ha llevado hasta allí, sino que las sitúa a ellas en el centro.

“Cuando vives en la calle y tienes que estar despierta, difícilmente lo haces sin consumir ningún tipo de sustancia”, explica Roig. “Empezar pidiendo la abstinencia o que se adapten a determinados modelos de atención es algo muy complejo. Al final, lo que vemos es que se utilizan las sustancias como una cortina de humo para no ir a las causas estructurales de su exclusión”.

Antes de fundar Metzineres, Roig estuvo al frente de la XADUD, una red de atención a mujeres que usan drogas creada en Barcelona en 2016. Se trataba de un espacio entre iguales para la recuperación de derechos, el soporte mutuo y el intercambio de conocimientos que, a día de hoy, sigue existiendo. Fue en esos encuentros semanales en el Ateneu del Raval donde empezaron a identificar las necesidades que compartían muchas de esas mujeres: las barreras del sistema cuando solicitaban acceso a los servicios de atención social.

“Nos reuníamos todas las semanas y creamos este espacio porque nos dimos cuenta de que no tenían un lugar donde poder juntarse sin ser juzgadas”, recuerda Roig. “Vimos lo terapéutico que resultó para ellas”. Cuando el proyecto de investigación finalizó, las mujeres continuaron reuniéndose. “Fue entonces cuando pensamos que sería importante crear un espacio donde se pudieran cubrir todas esas necesidades. Así nació Metzineres”, añade la directora del lugar.

Actualmente, Metzineres atiende a 647 mujeres. Cada día pasan por el espacio unas 60, y la cifra no deja de crecer. “Ofrecemos camas para que puedan descansar durante el día, duchas, talleres y un patio interior donde se puede hacer comunidad”, explica Roig. Pese al apoyo de la administración y del vecindario —y tal y como avanzó hace unas semanas El Periódico—, el futuro del proyecto es incierto. En junio finaliza la prórroga del contrato de alquiler y la propiedad ya ha comunicado que no habrá una nueva renovación. “Nos dijeron que no lo iban a vender, que se lo quedarían, pero ahora nos lo hemos encontrado en Idealista”, lamenta.

El local —que Metzineres tuvo que reformar y cuyo coste todavía está pagando— pertenece a Barcino Property, una sociedad dedicada a la inversión en inmuebles residenciales en localizaciones céntricas de Barcelona para su explotación en régimen de arrendamiento. El contrato finalizó en enero, pero la propiedad concedió una prórroga extraordinaria que termina el 30 de junio. Este medio ha cotactado con Barcino Property, que ha declinado hacer comentarios.

La salida del Raval de Metzineres no es una cuestión baladí. Según las usuarias y la directora del espacio, el hecho de estar en el centro de la ciudad es uno de los principales activos del equipamiento. “Es el barrio en el que trabajan y por el que se mueven. Sabemos que, si nos vamos de aquí, muchas no van a llegar”, apunta Roig.

Ser mujer y dormir en la calle

Sentada en el patio interior del local, alrededor de una mesa rectangular con seis sillas de plástico que desde 2017 ha sido testigo de tantas historias, Manu se emociona cada vez que recuerda su vida en la calle. “Se me revuelve el estómago solo de pensarlo”, explica. La voz se le quiebra cuando habla de la importancia de la apariencia. “La gente se cambia de acera, te tira el vaso de café o te mira mal solo porque no tienes buen aspecto”.

Tras sobrevivir en la calle durante cinco años, Manu hoy tiene un hogar. “Metzineres es bello, muy bello. Soy una romántica, pero estoy enamorada de Metzineres. Aquí somos chicas metzis”, dice entre carcajadas, mezclando el español con el italiano, su lengua materna.

Ser mujer y vivir en la calle, explica, es despertarse cada mañana a las siete. “Sé que eso es igual para mucha gente, pero en la calle hay veces que te despiertas porque la Guardia Urbana te está dando una patada”, abunda. “Tienes que pensar dónde lavarte la cara, cambiarte, porque llevas la misma ropa de ayer. Incluso te puedes despertar con las bragas bajadas y con la mochila a cuestas. Esa mochila que nunca desaparece”.

Para Manu, como para muchas de sus compañeras, Metzineres le devuelve la dignidad. “La destrucción y el maltrato son tantos… institucional, sanitario, político… A las personas sin hogar se las trata como una mierda”, apunta. Denuncia también la desconfianza sistemática que ha marcado su relación con las instituciones. “Como he sido yonqui, no me creen. Tengo que ir acompañada por una profesional para que me tengan en cuenta”, añade.

Aunque en Barcelona existen múltiples entidades de reducción de daños y de atención a personas sin hogar, muchas se centran en un único ámbito: consumo, trabajo sexual, violencia de género. “Puede ocurrir que una mujer sin hogar, embarazada y que consume drogas acuda a una entidad que atiende a mujeres embarazadas que duermen en la calle, pero le exijan dejar de consumir”, explica Andre Gaetano, referente de activismo y responsable de la imagen de Metzineres. “Como consume [drogas], no la aceptan y se queda en la calle. Ahí es donde entramos nosotras”.

En Metzineres no se pide cita previa ni datos personales. “Aquí todas son bienvenidas: mujeres trans, migrantes, mujeres con consumo acompañado, mujeres de género ampliado”, explica Gaetano. “El historial se construye cuando ellas quieren contarlo, de una forma más humana. Si han sufrido violencia, lo explican cuando se sienten seguras”.

A la izquierda de Gaetano, apoyado en la pared, un letrero de azulejos recuerda a las víctimas de la guerra contra las drogas. “Pero aquí apenas hay consumo”, señala Manu, hoy técnica comunitaria del proyecto. “Yo he consumido mucho, pero ahora que tengo un espacio, una casa, amigas, tengo mucha menos necesidad de consumir”, afirma.

Aunque el local cuenta con lo que llaman el “tocador de consumo”, una sala de consumo seguro y acompañado, lo que define a Metzineres es su comunidad. “Ninguna chica viene porque quiera consumir”, insiste Manu, frente a algunas críticas que recibe el proyecto. “Vienen porque es un espacio donde no hace falta pedir un abrazo para recibirlo. Aquí estás presente como persona”.

De constitución delgada, sonrisa amplia y un moño rojo que contrasta con el lateral rapado de su cabeza, Manu se ríe mientras describe la vida cotidiana en Metzineres. “Es como volver a tener seis años y estar con tus amigas”. En las literas, a veces duermen de dos en dos, abrazadas, para recuperarse de una mala noche o de la dureza de la calle. Las “tardes de tinta” son tardes de peluquería: “Nos teñimos el pelo, nos maquillamos, elegimos ropa del ropero… Lo más divertido es cuando vienen las vecinas y les hacemos el pelo”, dice entre risas. “La casa son las amigas”, resume Andre.

En Metzineres pasan muchas cosas. Además de reivindicar su ternura radical, organizan talleres, charlas y espacios de intercambio de saberes. Nada más entrar, una pared cubierta de mensajes ofrece consejos que se actualizan constantemente: qué hacer si ejerces el trabajo sexual, si duermes en la calle o si consumes metanfetamina.

Cada viernes celebran una paella comunitaria junto a otras entidades del barrio y, recientemente, han impulsado L’Arravalera, un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espacio para crear comunidad, ubicado en la misma calle, que reivindica la memoria y la contracultura del Raval, dando voz a las comunidades que habitan los márgenes. Un lugar de encuentro donde autores, artistas, académicas y vecinas comparten saberes para sobrevivir a ciudades cada vez más gentrificadas.

Los datos de la organización son claros: de las mujeres atendidas durante el último año, el 70% se encontraba directamente viviendo en la calle y un 19% tenía techo gracias a algún tipo de recurso asistencial. El ahogo económico ha obligado a la entidad a cerrar los festivos y fines de semana, “justamente los días en que no reciben atención de otras instituciones y que para nosotras eran fundamentales”, señala Roig.

El año pasado también se quedaron sin financiación para el proyecto Espai de Drets, un recurso clave de acompañamiento jurídico. Sin un domicilio fijo, muchas no pueden recibir notificaciones judiciales ni acceder a una defensa adecuada. El proyecto les ofrecía un lugar estable para recibir comunicaciones y apoyo legal, facilitando el acceso a una abogada de oficio o a la defensa directa del servicio.

Además, permitía acogerse a medidas alternativas a la prisión, algo que antes era imposible al no disponer de un lugar donde cumplirlas ni de horarios compatibles con los servicios. También se elaboraban informes de vulnerabilidad que podían reducir condenas. La mayoría de los delitos no eran graves y estaban vinculados a la supervivencia, como pequeños hurtos de comida o el impago de multas.

“Estamos en una situación de mucho estrés y muchas de ellas están muy angustiadas”, concluye Roig. “Hemos pasado de tener un espacio que se nos queda pequeño a no saber si dentro de dos meses tendremos siquiera un lugar”, concluye finalmente Andre.

A día de hoy, la continuidad del proyecto pende de un hilo pese a su búsqueda de soporte y recolecta de firmas para evitar la pérdida de su local. La entidad no dispone de los recursos económicos necesarios para trasladarse a otro centro dentro del Raval, un elemento clave para mantener su labor y el vínculo con la comunidad a la que atiende.

Mientras tanto, siguen a la espera de una respuesta por parte de la administración pública, imprescindible para garantizar su futuro como servicio de intervención especializada reconocido por la Generalitat.

Pese a los intentos de mediación y diálogo, la situación permanece estancada, lo que pone en riesgo un trabajo que durante años ha dado respuesta a necesidades sociales urgentes. Sin una solución inmediata, el cierre no sería solo el fin de un espacio, sino la pérdida de un recurso fundamental para el barrio.

Mayte y Antonio llevan más de 20 años viviendo en la calle Botica, a escasos metros del número 12, un inmueble que esta misma semana ha sido tapiado por el Ayuntamiento de Cádiz tras ser señalado por los vecinos como un punto de venta de sustancias estupefacientes. Ambos superan los 70 años y, como tantas otras personas del barrio de Santa María, han empezado a cambiar rutinas. “Antes bajábamos tranquilos”, cuenta ella. “Ahora ya no”. Mayte ha dejado de llevar bolso por miedo a un tirón. Como ella, son muchos los mayores que evitan salir de noche y las familias que ya no dejan a sus hijos ir solos a comprar a las tiendas cercanas. El pasado viernes, Mayte y Antonio encabezaron la manifestación con la que el barrio quiso escenificar su rechazo a un mal que sienten de nuevo en sus calles: la droga.

Desde hace unos días, Santa María —el primer barrio del casco antiguo tras cruzar las Puertas de Tierra— está cubierto de pancartas hechas a mano, colgadas de los balcones. “Nuestro barrio no es un punto de venta”, se lee en una de ellas. La iniciativa ha sido fruto de una acción comunitaria acordada por una representación vecinal cansada de incidentes violentos, visitas indeseadas y una creciente sensación de inseguridad.

En los últimos meses se han sucedido los episodios que han colmado la paciencia del vecindario. La ocupación de una vivienda en la plaza de la Merced, que acabó derivando en una reyerta. Peleas con armas blancas. Y la detección de distintos puntos de compraventa de droga en pisos del barrio. La intervención policial en la finca de la calle Botica, con el desalojo y posterior tapiado del inmueble, ha sido el último ejemplo de una situación que ya había desbordado la convivencia.

El clamor vecinal se hizo visible el viernes pasado en una manifestación multitudinaria que recorrió todas las calles del barrio, sin dejarse ni una. El Ayuntamiento ha reforzado desde entonces la seguridad y la presencia policial en la zona.

“Menos menudeo y más menudo”

“Menos papelinas y más papelillos. Menos menudeo y más menudo”, reza otra de las pancartas, tirando de humor como forma de resistencia. Porque la inseguridad no solo está alterando hábitos y rutinas: también amenaza una de las señas de identidad de Santa María: su alegría.

Cuna de grandes flamencos y sede del Nazareno, alcalde perpetuo de Cádiz, en Santa María siempre se ha vivido todo con intensidad. Ha sido tradicionalmente uno de los núcleos más densamente poblados de la ciudad. Llegaron a concentrarse en torno a 5.000 en sus momentos de mayor ocupación repartidos en casas de vecinos, fincas antiguas y patios compartidos que alimentaban una vida comunitaria intensa. Hoy esa cifra ha descendido de forma notable: se estima que residen entre 2.000 y 3.000 personas, en un parque de viviendas compuesto por varios centenares de fincas, muchas envejecidas o transformadas por el auge del alquiler turístico.

“Lo más triste es que haya vuelto lo que conseguimos que desapareciera hace tiempo”, lamenta Antonio Setién, antiguo propietario de un comercio de alimentación emblemático del barrio y encargado de leer el comunicado final de la manifestación. En los años 80 y 90, Santa María protagonizó movilizaciones similares para expulsar el tráfico de droga de sus calles. Algunas de las personas que hoy vuelven a concentrarse ya estuvieron entonces.

“A nuestro barrio le han dado palos de sobra. Hemos visto cómo se marchaban los vecinos de toda la vida por problemas con las casas. Cómo cerraban las tiendas, entre ellas la mía. Y cómo nuestras plazas se quedaban sin niños. Nos han dejado de la mano de Dios. Pero después de todo lo que hemos pasado no vamos a permitir que la droga nos vuelva a robar la tranquilidad”, proclamó Setién entre aplausos. Las protestas actuales apelan a la memoria colectiva de un barrio que aún recuerda los estragos de la heroína, las vidas truncadas y las noches en vela.

“Los camellos, al desierto”

“Los camellos, al desierto”, se lee en otra tela que cruza de balcón a balcón. “Antes mandaban a los niños a comprar, ahora ya no bajan solos”, explica uno de los tenderos desde detrás del mostrador. Habla de consumidores que buscan dinero o cualquier objeto de valor con urgencia, y de un clima de amenaza constante que afecta tanto a los negocios como a la vida cotidiana.

Desde hace una semana, los vecinos se organizan en brigadas nocturnas para impedir que compradores y vendedores de droga actúen con impunidad. Cuando detectan movimientos sospechosos, avisan a la Policía. La presión vecinal ya ha tenido un efecto inmediato: tras la repercusión mediática, el Ayuntamiento ha incrementado la presencia de la Policía local. El alcalde, Bruno García (PP), que asistió a la protesta junto a concejales de su gobierno, recuerda no obstante que la lucha contra la droga y la seguridad ciudadana son competencias de la Policía Nacional, dependiente del Gobierno central.

Más allá del reparto de responsabilidades, los mensajes que cuelgan hoy de las fachadas del barrio insisten en una misma idea: frente al miedo, la unidad. Santa María ya sabe lo que es perder demasiado y no está dispuesta a repetir la historia. El barrio que un día se organizó para expulsar la droga vuelve ahora a hacerlo, con la memoria intacta y el miedo controlado. Para que las pancartas ya no hagan falta. Para que Mayte y Antonio puedan bajar otra vez tranquilos por la calle Botica.

Nació como medicamento y se utilizó en la guerra de Vietnam. Ha sido y es droga recreativa, experimental y por tanto ilegalizada. Hoy es el tratamiento más pujante contra la depresión –sobre todo en EEUU, pero no solo– y la sustancia que más crece en Europa. La historia de la ketamina en sus seis décadas de existencia cuenta también la historia del siglo XX.

A principios de los años 60 la industria farmacéutica buscaba desesperadamente una alternativa a la fenciclidina (PCP). Este anestésico, también conocido como “polvo de ángel” por sus efectos, presentaba un problema para su uso médico: tiene una fuerte componente psicótica. La compañía Parke-Davies puso la tarea en manos de Calvin Stevens y el químico consiguió sintetizar la sustancia CI-581. Era 1962 y acababa de nacer la ketamina.

Más de 60 años después, aunque sigue siendo un anestésico utilizado en emergencias, la k ha mutado. Ese viaje cuenta Marta Echaves, filósofa y programadora cultural Marta Echaves en el ensayo Químicas Piedades (Cielo Santo), en el que reflexiona sobre su historia, usos, posibilidades y riesgos. Un texto que habla de experimentos, de exploraciones, de estados alterados de conciencia y la disolución del yo, de militares, de depresión, de las prácticas de la industria farmacéutica, de la pura fiesta, de riesgos, de desconocimiento.

El siglo XX en una droga

“Es una sustancia que puedes ver en las pistas de baile y en contextos de fiesta. Mucha gente la consume de una forma más íntima, privada, en una especie de rituales caseros o momentos de ocio privados”, explica la autora lo más básico. “Hay gente que puede tener algún tipo de adicción y la usa casi cotidianamente. En España he conocido menos casos, pero en Estados Unidos sí he leído más entrevistas de personas que lo utilizan para tener cierta funcionalidad dentro de su día a día, como algo que les ayuda con sus malestares: como dura poco, pueden tener un momento de consumo y luego seguir haciendo sus cosas”.

La ketamina es una sustancia que (también) permite explicar la historia reciente de la humanidad. “Puedes poner el foco en la droga y te cuenta la historia de la segunda mitad del siglo XX, pero desde otra perspectiva”, sostiene Echaves. “De la guerra de Vietnam a los señores feudales de Silicon Valley [Elon Musk o Sam Altman, creador de ChatGPT, admiten tomarla]; de las pistas de baile al hospital público, de los océanos contaminados hasta la cosmotécnica blanca que la recodifica como cura”, describe la editorial en el folleto de promoción del texto. La historia de la ketamina lo cuenta (casi) todo.

Cuenta, por ejemplo, el modus operandi de la industria farmacéutica, explica Echaves, capaz de promocionar la sustancia como antidepresivo a la par que presiona para su ilegalización como droga recreativa. “Van a pasar cosas con la ketamina. El uso del Spravato (un medicamento basado en un derivado de la ketamina) probablemente se expanda”, sostiene. “Mi hipótesis es que se va a ir naturalizando cada vez más y, a medida que se normalice este uso, el recreativo será cada vez peor visto”, elucubra. “Necesitarán distinguir más los usos porque si no la gente no va a los hospitales a tomar ketamina, se automedicaría. Entonces, tienen que controlar el flujo de la sustancia para poder economizarla”, aventura Echaves.

Lo que lleva al siguiente problema, que en parte motivó a esta filósofa a escribir el ensayo: el desconocimiento que como pacientes suelen tener de la farma y los tratamientos. Echaves quería al menos dejar constancia de qué estamos dando a los enfermos. “Me preocupa que se ha naturalizado que te dan un antidepresivo y no sabes lo que estás tomando ni cómo funciona ni por qué, pero te lo tomas”, expone.

Las drogas que son fabricadas en Occidente están muy relacionadas con la industria militar, que es el modelo del turbocapitalismo contemporáneo: todos los grandes desarrollos tecnológicos se están probando en las guerras y luego se aplican sobre los ciudadanos; las drogas no están lejos de eso

La difusa línea entre droga ilegalizada y medicamento se disuelve en la consulta del psiquiatra. “Confías y de repente estás acostumbrando al cuerpo a una sustancia como si fuese buena cuando realmente tiene sus peligros”, y pasa a contar el caso real de una mujer de 70 años a la que un médico recetó ketamina. “Me hace gracia imaginarme a una señora de esa edad, después de toda una vida sin consumir ninguna droga, tomando esto. Igual le hizo bien, pero me parece un poco loco. Usamos [médicamente] una sustancia que cuando interesa es súperpeligrosa y cuando no interesa no contamos nada”, elabora.

La historia de la ketamina también es la historia de la (extendida) aplicación de drogas en el ámbito militar. “Los primeros usos son en la guerra de Vietnam, sobre todo como anestésico”, cuenta la autora, apoyados en la facilidad de administración y efectividad. “Las drogas que son fabricadas en Occidente están muy relacionadas con la industria militar en un primer contexto, y la industria militar es el modelo del turbocapitalismo contemporáneo: hoy en día todos los grandes desarrollos tecnológicos se están probando en las guerras y genocidios y luego se aplican sobre los ciudadanos; las drogas no están lejos de eso”.

El salto a la calle

De lo castrense la ketamina saltó a la calle. De lo medicinal a lo recreativo-experimental-subjetivo. “Muchos soldados volvieron de Vietnam conociendo esta sustancia y ahí surgió una primera época contracultural en los 70 y 80 dentro de la, digamos, cultura psiconáutica, en la que también existían el LSD y las setas. Ahí empezó, diría, un primer uso más experimental y más puntual en torno a esta contracultura en los 70, tanto estos antiguos hippies como gente que volvía de esos contextos militares que había conocido la sustancia”, cuenta.

Químicas Piedades recorre estos usos, que se “generalizaron en Europa a partir de los 90” desde las fiestas en Goa, India, de donde mucha gente volvía a Europa con las maletas llenas de ketamina. El libro cuenta la historia del neurocientífico John C. Lilly, que “convirtió la ketamina en una herramienta para la exploración de la conciencia (...) en un intento de cartografiar estados mentales no ordinarios”.

Ahí surge el concepto de la droga como una “tecnología interior”, según lo define la filósofa y escritora británica Sadie Plant, “que piensa en la droga como un software interior en vez de exterior, como una especie de acople cyborg con el que uno puede lidiar”. Así, prosigue Echaves, “la tecnología entra dentro de ti y de alguna forma la puedes usar como una herramienta para modificar tu cuerpo, para modularlo perceptivamente y resintonizarlo neuronalmente. Igual que accedes a internet a través del ordenador, puedes acceder a otro ciberespacio a través de la sustancia”.

En ese contexto se producen esos consumos experimentales, con los que se busca percibir otras realidades, aprender de uno mismo fuera del marco que impone la sociedad capitalista. “A veces las drogas nos enseñan que la realidad es mucho más plástica de lo que creemos”, expone Echaves. “Alguien puede tomar ciertas sustancias y tener revelaciones más existenciales, o trascendentales, que luego le sirven para una transformación subjetiva y por lo tanto para tener otra percepción del mundo y de la posibilidad de cambiarlo. Por eso creo que estas drogas terapéuticamente pueden tener un potencial y las experiencias límite a las que te pueden llevar son aprendizajes para la vida”, cierra.

Con el permiso de la farmaindustria.

La mujer conocida como la “reina de la ketamina” culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023 fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.

En septiembre de 2025, Jasveen Sangha, de 42 años, se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de este anestésico que provocó la muerte o lesiones corporales graves.

En el memorando de la sentencia, los fiscales afirmaron que durante años Sangha, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluido el protagonista de la serie 'Friends', operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.

“Para cultivar su negocio, se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood [...] Mientras [Sangha] trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas, sabía —y hacía caso omiso— del grave daño que su conducta estaba causando”, reza el escrito.

Según documentos judiciales, Sangha, una de las cinco personas responsables de la muerte del actor, colaboró con Erik Fleming para distribuir ketamina a Perry, a sabiendas de los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

En ese mismo mes, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina que fueron entregados a su asistente Kenneth Iwamasa, quien inyectó a Perry al menos tres veces el anestésico vendido por Sangha, lo que le causó la muerte.

Otros dos responsables del caso son el doctor Mark Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario por conspiración para distribuir ketamina, y el doctor Salvador Plasencia, sentenciado a 30 meses de prisión por distribución de la droga.

Iwamasa, quien se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte, será sentenciado el 22 de abril; mientras que Fleming, culpable de conspiración y distribución de ketamina con resultado de muerte, recibirá su sentencia el 29 de abril.

La incapacidad de varios policías en ponerse de acuerdo sobre si un conductor estaba drogado o no ha salvado a ese hombre de una pena de cárcel por un accidente de coche del que no era responsable. Un juez ha dictaminado que para ser condenado por conducir bajo los efectos de las drogas hace falta, precisamente, estar bajo los efectos de las drogas. Y que debe quedar acreditado.

Pero no con un mero positivo en el test de droga en carretera, el llamado drogotest, y menos si es de saliva. No es suficiente, sostiene este magistrado, y no es el primero que lo dice. En este caso “no ha quedado suficientemente acreditado que el acusado exteriorizara signos de afectación o intoxicación por la ingesta de marihuana ni que condujera bajo la influencia de esta sustancia, siendo la prueba practicada insuficiente a los fines pretendidos, por lo que debe prevalecer el principio in dubio pro reo y (...) se debe absolver al acusado de la acusación que sobre él pesa”.

El abogado que ha llevado el caso, Francisco Azorín, cree que “es necesario que se regule mejor los test de droga en carretera, porque el test en saliva ofrece resultados positivos a los varios días de haber consumido y se debería de ofrecer siempre el derecho a una prueba de contraste en sangre a las personas que dan positivo en saliva. Además, el test de signos externos sobre la afectación en las capacidades psicofísicas para la conducción no debería realizarse por la policía, sino por un médico. Esto ayudaría a resolver estos procedimientos condenando a las personas que efectivamente hayan provocado el accidente por ir bajo los efectos de las drogas y absolvería a aquellos que consumieron días atrás y que esa ingesta de drogas en nada tuvo que ver con el accidente”.

El sistema de detección de drogas en carretera (y posterior sanción) está cada vez más cuestionado tanto por jueces como por expertos y asociaciones civiles. Los drogotest en saliva devuelven positivos varios días después de haber consumido sustancias, pero además ni siquiera detectan necesariamente drogas: un juez anuló hace unos meses una multa de mil euros y seis puntos del carné de conducir a una mujer porque el aparato había dado positivo por un metabolito, una sustancia que genera el organismo cuando ya ha procesado y depurado la cocaína y por tanto no está bajo sus efectos, como recogió el magistrado en su sentencia absolutoria.

Los jueces empiezan a generar un patrón. Aquel caso fue por lo administrativo, este por lo penal, pero la conclusión es la misma y cuestiona un elemento central de la política antidroga en carretera: un positivo en un control, por sí mismo, no es siempre condición suficiente para sancionar.

Consumió la noche anterior

El hombre dio positivo por cannabis tras atropellar a una anciana. Sí, reconoció, había fumado marihuana. Pero la noche anterior, más de 12 horas antes. La perito explicaría más tarde ante el juez que es perfectamente posible que la máquina pite en esas circunstancias. Un policía creyó notar olor a porro. Veía a una persona locuaz, preocupada y con los ojos rojos y dilatados.

Pero otros dos agentes no notaron nada de eso. El olor a porro podía ser el cigarrillo que el joven se había fumado in situ para calmar los nervios tras el accidente y locuaz es compatible con nervioso, pero no es la reacción más típica del cannabis, alegaría el abogado en el juicio. El joven ni siquiera tenía culpa del accidente: la mujer, con problemas de audición, probablemente no vio ni oyó el coche y se golpeó con él. La ubicación del bollo, en la parte lateral trasera del coche, confirmaba su versión.

Estas discrepancias de los policías, la incapacidad de la perito para determinar la cantidad de THC (el principal principio activo del cannabis) necesaria en el organismo para afectar a una persona y el hecho de que el hombre no fuera responsable del atropello –si hubiera sido culpa suya se consideraría prueba de que conducía bajo la influencia de la droga– llevaron al juez a absolver al conductor.

El juez recuerda en su sentencia que el Código Penal castiga a quien conduzca “bajo la influencia de drogas tóxicas” y que, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, el resto de sustancias no tiene un límite marcado por la ley que no se pueda superar. “Así como en el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se establecen normativamente unos límites máximos y objetivos a partir de los cuales la conducción se considera influenciada por la ingesta de alcohol (0,60 miligramos por litro en aire o 1,2 gramos por litro en sangre), no sucede lo mismo en el caso de la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que en estos casos habrá de acudirse a las circunstancias acreditadas del caso concreto para determinar si la conducción estaba o no influenciada por el previo consumo de droga”, escribe el magistrado.

Los cinco años de proceso que ha pasado (la causa estuvo dos paralizada), con la amenaza de perder la plaza de funcionario que acababa de sacarse, no se los quita nadie.

“Moraleja”, concluye el abogado Azorín, “si fumas por la noche y al día siguiente conduciendo, una anciana o un niño te sale entre dos coches, lo atropellas y no tienes la culpa, esa presencia de cannabis u otra droga va a convertir tu presunción de inocencia en presunción de culpabilidad y te va a arruinar la vida económica y emocionalmente. Hay que regular de manera urgente esta cuestión”, cierra.

Un sistema cuestionado

No es el primer juez que cuestiona un positivo en un control de carretera como prueba suficiente para condenar a un conductor. El magistrado que anuló una sanción por cocaína utilizaba argumentos similares a los de este caso: “Este método [un test de saliva] por sí solo no acredita de forma fehaciente que una persona se encuentre bajo la influencia de sustancias estupefacientes, sino que se trataría, en todo caso, de un mero indicador de si esa persona ha podido consumir o no una sustancia, pero sin determinar el momento en que lo ha hecho, esto es, el momento previo a conducir o incluso el mismo día, ni la intensidad o efectos de la presencia de dicha sustancia en las capacidades del sujeto para conducir”.

Además, explican expertos en la materia, cada marca de aparatos tiene un punto de corte distinto porque no existe una ley que establezca un criterio, como sí sucede con el alcohol. “Uno de los grandes problemas del sistema de medición [de drogas en carretera] es quién pone los límites en los dispositivos”, explicaba a este periódico Juan José Ramírez, quien ha estado vinculado a los controles de Tráfico durante 47 años, primero en la Guardia Civil y luego en la Policía Local de Osuna (Sevilla) y ha escrito la tesis doctoral 'Los controles de drogas a conductores en España: análisis de la legislación, la formación específica de los profesionales y los dispositivos de detección', probablemente el análisis más completo de la situación realizado en España.

“Lo normal sería que los pusiera la administración, como hace con el alcohol. Pero en estos aparatos los pone cada fabricante. Eso provoca que una misma muestra puede dar resultado negativo o positivo según el aparato”, explica. Exactamente lo mismo sucede con la prueba de sangre en laboratorio, si el conductor pide ese segundo test (está en su derecho). “Pasa lo mismo”, insiste Ramírez, “una misma muestra puede dar negativo o positivo según el laboratorio por la misma razón, no hay una norma, y puedes encontrar diferentes límites de corte para diferentes sustancias en cada laboratorio. Esto arroja inseguridad jurídica”.

Tampoco existe, señala el abogado Azorín, una ley que establezca qué sustancias pueden detectar o no los aparatos. Este vacío ha propiciado, por ejemplo, que las benzodiazepinas hayan dejado de dar positivo por decisión no se sabe bien de quién. “Si los test no detectan estos sedantes ni muchas nuevas sustancias psicoactivas no prohibidas u otras que, aunque estén prohibidas no aparezcan en el aparato, difícilmente vamos a tener un sistema que proteja la seguridad vial. Lo único que tenemos es una máquina de represión de la persona usuaria de drogas y una forma de financiar las arcas públicas”, lamenta el letrado.

El ex guardia Ramírez recordaba a raíz del caso de la mujer exonerada del positivo por metabolitos que esta postura crítica no trata de eximir a las personas que conducen bajo el efecto de las drogas, sino de poner orden en un sistema que no cree justo. “La realidad es tozuda y dice que se consume y se conduce al mismo tiempo. Y ese consumo debe estar totalmente regulado para evitar que suponga un peligro en la vía pública. Lo mismo que hay que regularlo hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, establecer las suficientes garantías procesales para que cuando se persiga un determinado caso tenga posibilidades de éxito. Hay que hacer legislaciones acordes a la realidad social. Las leyes que no son entendidas ni asumidas por los ciudadanos están llamadas a ser desobedecidas”.

Algo no encaja en Tarragona. Los análisis de sus aguas residuales la sitúan como la segunda ciudad de Europa con mayor consumo de cocaína por habitante. Nadie, sin embargo, sabe explicar por qué.

Ante la falta de respuestas, el Ayuntamiento ha optado por dejar de facilitar datos para el estudio anual de la Agencia Europea sobre las Drogas (EUDA), que adelanta este miércoles elDiario.es en colaboración con la Urban Journalism Network tras analizar las cifras de 130 ciudades de 28 países.

“La realidad de la ciudad no se ve representada adecuadamente en el estudio”, sostienen desde la Empresa Mixta Municipal de Aguas de Tarragona (EMATSA), dependiente del consistorio y del grupo AGBAR. “Sitúa a la ciudad en un ránking incorrecto”, añaden.

Según los datos de 2023, 2024 y 2025, Tarragona (143.000 habitantes) solo aparece por detrás de Amberes (Bélgica) en consumo de cocaína por habitante, un ránking que ningún Ayuntamiento quiere encabezar. Desde el consistorio, no obstante, insisten en que la decisión de retirarse del estudio es “técnica” y lo atribuyen a la empresa municipal de aguas.

Los resultados han desconcertado tanto a responsables políticos como a los especialistas en drogodependencias. Todos, en algún momento, se han hecho la misma pregunta: ¿qué ocurre en Tarragona con la cocaína?

La primera reacción del Ayuntamiento, a través de la empresa de aguas, ha sido abandonar el estudio y cuestionar su metodología. “Las conclusiones que se extraen no cuentan con el rigor necesario en el ámbito geográfico ni en el muestreo”, señalan.

La compañía critica que los datos se basen únicamente en una de las dos depuradoras de la ciudad —la de mayor tamaño—, porque recoge aguas de municipios cercanos como Els Pallaresos (5.000 habitantes) y Constantí (7.000).

También cuestiona que hasta la fecha solo hayan participado cinco ciudades españolas y que algunos países, como Francia, no aporten datos en las ediciones previas (en 2026 sí se han analizado las aguas de París). Añaden que los laboratorios participantes no emplean exactamente los mismos métodos y por ello los resultados no son comparables. 

Los expertos avalan el estudio

“Por supuesto que el estudio es fiable”, afirma José Benito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. Explica que las muestras se recogen cada diez minutos, durante 24 horas y a lo largo de una semana, lo que permite obtener una fotografía representativa del consumo porque incluye a todos los perfiles que van al baño durante una jornada.

Los datos, además, se obtienen siempre en semanas sin grandes eventos o festividades, siempre en temporada baja turística, para que los resultados no estén distorsionados.

Rosa María Marcé, catedrática de la Universitat Rovira i Virgili y responsable del análisis de las aguas de Tarragona en años anteriores, también defiende el rigor del estudio y asegura que los resultados de los distintos laboratorios participantes son homologables. 

“Todos analizamos de manera preliminar una muestra ciega”, apunta. “Si el resultado encaja en el rango previsto, significa que estamos alineados con el resto de laboratorios”.

Desde la EUDA, el epidemiólogo João Pedro Matias también subraya la validez del procedimiento y descarta que el hecho de que la depuradora incluya aguas de municipios cercanos altere los datos porque tienen muy poca población comparada con la de Tarragona.

Un fenómeno difícil de medir

Analizar y obtener datos sobre el consumo de drogas nunca es sencillo. Las encuestas a la población siempre están sesgadas, porque dependen de lo que declaran los propios usuarios y los decomisos policiales solo ofrecen indicios parciales.

“Las aguas residuales son una de las pocas herramientas objetivas disponibles”, señala Claudio Vidal, director de Energy Control, organización pionera en España en reducción de riesgos asociados al consumo.

Otro indicador son las demandas de tratamiento por adicciones. En Tarragona, sin embargo, este dato no apunta a un consumo especialmente elevado de cocaína.

En 2024, el 24,8% de las solicitudes de tratamiento en el Centro de Atención a las Drogodependencias de Tarragona estaban relacionadas con la cocaína (173 casos). La cifra es similar a la media catalana (24,1%, 3.617 solicitudes) y muy inferior a la estatal (47,6%, 21.818 peticiones).

Antoni Llort, antropólogo de la Universitat Rovira i Virgili que ha estudiado durante años el consumo de drogas en la zona, tampoco ofrece una explicación concluyente sobre lo que ocurre en Tarragona con la cocaína.

Apunta, sin embargo, a varios factores. “Tarragona concentra muchas interacciones humanas: trabajadores de refinerías, transportistas que entran y salen continuamente…”, explica. También señala a la cantidad de droga que entra por la zona. “El acceso es directo, los precios son asequibles y la calidad suele ser superior a la de otras ciudades como Barcelona”, añade.

Para concluir, Llort también menciona un fenómeno más amplio: la normalización del consumo de cocaína en España. Los datos de este año del propio estudio lo reflejan: de las 130 ciudades analizadas, cuatro urbes españolas —Lleida, Granada, Santiago y Barcelona— figuran entre las quince con mayor consumo.

------------------------------------------

Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

La cocaína siempre ha estado ahí. La noticia sería, apuntan los datos, que no baje y que el consumo siga subiendo. Pero en los últimos años los expertos están girando la cabeza hacia la ketamina. Sin alarmismos, cuentan, con cifras que no son altas, pero sí suben rápido, hay una cierta preocupación entre quienes trabajan en la prevención de daños por el auge que se está detectando en el uso de esta droga, en Europa en general y en España en particular: su consumo ha crecido en Barcelona un 184% desde que se empezó a medir, en 2022.

Lo dicen los últimos datos de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA), publicados este miércoles y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, que revela las últimas tendencias en el consumo de drogas en el continente a partir del análisis de aguas residuales en 130 ciudades de 28 países europeos. De España se han medido datos en Barcelona, Castellón, Granada, Lleida, Santiago y València en 2025. Tarragona, que llevaba tres años quedando segunda solo por detrás de Amberes (Bélgica), ha decidido salirse del estudio porque “la ciudad no se ve representada adecuadamente”.

En el siguiente mapa puedes consultar los últimos datos de la concentración de seis sustancias (cocaína, cannabis, anfetaminas, ketamina, metanfetaminas y MDMA) medida en las aguas residuales en cada una de las ciudades que han participado.

De un primer vistazo el estudio depara pocas sorpresas, evalúan los expertos: el consumo de cocaína en el continente está en niveles récord siguiendo la tendencia que traía, con un aumento del 22% en comparación con el año anterior, y España destaca entre los países más consumidores con cuatro ciudades en el top 15; la ketamina crece un 41% con carácter global y el éxtasis parece estar perdiendo popularidad, sustituido por otras drogas sintéticas que suelen tener una vida efímera, según el análisis de EUDA. El cannabis, la droga más consumida, ha caído ligeramente, pese a (o gracias a) que se ha regulado de alguna manera en varios países.

“Lo que vemos a través de distintos indicadores es que hay gente que no está dejando de consumir cocaína”, analiza Luis Sordo, médico epidemiólogo e investigador en el departamento de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), respecto de las cifras récord de la droga por excelencia. “Entran a consumir cocaína a una determinada edad, en un momento concreto de la vida por la razón que sea (por ejemplo, salir por la noche), pero luego algunos, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, no lo dejan. Mi sensación es que hay más personas que no tienen hijos y al mismo tiempo ha habido un cambio y hay gente no siente que con 40, 45 o 50 años tenga que retirarse de nada”, elabora. Y siguen consumiendo.

Más atención está atrayendo la ketamina desde hace un tiempo, en auge actualmente en una tendencia que los expertos habían localizado y las grandes cifras de este estudio refrendan. “Se está poniendo de moda en ambientes recreativos”, explica Mireia Ventura, directora del Área Internacional de Drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), especializada en el trabajo de calle con consumidores. “Aunque es una sustancia que se puede percibir como no problemática por algunas personas, tenemos evidencias sólidas de que el consumo, si se pierde el control, puede acarrear importantes problemas, entre ellos el desarrollo de una dependencia y un patrón de consumo muy intensivo y pérdida de control”, añade su colega Claudio Vidal, director del programa Energy Control de ABD.

El mayor estudio comparativo

Este el mayor informe comparativo de su tipo, que realiza la red científica europea SCORE en colaboración con laboratorios locales como IDEA-CSIC, la Universidad de Granada o la Universidad de Santiago de Compostela, y mide el consumo, por localidades, de cinco drogas estimulantes —anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA y ketamina—, así como el cannabis. Los análisis no buscan la droga directamente en el agua, sino los metabolitos que produce y expele el cuerpo tras consumir para evitar contaminación en los datos si, por ejemplo, alguien tira una gran cantidad de drogas al váter.

Hay quien duda de la fiabilidad de analizar aguas residuales en busca de drogas porque es un indicador sin matices, sin explicar quién consume, cuándo o por qué, pero los científicos defienden la validez del método y explican que la alternativa son las encuestas, que tampoco son 100% fiables, y por eso se cruzan datos para obtener un panorama completo.

“La metodología está admitida a nivel internacional”, explica Rosa Maria Marcé, catedrática de Química Analítica en la Universitat Rovira i Virgili (URV) que ha participado durante años en el análisis de las muestras de Tarragona. “Las limitaciones del método son que no te da ninguna información sobre quién o cómo la consume, los perfiles o la pureza de la sustancia”.

“Sí que es un método fiable”, asegura Tito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. “Las muestras se toman cada diez minutos durante 24 horas para al final del día tener una muestra que sea representativa de toda la jornada, porque el caudal del agua residual varía mucho y el perfil de la gente que va al baño cambia durante el día. Así se hace durante una semana entera”.

Aun así, hay ciudades que se han salido de este tipo de estudios. El caso paradigmático quizá sea Tarragona, señalada hace años como la segunda ciudad de Europa en la que más cocaína se consume, que ha decidido dejar de aparecer porque cada año la ponía en el foco de manera injusta, cree el Ayuntamiento. El consistorio sostiene que el estudio tiene “debilidades” que “sitúan a Tarragona en un ranking incorrecto”. Específicamente, dicen las fuentes que los resultados del estudio a nivel europeo no son comparables y que “la realidad de la ciudad no está adecuadamente representada” porque la planta de tratamiento también atiende a otros municipios vecinos.

Cuatro ciudades en el top 15 del consumo de cocaína

Excluido el cannabis, la cocaína es la reina del consumo de drogas. De las 88 ciudades europeas con datos tanto de 2024 como de 2025, un total de 63 registraron un aumento en su uso. Su radio de acción se está expandiendo, explican desde EUDA: tradicionalmente, los niveles más altos de consumo se encuentran en Europa occidental y meridional, y los nuevos datos confirman esta tendencia, pero ya se pueden encontrar rastros de cocaína —y en muchos casos en aumento— también en ciudades de Europa del Este.

En España, Lleida aparece como la tercera ciudad europea donde más rastro había en las aguas residuales y Granada la quinta. Santiago y Barcelona también están cómodamente, y con datos récord de concentración, en el top 15 europeo, que lidera Middlesbrough (Reino Unido) y donde asoman en puestos altos localidades como Ámsterdam o Amberes. Ciudades, estas últimas, que tienen algo en común: son todas portuarias y sirven como puntos de entrada importantes para la cocaína desde América Latina hacia Europa.

“La cocaína no está socialmente penalizada, no hay sensación de peligro”, explica su popularidad el doctor Sordo, de la UCM. “Somos un país mucho más nocturno que otros y todo lo que signifique prolongar el día encuentra un aliado. El aumento en el consumo va ligado también a la cultura de la fiesta, los bares, y finalmente, y esto es importante para el análisis en aguas residuales, el turismo”, sostiene.

Más allá de los rastros en aguas residuales, otros datos a partir de encuestas demuestran que los datos de España no son casualidad. Somos el país europeo donde más personas han probado la cocaína, casi un 14% de la población, y ocupa el primer lugar en consumidores durante el último mes (1,4%), según el último informe europeo sobre drogas.

Desde ABD insisten en un factor que puede estar influyendo en la subida detectada: la droga que se mueve es cada vez más pura, un argumento que repiten varios expertos. Se puede aventurar teorías sobre por qué sube la pureza —hay una cierta coincidencia en que se debe a que el mercado está saturado y cortar la droga ha dejado de ser necesario—, pero no deja de ser una realidad. “Quizá no es necesario que consuman más personas o más cantidad y van a salir igualmente niveles más altos”, desliza Ventura.

Todas las fuentes consultadas están de acuerdo también en señalar el factor turismo como una pata importante de la situación. “España es un país de turismo, mucha gente viene a salir de fiesta. Ya no solo hay consumos de los locales, también hay que tener en cuenta este turismo, que además está todo el año”, reflexiona Ventura. Y luego están las circunstancias propias de la droga, que se mantiene inalterable a lo largo de los años: “Es quizá el único producto que se ha abaratado. Sigue siendo el mismo precio que antes y la pureza ha aumentado, lo que significa que ha bajado de precio. Es una sustancia más accesible”, explica la experta.

Ketamina, el problema que viene

A esos ambientes de ocio también ha llegado la ketamina, que sube en 47 de las 68 ciudades analizadas que tienen datos tanto esta edición como la anterior. “Se está poniendo mucho de moda en ambientes recreativos”, sostiene Ventura. “En principio se encontraba en espacios más alternativos, como fiestas rave (fiestas, normalmente al aire libre, con música electrónica y de larga duración), pero actualmente está muy esparcida en otros ambientes más mainstream”, explica la experta.

“La indicación más clara que ofrecen los datos de aguas residuales de que la ketamina se consume tanto de forma recreativa como médica es que las cantidades detectadas son más altas los fines de semana. Esto es similar a lo que se observa con otras drogas que se consumen en contextos recreativos, como la cocaína y el MDMA”, añade Andrew Cunningham, analista de la EUDA a preguntas de la Urban Journalism Network, que dirigió un reciente estudio de investigación sobre el consumo y el mercado de la ketamina.

En Barcelona conocen el fenómeno. La ciudad aparece entre las más consumidoras de esta droga desde que se busca en las aguas residuales, y cada vez hay más rastro: ha pasado de 29,4 mg por cada mil habitantes a 83,7 en 2025, casi el triple.

La ketamina es un anestésico disociativo que tiene usos en humanos y veterinaria, pero “por debajo de las dosis que producen anestesias produce un rango de efectos, que van desde los parecidos al alcohol hasta ligeros toques psicodélicos que aumentan según se aumenta la dosis y se puede entrar un viaje psicodélico importante”, cuenta Vidal, de Energy Control.

Con esta droga “se da una circunstancia quizá un poco particular”, continúa. “Por una parte tenemos cada vez mayor presencia de consumo de ketamina y por otra del tusi”, mal llamada cocaína rosa porque tiene ketamina, MDMA (éxtasis) y cafeína, y la aparición de este producto ha hecho que aumente el número de personas que consume ketamina sin saberlo“, explica.

Tanto uno como otra advierten de que puede haber un problema con esta droga. “El uso de ketamina es un problema del que oiremos hablar. En centroeuropa (Bélgica, Holanda, Reino Unido) hay problemas serios ya porque puede generar adicción y una tolerancia alta, por lo que rápidamente necesitas más. Y la concentración de ketamina es cada vez más grande, lo que quiere decir que está aumentando la tolerancia”, sostiene Ventura.

“Puede acarrear importantes problemas, sobre todo dos: el desarrollo de una dependencia con un patrón de consumo muy intensivo y la pérdida de control”, advierte Vidal. “En concreto, la aparición de problemas urinarios, porque la ketamina en su paso por el cuerpo va produciendo inflamación al eliminarse. Esto hace que aparezcan síntomas parecidos a la cistitis, que muchas personas pueden no relacionar con el consumo de ketamina, incluso profesionales sanitarios. Está bien documentado y puede ser bastante grave”, señala.

Anfetaminas, metanfetaminas y 'chemsex'

En España, los expertos también señalan el aumento en el uso de anfetaminas y metanfetaminas. “Lo raro es que no hubiera pasado antes porque son baratas y fáciles de producir”, apunta Fernando Caudevilla, médico familiar y experto en drogas. Este doctor explica que estas drogas se asocian al chemsex (sesiones largas de sexo con drogas), “y probablemente sea cierto, pero no es la única causa [del aumento]. Se va a seguir expandiendo y no veo motivos por los que vaya a ir a menos, aunque es cierto que cuando hay buenos mercados de droga la situación suele no cambiar mucho. Si a Galicia sigue entrando bien la cocaína la gente no se va a buscar anfetamina”, opina.

Sordo incide en que “en Barcelona hace tiempo que están preocupados con este aumento”, y ofrece un dato: entre 2020 y 2023 prácticamente se ha duplicado los ingresos para tratamiento, pasando de 580 a 1.085 en ese periodo. El especialista explica además que es habitual que cuando hay más disponibilidad de alguna droga, como está sucediendo con las anfetaminas, “se ofrece como producto. Pasó en EEUU con la crisis de adicción a los medicamentos. Cuando la gente dejó de poder comprarlos y apareció la heroína como producto alternativo, se empezó a ofrecer más”.

De Brístol a Praga

En Europa cada país lidia con sus propios problemas. Si España destaca en cocaína, Reino Unido lo hace en ketamina y la anfetamina es habitual en los países nórdicos y en República Checa y Eslovaquia en su forma de cristal.

Brístol (Reino Unido) es de largo la ciudad europea con más concentración de ketamina en sus aguas residuales. “Bristol es conocida por ser un centro de distribución de ketamina, así como una ciudad con una intensa economía nocturna. Es la ciudad con mayor consumo de ketamina del mundo”, sostiene Josh Torrance, criminólogo afincado en la ciudad. En conjunto en Reino Unido el número de adultos que inician tratamiento por problemas con la ketamina se ha más que triplicado desde 2021.

La ciudad checa de České Budějovice ha desbancado a otra ciudad checa, Ústí nad Labem, como la número uno en consumo de metanfetamina entre todas las ciudades europeas analizadas, con un aumento del 29% respecto al año anterior. El dominio checo con esta droga no tiene fisuras: ciudades checas ocupan los cinco primeros puestos del ranking de metanfetamina, incluida la capital, Praga, donde todas las sustancias medidas aumentaron respecto al año previo.

------------------------------------------

Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha lanzado una alerta a raíz del fenómeno conocido como “chemsex”. Es un término que deriva de los vocablos ingleses “chemical” y “sex” y es utilizado coloquialmente entre hombres gais y bisexuales y otros hombres que tienen sexo también con hombres para describir una práctica sexual que implica el uso de drogas proactivas (mefedrona, GHB o metanfetamina) con el fin de intensificar sensaciones, perder inhibiciones y prolongar el placer durante las relaciones, que tras el consumo de estupefacientes pueden durar horas e incluso días.

Según el Departamento, que este miércoles ha llevado a cabo un coloquio sobre el tema con profesionales de Osakidetza, esta práctica conlleva el doble de riesgo. Por un lado, el de contraer infecciones de transmisión sexual; y, por el otro, el de sufrir adicción a las drogas. “Esta práctica lleva un doble riesgo, en la esfera de la salud sexual y en el psicosocial o la salud mental, con una mayor probabilidad de exposición a ITS, prácticas sexuales prolongadas, menor percepción del riesgo y posiblemente mayor número de personas”, han alertado desde Salud.

Durante el coloquio no han aportado datos específicos de personas que practican “chemsex” en Euskadi ni de adicciones o contagios de enfermedades de transmisión sexual que esto provoca, dado que por el momento, según han recalcado el coordinador del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, Oskar Ayerdi, y el Jefe del Servicio de Adicciones en la Red de Salud Mental de Bizkaia, el psiquiatra Rodrigo Oraá, no cuentan con esos datos específicos. No obstante, sí que han aportado los datos recogidos por la encuesta europea EMIS, para hombres que tienen sexo con hombres, que apuntan que a nivel estatal, entre los hombres que habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, el 14,1% había usado drogas estimulantes para que el sexo fuera más intenso o durara más tiempo en ese periodo y el 7,6% lo había hecho en las últimas cuatro semanas antes de realizar la encuesta.

Según la última memoria del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, en 2024 la transmisión de enfermedades como la clamidia, gonorrea o sífilis se duplicaron, especialmente entre la población más joven y se notificaron 125 nuevos casos de VIH, una cifra que se mantiene estancada en los últimos cinco años. Según han informado este miércoles, se espera que los datos de 2025 sean similares. En este sentido, en Osakidetza el pasado mes de diciembre, se atendieron a 1.538 personas en consultas de infecciones de transmisión sexual, 1.189 en Bizkaia, 266 en Gipuzkoa y 83 en Álava.

Preguntado por si la ciudadanía ya no se protege tanto como antes respecto a las enfermedades de transmisión sexual, el coordinador del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, Oskar Ayerdi, ha detallado que “con el paso de los años lo que se está viendo es que hay herramientas preventivas innovadoras como pueden ser algunos fármacos, no solo frente a las infecciones de transmisión sexual, sino que también hay nuevas herramientas para evitar embarazos no deseados. Y todos estos avances que se han dado, que son muy positivos, pueden generar una sensación de confort o de comodidad y, al utilizarlos, puede producir que potencialmente se pudieran dejar de utilizar otras barreras preventivas como puede ser el uso del preservativo. Esto es una realidad que puede estar sucediendo y nos genera nuevos retos de cómo tenemos que abordarlo”, ha explicado.

En cuanto a las adicciones, el Jefe del Servicio de Adicciones en la Red de Salud Mental de Bizkaia, el psiquiatra Rodrigo Oraá, ha indicado que pese a que no se recoge específicamente el “chemsex” en el plan de adicciones, sí que están trabajando en “acercarse” a la población que puede tener más dificultad de acceso a la información o a personas en exclusión. “Preocupa la intervención, primero informativa, por puro derecho a la salud y luego también está la preocupación de abordarlo cuando se está produciendo, porque pensamos que en los últimos años se está produciendo con mayor intensidad que en los previos, porque así los recibimos en las consultas. Tenemos más casos ahora que hace unos años, aunque es verdad que nos fijamos más y es posible que tengamos mayor capacidad de detección o que un sistema más ágil en cuanto a derivaciones puede ester facilitando la llegada. En cualquier caso, como hemos dicho a lo largo del coloquio, es un tema que además del conocimiento y de la sensibilidad, necesitamos más rodaje, más práctica y en ello estamos”, ha reconocido.

El psiquiatra ha recalcado, que de cara a futuro, un abordaje de la situación sobre el “chemsex” requiere “conocer muchos detalles y una competencia cultural específica, conocer el argot, los contextos y las sustancias para hablarlo, para entenderlo, pero también para intervenir”. En este sentido, desde Oskidetza han insistido en la relevancia del cribado frecuente de ITS, la vacunación, los medicamentos para prevenir la infección por VIH en personas sin el virus con alto riesgo de exposición PrEP y PEP, la planificación del consumo y evitar el policonsumo, así como una atención estructurada de la salud mental cuando existe un consumo compulsivo y/o dependencia.

Frente al estigma, educación y sensibilización. Dos corrientes en las que avanza la asociación Adhara cuando se habla de chemsex con el fin de contrarrestar el prejuicio que se da en la esfera pública. Más allá del sensacionalismo, los expertos de la asociación advierten de la estrecha relación que hay entre la sensación de malestar, estrés o soledad cuando se acude a esta práctica. Claves dentro de la salud mental para lograr una mayor prevención a la hora de trabajar en materia de salud pública.

El chemsex, término referido al consumo de ciertas drogas durante los encuentros sexuales, está mayormente relacionado con el grupo de hombres gais, bisexuales y aquellos hombres que tienen sexo con hombres, bajo las siglas GHBSH. Un fenómeno que tiene cada vez más peso en el ámbito sanitario y en el que se avanza en conocimiento y divulgación, como ocurre desde el Centro de detección de VIH y otras ITS que tiene Adhara en Sevilla. En 2017, se comenzó a catalogar el término en las atenciones que realizaban y, desde entonces, abordan de forma específica a los usuarios, quienes suelen estar atravesados por otras dificultades, tanto de calado social como por otro tipo de enfermedades.

Hay tres factores principales que motivan a la persona a hacer un uso intencional de drogas, tales como la metanfetamina, GHB/GBL o la mefedrona, explica Jose Miguel Saucedo Aguilar, psicólogo de la entidad: las motivaciones relacionadas con el bienestar emocional y físico, es decir, la desinhibición, aumentar la duración del encuentro o la satisfacción de sentirse parte de un grupo, “ese espacio relajado, de no juicio y de pertenencia, es muy potente”; por otra parte, estaría la experiencia interna, donde desaparecen las vivencias negativas, “el estima del VIH, la LGTBIfobia, la soledad, el estrés, o cualquier malestar emocional”; y, por último, la estrategia desadaptativa, donde la huida hacia delante permite olvidar ese malestar interior que se intenta ahogar durante unas horas.

En un momento en el que las infecciones de ITS aumentan a nivel nacional, según los datos del Ministerio de Sanidad, como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, el chemsex está atravesado por el debate público y, como marcan análisis europeos, se demandan programas de educación sexual. Para tomarlo con perspectiva, un estudio elaborado por la Universidad Antonio de Nebrija y publicado en la revista International journal of clinical and health psychology determina que aquellas personas con una alta homofobia interiorizada tienen mayor probabilidad acudir a estas sesiones donde se utilizan químicos, así como que ser VIH positiva aumentaba cuatro veces el riesgo de participar.

Casos atendidos

“Se vende el chemsex como una manera de pasárselo bien en los medios de comunicación, sin atender a estas cuestiones, por lo que parte del proceso terapéutico es escarbar en la experiencia interna y en la estrategia desadaptativa, ya que, muchas veces, una vez se solucionan estos aspectos, la persona no consume y aprende a tener otro tipo de disfrute a nivel sexual”, especifica el especialista.

Contra la trampa de la desinformación, la asociación, en colaboración con las entidades Stop y Apoyo Positivo, participó recientemente de la II Jornada Chemsex Andalucía que estuvo organizada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Un espacio en el que se dio a conocer un estudio pionero en Andalucía a cargo del Hospital Virgen del Rocío y enmarcado dentro del Plan Andaluz de ITS, VIH y Sida (PAITSIDA), en el que participaron unas 700 personas. En él, se avanzan algunas cuestiones relacionadas con el perfil de individuo que consume chemsex y que concuerda en varios aspectos con los datos registrados por Adhara.

A partir de su base de datos, la ONG contabiliza que el número de personas atendidas en el ámbito del chemsex fueron un total de 77 en 2019, mientras que en 2020 ascendieron a 118, luego, en 2021 repuntaron a 139, seguido por 2022 con 102 atenciones, mientras que en 2023 acudieron 192 usuarios y, en 2024, unas 131 personas. En lo que va de este año, se registraron 57 de forma específica. Una cifra que varía en función de los recursos económicos de los que disponga la asociación, dado que “es un servicio totalmente gratuito y, en general, el periodo de atención mínimo es de un año, aunque las atenciones individuales suelen ser quincenales”.

Extensión al ámbito rural

Con respecto al perfil, Saucedo determina que la franja de edad se extiende de entre los 20 a los 50 años, aunque hay casos de jóvenes de 18 años que se inician en el chemsex o mayores de 60 años que “sufre de soledad y lo encuentra como una vía de escape”. Además, una mayoría de las personas que lo practican tienen estudios superiores y, en el último tiempo, se aprecia que se extiende a núcleos urbanos fuera de los centros metropolitanos, como en localidades próximas de Carmona, Camas, Utrera o Mairena del Aljarafe. “Antes era específico de ciudades grandes, pero el consumo se normaliza y para tener este ocio sexual se utilizan aplicaciones en las que se comparte una misma jerga e iconografía y, luego, los encuentros se dan en entornos privados, como pisos”, apunta.

También, se observa que hay una incidencia más alta entre la población migrante. Sumado al estrés que soportan por el cambio de país, hay una serie de impedimentos que las aboca a una realidad cruel, sin red ni apoyos. Vulnerables, optan por la venta de drogas o el trabajo sexual, incluso, por el consumo de estupefacientes con tal de sobrellevar las condiciones extenuantes en las que sobreviven. “En España y otros países no son amables con el migrante a la hora de encontrar un trabajo, por ejemplo, y de igual manera pueden pertenecer a otras minorías, como queer, trans”, sostiene el psicólogo, “por tanto, se suman todas estas barreras, al igual que los obstáculos para acceder a recursos sociosanitarios relacionados con la prevención de las ITS, cómo protegerse frente al VIH o al tratamiento PrEP”.

Más allá de la labor de las entidades sociales, al sistema público le ponen una serie de deberes. Entre ellos, dar al chemsex prioridad en la agenda política de Andalucía, así como proporcionar más espacios amables, discretos e inclusivos dentro en las instalaciones sociosanitarias para que este colectivo se sienta escuchado, en vez de juzgado. En paralelo, mantienen que hay que profundizar en la sensibilización del personal sanitario que atiende cada día a estos usuarios. “La formación debería llegar con apoyo psicoemocional para entender los problemas adicionales a la salud que hay en esa persona y que, quizás, en un principio no se vean”, entiende.

Una máxima en este trato debería ser “tener una actitud cero paternalista y, sobre todo, basarse en la educación”. Dar acceso a la información para que, si el individuo finalmente decide tener una sesión de chemsex, sea lo más seguro posible. “En muchas ocasiones, estas personas nunca se han sentido parte de nada, no han sido escuchadas, se han visto como las diferentes, las sensibles,las raras, y, de repente, tienen un espacio agradable en que se les aporta todo lo que se les había negado y, a la vez, desaparecen ese montón de emociones negativas”, determina Saucedo. Así que, tender la mano y actuar de forma preventiva es la opción que toma cada vez que alguien se sienta en su consulta.

 La investigació que va permetre desarticular una de les xarxes de narcotràfic més grans que han operat a Mallorca, presumptament liderada per Stefan Milojevic, suma ara un nou moviment des de l’interior mateix de la causa. Faustino Nogales, exresponsable del Grup d’Estupefaents de la Policia Nacional a les Balears i en presó provisional per la seva presumpta col·laboració amb la trama, ha sol·licitat al jutjat que instrueix el procediment la compareixença de diversos caps de Duanes i d’un comandament del Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil.

L’escrit, presentat pel seu advocat davant el Jutjat d’Instrucció número 7 de Palma i al qual ha tingut accés elDiario.es, sosté que Nogales mantenia amb aquests responsables una relació professional directa en diferents operatius conjunts contra el narcotràfic. La defensa considera que les seves declaracions són rellevants per contextualitzar actuacions policials que ara estan sent examinades per la Justícia.

Nogales està investigat per suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir delictes, il·lícits pels quals el jutge va acordar el seu ingrés a la presó el passat mes d’agost en apreciar risc de fuga i d’interferència en la investigació. El seu paper és especialment sensible per la posició que ocupava i pel possible accés a informació operativa d’alt nivell. Després d’haver estat investigat per Afers Interns, ara correspon a la Justícia valorar si aquestes indagacions van ser vàlides i si no es van sobrepassar els límits legals.

Una xarxa amb mètodes d’organització mafiosa

La causa es va originar arran d’una investigació de gran abast que va situar Stefan Milojevic com a presumpte líder d’una suposada estructura criminal amb capacitat per introduir grans quantitats de droga a l’illa i redistribuir-les a altres punts d’Europa i de la península. La xarxa operava amb mètodes propis d’organitzacions estructurades i, segons els investigadors, hauria comptat amb suports interns per esquivar controls i anticipar-se a les actuacions policials.

És en aquest context on s’emmarquen les sospites sobre Nogales, a qui s’atribueix haver afavorit presumptament l’organització des de dins del sistema. La petició de noves declaracions introdueix ara una possible ampliació del focus de la investigació, que es va saldar amb 76 detinguts i la incautació, entre d’altres, de 687 quilos de cocaïna i 2.500 quilos d’haixix.

Entre els arrestats en la macrooperació d’aquest estiu de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil també hi figura l’advocat Ignacio Gonzalo Márquez, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, així com Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns a Espanya i lluitador d’MMA.

Converses interceptades

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional van interceptar diverses converses entre Nogales i Milojevic. En una d’elles, Milojevic parlava per telèfon amb l’inspector i l’informava que havien desaparegut “diverses llapes” dels seus vehicles a Eivissa i Alemanya, és a dir, balises de seguiment instal·lades pels agents especialitzats per vigilar els narcotraficants.

— “Saps què ha passat?”, va preguntar Milojevic a Nogales.

— “El què?”, va respondre aquest.

— “Han desaparegut les llapes d’Eivissa”, va afirmar.

— “Han desaparegut?”, va qüestionar l’inspector.

— “Una del pàrquing on el cotxe fa tres o quatre mesos que no es mou i l’altra a Alemanya”, va dir Milojevic.

— “Estava clar”, va acabar dient Nogales.

Així mateix, el presumpte líder de la banda va comentar en una conversa recollida al sumari, al qual va tenir accés elDiario.es, que existien “conills”, un sinònim de “talps”, és a dir, individus que, aprofitant les seves funcions laborals, tenen accés a informació privilegiada i la faciliten als narcotraficants.

La investigación que desarticuló una de las mayores redes de narcotráfico que han operado en Mallorca, presuntamente liderada por Stefan Milojevic, suma ahora un nuevo movimiento desde el interior de la propia causa. Faustino Nogales, exresponsable del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Balears y en prisión provisional por presuntamente colaborar con la trama, ha solicitado al juzgado que instruye el procedimiento la comparecencia de varios jefes de Aduanas y de un mando del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil.

El escrito, presentado por su abogado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que Nogales mantenía con estos responsables una relación profesional directa en distintas operaciones conjuntas contra el narcotráfico. La defensa considera que sus declaraciones son relevantes para contextualizar actuaciones policiales que ahora están siendo examinadas por la Justicia.

Nogales está investigado por cohecho, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos, ilícitos por los que el juez acordó su ingreso en prisión el pasado agosto al apreciar riesgo de fuga y de interferencia en la investigación. Su papel resulta especialmente sensible por la posición que ocupaba y por el posible acceso a información operativa de alto nivel. Tras ser investigado por Asuntos Internos, ahora debe valorar la Justicia si dichas indagaciones fueron válidas y no se sobrepasaron.

Una red con métodos de organización mafiosa

La causa se originó tras una investigación de gran envergadura que situó a Stefan Milojevic como presunto líder de una supuesta estructura criminal con capacidad para introducir grandes cantidades de droga en la isla y redistribuirlas a otros puntos de Europa y la península. La red operaba con métodos propios de organizaciones estructuradas y, según los investigadores, habría contado con apoyos internos para eludir controles y anticiparse a las actuaciones policiales.

Es en ese contexto donde se encuadran las sospechas sobre Nogales, al que se atribuye haber favorecido presuntamente a la organización desde dentro del sistema. La petición de nuevas declaraciones introduce ahora una posible ampliación del foco de la investigación, que se saldó con 76 detenidos y la incautación de, entre otros, 687 kilos de cocaína y 2.500 kilos de hachís.

Entre los arrestados en la macrooperación de este verano de la Policía Nacional y la Guardia Civil se encuentra también el abogado Ignacio Gonzalo Márquez por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico y Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns en España y peleador de MMA.

Conversaciones interceptadas

La Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron diferentes conversaciones entre Nogales y Milojevic. En una de ellas, Milojevic hablaba por teléfono con el inspector y le informa que habían desaparecido “varias lapas” en sus vehículos de Eivissa y Alemania, es decir, balizas de seguimiento instaladas por los agentes especializados para vigilar a los narcos. 

—“¿Sabes qué ha pasado?”, preguntó Milojevic a Nogales. “¿El qué?”, le respondió este. “Han desaparecido las lapas de Ibiza”, afirmó. “¿Han desaparecido?”, cuestionó el inspector. “Una del parking que está el coche ahí tres cuatro meses sin moverse y la otra en Alemania”, afirmó Milojevic. “Estaba claro”, terminó diciendo Nogales. 

Asimismo, el presunto líder de la banda comentó en una conversación recogida en el sumario, al que tuvo acceso elDiario.es, que existían “conejos”, un sinónimo de “topos”, es decir, individuos que, aprovechando sus funciones laborales, tienen acceso a información privilegiada y se la trasladan a los narcos.

La nit avança entre copes i mirades còmplices. Hi ha coses que no es nomenen, però circulen amb naturalitat. En una sala de ball situada en una antiga possessió dels afores de Palma, l'opi i la morfina són una presència integrada en un ambient respectable. Només els músics queden al marge: han de tocar amb els ulls embenats o d'esquena al públic per no veure ni reconèixer. En aquest escenari de silencis compartits, el poder econòmic i la tolerància social es freguen sense a penes fer-se preguntes. Es diu La Venta Eritaña, antany una finca agrícola reconvertida en local de dubtosa fama, símbol nocturn d'una illa que ha après a mirar cap a una altra banda. L'halo de misteri que envolta el local -i el vel de discreció que cobreix els rostres dels qui hi acudeixen- no impedeixen, tanmateix, sostenir la seva realitat històrica. “Sabem que ha existit”, subratlla l'historiador Tomeu Canyelles en declaracions a elDiario.es.

L'investigador s'endinsa a les dubtoses pràctiques dutes a terme en aquest cabaret dels anys trenta en el seu recent llibre Cavalcar l'abisme. La cultura de la droga a les Illes Balears, on retrata com, abans de la irrupció del turisme de masses, la geografia insular, amb les seves cales inacccesibles, costes abruptes i una limitada vigilància, va afavorir durant dècades una economia clandestina que anava molt més enllà del tabac o l'alcohol i com, sota la normalitat elegant de La Venta Eritaña, s'ocultaria un engranatge de rutes marítimes clandestines, favors i silencis que va convertir la Mallorca d'entreguerres en un territori dòcil a l'accés de la droga. Alguns autors, com Bartomeu Mestre i Sureda, han arribat a situar en aquest mapa de circuits ilícits la figura del poderós Juan March Ordinas, un dels mecenes que van finançar el cop franquista contra la Segona República.

Per a Mestre, una de les principals claus per a entendre el paper que hauria exercit aquest cabaret i la seva presumpta vinculació amb el sobrenomenat l'últim pirata del Mediterrani es troba en el llibre Die Insel donis Zweiten Gesichts -L'illa de la segona cara-, de l'escriptor alemany Albert Vigoleis Thelen. Al llarg de les seves més de 900 pàgines, l'obra, publicada el 1953 i traduïda al castellà 40 anys després, narra la seva estada a l'illa al costat de la seva futura esposa, Beatrice, entre 1931 i 1936, al mateix temps que ofereix una de les descripcions literàries més precises -i deliberadament emmascarades- de la fosca Mallorca dels anys trenta.

Abans de la irrupció del turisme de masses, la geografia insular va afavorir durant dècades una economia clandestina que anava molt més enllà del tabac o l'alcohol. En aquest mapa de circuits ilícits, autors com Bartomeu Mestre i Sureda situen la figura de Juan March Ordinas, un dels mecenes que van finançar el cop franquista contra la Segona República

Es tracta d'un ecosistema de mirada indulgent i silencis compartits que, tanmateix, no podria entendre's sense retrocedir a finals del segle XIX, com fa Canyelles al seu llibre. La revolució farmacològica produïda en aquella centúria havia permès la síntesi industrial d'estimulants i opiacis com la morfina (1804), la cocaïna (1855) o l'heroïna (1874), que a Espanya es van passar a dispensar sense recepta a les farmàcies i incorporades a preparats d'us comú especialment destinats a tractar dolors i afeccions respiratòries. Durant dècades, molt abans que aflorissin les alarmes sobre els seus efectes i les legislacions comencessin a endurir-se, les drogues van circular desproveïdes d'estigma moral, emparades per la confiança en els avenços de la ciència i la medicina.

Ja el 25 de març de 1819, Diario Balear informava dels efectes de la morfina descrits pel científic menorquí Mateu Orfila i explicava les seves formes d'administració, la seva potència i fins i tot els remeis per contrarestar els seus “efectes funestos” mitjançant emètics, àcids i cafè. En una nota titulada Química, el peridòdic assenyalava que “els efectes de la morfina són molt més enèrgics quan s'injecta a les venes que quan es pren per la boca” i revelava fins a quin punt, ja a començaments del segle XIX, aquests alcaloides circulaven no solament en àmbits científics, sinó també en la premsa generalitzada. Més que una substància marginal, la morfina apareixia llavors com un avenç mèdic digne de ser explicat al públic.

L'alarma social generada pels efectes adversos i els usos no terapèutics d'aquests compostos va provocar la fi de la seva venda lliure el 1918, quan es va aprovar la primera legislació que exigia recepta obligatòria, passant a dispensar-se sota prescripció mèdica. D'això informava Diario de Ibiza el 25 de juliol d'aquell any: “A Espanya està terminantment prohibida la venda de medicaments fora de les farmàcies i en aquestes solament pot fer-se amb prescripció facultativa, per la qual cosa es recorda als senyors farmacèutics el més exacte compliment de les mateixes, prohibint la venda de l'èter, cocaïna i morfina sense la corresponent recepta que asseguri un bon us dels mateixos”.

L'enduriment normatiu no va erradicar, tanmateix, l'accés a aquestes drogues, sinó que va contribuir a dotar-les d'una aura de desafiament i transgressió que va reforçar el seu atractiu. En paraules de Canyelles, es va construir “una eròtica associada intrínsicament a la prohibició i, amb això, al risc, la temeritaritat i l'exclusivitat”, emergint en paral·lel una economia opaca vinculada a l'àmbit sanitari en la qual metges i farmacèutics exercien un paper clau: alguns professionals es van convertir en intermediaris indispensables, ja sigui a través de prescripcions complaents o mitjançant el desviament irregular de preparats. El consum de narcòtics va començar a desplaçar-se cap als espais d'oci nocturn i locals de mala fama, on es va consolidar una cultura subterrània associada a l'excés i a la prohibició, preludi del mercat il·legal i les estructures de narcotràfic esteses dècades després, especialment a partir de la segona meitat del segle XX amb la irrupció a gran escala de la cocaïna i l'heroïna.

El consum de narcòtics va començar a desplaçar-se cap als espais d'oci nocturn i locals de mala fama, on es va consolidar una cultura subterrània associada a l'excés i a la prohibició, preludi del mercat il·legal i les estructures de narcotràfic esteses dècades després

La cocaïna, una “terrible fada” de “maleficis incalculables”

A tenor d'aquelles incipients xarxes de contraban, el 24 de juny de 1922 La Voz de Ibiza informava de la venda fraudulenta de “certs alcaloides com la morfina, l'opi i la cocoina a través del tràfic il·licit a què es dediquen infinitat de persones”. L'existència del delicte, s'assenyalava, es va revelar “per un incident casual”: “El metge que assistia un malalt va notar en aquest els efectes de la cocaïna que ell no havia receptat. La policia va realitzar investigacions, detenint quatre individus cambrers de bar que es dedicaven a la venda fraudulenta de dit alcaloide, comissant-los 150 grams que va trobar en el seu poder”. Dos mesos després, amb motiu de les “proporcions” que estava prenent la venda clandestina de cocaïna, el mateix peridòdic publicava un article que alertava de les conseqüències que acarreava el consum d'aquest “terrible verí”: “És una terrible fada, els maleficis de la qual són incalculables. Ens referim a la cocaïna. Aquest verí, que en medicina pot proporcionar grans serveis, causa els danys més irreparables a la societat francesa contemporània, generalitzant-se el seu ús a Espanya”.

La notícia assenyalava que el seu ús, limitat fins aleshores a “alguns intel·lectuals”, “avui tendeix a generalitzar-se entre totes les classes i en tot arreu es clama contra aquesta calamitat, ja que no solament arruïna la salut, [sinó] també la bossa”. I afegia: “Vegeu com la cocaïna s'importa d'Alemanya. A mesura que el marc baixa, puja el preu d'aquests pols blancs. Al mateix temps que els alemanys enverinen l'univers, ingressen quantitats boniques de diners”. Al novembre d'aquell mateix any, La Voz de Ibiza denunciava de nou com “la gent bé d'antany” i “els nous rics que van acaparar o sembrar fam i fent contraban de vides per sacsejar la seva modorra burgesa [...] es reaviven injectant-se morfina o ingerint grànuls cocaínics”. L'article subratllava un canvi d'escala: les substàncies narcòtiques havien deixat de ser patrimoni exclusiu de les classes privilegiades i començaven a perar cap a altres estrats socials, en un context d'acceleració urbana i canvis socials.

“Vicis de postín”: dels cercles mèdics a la nit urbana

No debades, la vida urbana, l'oci nocturn i la creixent mobilitat internacional van generar un brou de cultiu propici per a la circulació de narcòtics, encara que a Mallorca aquesta estava principalment reservada a les classes més benestants, cadascuna de les quals utilitzava els seus propis rituals i espais de consum. Investigacions històriques situen ja a les darreres dècades del segle XIX la consolidació de rutes irregulars entre Barcelona i l'arxipèlag que van facilitar l'entrada il·legal d'opiacis, especialment morfina. Com assenyala Canyelles, les primeres detencions, documentades en premsa, arxius duaners i expedients sanitaris, evidenciaven mètodes d'ocultació rudimentaris, però eficaços: ampolles de vidre amagades en objectes de tocador o petits envasos que iniciaven el seu recorregut en territori francès abans de creuar el Mediterrani. La insularitat, lluny d'actuar com a barrera, va funcionar com un avantatge logístic per a xarxes que operaven als marges de la legalitat.

El tuguri on “no es podia mirar”

En aquest context, l'historiador reconeix les dificultats que comporta investigar determinats episodis de la Mallorca d'entreguerres quan es tracta d'espais d'oci i sociabilitat vinculats a pràctiques moralment reprovables per a l'época. Tanmateix, diverses mencions en premsa i alguns testimonis permeten reconstruir el paper que hauria exercit aleshores una sala “de dubtosa fama” -com la descriu l'investigador en una altra de les seves obres, Tacats de desig- situada als afores de Palma: La Venta Eritaña. Enclavada en una antiga possessió coneguda com 'Can Costals', al seu interior no solament es ballava i es bevia. També funcionava com a “prostíbul de magatzem de contraban d'opi i de morfina”, segons assenyala, per la seva banda, l'historiador Bartomeu Mestre i Sureda, qui en un dels seus articles assevera que la droga hauria estat “transportada per un submarí alemany, el comandant del qual estava al servei d'en Verga” -sobrenom amb el qual era conegut March-.

Enclavada en una antiga possessió coneguda com 'Can Costals', a l'interior de La Venta Eritaña no solament es ballava i es bevia. També funcionava com a "prostíbul de magatzem de contraban d'opi i de morfina", segons assenyala l'historiador Bartomeu Mestre i Sureda

Un dels peridics que va publicitar la sala va ser Der Herold, un setmanari alemany que es va publicar a Mallorca entre els anys 1933 i 1934 i que anava especialment dirigit a les colònies germanes exiliades a Mallorca amb l'auge del nazisme. Entre les seves pàgines podia llegir-se aquest anunci: “La Venta Eritaña Cabaret. Freude-Tanz und schöne Frauen, ein Lokal von ganz besonderem Geschmack” (“Alegria, ball i dones hermoses, un local de gust molt especial”).

Una entrevista realitzada per l'historiador Llorenç Capellà a Ernest Felani, bateria de Los Trahumantes -un dels grups que va actuar a la sala-, revela que el local era frequentat “per artistes i toreros” i que, “quan compareixien determinades persones”, els músics havien de tocar “amb els ulls embenats”. Els qui no podien tocar de memòria, havien de fer-ho “d'esquena al públic”, un detall que reforçaria l'atmòsfera de clandestinitat i tolerància implícita que acompanyava la sala i la idea que en ella s'haurien desenvolupat pràctiques que no havien de ser vistes. És enmig d'aquest ambient marcat per la discreció i els silencis compartits on historiadors com Mestre situen la figura de Juan March, no com a protagonista visible, sinó com una ombra recurrent associada als engranatges econòmics que va sostenir.

Una de les principals claus per entendre el paper que hauria desempnyat La Venta Eritaña es troba al llibre 'La isla del segundo rostro', de l'escriptor alemany Albert Vigoleis. En ell narra la seva estada a l'illa al costat de la seva futura esposa, Beatrice, entre 1931 i 1936, i ofereix una de les descripcions literàries més precises -i deliberadament emmascarades- de la fosca Mallorca fosca dels anys trenta

L'obra que va encriptar el nom de La Venta Eritaña

Albert Vigoleis -un dels intel·lectuals germans que es van traslladar a la més gran de les Balears després de l'ascens de Hitler al poder-, l'obra del qual, La isla del segundo rostro, s'endinsa en els secrets de la nit palmesana dels anys trenta, explica que juntament amb la seva futura esposa es va allotjar en un enclavament anomenat la Torre del Rellotge, situat en una carretera que “conduïa a Sóller”. Mestre i Sureda es mostra convençut, a partir de les descripcions topogràfiques ofertes per l'escriptor alemany al llarg de més de 900 pàgines, que la sala a la qual al·ludeix amb aquest nom no és una altra que La Venta Eritaña, la ubicació de la qual situa al final del carrer 31 de desembre de Palma i a l'inici de l'antiga carretera de Sóller, igual que els anuncis de l'època.

“A casa d'uns amics, vam sentir una història de to altament romàntic: a mitja hora de distància de la ciutat de Palma, ens van dir, existia una finca misteriosa anomenada la Torre del Rellotge, que en realitat no era una veritable hisenda agrícola, sinó una sèrie de vells edificis amb una torre baixa i ampla. Corrien de boca en boca els més estranys rumors”, recorda Vigoleis. El personatge central i propietari de la casa és Arsenio, a qui l'autor descriu com “un sequaç de Juan March, una barreja de vell espadaxí i pistoler del western americà, que, pel que es deia, mantenia un bordell, que era al mateix temps taverna i hostal per a arriers, negocis tots ells que s'avenien bé entre sí i bastant turbis”.

L'autor no estalvia detalls: “Em sembla arribat el moment de perdre unes paraules sobre les activitats intrínseques de la Torre del Rellotge. La seva aparença de lloc de trànsit, fonda, comerç vinícola i cotxera era solament una cobertura. Arsenio havia organitzat allà un negoci genial de venda clandestina d'opiacis, que entraven de contraban camuflats en paquets de cigarrets nord-americans. Naturalment no era un traficant independent ni tampoc l'home principal de les Balears, encara que estava dotat de tot allò que caracteritza el patró, tenia mirada de cabdill militar i, fonamentalment, coneixia a fons la localitat i a la seva gent”. Acte seguit, relata que “la banda estava dirigida pel cèlebre banquer Juan March, àlies El Verga, sobrenom que la família duia amb honor i que es referia a la verga de toro amb què domestiquaven els seus ramats de porcs”.

“Era l'home més ric d'Espanya i un dels més rics d'Europa, enrichi au su de toute l’Espagne par le fraude et la concussion, com va dir [George] Bernanos sobre ell en el seu llibre sobre la guerra civil espanyola, que, tot s'ha de dir, va ser àmpliament finançada per ell. En l'actualitat és més ric que mai, segons m'han informat amics espanyols”, afegeix Vigoleis, qui, en un altre passatge, assenyala que “Juan March era el rei coronat de l'illa, Arsenio el soberà sense corona”. Segons l'autor alemany, Arsenio no és March, però aquest hauria actuat com el seu reflex operatiu pressumptament controlant l'espai, gestionanant el contraban, mantenint relacions amb policies, carabiners i marins i garantint el funcionament quotidià d'una economia il·legal perfectament engraxonada.

Era l'home més ric d'Espanya i un dels més rics d'Europa, 'enrichi au su de toute l’Espagne par le fraude et la concussion', com va dir [George] Bernanos sobre ell en el seu llibre sobre la guerra civil espanyola, que, tot s'ha de dir, va ser amplament finanaada per ell. En l'actualitat és més ric que mai, segons m'han informat amics espanyols

Albert Vigoleis — Autor de 'La isla del segundo rostro'

Sobre la Torre del Rellotge, l'obra explica que va ser, en origen, una finca anomenada Can Costals, un antic nom que havia caigut en desús. “En el nostre estable-prostíbul regnava un ambient de festa. Fins i tot un venedor ambulant havia muntat un tenderet en el qual oferia llaminadures i petits regals com els que agraden a les jovenetes que mai no s'entregarien per diners. A casa d'Arsenio tot estava previst. Qui ama la seva ànima ha d'igualment coure pastissos per al seu cos”, narra Vigoleis, el text del qual, a partir de les dades que ofereix sobre contactes internacionals, trfic d'estupefaents i personatges estrangers que desapareixen sense deixar rastre, apunta que la Torre del Rellotge hauria funcionat durant un perode com a venda i hostal suposadament vinculada al submón del contraban integrada a l'òrbita de Juan March.

Noms ocults davant la possible “persecució”

Al terme de l'obra, Vigoleis aclareix que dels seus personatges, “vius o ja morts, no es pot parlar de simple semblança” i assenyala que cadascun d'ells “figura amb la seva pròpia imatge, sense ombres estranyes que la desfigurin”. A continuació, tanmateix, deixa caure que “és possible que s'hagi procedit a donar alguns retocs a la imatge per apartar el lector de la pista de la seva personalitat real, quan d'això podrien esperar-se persecucions per poderosos grups polítics o d'alguns individus aillats igualment poderosos”.

Al terme de l'obra, Vigoleis aclareix que dels seus personatges, "vius o ja morts, no es pot parlar de simple semblança", encara que deixa caure que "és possible que s'hagi procedit a donar alguns retocs a la imatge per apartar el lector de la pista de la seva personalitat real, quan d'això podrien esperar-se persecucions per poderosos grups polítics o d'alguns individus aillats igualment poderosos"

Aquest tipus de testimonis, subratlla Canyelles en declaracions a aquest periòdic, permeten inferir quin tipus d'ambient es respirava en determinats locals com La Venta Eritaña: “Suposadament es feien all coses una mica compromeses o actituds moralment reprobables”, explica. En aquesta línia, incideix en com determinades estructures econòmiques i xarxes clandestines van facilitar la circulació de substàncies, si bé apel·la a la cautela a l'hora de parlar de responsabilitats directes. “No es pot afirmar que March fes allà explícitament negoci d'això”, assevera respecte La Venta Eritaña.

Aquest tipus de testimonis, subratlla Canyelles, permeten inferir quin tipus d'ambient es respirava en determinats locals com La Venta Eritaña: "Suposadament es feien all coses una mica compromeses o actituds moralment reprobables”, explica, al·ludint a com determinades estructures econòmiques i xarxes clandestines van facilitar la circulació d'opiacis

Així mateix, emplaça a no perdre de perspectiva que el consum de drogues en aquell moment era “molt minoritari, especialment entre la població local d'aleshores”, encara que apunta a “factors incontrolables que feien que certs espais fossin propicis per poder consumir”. L'investigador emmarca l'increment de la producció i el consum d'opiacis -tant a Mallorca com a altres llocs- en un context europeu marcat per la violència de la Gran Guerra: “Després del gran trauma psicològic de la guerra i d'un moment de sofriment, era normal que la gent tingués ganes de celebrar la vida, per això aquesta concepció dels feliços anys vint i la visió que tenim de París, del Charleston...”.

En aquesta mateixa línia, aludeix a les conseqüncies físiques del conflicte bèlic: “Va deixar moltes persones mutilades i amb altres seqüeles. La gent necessitava elements per alleugerir el dolor no solament mental, sinó el purament físic, el que provoca que s'incrementi la presència de la morfina. Va ser un moment en què es va començar a produir de forma clandestina, en el què va començar a haver laboratoris en certs llocs i en què va començar a haver-hi una major accessibilitat”.

La història de La Venta Eritaña no parla solament de drogues ni d'un local concret, sinó d'una època en què el poder econòmic, la tolerància social i el silenci compartit haurien permès que determinades pràctiques s'integressin sense estridències en la vida nocturna de l'illa. Reconstruir aquest passat permet entendre com Mallorca va aprendre aviat a conviure amb allò que no s'anomenava. I com, en molts de casos, mirar cap a una altra banda també va ser una forma de poder.

La noche avanza entre copas y cómplices miradas. Hay cosas que no se nombran, pero circulan con naturalidad. En una sala de baile situada en una antigua possessió de las afueras de Palma, el opio y la morfina son una presencia integrada en un ambiente respetable. Solo los músicos quedan al margen: deben tocar con los ojos vendados o de espaldas al público para no ver ni reconocer. En este escenario de silencios compartidos, el poder económico y la tolerancia social se rozan sin apenas hacerse preguntas. Se llama La Venta Eritaña, antaño una finca agrícola reconvertida en local de dudosa fama, símbolo nocturno de una isla que ha aprendido a mirar hacia otro lado. El halo de misterio que rodea al local -y el velo de discreción que cubre los rostros de quienes allí acuden- no impiden, sin embargo, sostener su realidad histórica. “Sabemos que ha existido”, subraya el historiador Tomeu Canyelles en declaraciones a elDiario.es.

El investigador se adentra en las dudosas prácticas llevadas a cabo en este cabaret de los años treinta en su libro Cavalcar l'abisme. La cultura de la droga a les Illes Balears (recientemente editado por Lleonard Muntaner), donde retrata cómo, antes de la irrupción del turismo de masas, la geografía insular, con sus calas inaccesibles, costas abruptas y una limitada vigilancia, favoreció durante décadas una economía clandestina que iba mucho más allá del tabaco o el alcohol y cómo, bajo la normalidad elegante de La Venta Eritaña, se ocultaría un engranaje de rutas marítimas clandestinas, favores y silencios que convirtió a la Mallorca de entreguerras en un territorio dócil al acceso de la droga. Algunos autores, como Bartomeu Mestre i Sureda, han llegado a situar en este mapa de circuitos ilícitos la figura del poderoso Juan March Ordinas, a la postre uno de los mecenas que financiarían el golpe franquista contra la Segunda República.

Para Mestre, una de las principales claves para entender el papel que habría desempeñado este cabaret y su presunta vinculación con el apodado el último pirata del Mediterráneo se halla en el libro Die Insel des Zweiten Gesichts -La isla del segundo rostro-, del escritor alemán Albert Vigoleis Thelen. A lo largo de sus más de 900 páginas, la obra, publicada en 1953 y traducida al castellano 40 años después, narra su estancia en la isla junto a su futura esposa, Beatrice, entre 1931 y 1936, al tiempo que ofrece una de las descripciones literarias más precisas -y deliberadamente enmascaradas- de la oscura Mallorca de los años treinta.

Antes de la irrupción del turismo de masas, la geografía insular favoreció durante décadas una economía clandestina que iba mucho más allá del tabaco o el alcohol. En ese mapa de circuitos ilícitos, algunos autores, como Bartomeu Mestre i Sureda, han llegado a situar a Juan March Ordinas, a la postre uno de los financiadores del golpe franquista contra la Segunda República

Se trata de un ecosistema de mirada indulgente y silencios compartidos que, con todo, no podría entenderse sin retroceder hasta finales del siglo XIX, como hace Canyelles en su libro. La revolución farmacológica producida en aquella centuria había permitido la síntesis industrial de estimulantes y opiáceos como la morfina (1804), la cocaína (1855) o la heroína (1874), que en España pasaron a ser dispensadas sin receta en las farmacias e incorporadas a preparados de uso común especialmente destinados a tratar dolores y afecciones respiratorias. Durante décadas, mucho antes de que afloraran las alarmas sobre sus efectos y las legislaciones comenzaran a endurecerse, las drogas circularon desprovistas de estigma moral, amparadas por la confianza en los avances de la ciencia y la medicina.

Ya el 25 de marzo de 1819, Diario Balear informaba de los efectos de la morfina descritos por el científico menorquín Mateu Orfila y explicaba sus modos de administración, su potencia e incluso los remedios para contrarrestar sus “efectos funestos” mediante eméticos, ácidos y café. En una nota titulada Química, el periódico señalaba que “los efectos de la morfina son mucho más enérgicos cuando se inyecta en las venas que cuando se toma por la boca” y revelaba hasta qué punto, ya a comienzos del siglo XIX, estos alcaloides circulaban no solo en ámbitos científicos, sino también en la prensa generalizada. Más que una sustancia marginal, la morfina aparecía entonces como un avance médico digno de ser explicado al público.

Sin embargo, la alarma social generada por los efectos adversos y los usos no terapéuticos de estos compuestos provocaron el fin de su venta libre en 1918, cuando se aprobó la primera legislación que exigía receta obligatoria, pasando a dispensarse bajo prescripción médica. De ello informaba Diario de Ibiza el 25 de julio de ese año: “En España está terminante prohibida la venta de medicamentos fuera de las farmacias y en éstas solo puede hacerse con prescripción facultativa, por lo que se recuerda a los señores farmacéuticos el más exacto cumplimiento de las mismas, prohibiendo la venta del éter, cocaína y morfina sin la correspondiente receta que asegure un buen uso de los mismos”.

El endurecimiento normativo no erradicó, sin embargo, el acceso a estas drogas, sino que contribuyó a dotarlas de un aura de desafío y transgresión que reforzó su atractivo. En palabras de Canyelles, se construyó “una erótica asociada intrínsecamente a la prohibición y, con ello, al riesgo, la temeridad y la exclusividad”, emergiendo en paralelo una economía opaca vinculada al ámbito sanitario en la que médicos y farmacéuticos desempeñaban un papel clave: algunos profesionales se convirtieron en intermediarios indispensables, ya fuera a través de prescripciones complacientes o mediante el desvío irregular de preparados. El consumo de narcóticos comenzó a desplazarse hacia los espacios de ocio nocturno y locales de mala fama, donde se consolidó una cultura subterránea asociada al exceso y a lo prohibido, preludio del mercado ilegal y las estructuras de narcotráfico extendidas décadas después, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX con la irrupción a gran escala de la cocaína y la heroína.

El consumo de narcóticos comenzó a desplazarse hacia los espacios de ocio nocturno y locales de mala fama, donde se consolidó una cultura subterránea asociada al exceso y a lo prohibido, preludio del mercado ilegal y las estructuras de narcotráfico extendidas décadas después

La cocaína, una “terrible hada” de “maleficios incalculables”

A tenor de aquellas incipientes redes de contrabando, el 24 de junio de 1922 La Voz de Ibiza informaba de la venta fraudulenta de “ciertos alcaloides como la morfina, el opio y la cocoína a cuyo tráfico ilícito se dedican infinidad de personas”. La existencia del delito, señalaba, se reveló “por un incidente casual”: “El médico que asistía a un enfermo notó en este los efectos de la cocaína que él no había recetado. La policía realizó investigaciones, deteniendo a cuatro individuos camareros de bar que se dedicaban a la venta fraudulenta de dicho alcaloide, incautándoles 150 gramos que halló en su poder”. Dos meses después, con motivo de las “proporciones” que estaba tomando la venta clandestina de cocaína, el mismo periódico publicaba un artículo que alertaba de las consecuencias que acarreaba el consumo de este “terrible veneno”: “Es una terrible hada, cuyos maleficios son incalculables. Nos referimos a la cocaína. Este veneno, que en medicina puede proporcionar grandes servicios, causa los daños más irreparables a la sociedad francesa contemporánea, generalizándose su uso en España”.

La noticia señalaba que su uso, limitado hasta entonces a “algunos intelectuales”, “hoy tiende a generalizarse entre todas las clases y en todas partes se clama contra esta calamidad, ya que no solamente arruina la salud, [sino] también la bolsa”. Y añadía: “Véase cómo la cocaína se importa de Alemania. A medida que el marco baja, sube el precio de estos polvos blancos. Al mismo tiempo que los alemanes envenenan al universo, ingresan bonitas cantidades de dinero”. En noviembre de ese mismo año, La Voz de Ibiza denunciaba de nuevo cómo “la gente bien de antaño” y “los nuevos ricos que acapararon oro sembrando hambre y contrabandeando vidas para sacudir su modorra burguesa [...] se reavivan inyectándose morfina o ingiriendo gránulos cocaínicos”. El artículo subrayaba un cambio de escala: las sustancias narcóticas habían dejado de ser patrimonio exclusivo de las clases privilegiadas y comenzaban a permear hacia otros estratos sociales, en un contexto de cambios sociales y aceleración urbana.

“Vicios de postín”: de los círculos médicos a la noche urbana

No en vano, la vida urbana, el ocio nocturno y la creciente movilidad internacional generaron un caldo de cultivo propicio para la circulación de narcóticos, aunque en Mallorca esta estaba principalmente reservada a las clases más acomodadas, cada una de las cuales utilizaba sus propios rituales y espacios de consumo. Investigaciones históricas sitúan ya en las últimas décadas del siglo XIX la consolidación de rutas irregulares entre Barcelona y el archipiélago que facilitaron la entrada ilegal de opiáceos, especialmente morfina. Como señala Canyelles, las primeras detenciones, documentadas en prensa, archivos aduaneros y expedientes sanitarios, evidenciaban métodos de ocultación rudimentarios, pero eficaces: ampollas de vidrio escondidas en objetos de tocador o pequeños envases que iniciaban su recorrido en territorio francés antes de cruzar el Mediterráneo. La insularidad, lejos de actuar como barrera, funcionó como una ventaja logística para redes que operaban en los márgenes de la legalidad.

El tugurio donde “no se podía mirar”

En este contexto, Canyelles reconoce las dificultades que entraña investigar determinados episodios de la Mallorca de entreguerras cuando se trata de espacios de ocio y sociabilidad vinculados a prácticas moralmente reprobables para la época. Sin embargo, diversas menciones en prensa y algunos testimonios permiten reconstruir el papel que habría ejercido entonces una sala “de dudosa fama” -como la describe el historiador en otra de sus obras, Tacats de desig- situada a las afueras de Palma: La Venta Eritaña. Enclavada en una antigua possessió conocida como 'Can Costals', en su interior no solo se bailaba y se bebía. También funcionaba como “prostíbulo de almacén de contrabando de opio y de morfina”, según señala, por su parte, Bartomeu Mestre, quien en uno de sus artículos asevera que la droga habría sido “transportada por un submarino alemán, el comandante del cual estaba al servicio de en Verga” -apodo con el que era conocido March-.

Precisamente, otro historiador, Pere Ferrer, autor de obras como Contrabando, corrupción y estraperlo en Mallorca, 1939-1975 y Juan March: el hombre más misterioso del mundo, manifestó en una entrevista que la morfina que en la década de los veinte se consumía en Barcelona “salía de Mallorca” y cómo llegaba a la isla “a través de un proveedor alemán”, aseverando, con todo, que “el tráfico no fue a más, porque era un consumo selectivo que dejaba pocos beneficios”. Tales afirmaciones las recoge Canyelles en su reciente libro, en el que alude, además “a los contactos que jugó el célebre político y financiero mallorquín Joan March Ordinas (1880-1962) con la Armada del Imperio Austro-Húngaro durante los primeros días de la Primera Guerra Mundial”.

Enclavada en una antigua possessió conocida como 'Can Costals', en el interior de La Venta Eritaña no solo se bailaba y se bebía. También funcionaba como "prostíbulo de almacén de contrabando de opio y de morfina", según señala, por su parte, el historiador Bartomeu Mestre i Sureda

Más allá de la influencia o no que en este aspecto habría ejercido March, uno de los vestigios más claros de la actividad de la sala fueron los anuncios que publicó en su momento Der Herold, un semanario alemán que se editó en Mallorca entre los años 1933 y 1934 y que iba especialmente dirigido a las colonias germanas exiliadas en Mallorca con el auge del nazismo. Entre sus páginas podía leerse este anuncio: “La Venta Eritaña Cabaret. Freude-Tanz und schöne Frauen, ein Lokal von ganz besonderem Geschmack” (“Alegría, baile y mujeres hermosas, un local de gusto muy especial”).

En paralelo, una entrevista realizada por el historiador Llorenç Capellà a Ernest Felani, batería de Los Trashumantes -uno de los grupos que actuó en la sala-, revela que el local era frecuentado “por artistas y toreros” y que, “cuando comparecían determinadas personas”, los músicos debían tocar con los ojos vendados. Quienes no podían tocar de memoria, debían hacerlo “de espaldas al público”, un detalle que reforzaría la atmósfera de clandestinidad y tolerancia implícita que acompañaba a la sala y la idea de que en ella se habrían desarrollado prácticas que no debían ser vistas. Es en medio de este ambiente marcado por la discreción y los silencios compartidos donde historiadores como Mestre sitúan la figura de Juan March, no como protagonista visible, sino como una sombra recurrente asociada a los engranajes económicos que sostuvo.

La obra que encriptó el nombre de La Venta Eritaña

Albert Vigoleis -uno de los intelectuales germanos que se trasladaron a la mayor de las Balears tras el ascenso de Hitler al poder-, cuya obra La isla del segundo rostro se adentra en los entresijos de la noche palmesana de los años treinta, explica que, junto a su futura mujer, se alojó en un enclave llamado la Torre del Reloj, situado en una carretera que “conducía a Sóller”. Mestre i Sureda se muestra convencido, a partir de las descripciones topográficas ofrecidas por el escritor alemán a lo largo de más de 900 páginas, de que la sala a la que alude con este nombre no es otra que La Venta Eritaña, cuya ubicación sitúa al término de la calle 31 de diciembre de Palma y al inicio de la antigua carretera de Sóller, al igual que los anuncios de la época.

“En casa de unos amigos, oímos una historia de tono altamente romántico: a una media hora de distancia de la ciudad de Palma, se nos dijo, existía una finca misteriosa llamada la Torre del Reloj, que en realidad no era una verdadera hacienda agrícola, sino una serie de viejos edificios con una torre baja y ancha. Corrían de boca en boca los más extraños rumores”, describe Vigoleis. El personaje central y dueño de la casa es Arsenio, a quien el autor describe como “un secuaz de Juan March, una mezcla de viejo espadachín y pistolero del Oeste americano que, por lo que se decía, mantenía un burdel, que era al mismo tiempo taberna y posada para arrieros, negocios todos ellos que se avenían bien entre sí y bastante turbios”.

El autor no ahorra detalles: “Me parece llegado el momento de perder unas palabras sobre las actividades intrínsecas de la Torre del Reloj. Su apariencia de lugar de tránsito, fonda, comercio vinícola y cochera era sólo una cobertura. Arsenio había organizado allí un negocio genial de venta clandestina de opiáceos, que entraban de contrabando camuflados en paquetes de cigarrillos norteamericanos. Naturalmente no era un traficante independiente ni tampoco el hombre principal de las Baleares, aunque estaba dotado de todo aquello que caracteriza al patrón, tenía mirada de caudillo militar y, fundamentalmente, conocía a fondo la localidad y a sus gentes”. Acto seguido, relata que “la banda estaba dirigida por el célebre banquero Juan March, alias El Verga, apodo que la familia llevaba con honor y que se refería a la verga de toro con que domesticaban a sus piaras de cerdos”.

“Era el hombre más rico de España y uno de los más ricos de Europa, enrichi au su de toute l’Espagne par le fraude et la concussion, como dijo [George] Bernanos sobre él en su libro sobre la guerra civil española, que, todo hay que decirlo, fue ampliamente financiada por él. En la actualidad es más rico que nunca, según me han informado amigos españoles”, añade Vigoleis, quien, en otro pasaje, señala que “Juan March era el rey coronado de la isla, Arsenio el soberano sin corona”. Según el autor alemán, Arsenio no es March, pero este habría actuado como su reflejo operativo presuntamente controlando el espacio, gestionando el contrabando, manteniendo relaciones con policías, carabineros y marinos y garantizando el funcionamiento cotidiano de una economía ilegal perfectamente engrasada.

Era el hombre más rico de España y uno de los más ricos de Europa, 'enrichi au su de toute l’Espagne par le fraude et la concussion', como dijo [George] Bernanos sobre él en su libro sobre la guerra civil española, que, todo hay que decirlo, fue ampliamente financiada por él. En la actualidad es más rico que nunca, según me han informado amigos españoles

Albert Vigoleis — Autor de 'La isla del segundo rostro'

Sobre la Torre del Reloj, la obra explica que fue, en origen, una finca llamada Can Costals, un antiguo nombre que había caído en desuso. “En nuestro establo-prostíbulo reinaba un ambiente de fiesta. Incluso un vendedor ambulante había montado un tenderete en el que ofrecía golosinas y pequeños regalos como los que gustan a las jovencitas que jamás se entregarían por dinero. En casa de Arsenio todo estaba previsto. Quien ama su alma debe igualmente cocer pasteles para su cuerpo”, narra Vigoleis, cuyo texto, a partir de los datos que ofrece sobre contactos internacionales, tráfico de estupefacientes y personajes extranjeros que desaparecen sin dejar rastro apuntaría, a juicio de Mestre, a que la Torre del Reloj habría funcionado como venta y posada vinculada al submundo del contrabando integrado en la órbita de Juan March.

Nombres ocultos ante la posible “persecución”

Al término de la obra, Vigoleis aclara que de sus personajes, “vivos o ya fallecidos, no puede hablarse de simple parecido” y señala que cada uno de ellos “figura con su propia imagen, sin sombras extrañas que la desfiguren”. A continuación, sin embargo, desliza que “es posible que se haya procedido a dar algunos retoques a la imagen para apartar al lector de la pista de su personalidad real, cuando de ello podrían esperarse persecuciones por poderosos grupos políticos o de algunos individuos aislados igualmente poderosos”.

Al término de la obra, Vigoleis aclara que de sus personajes, "vivos o ya fallecidos, no puede hablarse de simple parecido", aunque desliza que "es posible que se haya procedido a dar algunos retoques a la imagen para apartar al lector de la pista de su personalidad real, cuando de ello podrían esperarse persecuciones por poderosos grupos políticos o de algunos individuos aislados igualmente poderosos"

Este tipo de testimonios, subraya Canyelles en declaraciones a este periódico, permiten inferir qué tipo de ambiente se respiraría en determinados locales como La Venta Eritaña: “Supuestamente se hacían allí cosas un poco comprometedoras o actitudes moralmente reprobables”, explica. En esta línea, incide en cómo determinadas estructuras económicas y redes clandestinas habrían facilitado la circulación de sustancias, si bien apela a la cautela a la hora de hablar de responsabilidades directas. “No se puede afirmar que March hiciese allí explícitamente negocio de esto”, asevera respecto a La Venta Eritaña.

Este tipo de testimonios, subraya Canyelles, permiten inferir qué tipo de ambiente se respiraría en determinados locales como La Venta Eritaña: "Supuestamente se hacían allí cosas un poco comprometedoras o actitudes moralmente reprobables”, explica, aludiendo a cómo determinadas estructuras económicas y redes clandestinas habrían facilitado la circulación de opiáceos

Asimismo, emplaza a no perder de perspectiva que el consumo de drogas en aquel momento era “muy minoritario, especialmente entre la población local entonces”, aunque apunta a “factores incontrolables que hacían que ciertos espacios fuesen propicios para poder consumir”. El investigador enmarca el incremento de la producción y el consumo de opiáceos -tanto en Mallorca como en otros lugares- en un contexto europeo marcado por la violencia de la Gran Guerra: “Después del gran trauma psicológico de la guerra y de un momento de sufrimiento, era normal que la gente tuviera ganas de celebrar la vida, de ahí esa concepción de los felices años veinte y la visión que tenemos de París, del Charleston...”.

En esta misma línea, alude a las consecuencias físicas del conflicto bélico: “Dejó a muchas personas mutiladas y con otras secuelas. La gente necesitaba elementos para aligerar el dolor no solo mental, sino el puramente físico, lo que provoca que se incremente la presencia de la morfina. Fue un momento en que se empezó a producir de forma clandestina, en el que comenzó a haber laboratorios en ciertos lugares y en el que empezó a haber una mayor accesibilidad”.

La historia de La Venta Eritaña no habla solo de drogas ni de un local concreto, sino de una época en la que el poder económico, la tolerancia social y el silencio compartido habrían permitido que determinadas prácticas se integraran sin estridencias en la vida nocturna de la isla. Reconstruir ese pasado permite entender cómo Mallorca aprendió pronto a convivir con aquello que no se nombraba. Y cómo, en muchos casos, mirar hacia otro lado también fue una forma de poder.

La Guardia Civil ha investigado a un varón como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un turismo a 236 kilómetros por hora en una autovía con limitación genérica de velocidad para dicho tipo de vehículos de 120 km/hora.

El exceso de velocidad fue detectado a las 2.24 horas del día 28 de noviembre por efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real, cuando realizaban un dispositivo operativo de control de velocidad establecido en la autovía A-4 (Madrid-Cádiz), sentido decreciente, en el término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

Realizada la prueba indiciaria salival de detección de drogas arrojó un resultado positivo a tetrahidrocannabinol, por lo que fue denunciado por infracción al artículo 14.1 de la Ley de Seguridad Vial, por “circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo”. El vehículo fue inmovilizado y la Guardia Civil remitió el boletín correspondiente a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

El resultado positivo arrojado en el test indiciario salival ha sido posteriormente confirmado en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia.

El conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor superando en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida reglamentariamente en ese tramo, castigado en el artículo 379.1 del Código Penal con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de los Juzgados de Valdepeñas.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de una pareja de Avilés acusada de intoxicar a su bebé por consumir marihuana y cocaína en una habitación sin ventilación mientras la menor se encontraba presente. El caso será juzgado este jueves, cuatro de diciembre, en el Juzgado de lo Penal número uno de Avilés, a partir de las 10:30 horas.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al ocho de octubre de dos mil veintitrés, cuando los acusados fumaron una “cantidad elevada” de marihuana y cocaína en una estancia cerrada de la vivienda familiar, pese a ser conscientes de que la bebé —entonces de trece meses— estaba en el mismo espacio y de los riesgos que eso podía suponer para su salud. La menor terminó sufriendo una intoxicación por ambas sustancias.

Delito de maltrato

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar asumió de manera inmediata la tutela de la niña, lo que implicó la suspensión de la patria potestad de los progenitores. La Fiscalía entiende que estos hechos constituyen un delito de maltrato en el ámbito familiar tipificado en el artículo ciento cincuenta y tres, apartados dos y tres, del Código Penal.

El Ministerio Público solicita once meses de prisión para cada uno de los acusados, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y medio y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante el mismo periodo. También reclama una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la menor durante dos años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que ambos indemnicen a su hija con seiscientos cuarenta y dos euros con veinticinco céntimos, más los intereses legales.

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, avanzó esta semana que el Ayuntamiento de Madrid valorará junto a los sindicatos si es posible hacer controles aleatorios de alcohol y drogas a conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

La decisión llega después de que, en mayo, uno de ellos diera positivo en cocaína después de atropellar a un hombre de 88 años en Carabanchel, acabando con su vida. Las declaraciones de Carabante se produjeron lugar después de que El Mundo publicara que el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla había reactivado la causa de este conductor al confirmar que no solo consumió cocaína, sino que dirigía el vehículo bajo los efectos de otras cuatro drogas más, entre ellas THC (el principal psicoactivo del cannabis).

Pese a que el peatón cruzó en rojo, el atestado judicial estima que conductor debería haberlo visto y frenado antes. En un acto celebrado el miércoles para presentar el Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos (CAPI) de la Fundación Porque Viven, el delegado municipal recordó que en Metro y Renfe los trabajadores si se someten a controles aleatorios que el servicio de medicina hace a los conductores.

“En la Empresa Municipal no lo tenemos, pero se hace cada vez que se produce cualquier tipo de incidencia que no tiene por qué ver con la seguridad” incidió el edil. En este caso concreto, Carabante ha incidido en que el trabajador fue suspendido “de carácter inmediato” y apartado del servicio, además de suspendido en “empleo y sueldo” y, por tanto, despedido de la Empresa Municipal de Transportes.

El titular de Movilidad ha mandado un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la EMT, remarcando que es seguro moverse en el transporte municipal porque las incidencias “no suelen ser relevantes” y normalmente los conductores “no están conduciendo bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia”.