El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, gracias a la labor llevada a cabo por el Instituto de la Memoria y el Banco de ADN del Gobierno de Navarra, ha idenificado los restos de Ramón Bengaray Zabalza, una de las principales figuras republicanas asesinadas por los franquistas en 1936 tras el golpe de Estado. Sus restos mortales fueron exhumados el pasado mes de julio en Muniáin de Guesálaz junto con los de Dionisio Gutiérrez Ijalba, natural de Aurizberri/Espinal. Los dos cuerpos han podido ser identificados gracias a las muestras de ADN de sus familiares.

Ramón Bengaray Zabalza fue un destacado dirigente de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en Navarra. Músico, periodista y también deportista, llegó a ser directivo del Club Atlético Osasuna en los años treinta, equipo que ha mostrado su “emoción” a través de las redes sociales por la identificación de los restos del que fue uno de sus primeros directivos.

“No había ningún indicio documental que situara la muerte de estas dos personas en Muniáin”, explican desde el equipo del Instituto Navarro de la Memoria. De hecho, solo se conoce que Bengaray fue detenido por la Guardia Civil en la madrugada del 21 de agosto de 1936, entre Burutain y Olague, ya que la noticia se publicó en la prensa local, “algo llamativo por infrecuente”, señalan fuentes de la investigación. 

Sin embargo, se desconocía si fue conducido a algún centro de detención o directamente trasladado para su asesinato, ni tampoco las circunstancias en que se detuvo y trasladó a Dionisio Gutiérrez a Muniáin. Ninguno de los dos tiene expediente penitenciario, ni en la Prisión Provincial de la capital navarra, ni en el Fuerte de San Cristóbal. “Cuando pudieron inscribir sus muertes en el juzgado, la viuda de Bengaray indicó la fecha del 24 de agosto, mientras la de Gutiérrez la situó cinco días antes, el día 19”, apuntan desde el Instituto.

Esas fechas son compatibles con la información de la exhumación, ya que es posible que fueran asesinados juntos el mismo día o individualmente en días diferentes. Desde el Instituto Navarro de Memoria señalan que en esas fechas se estaba recrudeciendo “la limpieza política” iniciada en julio de 1936. No se tienen noticias sobre quiénes fueron los asesinos concretos, aunque es conocido que en ese momento operaban en la represión tanto cuerpos policiales como grupos paramilitares vinculados al carlismo y Falange. 

El pasado verano, con la colaboración de asociaciones como Txinparta y Affna 36, el apoyo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el testimonio de un vecino de la localidad (Domingo Zabalza), fueron encontrados dos cuerpos que permanecían sin identificar, en una de las exhumaciones realizadas en el plan anual del Departamento. Entonces, se abrieron distintas hipótesis y, finalmente, el Banco de ADN es quien ha resuelto las dudas: se tratan de los restos de Bengaray y Gutiérrez. 

La nieta de Bengaray ha mostrado su sorpresa y satisfacción por el hallazgo. También el nieto de Gutiérrez. “Después de 89 años de búsqueda y silencio, hoy, tres generaciones después comenzamos a sentir una presencia liberadora”, ha celebrado.

Directivo de Osasuna

Nacido en Garralda en 1896, Ramón Bengaray residía en Pamplona desde 1905. Trabajó como periodista, primero, e impresor después. Participó activamente en la vida social y cultural de la ciudad, siendo barítono solista del Orfeón Pamplonés, socio fundador de “Los Irunshemes”, “Los Amigos del Arte” y el club Larraina. También fue pelotari, futbolista y directivo del C.A. Osasuna entre 1931 y 1935.

Bengaray fue un destacado miembro de Izquierda Republicana y, como presidente del Frente Popular de Navarra, se presentó como candidato a las elecciones generales de 1936, en las que obtuvo 33.719 votos. Tras la imposibilidad de presentar resistencia al golpe militar de julio, pasó a la clandestinidad, sin que se conozcan los detalles. Fue descubierto y detenido el 21 de agosto. Pese a ser asesinado, la Comisión de Incautación de Bienes le incoó expediente el 25 de octubre de 1937, que se resolvió con una sanción de 250.000 pesetas el 13 de octubre de 1938.

Sus bienes quedaron embargados, en especial la imprenta que constituía el negocio familiar. Su viuda, Ramona Zapatero, consiguió pasar a zona republicana y posteriormente se exilió, pero al no lograr embarcar a América, se vio obligada a regresar a Pamplona. Desde la capital navarra inició una dura y desigual pelea por recuperar los bienes familiares, e interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que le rebajó la sanción a 20.000 pesetas, una cantidad desproporcionada para la época. “Ramona Zapatero fue un ejemplo claro de mujer que, en condiciones muy adversas, luchó en los estrechos márgenes que dejaba la ley y la dictadura por defender la memoria de su marido y el futuro de su familia”, destacan desde el instituto de la Memoria.

La identificación de los restos de Ramón Bengaray ha sido posible gracias a las muestras genéticas tomadas hace años a un nieto de Bengaray, residente en Argentina. Su nieto fue contactado por el equipo de investigación liderado por la historiadora Esther Aldave, que había publicado la biografía de Bengaray.

Por su parte, Dionisio Gutiérrez Ijalba fue un mecánico de 32 años, nacido en Aurizberri/Espinal y vecino de Pamplona. Estaba casado con María Concepción Pérez Martínez, con quien tuvo un hijo, José Luis. Aunque no se ha podido contrastar su actividad política pública, sí que procedía de una familia izquierdista: su hermano Zósimo fue carabinero en Lesaka, y por su resistencia al golpe de Estado y los servicios prestados en la zona republicana le acarrearon una condena a reclusión perpetua en 1939 y una sanción de 10.000 pesetas, que no pudo pagar, impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Además, su hermana Juana marchó al exilio Olorón con su esposo Marcos Manrique y sus hijos. Sus restos se han identificado gracias a las muestras aportadas por su hijo José Luis.

El ayuntamiento de Mula ha retirado la Medalla de Oro de la Ciudad al dictador Francisco Franco. La moción, presentada por Izquierda Unida (IU), se aprobó el pasado noviembre, con los nueve votos favorables de los socialistas y el del edil de IU, Antonio Moreno.

La medalla se le otorgó al dictador en el año 1962. Sesenta años después se retira en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática 20/2022: “Se pone fin a una concesión que se había mantenido vigente durante más de seis décadas, a pesar de la incompatibilidad de la figura de Franco con los valores democráticos establecidos en la Constitución Española”, han celebrado desde IU.

Hace dos años, la formación política presentó una solicitud para revisar todos aquellos elementos que pudieran ser incompatibles con la Ley de Memoria Democrática: “Los servicios del archivo municipal han hecho una labor exhaustiva de investigación. Este trabajo ha permitido identificar las condecoraciones y honores que el régimen franquista otorgó a diversas figuras, entre ellas Francisco Franco. La remoción de estos símbolos no es solo un acto administrativo, sino un compromiso con la justicia social y la memoria histórica”, ha recordado Moreno.

La revocación estipula que esta condecoración debe ser retirada: “Se requiere a quien pudiera poseer insignias, medallas, títulos o distinciones relativas al acuerdo de concesión, para que proceda a la devolución a esta Corporación”, detalla el texto de la medida. Sobre el paradero de la medalla, Moreno ha reconocido que es desconocido: “La aprobación de esta moción es un hecho más bien simbólico. Nos gustaría que el municipio recuperase la medalla, pero creemos que no va a llegar”.

A pesar de la histórica aprobación, el proceso no ha estado exento de tensiones políticas. Antonio Moreno ha lamentado la actitud de algunos grupos de la oposición, en particular del portavoz de Vox, quien no participó en el debate de las comisiones informativas previas sobre la retirada de los honores hasta el momento de la votación: “Ellos [Vox] intentan defender aquello que son sus raíces. Tanto Vox como el Partido Popular se abstuvieron porque si votaban en contra estaban votando en contra de la ley”, ha abundado Moreno.

En los años que siguieron a la muerte de SEJE (Su Excelencia el Jefe de Estado), uno de sus más íntimos colaboradores, y primo hermano, el teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo (FFSA), fallecido también en 1975, publicó póstumamente dos libros que se vendieron como churros: 'Mis conversaciones privadas con Franco' (1976) y 'Mi vida junto a Franco' (1977). Revelan detalles inéditos, o muy desfigurados, sobre ciertos aspectos relacionados con el golpe de 1936 y de cómo el futuro Jefe del Estado actuó en él y después de él. A la vez eluden temas fundamentales que el autor conocía a la perfección. Pero, junto a las memorias de Sainz Rodríguez, constituyen una trilogía absolutamente indispensable. 

A los dos meses de ser destinado a Canarias, Franco visitó oficialmente por primera vez la plaza de Las Palmas el 25 de mayo, “para pulsar el ambiente de la isla (…) en relación con el movimiento militar que se preparaba”.  [Las citas son de las páginas del libro de 1977]. Allí se vio con el general Luis Orgaz, que acababa de llegar, residenciado por orden del Gobierno. Viejo conspirador monárquico desde el primerísimo momento, había acercado a los militares y a los civiles golpistas en torno a Calvo Sotelo. Hay que suponer que de ello informaría adecuadamente a Franco. Orgaz “no se separó [de los visitantes] y fue un colaborador muy valioso para Franco”. 

Si el jefe del Estado Mayor Central, Sánchez-Ocaña, había empezado a distribuir ya en abril de 1936 instrucciones sobre cómo prevenir una revuelta revolucionaria (que podría servir también para actuar en el golpe), no extrañará que estuviese en contacto con los comandantes de los archipiélagos, en el caso de Gran Canaria el general Amado Balmes. 

El hecho es que Balmes invitó a un comandante de su guarnición a que hiciera una exposición al respecto. Fue todo un éxito, aunque no sabemos si se basó o no en un proyecto que ya se hubiera enviado para comentar o se lo sacó del magín, lo que hubiese sido sorprendente. La conferencia versó sobre “el procedimiento de reprimir por el Ejército un movimiento revolucionario”. Según el memorialista, Franco sostuvo una larga conversación a solas con dicho comandante “de la que quedó muy bien impresionado”. Creía que “si llegaba el momento (…) sería un valioso elemento para que la guarnición de la isla se uniese al movimiento militar” [p.145]. No tenemos por qué dudarlo. No es verosímil que Franco le enviara a paseo. Los lectores militares podrían instruirme acerca de si hubiera existido la posibilidad de que Franco lo hubiese mandado a paseo por inoportuno o al calabozo como presunto rebelde.   

FFSA recibió a José Antonio de Sangróniz a las dos de la mañana del 16. El conspirador monárquico llevaba documentos urgentes para su primo. No debió de considerarlos como tales (o se olvidó de la fecha) porque le citó en la mañana del día siguiente en Capitanía a entrevistarse con su primo [p.151]. Las fechas no son inocentes porque, el mismo día 16, Balmes tuvo un accidente al disparársele, se dijo, la pistola con la que hacía ejercicios de tiro y querer desencasquillarla apoyándosela en el vientre. Una mentira como un pino. Todo lo que FFSA contó sobre el tema fue una fabricación a posteriori, excepto en un extremo en el que no reparó. 

En la p.152, FFSA indicó que había estado con su primo en Gran Canaria unos quince días antes en visita oficial. Era cierto, pero no fue en visita oficial, sino solapadamente, para tratar de convencer a Balmes a que se sumara a la sublevación. No lo hizo y con ello selló su destino. Al día siguiente preguntaron en Las Palmas: “¿Habría sido un suicidio o un asesinato provocado por su ordenanza?”. No les sacaron de dudas. Esto es también mentira. Los conspiradores sabían perfectamente lo que había ocurrido y evitaron que se repitiera la única noticia fiable sobre el suceso publicada por un periódico de la tarde, el Diario de Las Palmas, el día 16. El tema ha dado pábulo a múltiples escritos, y la versión más o menos definitiva, en la medida en que cabe hablar en estos términos en el escudriñamiento del pasado, la escribimos el eminente patólogo Miguel Ull Laita, mi primo hermano piloto Cecilio Yusta Viñas y un servidor en un librazo en 2018. 

Se impone una pequeña digresión. 

La guerra civil no recoge grandes triunfos militares republicanos, salvo el haber defendido Madrid hasta el final y ocupado Teruel, única capital de provincia que cayó brevemente en sus manos. Su defensor, el coronel Domingo Rey d´Harcourt, firmó el acta de capitulación. En la posguerra ello le valió cuantiosos dicterios. En Wikipedia cabe encontrar un resumen. El diccionario biográfico de la Real Academia de Historia (RAH) ignora a dicho coronel. 

Hay, con todo, otro caso de derrota que no ha levantado tanta polémica: el retroceso ante el impulso republicano de la 21ª División en tierras de Extremadura a finales de agosto de 1938. El 25, Franco nombró al general Jesualdo de la Iglesia para que abriese una información rápida sobre las causas del descalabro. Hoy su nombre no figura ni en Wikipedia ni en el diccionario de la RAH, pero fue un hombre temible. Llevó la instrucción con toda energía, no toleró divagaciones y puso al jefe de la 2ª División, un teniente coronel habilitado de coronel, a un consejo de guerra. Se trata de la causa 1441/38. Dicho caballero había estado sometido a procedimiento desde el 1 de enero hasta el 3 de febrero de 1939. La causa seguida fue por delito de negligencia. Se le condenó a dos años de prisión militar correccional con la accesoria de suspensión de empleo a tenor del número 2 del artículo 277 del Código de Justicia Militar (CJM). Una reducción con respecto a la petición del fiscal, pero el efecto fue devastador. Implicaba la pérdida de funciones y sueldo y, sobre todo, la posibilidad de ascender (artículo 193). Queipo de Llano aprobó la sentencia sin plantear objeción alguna. 

Ahora bien, el CJM aplicable era el de 1890 restablecido en la zona franquista el 31 de agosto de 1936. Atribuía a los jefes de los ejércitos de operaciones las funciones jurisdiccionales que correspondían a los capitales generales de distrito, como eran la aprobación de los fallos de los consejos de guerra cuando el delito fuera, entre otros, el de negligencia en actos de servicio. Es decir, el Cuartel General no tenía nada que decir en tales casos. 

Sin embargo, lo dijo. El 28 de junio de 1939, y previa rescisión de la sentencia, el asesor jurídico del Cuartel General de S.E. el Generalísimo comunicó la conmutación de la pena impuesta al habilitado coronel por la de seis meses de arresto menor. En consecuencia, quedó en libertad y Queipo de Llano lo destinó, como disponible, a Las Palmas. La venganza del pollo. 

No encontramos, quizá por impericia, ningún otro caso parecido ni tan flagrante. En enero de 1940 el todavía teniente coronel fue destinado, para más oprobio, al 39º Regimiento de Infantería Canarias, donde se le asignó a Mayoría. Una nota de su expediente señala que tal jefe “no debe ser colocado en ningún destino sin consulta previa por medio del Sr. Director General”. Quedó, pues, marcado. Para colmo, el comandante militar de Las Palmas, general José de Rosas Fernández, que no consideraba al todavía teniente coronel “acreedor a recompensa alguna que significase no ya méritos, sino ni siquiera cumplimiento del deber”, se opuso a que se le concedieran las condecoraciones de la campaña. Una bofetada en toda regla, pero que el caído en desgracia esquivó. No sabemos cómo. Es más, ascendió a coronel. Finalmente, tuvo que dejar el Ejército, ingresó en los sindicatos verticales y se dedicó a dar coba al Generalísimo, a pesar de los malos informes que su desempeño suscitó. Terminó  su vida activa como gobernador civil. 

Pregunta: ¿Por qué este trato de privilegio tras la deshonra inicial? No conozco ni he leído de otro caso similar. Respuesta: su participación en el caso Balmes. Franco no fue ecónomo en derramar su gracia sobre quien le había servido bien hasta el crimen. Hoy los últimos honores que se le habían tributado en la plaza de Badajoz se le han quitado. ¡Ja, ja, ja!

Lo que fue la icónica imagen del Che Guevara de Alberto Korda para las generaciones 'sesentayochistas', lo había sido en 1936 la del joven poeta inglés John Cornford, líder estudiantil del Partido Comunista británico, en toda Gran Bretaña. Era uno de los entre 35.000 y 60.000 luchadores por la libertad procedentes de hasta 54 países que se alistaron en las Brigadas Internacionales (BI) para combatir el fascismo en la Guerra Civil, entonces conocida como Guerra de España.

Encuadrado en el 12 Batallón de la XIV BI, cayó en el frente de la batalla de Lopera, Jaén, en diciembre de 1936, al día siguiente de cumplir 21 años. Como entre 10.000 y 15.000 de ellos que perdieron la vida en la defensa de la II República Española, Cornford tampoco pudo acompañar la salida de las BI del país, hace 85 años, en 1939, cuando Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros, implementó su promesa ante la Sociedad de Naciones, en Ginebra, en septiembre de 1938, de retirar unilateralmente los soldados extranjeros del ejército republicano aunque no esperaba que lo hicieran los golpistas sublevados.

“El gobierno español, en su deseo de contribuir con actos al apaciguamiento que todos deseamos, y resuelto a hacer desaparecer todo pretexto para que se pueda continuar dudando del carácter netamente nacional de la causa por la que se baten los Ejércitos de la República, acaba de decidir la retirada inmediata y completa de todos los combatientes no españoles que luchan en las filas gubernamentales”, les dijo Negrín. Franco prometió hacer lo mismo, pero mintió.

Era el último acto del alegal Pacto de No Intervención firmado en Londres en agosto de 1936 por 27 países –liderado por Gran Bretaña, arrastró a una Francia temerosa de Alemania y amenazada por el Reino Unido de dejarla sola frente a una agresión de Hitler–, que abocó a la República a una Guerra Civil y a merced de la alianza de los conspiradores españoles con el nazismo y el fascismo italiano.

Eran tiempos de la política de appeasement, de apaciguamiento, con Hitler, que llevaría a Gran Bretaña a transigir con el rearme alemán, la remilitarización de Renania y la agresión italiana de Abisinia para, finalmente, firmar, junto a Francia, el vergonzoso Acuerdo de Munich de 30 de septiembre de 1938 que permitió a Alemania la anexión de los Sudetes checoslovacos. Una minuta del consejo de gobierno británico tras la firma transmite vívidamente la impotencia del premier Neville Chamberlain ante el miedo a la poderosa Luftwaffe: “[El primer ministro] ha volado remontando el río sobre Londres, ha imaginado a un bombardero alemán realizando el mismo recorrido, se ha preguntado qué grado de protección pueden ofrecer a los miles de hogares que ha visto prolongarse por debajo suyo y ha decidido que no estamos en posición de justificar el inicio de una guerra actualmente”.

Una política duramente criticada por Winston Churchill, que adaptó el adagio maquiavélico “el que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra” en un “os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra; elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra”. Una de las hipocresías del político británico, proclive al bando franquista, aterrado por la posibilidad de una república soviética en España, que en agosto de 1936 había escrito a Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores: “Este asunto español no deja de preocuparme. Considero sumamente importante hacer que Blum [Léon Blum, primer ministro francés, socialista] permanezca con nosotros estrictamente neutral, incluso si Alemania e Italia continúan ayudando a los rebeldes y Rusia envía dinero al gobierno. Si el gobierno francés toma partido contra los rebeldes, será un don del cielo para los alemanes y proalemanes”. Churchill escogió el deshonor; tuvo dos guerras, la de España y la II Mundial.

El ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo, del Gobierno de Largo Caballero, lo avisó a los dirigentes de los países signatarios del Acuerdo de No Intervención, en una contundente nota que envió a sus embajadores en Madrid el 11 de septiembre de 1936, nada más tomar posesión de su cargo. “No interpretamos eso que se llama 'no intervención' más que como una política de intervención en perjuicio del Gobierno constitucional y responsable” dijo, y vaticinó: “Los campos ensangrentados de España son ya, de hecho, los campos de batalla de la guerra mundial”.

Así lo reconoció, años después, Michel Foot, líder del Partido Laborista británico: “Aquellos españoles que lucharon desde un primer momento fueron héroes, así como aquellos voluntarios extranjeros que les ayudaron en los campos de batalla: éstos representaron la conciencia de Europa, la idea de que la civilizada Europa no podría soportar el triunfo de la barbarie fascista... Si las grandes potencias hubieran tenido tan sólo un poco del coraje y la sabiduría mostrados por estas brigadas, la victoria de la Segunda Guerra Mundial se habría conseguido sobre el suelo español”.

La Unión Soviética también firmó el indigno Pacto de No Intervención, como lo hicieron Italia, Alemania y la dictadura de António de Oliveira Salazar en Portugal, pero, como Italia, Alemania y Portugal, no lo respetó cuando confirmó el aprovisionamiento masivo de armamento y soldados de los regímenes fascistas a su compadre Franco; se comprometió a abastecer al ejército leal y abrió un banderín de enganche a través de la Internacional Comunista, la III Internacional, la Komintern.

Por eso la mayoría de los brigadistas procedían de organizaciones de izquierda, especialmente militantes comunistas. Y si bien predominaban sindicalistas, mineros, estibadores y trabajadores portuarios, una clase obrera y campesina concienciada de la amenaza fascista del futuro, su origen social era tan diverso como su procedencia: numerosos militares en activo, retirados y veteranos de la I Guerra Mundial, estudiantes y profesionales, médicos, enfermeras, etcétera, llegaron no sólo de Europa y América sino de China, Japón, Abisinia, Marruecos, Argelia, Siria, Líbano, Irak, Egipto, Palestina, Nueva Zelanda...

Poetas bajo las balas

Hubo también aventureros y jóvenes seducidos por el romanticismo de participar en una guerra por la libertad, pero la inmensa mayoría de los integrantes de las BI eran una fuerza comprometida con sus ideales e ideologías y su objetivo, frenar el ascenso del fascismo en defensa propia, como el alrededor del 20% de judíos encuadrados en las BI. Y un numeroso grupo de voluntarios con una notable formación académica: escritores, artistas, científicos..., que ganaron para las BI el título de ser “la unidad militar más intelectual de la historia”.

Vinieron a España a luchar en una guerra que sin ser suya, la hicieron propia.

Todo lo contrario de la desafortunada dedicatoria de Cela en su novela San Camilo 1936: “A los mozos del reemplazo del 37, todos perdedores de algo: de la vida, de la libertad, de la ilusión, de la esperanza, de la decencia. Y no a los aventureros foráneos, fascistas y marxistas, que se hartaron de matar españoles como conejos y a quienes nadie había dado vela en nuestro propio entierro”, simpleza que ha imitado algún novelador contemporáneo sobre el asunto (Pérez Reverte en Línea de fuego).

Repartieron tantas “velas” que hasta al respetado escritor francés Georges Bernanos, profundamente católico y monárquico, que vivía en Mallorca y que había sido partidario y colaborado con el alzamiento militar, se le impuso la realidad del horror y reflejó el terror asesino impuesto en la isla por falangistas y mandos militares franquistas e italianos en su ensayo novelado Les grands cimetières sous la lune (1938): “Los camiones acarreaban el ganado; los desgraciados, pobres tipos sospechosos sencillamente de poco entusiasmo por el Movimiento, descendían de ellos: a su derecha, el muro expiatorio acribillado de sangre y a su izquierda, los cadáveres brillantes. El innoble obispo de Mallorca [Josep Miralles i Sbert] dejaba hacer todo esto”. Tuvo que huir a Francia para evitar ser también asesinado.

Les contestó avant la lettre el novelista británico John Sommerfield, autor de la celebrada ucronía May Day (1936), que luchó junto al citado poeta John Cornford, ambos bajo las órdenes del historiador Ralph Fox, comisario político adjunto del 12 batallón, XIV Brigada Internacional, la Marsellesa, que también dejó su vida en el campo de batalla de Lopera. “Hay cosas por las que merece luchar y otras muchas contra las que se debe luchar. No fuimos a España en busca de aventuras románticas sino por un sentimiento de solidaridad con los españoles. Nos dimos cuenta de que, sean cuales sean nuestras opiniones políticas, los objetivos de esta lucha son vitales para nosotros y para todo el mundo”, escribió Sommerfield en su libro de memorias Voluntario en España (1937).

Entre los brigadistas que manejaban la pluma y el fusil, los hubo de todas las especialidades, periodistas, ensayistas, novelistas, historiadores y también muchos poetas. Y no sólo en las BI: el célebre Saint-John Perse, que sería Premio Nobel de Literatura en 1960, pseudónimo de Alexis Leger, era secretario general del ministerio francés de Asuntos Exteriores y, como tal y como anglófilo entusiasta, convenció al gobierno de Blum para abanderar el Pacto de No Intervención; su temor, dijo, era “que se llegase a una segunda Santa Alianza, al estilo de la de Metternich a principios del siglo XIX, que agruparía a Italia, Alemania, la España de Franco e Inglaterra, que se vería arrastrada por esta corriente, dejando a Francia en el aislamiento”.

Al contrario que Saint-John Perse, cientos de escritores de todo el mundo que no pisaron las trincheras vinieron a España a dar testimonio de su solidaridad con la legalidad republicana e incorporar la lucha española a su obra literaria. Se reunieron en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebró entre el 4 y el 17 de julio de 1937 en Valencia, además de en Madrid, Barcelona y París, con el apoyo de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Nombres inmortales en la historia universal de las letras alzaron sus voces para defender la cultura contra la amenaza fascista con la que ya se enfrentaba España y se cernía sobre Europa y el mundo: Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Heinrich Mann, Jacinto Benavente, Vicente Huidobro, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Pompeu Fabra, Iliá Erenburg, Rafael Alberti, César Vallejo, León Felipe, André Malraux, Octavio Paz, Tristán Tzara, Manuel Altolaguirre...

De entre los que lucharon en las trincheras, o cerca, me atrae la polémica entre dos de los más grandes escritores de la élite literaria británica del siglo XX: el magistral poeta Wystan Hugh Auden (W. H. Auden) y el celebrado novelista, también poeta menor, George Orwell, autor de Homenaje a Cataluña (1938), a cuenta del poema Spain 1937 del primero. Pero anochece e incluso los cronistas tenemos que cenar: se los cuento, dicen los mexicanos, la próxima semana.

Tal día como hoy, hace cien años, se daba por inaugurado el Gran Kursaal, uno de los casinos más modernos de Europa y el padre de lo que se conoce actualmente como el palacio de congresos y auditorio Kursaal, reconocido internacionalmente por acoger innumerables actuaciones, conciertos y, como no, estrenos de películas, al ser la sede del Festival de Cine de San Sebastián. El Gran Kursaal también acogía actos culturales, como obras de teatro y cine, exposiciones, pero eran más relevantes los actos políticos que tenían lugar entre sus paredes, a los que acudían las grandes autoridades de la época como el rey Alfonso XIII, la reina María Cristina o Francisco Franco.

Al tratarse principalmente de un salón de juego, y dadas las prohibiciones de la época en ese ámbito, los propietarios del edificio, de carácter privado, optaron por derribarlo para sacar un mayor partido al solar en el que se encontraba ubicado, y gracias al cual se construyó el puente Zurriola que lo unía con el centro de la ciudad. En los años 60 comenzaron a plantear el derribo y los proyectos para construir otro edificio dedicado a otros fines, sin embargo, el Gran Kursaal no fue convertido en escombros hasta 1973.

Debido a la inviabilidad de los proyectos que se fueron proponiendo a lo largo de los años, el solar al borde del mar donostiarra estuvo vacío durante casi 20 años, hasta que en 1991 se consiguió redactar un proyecto con el arquitecto navarro Rafael Moneo. Las obras comenzaron en 1996 y finalizaron en 1999. A pesar de que en un primer momento, la sociedad donostiarra consideró que la arquitectura del nuevo Kursaal chocaba no solo con lo que era el antiguo, sino con todos los edificios clásicos y de estilo francés que componen el centro de Donostia, poco a poco fueron considerándolo un indispensable en la ciudad. Hoy en día, tras cien años de historia, es visitado por personas de todo el mundo y sede de acontecimientos políticos, sociales y culturales tanto nacionales como internacionales. elDiario.es/Euskadi ha realizado una recopilación de fotografías antiguas del edificio del Gran Kursaal y de eventos que tuvieron lugar en él, durante los años de su existencia:

Ese es el poder de los objetos: revivir personas. Cuando un arqueólogo encuentra uno, sucede de inmediato un viaje en el tiempo del que participa todo el que contempla ese objeto. Hace poco volvió a ocurrir, en Jadraque (Guadalajara), tal y como adelantó este periódico.

Allí trabajaron los rescatadores de la memoria durante casi un mes y hallaron, entre muchas otras cosas, cuatro latas recicladas en tazas. Al encontrarse con sus artilugios, se cruzaron con él. Nunca sabrán quién fue su dueño y creador, ni si trabajaba como artesano antes del golpe de Estado del ejército de Franco que le mandó a ese campo de concentración en el desabrido páramo de la provincia de Guadalajara. El óxido y la tierra adheridos al recipiente casero no ocultan la delicadeza y la minuciosidad con la que aquella persona, hace exactamente 83 años, trenzó el alambre con forma de asa, y lo abrazó arriba y abajo el diámetro de la lata vacía. 

Los arqueólogos lo excavan todo y se cruzan con latas oxidadas que no solo cuentan historias y confirman los documentos de los archivos, que señalan 4.300 personas presas en el campo de concentración de Jadraque. También devuelven a la vida a ese individuo del que nunca sabremos más que el tiempo que le dedicó a mantenerse vivo y buscarse la supervivencia. “Debió de ser la misma persona y debió usar su habilidad para intercambiar por comida estas latas hechas tazas”, cuenta Alfredo González Ruibal, el arqueólogo que junto con Luis Antonio Ruiz han sacado de la oscuridad un campo de concentración franquista mucho más grande de lo que se imaginaban al inicio de sus excavaciones. Han encontrado un centenar de estructuras; 49 son del propio campo. 

Cada uno de estos barracones excavados en la ladera medían unos de diez metros de largo y tres metros de ancho. Las paredes y el suelo eran la tierra y el techo quién sabe. Posiblemente de lona o ramas, cuentan los arqueólogos. No ha quedado nada de esa parte. Todos estos barracones, que en nada se parecen a los de los nazis, estaban rodeados por una valla, como se retiene al ganado con un alambre de espino. “Esa es la estigmatización y el proceso de denigración de los prisioneros”, apunta Ruibal. 

La humanidad es una lata

Ruiz dice que ante esta situación hay un proceso personal de resistencia identitaria. Un proceso silencioso, casi invisible, como es el gesto de entrelazar los alambres. No es arte de trincheras, es pura supervivencia. Sin esa taza no podían beber ni comer. “Esta lata es un intento de mantener la dignidad”, señala Ruibal, que lo ha visto en otros yacimientos de la Guerra Civil y en testimonios escritos. Es la obsesión, dice, por mantenerse en pie, por sobrevivir en pleno desmoronamiento de una persona. “Una lata hecha taza es un gesto de humanidad”, añade el arqueólogo del CSIC. 

Tampoco esperaban encontrarse en estos meses con la memoria viva de uno de los presos. Viva y escrita. Uno de los días que pasaron levantando el yacimiento se acercó el nieto de alguien que pasó por aquellos barracones que se montaron de manera improvisada pero intencionada entre marzo y abril de 1939. El nieto tiene en su poder los diarios escritos por el abuelo. No han tenido tiempo de verlos y documentarlos, pero ya han encontrado un testimonio directo de las casi 4.300 personas que fueron recluidas allí en condiciones infrahumanas. 

Comida en frío, de lata. Las sobras requisadas en los almacenes republicanos apropiados por los franquistas en su avance. Montones de latas. Latas por todas partes que los vecinos de poblaciones cercanas se acercaron a recoger a los pocos días de no quedar ni un preso. Las llevaban a reciclar para sacarse algún dinero. Los arqueólogos se encontraron con testigos que vieron aquello, que hablan cuando nadie les ve, que piden que sus nombres no aparezcan anotados en ninguna línea de su investigación. 

Tierra y silencio

Casi nueve décadas después y el miedo no ha pasado. Los fascistas tampoco han desaparecido, los han sufrido los arqueólogos. Dicen que hubo más apoyo y preguntas que insultos. Más reconocimiento que negacionismo. “Siempre habrá negacionistas de los campos de concentración franquistas. Con los fanáticos no podemos hacer nada, pero debemos aceptar entre todos un mínimo”, explica Ruibal que recuerda el trabajo de investigación de Carlos Hernández que ha localizado hasta 300 campos de concentración.

Sin embargo, el campo no había sido localizado hasta que recientemente Julián Dueñas y Alfonso López intuyeron que la zona, ya reforestada con carrascas, debía esconder los barracones que no se veían. No hay documentación gráfica de este tipo de centros de represión franquista y los arqueólogos recibieron la ayuda económica de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para conocer cómo fueron tratadas esas miles de personas. Cuando llegaron solo había silencio en torno a aquellos túmulos de tierra. “Pasamos de una situación en la que nadie sabía nada a hallar testimonios que lo conocían pero que no querían decir nada. Los pueblos de alrededor conocen lo que pasaba aquí”, explica Alfredo González Ruibal. 

Tampoco tenían noticias de la precariedad en la que vivieron todas ellas. Hacinados y sin útiles para comer. Vivieron en hoyos. “Comieron con las manos y vivieron entre la basura”, apunta el arqueólogo del CSIC. De ahí la importancia de esa lata convertida en taza, testimonio de alguien que se resistió a desaparecer en medio de ese poblado infernal. Los investigadores suman a sus conocimientos la lección de la precariedad con la que el ejército franquista obligó a vivir a los presos republicanos. La habían datado en otros lugares, habían encontrado otros objetos, pero el hallazgo de estas cuatro tazas de supervivencia –idénticas, posiblemente hechas por la misma persona para intercambiar con comida– revela la cultura material de la represión.   

Francisco Franco Bahamonde no tiene suerte en los tribunales. En la última década la familia del dictador, sus seguidores y la Fundación que lleva su nombre han protagonizado sonoros fracasos judiciales en sus litigios defendiendo su legado: no lograron frenar su exhumación, han perdido el Pazo de Meirás y han acusado sin éxito a artistas por usar su figura para elaborar sus obras. El último varapalo judicial a sus nietos ha llegado de la Audiencia Provincial de Madrid, al rechazar en firme la demanda que presentaron contra varios periodistas de Mediaset por un reportaje llamado 'La herencia de los Franco'.

Fue emitido en julio de 2018 por el programa 'En el punto de mira', de la cadena Cuatro. Un reportaje que, tal y como explica la cadena de televisión, expone “algunos de los métodos que podría haber utilizado Francisco Franco para lograr un patrimonio con un valor que asciende a los 500 millones de euros” como, por ejemplo, “subastas amañadas, donaciones ilegales, testaferros o abusos de poder”. Los nietos y descendientes del dictador, entre ellos Francis Franco y Jaime Felipe Martínez-Bordiú, pedían que el reportaje fuese borrado y que, además, Mediaset tuviera que pagarles 50.000 euros de indemnización.

El caso, planteado por lo civil, hizo aguas el año pasado en el juzgado 43 de Madrid y el recurso de la familia Franco tampoco ha prosperado ante la Audiencia Provincial de la capital. El reportaje, dijo inicialmente el juzgado, podía ser en ocasiones “sesgado y parcial” pero en ningún caso vulneraba la imagen o el honor de los Franco. Ahora la Audiencia Provincial certifica el rechazo: todas las imágenes que usa están tomadas en lugares públicos y, además, “no se introducen datos falsos o comentarios que alteren la verdad, ni se manipulan las declaraciones de los testigos”.

Los periodistas de Mediaset, defendidos en este pleito por el letrado Ángel Galindo, ya se habían enfrentado con éxito ante los Franco en los tribunales. Por la vía penal, una jueza ya había rechazado una querella por el mismo reportaje en una decisión avalada posteriormente por la Audiencia de Madrid. Esa última resolución, adelantada por elDiario.es, fue contundente al desestimar los recursos de los familiares del dictador y amparar tanto la información del reportaje como los expertos que en él aparecen en el marco del “periodismo de denuncia”.

Las fuentes de elDiario.es

Este no ha sido el único intento de los descendientes y admiradores del dictador de defender su legado o sus propiedades en los tribunales. En el plano periodístico, los familiares de Francisco Franco intentaron que este periódico revelase sus fuentes para localizar el origen de la información sobre la lista de 697 bienes que sus descendientes acumulaban en el Pazo de Meirás. Los descendientes del dictador se querellaron por prevaricación contra la Funcionaria de Patrimonio Nacional que elaboró la lista y la jueza llegó a aceptar buena parte de las pretensiones de la familia antes de que la Audiencia Provincial diese carpetazo al caso.

María Cristina Díaz, titular del juzgado 29 de Madrid y exalto cargo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central, exigió a elDiario.es que revelase la fuente del informe y el día en que se tuvo acceso al mismo. La orden de la jueza obtuvo el rechazo de las asociaciones de prensa y finalmente sufrió un severo correctivo de la Audiencia de Madrid, que a mediados de febrero revocó la admisión a trámite de la querella. La familia Franco había conseguido de la mano de esta magistrada la apertura de una investigación que la Audiencia de Madrid considera “subjetiva prospectiva” sin ningún tipo de indicio de delito más que las alegaciones de los nietos del dictador.

La exhumación de Franco

En marzo de 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba que el cadáver de Francisco Franco sería exhumado del Valle de los Caídos en el mes de julio. El helicóptero Superpuma encargado de la misión, sin embargo, no trasladó el féretro del dictador desde Cuelgamuros hasta Mingorrubio hasta el 24 de octubre de ese año, más de medio año después del anuncio. Los Franco y sus aliados procesales consiguieron retrasar el proceso con medidas cautelares pero, finalmente, la exhumación fue avalada sin fisuras por la sala tercera del Tribunal Supremo.

La victoria momentánea de los descendientes de Franco llegó en junio de 2019, cuando el Supremo accedió a su petición de suspender la exhumación de manera cautelar. Pero a finales de septiembre, la misma sala resolvió sobre el fondo del asunto y rechazó su recurso, una decisión que dio luz verde al Gobierno para llevar a cabo la extracción de los restos del dictador. Según el Supremo, ni hacía falta una licencia, ni la familia propuso un sitio alternativo para enterrar el cuerpo y, finalmente, la decisión no vulneraba los derechos fundamentales de la familia Franco, que terminó llevando a hombros el féretro con el cadáver del dictador mientras gritaban “¡Viva España, viva Franco!”.

Los familiares de Franco no fueron los únicos que intentaron parar y evitar la exhumación. El partido ultraderechista Vox también presentó un recurso infructuoso ante el Tribunal Supremo, así como la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos y la Comunidad Benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos“. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo rechazó finalmente una demanda de la Fundación Franco para paralizar la exhumación.

El Pazo de Meirás

Esta batalla legal todavía no está cerrada al tener pendiente una decisión del Tribunal Supremo. En septiembre de 2020 el juzgado número 1 de A Coruña decidió dar la razón al Estado y declaró que el Pazo de Meirás es propiedad pública y no de la familia Franco. Este pazo era propiedad de los descendientes de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán y fue expropiada por las autoridades franquistas durante la dictadura. Los Franco usaron el pazo como residencia de verano y, ya en democracia, la Fundación que ensalza el legado del dictador se dedicó a gestionar las visitas al inmueble. Los jueces, a falta de un pronunciamiento firme del Supremo, han dado una de cal y otra de arena a la familia del dictador: el Pazo es del Estado pero los casi 700 bienes que hay en él son de los Franco.

En septiembre de 2020 el juzgado de A Coruña explicó en una sentencia que los Franco se habían atribuido unilateralmente la propiedad del Pazo de Meirás y que debía volver a manos del Estado. También puso fecha a una entrega de llaves que no supuso el punto y final del caso: la Audiencia de Coruña rechazó el recurso de la familia en febrero de 2021 pero dictó otra resolución clave en abril de ese año. Una resolución que mantenía que los muebles del Pazo de Meirás son de la familia del dictador. Todos estos pronunciamientos están pendientes de resolución por parte de la sala de lo civil del Tribunal Supremo.

El honor de Franco

Otra de las batallas legales de los admiradores de Franco ha sido la de defender el honor del dictador ante los tribunales. Fue la Fundación Nacional Francisco Franco la que llevó varias veces ante la Justicia al artista Eugenio Merino por dos obras de arte expuestas en la feria de arte contemporáneo de Madrid ARCO usando una representación del cadáver del dictador: 'Punching Franco', en el que usaba su cabeza como 'punching ball', y también 'Always Franco', en el que encerraba su cuerpo en una nevera de refrescos. Todas las demandas de la Fundación fueron desestimadas pero el artista siempre denunció que, a pesar de no ser condenado, estas acciones judiciales de los admiradores del dictador tuvieron un alto coste profesional para él.

Una de las resoluciones fue la que dictó la Audiencia de Madrid en octubre de 2015 para desestimar definitivamente una de estas demandas. Esa sentencia, además de rechazar cualquier consecuencia legal para el artista, supuso también un varapalo para la estrategia legal de la Fundación Franco: los jueces declararon que no tenía legitimación para defender el honor del dictador en los tribunales.

Esa sentencia estableció que el derecho al honor del dictador no era “mimético” al de la Fundación y que, por tanto, no puede “proyectase automáticamente” sobre su propio honor para llevar a cualquiera ante los tribunales. En su recurso, la Fundación llegó a pedir al juez: “Sencillamente póngase en el lugar que coloquen a su padre”, rezaba.

El callejero de Madrid

Otro campo de batalla en el que los descendientes y admiradores del dictador han desplegado sus acciones legales ha sido en el de los cambios de nombres de calles dedicadas a figuras del franquismo, sobre todo en Madrid, que eliminó varias decenas de referencias del callejero durante la legislatura de Manuela Carmena. Diversos recursos prosperaron ante juzgados y tribunales y el consistorio está obligado a mantener, entre otras, la calle dedicada a los Caídos de la División Azul en el distrito de Chamartín o la dedicada al fundador de la Legión. Pero en otros casos los recursos han fracasado y uno de ellos ha sido el de la Fundación Franco.

La Fundación llevó hasta el Tribunal Superior de Madrid la retirada de nombres del callejero como la Travesía del General Franco y la Plaza del Caudillo y fracasó. “La denominación de esas dos calles en cuestión supone una exaltación de los tres hitos históricos que contempla el citado artículo, al resultar inevitable relacionar a Francisco Franco con la guerra civil y con el régimen político surgido de ella”, dijo la sentencia. Y como ya sucedió en el caso del artista Eugenio Merino, puso límites a la capacidad de maniobra de la Fundación para defender el legado del dictador en los tribunales.

El TSJM razonó en ese momento que la relación entre algunas calles y la Fundación y sus fines es “tan difuso que nos debe llevar a apreciar la falta de legitimación activa de la Fundación”. Lo contrario, añadió esa sentencia, sería “tanto como admitir una suerte de acción pública de la Fundación para recurrir cualquier acto o disposición reglamentaria que altere o incida en situaciones acontecidas durante la etapa de la guerra civil o aquella en la que Francisco Franco fue Jefe del Estado español, lo que no es admisible”.

La familia Franco ha denunciado a elDiario.es ante un juzgado de Madrid por una información sobre el conflicto jurídico en torno a la propiedad de los bienes albergados en el interior del Pazo de Meirás. La demanda interpuesta por la familia del dictador se refiere a la noticia que la redacción de Galicia de este periódico publicó el pasado 29 de abril bajo el título “El juzgado da luz verde para que los Franco vacíen los tesoros de Meirás”. En su denuncia, los Franco califican el titular de “insidioso y lesivo para la honorabilidad de la familia”. Apenas dos semanas después de publicar aquella noticia, el juzgado cambió de criterio y suspendió el permiso concedido a la familia, a la espera de aclarar todos los recursos interpuestos por diferentes administraciones y que cuestionan la propiedad de parte de esos bienes.

El pasado 6 de mayo, algo más de siete días después de la publicación del artículo ahora en litigio, elDiario.es recibió un burofax remitido por Francisco Franco Martínez Bordiú, a través del cual se solicitaba el ejercicio del derecho de rectificación. El escrito incluía un texto en el que el nieto del dictador reclamaba la publicación de un nuevo texto en el que se incluían párrafos como el siguiente: “La familia Martínez-Bordiú Franco podrá recuperar la posesión de los bienes obrantes en el interior del citado inmueble y realizar cualesquiera actos de disposición sobre los mismos”. Pese a que el escrito fue enviado fuera del plazo de siete días dentro de los que la ley permite ejercitar el derecho de réplica, esta redacción decidió publicarlo. La rectificación se incluyó al pie de la información que la familia califica como “insidiosa” y así se ha mantenido desde aquel 6 de mayo hasta la fecha actual.

Los Franco consideran que la rectificación efectuada por este periódico no cumple con sus expectativas y reclaman que un juez de Madrid obligue a este periódico a volver a publicar su versión en una noticia independiente. También solicitan que elDiario.es divulgue su versión a través de la red social Twitter y la incluya en un lugar destacado de la portadilla del elDiario.es Galicia. En su razonamiento para reclamar mayor visibilidad a su versión en las páginas de elDiario.es, los Franco argumentan que los lectores no se acaban los textos y se limitan a leer los titulares: “Es sabido que una mayoría de lectores únicamente leen los titulares de las noticias y, en muchas ocasiones, no finalizan la lectura hasta el final de la misma”, asegura el escrito de los Franco ante el juzgado de primera instancia número 82 de Madrid. Según los datos de Google Analytics, la pieza en cuestión tuvo un tiempo medio de lectura de tres minutos y cuarenta y cinco segundos en la versión que no incluía la rectificación de los Francos. Cuando ese texto se incluyó, el pasado seis de mayo, el tiempo medio de lectura aumentó hasta los siete minutos y cincuenta y seis segundos

En la demanda presentada ante ese tribunal madrileño, los familiares del dictador anuncian que se reservan la libertad de iniciar otro tipo de acciones legales, al margen de la que este miércoles reunirá en un juicio verbal a los representantes de este periódico con la familia Franco. Además de lo anterior, Francisco Franco Martínez Bordiú pretende que este periódico asuma las costas del proceso judicial que él ha impulsado.

La demanda presentada por la familia del dictador contra elDiario.es se suma a la lista de litigios emprendidos por la familia, desde que el pasado 2 de septiembre de 2020 la titular del juzgado número 1 de A Coruña dictase una histórica sentencia que declaraba la titularidad pública del Pazo de Meirás, obligando a su devolución. En ese contexto, la familia del dictador se fijó en la jefa del servicio de conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito García, contra la que presentaron una querella acusándola de prevaricación, estafa procesal y falsificación documental. En ese mismo proceso, los Franco solicitaron que la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, fuese investigada por un presunto delito de prevaricación.

Pilar Benito García fue la persona encargada de realizar el inventario de los bienes que aloja Meirás, a petición del juzgado que lleva el caso. Las conclusiones de ese informe evidenciaron el hallazgo de muchas piezas pertenecientes a colecciones públicas: muebles, vajillas, tapices y otro tipo de objetos de gran valor que en su día fueron usados por reyes y que el dictador convirtió en parte de su menaje diario. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado formalmente el archivo de esa querella contra la funcionaria que elaboró el listado de bienes que podrían haber sido expoliados.

El fondo buitre estadounidense Elliott pagó 8,5 millones de euros por una de las empresas de aparcamientos de los descendientes de Francisco Franco, Estacionamientos Urme, vendida el año pasado en pleno reparto de la herencia de la única hija del dictador, Carmen Franco, fallecida a finales de 2017. 

El importe de la transacción, una operación que adelantó elDiario.es hace un año, está recogido en las cuentas anuales de 2019 que acaba de depositar en el Registro Mercantil la sociedad compradora, Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad.

“Con fecha 26 de junio de 2019, la Sociedad ha adquirido el 100% de las acciones de la sociedad Estacionamientos URME, S.A. por importe total de 8.500.000 euros. A fecha 31 de diciembre de 2019 dicho importe se encuentra totalmente desembolsado, el cual ha sido satisfecho mediante transferencia bancaria”, explica Ipark en esas cuentas, disponibles a través de la herramienta Insight View.

La compradora está controlada por el fondo Elliott a través de una sociedad luxemburguesa, Diablo Investments Sarl, que a su vez pertenece a otra empresa propiedad de firmas radicadas en el paraíso fiscal de Islas Caimán y Delaware (Estados Unidos).

Urme estuvo presidida hasta su venta por el nieto mayor de Franco, Francisco ‘Francis’ Franco Martínez-Bordiú. Su sede, como las de muchas otras empresas del clan, estaba hasta su traspaso en la calle Hermanos Bécquer de Madrid. Su objeto social es “la explotación, adquisición y administración, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, de locales para aparcamientos, guarda, entretenimiento y custodia de vehículos y, en general, de toda clase de bienes inmuebles”. 

La empresa es propietaria de un parking ubicado en el número 25 de la calle Princesa de Madrid, con una extensión aproximada de 5.562 metros cuadrados en tres plantas en los bajos del hotel que tiene allí desde 1967 la cadena Meliá. Esta multinacional lo tenía alquilado a Urme desde hace décadas a través de un contrato de arrendamiento “histórico”, según confirmaron en su momento fuentes de la cadena. 

La hotelera tiene una larga relación de cercanía con los Franco. Como contaba en El País en 2001 el periodista Mariano Sánchez Soler, gran conocedor de los negocios del clan, el fundador del grupo turístico, José Meliá, era “habitual del círculo íntimo” del dictador. 

Otra compra por 8,2 millones

Las cuentas de Ipark también reflejan, entre otras operaciones de compraventa, la adquisición, también en 2019, de otra empresa de aparcamientos históricamente vinculada a los Franco. Se trata de Aparcamiento Atocha 70, en la que el nieto mayor del dictador figuró como consejero delegado hasta 2014, cuando estalló un conflicto accionarial con sus socios, que acabaron condenados por apropiación indebida. 

La venta se cerró menos de tres meses después de la operación de Urme. “Con fecha 9 de septiembre de 2019, la Sociedad ha adquirido el 100% de las participaciones sociales de la sociedad Aparcamiento Atocha 70, S.L. por un importe total de 8.200.000 euros”, explica la compradora, Ipark, en sus cuentas.

La explotación de garajes en Madrid ha sido durante décadas una de las vías de negocio del clan. En marzo de 2002 otra de las empresas de los Franco, Oceans Eleven, compró otro parking en el número 359 de la calle Bravo Murillo a la firma Progamallo, vinculada al narcotraficante Marcial Dorado. Progamallo había comprado ese inmueble en 1998 por unos 2,3 millones de euros de “procedencia ilícita”, según dictaminó el Tribunal Supremo en febrero de 2016. Obtuvo de Oceans Eleven una contraprestación de 7,2 millones (más IVA). La compraventa se escrituró por menos de 5 millones, lo que permitió al narco gallego dejar de ingresar a Hacienda 794.133,37 euros por el Impuesto de Sociedades, según el Supremo.

Oceans Eleven era entonces 100% propiedad de otra empresa de los Franco, Centro de Agentes Unidos del Calzado Español, SL (Cauce SL), que hace dos años fue condenada por la Audiencia Nacional a pagar a Hacienda cerca de 2 millones de euros en concepto de cuota, sanción e intereses, por la transmisión en 2003 de un conjunto de oficinas y plazas de garaje a otra firma del clan “sin coste fiscal”, pese a que no tenía derecho a ello, según la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir un caso archivado contra el nieto mayor de Francisco Franco por presunto delito fiscal en la compra de un edificio en 1999 en la calle Hernani, 10, en Madrid, según avanza este miércoles El Confidencial.

Una resolución del tribunal del pasado 18 de noviembre establece que hay indicios suficientes para juzgar a Francisco Franco Martínez–Bordiú por un caso que se abre en 2006, cuando la Fiscalía denuncia a Francis y a sus socios en la sociedad Daroca 99, creada en 1999 para comprar el citado inmueble, cercano a Cuatro Caminos, por 65 millones de pesetas (unos 400.000 euros).

Hacienda cree que Daroca no tenía medios materiales para esa operación, por lo que considera que el dinero utilizado para la operación tiene un origen desconocido y cifra la cuota defraudada en 195.473 euros.

El juzgado de primera instancia sobreseyó el caso el pasado 29 de julio al considerar que no había indicios suficientes para mandarlo a juicio. Pero la Abogacía del Estado (no la Fiscalía), que representa a la Agencia Tributaria, recurrió con éxito a la Audiencia de Madrid para sentar a Francis Franco en el banquillo.

La Audiencia cree que “existen indicios suficientes de criminalidad” de los investigados y que la causa debe continuar, por entender que las empresas de Franco han obtenido “una ganancia patrimonial no justificada de 71.144.809 pesetas (427.588,91 euros)” y que “el sobreseimiento provisional no puede ser objeto de la fase de instrucción, sino que los hechos deben ser enjuiciados y en base a las pruebas que se practiquen que sea el tribunal sentenciador quien emita el pronunciamiento”.

La defensa de Martínez-Bordiu alegó que nunca había sido apoderado ni representante de una Daroca 99, que no había ningún delito fiscal y que hubo inversores que aportaron el dinero a los que se les dio un recibo y que al recuperar lo aportado con intereses también se intercambiaron los recibos, por lo que no quedaba rastro. Además, un robo en un garaje habría terminado de acabar con las pruebas que justificaban que los préstamos no eran simulados, argumentan.

Sin embargo, la Audiencia cree que hay indicios suficientes “que respaldan la necesidad de continuar la tramitación”. “A la vista de las cuentas bancarias de Daroca, con el saldo disponible no pudieron pagar la compra del edificio de Hernani 10”. Y las versiones de que no queda rastro documental de los préstamos “no son convincentes”.

“Resulta sorprendente que todos los inversores que han declarado en estas actuaciones siguieran la misma mecánica, entregaron cantidades de dinero nada desdeñables, entre cuatro y ocho millones de pesetas, cuyo origen la mayoría sitúa en ahorros o préstamos de terceras personas, pero cuyo rastro documental es inexistente; es decir, no solo no se dispone de los recibos entregados por los responsables de Daroca cuando recibieron los préstamos para invertir en la compra del inmueble de la calle Hernani 10 de Madrid, los cuales a su vez se devolvieron una vez recuperada la inversión con creces (10% de intereses)”, añade la Audiencia, que se sorprende de que “una operación económica de esa envergadura careciera de un reflejo documental apropiado a las circunstancias y experiencia de alguno de los inversores”.

Francis Franco (Madrid, 1954), primer nieto varón del dictador, ha asegurado en una entrevista en El País que la “reconciliación” tras la “época” de su abuelo ya estaba hecha en España antes de que llegara a poder José Luis Rodríguez Zapatero y se aprobara la ley de memoria histórica, una norma que define como un “arma política” para conseguir “borrar” toda la “época” de su abuelo y “lo único que ha hecho ha sido crear rojos y azules, independentistas y unionistas” . 

La ley, aprobada en 2007, obliga la retirada de símbolos y nombres de calles franquistas y prevé otorgar subvenciones a las asociaciones para la apertura de fosas, entre otras cuestiones. Tras la última reforma establece también que el Valle de los Caídos se convierta en un lugar de “conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas” de la Guerra Civil. 

El nieto de Franco asegura que “pelear” contra el Gobierno y el Boletín Oficial del Estado (BOE) para intentar parar el traslado de los restos es “imposible”. Y acusa a Sánchez de hacer electoralismo con la exhumación: “O venden que han sacado a mi abuelo, ¿o qué vende Pedro Sánchez aunque sea una profanación utilizar a los muertos como arma política?”, señala. 

Franco también se muestra crítico con la postura de la Iglesia, a la que acusa de haber tenido una actitud “cobarde” y “acomodaticia” en relación a la exhumación y de la que dice que fue la “primera” institución que “abandonó” a su abuelo. Asegura que la Iglesia tendría que haber tenido que protestar por la “ilegalidad” y el “atropello” que supone que el prior del Valle, que era el depositario de los restos de Franco, se le impidiera este fin de semana el acceso a la basílica. 

Francis Franco, el primer nieto varón del dictador Francisco Franco, evitará definitivamente entrar la cárcel por la embestida a un vehículo de la Guardia Civil con una furgoneta pickup que circulaba con las luces apagadas por una carretera de Teruel en abril de 2012. El Tribunal Constitucional ha cerrado la última puerta que quedaba en España a los agentes al rechazar el recurso presentado por no apreciar “trascendencia constitucional”. Para que el tribunal de garantías admita a trámite un recurso, el apelante tiene que justificar que se vio lesionado algún derecho fundamental.

Franco fue condenado en febrero de 2018 por el juzgado de lo Penal de Teruel a treinta meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad y conducción temeraria al considerar probado que él era el conductor de ese vehículo. Sin embargo, fue absuelto siete meses después, en septiembre del año pasado, por la Audiencia de Teruel, que determinó que no se había practicado prueba de cargo suficiente como para desvirtuar su presunción de inocencia. A raíz de ese fallo los guardia civiles implicados decidieron recurrir al Tribunal Constitucional.

La Audiencia de Teruel no dio credibilidad al testimonio del agente que inculpó a Franco y dijo que su testimonio había sido “sobrevalorado” en la sentencia de primera instancia. Sí admitió, por contra, un informe pericial encargado por el acusado y realizado cinco años después de los hechos para desmentir otro anterior de las fuerzas de seguridad que situaba el móvil de Franco en el lugar y la hora en que tuvo lugar el incidente. La Audiencia Provincial también otorgó “veracidad” a los testimonios aportados por su defensa, que situaban a Franco en Madrid el día de autos.

Los hechos se remontan a abril de 2012, cuando una patrulla de guardias civiles que estaban apostados en la carretera nacional 234 en las afueras de Teruel observaron una furgoneta pickup que circulaba de madrugada por la misma vía con las luces apagadas. Los agentes invirtieron el sentido de su marcha para darle alcance y comunicar la infracción cuando el vehículo, desoyendo sus mensajes, emprendió una huida por un camino de tierra y comenzó una persecución.

Cuando al fin recibió el alto de la patrulla, en lugar de detenerse, el vehículo inició una maniobra marcha atrás embistiendo al coche de la Guardia Civil, que fue arrastrado varios metros. Además, el copiloto sacó por la ventanilla la funda de un arma larga, lo que los agentes interpretaron como un gesto para amedrentarlos. El vehículo fue finalmente encontrando perfectamente cerrado y estacionado en la localidad turolense de Bea. El agente sufrió lesiones de “cervicalgia” y “contractura paracervical” por el impacto y el coche oficial sufrió daños por importe de 2.720 euros.

El anterior es el relato de hechos que considera probado la sentencia del juzgado de lo Penal de Teruel, que situó a Franco a los mandos del vehículo implicado. Se basó para ello en tres cuestiones: la declaración del agente, que se mantuvo “inalterable” durante las diferentes fases del procedimiento y a la que otorgó una “fiabilidad total”; la ausencia de “animadversión” por su parte hacia el acusado; y una llamada realizada por Francis Franco desde su teléfono móvil que lo situaba en el lugar y la hora en que se produjo el incidente. Por contra, el magistrado negó la credibilidad de los testimonios directos aportados en el juicio por la defensa de Franco que aseguraron haber estado el día señalado con el acusado en Madrid.

La Audiencia de Teruel, por contra, sí otorgó “veracidad” a esas declaraciones y determinó que el testimonio del guardia civil era “ subjetivo” y carecía de la “fiabilidad necesaria”. “El testimonio del agente no es una prueba de cargo ni un indicio (...). No pasa de ser una sospecha apta para abrir una línea de investigación”, dice la sentencia, que justifica esta apreciación en que las circunstancias no permitían fácilmente un reconocimiento seguro porque era un día lluvioso y porque sólo lo pudo ver su cara en el intervalo de tiempo en que bajó y subió del vehículo oficial.

El tribunal que decidió su absolución también se pronunció sobre otra cuestión clave: el teléfono de Franco. La primera sentencia considera probado que recibió una llamada que activó un repetidor de telefonía móvil de la zona que lo sitúa aproximadamente en el vehículo implicado en el recorrido y la fecha en que ocurrieron los hechos.

La Audiencia Provincial, sin embargo, determinó que su móvil recibió una llamada infructuosa a las 11.24 del día de los hechos y se activó la antena, pero “no existe la certeza” de que fuera su teléfono y no una tableta con una tarjeta multisim de datos vinculada a ese dispositivo. En este sentido, otorgó credibilidad a un informe encargado por la defensa de Franco cinco años después de los hechos –que define como “categórico”– y que desmentía de forma tajante que hubiera sido su teléfono el que activara el repetidor.

Francisco Franco Martínez-Bordiú, el nieto del dictador Francisco Franco, ha quedado absuelto de los cargos de conducción temeraria y atentado contra la autoridad por atropellar a dos agentes de la Guardia Civil. El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo de uno de los guardias civiles atropellados y se cierra definitivamente el caso, según informa El País. 

Según explica el Tribunal Constitucional, no puede admitir dicho recurso por no apreciar “la especial trascendencia constitucional” que la ley exige para que el Constitucional estudie el caso. Un Juzgado de lo Penal de Teruel sentenció primero al nieto del dictador a 30 meses de prisión, pero 'Francis' Franco recurrió y fue absuelto por la Audiencia Provincial.

La primera sentencia se basó en el reconocimiento que hizo uno de los agentes, que identificó a Franco como el conductor del vehículo. Sin embargo, la Audiencia Provincial mantuvo la presunción de inocencia ya que consideró que durante la vista anterior no se practicó “prueba de cargo suficiente” capaz de debilitar la presunción de inocencia del nieto del dictador.

Ocurrió el 30 de abril de 2012

El suceso tuvo lugar el 30 abril de 2012. Dos guardias civiles le dieron el alto a un vehículo que circulaba con las luces apagadas y que no se detuvo. Ambos agentes comenzaron una persecución durante 30 kilómetros a gran velocidad, sin respetar las señales de tráficos. Finalmente, la Guardia Civil consiguió dar el alto al vehículo en un camino entre las poblaciones de Collados y Lagueruela. En ese momento uno de los agentes distinguió la culata de un arma larga en el interior del vehículo, mientras el conductor daba marcha atrás para chocar contra el vehículo de la Guardia Civil.

Tras el golpe, el todoterreno se dio nuevamente a la fuga por caminos forestales y se perdió la pista hasta que fue localizado sobre las 12:00 horas por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Bea (Teruel), abandonado y sin las llaves. Dicho coche esta registrado a nombre de una sociedad propiedad de Francisco Franco Suelves, bisnieto del dictador Francisco Franco, según informa El País.

La Audiencia Provincial de Teruel ha absuelto a Francisco Franco Martínez–Bordiú de los delitos por los que había sido condenado en primera instancia por el juzgado de lo Penal de Teruel. La sentencia cuenta con un voto particular, dictado por el magistrado Fermín Hernández Gironella.

El juzgado de lo Penal de Teruel condenó a Franco Martínez–Bordiú a la pena de 18 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, 12 meses de prisión por un delito de conducción temeraria y a 12 meses de multa por el delito de daños por los hechos ocurridos el 30 de abril de 2012 en CN-234 (Sagunto-Burgos).

Hecha pública la sentencia, Francisco Franco recurrió ante la Audiencia Provincial de Teruel quien ahora dicta su absolución.

Los magistrados de la Audiencia Provincial no comparten los hechos tal y como aparecen recogidos en la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal de Teruel al consideran que no se practicó “prueba de cargo suficiente” capaz de debilitar el principio constitucional de presunción de inocencia y capaz de sustentar la condena impuesta al ahora apelante (Franco Martínez–Bordiú)“.

En esencia, argumentan que no hubo reconocimiento ni identificación por el perjudicado que intervino en los hechos, pues su declaración “no resulta en modo alguno concluyente”. Entienden, sumando a ello el análisis detallado del resto de elementos probatorios tomados en consideración por la sentencia, a los que no otorga el valor indiciario, que en la sentencia recurrida “el día de autos, Francisco de Asis Franco Martínez- Bordiu no tuvo participación alguna en dicho incidente pues no se encontraba en las localidades referidas, sino en Madrid donde había regresado desde la finca de Aranda del Moncayo, el día anterior, para realizar gestiones personales pendientes al día siguiente”.

Es en este punto donde el magistrado Fermín Hernández Gironella hace su voto parcialmente discrepante. Gironella está de acuerdo con la absolución y simplemente matiza que no queda suficientemente probado que el acusado se encontrase en Madrid. Este magistrado sostiene que la absolución debe sustentarse en que “no ha podido acreditarse que [el acusado] se encontrase en el lugar de los hechos”.

DOCUMENTO: Sentencia y voto particular del TSJA:

La magistrada del juzgado de lo Penal de Teruel, encargada de enjuiciar la causa abierta contra Francisco de Asis Franco Martínez-Bordiu y Silviu Nicolae R., por varios delitos cometidos el 30 de abril de 2012 en la provincia de Teruel, ha absuelto a Silviu Nicolae de todos los cargos que se le imputaban. A su vez, condena a Francisco Franco, como autor criminalmente responsable de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, un delito de daños, un delito de conducción temeraria y al pago de las tres cuartas partes de las costas del juicio, incluidas las devengadas por el Abogado del Estado.

Por ello, le impone una pena de 18 meses de prisión por el delito de atentado y 12 meses de prisión por el delito de conducción temeraria, privándole del derecho a conducir vehículos a motor durante dos años y seis meses. Además, por el delito de daños le impone una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 40 euros y la obligación de indemnizar al agente de la Guardia Civil, perteneciente al Destacamento de Tráfico de Monreal del Campo (Teruel), con 1.500 euros y a la Dirección de la Guardia Civil en la cantidad de 2.720 euros por daños en los vehículos.

El episodio tuvo lugar el 30 de abril de 2012, cuando una patrulla descubrió a un coche que circulaba por una carretera de Calamocha pasadas las 7:30 de la mañana con las luces apagadas. Los agentes sospecharon de que se trataba de cazadores furtivos.

La sentencia recoge que Franco conducía el coche con su empleado como copiloto, y que ambos se dieron a la fuga a gran velocidad al ver a los agentes, sin respetar las señales de tráfico, comenzando así una persecución por caminos y pistas forestales.

Finalmente, la Guardia Civil consiguió dar el alto al vehículo en un camino entre las poblaciones de Collados y Lagueruela, momento en el que, según se recoge en la instrucción, uno de los agentes distinguió la culata de un arma larga en el interior del vehículo. Según indica la sentencia, es entonces cuando Francis Franco, “con ánimo de ofender el principio de autoridad, realiza de forma brusca la maniobra de marcha atrás”, colisionando con el vehículo de la Guardia Civil y arrastrándolo unos 9,80 metros, lo que provocó lesiones a un agente.

Tras el golpe, el todoterreno se dio nuevamente a la fuga por caminos forestales y se perdió la pista hasta que el coche fue localizado sobre las 12:00 horas por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Bea (Teruel), abandonado y sin las llaves.

Frente a los delitos que se le imputaban, atentado agravado por el uso de medio peligroso, delito de daños agravado y la falta de lesiones, la jueza falla su absolución, al igual que para la compañía de seguros y reaseguros Axa Aurora Ibérica S.A. como responsable civil subsidiaria.

En sus razonamientos jurídicos, y tras una vasta argumentación, la jueza concluye que la “suficiencia y racionalidad” de las pruebas presentadas destruye “sin género de dudas, la presunción de inocencia que provisionalmente ampara al acusado Francisco Franco por estos hechos”.

Ante la controversia entre letrados por los hechos ocurridos, manifiesta la jueza que “los diferentes testimonios presentados por la Defensa no superan el juicio de verosimilitud por cuanto se califican de poco creíbles y no ajustados a la realidad”, pero que la declaración del agente de la Guardia Civil que resultó lesionado “se ha mantenido inalterable a lo largo de las diferentes fases procesales de la causa” sin que conste animadversión alguna hacia el acusado, y estando sus declaraciones corroboradas por datos objetivos externos.

Francisco Franco Martínez Bordiú, el nieto mayor del dictador, se sentará en el banquillo el próximo enero en Teruel en un juicio en el que el Fiscal pide para él cuatro años de prisión por atentado a la autoridad y otro más por un delito contra la seguridad vial y otro por daños. El ministerio público reclama que pague una indemnización y multas por las lesiones causadas a un agente de la Guardia Civil y los daños a un coche de la Benemérita.

Tras la larga instrucción realizada en el Juzgado de Instrucción de Calamocha (Teruel), el caso se juzgará en en Teruel entre el 22 y el 24 de enero del próximo año.

Franco será juzgado junto al que era uno de sus empleados, para quien el Fiscal pide la misma pena por atentado a la autoridad. Durante la instrucción se han acumulado pruebas de que era Francis Franco quien conducía el todoterreno que arremetió contra un coche patrulla de la Guardia Civil.

El episodio tuvo lugar el 30 de abril de 2012 cuando una patrulla descubrió a un coche que circulaba por una carretera de Calamocha pasadas las 7:30 de la mañana con las luces apagadas. Los agentes sospecharon de que se trataba de cazadores furtivos.

En las calificaciones previas, la Fiscalía considera probado que Franco conducía el coche con su empleado como copiloto, y que ambos se dieron a la fuga a gran velocidad al ver a los agentes, sin respetar las señales de tráfico, comenzando así una persecución por caminos y pistas forestales.

Finalmente la Guardia Civil consiguió dar el alto al vehículo en un camino entre las poblaciones de Collados y Lagueruela momento en el que, según se recoge en la instrucción, el copiloto Nicolae exhibió un arma larga. En ese momento, Francis Franco maniobró hacia atrás y colisionó con el vehículo de la Guardia Civil arrastrándolo varios metros, lo que provocó lesiones a un agente. Este guardia civil está personado en el caso como acusación y pide para el nieto del fundador también cuatro años de prisión.

Tras el golpe el todoterreno se dio nuevamente a la fuga por caminos forestales y se perdió la pista hasta que el coche fue localizado después por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Bea, abandonado y sin las llaves.

Las defensas de ambos acusados piden la libre absolución, y en el caso de la de Francis Franco, alegan que se encontraba en Madrid ese día, y que se le relaciona con el caso porque el vehículo implicado era propiedad de una sociedad “de la esfera empresarial” de la familia Martínez Bordiú. En el texto presentado por el abogado de Franco ante la apertura de juicio oral denuncia también “carencias del traslado” de la documentación del caso desde el Juzgado de Calamocha al Juzgado de lo Penal en Teruel.

Francis Franco, el primer nieto varón del dictador, Francisco Franco, está a un paso de sentarse en el banquillo acusado de un doble delito contra la seguridad vial y de atentado a la autoridad por embestir con un todoterreno a una patrulla de la Guardia Civil que le dio el alto la madrugada del 30 de abril de 2012 en una carretera secundaria de Teruel. Como consecuencia del siniestro, uno de los agentes sufrió lesiones en el cuello y su coche oficial, daños por  2.720 euros. 

El atestado incorporado a la causa que instruye el juzgado de primera instancia e Instrucción número 1 de Calamocha (Teruel) detalla lo sucedido el 30 de abril de 2012 entre las 7:00 y las 7:30 del 30 de abril de la madrugada en una carretera secundaria de esta provincia aragonesa de acuerdo con el relato de dos agentes de la Guardia Civil que patrullaban en su vehículo oficial. La patrulla observó cómo a la altura del kilómetro 210 de la carretera N-234, un todoterreno marca Toyota, modelo Hilux, estaba circulando con las luces apagadas, al que trató de detener. Lo que sigue es el relato que hace el juez de Calamocha en su auto firmado el pasado cuatro de mayo y que parte del atestado de la Guardia Civil. 

“Tras observar esa circunstancia, los agentes realizan un cambio de sentido y colocándose detrás del vehículo reseñado proceden a realizar señales luminosas y acústicas  para que se detuviera y proceder así a la identificación de su conductor. Por el contrario, éste haciendo caso omiso de tales indicaciones comienza una huida a gran velocidad, sin respetar las distintas señales de tráfico existentes con evidente riesgo para la seguridad del tráfico y de los ocupantes, por distintas carreteras y pista forestal, hasta que se detiene en un camino entre las localidades de Collados y Lagueruela [Teruel]. Tras detenerse el vehículo oficial detrás de éste, los agentes observan a dos individuos dentro del vehículo mencionado, que resultarían ser, atendiendo a los indicios referidos, D. Francisco Franco Martínez Bordiu, como conductor, y D. Nicolae Silviu Rosca [empleado de una de sus empresas], como copiloto, y ven que, éste último, exhibe la funda de un arma larga de fuego.

En ese momento, tras advertirle por uno de los agentes que depongan su actitud, el conductor del vehículo inicia una maniobra de marcha atrás, colisionando contra el vehículo oficial y arrastrándolo, hacia atrás, cierta distancia. Tras ello, el vehículo con matrícula [...] se vuelve a dar a la fuga, a gran velocidad, por vías y caminos forestales y pese a los intentos de seguirlo por los agentes de la Guardia Civil finalmente éstos lo pierden de vista, abandonando la persecución.

Posteriormente, el vehículo es localizado, abandonado, cerrado y sin las llaves de contacto en su interior, por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Bea [en la misma provincia]. Como consecuencia de ello, el vehículo oficial sufrió daños cuyo presupuesto de reparación asciende a la cantidad de 2.720 euros y el Agente de la Guardia Civil [identifica su número de placa] lesiones consistentes en cervicalgia y contractura paracervical que han requerido de una única asistencia facultativa y ha necesitado, para su curación, de 30 días no impeditivos“.

Su móvil lo sitúa en el lugar del siniestro

Pese a los distintos recursos presentados por el nieto del dictador, el juez sostiene -tras analizar el posicionamiento de los teléfonos móviles- que era Francis Franco quien iba a los mandos del todoterreno cuando este impactó y arrastró al coche patrulla de la Guardia Civil. En un primer momento, un familiar del empleado que lo acompañaba trató de asumir la culpa, pero finalmente se desdijo en el juzgado alegando que el día de la persecución estaba de viaje fuera de España. Así que la doble acusación contra Francis Franco se mantiene en el juzgado de Calamocha, a la espera de que el fiscal y el abogado del agente agredido presenten su escrito con las peticiones de cárcel.

En Teruel, el 30 de abril de 2012, el nieto del dictador se dio a la fuga tras recibir el alto de dos guardias civiles; tras la persecución, uno de ellos resultó lesionado

El juez del juzgado de instrucción de Calamocha (Teruel) ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Francisco Franco Martínez-Bordiu por posibles delitos de atentado contra la autoridad y un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. Junto a él, el juez abre juicio oral también contra Nicolae S. R. como posible autor de un delito de atentado contra la autoridad, y decreta el sobreseimiento provisional parcial de las acciones judiciales contra el tercer acusado, Marius T. O.

Los hechos objeto de juicio tuvieron lugar el 30 de abril de 2012, cuando entre las 7:00 y las 7:30 horas dos agentes de la Guardia Civil hicieron señales al vehículo conducido por Francisco Franco para que se detuviera, ya que circulaba por la Nacional 234 con las luces apagadas. El conductor, tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), haciendo caso omiso de las indicaciones, “se dio a la fuga a gran velocidad sin respetar las señales de tráfico y con el consecuente riesgo para la seguridad del tráfico y de los ocupantes del coche”.

Se inició entonces una persecución por caminos y pistas forestales hasta que la Guardia Civil consiguió detenerlo en un camino entre Collados y Lagueruela. El copiloto, Nicolae S. R. exhibió un arma larga de fuego, momento en que Francisco Franco hizo una maniobra de marcha atrás colisionando con el vehículo de la Guardia Civil y arrastrándolo varios metros.

Tras ello, y siempre según el relato expuesto en la información del TSJA, se dio nuevamente a la fuga por caminos forestales. El coche fue localizado más tarde por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Bea, abandonado y sin las llaves.

Como resultado de lo ocurrido, uno de los Guardias Civiles resultó lesionado. De las diligencias practicadas, entiende el juez que no ha quedado acreditada la participación de Marius T. O., ya que en el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba en Rumanía, por lo que decreta el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones respecto del mismo.

La duda es si la noche del 30 de abril de 2012 Francisco Franco Martínez-Bordiú viajaba en un vehículo pick up que embistió a una patrulla de la Guardia Civil en la localidad turolense de Calamocha, o estaba en Madrid. Si el juez considera probado finalmente que estaba allí, será culpable de varios delitos contra la seguridad vial y de atentado a la autoridad, porque el vehículo implicado acabó golpeando al de la patrulla de la Guardia Civil para poder escapar cuando los agentes les dieron el alto.

Franco ha alegado desde el principio que él ese día estaba en la capital de España, algo que avala con testigos, y que el vehículo implicado se lo había prestado a un extrabajador rumano.

Pero ese extrabajador, en paradero desconocido hasta hace poco, acaba de declarar que no lo conducía él porque por esa época no estaba ni siquiera en España, sino ya viviendo en su Rumanía natal.

Matius Olteanu, que trabajó para una empresa de la familia Franco hasta 2009, dijo que él no viajaba en el coche. Además, explica Carlos Muñoz, abogado del agente personado en el caso, anunció que su sobrino, Silviu Rosca, declarará ahora lo mismo que él, contradiciendo su primera versión que situaba a su tío conduciendo el vehículo esa noche.

Esta nueva declaración, que se producirá el próximo 18 de febrero, busca aclarar estos testimonios contradictorios, claves para situar a Franco en las pistas forestales aquella noche.

Cazadores furtivos

El 20 de marzo de 2014, el juzgado de la pequeña localidad de Calamocha se revolucionaba con la presencia de periodistas que se afanaban en obtener alguna declaración de Francis Franco cuando entraba sonriente para comparecer ante el juez: “No es día de declararse nada”, decía escuetamente.

Tras dos años de investigación, el juez le preguntaba aquel día por lo que pasó la madrugada del 30 de abril de 2012 en la pista de Collados, en el término de Calamocha. Aquella noche, una patrulla de la Guardia Civil detectó la presencia de un vehículo que viajaba con las luces apagadas, tal y como acostumbran a hacer los cazadores furtivos, y se dispusieron a seguirles por las pistas en lo que acabó siendo una persecución.

Cuando los agentes dieron el alto al vehículo, éste embistió al coche patrulla para poder escapar y fruto de ese golpe, uno de los agentes habría resultado herido.

A Franco se le relaciona con el caso por la declaración del propio agente, que creyó reconocerlo en la noche, aunque no con toda seguridad, recuerda Muñoz, y de otro testigo que acudió al día siguiente a socorrerlos.

También el rastreo de móviles sitúa a Franco en la zona ese día, según las investigaciones, y el coche implicado está a nombre de una empresa de la familia de Franco. Pero su defensa se basa en poner en duda los testimonios de los testigos y presentar a otros que avalan que él estaba a cientos de kilómetros esa noche. El juez de Calamocha decidirá.