La Fiscalía pide archivar la querella de la familia Franco contra la funcionaria que catalogó los bienes del Pazo de Meirás

Fachada principal del Pazo de Meirás.

La Fiscalía de Madrid pide al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que archive la querella presentada por Francisco Franco Martínez-Bordiú contra la jefa del servicio de conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito García. Considera que el informe que redactó sobre la titularidad de los bienes que hay en el Pazo de Meirás "estaba amparado judicialmente" y que no hubo ilícito penal en su elaboración. El Ministerio Público se adhiere al recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado y reclama el archivo del procedimiento, de acuerdo con un escrito del 23 de julio.

La jueza rechaza la petición de la familia Franco para retirar los muebles del Pazo de Meirás en manos del Estado

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En el texto, según Europa Press, la Fiscalía coincide con los argumentos de los servicios jurídicos del Estado, que sostenían que los hechos descritos en la querella "no son constitutivos de los delitos denunciados" y pedían revocar el auto que admitía la querella. La familia Franco acusó a Benito García de haber cometido un delito de prevaricación, estafa procesal y falsedad documental por el informe fechado el 27 de noviembre de 2020 y de un delito de revelación de secretos por la difusión del mismo en elDiario.es el día 7 de diciembre de 2020.

Los Franco acusan a Benito García de llevar a cabo un informe falso dentro del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña con ánimo de perjudicarles y fuera de las funciones encomendadas. La jefa del servicio de conservación asegura en el documento que los muebles relacionados en el mismo e inventariados en el Pazo de Meirás, proceden "sin género de dudas" de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad, y que por tanto, serían titularidad de dicho ente público.

La jueza que lleva el caso ordenó a principios de noviembre del año pasado hacer un inventario de los bienes que estaban dentro del inmueble y a finales de abril dio luz verde a que los Franco empezasen a retirar "las cosas, bienes u objetos" que acumularon en el pazo. Sin embargo, el permiso quedó suspendido pocos días después: el juzgado argumentó que era necesario resolver antes los recursos de reposición presentados por todas las administraciones personadas en esta causa (Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, ayuntamientos de Sada y A Coruña).

En su escrito del pasado 23 de julio, la Fiscalía entiende que el informe elaborado por Benito García "estaba amparado judicialmente, en el seno del referido procedimiento, sin que quepa sostener cualquier tipo de arbitrariedad en su elaboración, al ser consecuencia de un mandato jurisdiccional en relación a un procedimiento concreto y sin que quepa por tanto argumentar la concurrencia de ningún ilícito penal en su elaboración".

Sobre la queja de la familia Franco de que el informe fuese publicado en un medio de comunicación, el Ministerio Público asegura que "no se ha podido indicar ningún tipo de participación de la investigada en la filtración" y recuerda que "otras muchas personas" tuvieron a disposición dicho informe desde que fue remitido a la Xunta de Galicia, fue presentado al Juzgado y publicado en los medios.

En este sentido, la Fiscalía insiste en que "solo existen meras sospechas o conjeturas", pero que ello no es suficiente para "legitimar la investigación penal, al tener carácter prospectivo, debiendo procederse a la inadmisión de la querella también por estos hechos".

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