La jueza rechaza la petición de la familia Franco para retirar los muebles del Pazo de Meirás en manos del Estado

Varias personas se fotografían en los jardines de las Torres de Meirás.

La disputa sobre los bienes que atesora el Pazo de Meirás, la propiedad enclavada en Sada (A Coruña) que tras 85 años en manos de Francisco Franco y su familia revertió, por sentencia judicial, al Estado en diciembre de 2020, tendrá un nuevo episodio el próximo 22 de octubre. Es la fecha marcada por la titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña para que comparezcan ante ella los representantes de los nietos del dictador y todas las administraciones públicas personadas en el caso (Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, ayuntamientos de Sada y A Coruña) con el fin de determinar “qué bienes deben tener la consideración de inmuebles» y, en consecuencia, no pueden ser retirados del singular castillo de tres torres. 

Los jardines del Pazo de Meirás abren por primera vez como propiedad pública tras más de 80 años en manos de los Franco

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En esa comparecencia, según la resolución emitida este viernes por la magistrada Milagritos Belso Sempere, también se analizan las “cuestiones incidentales” promovidas por el Estado y el Ayuntamiento de Sada, que defienden que se conserven junto con la propiedad la totalidad de los 800 bienes inventariados, bajo custodia judicial, antes de que el edificio fuese entregado a Patrimonio Nacional. Unas demandas que chocan con las pretensiones de los descendientes de Franco que pretendían vaciar el Pazo de Meirás. Una mudanza que consideran legítima tras una resolución de la Audiencia provincial de A Coruña que estimaba que si bien no hay dudas sobre la titularidad de la propiedad, y que ésta debe revertir al Estado, revocaba la orden de depositar también en manos de la administración central todos los muebles y elementos accesorios. 

La magistrada, sin embargo, en el auto notificado este viernes, deniega el recurso de los Franco, deseosos de llevar a cabo cuanto antes el vaciado del pazo, y cita a comparecer todas las partes para dirimir los “incidentes de ejecución” de la histórica sentencia que declaró el singular inmueble propiedad del Estado. Esos ”incidentes” son los que permitirán determinar qué elementos y bienes deben quedarse en el pazo o pueden ser retirados por los nietos del dictador. La jueza Belso subraya que a partir de esa comparencia de todas las partes, se podrá determinar qué muebles, muchos considerados históricos, forman parte del castillo ahora devuelto al patrimonio público. Contra este auto judicial, no cabe recurso por lo que el próximo episodio del largo embrollo judicial que protagoniza el Pazo de Meirás tendrá lugar dentro de mes y medio, con esa comparecencia judicial.

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