Dos altos cargos del PP señalados y más suelo urbano: el plan municipal que reaviva el fantasma de los 'pelotazos' en Balears

El Govern balear (PP) elude pronunciarse sobre el posible conflicto de intereses derivado del nuevo planeamiento urbanístico del municipio mallorquín de Estellencs, que, como denuncia la oposición, permitirá recalificar de suelo rústico a urbano terrenos propiedad del alcalde, Bernat Isern (PP), y del entorno familiar del regidor Miquel Rosselló, recientemente nombrado director general de Turismo del Ejecutivo autonómico.

Durante el pleno del Parlament celebrado este martes, la diputada socialista Mercedes Garrido ha expuesto el asunto con una pregunta directa al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo: “¿Cree que es ético y legal que el director general de Turismo de este Govern y el alcalde de Estellencs conviertan en suelo urbano los terrenos rústicos propiedad suya y de sus familiares?”. Ante la cuestión formulada, el titular de Vivienda se ha limitado a señalar que la competencia urbanística corresponde a las corporaciones municipales, acusando acto seguido a los socialistas de “volver a enredar”: “Este Govern no ha intervenido en ningún procedimiento de clasificación del suelo. La aprobación de un planeamiento municipal corresponde a cada ayuntamiento, como usted sabe perfectamente”.

Garrido, sin embargo, ha ido más allá, recriminando al Ejecutivo que haya normalizado los conflictos de intereses: “Este Govern nos tiene demasiado acostumbrados a mezclar lo que es interés general con su interés propio y particular”. Sobre la tramitación del plan urbanístico de Estellencs, ha criticado que hace dos semanas “el director general y el alcalde decidieron no votar el Plan General porque, en palabras suyas, eran beneficiarios”. Sin embargo, cinco días después votaron a favor: “¿Había desaparecido el conflicto de intereses? No. Había desaparecido la vergüenza, porque si ellos no votaban, los familiares no se beneficiaban”, ha espetado la socialista.

En esta línea, Garrido ha recriminado que “más que ante la especulación, estamos ante el PP de siempre, con sus pelotazos urbanísticos a la carta que no decepcionan nunca”. “¿Sabe usted quién fue la última persona que convirtió suelo rústico directamente en suelo urbano?”, ha continuado la socialista, respondiendo acto seguido: “Un tal Jaume Massot, arquitecto de Andratx y director general también del gobierno del señor [Jaume] Matas”, en alusión a uno de los ex altos cargos del PP que acabaron empantanados en los fangos de la corrupción urbanística en Balears. 

El conseller de Vivienda, al PSOE: “Están ustedes desesperados”

En su segunda intervención en Parlament, Mateo ha evitado de nuevo entrar en el fondo de la cuestión: “Están ustedes desesperados. Empiezan a ser preocupantes sus intentos de atacar al Govern por cualquier vía, incluso cuando el Govern no tiene ninguna competencia”. El conseller ha aseverado, con todo, que el plan ha sido redactado por el Consell de Mallorca en virtud de un convenio firmado en 2018, cuando gobernaba la izquierda en la institución insular, asegurando que los terrenos a los que se refiere la oposición “ya estaban clasificados como suelo urbano directo” en las Normas Subsidiarias de 2006. “La base del plan actual es de 2021 y fue redactada por el Consell cuando ustedes gobernaban”, ha incidido.

El debate, sin embargo, no gira en torno a quién redactó la base del documento o cuándo se firmó el convenio, sino en torno al alcance real de la ordenación ahora propuesta así como los efectos jurídicos y económicos reales sobre el territorio y el valor del suelo afectado, es decir, si el nuevo plan se limita a actualizar técnicamente una clasificación ya existente o si, bajo esa cobertura, introduce cambios que incrementan la superficie edificable, intensifican usos, facilitan desarrollos y abren las puertas a una materialización efectiva de edificaciones que hasta ahora no se habían ejecutado.

El conseller ha subrayado, finalmente, que el documento prevé viviendas de protección oficial para residentes, además de señalar que la aprobación actual es solo inicial: “Se trata de una aprobación inicial que ahora entra en un periodo de exposición pública de 60 días. Se puede cambiar un 100% del proyecto inicial”.

Desde hace meses, Per Estellencs denuncia la adopción de decisiones que estarían favoreciendo determinados intereses políticos mediante la ampliación de aparcamientos y la apertura de viales que “técnicamente no se justifican” y que “no están adaptados a la realidad de un municipio situado en la Serra de Tramuntana”. “No quieren destapar lo que harán y lo que no harán. Tampoco nos dejan tener acceso a las actas. Y lo que tememos, sobre todo, es que las políticas que se lleven a cabo sean para favorecer a segundas residencias con todo lo que ello provoca: el abandono de los servicios públicos y la pérdida de los colegios, los centros de salud... Todo esto va en detrimento cuando haces un crecimiento urbanístico de este calibre”, pusieron de manifiesto desde la coalición a elDiario.es con ocasión de este reportaje. Este periódico intentó en ese momento ponerse en contacto con el alcalde de Estellencs, Bernat Isern, pero no atendió a la petición de este medio.

Incremento del suelo urbano: de 5,28 a 6,52 hectáreas

A juicio de la coalición, el nuevo planeamiento y a las Normas Subsidiarias (NNSS) impulsadas por el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, al aseverar que “destruyen el paisaje cultural” del municipio y suponen un ataque directo a los valores que dieron lugar a la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial por la UNESCO. No solo eso. Uno de los ejes centrales de su denuncia es la recalificación de terrenos rústicos a urbanos que afectarían a propiedades vinculadas al alcalde y al recién nombrado director general de Turismo. Según la coalición, el plan se ha tramitado “contra la voluntad ciudadana” y con “graves incoherencias técnicas”, a pesar de que durante la pasada legislatura se desarrolló un proceso participativo inédito en el municipio, cuyas conclusiones, recriminan, han sido ignoradas por el actual equipo de gobierno.

Tal como sostiene el grupo municipal, el modelo aprobado multiplica de forma exponencial el valor del suelo y permite su edificación para uso residencial, en este caso para la construcción de viviendas unifamiliares en parcelas que hasta ahora no podían desarrollarse urbanísticamente, lo que, añade la oposición, no responde a las necesidades reales del pueblo sino que prioriza el interés de inversores frente a la vivienda asequible y los equipamientos para residentes.

Per Estellencs también alerta, además, de un incremento del suelo urbano respecto a lo previsto en el Plan Territorial de Mallorca, pasando de 5,28 hectáreas a 6,52, una ampliación que consideran injustificada y que podría encubrir la regularización de desarrollos urbanísticos irregulares. El plan prevé además la creación de un nuevo vial de conexión y una rotonda de acceso, actuaciones que, según los críticos, afectarán a los huertos históricos y a un olivar en producción que, aseveran, forman parte del paisaje agrícola e hidráulico que sustenta el reconocimiento internacional de la Serra. En conjunto, la coalición reclama la retirada del planeamiento y la apertura de un nuevo proceso “transparente, participativo y respetuoso con el patrimonio y con la gente del pueblo”.

El debate territorial se extiende a la proposición de ley que tramita el Consell de Mallorca para regular la protección de la Serra de Tramuntana. El PSIB ha acusado al PP de querer “turistizar” el territorio y convertirlo en un “parque temático”, mientras que Mateo defiende que la norma busca preservar los valores que motivaron su declaración como Patrimonio Mundial. No obstante, ha reconocido que la protección debe ir acompañada de “viabilidad económica”, aseverando que la Serra “no puede ser un museo intocable”. Con todo, ha asegurado que la nueva ley no permitirá “ni un palmo más” de construcción.

En plena tramitación del nuevo planeamiento de Estellencs y con la ley de la Serra en exposición pública, el choque político sitúa de nuevo el urbanismo en el centro del debate sobre la gestión territorial y los posibles conflictos de intereses en la isla.