Las asociaciones de prensa respaldan el derecho de elDiario.es a no revelar las fuentes a la juez del caso de los Franco

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el Colegio de Periodistas de Galicia, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), Reporteros sin Fronteras… Las principales asociaciones de periodistas de España salieron este viernes en apoyo de elDiario.es y de su director, Ignacio Escolar, ante la exigencia de una juez a que este medio desvele cuáles son sus fuentes en un proceso judicial que ha iniciado la familia del dictador Francisco Franco contra una funcionaria de Patrimonio Nacional.

Hace unos meses, en diciembre de 2020, la edición gallega de elDiario.es publicó una noticia sobre un informe elaborado por la empresa pública Patrimonio Nacional con el contenido del Pazo de Meirás. En ese documento se detallaban los tesoros que guardaba el palacete que usurpó el dictador y que una reciente sentencia ha transferido de vuelta al Estado. Tras esa información de elDIario.es, los Franco presentaron una querella contra la funcionaria que elaboró ese informe, que está abierta en el juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Contra el criterio de la Fiscalía, que ha pedido su archivo, la magistrada María Cristina Díaz –ex alto cargo en varios gobiernos del PP– ha decidido seguir adelante con esta querella de la familia Franco, que acusa a esta funcionaria de revelación de secretos y prevaricación.

Uno de los primeros pasos que ha dado la magistrada en esta investigación penal ha sido exigir al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, que revele quién fue la persona que proporcionó ese informe a esta redacción.

El director de elDiario.es ha respondido a este requerimiento judicial recordando el derecho constitucional que protege a todos los periodistas a no revelar sus fuentes. “El secreto profesional no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática”, argumenta Ignacio Escolar. Una posición a la que a lo largo del viernes se sumaron todas las principales asociaciones periodísticas de España, en defensa del derecho a la información.

“A nuestro entender, la orden de la jueza vulnera de forma flagrante el secreto profesional de los periodistas”, asegura Nemesio Rodríguez, presidente de la FAPE, en un comunicado que ha difundido esta federación que agrupa a las principales asociaciones de prensa del país. “No se trata solo de un derecho de los periodistas, sino también de un deber: el de proteger la identidad de las fuentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de información de los ciudadanos”, asegura el presidente de la FAPE. 

También la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha salido en defensa de elDiario.es y ha recordado ​que “el derecho del periodista a no revelar sus fuentes es un pilar imprescindible del ejercicio del periodismo, que está amparado por la Constitución española en su artículo 20”. Recuerda asimismo que “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional demuestra la prevalencia del derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la información cuestionada es veraz y de interés general”.

Por su parte, la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha calificado en un comunicado de “intolerable” el requerimiento de la magistrada María Cristina Díaz y ha manifestado su “más firme rechazo” ante el mismo en un comunicado. Para la PLI esta orden “ataca frontalmente el derecho a la información y el derecho a protección de las fuentes claramente reconocido y protegido por los estándares universales sobre libertad de prensa”, así como por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los que también están sujetas las instituciones españolas, que garantizan el derecho de los periodistas a no facilitar esta información salvo en supuestos de excepcional gravedad. También recuerda que las Naciones Unidas dedicaron a este tema su informe anual. 

“El derecho a no revelar las fuentes protege también al periodista, incluso, frente al director del medio o su propietario (quienes, en su caso, podrán decidir no publicar la pieza en cuestión si creen que existen riesgos)”, explica Joan Barata, jurista de la PDLI. 

El Colexio de Xornalistas de Galicia –el artículo se publicó en la edición gallega de elDiario.es–, también han mostrado su apoyo a esta redacción y considera que “el secreto profesional y la protección de las fuentes son principios básicos constitucionales sin los que no se podría garantizar la libertad de prensa, pero su falta de desarrollo legal sigue dificultando el trabajo informativo”.

“El derecho a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes son derechos básicos sin los que no puede existir un periodismo libre”, ha escrito el Colexio en un comunicado en el que lamenta que “42 años después de aprobada, sigue sin desarrollar su artículo 20, que establece que 'la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto de profesional en el ejercicio de estas libertades”.

Reporteros sin Fronteras también ha salido a lamentar la actuación de la magistrada requiriendo las fuentes de elDiario.es tras solicitarlo la familia Franco. “La protección de las fuentes es un derecho sagrado para la libertad de información y consagrado por la Constitución Española”, recuerda en un tuit. “Es triste tener que insistir: de nuevo, pedimos respeto al secreto profesional de elDiario.es e Ignacio Escolar”, añaden en su comunicado.