Los Franco piden investigar por prevaricación a la abogada general del Estado por el inventario de Meirás

Imagen de la biblioteca del Pazo de Meirás, con un fondo de unos 4.000 volúmenes

La familia Franco ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que cite como investigada a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en el marco de la querella que se tramita contra la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito. La familia del dictador considera a ambas responsables de delitos relacionados con el inventario de bienes realizado tras declararse que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado.

El inventario del interior del Pazo de Meirás confirma el expolio continuado de los Franco sobre el patrimonio público

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La querella, dirigida inicialmente contra Benito, pide investigar delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa en la elaboración del inventario del Pazo en noviembre de 2020.

Fuentes de los querellantes consultadas por Europa Press señalan que la petición de imputación de Castro es consecuencia del testimonio prestado el pasado mes de junio de la expresidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional Llanos Castellanos, en el que ésta apuntó que su actuación en este expediente fue siguiendo instrucciones d de la abogada general.

Según la querella de los nietos de Franco, el documento que otorgó la titularidad de la mayoría de los bienes del Pazo al Estado no fue imparcial y se realizó en perjuicio de la familia, con "unas conclusiones ajenas a la imparcialidad, fuera de cualquier comprobación razonable".

Los querellantes también piden que se cite a declarar a otros cargos de Patrimonio Nacional, que se libre oficio para solicitar determinados documentos relacionados con este expediente administrativo y que se indague si existe convenio de colaboración y de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y Patrimonio Nacional.

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