Finalmente, el 20 de abril no habrá vista previa de cara al juicio de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Según una providencia de la Audiencia Provincial de Álava con fecha de este miércoles, “se deja sin efecto el señalamiento previsto [...] en atención a la posibilidad de un cambio en la composición del tribunal”.

No se explica más en la comunicación trasladada a las partes de los motivos del posible cambio en la terna de jueces que iban a dirigir este proceso, de la sección segunda de lo penal de la Audiencia alavesa. Simplemente se indica que se pospone 'sine die' este trámite previo para un juicio que nunca ha llegado a tener fecha.

Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología.

Son dos las personas que se sentarán en el banquillo, la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. LAB y ESK, sindicatos personados como acusación, plantean condenas más elevadas. En un primer momento se barruntó la posibilidad de que los imputados llegaran a un acuerdo para admitir los hechos a cambio de una rebaja sustancial de la condena efectiva pero fuentes de su entorno lo descartan de plano. Su estrategia pasa por defender su inocencia total hasta el final.

En el verano de 2018 ESK consiguió la cuadratura del círculo y, a pesar de la dificultad de demostrar lo evidente, destapamos el fraude en las OPE de Osakidetza. Algo que era evidente para todo el personal que trabajaba en Osakidetza, la adjudicación a dedo de las plazas de especialidades médicas por parte de las jefaturas, fue destapado por este sindicato gracias a la valentía de tres profesionales de Anestesia que se atrevieron a dar el paso y poner voz a lo que todo el mundo conocía.

Fue el inicio de un camino arduo en el que, gracias a la colaboración de muchas personas, conseguimos poner encima de la mesa uno de los grandes problemas de la Sanidad pública vasca; y no lo decimos por decir, conseguimos demostrar que no nos enfrentábamos a una situación puntual, ya que se pusieron una docena de especialidades médicas bajo la lupa y fueron una veintena de personas, miembros de los tribunales conformados por las y los jefes de servicio de las diferentes especialidades, las investigadas.

Desde el inicio, en ESK fuimos muy claros, nos enfrentábamos a un sistema clientelar en la adjudicación de plazas en determinadas especialidades médicas, instaurado de manera estructural con el conocimiento y el aval de las diferentes direcciones, un sistema fuertemente arraigado en Osakidetza, normalizado y de sobra conocido por los diferentes gestores de nuestra Sanidad pública; y nuestro objetivo también era muy claro: acabar con este sistema, cumplir con la legislación en cuanto a igualdad, mérito, capacidad y transparencia y depurar responsabilidades políticas, que de las penales ya se encargaría la justicia, o eso esperábamos.

El camino no ha sido fácil; desde el inicio tanto nuestras compañeras anestesistas que dieron la cara, como ESK, nos enfrentamos a una campaña de acoso tanto desde Osakidetza como del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, arropado por la plana mayor del PNV; llegando este último, en comparecencia parlamentaria junto con María Jesús Múgica, la entonces directora general de Osakidetza, en una especie de mundo al revés, a amenazar a los denunciantes con denunciarlos, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se atrevió a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.

Pero la realidad es tozuda y la Fiscalía dio curso a la investigación de las mencionadas especialidades; este hecho, junto con la presión social y parlamentaria, forzó la dimisión de la plana mayor de Osakidetza y del propio consejero de Salud, algo inédito en los anales de la “democracia” y de la historia del PNV.

Tras un proceso investigador extremadamente dilatado en el tiempo, con sucesivas prórrogas y solicitudes de ampliación, con diversos intentos fallidos por parte de Osakidetza de personarse en la causa para intentar manipular y condicionar la investigación, con un cierre en falso recurrido por, entre otros, ESK, nos encontramos con el inicio del juicio centrado únicamente en una especialidad y dos personas. Es un final que no nos esperábamos y que demuestra que demasiadas veces la realidad jurídica está muy alejada de la realidad social.

Sin embargo, y tal como hemos comentado más arriba, desde el inicio de este proceso ESK ha mostrado que su intención era y es acabar con este sistema clientelar, depurar responsabilidades e impulsar un cambio de modelo de OPE que garantice no solo los derechos de las personas aspirantes sino también que favorezca una Osakidetza cercana a la ciudadanía, euskaldun y que se centre en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actuando sobre los determinantes sociales de salud.

Y entendemos que ahora es el momento de hacer una valoración crítica de lo conseguido y del camino que nos queda por recorrer para conseguir nuestros objetivos.

Tras la caída de la cúpula de Osakidetza, ésta se vio obligada a iniciar un proceso de cambio en el modelo OPE. Es un proceso que, desde el punto de vista de ESK, tiene más de lavado de cara que de transformación real. Hasta el momento de nuestra denuncia, eran las personas que conformaban los tribunales, léase jefes de servicio, los que elaboraban los exámenes y, por tanto, los que podían filtrarlos con total impunidad. Ahora, su elaboración, si así lo deciden las personas que los conforman, se encarga a personas o entidades ajenas. Llegando a la OPE actualmente en curso, en la que Osakidetza ha optado por un sistema de batería de preguntas previamente publicadas en su web.

Cambios para que todo siga igual, ya que no mejoran los sistemas de contratación actualmente vigentes, sistemas que condenan a la precariedad a miles de personas que ven como Osakidetza sigue abusando de la eventualidad a pesar de las sentencias europeas; cambios que no garantizan la euskaldunización de las plantillas, vulnerando el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su idioma; cambios que siguen discriminando a la población migrante por impedirles el acceso al empleo público.

La dimisión del consejero Darpón y de la cúpula de Osakidetza no ha servido para traer aires nuevos en las diferentes direcciones de nuestras OSI; siguen con sus actitudes dictatoriales, negándose al diálogo y al acuerdo con la representación de las y los trabajadores e imponiendo sus decisiones a sus plantillas.

Las jefaturas de servicio siguen funcionando como reinos de taifas, donde son las jefas y los jefes los que distribuyen prebendas a su antojo. Ellas y ellos deciden quién hace guardias o quién peonadas en función del amiguismo que muestres; al menos ahora no dan las plazas a placer.

ESK inició este camino para descubrir la cara oculta de Osakidetza y mostrar el lodazal que ocultaba el oasis vasco, y el PNV ha conseguido volver del lado oscuro sin apenas notar los daños; el escándalo que se llevó a un consejero nos ha dejado otro que formaba parte de los tribunales que adjudicaban las plazas.

Fuentes próximas a los dos únicos imputados que finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados en una fecha indeterminada en el caso de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, una opositora del examen de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal, señalan con rotundidad a este periódico que no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno por el que puedan recibir una pena rebajada a cambio de confesar irregularidades. El próximo lunes, 20 de abril, se celebrará una vista preliminar en la Audiencia de Álava donde, entre otras cuestiones previas, se tocará la posibilidad de una conformidad, una hipótesis lanzada en su momento por la Fiscalía pero que no tiene visos de cristalizar.

Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología. Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen, de cuyo tribunal era integrante, a la opositora, a la que le unía un vínculo familiar. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, los sindicatos personados piden penas más elevadas que la Fiscalía. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El doctor y la opositora, de su lado, han presentado ante el juzgado brevísimos escritos de defensa con una premisa muy clara. Al contrario de lo que ha concluido la investigación, garantizan que no se intercambiaron el material y, por consiguiente, “donde no hay delito no hay autor”. Las fuentes consultadas insisten en esa tesis e incluso aventuran que la vista previa apenas durará “cinco minutos” porque no hay nada que acordar antes del juicio, cuya fecha es desconocida. Sí se deberá de concretar si, como desea LAB, el consejero en el momento de los hechos, Jon Darpón, acude o no como testigo a la vista oral.

La mayoría sindical vasca, capitaneada por ELA y LAB, ha hecho una demostración de fuerza este martes al conseguir sacar a miles de personas a la calle en una jornada de huelga general para presionar a la patronal, y también a los Gobiernos vasco y navarro, con el objetivo conseguir un salario mínimo propio, diferenciado y más elevado que en el Estado, y por encima de los 1.500 euros. Las movilizaciones del mediodía han llenado las calles de Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona, y también ha habido convocatorias en otras localidades más pequeñas. Mientras, el seguimiento ha sido desigual en los diferentes sectores. ELA ha cifrado en 105.000 las personas en la calle. Ha sido una jornada con algunos incidentes, como los ocurridos a primera hora en Vitoria, con quemas de neumáticos y contenedores, o a mediodía en Bilbao, donde se ha producido un detenido en la Gran Vía.

“Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de este martes por la mañana en Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, pero no CCOO y UGT.

Las manifestaciones se han celebrado también en Vitoria, Donostia, Pamplona, Eibar y Tudela. Con ellas, los sindicatos convocantes han querido mostrar en la calle su fuerza en un paro que han calificado de rotundo éxito, aunque ha tenido un seguimiento desigual según los sectores, con mayor repercusión en educación y empresas industriales, con amplio seguimiento en algunas de las grandes, sobre todo en Gipuzkoa. En Osakidetza, donde la huelga vasca ha coincidido con jornada de paro de los médicos, la incidencia ha sido menor que la de este lunes, con solamente la convocatoria profesional. Los transportes, aunque con retrasos, han circulado en general por encima del 30% de servicios mínimos. En el comercio ha habido cierres al paso de los piquetes u obligados por ellos, sobre todo en el centro de Bilbao.

Partidos como EH Bildu o Podemos han instado a la población a sumarse a la huelga. El fin de la huelga es doble: por un lado, presionar a la patronal para que se fije un salario mínimo en Euskadi de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado. Por otro, presionar a las fuerzas políticas para que exijan las competencias para fijar el SMI, hoy por hoy legislación básica, y, por lo tanto, competencia exclusiva del Estado. De hecho, gran parte de las intervenciones de los líderes sindicales se han destinado a cargar contra los Gobiernos de Imanol Pradales, sobre todo, y de María Chivite.

“Los Gobiernos de Chivite y de Pradales tienen que rectificar. Es injustificable que tengan una posición contraria al salario mínimo interprofesional. Es una decisión que va en contra del propio autogobierno y lo único que hace es favorecer la continuidad de la precariedad”, ha señalado Lakuntza. De igual forma, Arroyo se ha dirigido directamente a Pradales: “Se presentó como una especie de cambio respecto a Iñigo Urkullu, pero parece que está haciendo un recambio, un cambio 'fake'. Estamos viendo como una tras otra está dando negativas a reivindicaciones populares”. Y ha citado las negativas a la ILP de las pensiones o del SMI. “Pues bien, señor Pradales, si sigue en esas, va a ir viendo como su Gobierno tiene un declive, porque aquí no valen medias tintas. O se está con las inquilinas o se está con los fondos buitres, o se está con las mujeres que luchan contra la precariedad salarial o con una patronal que se aprovecha del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres. O con Tubos Reunidos y con la gente que defiende sus puestos de trabajo o con la oligarquía de Josu Jon Imaz o de José Antonio Jainaga”, ha señalado.

Estas críticas directas han servido al PNV para otorgar a la huelga una “clara motivación política”. A través de un comunicado, los de Aitor Esteban han acusado a los sindicatos de buscar únicamente “generar ruido y mostrar una sensación de un descontento social que no se acerca a la realidad”. Además, ha advertido el PNV de que en ningún caso el derecho a la huelga “ampara actos vandálicos y violentos”, en relación sobre todo a los incidentes que se han producido en Bilbao al paso de piquetes en los que se han producido ataques a varios comercios con rotura de escaparates y en algunos piquetes en empresas a primera hora de la mañana.

“Como partido defensor de los derechos fundamentales de las personas, [el PNV] respeta el derecho a la huelga de la ciudadanía, un derecho que incluye respetar también a quien no quiera ejercitarlo y que, en ningún caso, ampara actos vandálicos y violentos”, opinan. Y recalcan que las comunidades “carecen de competencias” para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional: “Es el Gobierno español, y en concreto el Ministerio de Trabajo, quien tiene la potestad para establecer y subir anualmente el SMI”.

También el Gobierno vasco, que ha celebrado su Consejo de Gobierno con total normalidad, ha criticado los incidentes, y han abogado por defender el SMI propio a través del diálogo social. Como ocurre en todas las huelgas, el entusiasmo de los sindicatos sobre el seguimiento del paro se ha minimizado por parte de la Administración, en el caso del sector público, o de las diferentes patronales.

A falta de datos más concretos al cierre de la jornada, a mediodía, los sindicatos cifraban la huelga en Educación en más del 80% en las 'haurreskolak', más del 80% en las ikastolas, más del 60% entre el profesorado del sector público y más del 65% entre el personal de servicios. Educación, por su parte, ha cifrado el seguimiento en los colegios publicos en un 49%. En la Administración general el dato es del 16,82%, en Prisiones únicamente diez personas han hecho huelga, en Euskotren ronda el 19% y en Osakidetza un 12%, según las fuentes oficiales consultadas.

En el caso de los transportes, Metro Bilbao ha informado de que su servicio se ha desarrollado al 60% de un día normal, aunque los servicios mínimos fijaban la frecuencia de trenes en un 30%. También Bilbobus o Lurraldebus han circulado muy por encima de los servicios público. Tuvisa, en Vitoria, tenía solamente al 13% de huelga a primera hora.

En cuanto al seguimiento en la industria, el balance de los sindicatos es de una incidencia máxima en el sector industrial, sobre todo en Gipuzkoa, con muchas fábricas que han tenido que parar la producción, como KSB Itur; Inda Taldea; Elmubas; Korta; Ampo; Mendiaraz; Corrugados; Natra; Garay; Elay; Tesa; Yurrita; Arcelor Bergara; Ikankonitrek; CIE Legazpi; GKN; Indar; Hine; CAF de Irun y Beasain; Niessen; Lau lagun; Ubis; Mendiola; Ahlstrom; ITV zerbitzuak; Biele Azpeitia, Guerra Hnos Beasain; ABC Eibar; JMA; o Indaux. También la huelga ha tenido impacto en Irizar, Orona, Fagor Electronica, o Ulma Embedded.

El seguimiento de la huelga también está siendo muy amplio en importantes empresas de Bizkaia, como Cementos Lemona, Kide, Cikautxo, Nemak, Kauxot, Kutenik, Losal, Bruss, Pronutec, Teknia, Sermanfer, Winoa, Ingeteam, Alstom, Gestamp, Arisawa y Salica. En Álava lo mismo, con paro en Cie Goian, AEG, Cie Nova Recyd, Cie Gameco, SAS Autosystemtechnik, Fibertecnic, Dominion, Tauxme, Wec, Arcelor y Laminaciones Arregui, según informan los sindicatos. Además, han destacado el impacto en las empresas de Aiaraldea, por ejemplo en empresas como Maderas de Llodio, Tubos Reunidos -que está en huelga indefinida- , Tubacex, Inausa, Amurrio Ferrocarril o Envases Metalúrgicos. Otras grandes empresas, alavesas como Mercedes o Michelin han trabajado con normalidad. En Navarra, los sindicatos han destacado el paro en empresas como Funvera, Savera, Torraspapel, Lakuntza Calor, Barranquesa, Omnia, Magotteaux, Arcelor Lesaka, Portland, Aceros Moldeados, GhGuema, Mecaisa o Guerra Hnos y en otras compañías como Kybse, Icer Rail o Ingeteam, entre otras.

En el comercio el seguimiento ha sido desigual, y muchas tiendas han cerrado al paso de las columnas de manifestantes. En Bilbao, en Pull & Bear han accedido tirando la ropa de la tienda y golpeando los escaparates.

Las manifestaciones volverán a tener lugar esta tarde. Los sindicatos, que han convocado a una reunión a las patronales la próxima semana para negociar el SMI propio y advierten a los empresarios de que el seguimiento de este martes les ha dado fuerza para seguir: “No pararemos hasta conseguirlo”.

Euskadi afronta este martes una huelga general para reivindicar un salario mínimo propio, diferenciado y superior al vigente en el Estado, para equipararlo con un nivel de vida, y, por tanto, unos precios, más elevados que en otras comunidades autónomas. Los sindicatos convocantes -que llaman a parar en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra- han fijado este salario en un mínimo de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado.

ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde anunciaron esta convocatoria ya en el mes de diciembre y con ella quieren paralizar el país ante “el saqueo de la patronal”, dicen, que se niega a la negociación para subir este salario. Pero la huelga dirige también sus reivindicaciones contra los políticos que no reclaman al Estado competencias para que Euskadi legisle sobre la materia. La huelga va del huevo, pero también del fuero. Es decir, del dinero que debe estar en el bolsillo de los trabajadores, pero también de competencias para que Euskadi pueda legislar sobre ello.

En estos meses se han sumado al paro sindicatos como ESK, que ha presentado la convocatoria por su cuenta, y CNT y EHKS -el movimiento comunista vinculado a GKS- que han decidido en asamblea compartida unirse al paro, lo mismo que Ikasle Sindikatua o el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. También partidos como EH Bildu han instado a la población a sumarse a la huelga para “garantizar salarios dignos frente a la carestía de la vida”, y además, reivindicar “capacidades” para “decidir en Euskal Herria los asuntos que atañen a los trabajadores”. Podemos también se suma a la reivindicación “para atajar la gravísima pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores vascos”.

Es decir, la convocatoria de huelga tiene un importante apoyo, y cuenta en Euskadi con la mayoría sindical que otorgan los sindicatos nacionalistas, ya que UGT y CCOO no secundan el paro. El hecho de que la huelga no sea unitaria entre los sindicatos llevará a un seguimiento desigual en algunos sectores. El impacto en Navarra se prevñe mucho menor, ya que ELA y LAB no tienen mayoría en la comunidad foral.

UGT y CCOO han decidido no sumarse al paro porque creen que la vía para conseguir un SMI propio en Euskadi, acorde con el coste de la vida, algo que comparten todas las centrales, debe ser la negociación colectiva. Por eso, ambos sindicatos han participado en los llamamientos a la patronal para abordar una negociación, pero no en las iniciativas para modificar la legislación ni tampoco en la convocatoria de huelga. Por las mismas razones -que el SMI propio debe fijarse mediante la negociación colectiva- tampoco apoyan el paro desde Sumar, que lidera la cartera de Trabajo en España.

Los convocantes quieren conseguir con la huelga general lo que no han logrado ni por la vía de la negociación, ni por la judicial, ni tampoco por la presión política. La patronal vasca, Confebask, se niega a sentarse a negociar para establecer este salario mínimo, porque consideran que un SMI propio supondría un “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”. Por un lado, por las diferencias de costes salariales con otras comunidades autónomas, pero también porque supondría elevar el mínimo salarial en todos los convenios y el resto de los salarios se negociarían al alza.

Tres veces se ha negado Confebask a secundar la convocatoria de las centrales, que decidieron denunciar ante los tribunales esta negativa a la negociación. Pero del TSJPV llegó un nuevo varapalo. El tribunal reconoce que la patronal no tiene por qué sentarse a negociar algo para lo que no tiene competencias, ya que la legislación laboral que fija este salario, es básica, y por tanto exclusivamente estatal. Y ahí entra la negociación política, de momento, también fracasada. El Parlamento Vasco dio portazo a tramitar la ILP que presentaron los sindicatos avalada por 138.495 firmas con los votos de PNV, PSE-EE, PP y Vox. Solo EH Bildu Y Sumar apoyaron tramitar la ILP, en la que lo que se planteaba era precisamente que desde la Cámara Vasca se instara a las Cortes Generales a que habiliten a las comunidades autónomas a establecer sus propias políticas en esta materia.

Decaída la posibilidad del Parlamento Vasco los sindicatos, junto a centrales nacionalistas de otras comunidades autónomas, han explorado la vía de reuniones con los partidos con presencia en el Congreso para que apoyen su reclamación de modificación del Estatuto de los Trabajadores para que las comunidades autónomas puedan legislar sobre la materia. Pero, al margen de las reuniones, hoy por hoy, es una posibilidad que está muy lejana.

Las centrales han considerado que ante la cerrazón a las diferentes vías que han intentado, no se les ha dejado otro camino que la huelga general, aunque la convocaron con tres meses de antelación. Será la primera huelga general que se plantea durante el Gobierno de Imanol Pradales, y también la primera que tiene lugar desde enero de 2020, justo antes de la pandemia de la COVID-19. Después han tenido lugar paros en sectores concretos, como los funcionarios, o la Educación, pero no generalizada.

La previsión con la que cuentan las centrales convocantes es que el paro sea “multitudinario y exitoso”, después de contar con las adhesiones de 1.750 comités de empresa y comités de personal; además, se han adherido más de 100 agentes sociales, jóvenes, estudiantes, agentes ecologistas, antirracistas, feministas, pensionistas.

Entre las empresas que ya han hecho público el resultado de sus asambleas de adhesión a la huelga están algunas importantes por su tamaño como CAF, en Beasain y en Irún, Biele (Azpeitia), Indar (Beasain), Arcelor-Bergara, Fagor Electrónica (Arrasate-Modragón), Irizar (Ormaiztegi), ABB (Eibar), JMA (Arrasate) y Aralar Papelera (Amezketa). O centros escolares como Salbatore Mitxelena Ikastola (Zarautz), Arizmendi Ikastola (Arrasate), Laskorain Ikastola (Tolosa) y GKN-Legazpi. También Ayuntamientos como el de Oñati, Hernani o Tolosa. Aunque se prevé que “en las próximas horas” se produzcan más adhesiones, a medida que se vayan celebrando las asambleas. También se han convocado concentraciones en centros de Osakidetza. Otros como el comité de empresa de Bilbobus, han desmentido que apoyaran el paro, como se dijo en un primer momento por parte de los convocantes.

“Las posibilidades de conseguir un SMI propio siguen abiertas”, señalan desde ELA y LAB, por lo que subrayan la “importancia de sumarse a la huelga”. Consideran que la respuesta a su ronda con los partidos políticos en Madrid ha sido “satisfactoria”, en lo que se refiere sobre todo a la “voluntad mostrada por algunos partidos soberanistas para de llevar al Congreso una Proposición de Ley para su debate, con el fin de modificar el Estatuto de los Trabajadores”, como han pedido las centrales.

Además, el nuevo contexto de guerra en Irán se añade a las reivindicaciones sobre el salario mínimo. “También será una huelga contra la guerra y a favor de la justicia social. El encarecimiento de la vida se está agudizando a raíz de los ataques imperialistas de Estados Unidos e Israel contra Oriente Próximo, y son precisamente las medidas para combatir ese encarecimiento las que se reivindicarán con la huelga general: repartir la riqueza, mejorar salarios y decidir aquí el SMI”, señalan las centrales, que llevan desde el simbólico cincuenta aniversario del 3 de marzo de 1976 en Vitoria calentando motores. Este jueves se concentraron ante el Parlamento Vasco y la Ertzaintza tuvo que emplear tenazas para liberar a un sindicalista de LAB que se había encadenado en el cercado del Parlamentopara llamar a la huelga general .

El paro arrancará con diversos piquetes a partir de las 5.00 horas de la mañana. A las 11.00 habrá diversas columnas de manifestantes en Bilbao, Donostia, Vitoria, Eibar, Pamplona y Tudela. Por la tarde nuevas manifestaciones a las 18.00 horas en Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona. El Gobierno vasco, de su lado, operará con normalidad y ya ha anunciado que en el Consejo aprobará su plan de choque por el impacto económico de la guerra en Irán.

Transporte al 30% y centros de salud como un sábado

El Gobierno vasco ha publicado ya la orden por la que se decretan los servicios mínimos en aquellas actividades consideradas esenciales en línea con lo decretado en paros anteriores. En el sector sanitario los centros hospitalarios trabajarán, con el personal habitual de un festivo -pudiéndose dar altas médicas- los servicios de urgencia, cocina, reparto de comida, la limpieza estrictamente necesaria para el funcionamiento de estos servicios y la atención debida a personas enfermas hospitalizadas. Se mantendrán, también, los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables.

En atención primaria, habrá personal como un sábado, mientras que en los PAC y servicios de emergencia trabajará el cien por cien del personal. Los servicios de 'call center' estarán al 50% del personal que habitualmente presta estos servicios. Las empresas del sector del transporte sanitario mantendrán los servicios de urgencias, el transporte programado para los tratamientos de hemodiálisis, oncológicos y para el hospital de día, el transporte urgente interhospitalario que se produzca, siempre que sea acreditado mediante certificado médico o se precise del uso de camilla, las altas hospitalarias que precisen de la utilización de camilla. Todos estos servicios se atenderán con el con el cien por cien del personal.

En el sector educativo se garantiza una persona del equipo directivo y una persona de la plantilla de subalternos por turno para la mañana y otra para el turno de tarde, además de una profesora por cada etapa educativa (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller y Formación Profesional). En las etapas de Educación Infantil, tanto del ciclo 1, como del ciclo 2 y en la etapa de Educación Primaria, a partir de 100 alumnos matriculados en cada etapa, se añadirán un profesor en cada etapa correspondiente. Y a partir de 200 alumnos, se añadirá otro y así sucesivamente. En la Universidad, una persona de la plantilla de conserjes por cada turno para garantizar el acceso y, a efectos de realización de los exámenes planificados en el calendario académico que tengan rango de evaluación final, un profesor responsable de la realización del examen.

Los transportes, autobuses, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial, mantendrán un número de servicios equivalentes al 30% de los ordinarios programados en las franjas horarias coincidentes con la convocatoria de huelga. Dicho porcentaje ha de ser distribuido de forma tal que se prioricen aquellas líneas que carezcan de servicios de transporte alternativo o que tengan por destino centros sanitarios. Asimismo, habrán de cubrirse especialmente los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo. Los servicios que, en su caso, tengan su inicio con anterioridad a las horas de comienzo de la huelga deberán seguir realizándose hasta concluir su trayecto habitual. Igualmente, han de mantenerse los servicios de mando, coordinación, control y seguridad en los medios de transporte con una persona por cada puesto de estos servicios y en cada turno.

Se garantizará el funcionamiento del 20% de las gasolineras. La determinación se efectuará por la patronal del sector en cada territorio, oídas las respectivas organizaciones sindicales con representación en el sector. Las empresas y organismos encargados de la producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de agua, garantizarán la prestación del servicio manteniendo el personal correspondiente a un día festivo. En las empresas de telecomunicaciones, para la realización de labores de mantenimiento se mantendrá el personal de un festivo de este grupo de personal.

En los servicios de emergencias y seguridad vial de las administraciones públicas y los servicios de 112 la atención se mantendrá en su totalidad. El resto de estos servicios (atención de emergencias y meteorología, bomberos, emisoras y comunicaciones de emergencias, mantenimiento de carreteras, incluido el servicio de vialidad invernal y emergencias en pantanos, ríos y montes, Protección Civil, Centro de Gestión del Tráfico de Euskadi...) se mantendrán con el personal equivalente al de un día festivo de esta época del año. En el área de comunicaciones e informática del Departamento de Seguridad, el servicio se mantendrá con un técnico de operación y monitorización por turno.

Las residencias de mayores o con dependencia se mantendrá el 50% del personal que realiza la atención directa, salvo en el horario habitual de la comida, y de 08.00 a 10.30 de la mañana, y de 20.00 a 22.00 horas en que este porcentaje se incrementará en un 10%. Exclusivamente, en aquellas residencias donde el perfil de las personas usuarias tenga, en más de un 70%, niveles de dependencia reconocida de grado II o III, el personal gerocultor o asimilado será del 70%. En el turno de noche, se prestará servicio por el 100% del personal de atención directa y las tareas a desarrollar serán única y exclusivamente las configuradas como de “atención directa”.

El personal sanitario será del 50%, lo mismo que el de cocina, que se ocupará exclusivamente las referidas a la preparación de los alimentos. El personal de limpieza se mantendrá en un 20% limitándose a áreas que supongan un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de las personas. Los centros de día, mantendrán también el personal al 50%.

Los sindicatos y la dirección de Tubos Reunidos no han llegado a un acuerdo. La última reunión que se ha llevado a cabo este viernes en Bilbao ha ratificado el rechazo sindical a las condiciones ofrecidas por la empresa para la salida de 301 trabajadores, pese a los altibajos de los últimos días y de que la plantilla de Trápaga -mucho menos afectada por el ERE que la de Amurrio, con sólo 27 personas- votara el jueves en referéndum aceptar la oferta de la dirección. “Seguiremos defendiendo el empleo en la empresa, hoy ha ganado la dignidad y la coherencia”, han señalado los sindicatos.

La empresa ha señalado que aplicará el ERE, aunque ya sin acuerdo con la parte social, y estudiará “todos los escenarios que se abren ante esta nueva situación”. De entrada, ha advertido de que “la reestructuración de la deuda con la SEPI y con entidades financieras, así como la búsqueda de financiación quedan seriamente afectados”.

A partir de ahora se abre un escenario incierto para la empresa, que en esta última reunión ha ofrecido que se aplicara el ERE “exclusivamente de forma voluntaria”, una comisión de estudio de la continuidad de la acería de Amurrio, que se prevé cerrar, y una bolsa de trabajo para las salidas. Todo ello estaba supeditado a que se aceptara en referéndum las condiciones del ERE por las dos plantas, Amurrio y Trápaga, lo que se ha rechazado por la parte sindical.

La negociación ha abierto una brecha indiscutible entre las dos plantas, con Trápaga favorable al acuerdo, y Amurrio en contra, y también dentro de los propios sindicatos. ELA ha vuelto a dejar claro este viernes que los que eran sus delegados en Trápaga “no representan al sindicato” tras votar por aceptar las condiciones del ERE. También se ha dado un cisma en UGT. Este sindicato votó el lunes por continuar las negociaciones con la empresa, lo mismo que CCOO y los delegados de ELA en Trápaga, y sus representantes votaron en la planta vizcaína a favor de aceptar la oferta de la empresa. Sin embargo, la noche del jueves UGT en Amurrio también anunció que no aceptaría el ERE, lo que ha dado la mayoría en la mesa sindical a los contrarios a aceptar la condiciones ofertadas por la empresa.

Desde la empresa han insistido en que “la bajada de la demanda y por consiguiente la sobreproducción que existe en la actualidad es estructural, por lo que hay que redimensionar la compañía”. “De hecho, en los últimos diez ejercicios Tubos Reunidos únicamente ha dado resultados positivos en dos de ellos”, sostienen. Por eso, ha advertido de que “la empresa se ve obligada a aplicar el ERE, y a estudiar todos los escenarios que se abren ante esta nueva situación”, han señalado, abriendo la posibilidad a un proceso concursal si no consigue reestructurar la deuda.

Hay que tener en cuenta que no tener cerrado el acuerdo social dificulta mucho estas negociaciones con los acreedores. Sobre todo si el ERE se judicializa y se abre un proceso que puede ser muy largo. “Los siguientes pasos que era la reestructuración de la deuda con la SEPI y con entidades financieras, así como la búsqueda de financiación quedan seriamente afectados”, señala la compañía. Los trabajadores arrancarán además este domingo una huelga indefinida en la planta de Amurrio.

ELA ha afirmado tras la reunión que seguirá “defendiendo el empleo” en las plantas de Tubos Reunidos tras “lograr que el ERE para despedir a 301 personas no se haya aprobado” y ha advertido de que sus delegados en Trápaga, que eran favorables al acuerdo, “ya no representan” al sindicato. Han señalado, por otra parte, que el futuro de Tubos Reunidos “no pasa por los despidos, sino por un proyecto industrial que corrija la nefasta gestión de los últimos años, lastrada por el reparto indebido de beneficios”. LAB, por su parte, ha afirmado que “ha ganado la dignidad, la coherencia y la lucha de clases” frente “al chantaje, la amenaza, el miedo y el posibilismo”. “Hoy ha quedado claro que no ha habido ningún acuerdo en el ERE de Tubos Reunidos. Tanto quienes defendíamos que el periodo de consultas había finalizado el lunes sin acuerdo como quienes apostaban por una prórroga han confirmado finalmente que no existe ningún tipo de firma”, ha afirmado el sindicato.

Antes de que se cerrara la posibilidad de un acuerdo, el consejero Mikel Jauregi ya insistía en las dificultades para la viabilidad de la empresa. Aunque señalaba que siguen en conversaciones con la SEPI para reestructurar la deuda, se preguntaba “quién es el valiente que en estas circunstancias”, con un conflicto bélico en Irán, “va a entrar a rescatar a Tubos Reunidos”. Una situación a la que se une ahora una reestructuración de plantilla sin acuerdo social.

Los trabajadores de Tubos Reunidos en Amurrio han decidido iniciar una huelga indefinida a partir del domingo 15 de marzo en contra del ERE que afecta a 301 trabajadores,  274 de ellos en la planta de esta localidad alavesa, donde se va a cerrar también la acería, y 27 en la planta vizcaína de Trápaga. El inicio de la huelga indefinida ha sido decidida por el comité de empresa con el apoyo de ELA, LAB y ESK. No así por CCOO y UGT.

La decisión se ha comunicado a la asamblea informativa que se ha celebrado en la planta alavesa, pero no se ha votado. La última reunión con la dirección el pasado lunes ya puso de manifiesto las diferencias entre los sindicatos, con UGT y CCOO y ELA -en este caso sólo en Trápaga- favorables a seguir negociando con la empresa, y el voto en contra del resto.

ELA por cierto, ha señalado que para seguir representando al sindicato, “hay que defender el empleo y no avalar el ERE actual de Tubos Reunidos”, en clara alusión a sus representantes díscolos en la planta de Trápaga, donde ha convocado una asamblea con la afiliación este jueves. Aunque los delegados de ELA en la planta vizcaína se rebelan ante la dirección, y aceptan las condiciones del ERE presentado por la empresa. De hecho, en una asamblea de afiliados convocada este miércoles en la planta vizcaína, han apoyado aceptar el ERE el 95%: de los 113 afiliados de ELA que han participado en la votación, 107 han votado a favor de aceptar la última oferta empresarial y seis trabajadores han rechazado esta posibilidad.

“Tenemos a la plantilla detrás, que nos estaban pidiendo que intensificáramos las movilizaciones”, ha señalado el representante de ESK en Amurrio Gorka Abaskal. Con el no de los trabajadores de Amurrio se da portazo a la última oferta de la empresa, y avanzan que no quieren aceptar más propuesta que la retirada del ERE.

La dirección de momento no ha rebajado en ningún momento la cifra de despidos ni modificado su decisión de cerrar la acería. Lo que sí ha hecho es mejorar las condiciones de las salidas: prejubilaciones desde los 57 con un plan de rentas al 70% del salario bruto, un convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 63 años y, para las salidas voluntarias, una indemnización de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años.

En principio, el próximo viernes está prevista una nueva reunión entre los sindicatos y la empresa, aunque ELA (Amurrio), LAB y ESK consideran las negociaciones ya están finalizadas porque la dirección no acepta la retirada del ERE. Lo que quieren las centrales convocantes de la huelga general es que no se produzca ningún despido. Es decir, que la empresa retire el ERE para empezar. Después estarían dispuestos a negociar un plan social en el que sólo se contemplaran prejubilaciones salidas voluntarias, ninguna forzosa.

La decisión se huelga indefinida se acompañará de una intensificación de las movilizaciones en un intento de presionar a la empresa, pero también a las instituciones para que impidan la pérdida de empleo. Este miércolesles se han concentrado en el Parque Tecnológico de Zamudio donde se reúne la Mesa para la Defensa de la Industria, y el jueves llevarán su protesta a las calles de Vitoria.

El doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, que se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Álava como presuntos responsable y beneficiaria de la filtración de preguntas del examen de Cirugía Plástica de las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), han presentado ante el juzgado brevísimos escritos de defensa con una premisa muy clara. Al contrario de lo que ha concluido la investigación, garantizan que no se intercambiaron el material y, por consiguiente, “donde no hay delito no hay autor”.

Ambos se exponen a penas de cárcel -variables en función de las peticiones de la Fiscalía o de las otras acusaciones, los sindicatos LAB y ESK- al estimarse que hay indicios de que Salas, a quien unía con el otro acusado un vínculo familiar, obtuvo información confidencial de quien era autor de 50 de las 100 preguntas de aquella prueba. La examinanda, en esa parte, logró 48 aciertos, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

Martínez Flórez, para quien la Fiscalía y ESK piden dos años de prisión y LAB tres -además de la inhabilitación-, tiene como letrado a Rubén Múgica, que sostiene que “no hay delito cuya autoría pueda atribuirse” al facultativo, sin más consideraciones. Adjunta, eso sí, el contrato suscrito por el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), que fue quien le encomendó, por 1.250 euros, poner las 50 preguntas. El punto 15 del acuerdo recogía, expresamente, la necesidad de la “debida confidencialidad”. “No darán a conocer, en ningún caso, el contenido de los cuestionarios a terceros”, se agrega.

El escrito de defensa de Salas, suscrito por el letrado Eduardo Peche, es aún más corto. Incluso escribe mal el segundo apellido del otro imputado. Sí lanza como petición que los justiciables, en el juicio, depongan al final, es decir, después de haberse presentado las pruebas y declarado los testigos. La Fiscalía pide para ella un año de prisión -y penas accesorias de inhabilitación- porque considera que, en su caso, el delito fue un “intento”, si bien ESK lo eleva a dos y LAB a tres. ¿Por qué la rebaja a tentativa? Salas no obtuvo la plaza tras el examen: se vio invitada a renunciar al aparecer sospechas, durante el propio desarrollo de las oposiciones, de lo que podía haber ocurrido.

En esta misma investigación judicial se vio que en otros exámenes de esa misma OPE de 2018 hubo opositores próximos a los autores del examen que sacaron los mejores resultados, en ocasiones próximos a la perfección. Hubo denuncias en Anestesia, en Cardiología y en otra decena de pruebas. Sin embargo, el procedimiento se archivó en las otras especialidades investigadas y solamente se celebrará juicio para el caso de Cirugía Plástica. Particularmente la acusación ejercida por LAB insiste en que el problema estructural de las filtraciones no se va a resolver, aunque de cara a las vistas ha solicitado que declaren como testigos el consejero de entonces, Jon Darpón, que acabó dimitiendo en 2019 por este asunto, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que también acabó saliendo.

La Fiscalía estima como probable que los dos imputados busquen una conformidad, un acuerdo por el cual admitan los hechos a cambio de una rebaja de la pena con respecto a las calificaciones de las acusaciones. Por el momento, no hay fecha fijada para la celebración de las vistas. Llegarán, en todo caso, prácticamente ocho años después de celebrarse aquellas oposiciones.

Los trabajadores de Tubos Reunidos no irán, de momento, a la huelga indefinida. Pero sí endurecen sus movilizaciones como medida de presión contra los 301 despidos y el cierre de la acería de Amurrio que este lunes les presentó la dirección de la empresa. La asamblea de trabajadores ha convocado un total de 15 jornadas de paro, de las que cinco serán de 24 horas, coincidiendo con las reuniones con la empresa dentro de las negociaciones del ERE. El resto serán huelgas de cuatro horas por cada turno.

Los paros de 24 horas, además del convocado este viernes día 13 con motivo de la reunión con el Gobierno vasco, arrancarán durante el relevo de la noche anterior los días 17, 23 y 26 de febrero y 4 y 9 de marzo. En cuanto los paros de cuatro horas por turno, se llevarán a cabo los días 18, 19, 20, 25 y 27 de febrero y 2, 3, 5 y 6 de marzo. La plantilla hará grupos de trabajo para propaganda, movilizaciones, instituciones, comité de huelga y caja de lucha.

El calendario de movilizaciones se ha aprobado en una larga asamblea en la que se han añadido dos días más de paros parciales al calendario que proponía el comité. Los representantes sindicales se han reunido por la mañana para consensuar las medidas, y no ha prosperado la huelga indefinida que defendían, en un principio, ELA y ESK.

En la asamblea ha habido numerosas intervenciones de los trabajadores y debate, ya que los ánimos están caldeados entre la plantilla después de conocer el duro planteamiento del ERE que propone la empresa. Además, la dirección ha concretado mientras se desarrollaba la asamblea que de los 274 trabajadores de Amurrio afectados por los recrotes 170 corresponden a los empleados a la acería que se va a cerrar, lo que la plantilla ha identificado como un intento de dividir a los trabajadores de cara a las huelgas.

Tubos Reunidos despedirá a 301 personas en las plantas de Amurrio y Trápaga, casi un 24% de la plantilla. La dirección ha concretado este lunes a los sindicatos las cifras del ERE que aplicará dentro de un plan con el que pretende asegurar la viabilidad de la empresa, en números rojos y en situación crítica. Poco antes de arrancar la reunión con el comité, la dirección ha comunicado unas pérdidas el año pasado de 71,3 millones de euros, y una deuda que se ha incrementado hasta los 263,2 millones de euros. Y eso que son resultados “provisionales”, porque no está incluido el impacto del deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en Estados Unidos. Es decir, los números en rojos serán más y durante “largo tiempo”. La dirección ha señalado que los despidos se harán por fases para “minimizar el impacto social y con carácter progresivo, ya que se debe iniciar en paralelo un proceso de búsqueda de proveedores”.

Las salidas afectarían a 87 trabajadores eventuales y 214 personas fijas. La planta de Amurrio será la más afectada, con 274 trabajadores afectados por el ERE. Además, se ha anunciado la interrupción de la actividad de la acería de la fábrica alavesa. En Trápaga los despidos afectarán a 27 personas.

Las centrales han recibido la noticia como un mazazo, aunque el impacto en el empleo ya se preveía muy elevado. Los trabajadores están secundando de forma mayoritaria este lunes la primera de las dos jornadas de huelga convocadas en Amurrio -la segunda será el día 13- por lo que la mayoría de la plantilla ha recibido la noticia en concentrados en los alrededores de la planta alavesa, donde ha tenido lugar la reunión. La paralización de la empresa ha sido total, y por la mañana se han vivido algunos momentos de tensión con la Ertzaintza justo cuando la dirección accedía a la empresa en coches. Finalmente, los trabajadores han hecho un pasillo para desbloquear la entrada de los directivos sin que se hayan producido incidentes.

La dirección ha detallado en el encuentro con los sindicatos la difícil situación en la que se encuentra, tras cerrar el ejercicio 2025 con un resultado neto de 71,3 millones de pérdidas y un ebitda negativo de 22,8 millones de euros. Aunque la cifra de negocio fue 365,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto a 2024, “el menor precio medio que ha impactado en la rentabilidad”. Como consecuencia, durante el último año la deuda financiera neta ha aumentado de 234,3 millones de euros a 263,2 millones de euros. Estos datos son preliminares, ya que falta de incluir el importe del deterioro de los activos afectados por la caída de actividad en Estados Unidos que, previsiblemente, afectará significativamente al resultado neto“.

Tubos Reunidos ha justificado estas pérdidas por la evolución del mercado global de tubos de acero sin soldadura, fuertemente marcada por el actual contexto geopolítico y las tensiones en el comercio internacional. “Durante 2023 y 2024, el mercado estadounidense representó cerca del 50% de la facturación de la compañía. La eliminación de cuotas y exenciones en marzo, junto con el incremento de los aranceles al acero hasta el 50% en junio, provocó una caída significativa de los pedidos procedentes de este mercado”, han señalado.

Aunque la compañía reforzó su actividad comercial en mercados como Canadá, Alemania, India y Oriente Medio, “la introducción de nuevos aranceles en Canadá y la paralización o ralentización de proyectos a nivel global, derivadas de la inestabilidad geopolítica y económica, han limitado la entrada de nuevos pedidos”. En este contexto, aseguran que la empresa se ve“ obligada a presentar un plan de viabilidad”, que persigue como objetivo “adaptar la estructura productiva a la demanda prevista y mejorar la competitividad”.

Ejes del plan: diversificación, ERE, cerrar la acería y reducir la deuda

El plan de viabilidad que han presentado al comité constituido para negociar el ERE en las dos plantas afectadas se concreta en tres áreas de actuación: diversificación comercial, reducción de costes y reducción de la deuda.

La diversificación comercial se concreta con la apuesta por los mercados clave (Alemania, Italia, España y Arabia Saudí), el refuerzo de la posición de Tubos Reunidos como proveedor de productos descarbonizados como la gama de tubo cero emisiones y el desarrollo de acuerdos a medio y largo plazo con nuevos clientes.

La reducción de costes, entre la que incluye la suspensión de la actividad de la planta de Estados Unidos el año pasado, pasa por la interrupción paulatina de la actividad de la acería de Amurrio, la externalización de la elaboración de palanquilla y lingote, adaptándola al comportamiento de la demanda, y las salidas de personal vinculado al proceso productivo y a otras áreas que se ven afectadas de forma indirecta. Es decir, el ERE que afectará a 301 personas. “Estas medidas se producen como consecuencia de la falta de actividad suficiente por la caída de pedidos, lo que conlleva que el coste de producción unitario se haya disparado y haga inviable competir en el mercado con la actual estructura”, indica el plan presentado por la empresa y que se ha remitido también a la CNMV.

En cuanto a la reducción de la deuda, se considera “imprescindible” por la dirección junto a la reestructuración del balance. La deuda neta se sitúa en 263,2 millones de euros al cierre del ejercicio pasado, con vencimiento en 2028. “Todas estas medidas buscan como objetivo reforzar la competitividad de la compañía, adaptar su estructura a una demanda previsiblemente inferior en el medio plazo y asegurar la continuidad y sostenibilidad del proyecto industrial. En este sentido, el plan de viabilidad tiene como piedra angular el logro, a la mayor brevedad posible, de un acuerdo con los trabajadores que permita la continuidad del proyecto sin otras medidas de reestructuración más gravosas a las que la compañía se podría ver abocada en el caso de que no se consiga la puesta en marcha de todas las medidas del citado plan”. En tal sentido, han comunicado a los trabajadores que la compañía “deberá alcanzar un acuerdo laboral y financiero durante el tiempo legal de negociación del expediente de regulación de empleo, lo que sería esencial para la continuidad del negocio y la viabilidad futura de la sociedad de cara a evitar la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado”.

Tubos Reunidos fue rescatada por la SEPI hace cinco años tras la pandemia de COVID-19. Recibió en 2021 un total de 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), que salvaron a la compañía de la quiebra, ya que en 2020, en plena pandemia, los números rojos superaron los 101 millones de euros, el doble que en 2019. Precisamente ese préstamo, que se hizo esperar y que permitió a la empresa volver a los números positivos -en 2022 ganó 43,5 millones de euros, el mejor resultado del grupo desde el año 2008-, está ahora en el punto de mira judicial. La Audiencia Nacional investiga presuntas 'mordidas' pagadas por la empresa, de hasta 114.950 euros según el magistrado instructor, supuestamente para engrasar el rescate de la SEPI y que finalmente se concediera.

Los sindicatos de Osakidetza LAB, Satse y ESK están denunciando en las últimas horas que “decenas” de trabajadores simultanean su puesto en las ambulancias públicas y en las empresas privadas concesionarias del servicio externalizado. Alertan de que es una flagrante incompatibilidad y de que, además, en ocasiones comporta doblar turnos y que algunas jornadas se estiren hasta 36 horas, con los consiguientes riesgos para la calidad del servicio. UGT y LSB-USO también han realizado comentarios críticos al respecto.

El asunto ha adquirido actualidad con la publificación de las UVI móviles de Tolosa y Elgoibar, en Gipuzkoa. Desde el 6 de enero, Osakidetza asumió la gestión directa del servicio, con personal propio. Después de semanas de protestas en las que los sindicatos habían denunciado posibles despidos de no acometerse una subrogación, un derecho que existe cuando se cambia de una empresa a otra, se ha articulado una pasarela para que el personal de la antigua adjudicataria, Ambulancias Gipuzkoa, mantenga sus derechos laborales en el nuevo modelo público, en este caso como personal indefinido laboral.

Sin embargo, al realizar el procedimiento se han detectado casos de personas que iban a quedar subrogadas y que, en realidad, ya tenían una plaza de funcionario, de personal “estatutario”. “Como consecuencia de la reversión [o publificación], y teniendo en consideración que usted ostenta un vínculo de fijeza con Osakidetza en su condición de personal estatutario de carrera en la categoría de enfermera, no puede compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público”, expone la responsable de Recursos Humanos de Osakidetza, Josune Retegi, en una carta enviada a una extrabajadora de Ambulancias Gipuzkoa y a la que ha tenido acceso este periódico.

La sección sindical de LAB en las ambulancias públicas ha realizado un análisis de la situación y, con la premisa de “publificación sí, subrogación también, ¡fraudes y engaños no!”, asegura que la dirección de Osakidetza “lleva años mirando hacia otro lado” con este problema que ahora ha estallado. La central insiste en que un grupo de personas de Ambulancias Gipuzkoa ha estado años cobrando dos salarios y duplicando servicios con “impunidad”. Estima que lo sucedido “puede conllevar incluso consecuencias penales”.

Satse expone que la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar ha generado “un clima de desconcierto e incertidumbre”. Fuentes de esta organización indican que parte del personal subrogable “tiene una plaza anterior”, aunque “trabajaban también para Ambulancias Gipuzkoa”. “¿Meten ahora en Osakidetza a personal que ya tenía una plaza?”, se preguntan.

Según Satse, la pasarela se ha articulado con negociaciones con los sindicatos de la antigua contratista, pero sin consenso con el comité de Osakidetza. En 2025 hubo doce reuniones de la mesa sectoral, un “margen más que suficiente” para tocar el tema. Pero no se hizo. Esta central insiste en que no cuestiona “en ningún caso” ni la “profesionalidad” ni la valía de la plantilla de Ambulancias Gipuzkoa, pero pide un proceso de integración con “equidad”. Y añade que lo sucedido no puede constituir un “precedente” ahora que hay que acometer la publificación de las UVI móviles de Donostia y, en un futuro no lejano, del hospital concertado de Tolosa.

En este sentido, ESK incide en que el problema es que Osakidetza no solamente ha tolerado esa duplicidad de puestos sino que, ahora, ofrece “privilegios” a este personal para que puedan elegir un destino a su gusto, por delante de otros trabajadores de la estructura. La central, de hecho, pide la dimisión tanto de Retegi como de la directora general, Lore Bilbao. “Esto ni es ético, ni es legal ni nada”, se quejan fuentes de este sindicato, que estima que incluso “dos tercios” de la cuarentena de personas subrogables podrían estar en estas circunstancias.

Las fuentes consultadas confirman que había personal doblando turnos, “haciendo jornadas de 36 horas, y en algunos supuestos de 48 ó 72”. “Ha estado pasando esto durante muchísimos años. Yo he visto a gente llegando tarde al turno en la pública porque venían del otro lado”, expone un trabajador a este periódico.

Ahora mismo, Osakidetza mantiene privatizados los servicios programados y de atención urgente en toda la comunidad autónoma. Ambulancias Gipuzkoa gestiona ambas redes en Gipuzkoa y en Álava y la UTE Bizkanb, compuesta por Sanir (la marca sanitaria de Alsa) y Baztan-Bidasoa, controla Bizkaia. Fuentes internas indican que aquí también hay personal compatibilizando en aparente irregularidad su labor en Osakidetza con servicios en las contratas, aunque no en un porcentaje tan alto o incluso haciendo algunas sustituciones en la pública, sin tener una plaza fija.

En 2022 hubo una denuncia interna con un listado de 80 personas en esta situación, 28 conductores, 29 enfermeros y 23 médicos. Fuentes internas indican que desde entonces se ha estrechado la vigilancia con los técnicos, a los que se les requiere la vida laboral para entrar en la pública, de modo que se evitan las incompatibilidades, pero no así con facultativos y enfermeros.

Se da la circunstancia de que este asunto ya se debatió en octubre de 2024 en una reunión de la dirección de Osakidetza, entonces en manos de Susana López Altuna, con los sindicatos. Según consta en el acta, LAB aludió a la necesidad de atajar las “incompatibilidades” y avisó también de que “en muchos casos” no se garantizaba “el descanso adecuado” en un servicio esencial. “Para este sindicato, se pone en peligro también a los pacientes”, dijo, textualmente, el representante de LAB.

Poco después, el portavoz de UGT pidió una respuesta “inmediata” al problema. “Es algo que ya conoce la dirección y hace caso omiso”, refleja igualmente el acta. Asimismo, el sindicato LSB-USO, sin representación en Osakidetza pero con peso en las contratas, insiste en que en Osakidetza “eran conocedores desde hace años” de la situación y que “lo han permitido”. Estima que solamente se debería poder mantener la doble plaza si las funciones son de diferentes categorías.

“Lo que se ha hecho precisamente en Elgoibar y Tolosa es resolver una situación anómala y, por primera vez, dar un servicio homogéneo”, indican fuentes de Osakidetza. Añaden que ha habido personal que había pedido mantener la segunda plaza laboral con una excedencia “y ya se les dijo que no cabe”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) trabaja en una “fórmula” para facilitar una pasarela para los trabajadores del actual servicio privatizado de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa, en Gipuzkoa, y que será publificado a partir del 7 de enero, el primer día laborable tras las vacaciones navideñas, según exponen fuentes del Departamento de Salud. Los sindicatos de la actual empresa concesionaria, Ambulancias Gipuzkoa, llevan semanas denunciando que se van a producir despidos -entre una treintena y una cuarentena, como adelantó este periódico hace dos semanas- y, en un comunicado conjunto, ELA, LSB-USO, LAB, UGT, ESK y CCOO han anunciado nuevas movilizaciones hasta las “23.59 horas” del 6 de enero, si es preciso, y las hacen extensivas “a todo el sector del transporte sanitario en Euskadi”. Recalcan que ellos defienden reforzar la Sanidad pública pero siempre preservando los derechos laborales, por lo que reclaman una “subrogación” de todo el personal como ocurriría si se cambiara de empresa adjudicataria.

Actualmente, hay tres niveles de ambulancias en Osakidetza. Las medicalizadas (UVI móvil) son de gestión públicas en toda la red salvo en tres puntos de Gipuzkoa, Tolosa, Elgoibar y una base de Donostia que es semipública. La cooperativa Ambulancias Gipuzkoa es la concesionaria en estas localidades con la gestión privatizada y, además, la que proporciona los vehículos en el resto de la comunidad autónoma. Después, está el servicio urgente (los vehículos amarillos) y el programado (azules y blancos), totalmente externalizado. Tras la abrupta salida de la catalana Grup La Pau a finales de 2024, se arbitró una solución temporal con la UTE Bizkanb (de la rama sanitaria de Alsa, Sanir, y Baztan-Bidasoa) cubriendo ambas funciones en Bizkaia y Ambulancias Gipuzkoa ocupándose de ese territorio y de Álava. Después de Navidad se licitará la renovación de todos estos lotes, el contrato más alto de Salud.

El conflicto en Ambulancias Gipuzkoa se ha recrudecido este martes con una rueda de prensa de ELA insistiendo en la “subrogación”, aunque la pasada semana también se produjeron reuniones a tres bandas, plantilla, Osakidetza y empresa. La central sostiene que esa pasarela es una exigencia del convenio del sector y que hay “precedentes claros” de publificaciones en que se ha hecho. Han mencionado a Onkologikoa, de la antigua Kutxa y ahora integrado en la red de Osakidetza, y también han apuntado a las demandas de la plantilla de la clínica concertada de Tolosa, La Asunción, que será sustituida a medio plazo por un centro público de nueva construcción. “Cuando hay voluntad política, las garantías laborales se respetan. Lo que está ocurriendo en las ambulancias de Gipuzkoa no es inevitable, y la responsabilidad de esta situación está exclusivamente en manos del Departamento de Salud y de Osakidetza”, han recalcado desde la central.

Después, ha llegado una nota de ELA y de otras cinco centrales, que representan a una abrumadora mayoría de las plantillas de todas las empresas de ambulancias de Osakidetza. En ella, aluden a una situación “crítica” e “insostenible” del sector, y no solamente por los cambios en Tolosa y Elgoibar. Añaden que a esos “despidos encubiertos”, se suman otros en Bizkanb, a la que acusan igualmente de “incumplimientos” laborales. De Ambulancias Gipuzkoa reseñan una supuesta “persecución sindical”, asimismo.

ELA, LSB-USO, LAB, UGT, ESK y CCOO señalan que el problema radica en un modelo de gestión externalizado de servicios públicos, que “tolera incumplimientos empresariales” y “vacía de contenido” los convenios y los derechos laborales. Las seis organizaciones anuncian concentraciones en Tolosa y Elgoibar pero también otras protestas en el resto de Osakidetza. Incluso no descartan “ningún escenario” si a partir del 7 de enero se mantienen los problemas que han detectado. “Si no hay soluciones, habrá conflicto”, insisten en un tono que recuerda al de 2024, cuando se encadenaron largas huelgas antes de la firma del actual convenio y de la salida de Grup La Pau, que acumuló siete decenas de sanciones de la Inspección de Trabajo.

En paralelo, desde la oposición EH Bildu había pedido ya explicaciones al consejero Alberto Martínez por el devenir de este conflicto, que ha estallado con un responsable de Emergencias recién nombrado, Eleder Ríos. La portavoz sanitaria, Rebeka Ubera, había demandado una comparecencia urgente dados los plazos exiguos. No obstante, el Parlamento Vasco cogió vacaciones navideñas el 23 de diciembre con la aprobación de los presupuestos y todo enero es inhábil, de modo que no hay previsión de actividad hasta febrero, salvo reuniones de la Mesa y de ponencias.

Los trabajadores de Ambulancias Gipuzkoa que presentan sus servicios en Tolosa y Elgoibar han recibido ya las cartas de despido. Un “irónico regalo de reyes”, dicen, porque su trabajo en la empresa finaliza justo el 6 de enero. Al día siguiente, el 7, el servicio hasta ahora privatizado se publifica, es decir, pasa a depender directamente de Osakidetza, sin que, de momento, se haya llegado a un acuerdo que permita la subrogación del personal, alrededor de 36 personas entre facultativos, personal de enfermería y técnicos en transporte sanitario.

Los sindicatos con representación en la empresa, ELA, ESK y LSB-USO, se reunirán el próximo lunes 29 de diciembre para analizar los pasos a dar entre los que “no se descarta ningún escenario”, en un intento de que se subrogue a la plantilla que ha venido prestando el servicio hasta ahora, algo para lo que aseguran que les ampara la Ley. Sin embargo, Osakidetza ha sacado el pasado día 23 de diciembre todas estas plazas a movilidad interna. Justo un día después de la concentración que llevaron a cabo los trabajadores el pasado lunes y de que se llevara a cabo una reunión entre la empresa y la dirección de Emergencias de Osakidetza.

En una comunicación firmada por el director gerente de Emergencias, Eleder Ríos, se señala que “con ocasión de la próxima puesta en marcha de los Equipos de Emergencias de Elgoibar/C. Coordinador de Gipuzkoa y Tolosa/C. Coordinador de Gipuzkoa, se ofrece a las personas interesadas la posibilidad de solicitar la movilidad temporal o definitiva a dichos equipos”. Para ello se establece un plazo desde el del 24 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, y se señala que las solicitudes recibidas se incorporarán a los listados de movilidad interna en Emergencias.

Los trabajadores que hasta ahora se han hecho cargo del servicio a través de Ambulancias Gipuzkoa han recibido por parte de la empresa la comunicación de que finaliza su relación laboral. En concreto, se detalla que la empresa ha recibido la “notificación oficial por parte de la Delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa (Departamento de Salud del Gobierno Vasco), mediante la cual se nos informa de la finalización definitiva del contrato de Servicios de transporte sanitario en ambulancia asistencial de soporte vital avanzado en el área de salud de Gipuzkoa (Exp. Nº 267/2020-PS), al cual se encuentra, a fecha de la presente, usted adscrito” . “Según dicha resolución, el servicio finalizará el próximo 6 de enero de 2026, coincidiendo con el vencimiento de la última prórroga posible. En esa fecha se hará efectiva la baja en la cooperativa. A partir de entonces, el servicio será asumido directamente por la propia Administración Pública, al no constarle a esta parte que se haya producido licitación alguna”. Una notificación que da por finalizada la relación laboral con fecha del 6 de enero con estos trabajadores, algunos de los cuales llevan trabajando hasta 28 años en esta empresa y en este servicio, como recuerda uno de los trabajadores, Manuel Sánchez. “En mi caso son 19 años atendiendo y acudiendo a atentados terroristas, accidentes de tráfico , accidentes laborales, inundaciones, infartos, ictus, partos...Eso sin contar la COVID. Ahora nuestras plazas las están ofertado ya a través de Osakidetza, sin ningún tipo de notificación a nosotros. Ese es agradecimiento que tenemos después de servir a la ciudadanía durante tantos años”, lamenta.

Los sindicatos, que siempre han abogado por la publificación de este servicio, critican que se esté haciendo a costa de los trabajadores que hasta ahora lo llevaban a cabo, algo que consideran que es “inadmisible”. Las centrales insisten en que la “plantilla tiene derecho a subrogarse y la administración tiene obligación de ello. Así lo dice la ley de contratación pública y el convenio colectivo sectorial”. “Pero está claro que no tienen intención de subrogar, por eso los despiden ante de que se produzca la publificación”, indican. “Vamos a seguir luchando y movilizándonos”, dicen.

Desde Osakidetza no se quiere valorar las posibilidades de subrogación y se señala únicamente que “el expediente finaliza en 2026 y es la empresa quien llevaba esa gestión” y que “cuando acabe el contrato será Osakidetza quien se haga cargo” del servicio.

En Osakidetza las ambulancias no urgentes o programadas (de color blanco y azul) y las urgentes (amarillas) están externalizadas. Tras la reordenación por la salida de Grup La Pau a finales de 2024, Ambulancias Gipuzkoa tiene las adjudicaciones en Gipuzkoa y en Álava y la UTE Bizkanb (de Alsa-Sanir con Baztan-Bidasoa) las de Bizkaia. Son públicas, en cambio, las UVI móvil, el servicio medicalizado, pero con las excepciones de Tolosa y Elgoibar, que pasarán a ser públicas el día 7 de enero y el caso particular mixto de Donostia, en la que el vehículo y parte del personal es de la contrata, aunque no el facultativo.

La publificación de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar, las últimas privadas de la red de Osakidetza con la excepción de la semipública de Donostia, ha abierto una brecha entre los sindicatos y la contratista que perderá el servicio, Ambulancias Gipuzkoa. Las centrales ELA, ESK y LSB-USO están alertando de que la actual plantilla -una treintena de personas entre médicos, enfermeros y técnicos-conductores- va a ser despedida cuando tendría derecho a la subrogación.

En el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) las ambulancias no urgentes o programadas (de color blanco y azul) y las urgentes (amarillas) están externalizadas. Tras la reordenación por la abrupta salida de Grup La Pau a finales de 2024, Ambulancias Gipuzkoa tiene las adjudicaciones en Gipuzkoa y en Álava y la UTE Bizkanb (de Alsa-Sanir con Baztan-Bidasoa) las de Bizkaia.

Son públicas, en cambio, las UVI móvil, el servicio medicalizado, pero con las excepciones de Tolosa y Elgoibar y el caso particular mixto de Donostia, en la que el vehículo y parte del personal es de la contrata, aunque no el facultativo. El actual equipo al frente de Salud lleva meses anunciando la publificación de estas ambulancias y la fecha para proceder al cambio se ha fijado en el 7 de enero de 2026, justo después del período vacacional.

Y los sindicatos ironizan que el regalo de los Reyes Magos será el despido del personal, ya que temen que no será subrogado al nuevo servicio como ocurre cuando se modifica una contrata entre empresas. Según ELA, Ambulancias Gipuzkoa emplea “subterfugios” para “evitar reconocer” que el destino de la plantilla es el despido. “Es la opción más probable a menos de tres semanas del fin del contrato”, apuntan. La central ve una “grave irresponsabilidad” esta posibilidad y remarca que no es admisible una “reversión del servicio” que sea “a costa de los puestos de trabajo”.

En la misma línea, ESK apunta a que está en el alero “la totalidad de la plantilla de las bases de Elgoibar y Tolosa”. Lo encaja como una “grave vulneración de derechos laborales” y aboga, igualmente, por la subrogación “de todo el personal”. “Seguiremos defendiendo una publificación real, responsable y con garantías”, reclaman. LSB-USO defiende igualmente el “derecho de subrogación” de ese personal y se muestra segura de que “esto va a derivar en un montón de reclamaciones”.

Se ha previsto una reunión con el nuevo responsable de Emergencias de Osakidetza, Eleder Ríos, para el 22 de diciembre y los sindicatos están preparando una concentración en el hospital Donostia, el lugar del encuentro. No se descarta una convocatoria de huelga, según fuentes sindicales, en función de cómo avancen los acontecimientos. Desde el Gobierno indican que “el expediente finaliza en 2026 y es la empresa quien llevaba esa gestión” y que “cuando acabe el contrato será Osakidetza quien se haga cargo” del servicio.

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han anunciado la convocatoria de una huelga general en Euskadi para exigir un SMI propio de al menos 1.500 euros. Este anuncio ha sido realizado en el marco de una rueda de prensa ofrecida por estas centrales sindicales en Bilbao, en la que han señalado que esta iniciativa se desarrollará bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.

En la comparecencia, los sindicatos han denunciado la “agresión antidemocrática” recibida por parte de las instituciones políticas de Euskadi, “que ni siquiera han admitido a trámite el debate de un SMI propio”, que se había planteado a través de una iniciativa legislativa popular, según recoge Europa Press.

Asimismo, han criticado que Confebask se hayan negado a negociar un SMI propio por medio de la negociación colectiva intersectorial. Por ello, ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han acordado dar una respuesta “contundente” al Gobiernos vasco, así como a la patronal Confebask, convocando una huelga general para el 17 de marzo.

Trabajadores del transporte sanitario vasco, de ambulancias y emergencias, han reivindicado ante el Parlamento Vasco este martes que este servicio sea cien por cien público. Convocados por ESK, han exigido la publificación de las contratas porque “un transporte sanitario cien por cien público es una necesidad y una garantía para todos”. Actualmente, Ambulancias Gipuzkoa gestiona el servicio en Gipuzkoa y Álava y Bizkanb en Bizkaia.

La concentración ha tenido lugar coincidiendo con la celebración del pleno en el que se han debatido las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Euskadi para 2026, tumbadas por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. “El debate presupuestario es un momento decisivo” para exigir la publificación de todo el transporte sanitario vasco, han señalado desde el sindicato. “Es imprescindible que el Gobierno vasco dé un paso al frente y asuma con altura de miras la transformación del modelo actual, apostando por un sistema público, de calidad y orientado al beneficio de las trabajadoras y trabajadores y, de manera especial, al servicio del conjunto de la ciudadanía vasca”, han señalado desde ESK.

Consideran que en necesario exigir “un cambio real en el modelo del transporte sanitario, garantizando estabilidad, condiciones dignas y un servicio público eficiente y universal” porque “un transporte sanitario cien por cien público es una necesidad y una garantía para todos”. Este sindicato considera que los recientes problemas con las ambulancias privadas, con compañías como Grup La Pau, hacen aún más necesario un replanteamiento y hacer público este servicio. A diferencia de en Navarra, por el momento Osakidetza solamente contempla publificar algunos servicios de UVI móvil de Gipuzkoa que en Álava y en Bizkaia ya se gestionan con medios propios.

Los sindicatos LAB y ESK han confirmado en una rueda de prensa que la Inspección de Trabajo ha emitido una sanción “muy grave” al Ayuntamiento de Vitoria por “vulnerar el derecho a la huelga de los jardineros” de la subcontrata Enviser al contratar un tractor para adecentar las campas de Olárizu en vísperas de la romería de septiembre, como adelantó este periódico. Aunque se presentará un recurso, puede acarrear una sanción económica de entre 7.501 y 225.018 euros, según la normativa aplicable.

“Este gravísimo hecho no hace más que evidenciar la incapacidad política y la irresponsabilidad con la que actuó el Departamento de Espacio Público, dirigido por la concejala Beatriz Artolazabal, durante todo el tiempo que duró el conflicto. En vez de buscar alternativas y formulas de entendimiento, se posicionó del lado de la empresa con la única pretensión de doblegar la voluntad de la plantilla y buscar su rendición”, han reprobado los sindicatos, según recoge Europa Press.

El comité de empresa de Enviser ha solicitado una disculpa de Artolazabal ante esta resolución, pero, cuestionada por los medios de comunicación, la edil ha rechazado rectificar. La representante del PNV ha recordado que ella también está esperando unas disculpas por los “ataques” que recibió por parte de los huelguistas cerca de su domicilio y en las fiestas de San Juan.

El Gobierno de Imanol Pradales ha aprobado este martes un informe desfavorable a la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por los sindicatos ELA, LAB y otros como ESK o Steilas para mejorar el salario mínimo interprofesional (SMI) en Euskadi. Esta emisión de criterio adelanta que el Parlamento Vasco, donde PNV y socialistas tienen mayoría absoluta, no admitirá siquiera a trámite esta propuesta salvo sorpresa mayúscula, como sucedió hace solamente un mes con la de mejora de las pensiones, que llegó con 145.143 firmas.

Los proponentes informaron de que la ILP venía respaldada por 138.495 firmas (el 6% de la población y cerca de los apoyos de la tercera fuerza política en las últimas autonómicas, el PSE-EE), pero el Gobierno, por el contrario, asegura que supera por muy poco el mínimo requerido de 10.000. En concreto, apunta a 10.218 citando informes del Instituto Nacional de Estadística y de la Mesa del Parlamento Vasco. De hecho, añade que se presentaron apenas 278 más, que han sido rechazadas por defectos de forma. Las fuentes consultadas indican que, aparentemente, se deja de contar al alcanzar el umbral de 10.000 aunque los signatarios sean mucho más.

La fijación del SMI es una competencia del Estado. Ahora mismo está en 1.183,7 euros en catorce pagas y ha ido escalando de modo importante en los últimos años, con Pedro Sánchez en La Moncloa. En 2018 era de 735,9 euros mensuales. Sin embargo, los sindicatos sostienen que el nivel de vida aquí es más alto y que se precisa un marco propio y superior. Han registrado una iniciativa gemela en Navarra. La iniciativa legislativa busca que el Parlamento Vasco inste a las Cortes Generales a cambiar la normativa estatal y a introducir que “las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha sido el encargado de presentar el dictamen del Ejecutivo. Ha dado “tres grupos de razones” para que la iniciativa sea rechazada. Las primeras son de tipo “jurídico-constitucionales” porque es una materia “de competencia exclusiva del Estado” y que, en todo caso, debería tramitarse como ley orgánica, que exige en las Cortes Generales una tramitación reforzada, o como “ley marco”. En segundo lugar, se apela a la “prudencia” sobre la “oportunidad” de abrir este debate de la territorialización del SMI. En tercer lugar, se alude a la necesidad de la “concertación social y política”, a que se busquen vías “más posibles” y “efectivas” como lo es la “negociación colectiva”. Torres ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para que intenten dialogar y llegar a acuerdos.

Hasta 1.385 euros

La conversación sobre la necesidad de un SMI vasco propio y más alto no es nueva. En 2022, el Gobierno de Iñigo Urkullu accedió a analizar la cuestión en un acuerdo presupuestario con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que apoya decidamente a los sindicatos en esta iniciativa. En la actual legislatura, el vicelehendakari Torres ya ha presentado un estudio sobre la estructura económica propia y ha apuntado que “el rango estimado para el salario mínimo de convenio en Euskadi oscilaría entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, lo que supone un incremento de entre el 7 y el 17% respecto al SMI estatal”. “Esta horquilla guarda coherencia con el mayor coste de vida en Euskadi, estimado entre un 7 y un 11% superior al conjunto del Estado”, se argumentó en julio, cuando se presentó el estudio. Eso sí, ese documento alertaba de que la “regionalización” del SMI en España puede acarrear “posibles efectos negativos”, como el “desplazamiento de trabajadores” entre territorios o “competencencia desleal”.

El Gobierno apuesta por la negociación colectiva como fórmula para ofrecer más cobertura a los trabajadores. Pero la patronal, representada por Confebask, se ha negado. Incluso el Ejecutivo le ha afeado que ni siquiera se quiera sentar a negociar. Los sindicatos promotores de la ILP, de hecho, han solicitado un acto de conciliación que se celebrará este miércoles en el Consejo de Relaciones Laborales como paso previo a una posible judicialización del asunto. Argumentan que las últimas reformas laborales en España hacen prevalecer los convenios autonómicos, de modo que entienden que Confebask, al menos, deberían sentarse a analizar la cuestión. Torres ha insistido en apelar al “diálogo” y en rechazar que la pugna acabe en los tribunales.

A nivel político, los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, encaran con matices el debate. Los socialistas dirigen el área de Economía, Trabajo y Empleo e insisten en que la competencia es estatal y en que de lo que se trata es de fijar marcos “de convenio” y no romper el SMI unificado. Los nacionalistas, de su lado, han emitido un comunicado en el que reclaman más autogobierno para las instituciones vascas. El partido que dirige Aitor Esteban desea “disponer de un SMI vasco” y, con ello, “mejorar la actual cuantía”. Avisa también de que la ILP implica una “delegación” de competencias y no crear un “marco propio de relaciones laborales”. Insiste en que no se puede dejar la materia “al albur” de las mayorías políticas en España y deslizan que ahora mismo ni siquiera el Gobierno de España apoyaría algo así, señalando a Sumar, la formación que controla las políticas de Trabajo.

La empresa Ambulancias Gipuzkoa, que presta el servicio externalizado de Osakidetza en Álava desde hace un año bajo la marca Araba Anbulantziak, ha recibido un requerimiento de la Inspección de Trabajo para que convierta en trabajadores indefinidos de su plantilla a una quincena de empleados que tenían contratos de formación de dos años. Los sindicatos ESK y ELA, que tienen mayoría en el comité de empresa, habían denunciado que la cooperativa actuaba en fraude de ley porque su intención no era formar nuevos profesionales sino usar esa herramienta, que ofrece ventajas económicas en las cuotas de la Seguridad Social, para ahorrar costes.

La resolución de la Inspección de Trabajo, a la que ha tenido acceso este periódico, data de finales de agosto y, según fuentes sindicales, todas las personas afectadas han quedado ya regularizadas. Ambulancias Gipuzkoa gestiona los contratos de transporte sanitario programado y urgente en Álava desde el otoño de 2024, tras la abrupta salida de la catalana Grup La Pau fruto de deudas, decenas de informes negativos de la Inspección de Trabajo y otras irregularidades. Antes ya realizaba esa misma labor en Gipuzkoa. En el caso de Bizkaia, donde también operaba Grup La Pau, el relevo lo tomó una nueva marca llamada Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y Baztan-Bidasoa.

En Álava, Ambulancias Gipuzkoa dispone de unos 220 operarios para 16 ambulancias (en la parte urgente) y otros vehículos para los desplazamientos no asistenciales. Se apunta a un “elevado absentismo estructural” que ha obligado a la empresa a disponer de fórmulas para cubrir las bajas, tales como una bolsa de eventuales, personal indefinido pero “correturnos” -que van tapando agujeros, sin plaza fija, y son un 22% del total- y, finalmente, los “contratos formativos”. Sin embargo, en este caso se requiere un servicio tutorizado “siempre acompañado de otro profesional con contrato ordinario” y del seguimiento de un plan de formación.

La Inspección de Trabajo ha constatado que el tutor de estos trabajadores no tenía contacto directo con ellos -de hecho se apunta que a algunos ni siquiera los conocía- y que no hay registro de las prometidas 50 horas de formación teórica y 840 de práctica. Inicialmente, se propuso que pasaran a ser fijos “discontinuos” pero, finalmente, se requirió que se convirtieran en “indefinidos ordinarios”, como así ha ocurrido.

“En menos de un año de contrato ya se han levantado varias actas de Inspección de Trabajo haciendo requerimientos a la mercantil, siendo la más grave está. Desde ESK y ELA lamentamos la falta de diálogo por parte de la empresa con la representación de las personas trabajadoras y su imposición de normas internas, pese a incumplirse el convenio colectivo. Lamentamos también la falta de control, una vez más, del Gobierno vasco hacia las subcontratas. Como podemos ver, recortan y ningunean los derechos laborales más básicos”, indican los sindicatos.

Ambulancias Gipuzkoa alega que “no fue posible” establecer un plan de formación para este grupo en 2025 “ya que los primeros meses del servicio han estado centrados en organizar y garantizar la prestación del servicio”, que es “esencial” para la ciudadanía, tras la repentina marcha de Grup La Pau. Añaden que “actualmente se está trabajando en la planificación de acciones formativas para el tercer cuatrimestre de 2025”. Los contratos, en todo caso, han pasado ya a ser fijos de plantilla. En pocos meses deberá renovarse el servicio de ambulancias externalizadas en Euskadi ya que se dio un plazo de catorce meses a las adjudicaciones de urgencia para cubrir la marcha de Grup La Pau.

Un 83% de los trabajadores de la empresa Enviser, la contrata de jardinería del Ayuntamiento de Vitoria, han secundado el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y la empresa para mejorar la condiciones laborales. Este visto bueno pone fin a una huelga de 197 días, es decir, casi siete meses sin mantenimiento o riego en las zonas verdes de la que una vez fue 'green capital' de Europa. El resultado ha sido de 46 'síes', ocho 'noes' y una abstención.

El pacto, según indica el sindicato ESK, comporta una subida “inmediata” de 200 euros y un “incremento total de 5.000 euros lineales al año durante la vigencia” del acuerdo, es decir, hasta 2028. La jornada laboral se reduce a 1.592 horas, las mismas que el personal municipal, frente a las 1.700 actuales. “La lucha ha merecido la pena”, estima la central ESK.

“Desde ESK valoramos este acuerdo como una victoria rotunda. La plantilla ha demostrado que con organización y movilización se consiguen resultados. Esta plantilla ha logrado salir del pozo de la precariedad más absoluta, provocada por las políticas de privatización y subcontratación salvaje de servicios públicos impulsadas por el Ayuntamiento que dirigen PNV y PSE[-EE]. El convenio estatal anterior (2021-2024) había acumulado una pérdida de poder adquisitivo cercana al 13%. Hoy, la plantilla recupera ese poder adquisitivo y mejora sustancialmente sus condiciones laborales. Felicitamos a toda la plantilla por este logro histórico. Sin su implicación constante y su valentía durante la movilización, nada de esto habría sido posible”, indica la central, que critica la “represión” de la edil responsable, Beatriz Artolazabal, del PNV.

Agregan que “no era un conflicto entre empresa y trabajadores” sino del modelo de “políticas públicas del Ayuntamiento, que enriquecen a una minoría multimillonaria a costa de la precariedad laboral”. “Esta lucha deja claro el agotamiento de lo que llaman 'colaboración público-privada'. No es otra cosa que desviar dinero público a manos privadas que se encargan de disciplinar a la clase trabajadora. Continuaremos en la batalla contra este modelo”, indican. Por otro lado, critican que ELA rompiera en verano la unidad de acción y negociara por su cuenta. En el comité, ELA tiene tres delegados de cinco, por uno de LAB y ESK.

En otra nota, LAB considera que “el gran titular de esta hazaña es que la plantilla de Enviser ha logrado traer a Euskal Herria la negociación colectiva”. Lo hace “por encima de la precariedad que supone estar bajo el yugo de un convenio estatal”. “Tras más de seis meses de intensísima e inconmensurable pelea, hemos logrado alcanzar un valioso acuerdo que contiene las reivindicaciones de la plantilla y pone fin a la huelga indefinida. [...] Hemos logrado unas subidas salariales lineales de 5.000 euros para la vigencia del convenio, lo que supone un incremento de alrededor de un 25%, una reducción de 108 horas en la jornada anual, el acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, mejoras en licencia y permisos y aumento del tiempo de bocadillo”, explican.

“Con este acuerdo se pone fin a una huelga que tenía como objetivo mejorar las condiciones laborales que hasta ahora se regían por el convenio estatal de jardinería, con unas condiciones precarias”, ha añadido ELA en otro comunicado muy breve. Para ratificar el acuerdo se han celebrado dos asambleas, una de ELA y otra conjunta de ESK y LAB.