Con motivo del 8M la radio televisión española programó una serie de películas de índole feminista. Una de ellas era “On the basis of sex”, película norteamericana de 2018 que en español se tradujo como “Una cuestión de género”, basada en hechos reales. Concretamente relata la batalla judicial de la abogada, y después jueza del Tribunal Supremo estadounidense, Ruth Bader Ginsburg contra la Administración Tributaria de EEUU por una causa de discriminación por razón de género, esta vez, de un hombre.

Los hechos se remontan a 1970, cuando el Tribunal Fiscal deniega a Charles Moritz una deducción en su impuesto sobre la renta, como cuidador de su madre, porque dicho beneficio fiscal solo estaba previsto en la ley en caso de ser mujer. El Código tributario presumía tácitamente que el cuidado de padres y madres recaía en las hijas, nunca en los hijos, y por este peregrino motivo denegaba la deducción al hijo Moritz.

La abogada Ruth B. Ginsburg pretendía desmontar con este pleito la descomunal estructura de discriminación legal basada en el sexo, que perjudicaba a la mujer de manera general, y a este hombre en particular. Su objetivo era que se reconociera que dicha discriminación vulneraba el Principio de Igualdad, lo que supondría un precedente extraordinario para que las mujeres pudieran usarlo en su favor. Partía de la triste premisa de que las leyes discriminatorias eran constitucionales.

El argumento de la fiscalía se basaba en la tradición conforme al orden natural de las cosas. Se amparaba en la tradición jurisprudencial de más de cien años, en la que reiteradamente se venía confirmando las diferencias entre sexos, acusando a la abogada de querer producir un cambio social radical.

Al hilo de este cambio social radical, temido por la parte más conservadora del país, la letrada Ginsburg basa su alegato en los múltiples cambios ya producidos, poniendo de manifiesto que los jueces (en ese caso eran todos hombres) “se empeñan en conservar la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe”.

El 22 de noviembre de 1972 la Corte de Apelaciones falla a favor del Sr. Moritz declarando inconstitucional la discriminación por razón de sexo.

¿Nos podemos permitir vivir en el pasado? ¿puede la justicia existir al margen de la realidad? ¿cómo se sostiene una profesión que permite que la mitad de sus colegiadas estén invisibilizadas? ¿por qué nos obligan a tener que luchar para que nuestros derechos sean una realidad? Si Ruth B. Ginsburg levantara la cabeza…

Toda esta batalla judicial me llevó triste e inevitablemente a la que mantenemos las abogadas que luchamos por nuestro derecho a ser nombradas. Las que desde hace diez años, los cuatro últimos ante los Juzgados, pedimos que el colegio profesional donde desarrollamos nuestro oficio se denomine Colegio de la Abogacía de Sevilla, en vez de Colegio de Abogados.

A medida que avanzaba la película me sentía peor, un regusto amargo lo impregnaba todo. Estamos en el siglo XXI, los hechos relatados se desarrollaron entre 1968 y 1972, y nosotras en 2026 estamos luchando por que el principio de igualdad y no discriminación no sea pisoteado. Dos juezas en sucesivas sentencias han obviado la legislación vigente en materia de igualdad para poner por encima la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe.

La lucha judicial no ha dicho su última palabra pero no puedo evitar recordar que el antiguo decano animó a sus cercanos a que votaran para que el colegio se siguiera llamando como en 1.706, imponiendo la tradición para mantener el orden natural de las cosas.

Qué pena me da sentir que estoy haciendo un viaje en el tiempo, que vengo del pasado para seguir luchando por un derecho reconocido pero que el poder judicial se resiste a aplicar, dictando resoluciones para un mundo que ya no existe. Una lucha anacrónica que nos debería hacer reflexionar, por justicia y por vergüenza, y hacernos las siguientes preguntas: ¿nos podemos permitir vivir en el pasado? ¿puede la justicia existir al margen de la realidad? ¿cómo se sostiene una profesión que permite que la mitad de sus colegiadas estén invisibilizadas? ¿por qué nos obligan a tener que luchar para que nuestros derechos sean una realidad? Si Ruth B. Ginsburg levantara la cabeza…

Para terminar cojo prestadas las palabras de mi colega en la película “Señores jueces no les pedimos que cambien el país, eso ya ocurrió sin su permiso, les pedimos que protejan el derecho del país a cambiar”. Así sea.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de las 18 abogadas que demandaron al Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por mantener el genérico masculino en vez de utilizar un término inclusivo y cambiar su título al de Colegio de la Abogacía de Sevilla. La sentencia alude a que no existe una “norma imperativa” en la legislación española que obligue a adoptar esta adecuación lingüística en virtud de la igualdad de género y echa mano de las recomendaciones gramaticales de la Real Academia de la Lengua (RAE) para justificar su decisión.

Ante las consideraciones expuestas, el TSJA rechaza de forma “íntegra” el recurso de apelación interpuesto por las letradas y, por tanto, confirma la sentencia del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según ha podido comprobar este medio. Así, se razona que la decisión del órgano colegial fue “autónoma, soberana y democrática” y viene amparada en el artículo 12 de la ley 10/2003, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, “sin que entrañe el uso de un lenguaje sexista que implique una discriminación por razón de sexo”, en base a lo dictado por la Constitución y a las leyes estatales, autonómicas e internacionales.

Con ello, cita la primera sentencia de la magistrada de Sevilla, en donde se expresa que “dichas normas garantizan la igualdad de hombres y mujeres, pero no obligan al uso de determinados términos lingüísticos como los que aquí se pretenden”. Además, se hace referencia a que las leyes de igualdad “prohíben un lenguaje sexista”, en cambio, el TSJA sostiene que “la denominación aprobada por el Colegio de Sevilla no lo es”. Por tanto, las recomendaciones de los planes de igualdad o del mismo Preámbulo del Estatuto General de la Abogacía “no impide el uso de otras ni las prohíbe”. De esta forma, se legitima el acuerdo votado el 25 de junio de 2022 que llevó a la parte afectada a presentar la demanda conjunta.

Asimismo, sostiene que “la Real Academia de la Lengua Española ha manifestado que el uso genérico del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna y que el uso del desdoblamiento entre masculino y femenino es artificioso e innecesario, fundado principalmente en razones extralingüísticas”, a lo que añade que “la RAE mantiene que la Constitución admite de forma expresa que el término Abogado se use como lenguaje inclusivo”. A renglón seguido se cita el informe emitido por el Colegio de Abogados de Sevilla, en el que se alude el uso de masculino genérico en el Congreso de los Diputados y el Consejo de Ministros.

Sin embargo, se omite que la reforme impulsada por el PSOE y Sumar en julio de 2025 sí que se adaptó al lenguaje inclusivo y, por tanto, la Cámara Baja pasó a llamarse simplemente “Congreso”. El cambio de nomenclatura no se trasladó al edificio ni a la Constitución posteriormente, ya que, en el primer caso, la fachada forma parte de un conjunto protegido como Bien de Interés Cultural y, cualquier modificación, requeriría de la autorización de Patrimonio Histórico, mientras que la Carta Magna necesitaría una reforma constitucional.

Sevilla en comparación con el resto del país

En 2022, ya había más de 30 Colegios de Abogados que pasaron a denominarse Colegios de la Abogacía, como en Almería, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Murcia o Santiago de Compostela, de un total de 83 entidades. Pese a lo ocurrido en varias provincias, el Colegio de Abogados de Sevilla señalaba en su propia web tras la polémica suscitada por aquella votación que la opción de mantener el nombre, con más de 300 años de historia, se ratificaba a través de una “amplia mayoría” de los colegiados y colegiadas asistentes a la Junta General Extraordinaria.

En la primera sentencia del juzgado de Sevilla, la magistrada expresó que, aunque “pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes”, no podía “interpretar ni concluir que dichas normas impongan lo querido por las mismas”. En alusión al Estatuto General de la Abogacía Española de 2021, mantuvo que “no contiene norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo como el pretendido en la denominación de los Colegios”, estableciéndolo como “deseable modelo a seguir o recomendaciones”. “No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal alguno para la adaptación de los estatutos de la corporación que obligue a sustituir el término ”abogados“ por el de ”abogacía“ en la denominación social”, determinó.

En este sentido, el TSJA concluye que, aún siendo “correcto” el término inclusivo “abogacía” para comprender a los profesionales de ambos sexos, con el mantenimiento de abogados “no podemos concluir que su uso pueda, en la actual conciencia social, invisibilizar a las mujeres, dada la absoluta normalización del ejercicio de esta profesión por ambos sexos”.

“La RAE no es una norma”

Un aspecto que para la abogada María Jesús Correa, una de las 18 abogadas recurrentes, resulta “peligroso”. “La sentencia reduce la conflictividad a un problema gramatical”, asevera en declaraciones a este medio, “pero no se mete en el fondo de la cuestión: la discriminación por razón de sexo”. “Según la jueza, la decisión no es discriminatoria porque la RAE aprueba el uso del genérico masculino, no porque no se vulneren las normas que hay en materia de igualdad”, comenta. Y añade: “la RAE no es una norma, sino que contempla una serie de recomendaciones lingüísticas”. Además, alude que el Colegio, al igual que otro organismos, se debe como corporación pública a la legislación vigente, por tanto, a la adaptación y reformulación de su título.

La abogada especialista en violencia de género comenzó este proceso en noviembre de 2016, hace una década. Con el fin de que el lenguaje inclusivo llegara a la entidad centenaria, presentó en el Registro General del ICAS una misiva dirigida a la Junta de Gobierno para cambiar la denominación de la corporación, apelando al principio constitucional de Igualdad recogido en la Constitución. Como respuesta, el decanato de la entidad trasladó que se abordaría tal debate en el futuro con la reforma de los Estatutos. Así, se desestimó el cambio de nomenclatura en 2022 y, tras las sentencias del juzgado de Sevilla y del TSJA, preparan un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“La denominación Colegio de la Abogacía de Sevilla es un paso más hacia la eliminación de barreras lingüísticas, que contribuye a la desigualdad de género en nuestro ámbito profesional, donde se hace aún más necesaria la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación”, reflexiona. Este logro se le resiste al grupo de abogadas después de que en 2024 Sevilla cambiara el nombre de la Calle de los Letrados por el de la Plaza de la Abogacía. Momento que contó con la participación de Óscar Fernández, decano del Colegio de Abogados de Sevilla. A preguntas de este medio sobre la sentencia del TSJA, han declinado hacer valoraciones al respecto.

Este proceso también se intentó en la provincia vecina. La abogada granadina Montse Linares intentó que el cambio se produjera en el Colegio de Abogados de Granada en el mismo año 2022, sin embargo, fue acogida con frialdad, ya que solo votaron en el proceso 738 asociados de los 3.509 de los que consta el organismo. La iniciativa no fructificó, denunciando la letrada una campaña de difamación en su contra. Hubo un grupo de abogados que realizó un montaje para difundir por redes sociales que la modificación partía de la “dictadura de lo políticamente correcto” y recibió mensajes similares a su correo electrónico tildando su apuesta como “meras burdas infundadas y sin fundamento, mas que tizne ideológico sesgado”. Así, Granada y Sevilla continúan sin optar por el lenguaje inclusivo.

Eugenio Ribón Seisdedos es decano del Ilustre Colegio de Abogados (ICAM) desde hace tres años. Una institución que, con más de 70.000 letrados en sus filas, presume de ser el colegio de abogados más grande de toda Europa y que, desde la llegada de Ribón, destaca por algo más que por su actividad corporativa: encabezó la acusación penal contra el ex fiscal general del Estado, va camino de abrir un centro universitario con el permiso de Isabel Díaz Ayuso y está sumido en una guerra directa con la Abogacía Española. Ribón, abogado especialista en derechos de los consumidores, se erige como un líder de la abogacía que se hizo popular como defensor de preferentistas y ahora ejerce con un perfil personalista y cercano a la Comunidad de Madrid.

Ribón, gaditano que estudió Derecho en ICADE, se dio a conocer en la capital cuando, hace ya 15 años, la crisis de las participaciones preferentes llegó a los juzgados españoles. Miles de personas vieron cómo sus ahorros se habían quedado atrapados en unos productos que prometían una rentabilidad astronómica, pero cuya letra pequeña terminó arruinando a muchos pequeños inversores. El preludio de otras crisis judiciales como las de las cláusulas suelo de las hipotecas o los desahucios en el que Eugenio Ribón emergió como paladín de los consumidores. Consiguiendo, por ejemplo, que un juzgado obligara a Bankia a devolver los 140.000 euros que un matrimonio afectado por el aceite de colza tenía atrapados en las preferentes.

Curtido en el turno de oficio y en las batallas contra los bancos, Ribón dio el salto al ICAM en 2013 como responsable de la Sección de Consumo. Una división del colegio en el que se ofrecía información y asesoramiento a los letrados encargados de defender a los consumidores en sus peleas con los bancos, aseguradoras, inmobiliarias o agencias de viajes. Algunos de los que pasaron por allí recuerdan que las herramientas que Ribón puso a su disposición impulsó sus pleitos y fueron de gran ayuda para que mucha gente recuperase su dinero.

Los años pasaron y en el ICAM, que entonces tenía como decana a Sonia Gumpert, algunos consideraban que la intensidad con la que Ribón gestionaba la Sección de Consumo iba más allá de la formación. Las sospechas sobre un uso inadecuado de su puesto y sus bases de datos para promocionar su propia actividad profesional o promover la litigiosidad llevaron al ICAM a pedirle que dejara el puesto, según fuentes conocedoras del proceso. La invitación a coger la puerta coincidió con una queja contra Ribón presentada por una sección antónima del colegio: la de derecho bancario. Sus rivales en el juzgado.

Era mayo de 2016 y Ribón tomó la delantera. Se dirigió por correo a sus compañeros atribuyendo a esa queja un papel “determinante” en su expulsión. El David de los preferentistas contra el Goliat de los bancos. En un movimiento que puede causar estupor con una década de por medio, la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) –hoy los mayores detractores de la gestión de Ribón– pidió explicaciones a la decana Gumpert, salió en su defensa y destacó la “extraordinaria utilidad” de un trabajo que terminaba abruptamente. El ICAM nunca explicó públicamente su punto de vista de lo sucedido. Muchos de los que entonces le defendieron hoy se encuentran entre sus principales detractores.

Ribón no pasó mucho tiempo fuera del colegio madrileño. Un año después de su salida fundó la Asociación Española de Derecho del Consumo, pero en diciembre de 2017 formó parte de la lista electoral de José María Alonso, ganador de las elecciones a decano. Ribón volvía al ICAM como diputado tercero y como una de las caras visibles de la candidatura que había ganado a la opción continuista de Gumpert por menos de 600 votos de diferencia con una participación por debajo del 10% del censo. Cinco años después, Ribón subió el último peldaño y se presentó a decano del ICAM. Su candidatura, llamada 'Compromiso Abogacía', se impuso al irreverente Juan Gonzalo Ospina por 875 votos en unas elecciones marcadas, una vez más, por la pírrica participación: votaron poco más de 5.500 abogados de los casi 75.000 que habían sido convocados a las urnas. En el colegio de abogados más grande de Europa nadie parece muy preocupado por su gobierno corporativo.

José María Alonso, su antecesor en el cargo, era socio director de Baker McKenzie. Ribón presentaba un perfil completamente distinto. Había fundado su propio despacho y había quemado suela en los pasillos de los juzgados defendiendo consumidores y trabajando en el turno de oficio. En 2012 se había encerrado en el ICAM para defender el turno y siempre había mantenido un pie en ALTODO, la asociación referente en este ámbito de la abogacía. Surgió entonces un nuevo perfil de un Ribón más personalista, con una junta de gobierno más desdibujada y con una línea de acción que ha acercado al ICAM a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso mientras se enfrenta con el Consejo General de la Abogacía Española.

Juicio al fiscal general y universidad propia

El primer mandato de Ribón ha cruzado el ecuador con el ICAM convertido en el protagonista de algunos momentos inéditos de los tribunales en Madrid. El más relevante, sin duda, cuando acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla a presentar la primera denuncia interpuesta contra la Fiscalía por la filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El correo en el que su letrado Carlos Neira ofrecía un pacto y reconocía, en nombre de Alberto González Amador, un fraude fiscal de 350.000 euros. “Hoy el ICAM no se arrodilla”, dijo Ribón ese día tras fotografiarse presentando la denuncia en el registro de los juzgados, un lugar donde no es fácil sacar fotos sin llamar la atención de los miembros de seguridad del edificio.

La abogacía madrileña se convirtió así en el ariete penal contra Álvaro García Ortiz, escoltando a la acusación ejercida por el propio González Amador y llegando a pedir cuatro años de cárcel para el entonces fiscal general. Compareció ante el juez Ángel Hurtado en instrucción y ante el tribunal ya fase de juicio a medio camino entre el testigo y el perito dejando clara su posición: la pareja de Ayuso había perdido cualquier oportunidad de defenderse gracias a la filtración de su confesión.

Su declaración ante Hurtado fue una de las más tensas de la fase de investigación. Sobre todo cuando la Abogacía del Estado puso a prueba sus afirmaciones sobre cómo las conformidades habían saltado por los aires a raíz de la filtración. “Es una inconsciencia venir sin datos para afirmar algo incierto”, le reprochó la Abogacía del Estado por decir eso cuando los datos demostraban que los abogados no habían dejado de llegar a acuerdos con la Fiscalía. “¿Está cuestionando la imparcialidad de un juzgador?”, dijo entonces la abogada del Estado. La pregunta sobre si Ribón estaba acusando a los jueces de condenar por adelantado a la pareja de Ayuso se quedó sin contestar.

El ICAM de Ribón se personó en esa causa alegando que el trabajo del abogado de González Amador había sido dinamitado por la filtración. No reconsideraron su posición cuando la investigación puso de manifiesto que la defensa del comisionista había ocultado datos clave a los tribunales: que el propio empresario reveló datos confidenciales del caso a Miguel Ángel Rodríguez o que el abogado Carlos Neira también había mandado ese correo a un abogado del Estado buscando el beneplácito de Hacienda. Tampoco cuando se supo que González Amador había autorizado al jefe de gabinete de Ayuso a difundir entre decenas de periodistas un correo igual de confidencial del fiscal Julián Salto.

Ribón compaginó su papel de testigo con el de comentarista del proceso con un protagonismo inédito del ICAM en un proceso judicial de máxima envergadura penal y política. Todo mientras sus detractores pedían su dimisión por embarcar al colegio en esta causa sin consultar a la abogacía madrileña de forma extraordinaria. Unas críticas que se reproducen después del juicio, no solo por ejercer la acusación, sino por buscar la impunidad de González Amador en su caso de fraude fiscal a través de sus alegaciones en el Tribunal Supremo. También por celebrar cursos durante las deliberaciones con tres miembros del tribunal entre los ponentes.

El papel protagonista del ICAM en la causa contra Álvaro García Ortiz –con una condena final de dos años de inhabilitación mucho menos gravosa que los cuatro años de cárcel que llegó a pedir el colegio de Ribón– ha coincidido en el tiempo con la consumación de un proyecto que se ha encontrado incluso con un recurso del Gobierno: la creación de un centro universitario del ICAM con la autorización de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Un centro adscrito a la Universidad Complutense donde el ICAM tiene intención de ofrecer un grado en Derecho y tres másteres.

El acercamiento judicial e institucional del ICAM a la Comunidad de Madrid coincide con la consumación de su divorcio con el Consejo General de la Abogacía Española. El último pleno de este organismo estatal finalizó con la expulsión de Ribón de sus órganos directivos. El CGAE no confirma de forma oficial cuál es el motivo, pero distintas fuentes apuntan al enfrentamiento que existe entre ambas instituciones desde que Ribón es decano en Madrid. El colegio madrileño ha decidido disminuir la cuota que aporta a la financiación del Consejo estatal y que los nuevos abogados no tengan que pagar una tasa de incorporación. Ribón presume de esa medida como una “reducción del coste de la colegiación” y la eliminación de dobles pagos y que en el CGAE consideran, sin micrófonos, como una reducción de su aportación que afecta al resto de colegios territoriales.

Los detractores de Ribón se asombran de las diferencias que separan al abogado que en 2013 defendía a capa y espada a los preferentistas del decano que hace oídos sordos a las críticas, se enfrenta al Consejo al que pertenece y se acerca al poder político en Madrid. En una de las últimas juntas, incluso, alguien le comentó a medio camino entre la ironía y el lamento que sus críticos iban a acabar echando de menos a José María Alonso como decano. Los que ya hace años consideraban que Ribón usaba el ICAM para promocionarse como abogado recuerdan que, hace tan solo unos días, el colegio tuvo que modificar una guía jurídica para víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz porque contenía un repaso de su currículum como experto en defender a consumidores, incluyendo su foto en una primera versión.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tiene la fuerza que otorga la representación de más de 70.000 abogados y una presencia institucional grande frente a otros actores del mundo de la Justicia. Sostenido, en paralelo, por votaciones que lustro tras lustro dejan una participación impensable, por ejemplo, en unas elecciones municipales de una localidad con un número similar de habitantes. Y con un peso político cada vez mayor dirigido por un decano que, con varios años de mandato todavía por delante, ha decidido ir al choque con el resto de la abogacía mientras camina de la mano institucional de la Comunidad de Madrid.

El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido dejar fuera de sus órganos directivos a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según informa este organismo, Ribón será sustituido en la vicepresidencia por la decana de Barcelona y también se queda fuera de la comisión permanente. Un movimiento que llega en el momento más tenso de las relaciones entre ambos organismos: el Consejo ha demandado por impagos al colegio madrileño por disminuir unilateralmente la cuota que aporta cada trimestre y, además, ha decidido no cobrar la tasa de nueva incorporación a los nuevos colegiados.

Ambas instituciones mantienen un enfrentamiento económico desde hace un año que ha terminado en los tribunales con una demanda por impago interpuesta por el Consejo contra el ICAM. Antes de eso, en diversas entrevistas, el propio Ribón había explicado que sus “desencuentros” con el CGAE, que ahora preside Salvador González, eran “evidentes” desde hace casi tres años. En este último curso, según explican fuentes conocedoras del conflicto, las discusiones se habían trasladado al terreno económico.

Fue a principios de 2025, explican estas fuentes, cuando el ICAM decidió que este colegio de la abogacía, el mayor de toda Europa, iba a disminuir la cuota que pagaba al CGAE. Un dinero que sale de las cuotas que pagan los afiliados y que se destina a financiar la actividad del Consejo a nivel estatal. Esta disminución de los pagos se ejecutó y el pleno del Consejo decidió en julio presentar una demanda por impago contra el ICAM por la vía civil.

A nivel interno, en las juntas del ICAM de finales de 2024, Ribón había justificado que el colegio madrileño estaba pagando dos veces por el mismo servicio al contar Madrid con un Consejo de Colegios que agrupa el de la capital y el de Alcalá de Henares. “Cabe detraer de la aportación presupuestaria la cantidad que el ICAM aporta para el sostenimiento del Consejo de Colegios de la Abogacía de la Comunidad de Madrid”, dijo antes de obtener el apoyo unánime de la Junta de Gobierno madrileña.

En paralelo, indican estas fuentes, el curso 2026 ha arrancado con otro agravio económico con el ICAM anunciando en los presupuestos de 2026 que no exigirá a los nuevos afiliados el pago de la tasa de incorporación que va destinada al CGAE pero que pueden gestionar y recaudar los colegios autonómicos.

En ese contexto de enfrentamiento, aunque sin aludir directamente a ello, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha decidido en Cuenca renovar la estructura de su organización y su comisión permanente. Eugenio Ribón es destituido como miembro de esta comisión y como vicepresidente del organismo. Ocupará el puesto de vicepresidenta primera Cristina Vallejo, decana de Barcelona, y como vicepresidente segundo ejercerá Leandro Cabrera, decano de Granada.

En un comunicado, el ICAM de Eugenio Ribón recuerda que el cese “se produce tras las discrepancias mantenidas entre el ICAM y el CGAE en relación con el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo”. El conflicto, explica, está en sus “propuestas” sobre financiación, rechazadas “sin que existiera margen para el diálogo”.

La acusación contra el fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid, que cuenta con más de 74.000 colegiados, tuvo un papel protagonista en la causa judicial que desembocó en el juicio y la condena contra Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general, por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ICAM, a través del propio Ribón, fue el primero en presentar una denuncia conta la Fiscalía en los juzgados de Madrid y llegó a pedir cuatro años de prisión para García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo.

Ese papel como acusación popular se tradujo en peticiones de dimisión contra Ribón por parte de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que acusó al ICAM de buscar la “impunidad” de la pareja de Ayuso en su caso de fraude fiscal, todavía pendiente de juicio. El ICAM aseguró que siempre ejerció su papel en ese caso al margen de cuestiones “políticas y personales”. Su papel en la causa también fue cuestionado por los cursos para abogados organizados en fechas próximas al juicio y en los que participaron tres de los magistrados que formaron el tribunal y apostaron por condenar a García Ortiz, tal y como reveló elDiario.es. Dos de ellos incluso bromearon con que en esas fechas estaban en plenas deliberaciones.

A lo largo del juicio y de la instrucción el propio Ribón esgrimió su papel como vicepresidente de la Abogacía Española para legitimar la denuncia que habían presentado contra la Fiscalía y la acusación popular que ejercían contra García Ortiz en el proceso. Una vicepresidencia que acaba de perder según acaba de decidir el pleno del Consejo General de la Abogacía Española.

La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha emitido un comunicado en el que carga contra el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y su actuación en el caso de la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La institución que dirige Eugenio Ribón, denuncia esta asociación, “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El ICAM interpuso la primera denuncia contra la publicación de un comunicado por parte de la Fiscalía con detalles del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, y fue una de las acusaciones del juicio que terminó con una condena para Álvaro García Ortiz. Un juicio en el que no solo pidieron cuatro años de cárcel para el entonces fiscal general sino que intentaron convencer al Tribunal Supremo de que la filtración de su confesión había contaminado a los jueces y hacía ineludible una condena por fraude fiscal para él.

Diversas asociaciones de juristas del espectro progresista presentaron recientemente una queja ante el organismo que preside el decano Eugenio Ribón. Esas quejas por la “sumisión” del ICAM a los intereses de la pareja de la presidenta madrileña tuvieron respuesta por parte del colegio, que defendió su actuación al margen de cuestiones “políticas o personales”. Ahora es la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) la que, en un comunicado, carga contra la institución que dirige Ribón.

Es “rotundamente falso”, dice ALA, que el ICAM haya actuado de forma imparcial en ese procedimiento y en aras del derecho de defensa. “Se ha esforzado en defender todas las tesis de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pretendiendo incluso la nulidad de su próximo enjuiciamiento”. También ha intentado, además, “limpiar la imagen pública” de González Amador, llegando a apoyar una “exagerada” indemnización para él.

El ICAM, concluye esta asociación que ya criticó en marzo de 2024 que el colegio defendiera los “intereses políticos” de Ayuso en los tribunales, “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona acusada de delitos contra el patrimonio público, por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El Supremo negó la impunidad

Los abogados de González Amador defendieron a lo largo del procedimiento que esta filtración comprometió al límite su defensa en el caso de fraude fiscal, hasta el punto de considerarse ya condenado por adelantado después de que los jueces hayan sabido por los medios que intentó llegar a un pacto: “O me voy de España o me suicido”, llegó a decir. Una teoría que también defendió el ICAM a lo largo del proceso en una de las declaraciones más tensas de la instrucción del caso.

Fue el propio Eugenio Ribón, decano del ICAM, el que explicó esta teoría ante el juez Ángel Hurtado: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida. De una u otra manera puede quedar contaminado”, afirmó. Una de las representantes de la Abogacía del Estado hizo entonces una pregunta que Hurtado cortó en seco: “¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”.

Tanto Ribón como Hurtado se llevaron entonces las manos a la cabeza y cortaron a la Abogada del Estado pero la alegación se repitió durante el juicio y fue la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que frenó la teoría de González Amador se podía dar por condenado por fraude fiscal. Los jueces que estudien su caso, dijo la sentencia, serán “plenamente conscientes” de que esa conformidad abortada no es una prueba de culpabilidad contra él.

El Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) responde en un comunicado al escrito de queja presentado por las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, por su actuación en la causa contra el ex fiscal general del Estado por relevación de información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La corporación profesional defiende que actuó al margen de cuestiones “políticas o personales” cuando fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

En una nota aclaratoria, el ICAM defiende que su actuación en este asunto “debe enmarcarse exclusivamente en su obligación de defender el secreto profesional” y el “derecho de defensa”. “El Colegio actuó ante la existencia de indicios que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, podían afectar a estos principios básicos, con independencia de las personas o cargos implicados. La iniciativa del ICAM no tuvo por objeto valorar conductas políticas o personales, sino preservar garantías estructurales del sistema de justicia cuya protección forma parte del núcleo de las funciones legalmente atribuidas a los colegios profesionales de la abogacía”, añade. 

Ambos colectivos, que cuestionan la “sumisión” de la actual cúpula del ICAM a “intereses políticos partidistas” vinculados al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, reclamaron a través de un escrito de queja tener acceso al expediente completo que llevó a la presentación de una querella contra la Fiscalía en el caso de la pareja de la presidenta madrileña y que se convoque una asamblea extraordinaria para debatir sobre la actuación del colegio. Exigieron, asimismo, “explicaciones” sobre la actuación del decano, Eugenio Ribón, y que la asamblea pueda censurar o ratificar su manera de proceder. 

Es algo que, a juicio de la actual Junta de Gobierno, carece de sentido porque el procedimiento judicial al que se refiere ya ha sido sentenciado. “Las decisiones de personación y actuación procesal se adoptan en el momento oportuno, conforme a los criterios técnicos correspondientes y dentro de las competencias legalmente atribuidas a los órganos colegiales. Pretender revisar ”políticamente“ una actuación procesal ya concluida ni produce efectos jurídicos ni tiene cabida en el funcionamiento ordinario de una corporación de derecho público”, prosigue el colegio.

La entidad profesional defiende que su actuación en este asunto ha estado guiada en todo momento por los principios de la “total transparencia” y que se ha ido dejando constancia de sus decisiones en los órganos correspondientes y poniendo a disposición de los colegiados la información relevante conforme a los cauces establecidos.

Respecto a la celebración de una asamblea extraordinaria, el ICAM defiende que la convocatoria de ese órgano está regulada de manera expresa en sus Estatutos, que establecen “requisitos formales y materiales claros en cuanto a legitimación, procedimiento y objeto”.

Las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, han registrado un escrito de queja contra la actual Junta de Gobierno del Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) por su “sumisión” a “intereses políticos partidistas” vinculados al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso.

Solicitan que la corporación profesional facilite el expediente completo que llevó a la presentación de una querella contra la Fiscalía en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y que se convoque una asamblea extraordinaria para debatir sobre la actuación del colegio. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

En una rueda de prensa, el presidente de honor de Adade, el letrado José Mariano Benítez de Lugo ha calificado de “insólito” el apoyo del colegio al empresario y comisionista González Amador, que está procesado tras haber reconocido sus deudas con Hacienda. “El ICAM siempre ha sido una institución integradora y respetuosa, nunca se había producido tal sectarismo, polarización y falta de pluralidad”, ha añadido el abogado Javier Ledesma, también vinculado a Adade. 

El escrito muestra la “radical disconformidad” y “crítica” de ambas asociaciones con la actuación del ICAM en la causa contra García Ortiz. Las asociaciones ponen el foco en la actuación del actual decano, Eugenio Ribón, que consideró que la condena de inhabilitación a García Ortiz es “un respaldo decisivo a los principios esenciales del Estado de Derecho” tras la publicación del fallo el pasado 20 de noviembre.

De hecho, reclaman “explicaciones” sobre su actuación y que la asamblea pueda censurar o ratificar su manera de proceder. “Nos sorprende que celebre y bendiga que puede darse a conocer un fallo sin los argumentos de la sentencia condenatoria, ni de la discrepancia que recojan los votos particulares”, recoge el escrito. 

También exigen que se fijen criterios sobre la conducta a seguir en el futuro en asuntos de alta trascendencia política que “eviten” la “instrumentalización” del colegio y que se ponga al servicio de “intereses particulares o de estrategias políticas ajenas a los intereses de la abogacía”. Las asociaciones muestran su “disconformidad” con el hecho de que el colegio presentara una denuncia contra la Fiscalía sin hacer “la más mínima referencia” a la “campaña de difamación” emprendida contra el Ministerio Público por el entorno de la presidenta regional.

Asimismo, las asociaciones hacen hincapié en la “singular circunstancia” de la simultaneidad de la posición del ICAM como acusación en el juicio contra el ex fiscal general y la autorización del proyecto de creación de un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

A este respecto, el colegio ha mantenido que el proyecto de ICAM Centro Universitario nace, se diseña y comienza a tramitarse entre 2022 y 2023, es presentado a la Comunidad de Madrid en diciembre de 2023 y sigue su curso durante 2024 y 2025, mucho antes de la querella del ICAM y del propio juicio y posterior condena del fiscal general. 

Novedad relevante en una de las carpetas más sensibles del Govern. La Generalitat y el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) han acordado que, por primera vez, las familias a las que la administración abre un expediente de desamparo de sus hijos puedan disponer, desde el inicio del proceso, de un abogado de oficio. Esto implica que la justicia gratuita se amplía al procedimiento administrativo, y no solo cuando el caso llegaba al juzgado, como hasta ahora. 

La creación de un nuevo módulo específico de abogacía de oficio para garantizar la asistencia jurídica gratuita en los expedientes administrativos de desamparo tramitados por la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), la antigua DGAIA, era una vieja reivindicación de la abogacía catalana. Los letrados y letradas denunciaban que la falta de asesoramiento jurídico a las familias (muchas de ellas con pocos recursos) las dejaba indefensas en el trámite administrativo. 

El acuerdo de la conselleria de Justicia, la de Derechos Sociales y el CICAC prevé que un abogado del turno de oficio intervenga tanto en el expediente previo al desamparo como en la solicitud de revisión del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley de asistencia jurídica gratuita.

Por cada actuación se abonará un importe de 100 euros, y la previsión de la conselleria es invertir un total de 90.000 euros en 2026 mediante un convenio con el CICAC.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha destacado que esta medida “supone un paso muy relevante en la garantía de los derechos de las familias y de los niños, porque introduce el acompañamiento jurídico desde el primer momento en un procedimiento especialmente delicado”.

Tanto la Generalitat como los colegios de abogados eran conscientes de las situaciones complejas que suponen los expedientes de desamparo. El objetivo de la medida es “asegurar que ninguna familia afronte sola un proceso administrativo de gran complejidad e impacto personal, reforzando la seguridad jurídica y la calidad de las decisiones que se toman”, ha agregado Espadaler.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Rogeli Montoliu, ha remarcado que la incorporación de la abogacía de oficio en esta fase “corrige una anomalía del sistema que dejaba a las familias sin defensa en un momento clave del procedimiento”, y “fortalece el sistema de protección a la infancia porque hace las decisiones más sólidas, más garantistas y jurídicamente más robustas”.

Hasta ahora, las familias sometidas a un proceso de desamparo silo tenían derecho a un abogado del turno de oficio a partir de la judicialización del caso, es decir, una vez que la Generalitat dictaba la resolución administrativa de desamparo y se recurría ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La asistencia jurídica gratuita es un derecho que ampara a las personas con menos recursos, independientemente de donde vivan. Generalmente es la única puerta de entrada al sistema de las personas que precisan de acudir a la vía judicial, pero que no pueden permitirse abogados caros ni sufragar procesos que se alargan durante años. El servicio la asistencia a detenidos, los abogados del turno de oficio y el acompañamiento en procedimientos civiles, penales, sociales, administrativos o de familia.

El acuerdo para proporcionar abogado de oficio en los procesos de desamparo se incluye en el nuevo acuerdo entre la Generalitat y el CICAC que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante cuatro años (2026-2029) -hasta alcanzar un total de 22,8 millones de euros- para reforzar estructuralmente el servicio de asistencia jurídica gratuita en Catalunya. Además, también se ha firmado el nuevo convenio anual para el turno de oficio de 2026, que alcanza los 74,2 millones de euros.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes, ha tomado posesión hoy como presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha en un acto celebrado en el Antiguo Ayuntamiento de Albacete. El nuevo órgano colegial ha quedado constituido por Ángel de Miguel Pinero, como vicepresidente; secretario Fermín Ruiz Sierra; tesorero, Rodrigo Alejandro López del Cerro y vocales María José Alarcón Cabañero y Eva Rus Martínez Jareño.

El presidente entrante, ha dicho que es un “honor” asumir esta nueva responsabilidad, “cuyo objetivo es coordinar los seis colegios de la región y representar a los más de 3.500 abogados en ejercicio y 5.500 colegiados”. Cervantes ha destacado la importancia de la autonomía colegial y la colaboración entre las instituciones.

Entre las prioridades del nuevo presidente se encuentra la firma de importantes convenios, como el avanzado acuerdo con el Instituto de la Mujer y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de violencia sobre la mujer. “Tenemos mucha formación por delante. Coordinar esa formación entre los seis colegios, que ya lo venimos haciendo, es fundamental”, ha afirmado.

El presidente también ha abordado temas críticos como el turno de oficio y las pensiones indignas de los abogados jubilados, así como la necesidad de cerrar la brecha tecnológica. “Intentaremos que nadie se nos quede atrás, la inteligencia artificial va muy deprisa”, ha señalado, comprometiéndose a trabajar arduamente para impulsar la abogacía castellanomanchega.

Con un equipo comprometido y una nueva Comisión Permanente, el presidente ha prometido dedicación y entrega para avanzar juntos en beneficio de la abogacía regional. “Solo puedo prometer trabajo, trabajo, dedicación, entrega”, ha concluido.

La ceremonia ha contado con la presencia, entre otras autoridades, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, y del presidente de Abogacía España, Salvador González, para presentar el nuevo órgano

Por otro lado, Salvador González ha destacado la importancia de la unidad de la abogacía para afrontar los retos urgentes que afronta la profesión. “La Abogacía Española, desde la suma y la unidad, siempre ha sido más fuerte y persuasiva. Necesitamos unidad, fuerza y persuasión para afrontar --como estamos haciendo-- los muchos retos que tenemos por delante, que no son pocos ni menores”, ha afirmado.

Entre ellos ha citado la necesidad de garantizar pensiones justas para los mutualistas y recordó que la abogacía ha dado pasos históricos para exigir soluciones al legislador: “Hemos dado un paso al frente para insistir al legislador que debe ofrecer, con urgencia y desde la Pasarela al RETA, una solución justa al problema de sus pensiones”, ha afirmado.

González también ha subrayado la importancia de seguir trabajando por la justicia gratuita y el turno de oficio, reclamando “dignidad, respeto y recursos” para los profesionales que la prestan, así como la modernización tecnológica y formativa de la abogacía. “Juntos para reforzarnos y seguir colaborando, con más intensidad si cabe, en una apuesta doble: la formativa y la tecnológica, que es irrenunciable, y en la que nadie se puede quedar atrás”, ha señalado.

Sobre el nuevo presidente del Consejo Autonómico, ha señalado que “Ángel es responsabilidad en estado puro”, destacando su liderazgo de siete años como decano del Colegio de Toledo y su compromiso con la Abogacía Española en distintos ámbitos, desde la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia hasta la formación y la defensa del turno de oficio.

Pilar Astray ha subrayado la voluntad de TSJCM de “colaboración y su disposición permanente al diálogo” con la profesión. Astray ha destacado que este nuevo periodo abre “una oportunidad para coordinar esfuerzos, mejorar los canales de comunicación y avanzar en iniciativas conjuntas orientadas a optimizar los tiempos procesales, la atención al profesional y la experiencia del justiciable”.

También ha avanzado la firma de próximos convenios y la importante labor de las comisiones mixtas impulsadas en otras comunidades autónomas y a nivel nacional entre el Consejo General del Poder Judicial y los consejos de la Abogacía. “Estas estructuras han permitido abordar asuntos de interés común relacionados con el funcionamiento de los juzgados, la calidad procesal, la formación y la comunicación institucional”.

En el caso de Castilla-La Mancha, el TSJCM ha informado de la existencia de un convenio actualmente en “control de legalidad”, dirigido a articular una comisión mixta cuya finalidad será ordenar el diálogo, concentrar esfuerzos y trabajar de forma coordinada en retos operativos compartidos.

Las concejalas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento Elena Serrallé y Gala de la Calzada han asistido a la toma de posesión donde han agradecido su trabajo al presidente regional saliente y han destacado la “gran labor que desarrolla el decano de los abogados albacetenses, Albino Escribano, como representante de la abogacía de la capital judicial de la región”.

Además, han deseado los mayores éxitos al nuevo presidente regional, el toledano Ángel Cervantes, con el que se han mostrado dispuesto a colaborar en todo lo que pueda contribuir a mejorar el ejercicio de la Abogacía, tanto para los profesionales como para los ciudadanos que necesitan sus servicios.

Por su parte, el diputado del Área Social de la Diputación de Albacete, José González, ha felicitado personalmente tanto al nuevo presidente como al resto de integrantes de la Comisión, y ha agradecido el trabajo realizado por quienes han concluido su etapa al frente de esta organización, destacando su compromiso y su buen hacer.

Asimismo, ha remarcado “la gran labor” que lleva a cabo el Consejo de la Abogacía, que agrupa y coordina a los seis colegios profesionales de la región (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina), y actúa como representante institucional de más de 3.500 abogados y abogadas castellanomanchegas.

La mesa inaugural ha estado presidida por el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García; el presidente saliente y decano del ICA Cuenca, Ismael Cardo; el decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Fermín Ruiz Sierra y el coordinador de Colegios de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Emilio Vega. También han asistido numerosas autoridades, entre ellas los decanos de los colegios de la abogacía de la región y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este martes por unanimidad admitir a trámite la petición de amparo formulada por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de València, Nuria Ruiz Tobarra, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. La magistrada denunció que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) incurrió en una “grave intromisión” en el ejercicio de su función jurisdiccional y reclamó amparo al órgano de gobierno de los jueces. Ahora, el órgano da 10 días a la corporación profesional para que efectúe alegaciones. 

Los hechos se remontan a hace unas semanas, cuando el ICAV pidió a la magistrada que cesara en el “descrédito” hacia el abogado José María Bueno Manzanares, que defiende a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, según publicó Valencia Plaza.

Bueno Manzanares había acudido al IVAC en busca de amparo tras la decisión de la instructora de abrir una pieza separada para “determinar la procedencia” de sancionarle por el contenido de un escrito en el que lanzaba graves insinuaciones sobre ella y su marido, Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción 4 de València. En ese mismo auto, la jueza reveló que un abogado grabó “subrepticiamente” a su marido y a su hija menor de edad, en la sala de vista tras unas declaraciones. 

Por otro lado, el ICAV también concedió amparo a la letrada Pilar Esquinas, que ejercía la acusación particular de Yolanda Garrido Rosa, que perdió el 29 de octubre de 2024 a su hermano, su cuñada y a su sobrino de cuatro años. La jueza acabó expulsando a la letrada Pilar Esquinas.

En un auto, afirmó que Yolanda Garrido la había amenazado en una manifestación en Madrid y reseñaba la retahíla de bulos que han amplificado tanto Garrido como su abogada, ambas del mundo conspiranoico. La instructora consideró que incurría en una “total coincidencia con la postura” de la defensa del investigado Emilio Argüeso, que supone un “manifiesto abuso de derecho y un claro fraude procesal”.

En su escrito al CGPJ, la magistrada afirmó que los requerimientos efectuados por el ICAV “constituyen una grave intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional”. Y añadió: “Pese a que ya se alertaba de manera clara en las alegaciones que efectué frente a las quejas formuladas por las representaciones del investigado Emilio Argûeso Torres y la representación de Yolanda Garrido Rosa, el ICAV efectúa valoraciones y requerimientos sobre cuestiones que están sometidas plenamente al oportuno control jurisdiccional”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La ley del Poder Judicial establece en su artículo 14 que los jueces y magistrados que se consideren “inquietados o perturbados en su independencia” lo pondrán en conocimiento del CGPJ, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.

El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) seguirá manteniendo su denominación actual tras la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por un grupo de abogadas colegiadas que reclamaban un nombre más inclusivo. Las recurrentes solicitaban cambiar la denominación a “Real e Ilustre Colegio de la Abogacía de Zaragoza”, argumentando que el término “Abogados” no refleja adecuadamente a todo el colectivo profesional, integrado por mujeres y hombres.

El conflicto se remonta al 25 de julio de 2023, cuando se celebró una Junta General en la que se sometió a votación la propuesta de cambio de denominación. El resultado de la votación fue de 421 votos a favor de mantener la denominación actual, 146 votos a favor de la denominación inclusiva y un voto en blanco. Posteriormente, se convocó la Junta General Extraordinaria del 1 de diciembre de 2023 para aprobar los nuevos estatutos, incluyendo la cuestión de la denominación, y la votación se realizó a mano alzada.

Durante la vista del recurso, las abogadas recurrentes defendieron que la denominación vigente no las representa y que la modificación es una cuestión de igualdad y justicia lingüística. Entre los testigos se señaló que el término “Colegio de Abogados” no es neutro y que la adopción de un lenguaje inclusivo podría reflejar mejor la pluralidad del colectivo. Sin embargo, también se destacó que el cambio es deseable pero no obligatorio según la normativa vigente.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza desestimó el recurso, fundamentando su decisión en el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales de Aragón, que otorgan autonomía a los colegios para aprobar sus estatutos y no obligan a adoptar un lenguaje inclusivo en la denominación. La jueza subrayó que el “masculino plural genérico” puede percibirse como no inclusivo, pero no constituye discriminación legal y que la votación y aprobación de los estatutos siguió un procedimiento democrático y conforme a derecho.

En un comunicado, las abogadas recurrentes expresaron su desacuerdo con la sentencia y anunciaron que han interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En su comunicado, señalan que la denominación inclusiva “Colegio de la Abogacía” representa mejor la pluralidad de la profesión, visibiliza a las mujeres juristas y se alinea con los principios de igualdad, no discriminación y lenguaje inclusivo que inspiran el ordenamiento jurídico.

La sentencia reconoce el derecho de las recurrentes a sentirse discriminadas, pero sostiene que la decisión democráticamente adoptada por los colegiados del REICAZ no constituye una medida que mantenga o promueva desigualdad entre mujeres y hombres. Por esta razón, se desestima la pretensión principal de las recurrentes, aunque no se imponen costas debido a la complejidad del caso.

El fallo establece que las abogadas tienen quince días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La jueza concluye que, aunque el debate sobre lenguaje inclusivo en el ámbito profesional es legítimo y abierto, el uso del término “Abogados” en la denominación del REICAZ no vulnera la ley ni constituye discriminación objetiva, y la decisión de la mayoría de los colegiados debe prevalecer.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha suspendido durante un mes al letrado Juan Antonio Frago Armada, que ejerce la acusación contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. La sanción responde a “un mal ejercicio de la profesión”, o conducta “antideontológica”, en relación con los comentarios “insultantes” que Frago lanzó desde su cuenta de X hacia el investigado en un caso de la Audiencia Nacional donde el abogado ejerce la acusación. El abogado ha mantenido una actitud similar a la que le ha valido la sanción del ICAM durante todo el juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo, denigrando en sus mensajes a los testigos y atacando las intervenciones de las partes contrarias.

Juan Antonio Frago representa ante la Audiencia Nacional a una inspectora de Policía que ha denunciado al antiguo agregado de Interior en la Embajada española, un comisario que ejercía como jefe suyo, por acoso y agresión sexual, entre otros presuntos delitos. El comisario permanece imputado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 del tribunal especializado.

Como abogado de la acusación, Frago Armada asistió en abril a la primera citación al comisario investigado, quien se acogió a su derecho a no declarar. Tras la comparecencia, Frago escribió en su cuenta de X: “Ver que un comisario pide la suspensión de una declaración de investigado por ‘aparente depresión’ es para que le entre la risa a uno. El que te tendría que defender con su vida que no se atreve a hablar ante un juez. Hora de pasar al patíbulo”. Este tuit (cuya captura aparece justo abajo), como otros por los que Frago fue denunciado, han desaparecido de su cuenta de X.

Después de varios comentarios del mismo tipo en redes sociales, el comisario denunció la actuación del letrado del despacho Frago y Suárez ante el Colegio de Abogados de Madrid. El ICAM abrió un expediente disciplinario el 6 de mayo, nombró a una instructora y un secretario para tramitarlo y escuchó la versión de Frago.

El 23 de junio, la instructora del expediente concluyó su investigación y propuso a la Junta de Gobierno el Colegio que sancionara al abogado por una infracción grave prevista en el artículo 125 del Estatuto General de la Abogacía. El apartado que se le aplica castiga “la falta de respeto debido o la realización de alusiones personales de menosprecio o descrédito, en el ejercicio de la profesión, a otro profesional de la Abogacía o a su cliente”, según la documentación del expediente a la que ha tenido acceso elDiario.es. La Junta de Gobierno confirmó la propuesta de la instructora el pasado 22 de octubre e impuso a Frago un mes de suspensión en el ejercicio de la abogacía, lo que supone la sanción en su tramo inferior “en aplicación del principio de proporcionalidad”, afirma la resolución, que también ha podido leer este periódico.

Frago alegó su derecho a la libertad de expresión, pero el Colegio de Abogados le corrige: “Nos encontramos ante un profesional de la abogacía que interviene en redes sociales comentando un procedimiento penal en el que interviene como letrado, sin que esta actuación pueda reputarse amparada por dicho derecho a la libertad de expresión porque resultan gratuitas, insultantes y absolutamente inconducente para el debido ejercicio del derecho de defensa”.

Pese a la sanción, Juan Antonio Frago habría podido sentarse en el estrado de las acusaciones contra el fiscal general porque a partir de la última resolución del ICAM, de 22 de octubre, tenía un mes para presentar recurso de alzada ante el propio Colegio de Abogados. Sin embargo, un portavoz del ICAM rechaza confirmar si Frago ha presentado ya ese recurso porque no ofrece este tipo de información a terceros. Se da la circunstancia de que el órgano sancionador, el Colegio de Abogados de Madrid, ha compartido la acusación popular contra García Ortiz con Frago y la asociación de fiscales que representa.

Por su parte, el letrado Juan Antonio Frago ha asegurado a elDiario.es que desconoce de qué expediente se trata y ha negado tener conocimiento de ninguna investigación contra él ni de la sanción impuesta. Frago hace esa afirmación pese a que en el expediente aparece cómo se le notificó la apertura del mismo y también las alegaciones que el letrado hizo contra el mismo: vulneración del principio de tipicidad, del principio de reserva de ley y prevalencia de la libertad de expresión. Ante el ICAM, Frago defendió que sus manifestaciones en X contra el policía no eran “faltas de respeto” y que se asentaban en “noticias publicadas”.

“El letrado alega primeramente 'Vulneración del principio de tipicidad', pues estima que el tipo infractor aplicado exigiría que los hechos ocurran 'en el ejercicio de la profesión'. En su apoyo invoca resoluciones del GGPJ sobre procedimientos disciplinarios de magistrados que el letrado estima que serían de aplicación, mutatis mutandis, a este caso. Debe aclararse que no se comparte tal apreciación”, dice el ICAM respecto de las alegaciones que el abogado asegura no ha presentado.

Frago representa a la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el procedimiento contra el fiscal general del Estado. Es autor del escrito en el que se solicita la pena más alta contra Álvaro García Ortiz, seis años de cárcel, frente a los cuatro que pide el afectado por supuesta revelación de secretos, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. APIF también es la acusación popular que intentó, sin éxito, que el Tribunal Supremo apartara de su cargo al fiscal general del Estado cuando comenzara el juicio. 

Pide el “despido fulminante” para un testigo

De uno de los periodistas de elDiario.es, cuya declaración desbarató la tesis de la acusación, Frago publicó en X que merecía el “despido fulminante” y que le “temblaban las piernas” durante su comparecencia. Sobre los abogados del Estado que defienden a García Ortiz se permitió comentar que llevaban “muy mal preparado el asunto”.

Por contra, sobre el testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, calificó en X sus declaraciones en fase de instrucción y en la vista como “domadas” y que si se hiciera abogado “se haría rico”.

En su intervención final, Juan Antonio Frago ha afirmado sin pruebas que en la Fiscalía General del Estado “estaban preparando la jugada de la imputación si no detención del señor Alberto González Amador” cuando El Mundo publicó una información tergiversada sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando con el Ministerio Público. El abogado ha llegado a comparar al fiscal general del Estado con José Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos, y ha comparado también esta filtración con una agresión sexual múltiple.

El juicio contra el fiscal general del Estado por la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso encara su recta final con los últimos días de vista oral en el Tribunal Supremo. Tres sesiones que desembocarán en la declaración del acusado, Álvaro García Ortiz, y en los alegatos finales. Previamente habrá más testificales de máxima relevancia: del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que interpuso una de las primeras denuncias del caso, hasta los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entraron en el despacho del fiscal general, pasando por más periodistas que, ya en la fase de instrucción, reconocieron haber tenido acceso al correo de la discordia mucho antes que el acusado.

Abrirá fuego Eugenio Ribón Seisdedos. El decano de la abogacía madrileña ya declaró en la instrucción y el propio juez Ángel Hurtado explicó que era “testigo y perito”. Testigo porque el ICAM fue el primero en acudir a los tribunales para denunciar por lo penal la nota de prensa de la Fiscalía sobre el caso de González Amador —una cuestión que ya no se investiga—. Y perito porque fue llevado al Supremo para que explicara que la confidencialidad y el secreto de ese tipo de correos, dijo entonces, es “sagrado y absoluto”. “No conocemos ningún precedente de una nota de la Fiscalía de este estilo”, afirmó.  

La declaración de Ribón también supuso un fuerte encontronazo entre la abogacía madrileña, que ejerce la acusación popular desde las primeras diligencias, y la Abogacía del Estado, que ha defendido a casi todos los fiscales imputados. Por ejemplo, cuando le preguntaron durante la instrucción si no le parecía igual de censurable que se hubiera difundido un correo del fiscal que negociaba el pacto con González Amador, Julián Salto, o cuando los abogados del Estado fueron cortados en seco por el juez Hurtado mientras intentaban evidenciar que las conformidades, como la que intentaba alcanzar la pareja de Ayuso en Madrid, no se habían desplomado, tal y como alegaba el ICAM.

Para estos días también están previstas las testificales de más periodistas que escribieron informaciones sobre la confesión de González Amador entre el 13 y el 14 de marzo de 2024: los que publicaron su contenido real o incluso el documento completo. 

En la primera semana de declaraciones varios informadores explicaron al tribunal, como ya habían hecho durante la investigación, que tuvieron acceso al correo electrónico o su contenido antes de que llegara al email del fiscal general a las 21:59 horas de esa noche. José Precedo, adjunto al director de elDiario.es, afirmó que esa documentación le llegó el 6 de marzo, varios días antes. Alfonso Pérez Medina, de laSexta, aportó mensajes que demuestran que en la televisión comentaban internamente esa información cinco minutos antes. 

Esta semana están previstos otros dos testimonios de periodistas que en fase de instrucción ya declararon en ese sentido: Miguel Ángel Campos, redactor de tribunales de la Cadena SER, y José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es, junto con varios trabajadores del rotativo del grupo Prisa. Hasta ahora los jueces han considerado que la publicación del contenido del correo por parte de la SER sobre las 23:20 horas de esa noche es la hora de referencia de la filtración. La primera, según la tesis de las acusaciones y del instructor. 

En fase de investigación, Campos explicó a Hurtado que él pudo examinar el contenido del correo sobre las 15:40 horas de ese 13 de marzo, cuando una fuente le hizo ir a su despacho en una tercera planta para poder ver el correo y tomar notas. Su primera información, pasadas las once de la noche y cuando varios medios y Miguel Ángel Rodríguez ya difundían una versión manipulada del asunto, llegó cuando su fuente le autorizó a publicar su contenido. 

También comparecerán esta semana cuatro periodistas de El País que esos días trabajaron en las informaciones relativas a González Amador y su fraude fiscal. Uno de ellos, José Manuel Romero, explicó a Hurtado que el día 12 de marzo, poco después de la exclusiva de elDiario.es sobre el caso, ya supo por fuentes de la Fiscalía de Madrid que la pareja de Ayuso había ofrecido un pacto a través de su letrado Carlos Neira. Una información que poco antes el fiscal Julián Salto había revelado a sus superiores en una reunión sobre el asunto. 

El testimonio de estos periodistas de El País viene complementado por las actas notariales con las que consignaron los mensajes que cruzaron esos días y que permiten reconstruir sus pesquisas y preguntas, incluso, al propio letrado Carlos Neira sobre si González Amador había pagado de golpe todas sus deudas con Hacienda. También está prevista la testifical de una periodista que trabajaba entonces en El Plural, que publicó el documento íntegro poco después de las nueve de la mañana del día siguiente. 

Del teniente Balas al fiscal general

Esta semana están previstas las declaraciones de varios responsables de la Fiscalía en materia de protección de datos. Son comparecencias con un doble objetivo: hablar de las actuaciones internas derivadas de la filtración del correo de González Amador, pero también de la filtración de datos personales del fiscal general en esta misma causa. Informes y anexos de la UCO de la Guardia Civil dejaron al descubierto el teléfono y la dirección del fiscal general y de otros altos cargos de la Fiscalía. 

“Nada hay que temer”, dijo Hurtado a lo largo de la causa antes de que García Ortiz se quejara formalmente de que su teléfono y su correo se habían llenado de comunicaciones no deseadas a raíz de la filtración de sus datos. El borrado de sus mensajes una vez supo que el Supremo había abierto una causa contra él también será un asunto que estará encima de la mesa.

Hasta 12 agentes de la UCO de la Guardia Civil comparecerán como testigos para dar cuenta de algunas de las diligencias clave del caso. Desde los registros de octubre de 2024 en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, hasta los informes periciales de máxima relevancia. Entre ellos, el que analizó los mensajes de Pilar Rodríguez para deducir que el fiscal general tuvo un “papel preeminente” en el caso, expresión usada por Hurtado durante meses para impulsar la causa. 

Uno de los agentes que comparecerá será el teniente coronel de esta unidad de élite llamado Antonio Balas, en el centro de la polémica después de que trascendiera que la militante socialista Leire Díez buscó información para desacreditar su papel en causas como la investigación del ‘caso Koldo’.

Su declaración ya en fase de instrucción fue tensa. La Abogacía del Estado y la Fiscalía sostienen que esos primeros informes de la Guardia Civil omitieron hechos muy relevantes que orientaron a Hurtado contra el fiscal general. Por ejemplo, en esos atestados no se explicaba que la Fiscalía recopiló la información del caso y elaboró una nota para contestar a las informaciones falsas que difundía Miguel Ángel Rodríguez junto con varios medios. Los agentes de la UCO también aludirán a los registros y al borrado de datos del teléfono del máximo representante del Ministerio Público.

Estos testimonios precederán a la última persona en comparecer en este juicio: Álvaro García Ortiz, que tomará la palabra el miércoles. Por primera vez, un fiscal general en ejercicio hablará para un tribunal desde el banquillo de los acusados. El jueves se escucharán los alegatos finales de las partes. Salvo sorpresa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pedirán la absolución y las acusaciones reiterarán sus peticiones de hasta seis años de cárcel.

Este lunes comienza el juicio al fiscal general del Estado, al que imputan un crimen inexistente de revelación de secretos. Un Auto Sacramental de El Santo Oficio del Madrid DF, en el que se dan cita todas las derechas pata negra del Estado, desde la presidenta Ayuso y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, hasta una trama difícil de determinar, entre políticos, jueces, abogados, periodistas, fundaciones, asociaciones y hasta empresarios y mitrados. También los acompaña un convidado de piedra, que nadie acaba de saber bien qué pinta en la tramoya: el Colegio de la Abogacía de Madrid. 

La querella con la que dicho Colegio abriera el proceso que culmina en el juicio mencionado, presentada el 20 de marzo de 2024, no lo aclara. Pues, si bien imputa al fiscal general el supuesto quebranto del carácter reservado del sumario, sabiendo que la función de los Colegios no es perseguir de oficio a fiscales que quebranten la reserva sumarial, deja caer sin motivación, escondido en un otrosí al final de la querella, que la presenta también porque es función de los Colegios de Abogados amparar a estos frente a los poderes públicos en su libertad e independencia.

Motiva la querella una nota de la Fiscalía de Madrid del 14 de marzo previo en la que desmiente unos bulos de Miguel Ángel Rodríguez sobre la conformidad ofrecida por el novio de la presidenta Ayuso, Alberto González Amador, por medio de un correo de su abogado Carlos Neira de 2 de febrero de 2024, para solventar los delitos fiscales que reconocía haber cometido.

Los problemas para la querella empiezan cuando, unos meses después, el Tribunal Supremo descarta contenido delictivo a la nota de la Fiscalía, para atribuirlo exclusivamente a la supuesta filtración del referido correo. Y continúan con el amparo que ofrece el Colegio de Abogados, al no establecer en sus Hechos que dicho amparo y su forma se hubieran acordado en un expediente, que aporte, a instancia del defensor de González Amador. Y se acentúan cuando ese amparo no tiene sustento, toda vez que de los hechos de la querella no se desprende que el abogado Neira haya sido limitado en su libertad e independencia por ningún poder público. 

Problemas que culminan cuando el Colegio tampoco puede justificar dicho amparo en los perjuicios que pudiera sufrir en su defensa el señor González Amador, porque ni estos forman parte de la libertad e independencia de su defensor ni el Colegio puede acudir en defensa del mismo, al venir esta reservada en exclusiva a los abogados, ex art. 542.1 de la LOPJ. Y, además, González Amador ya tiene defensor.

Y si nada tiene de que acusar, que amparar y que defender, ¿qué pinta entonces el Colegio de la Abogacía de Madrid en el proceso contra del fiscal general? La respuesta a esa pregunta la ha venido a responder, al fin, González Amador en su última declaración ante el Supremo, cuando manifestó que, al saber que la Agencia Tributaria continuaba con su denuncia ante la Fiscalía y su abogado le expuso que había dos caminos, el de pelear en juicio y el de la conformidad, él le pidió que siguiera el camino que no llegara a juicio porque “(…) no quería exponerme ni que hubiera ruido mediático y, lo más importante, que esto no le salpicara a ella (…)”, es decir, a su novia, la presidenta Ayuso.

Claro. Lo que deseaba el niño malo es que sus pecados desaparecieran al despertar, como las pesadillas. Delirio al que se entregó con tal ahínco el abogado Neira que se pasó de frenada al enviar a la Fiscalía el correo de 2 de febrero de 2024, de cuya revelación se acusa ahora al fiscal general: en vez de solicitar a la Fiscalía la apertura de un trámite de conformidad y una oferta al respecto, con toda prisa ofreció la conformidad inmediata de González Amador reconociendo la comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. 

Tan arrojado lance pretendía ignorar que el camino de la conformidad implica llegar a juicio o casi, porque exige la existencia previa de una acusación en forma, siquiera provisional, al término de la debida instrucción, que determine algo que conformar. De tal modo que, además de venir constituida la causa, debe existir en ella una acusación en término y forma procesal y, finalmente, que previamente a cualquier intercambio de posibilidades de acuerdo y sus condiciones, se abra expresamente por acusación y defensa un incidente al efecto en el que ambas queden sometidas a la confidencialidad de sus contenidos durante su duración. 

De tal modo que, mientras tanto, el fiscal no puede disponer del procedimiento penal a su antojo ni orillar su obligación de acusar y perseguir el delito por todos los medios a su alcance, incluidas las confesiones no amparadas por trámite confidencial constante. Ni, mientras tanto, el abogado defensor puede reconocer delitos en nombre de su cliente –y, menos aún, por escrito–, amparado en una solicitud de incidente de conformidad, pues el abogado defensor tampoco puede disponer unilateralmente y a su antojo del procedimiento.

Lo que ineluctablemente conlleva que, en tal momento, dicho reconocimiento no era un acto propio de la profesión de abogado en el estricto sentido jurídico del nuevo art. 22.2 del Estatuto General de la Abogacía vigente, sino impropio e indebido, en tanto que el abogado viene obligado a defender a su cliente guardando secreto profesional de los actos que de él haya conocido al efecto, sin contarle al fiscal los hechos que puede y debe imputarle si los conoce fuera del incidente de conformidad, procesalmente constituido en tiempo y forma. 

Motivo por el cual el correo de conformidad enviado por Neira producía automáticamente dos resultados jurídicos: el primero, que no siendo posible abrir trámite de conformidad en el estado de las actuaciones, la respuesta del fiscal a la oferta de Neira por correo de 12 de febrero de 2024 no pudiera ser otra que la de “tomar nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades defraudadas” y diferir el trámite de conformidad para el futuro procesal pertinente. 

Y el segundo, que el contenido del correo de conformidad de Neira no podía quedar amparado por el secreto profesional del fiscal y del trámite de conformidad aún no abierto, y se mantenía siendo lo que era, es y será: un principio de prueba documental de confesión del responsable del delito por medio de tercero, su abogado, que, rompiendo su obligación de secreto profesional, se permitía reconocer sus delitos sin protección alguna y sin resultar en absoluto necesario para alentar el trámite de conformidad que pretendía iniciar, nada menos que ante quien venía obligado por la ley a perseguirlos.

Ni que decir tiene que, cuando el 12 de marzo siguiente el fiscal remitió al defensor de González Amador la denuncia que había presentado contra este en el juzgado por los delitos en cuestión, “para facilitarle el derecho de defensa”, estalló una bomba en el mismo corazón del Santo Oficio del Madrid DF, entregado en cuerpo y alma ya por entonces al viejo reclamo de Aznar de que “el que pueda hacer que haga”.

La reacción de la derecha conjurada fue inmediata y, colocando al frente de las operaciones a Miguel Ángel Rodríguez, se lanzó a una loca contraofensiva destinada a salvar a González Amador, a la presidencia de la Comunidad y al PP de Madrid y sus turbios negocios, con el delirante plan de convertir en inocente al delincuente confeso y en culpables a sus acusadores y, de camino, a convertir su defensa en un ataque sin cuartel contra el fiscal general, contra el Gobierno de la Nación y, aún más allá, contra el propio Pedro Sánchez.

Durante todo el día siguiente, 13 de marzo, MAR lanzó bulos afirmando que la conformidad la había propuesto la Fiscalía y la había retirado después por “instrucciones de arriba”, enredando a la Fiscalía en su mentís y montando un guirigay mediático en cuya tinta huyó envuelto el calamar González Amador. Bulos que, en su última declaración en la causa, MAR ha reconocido inventados, desarbolando media acusación al fiscal general en el juicio que se avecina.

Pero MAR sabía que el plan tenía un agujero que se lo tragaría si no lo taponaban de inmediato: que el correo del abogado Neira en el que su cliente confesaba todos sus delitos no era secreto por cuanto queda dicho y así lo pregonaba el propio MAR al manifestar que “si mi abogado me hace eso, desde luego le falta tierra pa' correr hasta Australia”.

El agujero sólo tenía un tapón posible: que entrara inmediatamente en escena el Colegio de Abogados y que, haciendo dejación de su competencia disciplinaria de oficio, no sancionara al abogado Neira por quebrantamiento del secreto y, sin causa alguna, le diera amparo frente a supuestos ataques del fiscal a su libertad e independencia ¡que sólo las había atacado él mismo quebrantando su obligación de secreto!

Disparate que solo podía resolver el Colegio sin escándalo actuando en dos direcciones. De un lado, levantando alharacas contra la Fiscalía para desviar el foco de atención sobre el abogado Neira y su quebranto del secreto profesional. La ofensiva la inició con un comunicado y una rueda de prensa en los que se mostró muy enojado contra el fiscal general y continuó apartándose del protocolo de las conformidades, como si estas fueran imposibles sin que los abogados quebrantaran el secreto profesional. Y, de otro, promoviendo una querella como la presentada el 20 de marzo de 2024: sin hechos, ni derecho, ni pruebas, ni argumentos. En una palabra, como Gonzalo de Ulloa en el Auto Sacramental de Tirso con su Don Juan: haciendo de “convidado de piedra”. 

De modo que, al fin, sabemos lo que pinta exactamente el Colegio de Abogados en el proceso al fiscal general: respaldar en falso con su mera presencia de “Autoridad Reguladora de la Abogacía” y, como prueba “pericial” impropia, la falsa acusación levantada contra el fiscal general por revelación de secretos inexistentes, que vendría a significar: “Si el Colegio de la Abogacía está aquí y, en vez de sancionar a Neira, lo ampara, es que el correo confesorio enviado por este a la Fiscalía es secreto” (sin serlo).

Sin que el decano de la abogacía, Eugenio Ribón, perito y acusador en la causa, haya aclarado nunca si cree que el abogado defensor puede escribir un correo como el que escribió a la Fiscalía el abogado Neira el día 2 de febrero de 2024. Si es su convicción que, para intentar un acuerdo de conformidad, es imprescindible que un abogado escriba un correo como ese. Si no cree que, al escribir dicho correo, el abogado referido quebrantó el secreto profesional. Y, sobre todo, por qué todo eso no se debatió en un expediente disciplinario seguido de oficio a dicho letrado por el Colegio de Abogados, en sede deontológica.

Lo que deja el juicio al fiscal general en lo que siempre fue: una persecución política, disfrazada de jurídica. A él y al legítimo Gobierno de la Nación.

La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia contra Eugenio Ribón, decano de la Abogacía Madrileña, por la indemnización pagada al director del servicio jurídico del Colegio en concepto de “despido improcedente” cuando, según los denunciantes, se trató de una salida acordada. Antes de decretar el archivo de la denuncia, el fiscal encargado ha recabado información según la cual el ex director del servicio jurídico del ICAM Pedro Lescure ganó más de 200.000 euros por ejercicio durante 18 años y que su indemnización, a pocos meses de jubilarse, superó los 100.000.

El despido de Pedro Lescure fue trasladado a la junta del ICAM el 20 de marzo de 2024. Pese a que otros asuntos tratados en la reunión resultaron polémicos, el despido del director del servicio jurídico no fue objeto de debate aquel día. Se limitó al anuncio realizado por Eugenio Ribón de que Lescure había sido sometido a un “despido indemnizado”, al igual que otra trabajadora. La indemnización a ambos ascendería a 163.742 euros. 

La Asociación Libre de Abogados exponía en su denuncia varios acontecimientos que hacían desconfiar de los motivos aducidos por el ICAM para despedir a su director jurídico. En la documentación recabada por el fiscal, y que desconocían los colegiados, el ICAM alegaba “desfase o desajuste” del director del servicio jurídico respecto de la informática, la digitalización o las nuevas tecnologías. 

La supuesta falta de destreza del director jurídico con los avances tecnológicos no había resultado un obstáculo para que unos meses antes, en septiembre de 2023, el ICAM le concediera la medalla de colegiado de honor por un “cúmulo de méritos subjetivos, valores y servicios prestados”, así como “en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y desvelos en pro de esta institución”.

Un mes antes de que Ribón pusiera en conocimiento de la junta el despido, Pedro Lescure abrió el acto del 50 aniversario de la Ley de Colegios Profesionales, en el que ya fue presentado como Abogado del Estado en ejercicio y ex secretario general del ICAM. Pese a su reciente despido, el Colegio de Abogados le invitaba a inaugurar unas conferencias. 

El motivo aducido para su despido tampoco casa con que el 19 de junio de 2023 conste un acta en el que se informa a la junta de un plan estratégico de sucesión en la Secretaría General y Dirección de Gabinete del Decano, lo que apunta a que “la sustitución ya estaba programada tiempo atrás”, según la denuncia de ALA. El 8 de mayo de 2024, Pedro Lescure ya estaba reincorporado a la Abogacía del Estado, concretamente en la Dirección General de lo Contencioso ante la Audiencia Nacional. Tenía 64 años y en unos meses se jubilaría desde la situación de servicio activo. 

El decreto de archivo de la denuncia incluye el siguiente razonamiento del fiscal: “Sin entrar a valorar si es dejadez, desidia, déficit de asimilación a nuevas tendencias, desapego o ineptitud sobrevenida (conceptos empleados en la carta de despido) lo cierto es que se expresa y manifiesta desde la representación del ICAM una serie de circunstancias en relación a un trabajador y tachas en ciertas esferas de su actividad”. 

Por tanto, el ICAM esgrimió razones para el despido que “no parecen extrañas ni infrecuentes cuando se trata de nuevas tecnologías y personas en el ocaso de su vida laboral”, según recoge el fiscal al argumentar su rechazo a denunciar los hechos ante un juzgado. 

El fiscal San Baldomero deja en su decreto de archivo una puerta abierta a la petición de explicaciones por parte de los denunciantes en el seno del ICAM, fuera de la vía penal. “Las circunstancias internas sobre la toma de decisión, pertinencia de la decisión, idoneidad del relevado, o de quien le haya podido sustituir, o de los cambios que puedan haberse introducido en el organigrama del ICAM entendemos que no nos corresponde abordar en este foro, sin perjuicio de las actuaciones que puedan de información o control que puedan corresponder o instar los miembros del mismo en otros ámbitos”, escribe el representante del Ministerio Público.

Ni malversación ni apropiación indebida

El fiscal de Delitos Económicos de Madrid rechaza que se produjera malversación de fondos públicos porque la indemnización estuvo sufragada “con fondos privados del Colegio, nunca públicos”. La denuncia planteaba un delito alternativo de apropiación indebida, que igualmente rechaza el fiscal porque “la idea de perjuicio [al ICAM] no aparece constatada con nitidez”.

Argumenta la Fiscalía que el despido se resolvió con una indemnización de 107.642 euros cuando podría haber alcanzado los 397.791,68 euros. “No puede presumirse ni afirmarse categóricamente como lesivo para la entidad, teniendo en consideración la eventual indemnización que pudiera haberle correspondido en caso de resolución desfavorable y también el importante presupuesto que gestiona el ICAM”, alega el fiscal. 

El Colegio de Abogados de Madrid ha vivido en el pasado otras polémicas relacionadas con la gestión de sus fondos y contratos desorbitados. Ocurrió con motivo del despido del periodista Alfonso Merlos, cuando trascendió que quien facturaba, a través de una sociedad, un total de 181.500 euros anuales al ICAM por encargarse de la comunicación del Colegio. En aquel momento, el ICAM estaba presidido por José María Alonso. 

Cuando elDiario.es consultó al ICAM por la denuncia de ALA respecto al despido del director jurídico, un portavoz del Colegio de Abogados describió a los denunciantes como “una asociación minoritaria de abogados, de marcado signo político”. “Pretender transformar un acto de conciliación por despido, enmarcado en la absoluta normalidad en las relaciones laborales, en indicios penales, supone tergiversar la realidad jurídica de lo acontecido con claros fines espurios”, añadió. 

Consiguieron a finales del año pasado la llegada al callejero de Sevilla de la Plaza de la Abogacía en sustitución de la Calle de los Letrados, pero tienen dos frentes abiertos para los que albergan esperanzas, más aún después de que el Congreso reformara esta semana su Reglamento para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género. Un grupo de abogadas de Sevilla tienen a la vista dos procedimientos judiciales en la misma línea, confiando en que en los recursos que han interpuesto venzan al nombre del Colegio de Abogados de Sevilla porque “es discriminatoria”.

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestimó el pasado mes de abril una demanda contra el Colegio de Abogados de Sevilla y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que había interpuesto 18 letradas abogadas para que se anulara el acuerdo del 25 de julio de 2022 que mantiene el nombre de la institución frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla. Paralelamente a este proceso judicial, doce de las 18 abogadas citadas hicieron saber a la Junta de Andalucía (mediante un recurso cada una) que no debió aprobar los nuevos estatutos de la abogacía sevillana. La cuestión está pendiente de resolución.

“Pico y pala”, resume María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes y que lideró el cambio de nombre de la plaza. El recurso de apelación contra la sentencia de abril se centra en el “carácter sexista” del término plural 'abogados' incluido en el nombre del Colegio de Abogados de Sevilla y, por consiguiente, del “carácter discriminatorio de su denominación al inculcarse el principio constitucional de igualdad que garantiza la no discriminación de las personas por razón de sexo y, por añadidura, la amplísima legislación vigente en materia de igualdad”.

En aquella sentencia, es de recordar, decía la jueza que “el término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo”, considerando que “la denominación controvertida no es medida que objetivamente mantenga o promueva la desigualdad entre hombres y mujeres”.

Una “desigualdad histórica”

Ahora bien, para las recurrentes, en este procedimiento “ha quedado acreditado que la denominación 'Colegio de Abogados' es discriminatoria y lesiona los derechos a la igualdad de las recurrentes por razón de sexo en el ámbito del colegio profesional al que pertenecen y a su vez es contrario al mandato legal”.

Las recurrentes entienden que “el masculino genérico omnicomprensivo, que el Colegio ha impuesto bajo el paraguas de unas elecciones a todas luces carentes de las mínimas garantías democráticas según se desprende la lectura de la sentencia recurrida, las discrimina e invisibiliza, reflejando una desigualdad histórica con la que la sociedad ha tratado y trata a menudo a mujeres y a hombres, máxime cuando en nuestro rico idioma, existe una denominación que integra a todas las personas que componen el colectivo, 'Abogacía'”.

Las letradas añaden en ese sentido que “así lo ha entendido la comunidad de expertos lingüistas que alertan de que uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en un aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro. Es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino. Esta regla, que como el resto de reglas gramaticales que se han dictado no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, normalmente se transmite en los textos que se manejan constantemente, otorgando carta de naturaleza a uno de los ejes vertebradores del androcentrismo más claros, constantes y habituales en la lengua: el que refuerza la presencia del género/ sexo masculino y causa la desaparición del género/ sexo femenino”.

“Sexismo lingüístico”

Por otro lado, la Sección 3ª de la Sala Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha tiene encima de la mesa desde el año pasado la demanda presentada por ocho de esas 18 abogadas contra la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública por aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 10 de noviembre de 2023.

Según las demandantes, la corporación colegial incumplía el mandato legal de adaptación de los estatutos de la corporación en el sentido de sustituir el término “abogados” por el de “abogacía” en su denominación social, lamentando que la Junta haya procedido a su aprobación definitiva ya que “adolece de sexismo lingüístico, ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por tanto, vulnera el derecho a la igualdad”.

La Junta había argumentado directamente a las letradas que había que esperar a que se resolviera el contencioso al que se ha aludido, pero las demandantes consideran que la administración andaluza ha dado por bueno un texto que “adolece de lenguaje inclusivo” que viene defendiendo el Consejo General de la Abogacía Española. De hecho, el objeto de la demanda es concretamente una resolución de la Consejería de febrero de 2024, después de la información publicada por este periódico, donde se suspende la tramitación del recurso que ya interpusieron las abogadas contra la aprobación de la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla.

Enrique Blanes (Alcoi, 1913 - València, 1970) i Higinio Recuenco (València, 1915 - 1998), advocat i procurador, gaudien d’una vida relativament plàcida, en la mesura que era possible, a l’Espanya franquista dels anys cinquanta, després de lliurar-se pels pèls de l’escamot d’afusellament, a conseqüència del seu enrolament en les files comunistes de l’exèrcit republicà en la Guerra Civil i després d’haver sobreviscut a les presons de la postguerra. Les seues vides professionals començaven a despuntar, les seues filles estudiaven en l’Aliança Francesa, refugi educatiu de l’exili interior a la ciutat, i els diumenges passaven el dia al Saler entre les dunes i el bosc fronterer de l’Albufera. El 1958, un vell conegut enviat des de França pel Partit Comunista d’Espanya (PCE) els va instar a crear un grup clandestí d’intel·lectuals, en el marc de la nova estratègia de reconciliació nacional, després de les cícliques caigudes de les cèl·lules formades a la ciutat des de la dècada anterior, sempre sotjades per la Brigada Politicosocial, la policia política de la dictadura. Van caure l’any següent: Recuenco va patir duríssimes tortures en comissaria i va acabar a la presó de Burgos i Blanes va poder evitar, de miracle, la detenció i es va haver d’exiliar a París. “Quins van ser els mòbils que els van moure a prendre aquestes decisions tan greus i valentes?”, es va preguntar la historiadora Dolores Sánchez Durá, criada al caliu de l’amistat amb les dues famílies. L’interrogant va sobrevolar durant tot l’acte d’homenatge organitzat dijous pel sindicat Comissions Obreres en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, que va tindre l’emotiva evocació dels dos personatges per part de les seues filles.

“L’amistat de mon pare amb Higinio va durar tota la vida”, va recordar Estrella Blanes, magistrada jubilada i destacada figura de l’associació Jutges i Jutgesses per a la Democràcia. Eren dos homes “alegres, cultes i molt bons pares i marits”, va dir Blanes. A la casa familiar, l’advocat sempre recordava la història d’Alberto Sánchez Mascuñán (Cartagena, 1913 – Ciutat de Mèxic, 1995), un altre camarada comunista que en plena postguerra va acceptar l’orde del PCE de tornar a Espanya des del seu tranquil exili mexicà i va acabar complint 15 anys de presó a Burgos. Si Sánchez Mascuñán, un dels personatges principals del llibre Aquí no hemos venido a estudiar (Arpa, 2020) del periodista Enric Juliana, es va salvar de l’escamot d’afusellament després de la detenció i les tortures a les mans de la Brigada Politicosocial va ser, en part, per l’àgil reacció d’Enrique Blanes.

Una opció, la d’acceptar una proposta tan perillosa, que l’advocat i el seu amic procurador no van dubtar a assumir en la dècada següent. “Va ser molt dur per a les famílies, ho tinc tot gravat, no m’oblide de res”, va dir Teresa Recuenco. La filla del procurador, molt estimat en els tribunals de València, recordava que la primera vegada que la família va poder anar a visitar el pres polític després de la detenció, sa mare, Teresa Rosado, no se la va emportar: “No devia estar mon pare ni visible amb els corrents que li havien donat”.

Les tràgiques aventures de Blanes i Recuenco figuren documentades en el segon tom de la guia Rutes de la memòria obrera, editada per la Fundació d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals (FEIS) de Comissions Obreres del País Valencià, de què Dolores Sánchez Durá és coautora. La guia reprodueix documentació d’arxiu dels sumaris militars de l’època, així com l’informe elaborat per Antonio Cano, llavors cap de la Brigada Politicosocial a València, sobre Enrique Blanes, de qui diu que, “en la seua qualitat d’advocat, ha defensat elements destacats del Partit Comunista”.

En els papers de l’època, acompanyats per fotografies d’arxius privats dels descendents, ixen ressenyats altres destacats militants comunistes de l’època: Pepe Bonet, Abelardo Gimeno o Emeterio Monzón, tots ells víctimes de la repressió franquista. Blanes i Recuenco formaven part d’aquella generació que es va foguejar en la Federació Universitària Escolar (FUE) contra la dictadura de Primo de Rivera, que va abraçar la democràcia i una certa modernitat en la II República i que, amb el colp d’estat del 1936, se’n van anar voluntaris al front.

Higinio Recuenco va ser destinat al front de Terol i va arribar a ser cap d’Estat Major de la 46 Divisió de l’Exèrcit Popular. Enrique Blanes, per part seua, va ser comissari polític de l’Escola Popular de Guerra de Paterna (València), tal com recorda l’informe del conegut policia Antonio Cano.

Dos “elements perillosos” per al franquisme

Condemnats a mort després de l’entrada de les tropes del bàndol franquista a València, les seues sentències van ser finalment commutades. Després d’uns quants anys en diferents presons, van ser alliberats el 1943. Quan, el 1959, van ser detinguts de nou, Antonio Cano (que arribaria a ser cap superior de Policia de València fins que va morir el 1972) va titlar Blanes d’“element perillós” per a la dictadura que no havia reculat “un sol moment en les seues activitats contra el Règim”. El seu amic procurador era exactament igual.

Després de la visita d’Abelardo Gimeno Lleteta, company de les Joventuts Socialistes Unificades (JSU) exiliat a França, amb la proposta de formar un grup d’intel·lectuals en el marc de la reorganització clandestina del PCE a València (el sector obrer havia caigut poc abans), Blanes i Recuenco es van moure per forçar, juntament amb altres sectors de l’oposició més moderada, una Junta Extraordinària del Col·legi d’Advocats, dominat per lletrats falangistes, per a adherir-se a una campanya en favor de la democràcia. Van perdre la batalla amb 149 vots en contra de la resolució i 43 a favor, d’un total de 500 assistents, segons l’informe de Blanes per a la direcció del PCE.

Una jugada “de tipus comunista que tractava de sollevar l’opinió dels jurisconsults valencians emmascarant el significat polític de la maniobra, amb preteses reivindicacions de caràcter social”, segons l’informe del cap de la Brigada Politicosocial. El juny del 1959, va arribar la caiguda. Primer va ser detingut sa casa Higinio Recuenco. Enrique Blanes exercia en aquest moment de testimoni d’un casament i, alertat de la situació, va poder fugir i es va exiliar més tard a París.

Dolores Sánchez Durá, gran coneixedora de les dues famílies i dels llinatges comunistes de la ciutat d’aquella generació, explica en la guia de les Rutes de la memòria obrera: “Higinio va ser torturat salvatgement i va ingressar a la presó, primer en la Model de València i després en el penal de Burgos. Les pallisses i els corrents elèctrics van deixar empremta en el seu cos i en la seua ànima. Era un home acostumat a la gimnàstica i amant de la natació, probablement això li va salvar la vida, perquè la seua musculatura va resistir i va protegir els seus òrgans vitals. A més, era molt actiu i a Burgos, en condicions físiques molt dures, va aprofitar aquest temps de silenci per a estudiar i aprendre diversos idiomes, entre els quals l’esperanto”.

Per part seua, Blanes es va assentar a França i es va desencantar amb el PCE després de l’expulsió de Jorge Semprún i de Fernando Claudín el 1964. A la seua filla, aquella etapa li recordava molt a l’estupenda pel·lícula La guerre est finie,dirigida per Alain Resnais i amb guió de Semprún. Es va estrenar el 1966, encara que a les sales de cinema espanyoles no arribaria fins al 1977 (Estrella Blanes va destacar que està disponible en Filmin).

Una biografia “sorprenent”

L’advocat, que bé podria haver sigut un dels personatges del film de Resnais, va moure cel i terra per a tornar a Espanya amb la seua dona, Carmen Rodríguez, juntament amb les seues dues filles. El tribunal militar i el nou Tribunal d’Ordre Públic (TOP) es van passar la creïlla fins que l’advocat va poder tornar a València i, de l’expedient, “mai més se’n va saber”.

Quan va tornar-hi el 1965, “també va patir les seues filles, en plena rebel·lió adolescent”, tal com va recordar amb emoció Estrella Blanes. Més tard, ella i la seua germana Carmen serien detingudes, formant part d’una nova generació d’opositores al règim franquista. “Higinio i ell van continuar treballant junts i sent amics”, va postil·lar.

Estrella Blanes ha estudiat tota la documentació que ha pogut localitzar sobre el seu pare. Repassant el sumaríssim d’urgència del coronel Eymar, “conegudíssim per la duresa de les seues sentències”, es recordava “una mica” d’algunes de les decisions “actuals d’algun tribunal espanyol”, va dir mig de broma mig de debò amb elegant humor de jutgessa jubilada.

La memòria de l’advocacia democràtica

El 1970, Enrique Blanes va tindre un infart mentre exercia la seua professió en l’Audiència Territorial de València i va morir pocs dies després. “Mon pare va morir en llibertat provisional”, recordava la seua filla.

Una biografia –la de Blanes i Recuenco– “sorprenent”, encara que “llavors” li semblara “molt normal que foren capaces de tornar al terreny de la lluita”, va dir la filla del primer. “La història familiar és una mica la història d’aquest país, van ser fills del seu temps”, segons Estrella Blanes. Quan es va incorporar a la Sala Contenciosas del Tribunal Superior de Justícia, encara hi havia funcionàries que recordaven amb molta estima el procurador Recuenco (“el meu oncle Higinio”).

El record dels dos amics no és fàcil per a les seues filles. Teresa Recuenco va evocar les visites al seu pare a la presó de Burgos, sent a penes una cria: “Jo eixia amb una plorera d’esbalaïment, horrible”.

Dolores Sánchez Durá, lligada a través del seu progenitor a les famílies Blanes i Recuenco per una connexió amb “connotacions profundament afectives”, també va relatar l’experiència dels pares de les seues “millors amigues de la infància i de l’adolescència” des de l’òptica de la memòria traumàtica que s’enfronta a la reconstrucció del passat. “Va costar molt de dolor”, va dir la historiadora. “Que la presència de mon pare es mantinga en la professió”, va demanar Teresa Recuenco.

En la sala escoltaven atentament descendents d’alguns protagonistes d’aquesta història, com Pepe Bonet o un altre dels advocats clau: Alberto García Esteve, l’actiu lletrat comunista que va exercir la defensa jurídica de gran part de l’oposició valenciana a la dictadura i va batallar sense descans davant el TOP per intentar deslliurar de la presó qualsevol que s’oposara al règim.

Després de l’emotiu acte, un dels assistents es va acostar discretament a saludar Judit, la filla de García Esteve, per agrair-li que fa gairebé mig segle el seu pare el defensés a les acaballes de la dictadura. Hi ha coses que no obliden.

Enrique Blanes (Alcoi, 1913 - València, 1970) e Higinio Recuenco (València, 1915 - 1998), abogado y procurador, disfrutaban de una vida relativamente plácida, en la medida de lo posible, en la España franquista de los años cincuenta, tras haberse librado por los pelos del pelotón de fusilamiento, a consecuencia de su enrolamiento en las filas comunistas del Ejército republicano en la Guerra Civil, y tras haber sobrevivido a las terribles cárceles de la posguerra. Sus vidas profesionales comenzaban a despuntar, sus hijas estudiaban en la Alianza Francesa, refugio educativo del exilio interior en la ciudad, y los domingos pasaban el día en El Saler, entre las dunas y el bosque que linda con l'Albufera. En 1958, un viejo conocido enviado desde Francia por el Partido Comunista de España (PCE) les instó a crear un grupo clandestino de intelectuales, en el marco de la nueva estrategia de reconciliación nacional, tras las cíclicas detenciones de las células formadas en la ciudad desde la década anterior, siempre acechadas por la Brigada Político Social, la policía política de la dictadura. Cayeron al año siguiente: Recuenco sufrió durísimas torturas en comisaría y acabó en la prisión de Burgos y Blanes pudo evitar, de milagro, la detención y se tuvo que exiliar en París. “¿Cuáles fueron los móviles que los movieron a tomar estas decisiones tan graves y valientes?”, se pregunta la historiadora Dolores Sánchez Durá, criada al calor de la amistad con ambas familias. El interrogante sobrevoló durante todo el acto de homenaje organizado este pasado jueves por el sindicato Comisiones Obreras en el Ilustre Colegio de Abogados de València, que contó con la emotiva evocación de ambos personajes por parte de sus hijas. 

“La amistad de mi padre con Higinio duró toda su vida”, recordó Estrella Blanes, magistrada jubilada y destacada figura de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. Eran dos hombres “alegres, cultos y muy buenos padres y esposos”, dijo Blanes. En la casa familiar, el abogado siempre recordaba la historia de Alberto Sánchez Mascuñán (Cartagena, 1913 - México DF, 1995), otro camarada comunista que, en plena posguerra, acató la orden del PCE de regresar a España desde su tranquilo exilio mexicano para acabar cumpliendo 15 años de prisión en Burgos tras su detención a manos de Roberto Conesa. Si Sánchez Mascuñán, uno de los personajes principales del libro Aquí no hemos venido a estudiar (Arpa, 2020) del periodista Enric Juliana, se salvó del pelotón de fusilamiento tras su detención y torturas a manos de la Brigada Político Social fue, en parte, por la ágil reacción de Enrique Blanes.

Una opción, la de aceptar tan peligrosa propuesta, que el abogado y su amigo procurador no dudaron en asumir en la década siguiente. “Fue muy duro para las familias, lo tengo todo grabado, no se me olvida nada”, dijo Teresa Recuenco. La hija del procurador, muy querido en los tribunales de València, recordaba que la primera vez que la familia pudo ir a visitar al preso político tras su detención, su madre, Teresa Rosado, no se la llevó: “No estaría mi padre ni visible con las corrientes que le habían dado”.

Las trágicas andanzas de Blanes y Recuenco aparecen documentadas en el segundo tomo de la guía Rutes de la memòria obrera, editada recientemente por la Fundació d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals (FEIS) de Comisiones Obreras del País Valenciano y de la que Dolores Sánchez Durá es coautora. La guía reproduce documentación de archivo de los sumarios militares de la época, así como el informe elaborado por Antonio Cano, entonces jefe de la Brigada Político Social en València, sobre Enrique Blanes, del que dice que, “en su calidad de abogado, ha defendido a elementos destacados del Partido Comunista”.

En los papeles de la época, acompañados por fotografías de archivos privados de los descendientes, salen reseñados otros destacados militantes comunistas de la época: Pepe Bonet, Abelardo Gimeno o Emeterio Monzón, todos ellos víctimas de la represión franquista. Blanes y Recuenco formaban parte de aquella generación que se fogueó en la Federación Universitaria Escolar (FUE) contra la dictadura de Primo de Rivera, que abrazó la democracia y cierta modernidad en la II República y que, con el golpe de Estado de 1936, se fueron voluntarios al frente de batalla.

Higinio Recuenco fue destinado al frente de Teruel y llegó a ser jefe de Estado Mayor de la 46 División del Ejército Popular. Enrique Blanes, por su parte, fue comisario político de la Escuela Popular de Guerra de Paterna (València), tal como recuerda el informe del conocido policía Antonio Cano, quien llegaría a ser jefe superior de Policía de la capital del Túria hasta su fallecimiento en 1972.

Dos “elementos peligrosos” para el franquismo

Condenados a muerte tras la entrada de las tropas del bando franquista en València, sus sentencias serían finalmente conmutadas. Tras varios años en diferentes prisiones, fueron liberados en 1943. Cuando, en 1959, resultaron detenidos de nuevo, Antonio Cano tildó a Blanes de “elemento peligroso” para la dictadura que no había cejado “un solo momento en sus actividades contra el Régimen”. Su amigo procurador era exactamente igual.

Tras la visita en 1958 de Abelardo Gimeno Lleteta, compañero de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) exiliado en Francia, con la propuesta de formar un grupo de intelectuales en el marco de la reorganización clandestina del PCE en València (el sector obrero había caído poco antes), Blanes y Recuenco se habían movido para forzar, junto con otros sectores de la oposición más moderada, una Junta Extraordinaria del Colegio de Abogados, dominado por letrados falangistas, para adherirse a una campaña en favor de la democracia. Perdieron la batalla con 149 votos en contra de la resolución y 43 a favor, de un total de 500 asistentes, según el informe de Blanes para la dirección del PCE.

Una jugada “de tipo comunista que trataba de soliviantar la opinión de los jurisconsultos valencianos enmascarando el significado político de la maniobra, con supuestas reivindicaciones de carácter social”, según el informe de la Brigada Político Social. El 3 de junio de 1959 llegó la caída. Primero fue detenido su casa Higinio Recuenco. Enrique Blanes ejercía en ese momento de testigo de una boda y, alertado de la situación, pudo huir para exiliarse más tarde a París.

Dolores Sánchez Durá, gran conocedora de ambas familias y de los linajes comunistas de la ciudad de aquella generación, explica en la guía de las Rutes de la memòria obrera: “Higinio fue salvajemente torturado e ingresó en prisión, primero en la Modelo de Valencia y luego en el penal de Burgos. Las palizas y las corrientes eléctricas dejaron huella en su cuerpo y en su alma. Era un hombre acostumbrado a la gimnasia y amante de la natación, probablemente eso le salvó la vida, porque su musculatura resistió y protegió sus órganos vitales. Además, era muy activo y en Burgos, en condiciones físicas muy duras, aprovechó ese tiempo de silencio para estudiar y aprender varios idiomas, entre ellos el Esperanto”.

Por su parte, Blanes se asentó en Francia y se desencantó con el PCE tras la expulsión de Jorge Semprún y de Fernando Claudín en 1964. A su hija, aquella etapa le recordaba mucho a la estupenda película La guerre est finie, dirigida por Alain Resnais y con guion de Semprún. Se estrenó en 1966, aunque a las salas de cine españolas no llegaría hasta 1977 (Estrella Blanes destacó que está disponible en Filmin).

Una biografía “asombrosa”

El abogado, que bien podría haber sido uno de los personajes del film de Resnais, movió cielo y tierra para volver a España con su mujer, Carmen Rodríguez, junto con sus dos hijas. El tribunal militar y el nuevo Tribunal de Orden Público (TOP) se pasaron la patata hasta que el abogado pudo regresar a València y del expediente “nunca más se supo”.

Cuando volvió en 1965, “también sufrió a sus hijas, en plena rebelión adolescente”, tal como recordó con emoción Estrella Blanes. Más tarde, ella y su hermana Carmen serían detenidas, formando parte de una nueva generación de opositoras al régimen franquista. “Higinio y él siguieron trabajando juntos y siendo amigos”, apostilló.

Estrella Blanes ha estudiado toda la documentación que ha podido localizar sobre su padre. Repasando el sumarísimo de urgencia del coronel Eymar, “conocidísimo por la dureza de sus sentencias”, se acordaba “un poco” de algunos de los fallos “actuales” dictados por “algún tribunal español”, dijo medio en broma medio en serio, con elegante humor de jueza jubilada.

En 1970, Enrique Blanes sufrió un infarto mientras ejercía su profesión en la Audiencia Territorial de València y falleció pocos días después. “Mi padre murió en libertad provisional”, recordaba su hija.

Una biografía —la de Blanes y Recuenco— “asombrosa”, aunque “entonces” le pareciera “muy normal que fueran capaces de volver al terreno de la lucha”, dijo la hija del primero. “La historia familiar es un poco la historia de este país, fueron hijos de su tiempo”, según Estrella Blanes. Cuando se incorporó a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, aún había funcionarias que recordaban con mucho cariño al procurador Recuenco (“mi tío Higinio”).

La memoria de la abogacía democrática

El recuerdo de ambos amigos no es fácil para sus hijas. Teresa Recuenco evocó las visitas a su padre en la prisión de Burgos, siendo apenas una cría: “Yo salía con una llorera de pasmo, horrible”.

Dolores Sánchez Durá, ligada a través de su progenitor a las familias Blanes y Recuenco por una conexión con “connotaciones profundamente afectivas”, también relató la experiencia de los padres de sus “mejores amigas de la infancia y de la adolescencia” desde la óptica de la memoria traumática que se enfrenta a la reconstrucción del pasado. “Costó mucho dolor”, dijo la historiadora. “Que la presencia de mi padre se mantenga en la profesión”, pidió Teresa Recuenco.

En la sala escuchaban atentamente descendientes de algunos protagonistas de esta historia, como Pepe Bonet u otro de los abogados clave: Alberto García Esteve, el activo letrado comunista que ejerció la defensa jurídica de gran parte de la oposición valenciana a la dictadura y batalló sin descanso ante el TOP para intentar librar de la cárcel a cualquiera que se opusiera al régimen.

Tras el emotivo acto, uno de los asistentes se acercó discretamente a saludar a Judith García Hernández, hija de Alberto García Esteve, para agradecerle que hace casi medio siglo su padre le defendiera en las postrimerías de la dictadura. Hay cosas que no se olvidan.

Hay mujeres que han marcado un antes y un después en la historia de nuestro país. Da igual la disciplina en la que hayan destacado, ya sea en el arte, la política, la ciencia o en el caso de la protagonista de este artículo, el derecho.

Elvira Fernández-Almoguera Casas (Herencia, Ciudad Real, 1907 - Albacete, 1938) fue la primera fiscala de todo el país. Aunque existen pocos datos sobre ella, Ángel Martín-Fontecha, docente herenciano especializado en matemáticas, física y química, además de ser investigador sobre personajes ilustres de su municipio, ha publicado varios artículos sobre de ella. “Hay muy poca información, pero pedí algunos expedientes de Elvira en el Archivo Histórico Nacional y a partir de ahí conseguí información para traer de nuevo a este personaje casi desconocido de la historia local”, nos cuenta en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha.

Creció en un entorno acomodado. Cuando su progenitor se casó en segundas nupcias con Virginia Casas, una vecina de Villarrobledo, la familia se trasladó a Minaya (Albacete). Elvira y sus hermanos vivieron en esa localidad albaceteña hasta que ella se trasladó a la capital de la provincia para estudiar en el Instituto Sabuco de Albacete.

Estudió dos carreras y fue una adelantada a su época

Elvira Fernández-Almoguera se desvincula de Herencia tras su nacimiento y su vida educativa trasciende en Albacete, donde tras acabar el instituto se matricula “en lo que hoy llamaríamos un doble grado”, señala Ángel Martín-Fontecha. “Elvira empieza a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Murcia, y la de Ciencias Químicas en la Universidad Central de Madrid, algo bastante novedoso y que la convertiría en una mujer adelantada a su tiempo”.

El breve periodo que pasó estudiando en Madrid, en la Residencia de Señoritas de la calle Fortuny, le valió para relacionarse con un núcleo de mujeres que, como ella, buscaba abrirse camino en un mundo donde el feminismo apenas florecía. Todas esas estudiantes querían construirse un futuro y conseguir las mismas oportunidades que tenían los hombres. “Gracias a esta residencia Elvira, junto con muchas otras que luego participaron mucho en la vida social y política de España, pudieron conseguir una formación que hasta entonces había sido imposible para las mujeres”, apunta Ángel Martín-Fontecha.

Una de las compañeras de Elvira, Pilar Lamarque, fue una bibliotecaria y archivera, fundadora de la Sociedad para el Fomento de Bibliotecas, Archivos y Museos en 1934, lo que demuestra que sus contemporáneas en esa residencia de estudiantes durante la Segunda República estaban llamadas a tener un futuro prometedor, al menos hasta la llegada de la guerra civil y la posterior dictadura franquista.

Quizá lo más destacable, por encima de haber sido primera mujer fiscal, es que Elvira fue la primera abogada colegiada del Colegio de Abogados de Albacete. Tendrían que pasar casi cuatro décadas para que una mujer estuviese de nuevo dentro de ese órgano

A pesar de que cuando Elvira finalizó sus estudios en 1928 todavía no se había gestado la Segunda República. La llegada de esta nueva realidad política favoreció el ascenso de Elvira en su carrera profesional. Tras licenciarse, se mudó a Albacete donde empezó a ejercer como abogada en 1929. “Quizá lo más destacable de Elvira es que cuando empieza a trabajar en Albacete, con un despacho en el Paseo de Lodares, es la primera mujer que lo hace y además de ser la primera abogada colegiada del Colegio de Abogados de Albacete. Tendrán que pasar casi cuatro décadas hasta que una nueva mujer esté dentro de ese órgano”.

La carrera profesional de Elvira siguió en ascenso durante la guerra civil. En 1937 fue destinada a Baza (Granada) donde se convertiría en la primera fiscala en ostentar el cargo en España. Ángel Martín-Fontecha comenta que “de Granada rápidamente fue requerida por el Gobierno de la República a Barcelona, luego de Barcelona pasó un año para después volver a Albacete. Tuvo una vida muy frenética debido a las circunstancias que se estaban viviendo”.

Además de su actividad en el mundo judicial, explica, durante la década de los años 30, Elvira fue “una activista política bastante importante”, ya que “hay constancia de que participó en numerosos mítines representando al partido Unión Republicana, sobre todo en pueblos de Albacete como Letur o Hellín, o en la propia capital”.

El legado de Elvira

La prometedora carrera de Elvira se truncó con su fallecimiento en agosto de 1938, a la edad de treinta años. “Podríamos creer, por producirse durante la guerra civil, que se debió a algún asunto relacionado con su actividad política y por el conflicto, sin embargo, las crónicas de la época dicen que la razón estuvo en una afección cardiaca”, afirma el investigador Martín-Fontecha.

Durante la guerra civil, Elvira también participó como voluntaria dentro del 'Socorro Rojo Internacional' -una organización de asistencia que, a diferencia de la Cruz Roja, no tenía ninguna relación con organizaciones religiosas. “Elvira estaba muy relacionada con el mundo médico, por lo que si hubiese fallecido a consecuencia de la guerra tendríamos constancia de ello, pero no existe ningún documento que lo acredite, por lo que suponemos que fue un infarto”.

Hay que recuperar la historia estas mujeres que han forjado las cuestiones clave para el desarrollo social, político y económico de nuestro pueblo y de nuestro país

El legado de Elvira, dada su corta vida, es menos extenso que el de sus contemporáneas: mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent o María Luisa Algarra, la primera jueza de la historia de España. No se conserva ningún escrito sobre ella, ningún diario o documento que pudiera darnos una pista acerca de cómo pensaba, qué sentía o cómo veía el mundo, más allá de pequeños retazos que constan en algunos documentos oficiales.

Aunque nació en Herencia y vivió allí muy poco tiempo, desde 2019 la nueva sede del Juzgado de Paz de la localidad ciudadrealeña lleva su nombre.

Ángel Martín-Fontecha destaca que “es muy importante recordar el papel de todas esas mujeres a lo largo de la historia de Herencia, un pueblo fundado en el siglo XIII. Es casi imposible encontrar mujeres referentes en la historia herenciana, y las que encontramos son conocidas por ser 'viudas de' o 'señoras de', siempre con un sufijo masculino. Hay que recuperar la historia estas mujeres que han forjado las cuestiones clave para el desarrollo social, político y económico de nuestro pueblo y de nuestro país”.

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado una demanda contra el Colegio de Abogados de Sevilla y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que había interpuesto un grupo de 18 abogadas con la que pretenden (presentarán recurso de apelación) que se anule el acuerdo del 25 de julio de 2022 que mantiene el nombre de la institución frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla.

La sentencia analiza los pormenores de aquella votación, pero la jueza expresa, respecto al tema de fondo y al final de la resolución, su “profundo respeto” al derecho de las mujeres recurrentes “a 'sentirse' discriminadas” pero concluye que se ha de respetar “la decisión democráticamente adoptada por los colegiados”, considerando finalmente que “la denominación controvertida no es medida que objetivamente mantenga o promueva la desigualdad entre hombres y mujeres”, por lo desestima íntegramente su recurso.

Y añade respecto a la cuestión que “el llamado 'masculino plural genérico' o 'masculino neutro' puede parecernos, particularmente, como instrumento que perpetúa la invisibilidad de las mujeres, más aún en colectivos fuertemente profesionalizados como este [el de la Abogacía], con mayoritaria presencia masculina en tiempos no tan lejanos, o puede considerarse por contra un elemento útil, expresivo y adecuado a la tradición y al lenguaje”.

“Una posición u otra no dejan de ser opciones o apreciaciones subjetivas compartidas de forma diferente por los distintos sectores de nuestra sociedad, lo que hay que respetar, tratándose de un debate abierto. El término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo. La inversión de la carga de la prueba no tiene por ello aquí cabida. El empleo del término 'Abogacía' se trata de un tema de corrección lingüística, si se quiere, deseable, pero no obligado.

“No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal”

“Por más que esta juzgadora pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes, no puede interpretar ni concluir que dichas normas impongan lo querido por las mismas”, confiesa en la sentencia, aludiendo a que el Estatuto General de la Abogacía Española de 2021 “no contiene norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo como el pretendido en la denominación de los Colegios”, estableciéndolo como “deseable modelo a seguir o recomendaciones”. “No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal alguno para la adaptación de los estatutos de la corporación que obligue a sustituir el término ”abogados“ por el de ”abogacía“ en la denominación social”.

Recuerda la sentencia que “varios Colegios denominados hasta ahora 'de Abogados' han votado si se cambiaba la denominación a Colegio de Abogacía, o se mantenía la de Colegio de Abogados, y muchos han optado por no hacerlo”. El mencionado Estatuto “no establece la obligatoriedad de sustituir la palabra 'Abogados' por la de 'Abogacía', insiste la sentencia, que apunta que ”las normas deontológicas, que ante dudas de interpretación, pueden ser de utilidad, tampoco obligan a ello, y de hecho incluso estas, en algún apartado o redacción, mantienen el masculino neutro“.

“Tampoco obliga al cambio” ni la Constitución Española, ni la Ley de Igualdad de 2007, ni la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación, ni la Ley para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía de 2007 también “ni la normativa comunitaria e internacional” que citaron las abogadas en su recurso. “Las recomendaciones nacionales e internacionales que se destacan en demanda, son eso, recomendaciones. Dichas normas garantizan la igualdad de hombres y mujeres, pero no obligan al uso de determinados términos lingüísticos como los que aquí se pretenden”.

La “fragilidad de los derechos conquistados”

Para María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes y que lideró la llegada al callejero de Sevilla con la Plaza de la Abogacía en sustitución de la Calle de los Letrados, “es peligroso que una resolución judicial se pronuncie ignorando el mandato legal. Conviene tomar conciencia de que normalizar este tipo de hechos pone en peligro nuestro estatus como ciudadanas y la calidad de nuestra democracia”.

“La sentencia contempla una controversia anacrónica, en pleno siglo XXI, que nos reafirma en la necesidad de seguir luchando por la consagración de nuestros derechos. La sentencia deja constancia de que el sistema judicial sigue lastrado por interpretaciones ajenas a la legislación vigente. Esto deja al descubierto la fragilidad de los derechos conquistados, lo que se traduce en un auténtico retroceso social. Pero todo esto tiene una parte positiva, la certeza de que solo se pierde la batalla que se abandona. Nuestra reivindicación es tan legítima como necesaria. Por ello, no podemos permitirnos minimizar las consecuencias de estas resoluciones que, lejos de lo que pudiera parecer, no se trata del empeño de un grupo de abogadas por cambiar una palabra, sino que se trata de una lucha por la Igualdad en mayúsculas, como mujeres, como juristas y como demócratas”, considera la abogada especialista en violencia de género.

Inesperada asistencia masiva

La sentencia, en cuanto al procedimiento en sí de aquella votación en pleno verano de 2022, dice que no aprecia vulneración de normas colegiales, sectoriales o estatales sobre la forma de aprobación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla, con votación a mano alzada y con la regla de que los votos de ejercientes computan el doble que el de no ejercientes. Sí advierte “ciertas irregularidades o dificultades de control ante una inesperada asistencia masiva de colegiados/as interesados/as en participar en esta votación” pero “ninguna de ellas se revela de la envergadura que se pretende”, apuntando que el resultado fue “aplastante” en contra de los intereses de las recurrentes.

“No puede más que respetarse el principio de autonomía de cada Colegio en esta decisión y en cualquier modificación de sus Estatutos”, “y entre el contenido que necesariamente regularán los estatutos está su denominación”, detalla la jueza en otros pasajes de la sentencia.

Paralelamente a este proceso judicial, doce de las 18 abogadas citadas hicieron saber a la Junta de Andalucía (mediante un recurso cada una) que no debió aprobar los nuevos estatutos de la abogacía sevillana. La cuestión está pendiente de resolución.