La pasarela de Vitoria que sortea las vías del tren en los Astrónomos está precintada y seguirá cerrada al paso de los peatones hasta que se sustituya por otra “con todas las garantías” en la segunda mitad de 2027. El Ayuntamiento, después de una llamada ciudadana que llevó a la Policía Local a intervenir y precintarla de manera provisional, ha decidido reforzar el vallado para impedir el paso. Se ha escudado en un criterio de “prudencia” y ha admitido, por boca de su teniente de alcaldesa, que el accidente que recientemente se cobró la vida de seis jóvenes en Santander, varios de ellos vascos, “ha tenido mucho que ver” en esta decisión. “La prioridad absoluta es la seguridad de las personas. Hemos reforzado el cierre, porque no podemos permitir que nadie acceda a una infraestructura sobre la que existen dudas”, ha señalado recientemente la concejala de Espacio Público y Barrios y teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, de la parte del PNV.

Según ha apuntado la teniente de alcaldesa, se ha tenido constancia de que algunas personas han sorteado el cierre inicial, más laxo, y han seguido utilizando la pasarela. Conocida también como pasarela de Las Neveras, conecta la zona de los Astrónomos con el extremo sur de Salburua. Uno de los lados de la estructura da al punto en el que la calle de la Florida se convierte en paseo de la Ilíada. Las medidas adicionales, con vallas ancladas a la estructura con candados, tienen como objetivo evitar cualquier riesgo. “Si hay una duda razonable, se cierra. Y si vemos que ese cierre no se está respetando, lo reforzamos. Vamos a ser extremadamente prudentes”, ha señalado Artolazabal, según recoge Europa Press.

Los problemas con la estructura —que acarrearon los primeros cierres— están detectados desde 2021, cuando se apreciaron “problemas” que fueron solucionados ya en 2022, según ha indicado Artolazabal en una entrevista concedida la pasada semana a Radio Vitoria. Lo que ha sucedido ahora, ha explicado la concejala, es que hubo una llamada al 112 y la Policía Local clausuró la pasarela. “Como no podía ser de otra forma, para actuar con máxima prudencia”, ha abundado.

“Los técnicos ya venían monitorizando y viendo cómo iba evolucionando la pasarela. No había ningún informe técnico que dijera que existía peligro, pero los hechos de Santander han tenido mucho que ver en esta llamada de un ciudadano”, ha aventurado. Seis jóvenes fallecieron en la capital cántabra a causa del hundimiento de una pasarela. No es que la pasarela de Salburua, ha matizado Artolazabal, “no sea segura”, pero se ha clausurado siguiendo un criterio de “prudencia”.

Unos días después, los técnicos de su departamento se acercaron hasta el lugar “con el objetivo de comprobar la seguridad de la pasarela”. “Está clausurada y va a seguir así mientras no haya otro informe que nos dé la luz verde para que se pueda abrir”, ha subrayado. El Ayuntamiento sabía que la pasarela iba a tener que sustituirse, por lo que ya ha adjudicado el proyecto de construcción de la estructura que la sustituirá. A partir de la firma del contrato, la redacción del proyecto constructivo no se prolongará durante más de cinco meses. “Luego licitaremos la obra y esperamos que en año y medio esa pasarela sea sustituida por una pasarela que tenga todas las garantías”, ha adelantado.

En los últimos días, se ha producido un goteo de noticias en torno al PNV. La formación ha empezado a anunciar los nombres de sus candidatos para las elecciones municipales de 2027. Aún quedan catorce meses para la cita con las urnas, sí, pero la maquinaria, según confirman fuentes internas, ya está en marcha. Hondarribia, Sestao, Lemoa, Galdakao o Mungia son los ejemplos de los últimos días. Y se suman a Barakaldo, anunciado hace ya unas semanas, o al cambio en Donostia, consumado ya en otoño de 2025 con la llegada de Jon Insausti en lugar de Eneko Goia. El proceso, según las mismas fuentes, será todavía largo, posiblemente sin que hasta finales de año estén todas las dudas despejadas. Las grandes incógnitas locales sobre la mesa del partido de Aitor Esteban son si Juan María Aburto dejará paso a otra persona en Bilbao, el nombre del candidato en Vitoria, donde se da por descontado que no repetirá Beatriz Artolazabal, y el futuro de Amaia Agirre en Getxo en plena investigación penal por el caso del edificio derribado Irurak Bat y con tres de sus exediles imputados.

Ya a comienzos de febrero se conoció que la actual alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, había sido ratificada por las bases para optar a la reelección. Ocupa el cargo desde 2015, cuando arrebató al PSE-EE uno de sus grandes feudos, y optaría ya a una cuarta legislatura. Sin embargo, que el PNV ha activado el modo electoral se ha hecho muy evidente esta semana. Gorka Álvarez, alcalde de Sestao desde mediada esta legislatura, ha sido ya 'nominado', Esther Iturrioz intentará repetir como alcaldesa de Lemoa y Alaitz Erkoreka aspira a hacer lo propio en Mungia. Y Erramun Osa quiere un tercer mandato en Garai.

Las designaciones han llegado también a municipios donde el PNV está en la oposición. Javi Zorriqueta será el candidato en Galdakao, con alcalde de EH Bildu y con la novedad de que celebrará en 2027 sus primeros comicios ya sin la parte de Usansolo, constituida como municipio totalmente independiente. Arantza Mendizabal optará en Sopuerta, también en Bizkaia, y Aitor Basterretxea en Ondarroa.

Y, en Gipuzkoa, los nacionalistas han lanzado ya la campaña en Hondarribia, una dolorosa pérdida de 2023. En esa localidad el actual alcalde es de Abotsanitz, Igor Enparan, quien más se significó en denunciar las irregularidades en la gestión del PNV local, particularmente en lo tocante a las decenas de adjudicaciones directas a una empresa de un cargo del partido, el grupo Montai. La elegida es María Serrano, que buscará revertir el fallido intento del remero Gonzalo Carrión. Serrano, en el pleno de esta misma semana, ha puesto en valor el estilo moderado de oposición del PNV en contraste con lo que, a su juicio, sufrieron en pasadas legislaturas.

Fuentes del PNV de Bizkaia, la territorial que más avanzado lleva el proceso, indican que aún queda mucho camino hasta tener todo el mapa de candidaturas. Son más de un centenar las asambleas locales que tienen que pronunciarse, recuerdan. Los momentos claves serán antes del verano, cuando los 'batzokis' de Getxo tendrán sobre la mesa el plan del partido para el próximo cuatrienio, y hacia el Alderdi Eguna de septiembre, cuando se sabrá si Aburto optará o no a un cuarto mandato, una opción que muchas voces ven improbable.

En el caso de Getxo, pesa sobre la alcaldesa Agirre la presión de la oposición, de la Justicia y de la Ertzaintza por el caso del palacete. Ella ha renunciado a dimitir, pero sí lo han hecho tres de sus concejales, ahora imputados en el derribo. Dos de ellos, que eran pareja, tenían previsto adquirir una vivienda de lujo en el solar donde estuvo el Irurak Bat. En el caso de Bilbao, el alcalde está ahora mismo de baja por sus problemas de salud. Es la tercera vez que le sucede. Amaia Arregi es la alcaldesa en funciones, aunque Aburto sí está despachando en casa algunos asuntos a la espera de recibir el alta médica en mayo. Será después cuando se analice el futuro electoral de quien es primer edil desde 2015 pero que ya notó cierto desgaste en las urnas en 2023. Tendrá 66 años cuando se celebren las municipales. Públicamente, preguntada por si se veía como candidata, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, dijo estar centrada en sus labores en el Gobierno vasco. Pero, a la vez, se ha decidido reforzar su perfil político con más presencia pública y nuevos asesores.

Aburto llegó al cargo en 2015, como Goia en Donostia. Y el alcalde donostiarra ya vio claro que no optaría a la reelección y, de hecho, facilitó que su sucesor se rodara como alcalde. Insausti lleva ya unos meses en el cargo, con fuerte presencia pública y en redes sociales, y próximamente reforzará aún más su discurso propio. No está formalmente ungido como candidato, aunque todas las fuentes consultadas dan por hecho que así será. La oposición, de hecho, ha criticado que haya iniciado 'de facto' su campaña desde la institución. EH Bildu, PP y Elkarrekin, por ejemplo, criticaron que se hayan destinado más de 100.000 euros a buzonear una revista que, según creen, ensalza la figura de Insausti.

En Vitoria todas las voces -del PNV y externas- dan por hecho que Artolazabal no repetirá. Salió del Gobierno de Iñigo Urkullu para relevar a Gorka Urtaran y el partido pasó de primera a cuarta fuerza. Ahora Artolazabal es teniente de la alcaldesa del PSE-EE, Maider Etxebarria, con quien gobiernan en coalición tras recibir el apoyo del PP en la investidura. Ha tenido que lidiar como problemas como la larga huelga de jardines. EH Bildu ganó las elecciones en Vitoria. Fuentes del PNV alavés vaticinan una profunda renovación del grupo municipal. El líder socialista, Eneko Andueza, que ya ha confirmado que Etxebarria optará a un segundo mandato, lanzó el globo sonda de que el candidato del PNV sería Ramiro González, el diputado general desde 2015.

González siempre ha mejorado en las forales -que son el mismo día que las municipales- los datos en Vitoria de Urtaran o Artolazabal. En 2023 fueron 9.000 votos más, una diferencia sustancial. Preguntada por las listas, la presidenta del partido en Álava, Jone Berriozabal, en la Cadena Ser, ha apelado a la tranquilidad. “Es una reflexión que abordaremos cuando llegue el momento. Sé que suscita mucho interés. No es el momento de hablar de candidatos. Tenemos las elecciones en mayo de 2027. Estamos en marzo de 2026. Tranquilidad”, ha manifestado. González, oficialmente, no se ha pronunciado sobre si querría seguir para un cuarto mandato. “Esta cuestión hay que abordarla cuando toque. Hablaremos de esto cuando toque”, le dijo a este periódico en 2025. Voces muy relevantes de su partido, en cambio, insisten en que es un gran activo y que está en un “gran momento”.

EH Bildu ha denunciado que la Inspección de Trabajo ha sancionado al Ayuntamiento de Vitoria por una infracción grave por servirse de un trabajador que no estaba dado de alta en la Seguridad Social para alisar la hierba de las campas de Olárizu durante la huelga de los jardineros. Según ha desvelado el principal grupo de la oposición, agentes de la Policía Local y de la Inspección de Trabajo se personaron en el lugar y, después de hacer indagaciones, constataron que no tenía contrato, no estaba dado de alta en ninguna clase de régimen en la Seguridad Social. El segundo de los trabajadores dedicados a esas tareas aquel día de septiembre de 2025 estaba, además, de baja, por una incapacidad temporal.

Los hechos sucedieron en septiembre, cuando los trabajadores de Enviser, la empresa subcontratada por el Consistorio de la capital alavesa, acumulaban ya más de cinco meses de huelga a sus espaldas. La situación no se solventó hasta octubre. Faltaban entonces pocos días para las festividades de Olárizu, cuyo plato fuerte es la romería que se celebra en las campas. Ese día, los vitorianos colonizan las faldas del monte, rodeados de música, deporte rural y puestos de comida. La hierba, que llevaba semanas y semanas creciendo sin ningún cuidado, estaba ya alta. El Ayuntamiento sacó entonces un tractor para aplastarla. Y lo hizo con la escolta de la Policía Local, pues había constancia de la “presencia de un piquete”, según informó entonces.

Desde el primer momento, los sindicatos se quejaron de que, con el tractor, se buscaba “suplantar” a los empleados en huelga, en lo que era una maniobra “totalmente ilegal”. El Consistorio alegó que la siega del perímetro de las campas y el interior sí figuraban en el decreto de servicios mínimos, mientras que el alisado —la tarea de la que se encargó precisamente este tractor— era “una actuación no prevista dentro del contrato” con Enviser, por lo que sí era posible acometerla. En cualquier caso, la Inspección de Trabajo atendió las denuncias de los sindicatos y constató que el Ayuntamiento había vulnerado el derecho a la huelga.

Este martes, EH Bildu ha dado a conocer, a través de una nota de prensa, nuevas sanciones, en este caso por la situación irregular de los dos trabajadores a los que el Ayuntamiento encomendó las labores con el tractor. “Este Ayuntamiento no sólo vulneró el derecho a la huelga de los jardineros, sino que además contrató a a una persona que no estaba dada de alta en la Seguridad Social y a otra que estaba de baja para hacer los trabajos de aplanamiento de la hierba en Olarizu. Y ahora, Inspección de Trabajo ha pillado al Ayuntamiento y lo ha sancionado. ¿En qué estaban pensando? ¿No les basta con vulnerar el derecho de los trabajadores en huelga sino que encima se meten en contrataciones irregulares?”, ha protestado Jon Molina, concejal de EH Bildu. La coalición abertzale ha anunciado que requerirá “todo tipo de explicaciones” para “esclarecer los hechos”, así como “medidas para que esto no vuelva a suceder”.

El área de jardines depende de Beatriz Artolazabal, del PNV y, además de teniente de alcaldesa, concejala de Espacio Público y Barrios. Desde el Ayuntamiento, aseguran que brindarán toda la información durante la comisión de este miércoles.

Un mismo autobús diésel de comienzos de 2006, matrícula 9565 DVJ, ha sido visto este lunes cubriendo las dos líneas “electrificadas” de Vitoria. En torno a las 13:00, este periódico ha podido ver el vehículo, modelo Mercedes-Benz Citaro O 530, en la línea BEI, acrónimo de 'bus eléctrico inteligente', concretamente en el sentido B, el que sigue las agujas del reloj. Poco más de una hora después, alrededor de las 14:15, ese mismo autobús, de color gris, rotulado para brindar la línea 4, que une los barrios de Lakua y Mariturri. Este autobús, que entró en servicio en enero de 2006, hace más de veinte años, ostenta junto a otras tres unidades el título de más antiguo de todos los que componen la flota de Tuvisa, la sociedad municipal de autobuses de la capital alavesa.

De esta remesa, la más antigua de toda la flota de Tuvisa, quedan cuatro vehículos, todos ellos matriculados el 17 de enero de 2006 y todos de la serie de matrículas DVJ: el 9488, el 9514, el 9545 y el 9565, este último el que ha sido visto en las líneas BEI y 4 este lunes. Superan en antigüedad, por dos meses, a dos unidades en activo de otra marca, MAN, de matrícula DYG, de marzo de ese mismo 2006. Se da la circunstancia de que, con el tiempo, se han retirado unidades —algunas con placa DXR, por ejemplo— más jóvenes que este autobús al que se está recurriendo para líneas electrificadas.

El uso de unidades diésel con dos décadas de recorridos en el cuentakilómetros es práctica habitual en la línea BEI, la más concurrida de la ciudad, desde su estreno en 2022. Pero esta circunstancia se ha seguido registrando a pesar de que otras líneas ordinarias llevan ya un tiempo empleando autobuses eléctricos de reciente adquisición, algunos de ellos matriculados a finales de 2024 y otros ya en 2025. Son similares a los del BEI, del modelo ie Tram de la empresa Irizar, aunque con un diseño algo diferente. Además, existen también autocares híbridos Vectia, aunque los conductores han señalado que existe con ellos un problema electrónico que provoca que “se apaguen”, dejándoles sin dirección ni frenado asistidos. Tuvisa, por el contrario, defiende que se trata de una respuesta “correcta” en la que prima “la seguridad sobre el confort”.

Los nuevos autobuses 100% eléctricos de Irizar, que se incorporaron a la flota cuando en el BEI se seguían haciendo turnos con autobuses diésel, comenzaron entonces a prestar servicio en la línea 4, que atraviesa puntos céntricos de la ciudad. La alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, remarcó su objetivo de “ofrecer la mejor versión del transporte público” y aseguró entonces que estos diez vehículos —que describió como “eléctricos, accesibles, silenciosos”— seguían “la estela del BEI” y afianzaban “el proceso de modernización de la flota”. “Este es un ejemplo claro de la apuesta de este Gobierno por la sostenibilidad y la tecnología avanzada”, remachó.

En cualquier caso, hay conductores de Tuvisa que se quejan de que estos modelos eléctricos de Irizar no son los más apropiados para líneas que no sean la del BEI. Al tener que “callejear” y no disponer de un circuito segregado como el del bus eléctrico inteligente, que apenas tiene que sortear unas pocas rotondas en todo su recorrido, se complica la visibilidad, dicen. Dado que tienen los mástiles delanteros más anchos, aseveran los conductores, el ángulo muerto “se multiplica” y ha habido ya algún atropello.

El Gobierno de Vitoria, de PSE-EE y PNV, ha presentado este miércoles el proyecto de presupuestos de Vitoria para el próximo ejercicio 2026, que asciende a un total de 507,5 millones de euros, con un incremento de un 6,5% más que el vigente. Socialistas y nacionalistas no tienen mayoría y el Ejecutivo local los lanza con “disponibilidad, mano tendida y sin líneas rojas” a la oposición, EH Bildu, PP y Elkarrekin.

La alcaldesa socialista, Maider Etxebarria, ha presentado las principales líneas junto a la teniente de alcaldesa y cabeza del PNV, Beatriz Artolazabal, y al concejal de Hacienda, Jon Armentia. Se ha destacado que son 31 millones más que el presupuesto actual. Etxebarria ha explicado que la subida responde al Fofel, al incremento de la aportación de otras instituciones y al incremento derivado de las ordenanzas fiscales permiten esa mejora.

Según ha subrayado, el proyecto dispone 156,1 millones de euros para servicios públicos básicos, como la seguridad, limpieza, parques y jardines, y 116,3 millones para la protección social, personas mayores y vulnerables y a la promoción del empleo. Si se añade la suma total del proyecto con las sociedades municipales, Ensanche 21, Amvisa, Gilsa y otros, asciende hasta los 605,9 millones, 26,8 millones más que en 2025, con un 4,6% de incremento.

Como proyectos concretos, se ha indicado, por ejemplo, que en 2026 Tuvisa incorporará cinco nuevos autobuses eléctricos, alcanzando una flota de 33 vehículos de cero emisiones. Para ello se contempla una partida de 4 millones. También aumentará el presupuesto del transporte rural a demanda, que crece un 28%.

La presentación del proyecto de presupuestos de 2026 ha finalizado con una llamada al acuerdo por parte de la alcaldesa, ya que PSE-EE y PNV necesitan del apoyo de alguno de los grupos de la oposición, EH Bildu, PP o Elkarrekin, para sacar adelante las cuentas públicas. “No tengo líneas rojas. Mi intención es hablar con todos y buscar el mejor presupuesto posible, con responsabilidad y mano tendida. Necesitamos un nuevo acuerdo con la oposición para seguir avanzando. Este es un buen proyecto, pero tiene margen de mejor vía enmiendas”, ha ofrecido. En años anteriores, el socio ha sido EH Bildu aunque la alcaldía la propició el PP.

Los sindicatos LAB y ESK han confirmado en una rueda de prensa que la Inspección de Trabajo ha emitido una sanción “muy grave” al Ayuntamiento de Vitoria por “vulnerar el derecho a la huelga de los jardineros” de la subcontrata Enviser al contratar un tractor para adecentar las campas de Olárizu en vísperas de la romería de septiembre, como adelantó este periódico. Aunque se presentará un recurso, puede acarrear una sanción económica de entre 7.501 y 225.018 euros, según la normativa aplicable.

“Este gravísimo hecho no hace más que evidenciar la incapacidad política y la irresponsabilidad con la que actuó el Departamento de Espacio Público, dirigido por la concejala Beatriz Artolazabal, durante todo el tiempo que duró el conflicto. En vez de buscar alternativas y formulas de entendimiento, se posicionó del lado de la empresa con la única pretensión de doblegar la voluntad de la plantilla y buscar su rendición”, han reprobado los sindicatos, según recoge Europa Press.

El comité de empresa de Enviser ha solicitado una disculpa de Artolazabal ante esta resolución, pero, cuestionada por los medios de comunicación, la edil ha rechazado rectificar. La representante del PNV ha recordado que ella también está esperando unas disculpas por los “ataques” que recibió por parte de los huelguistas cerca de su domicilio y en las fiestas de San Juan.

Apenas un día después de su inauguración, un mural de Vitoria a favor de Palestina ha aparecido vandalizado con pintadas y grafitis. Los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pública de Euskadi (IDarte) habían acometido, en el marco de un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad, unas labores de rehabilitación del túnel de la calle del Pintor Teodoro Dublang, un pasaje que conecta los barrios de San Martín y Ariznabarra. Habían aprovechado, además, para transmitir un mensaje de solidaridad con Palestina, víctima del genocidio israelí.

Ha durado poco. Tras unas vallas que precisamente pedían respeto hacia el arte y el trabajo de unos alumnos que aún estaban sumidos en los últimos detalles de su obra, este viernes ya se podían ver unas grandes letras grises que destrozan la práctica totalidad del diseño. Hay también mensajes en letras negras más pequeñas y otros desperfectos.

En la presentación de este jueves, Beatriz Artolazabal, del PNV y concejala de Espacio Público y Barrios además de primera teniente de alcaldesa, se había desplazado hasta el túnel para alabar la labor de los alumnos y congratularse de que se había convertido un espacio de “aspecto oscuro y poco acogedor” en uno “más amable, luminoso y visualmente atractivo”. En sus declaraciones del jueves, defendió también que el trabajo de estos jóvenes “permite impulsar intervenciones que mejoran la calidad del espacio público”. “Este proyecto es un buen ejemplo de lo que podemos hacer cuando colaboramos. Al mismo tiempo, ayudamos a difundir el arte local y damos una oportunidad a alumnas y alumnos para que pongan en práctica sus conocimientos en espacios reales”, había señalado sobre el mural de Pintor Teodoro Dublang. El convenio con IDarte está dotado con 10.000 euros.

Este viernes, en un mensaje difundido a través de las redes sociales, Artolazabal ha compartido fotografías del mural vandalizado. “Actuaremos con firmeza para que estas provocaciones no queden impunes”, ha prometido en el texto que acompañaba a las imágenes. Ha señalado, además, que la identificación de los autores de las acciones vandálicas está “cerca”.

La Inspección de Trabajo ha dado la razón a los sindicatos y constatado que el Ayuntamiento de Vitoria vulneró el derecho a la huelga de la subcontrata de jardinería, prestada por la empresa Enviser, al contratar a otros operarios para adecentar las campas de Olárizu en puertas de la festividad que tiene lugar en esa zona en septiembre. Según explican fuentes de la plantilla sobre esta resolución, que aún no se ha dado a conocer, se califica como “muy grave” el proceder del área de Espacio Público del Ayuntamiento, dirigida por la edil del PNV Beatriz Artolazabal.

Los hechos se produjeron en septiembre, cuando la huelga del personal de Enviser sumaba ya cinco meses y quedaban todavía semanas para su finalización, ya en octubre, con un acuerdo con mejoras retributivas. Un miércoles a las puertas de las celebraciones de Olárizu apareció un tractor aplastando la hierba, que como en el resto de la ciudad llevaba tiempo creciendo salvajemente. Intervenio escoltado por la Policía Local “ante la presencia de un piquete”, según se explicó desde el Ayuntamiento.

El alisado de la hierba para adecentar el espacio para la romería del que se estaba encargando el tractor, según la interpretación que ofrecieron fuentes municipales, era “una actuación no prevista dentro del contrato” con Enviser, por lo que se puede llevar a cabo al margen de los servicios mínimos. Se contrató otra empresa y se solicitó para ella protección policial. Los sindicatos, ya entonces, manifestaron que se buscaba “suplantar” a los trabajadores en huelga en una maniobra “totalmente ilegal”.

Ahora, según explican fuentes internas a este periódico, la Inspección de Trabajo ha dado la razón a los representantes de los trabajadores en una resolución emitida recientemente. Los sindicatos representados en Enviser, consultados por este periódico, no han querido hacer comentarios.

El Ayuntamiento de Vitoria ha abierto al público el laberinto vegetal de Olárizu, una nueva pieza del jardín botánico, diseñado para “el ocio familiar, el aprendizaje y la convivencia con la naturaleza”. El laberinto ocupa casi 4.000 metros cuadrados y está formado por más de 6.000 ejemplares de carpe, una especie autóctona que cambia con las estaciones y que mantiene su densidad durante todo el año, según se ha explicado desde el Ayuntamiento. Se ha señalado desde el Consistorio que el laberinto invita a “perderse”, si bien la realidad es que, en el momento de la inauguración, el follaje era aún escaso.

En el acto de apertura de este viernes han participado la alcaldesa, Maider Etxebarria; la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, y el viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno vasco, Jakes Agirrezabal. Durante su intervención, Etxebarria ha asegurado que este laberinto “nace como elemento tractor del jardín botánico de Olárizu y como un atractivo añadido a las personas que visitan Vitoria-Gasteiz”. “Además, nos permite seguir avanzando como ciudad verde, viva y atractiva, con recursos que invitan a participar del ocio en plena naturaleza. Cada nuevo proyecto verde que ve la luz es un paso más hacia la Vitoria-Gasteiz humana y sostenible que impulsamos desde el Gobierno municipal”, ha añadido, según recoge Europa Press.

Se trata, dice el Ayuntamiento, de una de las especies más utilizadas históricamente en Europa para formar setos y laberintos, por su resistencia, su capacidad para mantener la forma tras la poda y su belleza cambiante a lo largo del año. Con el tiempo, el seto alcanzará una altura de 1,70 metros. El recorrido vegetal actúa además, señala el Consistorio, como sumidero natural de CO2 y refugio para aves, insectos y pequeños animales, reforzando el ecosistema del parque. Todo el sistema, añade, ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad: riego por goteo, materiales naturales y permeables, y un mantenimiento responsable, sin productos químicos. El conjunto se completa con un roble central, los cipreses que delimitan las zonas de estancia, las moreras que sombrean la plazoleta de acceso y un sistema natural de drenaje que canaliza el agua hacia la laguna exterior del jardín botánico.

Artolazabal ha señalado que “no es solo un juego, es una invitación a perderse, detenerse, mirar y redescubrir la naturaleza” mediante “un nuevo pulmón verde, un lugar para disfrutar, aprender, jugar y reflexionar”, dentro de “un espacio que refuerza la identidad de esta ciudad, donde naturaleza y convivencia caminan siempre de la mano”. El laberinto lleva por nombre Blanca Catalán de Ocón, en homenaje a la primera botánica española, que vivió los últimos años de su vida en Vitoria. Destaca el Ayuntamiento que fue una mujer pionera, investigadora y apasionada por las plantas, que abrió camino cuando muy pocas podían hacerlo.

“Participación ciudadana”

El Ayuntamiento ha asegurado que el proyecto es también “un ejemplo de participación ciudadana”, ya que, tras las aportaciones del vecindario de Olárizu, se modificó el diseño original para alejar el laberinto de las viviendas, crear tres accesos en lugar de uno, incorporar una plazoleta arbolada y mejorar la visibilidad y la conexión peatonal con el Jardín Botánico. “Gracias al diálogo y a la colaboración, tenemos hoy un proyecto mejor, más participado y más querido por la ciudadanía”, ha reconocido Artolazabal, quien ha querido agradecer “el trabajo y la implicación del CEA y de todas las personas que han trabajado en el diseño y la ejecución”.

En su momento, el proyecto de laberinto estuvo rodeado de críticas. Los vecinos se quejaban de que iba a destrozar “de forma irreversible las campas de Olárizu”, al mismo tiempo que generaría inseguridad, fomentaría los comportamientos incívicos y delictivos y arrasaría con flora y fauna. “El laberinto va en contra de las medidas contra el cambio climático, ya que arrasará con árboles, flora y fauna de la campa para sustituirlos por un monocultivo de miles de arbustos derrochando agua y energía para su mantenimiento”, denunciaban entonces, y añadían que se iba a convertir “en artificial un espacio que hoy en día es natural”.

El laberinto vegetal de Olárizu se convierte así en un nuevo referente de ocio sostenible y educación ambiental en Euskadi, sumando “un motivo más para visitar y disfrutar de los espacios naturales de Vitoria-Gasteiz, la ciudad verde por excelencia”. Con un presupuesto de 474.742 euros, el proyecto está enmarcado en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', y cuenta con financiación europea procedente de los fondos 'Next Generation EU'.

Un 83% de los trabajadores de la empresa Enviser, la contrata de jardinería del Ayuntamiento de Vitoria, han secundado el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y la empresa para mejorar la condiciones laborales. Este visto bueno pone fin a una huelga de 197 días, es decir, casi siete meses sin mantenimiento o riego en las zonas verdes de la que una vez fue 'green capital' de Europa. El resultado ha sido de 46 'síes', ocho 'noes' y una abstención.

El pacto, según indica el sindicato ESK, comporta una subida “inmediata” de 200 euros y un “incremento total de 5.000 euros lineales al año durante la vigencia” del acuerdo, es decir, hasta 2028. La jornada laboral se reduce a 1.592 horas, las mismas que el personal municipal, frente a las 1.700 actuales. “La lucha ha merecido la pena”, estima la central ESK.

“Desde ESK valoramos este acuerdo como una victoria rotunda. La plantilla ha demostrado que con organización y movilización se consiguen resultados. Esta plantilla ha logrado salir del pozo de la precariedad más absoluta, provocada por las políticas de privatización y subcontratación salvaje de servicios públicos impulsadas por el Ayuntamiento que dirigen PNV y PSE[-EE]. El convenio estatal anterior (2021-2024) había acumulado una pérdida de poder adquisitivo cercana al 13%. Hoy, la plantilla recupera ese poder adquisitivo y mejora sustancialmente sus condiciones laborales. Felicitamos a toda la plantilla por este logro histórico. Sin su implicación constante y su valentía durante la movilización, nada de esto habría sido posible”, indica la central, que critica la “represión” de la edil responsable, Beatriz Artolazabal, del PNV.

Agregan que “no era un conflicto entre empresa y trabajadores” sino del modelo de “políticas públicas del Ayuntamiento, que enriquecen a una minoría multimillonaria a costa de la precariedad laboral”. “Esta lucha deja claro el agotamiento de lo que llaman 'colaboración público-privada'. No es otra cosa que desviar dinero público a manos privadas que se encargan de disciplinar a la clase trabajadora. Continuaremos en la batalla contra este modelo”, indican. Por otro lado, critican que ELA rompiera en verano la unidad de acción y negociara por su cuenta. En el comité, ELA tiene tres delegados de cinco, por uno de LAB y ESK.

En otra nota, LAB considera que “el gran titular de esta hazaña es que la plantilla de Enviser ha logrado traer a Euskal Herria la negociación colectiva”. Lo hace “por encima de la precariedad que supone estar bajo el yugo de un convenio estatal”. “Tras más de seis meses de intensísima e inconmensurable pelea, hemos logrado alcanzar un valioso acuerdo que contiene las reivindicaciones de la plantilla y pone fin a la huelga indefinida. [...] Hemos logrado unas subidas salariales lineales de 5.000 euros para la vigencia del convenio, lo que supone un incremento de alrededor de un 25%, una reducción de 108 horas en la jornada anual, el acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, mejoras en licencia y permisos y aumento del tiempo de bocadillo”, explican.

“Con este acuerdo se pone fin a una huelga que tenía como objetivo mejorar las condiciones laborales que hasta ahora se regían por el convenio estatal de jardinería, con unas condiciones precarias”, ha añadido ELA en otro comunicado muy breve. Para ratificar el acuerdo se han celebrado dos asambleas, una de ELA y otra conjunta de ESK y LAB.

El grupo municipal del PNV en Vitoria se ha sumado a la petición del PP para reclamar “la paralización del macrocentro” de personas refugiadas en el barrio de Arana, por ser “un modelo insostenible, inadecuado y contrario al modelo vasco de acogida, que apuesta por centros más pequeños que ofrecen una acogida y una atención más personalizadas”. La responsable del PNV en el Ayuntamiento y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha demandado “la paralización” del proyecto que, por primera vez, ha calificado como de “macrocentro”, durante el pleno municipal celebrado este viernes en la capital alavesa.

El debate ha escenificado la ruptura municipal del PSE-EE y PNV en este asunto, donde cada partido del Gobierno local ha presentado su moción a raíz de una propuesta del PP, en la que demandaba la paralización “inmediata y definitiva” de este centro y donde no se ha alcanzado un consenso, ya que cada partido ha apoyado su propia iniciativa al respecto. Artolazabal ha mostrado la postura “en contra” de su partido a llevar a cabo este recurso, “tal y como está concebido, porque no da respuesta a las necesidades que las personas refugiadas necesitan”, por lo que ha solicitado su “paralización”.

Frente a este proyecto, la 'jeltzale' ha defendido el “modelo de acogida vasco que lo gestionamos entre todas las instituciones vascas con el modelo asociativo vasco que sí que creemos da respuesta a las necesidades que estas personas tienen para una integración real en nuestra sociedad”. “Una integración que necesita de apoyos comunitarios y de muchos elementos para que sea real desde el punto de vista de la educación, la sanidad, las políticas sociales y la vivienda”, ha añadido.

Asimismo, ha señalado que el PNV “no llega a un acuerdo con el PP” en esta cuestión, “porque no compartimos su discurso cuando asocia, en muchas ocasiones, la inmigración con la delincuencia o la inseguridad”. La edil ha criticado que se está llevando a cabo una “decisión unilateral del Gobierno central sin diálogo con el Gobierno vasco, ni con la Diputación Foral de Álava, ni con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” y ha lamentado “profundamente esa falta de coordinación y de respeto a un modelo que hemos construido entre todos y todas”.

“Cuando esas personas terminen su estancia en el centro, van a necesitar una vivienda, atención sanitaria, escolarizar a sus hijos y acompañamiento social y, me preocupa porque, si yo no estoy confundida, las instituciones vascas y el ayuntamiento, en gran medida, van a tener que asumir todo esto”, ha argumentado.

Choque entre PSE-EE y PP

Por su parte, la concejala del PP Marta Alaña ha vuelto a demandar “la paralización del macrocentro” de refugiados en Vitoria, ya que “no cuenta con consenso ni político, ni social”. Alaña ha calificado como de “engañosa” la propuesta de la alcaldesa para reducir de 350 a 200 su número de plazas, al señalar que, según el proyecto que se está ejecutando, tiene una capacidad de 350 plazas en dos edificios, el A, con 200 plazas, y el B, con 150 plazas. “Un macrocentro de 200 plazas seguiría siendo inasumible para una ciudad como Vitoria, por la no adecuación del modelo y por la saturación en que se encuentran ya muchos servicios públicos”, ha comentado, para recriminar “la unilateralidad y discrecionalidad con que el Gobierno de España ha gestado este proyecto”.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha tomado la palabra “por alusiones del PP hacia su persona”, para “aclarar y que quede constancia”, de que “no está justificando, en ningún caso, la reducción de plazas por el rechazo social”. “Me llama la atención que ustedes, que no llegan a ver el genocidio en Gaza, puedan llegar a ver tanto miedo y tantos problemas de convivencia por un centro. El rechazo social lo quieren generar ustedes con fines partidistas y, con este discurso del odio, se están convirtiendo en una marca blanca de Vox”, ha interpelado.

El concejal de Convivencia y también socialista, Pascual Borja, ha asegurado que su partido “no va a permitir que se utilice el dolor de quienes están huyendo de la guerra como munición partidista”. “Lo que necesita Vitoria no es ni miedo ni enfrentamiento, es responsabilidad, cooperación institucional y políticas que garanticen derechos sin dejar de cuidar la convivencia en nuestros barrios y calles”, ha señalado.

Borja ha censurado que “el PP vuelve a utilizar el centro de refugiados de Arana como excusa para agitar, dividir y sembrar miedo”, para defender que “es compatible el derecho de asilo sin dejar de proteger los servicios de la ciudad”. “Estamos planteando la mejora de la colaboración interinstitucional y de la coordinación, porque la creemos necesaria. Además, hemos propuesto que el centro de Arana no sea un espacio cerrado, sino que se convierta en un recurso para la ciudad, abierto al barrio, útil para la convivencia y generador de vínculos sociales. Esto es Derechos Humanos”, ha zanjado.

La portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, ha expuesto que el modelo de Arana no es el que su partido defiende, ya que “un modelo de 350 o de 200 plazas no es adecuado, porque no apoya a la inclusión, ni ayuda a la atención personalizada, ni a los itinerarios individualizados”. “Este proyecto responde al modelo 'low cost' que ha aplicado unilateralmente el PSOE, sin dar información en ningún momento sobre este centro, ni llamarnos para una sola reunión, ni tener en cuenta los sistemas de protección que son necesarios para poder atender a este volumen de personas”, ha reprobado.

Vitero ha dicho que “la falta de colaboración institucional” y la “mala gestión” en este asunto está siendo “aprovechada por el PP para hacer campaña, azuzar el miedo y el ruido”, mediante una moción “con olor a racismo”. Por último, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha censurado que “pedir la paralización del centro no es buscar una solución”. “Prefieren mirar hacia otro lado, mientras que las personas refugiadas van a seguir llegando y nuestra obligación es, de alguna manera, darles una acogida digna y ordenada y no dejarlas en la calle”, ha determinado.

“El reto no es sumarse aquí en detractores y no detractores de este centro de refugiados. No es decidir qué número de personas tienen que estar o no tienen que estar, el reto es trabajar juntas para definir un modelo de acogida digno, sostenible y adaptado a nuestra ciudad, porque Vitoria-Gasteiz es una ciudad solidaria”, ha sentenciado.

Este viernes se cumplen seis meses del inicio de la huelga del personal de la contrata de parques y jardines de Vitoria, a cargo de la empresa Enviser. Un contador gigante de días colgado en Los Arquillos va informando a la ciudadanía del paso del tiempo y hace semanas que tiene tres cifras. Los servicios mínimos logrados por el Ayuntamiento antes del verano han hecho que el estado amazónico que adquirió la ciudad al final de la primavera se haya modulado, pero la ausencia de turnos normales sigue condicionando, en este arranque del otoño, riegos, siegas y mantenimientos.

Fuentes del comité de empresa indican que tienen prevista para el próximo lunes una nueva reunión negociadora con la patronal para intentar desbloquear la situación. Será en el denominado Preco, el servicio de mediación del Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco. “Todavía sentimos el apoyo de gran parte de la ciudadanía. Esto es duro y cansa, pero la gente sigue con fuerza. Nos queda el último arreón”, señala Iñigo López de Arroyabe, del sindicato ESK. Este viernes se ha convocado una manifestación más para denunciar la situación en Enviser.

26 de marzo

Con la llegada de la primavera, los jardineros del servicio externalizado iniciaron una huelga indefinida. El punto fundamental del conflicto es que estos operarios hacen 1.700 horas anuales frente a 1.592 de los jardineros que son funcionarios y, por término medio, cobran “11.000 euros menos”. “El convenio estatal prevé salarios muy bajos. Un auxiliar cobraba menos del SMI cuando se actualizó”, explicaban desde la plantilla en aquel momento. De lo que se encarga esta contrata, de 88 efectivos, es del cuidado general de jardines, de ocho grandes parques del casco urbano, de los complejos deportivos de Mendizorroza y Gamarra y de muchos servicios de mantenimiento que la ciudadanía desconocía hasta que han desaparecido, como el control de los estorninos. El comité tiene cinco miembros, tres de ELA -que siempre ha hecho gala de su caja de resistencia-, uno de ESK y otro de LAB. Enviser recibe más de 4 millones de dinero público de las arcas municipales al año. Según el comité de empresa, con 0,3 millones adicionales estaría resuelto gran parte del problema salarial. 

9 de abril

El servicio depende del área de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento, a cuyo frente está la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, cabeza de la parte del PNV de la coalición de Gobierno de Vitoria. Fue consejera en el Gobierno vasco. Desde el inicio del conflicto, ha denunciado el trato que le dispensan los huelguistas. “Voy a hablar de presiones que se están recibiendo. En concreto, las mías. Los trabajadores de Enviser vienen a mi pueblo a poner pancartas, a un pueblito en el que no llegamos a cuarenta vecinos. Vienen a mi casa a ponerme carteles intimidándome. A mí, por supuesto que no, no me van a intimidar. Pero con mi familia hay cosas que no voy a permitir. Esas rayas no se pueden superar. Ésta no es la vía para reclamar mejoras salariales. La huelga es un derecho y la protesta es legítima, pero no se pueden traspasar los límites del respeto”, denunció.

16 de mayo

En el segundo mes de la huelga indefinida y tras rechazar una propuesta de subida salarial de 42 euros mensuales, muy lejos de los 3.000 anuales mínimos demandados, la plantilla cedió el protagonismo a los perros con una protesta canina. Se trataba de que ciudadanos con sus mascotas alzaran la voz por el estado de los parques, delante del Ayuntamiento, para forzar a la solución a dar una solución a la pugna entre Enviser y su personal.

16 de junio

Después de semanas de tira y afloja y tras la apertura de la temporada de baños en las piscinas de Mendizorroza y Gamarra, hasta entonces en estado salvaje, el área de Trabajo del Gobierno vasco, a cuyo frente está el vicelehendakari socialista Mikel Torres, accedió a la petición municipal para establecer servicios mínimos. De ese modo, algunos equipos empezaron a salir a la calle tres meses después para podar zonas que pudieran generar problemas de visibilidad en cruces o rotondas, segar los perímetros de zonas verdes o recoger residuos de algunas áreas. El Ayuntamiento había emitido informes que avisaban de posibles riesgos de incendios o de accidentes de circulación. Los sindicatos siempre han considerado abusivos estos servicios mínimos, una vulneración del derecho de huelga por la puerta de atrás, en palabras de ELA.

24 de junio

En la hoguera de San Juan del barrio de Judizmendi fue quemado un muñeco con el uniforme de la empresa, con un cartel que ponía “Beatriz Artolazabal” y con una fotografía con su cara. Artolazabal lo calificó de “actos de violencia simbólica, hostigamiento e intimidación personal”. “Traspasan los límites de la crítica legítima”, insistió tras aparecer los vídeos del momento, encuadrado en las fiestas de comienzo del verano.

3 de julio

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, a la que la oposición ha criticado por estar “desaparecida” en algunos momentos de este conflicto, aprovechó su discurso en el debate general de política municipal, que llegó mediado su mandato de cuatro años, para alerta de un “carrusel interminable de huelgas” que afecta a diversos servicios de la ciudad. Dijo sentirse “coaccionada” y señaló también que “algunos sindicatos” hacen un “uso político” de estas movilizaciones como “estrategia de desgaste vinculada a un ambiente preelectoral”. Además en Enviser, en aquel momento había arrancado también la huega en la contrata de alcantarillado (Sacyr Aguas).

8 de julio

Los sindicatos ELA, LAB y ESK rechazaron por insuficiente la nueva propuesta de mejoras salariales realizada con la mediación del área de Trabajo del Gobierno vasco. La propuesta, que se extendía hasta 2028, preveía para este año una subida del IPC de 2024 más un 2,2% adicional y otras mejoras en 2026 y 2027. También se planteaba una bajada progresiva de la jornada hasta alcanzar las 1.592 horas en 2028. Los mediadores del Gobierno vasco, expresamente, dejaron claro que era “la última propuesta” y que, de no ser aceptaba, se reiniciaría de cero la negociación. Lo llamativo es que ELA, la central mayoritaria, había celebrado una votación interna y, por un solo voto, había ganado la postura favorable al acuerdo. Sin embargo, se retractó y acordó con LAB y ESK continuar con los paros indefinidos. “ELA, como organización, dice no al acuerdo, aunque asumimos que hay gente que lo ve válido”, explicaron a este periódico desde la sección de este sindicato en Enviser.

30 de julio

Otra fumata negra. Los sindicatos, tras cuatro meses en huelga, volvieron a ver insuficiente otra oferta de la empresa que los tiene contratados. “La empresa ha modificado ligeramente su oferta para el 2026 y el 2027, planteando, en cambio, para 2028 una oferta peor que la que puso sobre la mesa Trabajo del Gobierno vasco [unas semanas atrás]”, dijeron los sindicatos. Señalaron al Ayuntamiento también por poner “tope” a las negociaciones al no poner más recursos sobre la mesa.

10 de septiembre

Tras un agosto con más protestas y reivindicaciones aprovechando también el marco festivo, el conflicto volvió a recrudecerse en vísperas de la romería de Olárizu, que se celebra en unas campas que, como otras zonas verdes, llevaban meses desatendidas. Los servicios mínimos habían cortado la hierba en el perímetro pero no en el interior. Por ello, el Ayuntamiento contrató un tractor no para segar -lo que sería ilegal- sino para aplastar la hierba. La máquina para adecentar Olárizu tuvo que actuar escoltada por la Policía “ante la presencia de un piquete” que protestaba por un acción que, según los sindicatos, estaba claramente pensada para saltarse las condiciones de la huelga con un ardid. Hasta la Inspección de Trabajo se personó.

11 de septiembre

La teniente de alcaldesa, Artolazabal, volvió a denunciar un episodio de acoso por parte de los trabajadores de Enviser. “Han acudido a la puerta de mi domicilio a primera hora para lanzar panfletos en los que me insultan, me tachan de fascista, me caricaturizan con un bigote de Hitler y vuelven a difundir la imagen de un muñeco con mi rostro ardiendo en la hoguera de Judizmendi”, explicó. “Esto no va de jardinería. Va de respeto. Va de recordar que la protesta laboral tiene su espacio y su legitimidad, pero nunca puede convertirse en acoso. Porque cuando se cruza esa línea, todos y todas perdemos”, añadió Artolazabal en una tribuna en este periódico.

26 de septiembre

Los seis meses de huelga llegan tras una fallida reunión en la que no se produjeron avances, según los sindicatos, aunque con la voluntad de tener otro encuentro con Enviser a la mayor brevedad y con avances en la cocina previa para intentar lograr mejoras retributivas. La plantilla ha convocado una movilización este viernes para volver a poner de la mesa su situación. Es a las 18.30 horas y partirá desde el museo Artium. Aunque, asumen, “al final los servicios mínimos han hecho gran parte del trabajo y ya no es tan evidente el mal estado del principio”, explican a este periódico.

La propuesta de reducir de 350 a 200 las plazas del futuro centro de refugiados del Estado en Vitoria, lanzada este viernes por la alcaldesa socialista, Maider Etxebarria, no ha logrado frenar la oposición de ni uno solo de quienes antes se oponían al proyecto, ubicado en la antigua Clínica Arana. El PNV, que repite una y otra vez que desea un “modelo vasco” de acogida de migrantes, sigue calificando de “macrocentro” el plan a pesar de la sustancial rebaja de capacidad. El PP, que ha realizado una recogida de firmas y vinculado a los potenciales usuarios con la delincuencia, ha abogado por paralizar “por completo” el centro porque no sirven “medias tintas”. “No queremos ninguno”, ha resumido también la ultraderecha de Vox.

La reforma de las antiguas instalaciones de Arana fue anunciada a comienzos de 2023, antes de las elecciones municipales. El entonces alcalde del PNV, Gorka Urtaran, la consejera vasca del ramo, Nerea Melgosa, también del PNV, y el diputado general alavés, Ramiro González, del PNV igualmente, coincidieron en denunciar el plan del Estado y en lamentar que no hubiera comunicación con las instituciones locales. De esa época son las apelaciones al “modelo vasco” de acogida que, en sus palabras, implica recintos de pequeño tamaño para ofrecer un trato personalizado. Han llevado estas quejas a Congreso y Senado. De su lado, el PP ha vinculado directamente la llegada de refugiados con la aparente comisión de delitos en las inmediaciones del centro y está recogiendo firmas contra él. Vox también incluye su oposición a la instalación dentro de su panoplia de críticas continuadas a los extranjeros.

Por su parte, colectivos sociales y vecinales también habían mostrado su rechazo al proyecto con diferentes argumentos, algunos más vinculados a la necesidad de dispensar un trato más individual a los migrantes y otros también relacionados con seguridad y convivencia. En los últimos años ha habido movilizaciones, asambleas y otras protestas, pero la empresa Seranco acomete ya las obras para que el centro esté listo en 2026.

Ahora, una alcaldesa socialista ha arrancado a la ministra Elma Saiz el compromiso de reducir las plazas, de abrir los servicios del recinto al barrio y de mejorar la interlocución con las instituciones locales, según expuso la propia Etxebarria. Sin embargo, a las horas, el PNV, con el que cogobierna en Vitoria, dijo no conocer estos cambios (Beatriz Artolazabal) o que 200 plazas seguirán saturando otros servicios del barrio (Jone Berriozabal). El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado por dos veces que el PNV “se está contagiando de discursos de la derecha y la ultraderecha” en lo tocante a migración. La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, ya tuvo un enfrentamiento con los nacionalistas en primavera a cuenta de Arana.

Desde las filas del PP, el portavoz local Iñaki García Calvo ha pedido a la alcaldesa que elija “o Vitoria o Pedro Sánchez”. No puede haber “medias tintas” y el plan “tiene que paralizarse por completo”. Sostienen que “Vitoria no puede asumir esta infraestructura”. Dicen que la capital vasca ya tiene “lista de espera” en atención de infancia, mayores o vivienda y que acoger a refugiados metería “presión” a los servicios sociales. Estas palabras de García Calvo son menos duras que las del presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, que cuando anunció la recogida de firmas asoció directamente refugiados y delincuencia.

No, esto no va de jardinería. Ni de salarios. Ni siquiera de una huelga. Esto va de respeto. De convivencia. Y de cómo, en nombre de una reivindicación laboral legítima, algunos pocos han decidido cruzar todas las líneas rojas que en una democracia como la nuestra nunca deberían sobrepasarse. Lo que estoy sufriendo desde hace meses no es protesta. No es voluntad de acordar. Es simple y llanamente acoso. Es hostigamiento. Es odio personal que intentan disfrazar de conflicto laboral.

Siempre he defendido que las peticiones en el ámbito laboral son legítimas. Las de la plantilla de Enviser y las de todas aquellas personas que luchan por mejorarlas en sus puestos de trabajo. Pero una cosa es reclamar condiciones más justas y otra muy distinta es señalar, insultar y hostigar a una persona en su vida privada. Esa no es la vía. Nunca. No en democracia. Porque en democracia los cauces son claros: la palabra, el diálogo, la negociación. Jamás la presión, ni la coacción ni la violencia, sea cual sea su intensidad.

En marzo vinieron a mi casa para intimidarme; en junio volvieron y la víspera de San Juan quemaron un muñeco con mi cara en las fiestas de Judimendi; este jueves, otra vez, regresaron a mi domicilio con insultos y panfletos en los que me tachaban de fascista y me caricaturizaban con un bigote hitleriano. Y algo más: ahora ni siquiera me señalan solo a mí. Un agricultor ajeno a todo esto ha visto cómo pintaban su nave agrícola llamándole ‘eskirol’, cuando nada tuvo que ver con los trabajos de acondicionamiento en las campas de Olarizu para que la romería pueda celebrarse con normalidad. Extender el acoso a terceros inocentes es una deriva también muy peligrosa.

Siempre he estado dispuesta a hablar con las partes de este conflicto, trabajadores y empresa. Pero lo que muestran estos actos no es voluntad de diálogo, sino de intimidación. Y no lo van a conseguir. Todo en democracia tiene unos límites, y esos límites pasan por el respeto. En este caso, esos límites se han cruzado demasiadas veces.

Y, una vez más, EH Bildu ha optado por no condenarlo. Callan. Legitiman. Pero no nos sorprende. Es el mismo patrón de siempre: medir la condena en función de quién es la víctima. No basta con condenar lo que ocurre a miles de kilómetros y mirar hacia otro lado cuando los ataques y el señalamiento se ejercen en tu propio Ayuntamiento. Se ejercen contra una compañera.

Esto no va de jardinería. Va de democracia. Va de garantizar que nadie tenga que sufrir hostigamiento personal ni ver cómo vecinos inocentes son señalados sin motivo alguno.

Esto no va de jardinería. Va de respeto. Va de recordar que la protesta laboral tiene su espacio y su legitimidad, pero nunca puede convertirse en acoso. Porque cuando se cruza esa línea, todos y todas perdemos.

La teniente de alcaldesa de Vitoria, Beatriz Artolazabal, ha denunciado este jueves un episodio de acoso por parte de los trabajadores de Enviser, la contrata de jardinería de la ciudad, que suman ya más de cinco meses en huelga. “Han acudido a la puerta de mi domicilio a primera hora para lanzar panfletos en los que me insultan, me tachan de fascista, me caricaturizan con un bigote de Hitler y vuelven a difundir la imagen de un muñeco con mi rostro ardiendo en la hoguera de Judimendi”, ha denunciado a través de un mensaje difundido en redes sociales Artolazabal, que es también la edil responsable de la contrata. Del PNV, fue también consejera del Gobierno vasco.

Este episodio se suma a otros anteriores. En el mensaje, por ejemplo, se refiere a unos hechos acaecidos durante las celebraciones por San Juan. En una hoguera de Judimendi, uno de los barrios con mayor afluencia durante esa festividad, se quemó un muñeco con el uniforme de la empresa, Enviser, acompañado de un cartel en el que se podía leer “Beatriz Artolazabal” y ver una fotografía con su cara.

Artolazabal ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía. “Este tipo de actuaciones son absolutamente intolerables y sobrepasan cualquier límite democrático o de protesta legítima. No se puede permitir que un conflicto laboral se convierta en una campaña de odio personal”, ha lamentado. Y ha añadido: “Confío en que se actúe con firmeza frente a este hostigamiento y reitero que defenderé siempre el derecho a la huelga, pero nunca aceptaré que se utilice la intimidación y el acoso como forma de presión. Así no”.

Los jardineros de Vitoria subcontratados por la empresa Enviser suman ya más de cinco meses en huelga. Denuncian desde hace tiempo que sus condiciones laborales son “vergonzosas” y reclaman un convenio digno, que mejore los preceptos de uno estatal que los aboca, según dicen, a cobrar “salarios muy bajos”. Se quejan, además, de que el personal de jardinería propio del Ayuntamiento, al que no está bajo el paraguas de Enviser, cobran hasta 11.000 euros más al cabo del año por desempeñar “la misma labor”. Aunque el enfrentamiento es con la empresa, tachan al Ayuntamiento de responsable, por permitir que la contrata mantenga “unas condiciones laborales vergonzosas” en unos servicios públicos que son responsabilidad de la ciudad.

Vitoria contará próximamente con 30 bicicletas eléctricas más y ocho estaciones de carga adicionales en su nuevo sistema de préstamo de este tipo de vehículos. La Junta de Gobierno Local de Vitoria ha aprobado la propuesta de adjudicación provisional del nuevo sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas, que supondrá “un paso adelante en el impulso de la movilidad sostenible” en la ciudad. Este proyecto está financiado con 450.000 euros, de los cuales 300.000 proceden del acuerdo presupuestario con EH Bildu, y 150.000, de fondos europeos Next-Generation.

El Ayuntamiento ha explicado, a través de un comunicado, que la empresa adjudicataria, la UTE Movilidad Urbana-Fifteen, ha presentado una propuesta con “mejoras significativas que amplían el alcance del servicio previsto en la licitación inicial”. En concreto, se incorporan 30 bicicletas eléctricas adicionales, lo que eleva el total a 80 unidades. Asimismo, se habilitarán ocho nuevas estaciones sin carga, que complementarán a las cuatro ya previstas, según recoge Europa Press.

Estas estaciones estarán ubicadas en Mendizorrotza, Universidades, el centro cívico Salburua, las oficinas técnicas municipales de San Martín, el centro cívico Zabalgana, el Hospital Universitario de Álava, Abetxuko y el centro cívico Ibaiondo. Las mejoras permitirán facilitar más desplazamientos y mejorar la redistribución de bicicletas en toda la ciudad. Además, se ha producido un ajuste en una de las ubicaciones originales, de forma que la estación prevista inicialmente junto al centro cívico Iparralde se trasladará a la cercana calle Obispo Ballester, debido a las obras de reforma en portal de Legutiano.

El nuevo emplazamiento, dentro del ámbito de la reforma de Los Herrán, ofrece un espacio amplio, bien conectado, con alta densidad residencial y un carril bici de la red principal, lo que garantiza una buena integración en la red ciclista de la ciudad, ha explicado el Consistorio. La adjudicación definitiva se llevará posiblemente a la Junta de Gobierno Local del próximo 5 de septiembre, una vez revisada toda la documentación. La firma del contrato se producirá días después. La empresa dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para su puesta en marcha.

El nuevo sistema mantendrá las condiciones establecidas en el pliego: un servicio operativo las 24 horas del día, 365 días al año, una disponibilidad mínima del 85% de bicicletas en funcionamiento, y una aplicación móvil para la gestión del servicio en tiempo real. Desde el Ayuntamiento se prevé realizar evaluaciones periódicas para analizar el uso y valorar la posible ampliación del sistema en función de la demanda.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha manifestado que esta adjudicación “no solo confirma la puesta en marcha del sistema, sino que lo mejora de forma considerable”. Por su parte, la portavoz municipal de EH Bildu, Rocío Vitero, ha indicado que el nuevo sistema de préstamo de bicicletas es “una pieza importante dentro de la estrategia local de descarbonización”.

Fumata negra en Vitoria. Los sindicatos de la contrata de jardinería de Vitoria, que el sábado pasado cumplieron cuatro meses en huelga, han vuelto a rechazar la oferta de la empresa que los tiene contratados, Enviser, de modo que las reivindicaciones y los paros indefinidos seguirán adelante. ELA, LAB y ESK han mantenido en la mañana de este miércoles una nueva reunión en el Preco, el servicio para la resolución de conflictos laborales dependiente del Gobierno vasco, y de ella no ha salido ningún acuerdo.

Los tres sindicatos, en una nota conjunta publicada en la tarde de este miércoles, han señalado que la reunión se ha desarrollado “sin avances significativos”. “La empresa ha modificado ligeramente su oferta para el 2026 y el 2027, planteando, en cambio, para 2028 una oferta peor que la que puso sobre la mesa la viceconsejería de Trabajo del Gobierno vasco”, han manifestado. Aseguran, además, que la empresa ha trasladado “con total claridad” que es el Ayuntamiento el que está marcando los límites y poniendo “tope” a las posibles mejoras en las condiciones.

Esa otra oferta de la que hablan los sindicatos se dio hace unas semanas. Entonces, pudo haberse alcanzado un acuerdo a comienzos de julio. Ese día, cuando la huelga alcanzaba los 104 días, los sindicatos ELA, LAB y ESK rechazaron una propuesta de mejoras salariales a la que se había llegado con la intermediación del área de Trabajo del Gobierno vasco. ¿Qué contemplaba la propuesta? Preveía para este año una subida del IPC de 2024 más un 2,2% adicional y otras mejoras en 2026 y 2027. También se planteaba una bajada progresiva de la jornada hasta alcanzar las 1.592 horas en 2028. En una votación interna de ELA, se había impuesto por apenas un voto la postura favorable al acuerdo, pero el sindicato anunció que se había “retractado” y acordó con LAB y ESK prorrogar los paros indefinidos.

Mientras el conflicto entre empresa y trabajadores languidece, los ciudadanos siguen registrando sus quejas en el buzón ciudadano. Con la llegada del verano y la época de ir a la piscina, también se han multiplicado los comentarios que aluden al mal estado de la zona de hierba de la piscina descubierta de Mendizorroza, con el césped sin cortar ni regar. Eso sí, desde hace semanas hay servicios mínimos que están realizando algunas podas y otras labores que competen a la contrata.

En los orígenes de los paros, que se remontan al 26 de marzo, está la carencia, aducen los trabajadores, de un convenio digno. “Los trabajadores están bajo un convenio estatal que se negocia a muchos kilómetros de aquí. Contenidos muy pobres, salarios muy bajos. No responden a la realidad que vivimos aquí”, explicaban desde LAB el día que dio comienzo la huelga. Según sus propios números, los empleados contratados por Enviser cobran al año 11.000 euros menos que el personal propio del Ayuntamiento. “Los salarios del convenio estatal justo superan el salario mínimo interprofesional estatal. Este colectivo necesita unos salarios dignos que puedan hacer frente al costo de la vida”, protestaban.

De “falta de movimiento” a “injustificable”

El lunes de esta semana, trabajadores de Enviser hicieron una marcha desde la sede del Gobierno vasco hasta la de la empresa. Acusaron a la empresa y al Ayuntamiento de tener “secuestrado” el conflicto por su “falta de movimiento e interés en negociar”, sin reuniones desde el 7 de julio. “La plantilla de Enviser no se irá de vacaciones en agosto y las movilizaciones continuarán hasta conseguir un convenio propio que contemple salarios dignos”, avisaban.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha aseverado este miércoles que “es injustificable que una huelga se eternice tanto”. Preguntada por la cuestión en una entrevista en Radio Vitoria, ha acusado a los jardineros y a los sindicatos de haber tenido “una solución en la mano” y haberla rechazado “más por cálculos políticos que laborales”. “Para mí no tiene justificación”, ha señalado. Ha pedido también disculpas a la ciudadanía por el “malestar” que ha generado la situación “durante tantos meses”. Etxebarria, además, ha recalcado que el Ayuntamiento no es parte negociadora del conflicto, que circunscribe a empresa y trabajadores. “Exigimos respeto para que la ciudadanía no tengamos que estar sufriendo las consecuencias de un conflicto que tenía una resolución sobre la mesa”, ha apuntado.

“Lo incomprensible es que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no rescinda un contrato que se ha demostrado absolutamente responsable de la huelga que ya se alarga 127 días y que, además, ponga un tope a las mejoras que va a asumir en el próximo contrato”, han dicho los sindicatos como respuesta a las declaraciones de la alcadesa. Al mismo tiempo, han denunciado la solicitud de nuevos servicios mínimos para acometer el cuidado del Anillo Verde que rodea la ciudad. Aducen que “están fuera de la orden de servicios mínimos dictada en junio por el Gobierno vasco”. “Nuevamente se demuestra que la preocupación del Ayuntamiento y de la empresa no pasa por la rápida resolución del conflicto, sino por la imposición de sus condiciones a la plantilla”, defienden.

Vitoria incorporará nuevas zonas de OTA tras escuchar varias alegaciones de asociaciones vecinales y comerciales. Estas, presentadas a la nueva ordenanza reguladora de la OTA, han sido aprobadas este lunes en la Junta de Gobierno Local. Posteriormente han pasado por la comisión correspondiente el miércoles y la aprobación definitiva se ha llevado a cabo en el Pleno municipal del jueves. La ordenanza entrará en vigor el 15 de septiembre.

Una de las principales modificaciones introducidas tras el proceso de alegaciones tiene que ver con el barrio de San Martín, donde se ha acordado ampliar la zona OTA a cinco nuevas calles. En concreto, se incorporan Madre Teresa de Calcuta, Miren Martínez Sáez del Burgo, los portales 2, 4 y 6 de la avenida del Mediterráneo, María Josefa del Corazón de Jesús y San Valentín de Berriotxoa. “La decisión de incorporar nuevas calles del barrio de San Martín es un ejemplo claro de escucha y de comprensión hacia las demandas vecinales”, ha señalado la concejala de Espacio Público y Barrios Beatriz Artolazabal, según recoge Europa Press. “No hemos optado por una ampliación generalizada, sino por una solución equilibrada y razonada, que responde a la realidad del barrio: hay calles con presión de aparcamiento y otras que no lo requieren”, ha apostillado.

El Ayuntamiento cifra en 5.000 las nuevas plazas de estacionamiento regulado que habrá en la ciudad, que pasarán desde las 6.000 existentes hasta las 11.000. La nueva zona de pago se extiende por los barrios de Aranbizkarra, Arana, Santa Lucía, San Martín, Lovaina y Aranzabal. Se puede consultar en este enlace el mapa que entrará en vigor el 15 de septiembre.

Durante el periodo de exposición pública, se han presentado alegaciones por parte de trece particulares (de las cuales ocho han sido estimadas parcialmente), cuatro empresas particulares (todas desestimadas), la Asociación Vecinal de San Martín (tres estimadas parcialmente), Gasteiz On (una estimada parcialmente y dos desestimadas) y SEA-Empresarios Alaveses (una estimada parcialmente). En total, se han estimado parcialmente trece alegaciones y desestimado once, algunas de estas últimas por estar ya recogidas en el texto original.

Se ha introducido la posibilidad de otorgar el distintivo OTA comercial a vehículos mixtos, furgones o camiones de hasta 3.000 kilogramos de carga útil, siempre que estén vinculados a una actividad comercial, gracias a las alegaciones presentadas por Gasteiz On. Además, se ha aceptado parcialmente la alegación de SEA, incorporando al ámbito del distintivo OTA comercial a ciertas actividades del comercio minorista y de reparación de bienes de consumo que no estaban previstas en el texto inicial.

El Ayuntamiento ha valorado positivamente la calidad y el enfoque constructivo de buena parte de las alegaciones recibidas, que han servido para mejorar técnicamente el texto. La nueva ordenanza, con las modificaciones incorporadas, quedará definitivamente aprobada esta semana y entrará en vigor el próximo 15 de septiembre.

La huelga de la plantilla de la contrata de jardinería de Vitoria, Enviser, está a punto de cumplir tres meses. En este contexto, en la hoguera de San Juan del barrio de Judizmendi fue quemado un muñeco con el uniforme de la empresa, con un cartel que ponía “Beatriz Artolazabal” y con una fotografía con su cara. Artolazabal, del PNV y exconsejera del Gobierno vasco, es la teniente de alcaldesa de la ciudad y la edil responsable de esta contrata.

A juicio de Artolazabal, que ha denunciado los hechos en sus redes sociales, son “actos de violencia simbólica, hostigamiento e intimidación personal” que se suman a otros durante la huelga, en la que la plantilla pide al Ayuntamiento que interceda para mejorar sus condiciones laborales en Enviser. A comienzos de abril, por ejemplo, la 'número dos' del Gobierno municipal denunció que ella y su familia habían sufrido “hostigamiento” de los huelguistas en su propia casa, en un pueblo a las afueras de la capital. Alude también a “insultos y mensajes vejatorios en el espacio público” y a “pintadas y pasquines” que “traspasan los límites de la crítica legítima”.

“La discrepancia forma parte de la vida democrática. Pero señalar, caricaturizar o acosar a una persona por su cargo público no es protesta: es violencia simbólica. Y es inadmisible”, ha dicho Artolazabal. Y ha añadido: “No se pueden exigir derechos pisoteando los de los demás. Cuando se recurre al acoso o a la intimidación personal, se cruza una línea que no se puede tolerar”.

La alcaldesa del PSE-EE, Maider Etxebarria, ha usado la red X para condenar unos hechos “inadmisibles”. La regidora ha explicado que todos los grupos “salvo EH Bildu” han secundado un texto en ese sentido. Esa resolución apunta que “ni la libertad de expresión ni el derecho de protesta pueden amparar este gravísimo hecho que, lejos de contribuir a solucionar un conflicto laboral, supone un acto de violencia inaceptable en una ciudad plural y respetuosa”. También incorpora un “llamamiento a la responsabilidad” y a una crítica “pacífica”. “Frente a la violencia simbólica, no caben ambigüedades. Unos se ponen la capucha, otros callan. Pero el silencio, en estos casos, también es cómplice. Tampoco es admisible. No tienen coraje ni valentía”, ha dicho Artolazabal sobre la postura de EH Bildu.

La portavoz abertzale, Rocío Vitero, ha señalado que “ante las diferentes presiones y señalamientos directos sufridos por la teniente de alcalde de Gasteiz y, en especial, ante la quema de un muñeco con su cara en el contexto de las hogueras de San Juan”, es precios “mostrar solidaridad”. EH Bildu insta a “poner fin a estas actuaciones contra miembros de la corporación en el ámbito del conflicto laboral, ya que dificultan la búsqueda de una resolución consensuada, y entorpecen la necesaria colaboración entre todas las partes implicadas de cara a encauzar la situación”, abunda Vitero.

Y agrega: “EH Bildu solicita a todas las partes implicadas en el conflicto laboral de los jardines de Gasteiz a actuar con responsabilidad, a poner todos los medios y a explorar todas las vías de negociación posibles de cara a lograr un acuerdo que ponga fin a la huelga y satisfaga a todos los agentes implicados. En ese sentido, EH Bildu muestra toda su disposición a colaborar en la búsqueda de una solución justa a un conflicto enquistado que se está prolongando, ya, demasiado en el tiempo”.

Un detenido en Hernani

Por otro lado, en otra celebración de San Juan, la de Hernani en Gipuzkoa, un joven ha sido detenido y varias personas han resultado heridas en unos altercados durante la noche más corta del año, según ha confirmado la Ertzaintza. En Euskadi Irratia, el alcalde Xabier Lertxundi ha indicado que, en efecto, se han producido “varios” focos de tensión.

Las fuentes policiales consultadas indican que a las 3.30 horas la Policía local ha reclamado refuerzos a la Ertzaintza por disturbios en la plaza de los Gudaris y que, a su llegada, un grupo ha arrojado objetos y botellas a los uniformados, que han tenido que “intervenir”. El detenido está acusado de “desórdenes públicos” y ha sido puesto en libertad a primera hora aunque deberá comparecer ante la autoridad judicial.

En pocos días se cumplirán tres meses de huelga de la contrata de jardineros de Vitoria, en manos de Enviser. La novedad es que se han decretado servicios mínimos y que, en los últimos días, custodiados por la Ertzaintza, han salido algunos equipos en una ciudad cada vez más exuberante. La medida se ha justificado por riesgos de salubridad, de visibilidad en la conducción y hasta de prevención de incendios.

Los trabajadores de la empresa Enviser, entretanto, han acusado al Ayuntamiento de “echar balones fuera y alinearse con al empresa” para “no ofrecer una solución real al conflicto laboral”. Portavoces del comité de empresa han acudido este viernes al pleno municipal en turno popular para pedir nuevamente el apoyo del Ayuntamiento hacia sus reclamaciones laborales pero, después de criticar duramente el papel del Consistorio, han abandonado el pleno, lanzando papeles al aire y consignas, por lo que la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha pedido la intervención de la Policía para desalojarlos del salón plenario, informa Europa Press. Son ya decenas las movilizaciones que vienen realizando para reclamar mejoras retributivas.

“Después de 87 días de huelga, la plantilla tiene la determinación de seguir peleando e intensificar las movilizaciones”, han agregado. Los representantes del comité de trabajadores insisten en que, con “el salario medio de miseria” que tienen, “no pueden desarrollar una vida digna”. Y han recriminado “la insensibilidad y dejadez del Ayuntamiento”, quien “no tiene en consideración las condiciones de trabajo de la subcontrata del servicio”. “Una cosa es defender un modelo de privatización de servicios públicos, lo cual no compartimos, y otra cosa es privatizarlo y, a la vez, desentenderse completamente de las condiciones en las que se encuentran las personas que sacan adelante el servicio. Nos parece una total falta de sensibilidad y responsabilidad”, han señalado.

Por otro lado, han lamentado que “el Ayuntamiento se ha alineado con la empresa”, para “solicitar casi de la mano imponer unos servicios mínimos desorbitados, que el Departamento de Trabajo ha hecho caso a pies juntillas”. “Tenemos muy claro que la motivación de los servicios mínimos no es ni la prevención de incendios ni la seguridad vial. Así lo hemos constatado esta semana, donde los trabajos prioritarios han sido adecentar los parques más céntricos, la Catedral, el Prado o la Florida, a pesar de ser los que menos hierba acumulan”, han ironizado.

La concejal responsable del contrato, Beatriz Artolazabal (PNV), ha criticado “la falta de respeto institucional” que han tenido “los representantes de los trabajadores de Enviser” en el pleno, a quienes ha acusado de “amedrentar con papeles y pancartas” a los representantes institucionales. “¿Hoy a qué han venido aquí? Intentamos desde este Ayuntamiento buscar soluciones para que esta situación no se prolongue en el tiempo. Lo que no puede ser es que vayan por ahí amenazando o amedrentando a la gente. Sus reclamaciones pueden ser muy legítimas, pero con actitudes como esta no vamos a conseguir nada”, ha manifestado visiblemente enfadada, tras resaltar que la han insultado, llamándola “garrapata”. Artolazabal ya denunció protestas en su casa.

“La empresa se ha movido, los trabajadores no se han movido. Desde el 26 de marzo solamente solicitan 3.000 euros en el año 2025, bajada de horarios y 300 euros de plus de peligrosidad. Y no se mueven de ahí. Con esa actitud malamente vamos a poder llegar a ningún acuerdo”, ha zanjado Artolazabal. El concejal de Gestión Ambiental, Pascual Borja (PSE-EE), también ha lamentado que los trabajadores “boicoteen” e “insulten” en el pleno, ya que “insultar a concejales es insultar a la ciudadanía”, al “ser los representantes de parte de la ciudadanía de distintas sensibilidades”.