La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

Los fondos reservados financian las operaciones más ocultas en la democracia española. Eso no quiere decir que sea dinero público que se pueda usar para cometer crímenes sin impunidad. No es dinero ilegal, no es dinero negro. Existe de manera oficial y hay gente que lo maneja aunque no sepamos exactamente cuánto es ni a qué se destina en concreto.

Gracias al juicio de la Operación Kitchen, que comenzó hace una semana, descubrimos para qué no deberían ser los fondos reservados: para que la cúpula del Ministerio del Interior y los mandos policiales durante el primer gobierno de Rajoy organizaran de forma ilegal la destrucción de pruebas para que la justicia no pudiera investigar la caja B del PP tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Y todos los indicios apuntan a que así fue. Nos explica qué son los fondos reservados, para qué se han solido usar en España y para lo que sirven realmente con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda. 

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La vida profesional de Antonio Alonso es tan fascinante que ya ha recibido propuestas para convertirla en una serie. Alonso trabajó desde 1984 en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), que dirigió entre 2019 y 2024, y participó como genetista forense en la resolución de algunos de los casos más relevantes para la historia de este país, desde el asesinato de Lasa y Zabala hasta los atentados del 11-M, el accidente del Yak-42 o la identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Alonso recoge su dilatada experiencia en La huella invisible (Crítica, 2026), un libro que le propuso su editora tras escucharle en una entrevista radiofónica y en el que relata los detalles de ocho de estos casos. Una historia que documenta, con una mirada crítica y profundamente humana, cómo la evolución de estas tecnologías de análisis genético ha cambiado la forma en que se identifica a las víctimas y se esclarecen los delitos. Para Alonso, que se emociona cuando habla del dolor de las personas que tienen familiares desaparecidos y sin identificar, las ciencias forenses tienen un valor humanitario y no diferencian entre bandos: solo son la mejor herramienta disponible para reparar la injusticia.  

Cuenta usted que el ADN puede permanecer en la ropa después de pasar por la lavadora, ¿la huella invisible de la que habla en el libro es más pegajosa de lo que creemos?

Efectivamente. Y eso que parece una anécdota, es algo que condiciona muchas investigaciones, porque hoy en día, aparte de llevar nuestro propio ADN en nuestras ropas, llevamos el ADN de las personas con las que convivimos, al menos con las que compartimos la colada de la lavadora. ¿Por qué? Porque en el lavado puede haber transferencia de ADN y, aunque sean pequeñas trazas, con la sensibilidad que tenemos hoy día podemos detectarlas, por ejemplo, en la ropa interior. Imagínate esto en la investigación de casos tan graves como el abuso sexual de niños. Por eso la prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos. Se necesitan otras pruebas testificales o forenses de que efectivamente estas son las circunstancias.  

Paradójicamente, más sensibilidad puede abrir nuevos problemas a la hora de documentar, ¿no?

Por un lado, es una ventaja que hayamos avanzado hasta obtener ADN de la nada, de una docena de células. Pero eso tiene la otra cara, y es que no solo vamos a detectar aquello que nos interesa, lo que se ha producido en el momento del crimen que estamos investigando. También vamos a identificar el ADN de fondo que estuviera en esa escena. Eso lo complica todo de muy diversas maneras, entre ellas por el hecho de que no vamos a obtener perfiles únicos y muchas veces vamos a obtener mezclas. Eso es uno de los temas más complejos en el ámbito de interpretación forense.

La prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos

Otro de los asuntos controvertidos son los cribados poblacionales para buscar a un culpable, hay pendiente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que esto quede regulado, ¿verdad?

El proyecto de reforma, que ya está presentado en el Congreso de los Diputados, incluye la investigación de ADN de manera sistemática en determinados cribados, cuando las técnicas tradicionales no han dado ningún resultado. Se trata de delitos graves, agresiones sexuales, homicidios, etcétera y siempre bajo un estricto control judicial o fiscal que asegure todas las condiciones con respecto a la preservación de los datos genéticos. 

¿Ustedes ya resolvieron un caso así?

A pesar de que no hay una legislación en el ámbito judicial, ya en el año 2003 hicimos una investigación de este tipo, que fue un cribado genético en un ámbito rural en Campo de Criptana para identificar a través del cromosoma Y a un determinado individuo. Porque el cromosoma Y que heredamos los varones de nuestros padres se transmite de manera inalterada a lo largo de las generaciones. Se hizo una primera investigación en todas aquellas personas que habían estado con la víctima de una agresión y se encontró una coincidencia, pero con una mutación. Eso nos llevó pensar que el responsable podía ser un familiar de ese individuo y los buscamos por el apellido paterno. La Guardia Civil, con consentimiento y con conocimiento de la juez instructora, hizo un barrido. Y en el individuo 55 detectamos un perfil de cromosoma idéntico, que al final se delató.

¿Cuáles son los riesgos de hacer el cribado? ¿Estigmatizar a comunidades?

Entre otras cosas. También pueden producirse errores, dependiendo del tipo de relación de parentesco. Imagina que tenemos el cromosoma Y de este individuo y vemos que tiene un origen ancestral magrebí. Cuidado, porque hay que valorar eso. Hay que tratarlo con mucha confidencialidad, porque todo ese tipo de datos pueden llegar finalmente a estigmatizar a determinados grupos sociales o raciales.

Hay ya varios casos en los que se ha encontrado al culpable gracias a los test recreativos de ADN a través de alguien que tiene una relación familiar, ¿ese también es un terreno resbaladizo?

El primer caso de este tipo fue el del “asesino de Golden State”, en California, cuando el FBI comparó una muestra hallada en el lugar del crimen con los datos que se obtienen en este tipo de compañías que venden kits comerciales y localizaron a un familiar lejano que les permitió llegar hasta el culpable. Esto ha obligado a las compañías a incluir cláusulas para que la gente esté informada y sepa que su material genético se puede usar para buscar a sospechosos.

A veces los asesinos tienen creencias erróneas, como la capacidad de la cal viva para hacer desaparecer restos orgánicos, ¿cómo de determinante fue esto en el caso de Lasa y Zabala?

Hasta ese momento había una falsa creencia de que la cal viva producía una destrucción tanto de los tejidos blandos como del esqueleto, y que por lo tanto esa era la manera de destruir o de hacer desaparecer un cadáver. En ese momento incluso los forenses pensábamos que esto era así. Yo, cuando me enfrenté a ese caso, lo primero que pensé fue que no quedaría nada de ADN. Pero resulta que es más bien al contrario. La cal viva produce una reacción exotérmica que produce desecación al contacto con el agua con los tejidos, y eso produce de alguna manera una inhibición de la putrefacción que está dirigida por el crecimiento bacteriano. No produce un olor tan fuerte y, por lo tanto, las alimañas no aparecen. Todo eso hace que al final el cuerpo se esté preservando, que es lo contrario que se pretendía. En el caso de Zabala, lo de la cal viva además fue como una firma y lo que llevó a un policía a relacionarlo con los GAL, porque [José] Amedo había dicho que en el caso de Segundo Marey habían valorado hacer lo mismo.

A lo largo de su carrera usted se ha enfrentado a casos terribles, crímenes de lesa humanidad, torturas como en este caso, y asesinatos. ¿Qué momento recuerda como especialmente impactante?

Bueno, en principio, y aunque eran unos cadáveres ya desprovistos de carne, el caso de Lasa y Zabala. Hubo un momento en esa mesa de autopsia que me produjo una impresión importante, un quebranto emocional. Porque no eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura. Pero, para mí, desde luego, la situación más grave fue encontrarme con la muerte en la mesa de autopsias del 11-M. Aquello creo que nos sobrepasó absolutamente a todos, a la población general, a los equipos forenses, absolutamente a todos. Y esa noche, gracias a la solidaridad de un montón de equipos de, no solamente forenses, sino todos los equipos de asistencia psicológica, policías, etcétera, creo que eso fue lo que sirvió para sobreponernos y dar una respuesta que yo creo que fue muy rápida, con sus errores.

La autopsia de Lasa y Zabala me produjo un quebranto. No eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura

Habla en el libro con mucha honestidad de que hubo un error que ha servido para mejorar el sistema…

El error fue que solo se tomó el ADN de los cadáveres que no estaban identificados con la huella dactilar, pensando que ya bastaba. Eso fue un error muy grave, porque desgraciadamente en el 11-M se produjo una fragmentación de los cuerpos muy grande como consecuencia de las explosiones, con lo cual esos restos que estaban en lo que llamaban las bolsas cero no se pudieron reasociar completamente con todos los cuerpos. De eso aprendimos y, gracias a esa experiencia y a la autocrítica posterior, se desarrolló un protocolo de actuación médico forense en casos de catástrofes, que se publicó como Real Decreto en el año 2009 y que hoy es la referencia en España para que no vuelvan a ocurrir esos errores y otros que se produjeron.

Justo antes había ocurrido una negligencia grave por parte de las autoridades militares sanitarias de ese momento con el caso del Yak-42. Siendo usted forense en aquel proceso, ¿qué sintió cuando los responsables políticos no fueron encausados ni pidieron perdón?

Fue tremendo, tremendo. Fíjate que se trataba de compañeros. El general y el capitán eran militares médicos, a los que se supone una serie de valores, de lealtad, etcétera. Y realmente no se hizo nada, ¿no? Es decir, hay pruebas de cuando hicimos las exhumaciones de que en algunos ataúdes había restos de más de tres personas o dos pies de distinto tamaño. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres. Sobre los políticos, yo recuerdo en aquellas épocas cuando vinieron los militares familiares a darnos la muestra para identificar a sus cadáveres, que eran todos votantes del PP y lo que decían todos: “Son unos sinvergüenzas cómo nos han tratado”. En el libro hay bastantes testimonios de esto, decían que en la vida volverían a votar a esta gente, porque aquello fue una infamia.  

En algunos ataúdes [de las víctimas del Yak-42] había restos de más de tres personas. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres

Entonces se puso el ejemplo del problema de los sombreros. ¿En qué consistía?

Básicamente era una metáfora. Se dice que si 37 personas que han bebido y están borrachas llegan a un bar y dejan el sombrero en sus percheros, la probabilidad de que cada uno coja su propio sombrero al salir es muy baja. Y esto es lo que ocurrió, que de los 30 cadáveres que no analizaron los turcos —que sí habían hecho bien su trabajo—, todos estaban mal identificados. Y menos mal que el equipo turco tuvo la prudencia de tomar una muestra de tejido que nos sirvió después para obtener el ADN de todos los cadáveres y poder hacer la reconstrucción.

Y darle a cada familia los restos de su familiar fallecido…

Siempre que se pudo. Porque, claro, el problema es que 11 de los cadáveres se habían incinerado e intercambiaron cenizas y con dos de ellos las familias las habían esparcido.

Este desprecio por los hechos científicos y esta voluntad de desprestigiar a los técnicos la hemos vuelto a ver más veces, ¿es la firma de un partido político?

Lo vimos también en el 11-M. No es ya que todas las pruebas inmediatas de las primeras horas, todas las pruebas periciales, indicaran que se trataba de un terrorismo islamista, que así lo decían. Es que con anterioridad ya había avisos del CNI y de los servicios de inteligencia de Policía y de Guardia Civil, de que esto podría pasar, de que lo más seguro es que hubiera un atentado terrorista en Madrid. Y sin embargo, este equipo, por las intenciones que fueran, intentó mantener el tema de que estos atentados provenían del terrorismo vasco de ETA. Y no solamente eso, sino que años después de que haya una sentencia en la que la verdad científica judicial se ha establecido, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso. 

A pesar de la verdad científica judicial del 11-M, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso.

El análisis de ADN ha resultado ser fundamental para la memoria histórica. ¿Por qué fue tan importante para usted la caja 198 del Valle de Cuelgamuros?

La caja contiene restos de una de esas inhumaciones que se produjeron en 1936 en Ávila, en dos localizaciones una fosa en Aldeaseca y otra en Fuente el Saúz, dos pueblos de Ávila. Cuando se inaugura el Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, se exhuman y se llevan al valle, como otros muchos.

También del bando nacional, como recalca en el libro.

Sí, sí, porque creo que es importante decirlo. Hay muchos vascos, porque el bando nacional llegó allí y reclutó forzosamente a muchos jóvenes que al final murieron. Y muchos de ellos están en el Valle de los Caídos. Hay bastantes solicitudes. Esto quiero transmitirlo para que veamos que las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida. La incertidumbre. Toda la gente con la que tú hables de este tema que tiene una persona desaparecida te va a decir lo mismo: yo puedo vivir con la muerte, puedo hacer un duelo y puedo pasar página, pero con un desaparecido no puedo vivir. Y te lo dicen los de la Guerra Civil y te lo dice Pili Zabala, que pasó diez años sin saber qué le pasó a su hermano. Hasta que se pudo encontrar. Todo eso que parece que es una tontería es algo fundamental. Tiene que ver con la dignidad humana y tiene que ver con la necesidad de pasar página y de poder vivir. Yo he conocido a mucha gente que ha estado 30 años dedicada a esa búsqueda, es en lo que han convertido su vida, porque no pueden más.

Las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos de diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida

¿Qué siente uno cuando ve todos esos restos en el valle de Cuelgamuros y ve la dimensión de lo que pasó en este país?

Efectivamente es muy grave y a veces piensas: joder, parece que el dictador hizo las cosas de manera que nunca se pudieran identificar o que fuera muy difícil identificarlos. Yo visité el Valle de los Caídos en el año 2010. Fue una de las primeras visitas que se hizo. Abrimos las paredes, no entramos y vimos lo que pasaba allí. En muchas de las criptas las cajas de madera se han deshecho completamente y aquello es un osario en el que es muy difícil trabajar. En el sepulcro, donde se ha encontrado a las víctimas de Aldeaseca y Fuente el Saúz, tuvimos suerte porque se hizo primero un trabajo excelente arqueológico por parte del equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dirigidos sobre todo por Paco Etxeberria. Creo que es admirable el trabajo que se ha hecho, pero en muchos casos no se podrán identificar los cuerpos, por la dificultad.

Me imagino que generará cierta impotencia saber que trabajar en crímenes contra la humanidad es como ir sacando el agua del mar con una cuchara, porque los siguientes casos están ahí esperando, en Gaza, Ucrania…

En el capítulo de la masacre de Suva Reka, en Kosovo, que es el caso por el que tuve que ir a declarar al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, hago referencia a ese espectro mundial, que es una desolación enorme y que produce cientos de miles de víctimas sin identificar en todos estos países y en situaciones de una precariedad tremenda. Y luego, además, [tenemos que soportar] que nos digan que ya se ha acabado la guerra en Gaza cuando se ha exterminado completamente una zona. Y las personas que son responsables de esto, como Netanyahu o Estados Unidos, que no reconocen el tribunal, tienen la libertad para seguir haciendo estas barbaridades. Es muy grave. 

El Ayuntamiento de Donostia ha empezado los trámites para la definitiva desafectación del edificio de La Cumbre para convertirlo en centro de memoria después de que este miércoles haya recibido la solicitud de la Delegación del Gobierno central para iniciar el proceso. Este paso, reclamado con anterioridad por el Gobierno municipal, llega después de que la documentación enviada haya obtenido la aprobación de los correspondientes órganos del Gobierno central.

Desde el Consistorio donostiarra han señalado que se inicia así la fase definitiva para que se materialice la cesión del palacio donde fueron encerrados y torturados los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, el crimen fundacional del GAL. En el palacio el Ayuntamiento quiere instalar un centro de Memoria basado en los criterios de “justicia y reparación”, en cuya definición trabajará con otras instituciones. Con este paso, hace cumplir la Ley de Memoria Histórica en la que se recoge la cesión de La Cumbre por parte del Gobierno de España. Además, prevé abrir a la ciudadanía sus jardines.

Construido hacia 1862, es una finca de entre 12.000 y 18.000 metros cuadrados, en función de la fuente. En 1944, fue adquirido por el Estado, en concreto por Exteriores. El dictador Francisco Franco tenía predilección por Donostia y fue una más de sus instalaciones estivales. En el archivo de la Kutxateka constan imágenes de recepciones allí de Carmen Polo, esposa del jefe del Estado, o de Luis Carrero Blanco, su delfín. Con el cambio de régimen, el espacio quedó en desuso. En 1981, la hemeroteca recoge que se produjo una estancia del entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, y de su entonces esposa, Sofía. El espacio tuvo que ser amueblado de urgencia al encontrarse vacío. Trajeron el material del palacio de Miramar y Juan Carlos I dijo estar viendo “visiones” ya que él estuvo formándose tres décadas antes en aquel lugar y estaba rodeado de los mismos muebles que cuando era un niño, según recogió 'El Diario Vasco'.

En 1983, el palacio fue traspasado de Exteriores a Interior. Pocos meses después, se produjeron los hechos más graves que se han registrado en la finca. Agentes de la Guardia Civil que conformaban el denominado GAL 'verde' secuestraron a los supuestos miembros de ETA Joxean Lasa y Joxi Zabala y los ocultaron en el sótano del palacio. Según 'El País', una guarnición de entre 16 y 18 agentes perfectamente coordinados con los mandos de Intxaurrondo se encargaba de las vigilancias y de los interrogatorios bajo tortura. Lasa y Zabala, después, fueron trasladados a Alicante, donde fueron enterrados en cal viva. En 1985 aparecieron los restos y en 1995 fueron identificados. Después del episodio de Lasa y Zabala, gobernadores civiles de Gipuzkoa –precisamente socialistas– utilizaron La Cumbre como residencia. En la actualidad, sus usos por parte del Estado son muy limitados, según antiguos cargos de la Delegación del Gobierno.

Una vez más, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a usar a ETA y las víctimas para hacer una crítica política. Esta vez fue hace escasos días con motivo del acto de homenaje a Gregorio Ordoñez por el aniversario de su asesinato a manos de ETA. En aquel atril dijo: “Si nace un nuevo Gregorio Ordoñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado?”. Apenas dos meses antes la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra”.

Hay ocasiones en las que hay que saber estar a la altura del cargo, pero por alguna razón los hay que se esmeran en comportarse de manera indigna.

La utilización espuria de la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA es un habitual en determinadas personas que ostentan algún cargo de representación política. Esto resulta contraproducente para las nuevas generaciones que no han conocido, afortunadamente, el horror del terrorismo.

La propia Comunidad de Madrid comenzó en octubre con unos talleres ('Pasado y presente del terrorismo de ETA: el testimonio de los jóvenes') con charlas de 50 minutos a lo largo del primer trimestre, extensibles al 2026. Esta iniciativa provocó una oleada de críticas que denunciaron la falta de rigor histórico, un marcado sesgo ideológico y la exclusión de las asociaciones mayoritarias de víctimas.

Según el historiador Casquete y el periodista Luis R. Aizpeolea, el taller incurre en errores de bulto. Por ejemplo, mientras en la charla se afirmó que el 80% de los asesinatos de ETA ocurrieron en democracia, los datos del 'Informe Foronda' sitúan esa cifra en casi el 95%. A esto se suma la imprecisión en las cifras de fallecidos ya que los ponentes hablaban de “unos cientos”, por no hablar también de que el carácter “racista” que el taller atribuye a ETA es otro error historiográfico de las personas que han diseñado este taller.

¿Por qué se contó para esto con una asociación inexperta como Ego Non en estas cuestiones? Las víctimas que acuden a dar estas charlas deben tener un trabajo previo, en muchos casos con acompañamiento psicológico. Resulta curioso que no se haya querido contar con asociaciones de víctimas como FVT, AVT o COVITE, con una larga experiencia en el trabajo con las víctimas. Sorprende, más aún, que no se hayan querido contar con entidades que sin representan a víctimas del terrorismo tienen una dilatada experiencia de años de trabajar con víctimas de violencia armada.

Es importante que se multipliquen en las aulas iniciativas pedagógicas sobre estos temas de nuestro pasado. Por eso, lo ideal para las nuevas generaciones es que los participantes pasen por una preparación previa con expertos y deban ser muy rigurosos con el tratamiento de la información histórica.

¿Hablamos de pedagogía o de cuestión política? Decía acertadamente, sobre estos talleres, la diputada socialista Rafaela Romero que hablar de ETA en presente contribuye a la “revictimización”.

En esta cuestión juegan un papel fundamental las víctimas educadoras. La educación juega un papel fundamental en la construcción de una sociedad más tolerante y pacífica, y uno de los métodos más poderosos para lograrlo es a través de los testimonios de las víctimas del terrorismo. Incorporar los testimonios de las víctimas del terrorismo dentro de los programas educativos tiene un gran valor pedagógico, ya que permite tratar temas complejos como la violencia, la intolerancia, el odio y la venganza desde una perspectiva humanista y constructiva. 

Si hablamos de pedagogía, entonces debemos hablar de todas las víctimas del terrorismo y eso debe incluir necesariamente de las víctimas de los GAL, el BVE, la Triple A, Grupos Armados Españoles, Guerrilleros de Cristo Rey o ultraderecha. No hacerlo convierte a los talleres en un proyecto limitado desde el inicio. No incluir a las víctimas de la violencia por motivaciones políticas implica que los talleres surgen con un hándicap importante.

En Madrid, por ejemplo, podrían trabajar con los testimonios de los testigos en el atentado ultraderechista que costó la vida a los cinco abogados laboralistas en enero de 1977 o el asesinato de Arturo Ruiz García el día antes cerca de la Gran Vía madrileña. También podrían trabajar con los familiares de José Luis Alcanzó, apaleado hasta la muerte en septiembre de 1979 por jóvenes de extrema derecha (relacionados con Fuerza Nueva) en el parque del Retiro y que reconocido oficialmente como víctima del terrorismo en 2001. Hay más testimonios: las personas que conocieron a Yolanda González Martín, asesinada en febrero de 1980; o los que conocían a Juan Carlos García Pérez asesinado en Ciudad Lineal en mayo de ese año.

Más allá de las siglas o la ideología que intente justificar la violencia, el foco de cualquier iniciativa educativa debe ser la defensa innegociable de los derechos humanos. Trabajar la vulneración de estos derechos sin distinciones, provenga del terrorismo de ETA o de cualquier otra forma de violencia política. En Euskadi se hace. 

Si el objetivo es construir una sociedad democrática, no se pueden establecer jerarquías entre las víctimas. Reconocer el sufrimiento causado por grupos como el GAL, el BVE o la extrema derecha, junto al de las víctimas de ETA, no resta importancia a ninguna tragedia. La realidad es que refuerza el mensaje de que ninguna causa política está por encima de la dignidad humana y la vida. Solo a través de una mirada inclusiva y rigurosa se puede desactivar el discurso del odio y evitar que las nuevas generaciones hereden los sesgos del pasado.

Solo cuando seamos capaces de honrar a todas las víctimas y rechazar toda violencia con la misma firmeza, estaremos preparando a los jóvenes para un futuro donde la convivencia y el respeto a los derechos humanos sean los únicos protagonistas.

La parte del PSE-EE del Gobierno vasco, que desde 2024 dirige las políticas de Derechos Humanos, ha realizado en la noche de este lunes, en Donostia, el gesto más significativo de los socialistas hacia las víctimas de los GAL, un grupo terrorista que, según se ha remarcado, fue organizado por el equipo de Felipe González. La consejera María Jesús San José ha pedido “perdón” a las familias de los asesinados por esa organización, ha pronunciado una “firme condena” por sus acciones, ha lamentado que altos cargos del Estado decidieran “financiar” y “mantener” la guerra sucia y, finalmente, ha denunciado la “desfachatez” de quienes, todavía ahora, se jactan de aquellos años oscuros. “Ensucian las siglas de un partido que hunde sus raíces en la defensa de los derechos humanos”, ha añadido San José, que ha repetido estas ideas en castellano y en euskera, para que no cupieran dudas. No ha mencionado nombres propios en ningún momento.

“Ninguna violencia podrá jamás justificar el uso de otra en sentido contrario. Nada puede justificar, minimizar o relativizar la violación de los Derechos Humanos. Por eso, quisiera dirigirme a todos aquellos cargos políticos que alguna vez tuvieron la desfachatez de mostrarse orgullosos del daño que causaron a tantas personas, usando para ello las herramientas del Estado. Quisiera dirigirme a ellos para condenar sus palabras, para decirles que sus palabras solo sirvieron para causar aún más dolor, para erosionar la credibilidad de nuestra democracia y ensuciar las siglas de un partido político que hunde sus raíces en la defensa de los Derechos Humanos y de los valores democráticos. Ése no es ni será jamás nuestro camino”, ha señalado la responsable vasca de Justicia y Derechos Humanos.

El contexto del discurso ha sido la inauguración de una exposición con motivo del cuadragésimo aniversario del atentado más sangriento de los GAL, el del Hôtel Monbar de Baiona. Dos mercenarios de nacionalidad francesa, contratados 'ad hoc', asesinaron a cuatro miembros de ETA en ese establecimiento al otro lado de la frontera hispanofrancesa mientras veían por televisión un partido de fútbol entre España e Islandia, según contó 'El País' en la crónica de la época. Hirieron a una quinta persona. Los asesinos eran Lucien Mattei y Pierre Frugoli, “ligados al hampa marsellesa”, según se probó. Las víctimas, José María Etxaniz Maiztegi, Iñaki Astiasuinzarra Pagola, Agustín Irazustabarrena Urruzola y Sabin Etxaide Ibarguren. El herido en el atentado fue Jean Iriarte.

“Esta exposición pretender paliar, en la medida de lo posible, el dolor de tantos años de silencio. Por eso hoy aquí, ante ustedes, quisiera pedirles perdón a las familias por cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social. Sé que esta exposición no puede más que aliviar mínimamente su dolor, pero estoy convencida de que es el primer paso de lo que espero sea un largo camino”, ha dicho también San José.

La pasada semana, coincidiendo con la fecha pero opacado por el quincuagésimo aniversario de los fusilamientos de Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, los últimos de la dictadura, ya hubo un primer acto de homenaje a estas víctimas en la propia Baiona. Ahora, el Instituto de la Memoria (Gogora) ha presentado una exposición que hasta octubre mostrará, con apenas una docena de paneles, el contexto de creación de los GAL, su organización, sus víctimas y, en particular, el caso del Monbar, para el que las familias han grabado un vídeo de unos diez minutos en el que denuncian haber estado ninguneadas por las instituciones todos estos lustros.

En los paneles se menciona que en la legislatura de 1982 a 1986, el primer gabinete de González, fue el origen de la “estrategia de guerra sucia”. Se reproduce un informe secreto de la CIA, ya desclasificado, que apunta que el presidente socialista “estuvo de acuerdo” ('agreed to') en crear un “grupo de mercenarios” para combatir de forma no ortodoxa el terrorismo de ETA. Incluso hay un organigrama de la organización con tres colores, el GAL verde de la Guardia Civil, el azul de la Policía y el marrón militar. Entre los nombres que aparecen están los de los exministros José Barrionuevo y Narcís Serra, pero también los de Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Julen Elgorriaga, Juan Alberto Perote o José Amedo, entre otros.

El acto ha logrado concitar, en una misma sala, a las cinco grandes familias políticas vascas y a víctimas de todos los terrorismos. El PSE-EE ha estado representando por su secretario general, Eneko Andueza, por su líder en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y por cuatro de sus cinco consejeros en el Gobierno de Imanol Pradales, Javier Hurtado, Susana García Chueca, Denis Itxaso -exdelegado del Gobierno de España- y la propia San José. También había una nutrida representación de parlamentarios y otros cargos, como el exalcalde de la ciudad, Odón Elorza.

La delegación de EH Bildu estaba encabezada por el también exalcalde Juan Karlos Izagirre, ahora portavoz municipal, y por, entre otros, la coordinadora del grupo parlamentario, Eraitz Sáez de Egilaz. Por parte del PNV estaban las consejeras María Ubarretxena y Nerea Melgosa, el dirigente del Euzkadi Buru Batzar responsable de Derechos Humanos, Jon Gambra, la parlamentaria Olatz Peón y otros alcaldes. Por parte del PP han participado la presidenta en Gipuzkoa, Muriel Larrea, y el edil Ángel Mota, hermano de un asesinado por ETA. Otras víctimas de ETA como Gorka Landaburu, Patxi Elola o Iñaki García Arrizabalaga también han acudido. Víctor Lasa, concejal de Podemos en Donostia, ha representado a la coalición Elkarrekin.

En la sala había, en todo caso, una amplia representación de víctimas del terrorismo de Estado, como los allegados de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Ainara Esteban, de la plataforma Egiari Zor, ha ejercido de portavoz de las familias de Monbar y, en general, de todas las víctimas de los GAL. Ha calificado este tributo como “un paso adelante” y se ha felicitado de que haya al fin una “convergencia” en el relato “ante unos gravísimos hechos” del pasado reciente de Euskadi. Ha indicado que el proceso para llegar hasta aquí arrancó con “profunda desconfianza hacia las instituciones” porque se mantiene hoy la “impunidad” del terrorismo de Estado pero el camino ha acabado con “cercanía” hacia Gogora. Ha tenido también un recuerdo para las víctimas del genocidio en Palestina. Todo el mundo ha aplaudido todo en todo momento.

En el vídeo que se proyecta en la exposición, íntegro en euskera, las familias insisten en los “cuarenta años de silencio”, denuncian la “asquerosidad” de aquel PSOE de Felipe González y abogan por que las nuevas generaciones conozcan estos hechos. Agradecen especialmente que provenga de los socialistas el reconocimiento aunque Egiari Zor ha deslizado que les había gustado que el acto lo hubiera presidido el lehendakari, que es del PNV. El director de Gogora, Alberto Alonso, que ha contado que inició la preparación de este acto en su primer día en el cargo, ha considerado lo ocurrido algo muy “especial”. Ha agradecido la “generosidad” de las familias y ha planteado que esto “no sea el final del camino”. “Este país tiene que seguir por este camino”, ha recalcado. Su alocución también ha sido íntegra en euskera.

El acto y la exposición están ubicadas en el espacio cultural Ernest Lluch de Donostia, encajonado bajo las gradas del estadio de Anoeta de la Real Sociedad, reformado recientemente. Las propias víctimas de los GAL han querido que sea en ese espacio tan simbólico, cuyo nombre es el de un socialista asesinado por ETA.

Alberto Alonso (Oñati, 1976) es desde 2024 el director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco que gestiona en Euskadi las políticas de la Guerra Civil, la dictadura, los terrorismos de ETA y los GAL y la violencia policial. Licenciado en Historia y ávido lector, ha ocupado diferentes responsabilidades desde que dio el salto de delegado de UGT en Michelin a cargos del PSE-EE en Álava. De 2016 a 2020, con María Jesús San José como consejera, fue director de Osalan, el Instituto de Salud Laboral del Gobierno vasco. Después de un paréntesis como portavoz parlamentario en Medio Ambiente, y de nuevo con la misma consejera, dirige una institución que tiene aproximadamente una década y que había estado controlada desde su nacimiento por Aintzane Ezenarro, exdirigente de Aralar fichada por Iñigo Urkullu y por el PNV. Alonso apunta a que ahora Gogora trabaja con “rigor histórico” y señala que ha salido de su “autismo” y se relaciona con otros organismos memorialísticos, pero, a la vez, asegura que no se han revisado las controvertidas adjudicaciones al grupo de empresas de un cargo del PNV, Montai, durante la etapa anterior.

En pleno contexto festivo en Euskadi, lamenta en una entrevista que ha tenido lugar en la redacción de elDiario.es/Euskadi en Vitoria que el elogio a los victimarios, sobre todo de ETA, siga teniendo protagonismo en las calles; y aboga por profundizar en la información sobre ese pasado en las aulas. Plantea que en otoño se decidirá la fecha del día de la memoria histórica y asegura que en la agenda inmediata de Gogora hay actos de homenaje por el cuadragésimo aniversario de Monbar, el mayor atentado de los GAL, y por el quincuagésimo de los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegui, los últimos del franquismo. Sobre los GAL, y preguntado expresamente por Felipe González, asegura que es “repugnante”, aunque opina que los socialistas actuales han “solventado” ya esos años. Y, sobre los miembros de ETA fusilados, insiste en el concepto de “víctimas victimarios” y recalca que nadie puede pretender orillar que fueron ejecutados sin garantías por un régimen dictatorial e ilegítimo. Sobre si estará listo en 2026 el Memorial del 3 de marzo en Vitoria, avisa de que a la vuelta de las vacaciones empezarán a trabajar en la iglesia.

Cuando se dice que ahora Gogora opera en términos de “rigor histórico”, ¿esto quiere decir que antes no era así?

Para nosotros, el rigor es una condición 'sine qua non'. No significa que hasta ahora no se tuviera, sino que nosotros lo que pretendemos es garantizar que exista. Digamos que el enfoque que se daba hasta ahora era más cuantitativo, de búsqueda de nombres. O sea, el esfuerzo que se había realizado era más el de hacer una especie de base de datos con las diferentes víctimas. Pero el riesgo está cuando empiezas a darle un enfoque también cualitativo, como estamos haciendo ahora. No solamente contamos víctimas: explicamos qué les pasó a esas víctimas. Cuando entras en el ámbito de la interpretación, el riesgo en caer en mitos, en leyendas, en afirmaciones poco asentadas o contrafácticas sin rigor histórico es muy grande. Cada una de las afirmaciones que se hacen tiene que estar debidamente asentada o garantizada, con rigor histórico.

¿Hay algún ejemplo de algo que no se hiciera en esos términos?

No, porque tampoco se hizo ningún esfuerzo en intentar interpretar o, de alguna forma, en darle esa visión más cualitativa. Los números están bien. La tipología de victimización está bien. Hay un esfuerzo muy grande en eso. Pero digamos que le faltaba esa otra visión. No es un reproche de que esto se hizo mal, porque fue una primera fase que era necesaria. Ahora lo que estamos intentando es explicarlo. La primera pregunta que se hace cualquier víctima, indistintamente de la Guerra Civil, del franquismo, de los diferentes terrorismos o de las diferentes violencias políticas que ha habido, es '¿Por qué?'. Hemos superado la primera etapa, que era la de buscar e identificar el mayor número de víctimas. Ahora estamos en la etapa de explicar por qué pasó lo que pasó. Ahí es donde el rigor tiene una gran importancia. No es que hasta ahora Gogora no tuviera rigor a la hora de explicar el contexto, sino que no se había centrado tanto en explicar el contexto.

El área de Derechos Humanos fue uno de los grandes cambios entre el PSE-EE del PNV en esta legislatura. Me imagino que ustedes son conscientes de que es un área sensible. Reciben críticas, de un lado, de PP y Vox y, del otro, de EH Bildu.

Ojalá se pudiera circunscribir la crítica solamente a los partidos políticos. Es un momento donde la política a nivel nacional tiende, sobre todo por parte de los partidos de derechas, hacia la polarización. En ese gran torbellino mediático y político por polarizar a la sociedad española, desafortunadamente, se ha metido a las víctimas. Intentando separarlas. A nadie se le escapa que hay un esfuerzo por hacer de las víctimas del terrorismo de alguna forma la representación de las políticas de la derecha, de la misma manera que se intenta que las víctimas del franquismo de alguna forma se vinculen con la visión de la izquierda. Nos corresponde intentar poner sensatez y rigor histórico, intentar explicar y dar las herramientas suficientes para la construcción de una memoria inclusiva, que respete los derechos humanos. Aquí en Euskadi, por un lado, tenemos una derecha que es la onda expansiva, polarizando todo lo que alcanzan sus manos. Y, por otro lado, tenemos una izquierda abertzale que tiene avances tímidos. No pongo en cuestión, desde luego, el que tengan voluntad de hacerlos. Quizá lo que hay que empezar a plantearse es si el ritmo en el que lo están haciendo es el adecuado. En este mundo absolutamente polarizado, intentar estar en el centro, como es el caso de este Gobierno, es un trabajo complicado.

A nadie se le escapa que hay un esfuerzo por hacer de las víctimas del terrorismo de alguna forma la representación de las políticas de la derecha, de la misma manera que se intenta que las víctimas del franquismo de alguna forma se vinculen con la visión de la izquierda

¿Por qué ha habido tantos cambios en el área de Derechos Humanos? Entre otros, se fue el viceconsejero y se fue el director. Todos en muy pocos meses.

Es una cuestión que se circunscribe, primero, a lo personal. En algunos casos fueron decisiones personales de dar un paso al lado. Como en el ciclismo, lo más importante a la hora de arrancar una bicicleta es ese gran esfuerzo inicial. Luego ya la inercia te va ayudando. Y ese primer esfuerzo puede ser realmente agotador. Es de agradecer también haber podido contar con esas personas que nos ayudaron a dar esos primeros pedales, a dar ese arranque a la legislatura. Y luego, por otro lado, también es potestad de la consejera el adaptar su equipo a aquello que considere que es lo más efectivo para desarrollar sus políticas.

En abril, usted presentó en el Parlamento las líneas generales de Gogora. Su predecesora, Aintzane Ezenarro, nunca había ido al Parlamento a dar explicaciones en casi una década en el cargo.

Yo hablaré de mí, no de terceros. Cuando llegué al cargo, leí la ley de creación de Gogora y vi que había un artículo donde claramente dice que la dirección de Gogora deberá de comparecer ante el Parlamento para dar cuentas de lo hecho y para explicar las líneas de actuación futuras. Es verdad que el equilibrio es un poco difícil, porque luego está el Consejo de Dirección, que es quien decide realmente. Simplemente, lo que hice después del Consejo de Dirección fue pedir una comparecencia en el Parlamento, intentando siempre mantener el respeto a nuestro verdadero órgano rector. Lo hice así porque la ley está para cumplirla. No voy a presumir de cumplir la ley, porque es algo que todo ciudadano tiene que hacer. Los anteriores... Ellos dirán con su conciencia o con su visión de calidad democrática qué es lo que hacían y dejaban de hacer.

¿Han analizado adjudicaciones que se hicieron en la etapa anterior?

No. Ésa no es nuestra función y no estamos aquí para fiscalizar gestiones anteriores. Eso lo hace la Oficina de Control Económico o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Nosotros estamos aquí para trabajar por los derechos humanos, por la convivencia, por la construcción de una memoria desde una perspectiva completa e integradora. Y, no, no estamos aquí para fiscalizar cuentas.

Lo preguntaba porque un grupo de empresas de un cargo del PNV, Montai, se llevó decenas de adjudicaciones y cientos de miles de euros de Gogora.

Eso está fiscalizado, ¿no? elDiario.es, dentro de ese cuarto poder, ha sido muy activo en la denuncia de esas cuestiones y estarán en manos de quien tengan que estar. Desde luego, la nueva dirección está para lo que la ley mandata. Sería incluso traicionar el espíritu de Gogora que, en lugar de estar a lo que tenemos que estar, nos pongamos a auditar cuentas pasadas. Hay otros organismos para eso. Nosotros no vamos a perder el tiempo revisando el pasado.

...

Me refiero al pasado de las cuentas, no al pasado de la memoria.

¿Mantienen contratos con Montai?

No.

¿Montai? Nosotros no vamos a perder el tiempo revisando el pasado. Hay otros organismos para eso.

¿Ha vivido Gogora de espaldas a otros organismos que pueden ser similares, como el Memorial del Estado en Vitoria?

Sí. Creo que eso sí que se puede decir. Gogora ha tenido -vamos a decirlo así- ligeros brotes de autismo. Me lo he encontrado también en otras instituciones en las que he tenido que trabajar, ¿eh? Pero, en este caso concreto, hay que entender que en la memoria tejer relaciones es muy importante. Cita el Memorial. La noticia de mi nombramiento me pilló en el Memorial, en una exposición. Me une una gran amistad con parte del personal del Memorial, que es anterior a mi presencia en Gogora. Pero, más allá de lo personal, creo que es una especie de institución hermana. Tiene visiones y misiones diferentes a las nuestras, pero son absolutamente complementarias. Pero, además, no se mantenía una relación fluida, por ejemplo, con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, o con el Instituto de la Memoria de Navarra, o con el Memorial Democràtic catalán, o con las instituciones del otro lado de los Pirineos.

¿Pasaba eso?

Realmente, había una relación institucionalmente formal, pero no fluida. Nuestro esfuerzo ha sido acercarnos a la Secretaría de Estado, compartir información, abrirnos. Hay una razón muy simple: la sociedad vasca y española se ha movido mucho en los últimos 80 años. Hay muchas personas que viven aquí, que llevan décadas viviendo en Euskadi, pero cuyos antepasados desaparecidos están en Extremadura, en Asturias o en el norte de Castilla. No mantener una relación fluida con otros organismos es, de alguna forma, privar a toda esa ciudadanía de la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Las exhumaciones en Asturias las hace el Gobierno del Principado. Es necesario tener esa fluidez para que a la hora de la toma de datos de ADN, por ejemplo, haya una interconexión a nivel estatal. Y en eso estamos trabajando. También hay un esfuerzo que se está haciendo en el caso de Francia. Se está trabajando con diferentes instituciones públicas francesas. Por ejemplo, para poder hacer algo en el campo de concentración de Gurs. Pero, bueno, no es nada que yo esté haciendo como si fuera un visionario. Entiendo que es la forma normal como ha de trabajar una institución.

Entremos en cada una de las áreas de trabajo de Gogora. ¿Es suficiente la presencia que tiene ahora la información sobre la historia de ETA en las aulas?

No, desde luego que no es suficiente. Lo que estamos viendo en diferentes fiestas -y lo que me temo que nos queda por ver- es una evidencia de que tenemos una juventud que no acaba de entender lo que fue aquello. En el currículum se habla de la historia contemporánea de España. Los programas de historia contemporánea se hacen un poco por etapas políticas, por presidencias. Y me parece muy difícil entender la última parte de la de los Gobiernos de Felipe González, por ejemplo, sin hablar de la violencia política. Sin hablar de ETA, claro, pero sin hablar de la respuesta, del GAL. Y es imposible explicar todo el período de [José María] Aznar sin hablar del pacto antiterrorista o de los atentados del 11M. Es necesario revisar bien el material que estamos utilizando. Es evidente que no estamos sabiendo explicar el papel que tuvo el odio y la violencia en esos momentos de gestación de la sociedad democrática.

Sin embargo, Educación dice que no se plantea incluirlo en la Selectividad.

Lo importante es también aclarar las competencias de cada cual. La Selectividad es competencia de la Universidad, que es quien tiene que asignar lo que entra en la EBAU. Mi opinión es que, desde luego, facilitaría mucho tener preguntas sobre estas cuestiones en la EBAU. Facilitaría mucho para que los centros educativos enfocaran sus clases.

Lo que estamos viendo en diferentes fiestas -y lo que me temo que nos queda por ver- es una evidencia de que tenemos una juventud que no acaba de entender lo que fue la violencia política. Parece que hemos normalizado que se reivindique a ETA, que siga habiendo fotos de gente que tiene delitos de sangre, que asesinó a personas.

La consejera San José anunció, a principios de esta legislatura, una modificación legislativa para reforzar las sanciones en caso de exaltación de victimarios. ¿Cómo va esta propuesta? Covite, por ejemplo, lo ha vuelto a plantear en los últimos días. Apelan a que la normativa vinculada a la memoria histórica sí prevé esas sanciones económicas.

Es un tema jurídicamente complejo. No depende de Gogora. Está en manos de expertos. Me consta que la consejera misma ha encargado a varios expertos en Derecho Constitucional y Derecho Penal que hagan un estudio para intentar aclararlo. No es tan fácil. El riesgo es muy evidente: el de terminar victimizando al victimario. Que se sientan atacados y que puedan reivindicar que encima las víctimas fueron ellos o ellas. Lo que sí puede hacer Gogora -y es fundamental- es trabajar en cuanto a la concienciación. Trabajar en positivo. He de reconocer que este verano se nos ha echado encima. Estamos en agosto. Pero de cara al año que viene estamos trabajando con diferentes agentes de todas las sensibilidades políticas -o al menos de una parte muy importante de ellas- para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de cara al futuro. Se trata de concienciar, de explicar a la ciudadanía dónde están los límites y el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, a las víctimas.

¿Y cómo?

Pongo un ejemplo que yo creo que ha calado bien en la sociedad, que son estos puntos morados que hay en las fiestas. Con el machismo, vemos algo que no nos gusta, que traspasa los límites de la dignidad y el derecho que tenemos a disfrutar de las fiestas sin que nadie nos agreda, nos moleste o nos insulte. Tenemos que ser capaces de hacer calar también ese tipo de sensibilidad en la sociedad en lo que tiene que ver con la violencia política. Seguimos siendo muy laxos a la hora de nuestra reacción para con las manifestaciones de violencia, sobre todo si es en el entorno festivo. Parece que hemos normalizado que se reivindique a ETA, que siga habiendo fotos de gente que tiene delitos de sangre, que asesinó a personas, o que se siga intentando idealizar a esos terroristas como héroes. Vuelvo a la igualdad. En estos últimos veinte años hemos avanzado de una forma espectacular, positivamente. La mayoría no toleramos muchas de las cosas que pasaban antes. Eso ha sido una sensibilización. Creo que en lo que tiene que ver con la violencia política todavía ese trabajo está sin hacer.

Este septiembre, se cumplen 40 años del atentado de Monbar, el más grande de los GAL.

Si me permite, lo pongo contexto y explico cómo estamos trabajando. Haremos lo que ya hemos hecho con el atentado en la Cafetería Rolando. Intentamos escoger atentados paradigmáticos que nos permitan ahondar en diferentes temas. Buscamos en el pasado respuestas a preguntas del presente. Con Rolando lo que queríamos era desidealizar al grupo terrorista ETA, explicar que hubo momentos a lo largo de su historia en los que pudieron dejar las armas y, sin embargo, un grupo minoritario absolutamente radicalizado se quedó con el control y siguió con la violencia. En el caso de Monbar, nos parece que era un atentado que había quedado un poco olvidado a lo largo de la historia. Hablando con los familiares de las víctimas nos recordaron que se sentían un poco apartadas de los discursos oficiales o de la memoria sobre nuestro pasado. Nos parece necesario recordarlo porque es el atentado indiscriminado más grande que cometió el GAL. Es el reflejo de un momento y de un período histórico concreto. Entendíamos que era muy importante hablar de ello porque con este atentado hablábamos de los límites del Estado de Derecho. No todo vale. El Estado de Derecho es el margen que tenemos los demócratas. También nos permite hablar de las víctimas victimarios.

¿En qué va a consistir el homenaje?

Vamos a hacer una exposición. Se pondrá un poco de contexto, se explicará qué es el GAL y los diferentes tipos de GAL. Luego se hará una parte más destinada al atentado en sí. Se contará la historia de cada una de estas víctimas. Eran personas. Están sus familias también colaborando con nosotros y es preciso enseñar el perfil humano de esta gente, con sus luces y sus sombras. Está enfocada también a la juventud, para que pueda ver que hubo 27 víctimas mortales a manos de este grupo y para que no caigan al olvido. Paralelamente, haremos una mesa redonda. Hablaremos desde la perspectiva de los expertos. Y luego están también las familias. Veremos cómo podemos darles voz.

¿Habrá autocrítica del papel que tuvo el PSOE en el GAL?

Soy un militante socialista muy peculiar. Si alguien utilizó las siglas no sólo para organizar sino también para justificar y relativizar todo lo que pasó en torno al GAL, me parece repugnante. Me avergonzaría, de hecho, si ha sido así. Me parece repugnante, insisto.

Por ponerle nombres y apellidos, ¿qué piensa de Felipe González? Últimamente está erigido en adalid de la ética.

Simplemente, le invitaría a que visitara la exposición. Que visite la exposición e incluso que escuche después la mesa redonda. Más allá de los nombres, creo que quienes formaron parte de aquello, aunque fueran del Partido Socialista, suponen algo repugnante. Tenían el mandato legal de proteger el Estado de Derecho y utilizaron esas herramientas para saltárselo y estar fuera de él. Es algo absolutamente condenable, se llame como se llame. Y, si quiere seguir dándome nombres, siga dándome nombres. Me parece repugnante en todos los casos. Diré también que creo que el Partido Socialista en el que yo milito, por lo menos el PSE-EE, nada tiene que ver con eso. Me he reunido en diferentes casas del pueblo con compañeros y compañeras de mi partido, les he explicado esto que estoy haciendo y creo que la aceptación y el aplauso es mayoritario. Este Partido Socialista de ahora tiene solventadas estas cuestiones. Pero, si hay que alzar la voz y decir que aquello fue repugnante, yo no tengo problema en hacerlo.

¿Cuándo se va a conseguir un día de la memoria unitario? ¿El 10 de noviembre de este año va a ser unitario?

¿Qué es unitario?

Bueno, que no haya diferentes actos. Y que los que haya sean compartidos por todas las grandes familias.

El año pasado se me preguntó lo mismo. Si realmente creemos en ese discurso de la convivencia y asumimos que el 10 de noviembre es una fecha escogida por la representación democrática de la ciudadanía vasca, que es el Parlamento, las diferentes opciones políticas tienen difícil justificar el no acercarse al acto que se haga ese día. Es una fecha que se escogió por los grupos que están representados en el Parlamento y nosotros lo respetamos. Será bienvenida toda opción política, toda persona que quiera entrar o participar en los actos de memoria que tendrán lugar el 10 de noviembre. Serán en Vitoria, ya os lo adelanto.

¿Tienen fecha ya para el día de la memoria histórica?

Los medios de comunicación estáis interesados en ello y me parece bien. En el Consejo de Gogora se dio un plazo a los diferentes representantes para que nos remitieran posibles fechas. En el siguiente período parlamentario, que será a partir de septiembre, elevaremos el asunto al Parlamento. La ley lo que dice es que el Consejo de Dirección de Gogora aprobará un listado de fechas que serán remitidas al Parlamento para que ellos tomen la decisión. Lo que defiendo es que tiene que ser una fecha en la que todos nos sintamos integrados, en la que todos nos sintamos cómodos. Y, lo segundo, que tenga en cuenta la visión de una memoria democrática. Tenemos que buscar eventos o fechas que representen algo importante en la construcción de nuestra sociedad democrática. Tenemos que alejarnos de visiones belicistas.

Se habló del 7 de octubre, aniversario del primer Gobierno de José Antonio de Aguirre.

Por ejemplo. Pero también le doy otra fecha posible, la del primer referéndum para aprobar el Estatuto de Autonomía, en 1933. Es la primera vez que en Euskadi votaron las mujeres también.

En su momento, cuando se planteó como posible festivo feminista, se dijo que no era precisamente un ejemplo de proceso electoral limpio y con garantías.

No se puede juzgar con la visión de hoy en día aquel referéndum. Sólo doy fechas diferentes, posibles alternativas. En todo caso, lo que se decidió en aquel referéndum fue lo que posteriormente se defendió a partir de 1936, la autonomía y el Gobierno vasco. Todas las fechas pueden tener su parte polémica. Esto enlaza un poco con una cuestión que me gusta poner sobre la mesa, la de las comunidades de memoria. Hay diferentes formas de ver nuestro pasado y de interpretarlo. Las únicas condiciones necesarias es que todas ellas respetan los derechos humanos y aporten a la construcción de la ciudadanía y a la construcción de la convivencia. Cada uno tiene una forma de interpretar el pasado más o menos acorde o afín a su forma de ver el mundo. Cada una de esas fechas será más o menos incómoda. Lo que hay que buscar es una en la que todos, más o menos, nos sintamos cómodos.

¿Por qué aparecen italianos fascistas y alemanes nazis en el listado de víctimas de la Guerra Civil en Euskadi?

Porque efectivamente es un listado de víctimas de la Guerra Civil en Euskadi. Es un listado, por cierto, aprobado por el Consejo de Dirección de Gogora con el voto a favor de todos los grupos políticos que están allí representados. Se decidió buscar a todas las víctimas de la Guerra Civil en Euskadi con dos criterios. Primero, recogiendo los muertos en Euskadi, que no tienen por qué ser vascos. Y, segundo, recogiendo los casos de aquellos vascos que fallecieron fuera. Ésa es la razón por la que todos esos nombres están. Lo curioso es que se hizo hace siete años. Ahora parece que a alguien, al llegar un director nuevo, le ha dado por mirar una base de datos que ya existía. Por cierto, tal y como consta en acta, el trabajo tuvo un reconocimiento específico y una enhorabuena por parte del representante de EH Bildu, porque era una base de datos muy importante y muy necesaria. ¿Es un homenaje? La misma base de datos también deja bien claro que, después, a la hora del reconocimiento, no es lo mismo el haber estado en un bando sublevado contra la legitimidad de la II República que estar defendiendo el régimen vigente.

El 3 de marzo de 2006, dentro de apenas medio año, es el quincuagésimo aniversario de la matanza de la Policía Armada en Vitoria. ¿Estará listo el Memorial para entonces?

¿Qué entendemos por estar listo? Esto es una cuestión de expectativas. Ahora mismo estamos trabajando en una iglesia con serios problemas no estructurales, pero sí al menos de habitabilidad. Tiene goteras, humedades, etcétera. Entendemos que para el 50 aniversario esa iglesia tiene que estar digna. Tiene que estar bien; tiene que estar preparada; tiene que estar limpia; tiene que tener solucionados todos estos problemas. No puede seguir con esas goteras y con charcos dentro. No puede seguir así. Ya hemos contactado con diferentes empresas constructoras. Estamos en el proceso de presupuestos y entendemos que en septiembre ya empezarán a trabajar en ello. Paralelamente, junto con la Diputación, hemos empezado a hacer el control arqueológico. Estamos contactando con diferentes empresas de arqueología para que nos hagan un sondeo en los diferentes jardines y un dibujo de los diferentes restos que pueda haber de tiros, dentro y fuera de la iglesia para que sean tratados con mimo en las obras. A principios de septiembre o a finales de agosto ya se verá a gente trabajar allí. Después de 3 de marzo de 2026, el Memorial todavía tiene que seguir. Esa iglesia se tiene que convertir en un espacio para el recuerdo de las víctimas, desde luego, pero también un espacio de difusión y de divulgación del contexto histórico en que todo aquello ocurrió. Y eso es un trabajo muy largo. No olvidemos que es un espacio de culto que hay que adaptar para hacerlo museo y encima tenemos que adaptarlo también a unas exigencias normativas actuales que no existían en los años 60, que tienen que ver con la accesibilidad, por ejemplo.

Comprenderá que es un poco sorprendente que, por ejemplo, el no haber encontrado una ubicación para la exposición de belenes que antes había allí esté bloqueando y retrasando algunas actuaciones.

Yo tengo claro que en septiembre entramos. Y entramos a trabajar. Los belenes están ahí, sí. Tendrá que buscarse una solución. Nosotros tenemos un almacén y, desde luego, mi voluntad es que con todo el respeto y evitando dañarlos, los podamos retirar mientras quienes estén afectados por la cuestión encuentren un nuevo local. Desde luego, la Fundación del Memorial del 3 de Marzo no está para buscar locales y mucho menos para pagarlos. Nadie en Vitoria entendería que el Memorial del 3 de Marzo se retrasara un solo día por esta cuestión. Está presupuestada la retirada. Tenemos más o menos ideados algunos locales que pertenecen al Gobierno vasco en los que pudieran estar bien colocados, ordenados como es debido.

Nadie en Vitoria entendería que el Memorial del 3 de Marzo se retrasara un solo día por la cuestión de los belenes. Yo tengo claro que en septiembre entramos. Y entramos a trabajar.

En septiembre, por cierto, también se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo, entre ellos los de 'Txiki' y Otaegui. ¿Se va a hacer algo?

Algo se tendrá que hacer. Quiero ser sincero, todavía no lo tenemos claro. Todavía seguimos barajando varias opciones. Posiblemente hagamos algún tipo de mesa redonda, una jornada más abierta a la ciudadanía y menos académica. Estamos trabajando en ello. Una vez más, volvemos a ese contexto de la víctima victimario. Es verdad que eran dos militantes de ETA y así quedó acreditado. Pero también es verdad que tuvieron un juicio sin ningún tipo de garantías judiciales, que fueron víctimas de un régimen que decidió fusilarlos porque así le interesaba en un momento dado. Fueron unos fusilamientos por parte del Estado, que intentaba era atemorizar a la sociedad, meterla en casa en un momento de pura ebullición social. El formato no lo tenemos cerrado, pero posiblemente sea algún tipo de jornada divulgativa.

Supongo que es consciente de que se haga lo que se haga habrá críticas.

Si algo me está dejando claro este puesto es que haga lo que haga, literalmente y con cualquier asunto, tendré críticas. Pero, si hay críticas, me gustaría que me explicaran por qué hay que defender que un estado dictatorial juzgue por el procedimiento sumarísimo a cinco o seis personas sin ningún tipo de garantías, sin presencia apenas de sus abogados, y que los sentencie directamente a ser fusilados. ¿Dónde puede estar la polémica? Por mucho que hayan militado en diferentes organizaciones terroristas -había también del FRAP-, como demócrata y como profundo defensor de los derechos humanos, jamás defendería ni justificaría que un Estado fusilara a nadie. Y menos sin ningún tipo de garantías. Estamos hablando de un Estado sin ningún tipo de legitimidad, más allá de haber ganado una guerra.

La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

Si en febrero de este año se barruntó que ETA podría ser un tema más en la Selectividad, la prueba de acceso a la universidad para estudiantes de 17 ó 18 años, al final de curso y con ese examen ya superado esa posibilidad se enfría por partida doble. Por un lado, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, admite que los profesores prefieren “descartar” en el segundo curso de bachillerato el módulo Herenegun sobre violencia política en Euskadi desde 1960 porque ya hay suficiente carga con la materia ordinaria. Por otro lado, la titular de Educación, Begoña Pedrosa, de la parte del PNV, manifiesta que “no existe una planificación específica” para ello.

El debate se reabrió a comienzos de este año, cuando se preparaba ya la Selectividad de junio y se planteó a los centros la “posibilidad” de preguntar sobre el terrorismo y sobre ETA, como ya ha ocurrido en otras comunidades. El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, lo consideró como algo que sería “normal” y fuentes del Instituto de la Memoria (Gogora) también lo interpretaron como “positivo”. La EHU, de su lado, dejó claro que no era un debate para el corto plazo, para la convocatoria de 2025.

Ahora, dos consejeras han enviado al Parlamento información al respecto en respuesta a sendas preguntas de EH Bildu. Pedrosa, responsable de Educación, insiste en que “el diseño del currículo educativo, incluyendo los contenidos que posteriormente son susceptibles de evaluación en las pruebas de acceso a la universidad, se realiza con pleno respeto a la legalidad vigente”. Pero agrega que “no existe una planificación específica por parte del Departamento de Educación para trabajar el ámbito citado en la prueba de acceso a la universidad”, en referencia a lo que se conoce como “memoria reciente”.

Su colega Eraitz Sáez de Egilaz formuló una pregunta en la misma línea a la titular de Justicia y Derechos Humanos. En concreto, demandaba datos sobre el módulo Herenegun estrenado en 2018 para incorporar ETA, los GAL o la violencia policial a las aulas. Según el Ejecutivo, la valoración de este programa es “muy buena y positiva”, tanto por parte del alumnado como del profesorado. Sin embargo, los docentes dejan claro en su evaluación que es mejor limitarlo a las clases de cuarto curso de Secundaria y no continuar con ello en el bachillerato. “La mayoría de los centros han descartado hacerlo en 2º de bachillerato, por las exigencias académicas y el calendario tan horientado [sic] y acotado a la Prueba de Acceso a la Universidad”, escribe San José.

Herenegun nació en 2018 y ya ha superado la fase piloto. Complementa a Adi-Adian, que son las visitas de víctimas a las aulas, con vídeos y materiales sobre esa memoria reciente. Es un proyecto coordinado por Educación y Gogora. Explican los actuales responsables socialistas de esta cartera que, en efecto, el material sufrió algunas “modificaciones” en relación a la versión inicial que el PNV quiso llevar de inicio a las aulas. No señala que ellos mismos criticaron parte de su enfoque, al igual que algunas asociaciones de víctimas de ETA. Con todo, el actual equipo al frente de Gogora “no dispone del detalle de los cambios introducidos por los responsables del proyecto en aquel momento”.

Con el final del curso 2022/2023 se terminó la prueba piloto de Herenegun. Así, en el curso 2023/2024, el primero completado, hasta 4.146 alumnos de al menos veinte centros participaron en sesiones sobre ETA y la historia vasca reciente, a tenor de los datos oficiales. De esa veintena de institutos, catorce “al menos” han seguido trabajando este año, el 2024/2025, aunque aún no hay estadísticas definitivas.

Dice el Gobierno que “la valoración de los alumnos ha sido muy buena y positiva”. “Ha despertado mucho interés [...]. Genera mucho impacto en ellos, especialmente cuando Herenegun se trabaja en coordinación con el programa Adi-Adian, que lleva el testimonio directo de las víctimas a las aulas. La unidad didáctica les ha ayudado, sobre todo, a dimensionar y poner en perspectiva histórica las distintas violencias que se han sufrido en Euskadi desde los años 60 del siglo XX”, agrega el Ejecutivo.

Eso sí, tanto alumnado como docentes reclaman “aligerar” la duración de los vídeos “ya que contienen demasiada información que los alumnos desconocen, lo que exige un trabajo añadido de contextualización”. “Valoran el proyecto como necesario y, al mismo tiempo, solicitan una mayor implicación de los centros educativos y de Educación debido a la carga de trabajo y emocional que conlleva. Para ello, solicitan formación y herramientas para afrontar situaciones conflictivas en el aula y que se aligeren otras obligaciones para poder trabajar en profundidad el tema que se trata mediante el módulo educativo Herenegun”, señala el Gobierno.

Se da la circunstancia de que el Memorial del Estado, con sede en Vitoria, tiene también sus propios módulos para que los colegios puedan emplearlos en clase. Hay versión en todos los idiomas oficiales, también en euskera. Este organismo también fomenta la presencia de víctimas en las aulas. Gogora y el Memorial no tienen exactamente el mismo fin. El primero abarca la Guerra Civil, la dictadura, ETA, otros terrorismos como el GAL y la violencia policial. El segundo engloba el terrorismo en España, es decir, también a ETA y los GAL, pero igualmente los GRAPO o el yihadismo. También incorpora víctimas españolas en atentados en cualquier parte del mundo.

El Instituto de la Memoria (Gogora) realizará por primera vez una exposición monógrafica sobre la organización terrorista GAL en otoño en el contexto del cuadragésimo aniversario del atentado cometido en Monbar el 25 de septiembre de 1985, el de mayor dimensión de este grupo.

El director del Gogora, el socialista Alberto Alonso, ha explicado, en declaraciones a Radio Euskadi recogida por Europa Press, que pretenden realizar muestras de “diferentes tipos de atentados, diferentes tipos de violaciones de derechos humanos que puedan servir de paradigma” para generar debate en la sociedad. Alonso ha recordado que ya se hizo una exposición sobre el atentado a la cafetería Rolando de Madrid en 1974, en el que murieron 13 personas y hubo más de 70 heridos, con el título de 'Rolando 2:15 2:45. 50 años de la primera masacre de ETA'.

En esta línea, ha dicho que han considerado “interesante” el caso del atentado de Monbar en Baiona cometido por los GAL, que él creía que era “más conocido”, pero que parece que “ha quedado un poco condenado al olvido”. “Nos parecía muy importante poder hacer una exposición, y normalmente después de esa exposición, ya lo hicimos también en el caso de Rolando, lo que hacemos es aprovechar esa jornada como excusa para hacer una mesa redonda, para escuchar expertos, pero también, por supuesto, para escuchar a las familias”, ha remarcado.

El director de Gogora ha destacado que “es muy importante, desde luego, reconocer la condición de víctima, reconocer a sus familias, decirles que el dolor causado fue absolutamente injusto, que nadie tenía derecho a decidir sobre las vidas de aquellas personas”. “Y, por el otro lado, también el decirles y el pedirles perdón por el silencio institucional y social de estos 40 años (del atentado)”, ha añadido.

En su opinión, si se quiere hablar de convivencia, “es fundamental ser capaces de extraer lecciones de eso que pasó”, de explicar a la sociedad y a los jóvenes “los mecanismos de odio, de polarización política que llevaron a esto”. “En el caso de los GAL, uno de los parámetros que teníamos en cuenta era que, en estos 40 años, apenas había hablado de ellos y que había una injusticia añadida ahí, que era ese 40 años de silencio”, ha explicado.

Veronique Caplanne es la hija de Robert Caplanne, asesinado por los GAL en Biarritz el 3 de enero de 1986. Cuando ocurrió el atentado Veronique tenía 14 años y era 24 de diciembre. Tras pasar unos días ingresado en el hospital, finalmente falleció el 3 de enero. “Nadie nos ha ayudado y nadie quería hablar con nosotros. Era un secreto sin ser un secreto. Nosotros no estábamos en esas historias ni de ETA, ni de los GAL, ni de la Policía. No sabíamos nada. Nadie nos ha ayudado y nadie nos ayudó”, reconoce casi 40 años después en una entrevista recogida en la investigación 'El terrorismo de Estado ante sus víctimas. Concersaciones a propósito de los GAL', realizada por los politólogos e investigadores Jerónimo Ríos y Egoitz Gago. Se trata de la tercera obra que publican tras 'La lucha hablada', un libro en el que miembros de ETA cuentan su experiencia en la banda y la segunda parte, en la que son las víctimas de ETA las que narran su historia.

En esta ocasión han querido centrarse en las víctimas de los GAL para llenar un “vacío académico”. “La renuncia a escribir sobre los GAL se entiende en un país como España, donde el grueso de las víctimas del terrorismo y de acción violenta desplegada fue a cargo de ETA. ETA ha focalizado buena parte de la atención académica durante décadas. También hay otras miradas, sobre todo de otros terrorismos, como el terrorismo de extrema derecha o terrorismos asociados al yihadismo fundamentalista, pero hay vacíos incomprensibles en torno a los GAL y eso también ocurre por la dificultad de encontrar documentación”, reconoce a este periódico Jerónimo Ríos.

Las víctimas entrevistadas denuncian la falta de apoyo institucional tanto vasco, como a nivel de España y Francia (donde ocurrieron la mayoría de los atentados). Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en Hendaya el 24 de julio de 1987, relata las insuficientes aproximaciones que han llegado a tener por parte de sectores políticos. “A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho. Ellos saben que tienen ahí una responsabilidad enorme y que no han dado el paso que se espera de ellos. Aquí, en Euskadi, todo el mundo es consciente que el PSOE tiene una deuda pendiente, es igual que cuando le piden a la izquierda abertzale que tienen que dar un paso más con respecto al reconocimiento de las víctimas de ETA”, detalla en el libro García Martín. El terrorismo de Estado se desarrolló durante los mandatos de Felipe González.

A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho

Maider García Martín — Hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL

“La de los GAL es una responsabilidad que el PSOE no se asume y que, y que efectivamente es una grandísima losa democrática o antidemocrática. Ya han pasado 40 años, pero no podemos pasar las páginas de nuestra historia sin antes leerlas y eso implica que quizá haya que normalizar, haya que exigir, haya que visibilizar y haya que reclamar una ausencia de responsabilidades, de cuestionamientos y la aceptación de cuestiones que, al menos en el plano simbólico, en el plano moral y en el plano más normativo, son necesarias. Yo creo que los derechos a la verdad, la dignidad, la memoria y la justicia se ven seriamente afectados con la posición de renuncia del PSOE a aceptar, a reconocer, a discutir sobre un pasado muy oscuro, muy turbio, en el cual todavía, por desgracia, no se ha contado todo”, lamenta Ríos.

Según el investigador, el oscurantismo acerca de las informaciones relacionadas con los GAL es algo que afecta a los Gobiernos socialistas en todos los niveles. “Hay una gran opacidad, oscurantismo en el acceso a cierta documentación y a cierto tipo de fuentes. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que esto vincula a un Gobierno socialista en Madrid, a un Gobierno socialista en Euskadi y a un Gobierno y a unas elites políticas que tienen connivencias muy perversas, con manzanas podridas, con sectores muy concretos del ámbito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero que indudablemente desembocan en elementos a los cuales hay que atender. Y ese es un un reclamo que tratamos de hacer. Por supuesto que entendemos que en un país como España, donde hay 860 víctimas de ETA, pues eso implique la necesaria atención o predominancia de ETA, pero la gravedad de los GAL reviste precisamente en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y haciendo uso de elementos que son la máxima expresión de las cloacas más despreciables del Estado. Y además, si a eso le sumas que en el 40% de las muertes violentas, por ejemplo, hay equivocaciones, pues nos encontramos ante una situación que considerábamos que era necesario seguir reivindicando y visibilizando”, argumenta.

La gravedad de los GAL reviste en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y de las cloacas más despreciables del Estado

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

Al igual que ocurrió en la investigación realizada a víctimas de ETA, en las entrevistas realizadas a víctimas de los GAL se ve gran diferencia de relatos. Una de las principales diferencias es el hecho de que algunas de las víctimas de los GAL fueron miembros de ETA, mientras que otras no. “Para mí lo importante de todo es decir que a mi padre lo mató el GAL y que nunca tuvo nada que ver con ETA, pero que es una víctima también. No nos pueden meter en el mismo saco. Esos matices son complicados. Lo que predomina, como te decía antes, es que si te mató el GAL es porque algo habría hecho la víctima”, confiesa Veronique.

En la investigación también se aporta el testimonio de Izaskun Ugarte y Haize Goikoetxea, viuda e hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL en San Juan de la Luz el 1 de enero de 1984. “En nuestro caso, nosotras sí que fuimos consideradas como víctimas de terrorismo. Es decir, nosotras pedimos la ayuda y nos la concedieron. Estábamos en ese listado, pero llegó el cambio de ley y nos hemos quedado fuera. ¿Por qué? Porque Mikel Goikoetxea era militante de ETA y nosotras, por tanto, no merecemos nada. No tenemos derecho a nada. Que hubiese muerto en un atentado a manos del Estado español no importa. Al final su mensaje es el mismo. Nosotros lo matamos y está bien muerto”, lamenta Haize.

Que alguien asuma la responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata

Haize Goikoetxea — Hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL

Lo que la familia de Goikoetxea reivindica, al igual que el resto de las familias, es saber lo que pasó. “Quién lo hizo, cómo lo hicieron, quién pagó, cuánto pagó. Y, sobre todo, que alguien asuma esa responsabilidad, no sé si judicialmente hablando, pero por lo menos sí a otros niveles. Que alguien asuma esa responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata. Que al final, que una persona o una organización asuma las armas vale, pero que un Estado que se supone que debe proteger y tiene que garantizar un montón de cosas, se haya saltado todas las leyes y haya hecho lo que ha querido impunemente, no sé... Además, con dinero público, con fondos reservados, utilizando la policía y recurriendo a mercenarios. Se trata de una barbaridad tras otra. Todo eso habría que esclarecerlo punto por punto, no solo en nuestro caso, sino en todos”, exige Haize Goikoetxea.

“El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala o como las que podemos encontrar en el caso de la viuda de Goikoetxea. Es decir, a ellas, por ejemplo, se les niega la condición de víctimas de terrorismo por la pertenencia a ETA. Ser de ETA no exime que hayan sufrido terrorismo de Estado”, indica Ríos.

El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

A la hora de documentarse para realizar la investigación, Ríos reconoce que algunas personas entrevistadas son más accesibles que otras. Para este estudio, además de las citadas, se ha entrevistado a Itziar Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, víctima de violencia policial por actos de motivación política asesinado el 26 de noviembre de 1985, a Pili Zabala, hermana de José Ignacio “Joxi” Zabala, secuestrado y posteriormente asesinado por los GAL junto a Joxean Lasa, la madrugada del 15 al 16 de octubre de 1983 e incluso a una de las víctimas directas de los GAL, Kepa Pikabea Ugalde, herido por los GAL en el atentado contra el Bar des Pirennes, en Bayona, el 29 de marzo de 1985. “Hay casos de víctimas que son más fáciles de trabajar porque son víctimas de un mundo ajeno de ETA y, por tanto, son esas personas que siempre están presentes en el espacio público y en los actos que buscan visibilizar las exigencias de las víctimas del terrorismo y del terrorismo de Estado también. Después, hay otras que son muy incómodas por su militancia ETA, por su proximidad a ETA o por su todavía posición dogmática con respecto a lo que supuso. Y a esas también hay que escuchar y atender. Escuchar no es validar. Escuchar es tratar de entender cómo se construyen discursos en torno a demandas, necesidades, reclamos, porque todavía hoy se inscriben en una gama de grises y de contradicciones muy fuertes”, reconoce el investigador.

A pesar del trabajo realizado, Ríos sostiene que ve complicado acabar con el vacío académico con respecto a las investigaciones relacionadas con los GAL. “Es difícil porque el propio estudio reconoce el Estado como actor violento, habla del terrorismo de Estado. Ya de por sí académicamente es un planteamiento teórico muy marginal, muy escorado, muy residual. Digamos que el 'mainstream' de la Ciencia Política, de Historia, de los estudios sobre violencia, se centran básicamente en las acciones desplegadas por los actores que ejercen la violencia, grupos de terroristas, victimarios, etcétera. En los últimos años ha ganado mucho peso dar voz a las víctimas del terrorismo, pero entrar en agentes del Estado, en agentes de la Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no solamente en España, en otros lugares, y especialmente en contextos democráticos, es difícil”, concluye.

Un grupo de 18 familiares de personas asesinadas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) presentarán la semana que viene una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra el que fuera ministro del Interior del Gobierno de Felipe González entre 1982 y 1988, José Barrionuevo. Le acusan de un delito de lesa humanidad. Barrionuevo ya fue condenado a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, pero cumplió apenas una pequeña estancia en prisión y fue indultado por otro Gobierno, en este caso el de José María Aznar.

Según los abogados de los familiares de víctimas de los GAL, entre los que se encuentran Edurne Bouard, hija de Santiago Brouard asesinado en 1984, Bego Galdeano, hija de Xabier Galdeano asesinado en 1985 o Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, secuestrado, torturado y asesinado en 1983, los hechos en los que se basa la querella se enmarcan en la década de los 80, cuando el llamado Plan ZEN (Zona Especial Norte) es asumido por el Gobierno.

“El propio José Barrionuevo presentó ante los medios de comunicación el Plan Zona Especial Norte como un instrumento de lucha contra el terrorismo. En la ejecución de ese plan se creó el GAL, grupo armado que actuó entre 1983 y 1987 tanto en Euskal Herria como traspasando las fronteras francesas en Iparralde. Tanto la implicación como la relación de los artos cargos del Gobierno español con el grupo parapolicial es de sobra conocido. En estos años en los que el querellado estaba al frente del Ministerio del Interior se produjeron graves violaciones a los derechos humanos de muchas personas”, han reconocido los abogados que defienden la causa Maddi Bilbao y Oscar Sánchez, de Hiru Abokatuak en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de Bouard y Galdeano.

La denuncia se presenta a través de una querella porque, según han explicado, “adquiriendo la condición de acusación particular, permite tener una participación activa en el procedimiento”. En este sentido, los abogados han detallado las pruebas que aportarán de aceptarse la querella en la Audiencia Nacional, entre ellas, los testimonios en calidad de testigo del expresidente Gonzalez, el juez Baltasar Garzón o del periodista Melchor Miralles. “Ahora le toca al Juzgado Central de Instrucción aceptar nuestra petición e iniciar la investigación de lo denunciado. Nosotros tenemos claro que un Estado que se considera un Estado de Derecho no puede mirar para otro lado ante una denuncia tan grave y tenemos plena confianza en que este es el principio del camino”, han insistido los abogados, que han confiado en que cuentan con “pruebas documentales bien estructuradas” y que, de no aceptarse la querella, optarán por acudir a instancias internacionales.

¿Cuáles son los hechos que denuncian? Los abogados de las víctimas de los GAL los han dividido en tres apartados. El primero de ellos, son los “ataques graves a la integridad y seguridad”. “Asesinaron a 17 personas con condición de refugiado y asesinaron a otras 10 personas de nacionalidad francesa, las llamadas víctimas civiles colaterales”, han declarado. El segundo, las “torturas y expulsiones totalmente irregulares”. “La medida más significativa contra la libertad y la seguridad de las personas que formaban parte del colectivo de refugiadas eran las entregas irregulares que los policías franceses hicieron directamente a la Policía española. Se entregaron 176 refugiados vascos sin respetar la normativa vigente. Tras pasar por la dependencia policial, fueron liberadas 105 personas, aunque muchas de ellas fueron encarceladas, posteriormente fueron juzgadas y absueltas”, han detallado. Por último, la tercera cuestión que denuncian son las deportaciones. “Sin ningún derecho ni regularización administrativa 74 personas fueron deportadas a distintos estados de América y África en aviones militares tras ser detenidas”, han argumentado.

“Analizando tanto la legislación internacional y también lo regulado por el Código Penal español, tenemos claro que todos estos hechos descritos en esta querella se enmarcan en un delito de lesa humanidad. Se trata de ataques directos contra un colectivo concreto que forma parte de la población civil: homicidios, lesiones, tortura, detenciones ilegales, secuestros, entregas ilegales y deportaciones. El delito de lesa humanidad protege los bienes jurídicos fundamentales: la vida, la libertad personal, la integridad física y mental, la dignidad y la igualdad. Estos delitos pueden ser cometidos por el Estado o por particulares impulsados con su consentimiento y protección. En este caso, los delitos han sido cometidos por el querellado, asistido por particulares y con autorización estatal”, han indicado los abogados que han destacado que “por las características de este tipo de delito, se puede investigar porque no ha prescrito”.

Por su parte, Edurne Brouard y Bego Galdeano han recordado que tras la entrevista realizada por el diario El País, en la que el propio Barrionuevo justificó su participación en la llamada guerra sucia contra ETA, en una rueda de prensa celebrada el 11 de noviembre de 2022, exigieron al Gobierno que asumiera su responsabilida en el terrorismo de Estado y han señalado que esperaban que tras dicha entrevista la Fiscalía actuase de oficio, algo que no ha ocurrido. “Denunciamos entonces la carga humillante de las palabras del exministro, la revictimización que nos produjo, el daño gratuito y la indefensión generada. El indecente carácter épico de sus declaraciones y gestos, derivado todo ello de la convicción de quien se sabe impune y se vanagloria de haber practicado el terrorismo. Barrionuevo asumió de manera inequívoca responsabilidades delictivas por las que nunca ha sido juzgado, reconociendo lo que llevamos denunciando décadas: que el Estado a través del Gobierno de Felipe González utilizó el terrorismo y otras formas represivas la margen de la legalidad vulnerando los derechos humanos de muchas personas de este páis”, han lamentado.

Sobre la decisión de presentar la querella, han reconocido que “no ha sido una decisión fácil”. “La Justicia hasta día de hoy no ha hecho gran cosa para llegar a la verdad de todos estos hechos, ni para señalar a sus responsables, ni para establecer los niveles de responsabilidad. Más bien lo contrario. Llevamos más de 40 años reclamando verdad y justicia. A la vista está que hasta hoy no ha habido voluntado para aclarar hechos y responsabilidades. Por ello, confiamos que esta vía nos abra la puerta a un escenario en el que esa voluntad exista y algunos personajes como Barrionuevo pasen a la historia como lo que son: verdaderos criminales que utilizaron su poder político y gubernamental para violar derechos humanos”, han declarado.

Otra de las cuestiones que han lamentado las víctimas es el hecho de que el lehendakari Iñigo Urkullu les ofreció “públicamente asistencia económica” si decidían iniciar una vía judicial. En este sentido, han emplazado al actual lehendakari, Imanol Pradales, a reunirse con ellas para valorar esa asistencia. “Respecto a las declaraciones que hizo Urkullu, no nos queda otra que preguntar a Pradales si nos van a ayudar a hacer este camino o no. De momento tenemos que hablar con ellos y a ver qué compromisos están dispuestos a adquirir”, han concluido.

Por último, desde Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio de Derechos Humanos) han denunciado que “es una evidencia que hasta ahora el Estado ha encubierto y dotado de la más absoluta impunidad a los perpetradores de estos delitos que operaron bajo su responsabilidad, lo que ha generado una revictimización inaceptable a las familias de víctimas. Barrionuevo nunca ha sido investigado ni juzgado por toda la extensión de su actuación y su responsabilidad. Ha pasado del negacionismo a la autojustificación, legitimando lo ocurrido”, han declarado tras recordar su compromiso con las víctimas querellantes para recorrer con ellas “el camino de la verdad y la justicia”.

Catorce años después de que ETA anunciara el final del terrorismo, Euskadi debate si es procedente o no preguntar por ello a los estudiantes de 17-18 años en la prueba de acceso a la Universidad. Según ha informado la 'Cadena Ser', en los trabajos preparativos del cuestionario se ha trasladado a los centros la “posibilidad” de que pueda caer un tema sobre ello, como ha sucedido en otras comunidades autónomas. El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, lo ve como algo “normal” y fuentes del Instituto de la Memoria (Gogora) consultadas por este periódico también lo consideran positivo. Sin embargo, el nuevo rector de la UPV/EHU, que coordina la selectividad, ha “desmentido” esta información y ha asegurado que el debate se ha “desfigurado”.

La historia reciente forma parte del currículum educativo. De hecho, hay materiales adicionales ya conocidos y publicitados sobre ETA, los GAL y el pasado reciente. También hay incluso visitas de víctimas a los institutos. A la par, las encuestas muestran gran desconocimiento de las nuevas generaciones sobre los terrorismos y las víctimas. Las fuentes de Gogora asumen que no siempre se completan los temarios, por ejemplo.

“Hasta donde yo sé, es una opción que están barajando quienes se dedican a preparar las pruebas”, ha indicado al respecto el consejero Pérez Iglesias. Más tarde, ha matizado que conocía esta posibilidad “por los medios de comunicación” y no de primera mano, aunque ha seguido considerando lógico y normal que ETA sea materia de examen. “ETA y los GAL son parte de nuestra historia. Y si esto forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra historia”, ha recalcado a los periodistas el titular de Ciencia, Universidades e Innovación, aunque ha puntualizado que es la UPV/EHU la competente.

Desde la Universidad pública, Joxerramon Bengoetxea ha enviado primero un comunicado y luego ha realizado una comparecencia para “desmentir” que haya “cambios” en la selectividad. En el examen “de este año”, programado ya para principios de junio, no habrá modificaciones “en cuanto a los contenidos”. Y de cara a los exámenes “del futuro” se están haciendo consultas “sobre el temario”. Si hubiere alteraciones, se comunicarán “con suficiente antelación”, sobre todo a los centros y a los estudiantes. “La prueba de acceso a la Universidad es un momento clave en la vida de nuestro estudiantado y su futuro, por lo que es un tema muy sensible que desde la UPV/EHU trabajamos manteniendo la confidencialidad y el respeto que se merece”, agregan desde el equipo de Bengoetxea.

Un día de otoño de 1983 un hombre alto, bien vestido y con un coche elegante se presentó en Matienzo, un pequeño pueblo cántabro de montaña del municipio de Ruesga. Quería alquilar una cabaña alejada y alguien le habló de la de Lolo 'el de Roncillo'. Cerraron el acuerdo en 12.000 pesetas de la época (el equivalente a unos 72 euros) por un mes.

Algunas semanas después, una noche de diciembre, sonó el timbre en una casa de Hendaya. Abrieron la puerta sus propietarios, Segundo Marey, un vendedor de mobiliario de oficinas que entonces tenía 51 años, y su mujer, Marta. Tres hombres les rociaron con un aerosol lacrimógeno, les golpearon y arrastraron a Marey hasta un coche donde ahogaron su voz con una tira esparadrapo y le pusieron una capucha en la cabeza.

El Peugeot 504 arrancó a toda velocidad. Sucedió en unos segundos. Eran las ocho de la tarde y en la urbanización todo estaba oscuro y en silencio. Sobre la acera –además de un profundo desconcierto– quedaron las gafas y las zapatillas que aquel ciudadano vasco-francés perdió mientras forcejeaba con sus captores.

Fue el viaje más terrible de su vida, sumido en un abismo de incertidumbre y miedo, haciendo conjeturas sobre qué estaba pasando. Nunca, ni en sus más retorcidas suposiciones, hubiera adivinado la verdad. Estaba siendo protagonista de la primera acción del GAL. Los que habían llamado a su puerta eran dos mercenarios franceses contratados por quienes, en teoría, eran los 'buenos': los policías José Amedo y Michel Domínguez, que habían cruzado al lado oscuro para hacer la guerra sucia a ETA con fondos reservados del Estado español.

Faltaban unos minutos para las diez de la noche cuando el vehículo llegó a la frontera navarra de Dantxarinea, pero dentro únicamente estaba el conductor. Los otros dos secuestradores se habían bajado antes y cruzaron andando por un puente cercano sin vigilancia, con Segundo Marey, que tuvo que hacer la travesía en calcetines.

Allí, ya en zona española, esperaron a que diese la hora de cerrar el puesto fronterizo. Cuando se marcharon los guardias civiles, los secuestradores se acercaron a la barrera donde quedaban de guardia dos policías nacionales. Con total naturalidad, los franceses enseñaron un papel que tenía escrito un nombre, Pepe, y un número de teléfono.

A la una de la madrugada llegó Amedo. Cubrió con una manta a Marey y le envolvió los pies con su propio jersey. Sonó el teléfono del puesto fronterizo. Era el gobernador civil de Bizkaia, Julián San Cristóbal, que llamaba para confirmar la identidad del secuestrado. “Dice que se llama Segundo Marey”, corroboró Amedo.

Desde las nueve y media de la noche en la comisaria de Bilbao ya sospechaban que se habían equivocado de persona. Ahora tenían la certeza de que acababan de secuestrar a un ciudadano anónimo pensando que se trataba del dirigente etarra Mikel Lujua. El plan inicial era presionar a las autoridades francesas con ejecutarlo si no liberaban a tres policías vinculados al GAL que habían detenido los gendarmes.

Entonces se sucedió una cadena de llamadas. El gobernador telefoneó al jefe de Policía de Pamplona, que a su vez llamó al delegado del Gobierno, Luis Roldán, quien se comunicó de inmediato con el director general de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Vera, que informó al ministro José Barrionuevo. Tomaron la decisión de seguir adelante con el secuestro. Entonces se abrió la barrera y, en la oscuridad de la noche, un coche puso rumbo a las montañas de Matienzo por carreteras solitarias. A medio camino se unieron a ellos dos policías.

Todo el mundo dormía cuando llegaron al escondite. Aquella madrugada del 5 de diciembre el frío en el alto de Fuente Las Varas penetraba en los huesos y les hacía tiritar. Pero el camino estaba demasiado oscuro y tuvieron que esperar a que amaneciese para poder acertar a llegar hasta aquella cabaña cubierta de maleza y con el techo medio hundido.

En realidad era una cuadra para el ganado sobre la que había una pequeña vivienda con una habitación, una cocina de carbón y un pajar. Sin agua, ni luz, ni cuarto de aseo. Solo disponían de un camastro, que Marey compartió con sus secuestradores durante los diez días que duró el encierro. Apenas había muebles, a excepción de un armario que hicieron leña para tratar de calentarse.

Segundo Marey pasaba los días sentado en un poyete de piedra, primero, con una capucha en la cabeza, y luego con dos algodones en los ojos pegados con esparadrapo, que solo le levantaban parcialmente para darle de comer, aunque apenas consiguió ingerir alimento.

Estaba muerto de miedo creyendo que le iban a matar, pasaba mucho frío –siguió vistiendo el pantalón y la camisa con la que le sacaron de casa– aunque conservaba la manta que le entregó Amedo en Navarra y tenía heridas en los pies. Le habían procurado, eso sí, unas zapatillas y dos pares de calcetines.

En esos días llegaron más forasteros a Matienzo. Los vecinos no le dieron mucha importancia y pensaron que se trataba de montañeros. Nadie sospechó que eran el entonces gobernador civil de Bizkaia, Julián San Cristóbal, que se presentó acompañado del jefe superior de la Policía Nacional en Bilbao, Francisco Álvarez, y el jefe de la Brigada de Información, Miguel Planchuelo.

El plan inicial siguió adelante. El gobernador de Bizkaia y los altos mandos de la Policía Nacional redactaron varios comunicados que leían por teléfono a los medios de comunicación. “Escuche, le hablo del secuestro de Segundo Marey. Está secuestrado por sus relaciones con ETA Militar, ocultando terroristas y por participar en el cobro del impuesto revolucionario. Como éste irán desapareciendo todos los implicados”, fue el primero de ellos. Después se comunicó que si en el plazo de 48 horas no eran liberados los cuatro agentes españoles, ejecutarían a Marey.

Dos días más tarde, esos agentes quedaron en libertad y el ministro Barrionuevo accedió a liberar a Marey. Para ello contactaron con el policía Michel Domínguez, que llegó a la cabaña de Matienzo a primera hora de la tarde del 13 de diciembre. Había recibido instrucciones para comunicarse en francés con Marey y tratar de tranquilizarlo.

Amedo y los otros policías que custodiaban al secuestrado decidieron esperar a que oscureciese y sobre las doce de la noche descendieron desde la vivienda a la carretera donde se distribuyeron en los dos coches que les estaban esperando. Marey apenas podía caminar, su estado físico era muy delicado, e iba cubierto con la única manta que tenía, a la que hicieron un agujero para ponérsela como un poncho.

Aquella fría noche de invierno abandonaron Matienzo sin ser vistos por nadie y volvieron a hacer el mismo recorrido que les condujo hasta allí. Se dirigieron a la frontera navarra de Dantxarinea. Se había ordenado que no hubiera policías en el lugar por donde iban a pasar a Francia, caminando por uno de los muchos puentes próximos al puesto fronterizo. Cruzaron llevando a rastras a Marey, incapaz de andar por sí solo. Lo dejaron a un kilómetro de la frontera con una camisa, un pantalón, calcetines y zapatillas pese a las bajas temperaturas de diciembre.

Allí lo encontró la Policía francesa, alertada por una llamada de aviso, a las dos de la mañana del 14 de diciembre de 1983. En el bolsillo del pantalón, Segundo Marey llevaba una nota firmada por los GAL. Fue la primera vez que se utilizaron esas siglas para comunicar que los 'Grupos Antiterroristas de Liberación' responderían a los asesinatos terroristas, que pretendían acabar con ETA y que atacarían los intereses franceses porque su Gobierno “permitía la impunidad” a los etarras.

Primeros pasos de los GAL

Los vecinos de Matienzo no supieron nada hasta mucho después, cuando un periodista llegó al pueblo y empezó a hacer preguntas. Entonces, Lolo 'el de Roncillo' supo que había estrechado la mano de José Amedo el día que alquiló la cabaña a un desconocido. El policía conocía la zona porque en otro pueblo cercano, Colindres, se habían celebrado reuniones clandestinas de los GAL. En algunos de esos encuentros había estado presente el propio Rafael Vera, director general de Seguridad del Gobierno de Felipe González.

El juicio por el bautizado como 'caso Marey' condenó en 1998 a la cúpula del Ministerio de Interior en aquella época (Barrionuevo, Vera y Sancristóbal) y a una decena de funcionarios policiales por la “organización y financiación del secuestro” del ciudadano vasco-francés. 

Marey no desveló nunca detalles de su declaración ante el juez Baltasar Garzón, instructor del proceso, pero sí comentó el caso en una pequeña entrevista con Servimedia: “Es verdad que no quiero morirme sin conocer dónde estuve secuestrado. Tengo que volver. Por ahora no porque es invierno y hace frío y todo va junto. Supongo que será en verano con sol, cielo azul, día bueno. Quiero ver, quiero ver, quiero ver”, expresó entonces.

En septiembre de 1999, cuando habían pasado 16 años de su liberación, reunió fuerzas para volver al escenario del secuestro. Esta vez con los ojos abiertos. Apenas tardó dos horas en llegar desde Hendaya a Matienzo con su mujer, su hija y su yerno. Dejó el coche en la carretera y subió andando hasta el alto de Fuente las Varas. Allí, en la cabaña, recordó el frío y lamentó haber perdido el olfato y el paladar, algunas de las secuelas que le dejó el encierro. Cogió unas piedras en la puerta que se llevó de recuerdo. Comió en el restaurante del pueblo y regresó a su hogar.

Segundo Marey murió en el verano de 2001 con 69 años. Nunca se sacudió ni el frío ni el miedo que pasó en la montaña de Matienzo. Nunca volvió a ser la misma persona. Alguien escribió que lo mataron en 1983 y se murió en 2001. La cabaña donde sucedió todo aún sigue en pie y ha quedado bautizada con el nombre de la primera víctima de los GAL.

Cuando, por azar, llegó a sus manos un artículo sobre la etarra Idoia López Riaño, más conocida como la Tigresa, la escritora Clara Usón decidió que era el personaje perfecto para escribir sobre una de sus obsesiones: el nacionalismo extremo. Era una tema que ya había tratado en La hija del Este (2012) pero las circunstancias, la vida y los ideales de la terrorista de Rentería la catapultaron de nuevo a la reflexión sobre los estados del dogma. Así nació Las fieras, una novela sobre las contradicciones del ser humano en el escenario del conflicto armado vasco, que ahora publica en Seix Barral, su editorial de cabecera. 

La historia de Idoia López podría dar para una novela en sí misma. Guapa a rabiar, con una autoestima insólita y un espíritu insurgente que la llevaba a romper las normas vinieran de donde vinieran, se llevó por delante a 23 personas en su trayectoria como terrorista. Aunque su alias dentro de la organización era Margarita, ella hubiese querido ser Tania, como la compañera del Che Guevara, porque se consideraba a sí misma una activista de izquierdas. 

En 1994, la detuvieron en Aix-en-Provence y ya era todo un mito, una ‘femme fatale’ a la que no solo señalaban por sanguinaria sino también por libertina. “Los periodistas iban a la cárcel a preguntarles a los funcionarios qué comía y con quién hablaba. Cuando salió a hacer prácticas de conducir, la televisión vasca puso cámaras en la carretera para captarlo todo. Es todo muy novelesco”, dice Usón a elDiario.es en Barcelona.

¿Qué le llama tanto la atención de La Tigresa como para que dé lugar a una novela?

Más allá de todas las circunstancias llamativas de su personalidad y de su conducta, me interesaba el hecho de que a los 23 años ya hubiera matado a 23 personas. ¿Cómo una persona que en otras circunstancias jamás hubiera hecho daño a nadie se ve engullida en el dogma que viven como una fe que no admite cuestión? Una persona que tiene una autoestima, literalmente, a prueba de bombas, que se considera esencialmente como alguien empático, generoso, amante de la paz y del servicio a los demás ¿cómo puede ser capaz de matar? Para mí, como lectora y como autora, me parece muy interesante abordar todas esas contradicciones que son un semillero de conflictos 

Pero, en realidad, el personaje más importante de Las fieras no es ella sino Miren.

Idoia es un personaje real que yo incorporo a la ficción y que trato como personaje ficticio. Y Miren es un personaje ficticio que trato como real porque, de alguna manera, resume en su persona esa violencia desmedida de ETA que padecieron los vascos y el resto de españoles. Y también la otra violencia, la de los GAL y la de represión policial. 

Es el personaje más rico, el que más me interesa. Además, hay un paralelismo entre Miren e Idoia: ambas son casi de la misma edad y vienen de familias inmigrantes. Miren vivía en Barakaldo, una ciudad dormitorio pegadita al gran Bilbao, e Idoia en Rentería, su réplica en la zona de Guipúzcoa. Pero Idoia se adhiere al nacionalismo más fanático, el étnico, porque el inmigrante lo que más desea es dejar de serlo, quiere ser uno más. Miren, sin embargo, es una desarraigada que ha vivido en muchos sitios y no tiene ninguna sensación de arraigo en ningún lado

Hasta el apodo que le dieron, La Tigresa, tiene connotaciones peyorativas. En cambio, un tigre solo tiene cosas buenas. Dentro de ETA había mucho machismo

Clara Usón — Escritora

En aquel momento de la famosa reconversión industrial estaba desapareciendo el empleo en los Altos Hornos y era un caldo de cultivo tremendo, porque más allá de la desazón y la ansiedad que creaba la violencia, estaba el hecho de que la gente se estaba quedando sin trabajo. En esas circunstancias está Miren, que es hija de un policía de ultraderecha y cercano al GAL y encima se enamora de un joven de la izquierda abertzale, que le parece el hombre perfecto y además pertenece a otra clase social. El microcosmos y el macrocosmos.

¿Cómo fue el proceso de documentación sobre la trayectoria de La Tigresa?

Ella escribió mucho en la cárcel porque tenía mucho tiempo libre. Mientras era militante, entre atentado y atentado, no estaba ella como para ponerse a eso. Luego hubo una época en la que sí estuvo escribiendo cartas, porque también hizo de espía para la cúpula de ETA aunque lo niega. Pero es desde la cárcel cuando se queja de que la marginaban e intenta presentar esa visión que tiene ella de sí misma inmaculada, con una autoestima a prueba de todo. Es un personaje muy complejo.

Hay unos hechos que, aunque ella los niegue, están probados y condenados. Pero más allá de esos hechos, todo lo demás forma parte de su leyenda. Idoia se convirtió en un mito porque la mujer que mata provoca mucho más horror y más incredulidad que el hombre que mata. Parece que el 98% de la violencia la protagonizan los hombres, así que cuando una mujer hace lo mismo nos parece un contrasentido y un pecado contra la naturaleza. ¿Cómo puede ser que la mujer que da a luz, que cría, que cuida, quite vidas? Y si encima es guapa ya nos parece indignante.

Usted también pone la mirada en el machismo con el que la trataron, más allá de sus actos criminales.

Si hubiese sido un tío el que hacía esas cosas, habría recibido una admiración absoluta. Esa Idoia que supuestamente se acostaba con muchos hombres era una puta, pero cuando lo hace un hombre es un machote. Hasta el apodo que le dieron, La Tigresa, tiene connotaciones peyorativas. En cambio, un tigre solo tiene cosas buenas. Dentro de ETA había mucho machismo aunque supuestamente esa revolución tenía que ser una revolución socialista feminista.

También hablo de Yoyes, que es como el opuesto de Idoia. Idoia es la comehombres, la frívola, la presumida. Yoyes es la mártir porque a la pobrecita la mataron. Yo digo que Yoyes se llevó una decepción y por ahí empezó su duda. Fue la primera que llegó a la cúpula de ETA y lo hizo pensando que lo había hecho en nombre de la liberación femenina. Pero ahí se da cuenta de que, en realidad, solo ha trabajado para mí misma y se ha convertido en una especie de hombre honorario. 

Además, mete el dedo en la llaga del GAL, un tema que se ha tratado mucho menos que el de ETA.

Los GAL fueron un absoluto despropósito y yo creo que legitimaron a ETA. Eso lo ha dicho el propio Belloch, que fue ministro de Justicia e Interior con Felipe González. Es la gran tacha que le pongo a Felipe González y a la Transición, porque yo creo que la Transición se jodió con los GAL, más allá de que ETA hizo cuanto pudo para boicotear la democracia. El gobierno de Felipe González, que venía con las intenciones de modernizar España, se encontró con que estaba en un callejón sin salida porque ETA no le dio respiro. Esa democratización de la policía y de la justicia que querían hacer, la tuvieron que dejar por el terrorismo. Y esos policías franquistas como Amadeo, el personaje de mi novela, que a lo mejor hubieran sido depurados, eran los que tenían experiencia.

Es absolutamente inaceptable que un gobierno haga eso. Y estamos pidiendo, con razón, a los miembros de ETA o a los de la izquierda abertzale que digan que el terrorismo no tuvo justificación, pero del gobierno no se ha arrepentido ninguno. Hace poco, el señor Barrionuevo dio una entrevista en la que se jactaba de que en sus manos estuvo liberar a Segundo Marey. No negaba nada y no se arrepentía. Yo creo que la memoria histórica es para todos y que este gobierno, si tuviera el valor de decir que eso fue terrorismo de Estado, que no se debe repetir y que las víctimas de los GAL también son víctimas del terrorismo, daría un gran paso. Además, eso puede propiciar que Bildu haga lo que se le está pidiendo y que determinados partidos políticos dejen de utilizar a ETA para enlodar el discurso.

ETA aún es un arma arrojadiza en la guerra cultural. ¿Teme que su novela indigne a ciertos sectores como ocurrió con el documental No me llame Ternera de Jordi Évole y Màrius Sánchez?

Me parece preocupante que intelectuales que en su día lucharon contra la censura ahora están pidiendo que se reinstaure. Además, el documental es espléndido y en ningún momento reivindica, por el contrario, expone. Para mí es muy importante cómo queda retratado el señor Ternera: como un funcionario mediocre, como un dogmático, como un pobre hombre en el peor de los sentidos y que, como a Idoia, los actos que ha cometido le quedan muy grandes por su ferocidad.

El resurgir de la extrema derecha siempre es al amparo del nacionalismo

Clara Usón — Escritora

¿Se ha tenido que esforzar por no empatizar más con unos personajes que con otros?

Yo busco evitar el maniqueísmo, que es muy fácil. En las novelas de buenos y malos, los malos tienen cuernos y rabo y además están colorados y se tiran pedos. Entonces es muy fácil no identificarte con ellos y muy tranquilizador, porque tú estás con los buenos, que son guapos y tienen alas. Lo que puedes hacer en las novelas es mostrar la complejidad de la naturaleza humana. Yo no sé cuál es la verdad porque hay muchas, así que las pongo y tú eliges. Nos gustaría imaginarnos que no tenemos absolutamente nada que ver con alguien que ha matado a 23 hombres, porque eso es una distancia sanitaria. Pero es que, de pronto, te puedes encontrar estando de acuerdo con las reflexiones de Idoia, por más que te desasosiegue. Y lo mismo con el policía franquista que está en los GAL cuando te dice que los mataban todos los días, que no se podía vivir así y que a los hijos de los policías muertos los acosaban. Siempre hay que indagar de dónde viene todo aunque produzca cierto escozor.

Lo que sí queda claro es que a usted no le gusta el nacionalismo.

Entiendo que hay gente que tiene ese apego y eso no es malo. Lo es cuando llega a ese punto de fanatismo en el que sobre el afecto o el amor a lo propio predomina el odio al otro, al que se percibe como enemigo, como amenaza y al que se reviste de todos los defectos del mundo y que se deshumaniza.

Como catalana no nacionalista ¿Cómo vivió el procés?

Fue muy incómodo porque estábamos polarizados. Ese momento en que te obligan a elegir o eres esto o eres lo otro. Yo hago mía esa cita de Hannah Arendt, quien también tuvo muchas críticas por no ponerse del lado de nadie: “Nunca he amado a ningún pueblo, ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al pueblo americano, ni al pueblo judío. Yo quiero a mis amigos y soy incapaz de ningún otro amor”. No tengo orgullo geográfico, ¿Cómo voy a estar orgullosa de haber nacido aquí y no allá? Es un azar, pero hay gente que lo siente. 

Yo leo las afirmaciones de Pujol, del señor Aznar o del señor Arana, que dicen que ser español, ser vasco, ser catalán es algo que se siente, que es una parte integral de ti que nunca hay que olvidar y me pierdo, soy insensible, por eso intento entenderlo. Pero me da mucho miedo que esas grandes ideas de grandes palabras puedan amparar después esos actos tremendos, porque las colocan tan arriba que justifican los medios para llegar al fin y los medios se acaban convirtiendo en el fin.

Los nacionalismos, más allá de lo que pasó con el procés, gozan de un buen momento. Las pasadas elecciones vascas son una prueba.

Bildu ahora mismo no está hablando de independencia porque viven muy bien, nunca se había vivido mejor en el País Vasco que ahora. Como están tan a gusto ya se están olvidando de la independencia, porque eso polariza mucho y no quieren. 

Y, por ejemplo, ahora hay un nacionalismo madrileño que a mí me asombra. Es la reivindicación del centralismo, para la señora Ayuso Madrid es España y Madrid manda. El nacionalismo está en todas partes y goza, por desgracia, de muy buena salud. No es solo aquí, el resurgir de la extrema derecha siempre es al amparo del nacionalismo y en pro de recuperar ese supuesto pasado glorioso que nunca existió porque ya nadie ofrece un futuro. Cuando hay tanta desigualdad, tanta insatisfacción, tanta desazón por el futuro, no hay nada como una idea que te permite quitar responsabilidad a los políticos o a los ricos diciendo que “nosotros estamos todos unidos” con la causa común de acabar con aquel. Y cuando acabemos con aquel, todo irá de maravilla. Es una ficción que funciona, por desgracia.

¿Cree que Idoia López leerá Las fieras?

Idoia es una persona que tiene una gran opinión de sí misma, que se ha reinventado de alguna manera. Es cierto que ha cumplido la pena que le fue impuesta y, en ese sentido, yo soy partidaria de que la cárcel tiene que tener la misión de la reinserción. Y lo que sucede con el terrorista, con el asesino dogmático, es que cuando ese dogma desaparece, deja de matar. Ella reniega de ese pasado, no quiere saber nada. Y como no quiere saber nada, supongo que la novela le recordaría todo aquello de lo que abjura, de lo que ya ni siquiera admite. 

Vídeo 1: ¿qué saben los jóvenes vascos sobre ETA o el GAL? Respuestas: “Miguel Ángel Blanco iba a ser el futuro presidente”; “¿Lasa y Zabala? Me suenan, pero no sé quiénes son”. Vídeo 2: ¿qué opinan los jóvenes vascos tras recibir en sus aulas información directa sobre el terrorismo y la violencia? “Necesitábamos esto”.

El Día de la Memoria, la jornada que cada 10 de noviembre en Euskadi recuerda a todas las víctimas, ha estado centrado en 2023 en la transmisión de lo que ocurrió a las nuevas generaciones. Tanto el Gobierno de España, a través del Memorial de Vitoria, como el Gobierno vasco, a través de Gogora (Instituto de la Memoria), han organizado actos en el mismo sentido y han grabado testimonios de adolescentes. “Fue como explicar Egipto”, admitía un profesor sobre el desconocimiento imperante. “Es necesario mirar al lado oscuro de nuestra historia”, abundaba otro. En el primero de los vídeos, dado a conocer este jueves, había jóvenes que daban el salto de esa ignorancia a justificar el uso de la violencia en algunos supuestos. En el segundo, que reunía a estudiantes que habían participado en programas sobre memoria en las aulas, ya consideraban la vulneración de los derechos humanos como una barrera infranqueable.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha opinado que “la transmisión es responsabilidad de todos”, también del sistema educativo. “El Gobierno vasco ha tratado de poner herramientas al servicio de la comunidad educativa para la transmisión de la memoria. Con el programa Adi-adian 34.651 alumnos han vivido la experiencia de escuchar y reflexionar con personas que han sido víctimas”, ha puesto como ejemplo. “Estamos construyendo el futuro de un país en el que se asesinó, se amenazó, se coaccionó y se extorsionó en nombre de una idea y un proyecto político. Un país al que ETA lastró e impidió volar libre. Un país que sufrió también el terrorismo parapolicial y de extrema derecha. La denominada 'guerra sucia' y la tortura forman parte, lamentablemente, de la crónica negra de Euskadi. Nuestra memoria debe ser crítica. Ni justificación, ni legitimación. Autocrítica sincera, reconocimiento de la injusticia del daño causado, asunción de la responsabilidad y voluntad reparadora”, ha indicado igualmente en su discurso en el acto de Gogora en Bilbao, en el que ha tenido un recuerdo para Iván Illarramendi, asesinado por Hamás y cuya muerte se ha conocido esta semana. 

En el acto del Memorial, que tuvo lugar el jueves en Vitoria, se escucharon mensajes similares. Florencio Domínguez, su director, defendió las políticas públicas de memoria de las instituciones, incluido el sistema educativo. “Los jóvenes no conocen el terrorismo. Cuando lo hagan, empatizarán con las víctimas y no con los verdugos”, agregó. El delegado del Gobierno de España en funciones, Denis Itxaso, apeló a “transmitir” también la épica de la resistencia al terrorismo. Finalmente, la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, indicó que “el desinterés de cierta parte de los jóvenes no puede servir para obviar el dolor de las víctimas”.

Sin unidad política salvo en Donostia

El Día de la Memoria fue instaurado en 2010 al ser una de las pocas jornadas en el calendario sin víctimas del terrorismo. El lehendakari era entonces el socialista Patxi López. En 2012 se aprobó el primer decreto de reconocimiento de las víctimas de violencia policial, en ocasiones casos de terrorismo no amparados por la normativa estatal como el reciente de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Sin embargo, esto ha hecho que nunca haya habido unidad política en la conmemoración, que se completa con la del 11 de marzo, día europeo de las víctimas del terrorismo por los atentados de Madrid en 2004. Se puede leer aquí una cronología con todas las ediciones.

Este 2023, PP, Ciudadanos y Vox no han estado en la ofrenda floral silenciosa del Parlamento Vasco por incluir a las víctimas policiales con las de ETA y otros terrorismos. En Vitoria también ha estado presente el lehendakari, entre otras autoridades y unos invitados singulares, una pequeña delegación de Nagorno Karabaj encabezada por Levon Grigorian, abogado. EH Bildu sí ha asistido pero, como es costumbre, ha acompañado también un evento en el exterior de la Cámara del colectivo de familiares de presos de ETA Etxerat, que tienen otro enfoque de la jornada. Las formaciones de la derecha han organizado sus propios homenajes.

Javier de Andrés se ha estrenado como presidente del PP en esta fecha en el acto que, también como es costumbre, su partido realiza en un monolito con los nombres de víctimas de ETA. Ha señalado que es una “obligación moral” apoyarlas. Mencionando de soslayo los incidentes de los últimos días en sedes socialistas, un De Andrés que dijo que esas protestas eran “sanas” y luego que se le malinterpretó, ha recalcado que el PP “siempre ha estado en el lado en el que caían las piedras” y no en el que se lanzaban. En su acto, Vox ha hecho política. Marco Moreno, gemelo de un niño asesinado por ETA, ha señalado lo siguiente: “Cada día tenemos menos libertad gracias a los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo. Cualquier día mi hermano tendrá que pedir perdón por haber sido asesinado”. “No caben relatos equidistantes”, ha solicitado, por su parte, el líder de Ciudadanos, José Manuel Gil.

En la jornada ha habido más actos, como el homenaje del poder judicial al juez asesinado José María Lidón. “Vivimos tiempos donde la memoria es frágil y los recuerdos se desdibujan. Donde las nuevas generaciones responden a la urgencia del presente y no conocen el pasado”, ha señalado la magistrada Reyes Goenaga, presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia. También ha habido convocatorias de ámbito local. Algunas sí han sido unitarias, como la de Donostia. “Creo que esa es una buena señal”, se ha felicitado el alcalde, Eneko Goia, con quien han compartido espacio Juan Karlos Izagirre, de EH Bildu, o Jorge Mota, del PP, víctima directa de ETA.

Entretanto, la coalición EH Bildu ha aprovechado la fecha para presentar una iniciativa en el Parlamento para tratar de atender a las demandas de la comisión que analiza las peticiones de víctimas de violencia policial. En su reciente informe, plantearon una serie de disfunciones y falta de medios que ralentizan su labor. La formación también reclama que el Estado asuma la responsabilidad de sus funcionarios en estos crímenes.

10 de noviembre: Día de la Memoria en Euskadi. Sin embargo, un año más, la falta de unidad política en torno a quiénes son las víctimas que merecen esa memoria presidirá la jornada. Los actos serán varios. Por cuarto año el Gobierno de España ha adelantado 24 horas su propio acto. El resto se han concentrado este viernes. Ésta es una cronología de todas las ediciones.

2010: Primer Día de la Memoria, en homenaje a las víctimas del terrorismo, de ETA y de otras bandas. En el Parlamento, no hubo unanimidad política. EA y Aralar entendieron que no se atendía a todas las víctimas, en alusión a las de la violencia policial. La presidenta, Arantza Quiroga, invitó a víctimas del terrorismo. “Me gustaría que EA y Aralar me miren a los ojos y me digan por qué no han estado con nosotros”, protestaron algunas de ellas. Aralar, encabezado por la hoy directora del Instituto de la Memoria en el Gobierno del PNV, Aintzane Ezenarro, se manifestó fuera de la Cámara en un acto alternativo.

2011: Arantza Quiroga encabezó un homenaje a “todas las víctimas del terrorismo” en la Cámara. Colocó junto a la escultura de homenaje ubicada en la entrada del Parlamento una corona de flores en su honor. PNV, IU, EA y Aralar criticaron esta decisión y a última hora compraron otro ornamento floral para honrar a “todas las víctimas”. El PSE-EE denunció el “triste” espectáculo de división.

2012: Tras las elecciones autonómicas y con el Gobierno y el Parlamento en funciones, la falta de consenso llevó a Quiroga a desconvocar el acto en el Parlamento. El Gobierno de Patxi López sí mantuvo el suyo e introdujo el recuerdo a las víctimas de “estructuras del Estado que tardaron demasiado en hacer el necesario tránsito hacia la democracia”, aunque “sin equiparaciones” con los asesinados a manos de ETA y con exigencia de condena del terrorismo para EH Bildu.

2013: El Parlamento sumó a PNV, PSE-EE y, por primera vez, a EH Bildu, representado por su portavoz, Laura Mintegi, y otros miembros de la coalición. PP y UPyD ya se desmarcaron con rotundidad al entender que se desnaturalizaba el recuerdo a las víctimas del terrorismo al sumar a los asesinados por “abusos policiales”.

2014: El Parlamento, ante las discrepancias en torno al objeto del Día de la Memoria, optó por un acto silencioso en recuerdo a las víctimas. Ni la ausencia de mensajes concitó la unión. Sí estuvo EH Bildu, encabezado por Unai Urruzuno, pero no PP y UPyD.

2015: La presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, leyó con motivo del Día de la Memoria un fragmento del denominado “suelo ético”, que en 2012 había concitado el apoyo contra la violencia de PNV, PSE-EE, PP, Aralar e IU en su momento. Sin embargo, al acto asistieron todos los miembros de EH Bildu, encabezados por Hasier Arraiz, y no los aforados de PP, que organizó un homenaje exclusivo para las víctimas del terrorismo, y UPyD. La izquierda abertzale, en todo caso, participó también en una concentración de Etxerat contra las víctimas “no reconocidas” que habría causado la dispersión de los “presos políticos”. En paralelo, el Gobierno vasco aprovechó la jornada para inaugurar Gogora, el Instituto de la Memoria. Su proyecto estrella ha sido una exposición itinerante llamada Plaza de la Memoria y ha recorrido una veintena de localidades.

2016: Otro año más sin unanimidad política. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, encabezan el acto central del Día de la Memoria en los exteriores de la Cámara y se lee un texto propuesto por Eudel en el que se denuncia la “injusticia” del dolor sufrido por las víctimas, por “todas” las víctimas. El PP se desmarcó. Su líder, Alfonso Alonso, reclamó un “día específico” para los asesinados por el terrorismo.

2017: El Día de la Memoria, en el Parlamento, se celebró en silencio, sin lemas ni manifiestos, como en 2014. El homenaje, que tuvo lugar bajo la lluvia, incluía no sólo a las víctimas del terrorismo, sino a las de abusos policiales, lo que motivó el desmarque del PP, que llevó su acto a Getxo. Antes, en la puerta de la Cámara, EH Bildu arropó a Etxerat.

2018: El Parlamento, un año más, realizó una ofrenda floral silenciosa y sin presencia del PP por incluir en el homenaje a las víctimas policiales. El Memorial del Ministerio del Interior organizó un acto dedicado a los asesinados por ETA y otras organizaciones como el GAL y el BVE y se ausentó la izquierda abertzale. El Instituto de la Memoria (Gogora), por su parte, organizó un coloquio entre distintas víctimas en Donostia.

2019: El acto central del Parlamento se trasladó al 14 de noviembre por las elecciones generales. Fue una ofrenda floral silenciosa en memoria de todas las víctimas, las del terrorismo de ETA, las del GAL, el Batallón Vasco Español y otras organizaciones y también las de la violencia policial. Un año más, el PP se excusó por no compartir que se mezclen a éstas últimas con las del terrorismo. Por vez primera en la décima edición de esta jornada, en la Cámara se personó el Gobierno de España, representado por el delegado del Ejecutivo, Jesús Loza. Etxerat y EH Bildu también denunciaron la “dispersión de los presos políticos”. El Memorial de Víctimas también desarrolló su acto propio, al igual que el PP. 

2020: El Gobierno de España, de la mano del Memorial, adelantó al 9 de noviembre su acto, centrado en la denuncia de los homenajes a los victimarios y a los ‘ongi etorri’. En el Parlamento Vasco, la novedad tras las autonómicas del verano fue la irrupción de Vox y de Ciudadanos, en este caso en coalición con el PP. PP+Cs y la ultraderecha no asistieron a la tradicional ofrenda floral en el exterior de la Cámara y convocaron conmemoraciones propias en Vitoria y Bilbao, respectivamente. En cuanto al Gobierno autonómico, llevó su acto a la sede de Gogora, en Bilbao, donde Urkullu invitó a jóvenes para que expusieran su mirada “no contaminada” sobre el pasado y la violencia. Todas las convocatorias tuvieron restricciones de aforos e impusieron el uso de mascarillas por la pandemia de COVID-19, que en aquel momento vivía días de gran incidencia.

2021: La Delegación del Gobierno de España en Euskadi y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo adelantaron también un día su acto. Tuvo lugar en Irún y, de manera particular, estuvo dedicado a quienes por su trabajo y sus responsabilidades sufrieron la amenaza y el chantaje de ETA, como jueces, concejales, empresarios o periodistas. Los actos del Gobierno vasco, en Donostia, aplaudieron a quienes salieron a la calle en los 'años de plomo' para denunciar la violencia y no exclusivamente la de ETA. El lema fue 'Bakearen alde egin zenuten guztioi, eskerrik asko!' ('A todas las personas que os comprometisteis con la paz, ¡gracias!', en castellano). En el Parlamento Vasco, PP, Ciudadanos y Vox no acudieron a la ofrenda floral y EH Bildu volvió a secundar una convocatoria en el exterior de la asociación de presos de ETA Etxerat para que quienes fallecieron en desplazamientos por carretera en viajes a las cárceles sean también incluidos como víctimas. El PP, como cada año, planteó una cita alternativa en el monolito en honor a las víctimas del terrorismo a las afueras de la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria. Vox organizó otro acto con la presencia de José Antonio Ortega Lara, miembro del partido y que estuvo más de 500 días secuestrado por ETA. Las mascarillas por la COVID-19 fueron protagonistas de cada una de las citas.

2022: Ya sin mascarillas, el acto del Gobierno de España se celebró el 9 de noviembre. Por vez primera, una víctima del GAL participó en los actos del Estado con motivo del Día de la Memoria. El delegado, Denis Itxaso, recalcó que “el GAL nunca debió suceder” porque “causó dolor y restó legitimidad al Estado”. En el Parlamento Vasco, una vez más, la ofrenda floral junto a la escultura de Cristina Iglesias no fue respaldada por PP,+Cs y Vox. Sí estuvo EH Bildu, pero luego lo compatibilizó en el exterior con el acto de Etxerat. Sin embargo, el hito más relevante de la jornada fue en el acto del Gobierno vasco. En el Instituto de la Memoria (Gogora) el lehendakari, Iñigo Urkullu, presentó un esfuerzo institucional por articular unas “bases compartidas para la construcción social de la memoria en Euskadi”. El texto partía de la constatación ética de que “ni los conflictos políticos ni la razón de Estado justifican, en ningún caso, el uso de la violencia” pero avisaba también de que pretender “un único relato 'oficial' se antoja artificial”. EH Bildu y PP, que suelen ser incompatibles en otros espacios sobre convivencia y derechos humanos, se abstuvieron cuando se planteó a principios de 2022 poner en marcha este informe: no votaron en contra. Fue sido elaborado por tres expertos universitarios, Virginia López de Maturana y Unai Belaustegi de la UPV/EHU y Eider Landaberea de Deusto, y tres víctimas, Josu Elespe y María Jauregi como hijos de asesinados por ETA y Axun Lasa como hermana de un asesinado de los GAL. 

Desde que en 2012 se iniciara el reconocimiento institucional de las víctimas de violencia policial en Euskadi con un decreto que en 2016 se convirtió en ley, este 31 de octubre de 2023 se ha dado el paso que, quizás, ha sido más relevante. Entre las 66 nuevas víctimas reconocidas este martes -antes lo fueron otras 268 y son ya 334 en total- se encuentran ya casos de relevancia del terrorismo de Estado, particularmente el que fuera crimen fundacional de los GAL, el caso de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Es el primer reconocimiento institucional por estos asesinatos de 1983 y, como en otras casos como el de María José Bravo del Valle o Iñaki Etxabe, víctimas de la organización parapolicial de extrema derecha Batallón Vasco Español (BVE) nunca reconocidas, la normativa autonómica viene a tapar los agujeros de la ley estatal de víctimas del terrorismo. Por ello, el Gobierno vasco ha pedido al Estado un reconocimiento autocrítico de la denominada “guerra sucia”.

“El terrorismo de la extrema derecha y de los grupos parapoliciales, la guerra sucia y la tortura deben tener también su capítulo en el libro de la memoria de este país”, ha solemnizado ante un auditorio lleno del Kursaal de Donostia la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. El acto se ha pospuesto a la víspera del día de los difuntos porque estaba programado para julio pero tuvo que ser suspendido por las elecciones generales. Se da la circunstancia de que, en septiembre, en la misma sala, se estrenó la película sobre el dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, conocido como Ternera.

No ha participado en el homenaje a las 66 nuevas víctimas el lehendakari, Iñigo Urkullu, en una jornada en la que también ha sido noticia por no acudir a las Cortes Generales a la jura por su mayoría de edad de la que será la próxima jefa del Estado, Leonor de Borbón. Se ha explicado que ya lo hará cuando complete su trabajo la comisión que analiza las solicitudes de posibles nuevos casos, que esta misma semana ha indicado en el Parlamento Vasco que puede que no complete la revisión de todos los expedientes hasta 2030. La presencia institucional la ha completado la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, o la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y su 'número dos', José Ignacio Asensio. También ha participado el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, y representantes de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, pero no del PP o de Vox. Entre el público, había otras víctimas como Maixabel Lasa y su hija, María Jauregi; también, en una discreta sexta fila, se ha sentado Francisco Etxeberria, el forense que identificó los cuerpos de Lasa y Zabala doce años después del crimen.

El representante del Estado ha escuchado de Melgosa lo que sigue: “No se ha hecho la debida justicia con las vulneraciones de derechos humanos y las víctimas de la violencia de motivación política. Y sí, por el contrario, en una gran mayoría de los casos se ha extendido un manto de silencio e impunidad. Autocrítica sincera, reconocimiento del daño causado, asunción de su responsabilidad y voluntad reparadora. Es lo que con la misma firmeza exigimos hoy al Estado y a todos los actores responsables de la guerra sucia, la tortura y toda expresión de terrorismo. No hay idea política, ni pretendido bien superior, ni supuesta razón de Estado que justifique la violación de derechos fundamentales [...]. Que se sepa la verdad, que se haga justicia, que se ponga fin a la impunidad, que se reconozca oficial y socialmente la vulneración de derechos de la que fuisteis objeto”. La titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha dibujado también una Euskadi del futuro en la que se supere “el hecho de etiquetar y considerar a sus víctimas en función del agente perpetrador”. Y ha admitido: “Tardamos en escuchar, tardamos en actuar”.

“La Justicia no se hace sólo en palacios de Justicia”

Han sido 66 las nuevas víctimas reconocidas, 11 mujeres y 55 varones. Cinco eran menores. Entre ellas ,nueve fueron asesinadas. El resto fueron heridos y torturados. El grueso de los casos se dieron en la dictadura o durante la Transición, aunque hay casos más recientes también. Se señalan los excesos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de otros cuerpos estatales previos pero, por vez primera, hay un caso de la Ertzaintza igualmente. Los familiares de los fallecidos tienen derecho, sin excepción, a una indemnización económica de 135.000 euros. Es inferior a los 250.000 contemplados para las víctimas del terrorismo o incluso a la cantidad prevista en la normativa navarra equivalente, que es la misma. Pero en el sentir general era que las víctimas son 67 y no 66. En el caso de Lasa y Zabala ya se ha explicado que la familia del primero presentó tarde la solicitud y que no se ha resuelto aún el expediente, aunque se hará con la misma consideración que ya han recibido oficialmente los Zabala. Es más, la propia hermana de Lasa, Axun, está también entre las víctimas por haber sufrido torturas.

Lasa y la hermana de Zabala, Pili, que llegó a ser candidata a lehendakari a propuesta de Podemos, se han sentado en primera fila junto a las autoridades. Además, dos heridos y la hija de un fallecido han compartido un coloquio sobre su experiencia. Quienes han hablado han sido el gallego Lisardo Calo, quien en 1979, con apenas 17 años, resultó herido por disparos de la Guardia Civil cuando volvía a casa, Luis María Ralla Arruti, quien en la dictadura, en 1972, fue víctima de torturas a sus 20 años, y Olatz Etxabe, cuyo padre, Iñaki, fue tiroteado en 1975 a los 39 años. Se estima que el caso de Etxabe, otro que ha pasado fuera del radar de la ley de víctimas del terrorismo, fue el crimen inicial del BVE, que lo reivindicó un año después. Era hermano de dos miembros de ETA y regentaba un bar en el alto de Kanpazar que fue objeto de varios atentados extremistas. Calo, emocionado, ha explicado que el homenaje le ha llegado al “alma” y ha recibido el aplauso de los presentes.

“La Justicia no se hace solamente en los palacios de Justicia”, ha solemnizado en su breve intervención Juana Balmaseda, que es la presidenta de la comisión de valoración. Y ha vuelto a hacer un llamamiento para que la verdad de estas víctimas trascienda a la sociedad. Ha recibido los aplausos de los presentes. Sin embargo, nunca se han dado los nombres de todos los asesinados y heridos con la excepción de Lasa y Zabala por su notoriedad.

La presidenta de la comisión que analiza las solicitudes de posibles víctimas de violencia policial de Euskadi, Juana Balmaseda, y su colega Jon Mirena Landa han explicado este lunes en el Parlamento Vasco, en castellano y en euskera, respectivamente, el proceso para el reconocimiento por vez primera de Joxean Lasa y Joxi Zabala, los primeros asesinados por el terrorismo de Estado que supusieron los GAL en 1983 y cuyos cuerpos aparecieron a 700 kilómetros doce años después. Al ser miembros de ETA, nunca adquirieron la condición de víctimas del terrorismo. Este martes, en un acto solemne en Donostia con otras 65 víctimas, será amparado Zabala por una ley autonómica, con derecho a una indemnización de 135.000 euros más allá de algunas disquisiciones burocráticas que se han producido. Lasa lo será en una próxima tanda, aunque se constata que ambos “fueron víctimas de idénticos hechos criminales”.

La normativa vasca es de 2016 y, en ocasiones, permite ampliar el perímetro al que no llega la normativa estatal sobre terrorismo. Es lo mismo que ha pasado con el “incromprensible” atentado contra la adolescente donostiarra María José Bravo del Valle, que además de asesinada fue violada con solamente 16 años. La familia Lasa, según se ha explicado, no presentó en plazo la solicitud pero la comisión no solamente la tramitará como la de Zabala sino que entiende que el entorno de las víctimas tienen derecho a “madurar” su decisión durante más tiempo que el fijado por la Administración y, de hecho, ha pedido una ampliación general de los tiempos para que ningún asesinados, herido o torturado quede fuera. Balmaseda y Landa han repetido la idea de actuar siempre con un criterio y una mirada “províctima”.

Balmaseda y Landa, en la Cámara, han demandado expresamente que se deje a las víctimas, a todas las víctimas, fuera de las refriegas electorales. Las de ETA se metieron de lleno en los últimos procesos electorales, para disgusto de muchas de ellas por debates como el de 'Que te vote Txapote'. Han incidido en que son personas que llevan o “demasiados años” olvidadas o directamente en la “negación” de su condición. Asimismos, han recalcado su preocupación por el boicoteo que supusieron los cientos de peticiones no acordes con la ley de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil víctimas de ETA y que han generado un tapón en el trabajo de la comisión, que apunta a 2030 como fecha final de referencia para su labor.

La comisión ha explicado también su preocupación por lo sistemático de la tortura y que sería importante retocar la ley para que las víctimas de estos hechos no se queden sin indemnización por tecnicismos. En el informe que trascendió la pasada semana hay incluso un primer caso atribuido a la Ertzaintza, a la que también se critica por su actuación en los funerales de Lasa y Zabala.

Los ponentes han indicado que en el dictadura franquista había “redadas masivas” y estados “de excepción” y que “no importaba dejar rastro” con los detenidos políticos por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, han explicado que esas prácticas vulneradoras de derechos humanos continuaron en el período democrático aunque el “modus operandi” cambió a formas más “sofisticadas”. Se ha añadido que es relevante analizar igualmente la tortura desde una “perspectiva de género”, ya que las mujeres víctimas relatan haber sido desnudadas o vejadas por su condición. “Fui amenazada con meterme objetos en la vagina” como una botella manchada con sangre de una persona con Sida, han contado como ejemplo de un trato “degradante” y “vejatorio”.

En general, Balmaseda y Landa han considerado que “la realidad de las víctimas sigue oculta”. Sin embargo, sus informes son anónimos y no ofrecen detalles de cada caso con nombres y apellidos, con la excepción del de Lasa y Zabala “por su notoriedad”. Han recomendado traducir también los informes al inglés para lograr una mayor difusión de estas víctimas de violencia policial.

El Batallón Vasco Español (BVE), organización terrorista parapolicial de extrema derecha, asesinó en 1980 en Donostia a la adolescente de 16 años María José Bravo del Valle e hirió gravemente a Francisco Javier Rueda Alonso, de su misma edad. Eran pareja. Ella, además, fue apartada antes del crimen y sufrió una violación previa. Aunque el BVE es una organización terrorista y reivindicó el doble atentado, la Justicia nunca reconoció a estos jóvenes como víctimas. Ahora, en aplicación de la ley autonómica de violencia policial que amplía el perímetro de la de las víctimas del terrorismo, ambos serán reconocidos institucionalmente y, por vez primera, sus familias podrán acceder a una indemnización, que es de 135.000 euros en casos con resultado de muerte.

“Ambos habían sido hasta ahora excluidos de la legislación que ampara a las víctimas del terrorismo porque la Justicia, en vía administrativa, consideró que en su caso no queda acreditada la autoría de los hechos por grupo o banda armada que actuase con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Este argumento ignora, de manera incomprensible, que la muerte de M.J.B. fue reivindicada en su momento por el Batallón Vasco Español, y que posteriormente se han producido numerosas actuaciones y pronunciamientos institucionales de reconocimiento de ambos como víctimas de violencia de motivación política”, señala la comisión adscrita al Gobierno que analiza estos casos.

Bravo del Valle y su pareja formaban parte de los listados de víctimas “del terrorismo” tanto de Donostia como de organizaciones como Covite. Un informe de 2008 del Gobierno vasco señalaba que de 74 atentados del BVE u organizaciones similares (AAA, GAE, ANE) apenas 33 tuvieron una investigación judicial y aún menos, 17, una condena firme. Sostiene la comisión que “las familias afectadas han perdido toda esperanza de que se pueda hacer Justicia en este caso, también la de llegar a saber qué paso realmente y quién o quiénes fueron los culpables”. Y se añade: “La comisión considera que, en el caso de M.J.B., su condición de mujer la expuso a un riesgo particular y diferenciado, traducido en la referida violación, y que los actos de violencia sexual en contra de la joven también constituyeron actos de tortura física, sexual y psicológica”.

La comisión ha entregado su informe anual al Parlamento este jueves y explica que, en total, 66 nuevas víctimas serán reconocidas, con las que se eleva a 145 el recuento total. De las nuevas, nueve fueron asesinadas, ocho salieron del ataque o atentado con lesiones graves, 49 sufrieron torturas y 13 fueron amenazadas. Entre los primeros, además de Bravo del Valle se encuentra, como ya publicó este periódico, Joxi Zabala. Él y Joxean Lasa, que con toda probabilidad será reconocido en un próximo informe, fueron las primeras víctimas de los GAL, un crimen del que este mes se han cumplido 40 años. Nunca habían tenido tampoco la consideración de víctimas del terrorismo al ser miembros de ETA. Recibirán 135.000 euros igualmente, la indemnización prevista en la ley de 2016.

El informe sobre este caso recuerda el secuestro en Baiona, las torturas en Donostia, el traslado a Alicante y el enterramiento en cal viva. Los cadáveres aparecieron en 1995, doce años después de estos hechos. Y se menciona igualmente la “dolorosa” actuación de la Ertzaintza en el cementerio a la llegada de los cuerpos. De hecho, esta tanda de víctimas incluye también una víctima de la Ertzaintza al igual que las ha habido de la Guardia Civil o de la Policía Nacional y, desde luego, de los cuerpos policiales de la dictadura. De hecho, hay un buen número de casos de violencia policial del franquismo reconocidos ahora mediante esta ley. Sí se menciona que una persona entre las fallecidas -de lo que no se dan detalles- ya había sido reconocida antes como víctima no en aplicación de la normativa sobre terrorismo sino por la de memoria histórica.

Se apunta en el informe que “el importe indemnizado a la totalidad de las víctimas durante este periodo ha sido de 1.614.007,02 euros, de los cuales 183.328,64 euros han sido indemnizados a las víctimas de tortura, 1.080.000 euros a ocho de los fallecidos -en uno de los casos la familia de la víctima ya había sido indemnizada por la Ley de Memoria Histórica-, y el resto de las víctimas, es decir, los heridos de bala, bote de humo, pelota de goma, u otros tipos de golpes, han sido indemnizados con 350.678,38 euros”. La comisión no oculta la existencia de dificultades para completar las investigaciones requeridas hasta la resolución de las solicitudes y citan, particularmente, la cerrazón de los archivos militares. Su actitud es “especialmente obstativa”, se valora.

13 de las 66 víctimas eran de ETA

Esta normativa surgió entre la polémica y los recursos judiciales ya que se interpretaba desde la derecha que buscaba crear una nueva categoría de víctimas “del Estado” para generar un relato de equidistancia entre ETA y otras violencias. De hecho, hubo un movimiento deliberado de boicoteo ya que 473 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y otras 50 víctimas de ETA o de su entorno plantearon solicitudes para acogerse también a esta ley.

Ello ha tenido un “impacto muy negativo” en el trabajo de la comisión. Se están necesitando prórrogas al período de dos años que, en principio, se promete a las víctimas como razonable para resolver sus casos. Se estima que se tardará del orden de “seis u ocho años”, hasta 2030, para atender todas las peticiones. Ahora mismo, hay una “creciente” demanda de casos posteriores a 1978, es decir, del período democrático. “[La comisión] No es capaz de tramitar eficazmente un número suficiente de expedientes que permita vislumbrar la resolución en tiempo y forma de las peticiones hechas. Que la respuesta de reconocimiento se pueda alargar durante años y años no resulta una situación sostenible desde el punto de vista legal, pero, tampoco, desde un punto de vista ético o político. Este es un tema que puede comprometer gravemente la credibilidad y la función reparadora que la comisión y este mecanismo legal deben ser capaces de ofrecer respecto de las víctimas y sus derechos”, se puede leer en el documento, en el que igualmente se plantea una reforma del marco de indemnizaciones, particularmente para mejorar la compensación a personas torturadas.

Los datos muestran que 13 de las 66 víctimas eran de alguna de las ramas de ETA (pm, m o diferentes asambleas), que tres más eran familiares de miembros de ETA y que nueva estaban “acusadas” de “colaborar” con los terroristas. El resto eran desde sindicalista de CCOO o LAB, militantes del PCE o de otros partidos de izquierdas o también tres de EGI, las juventudes del PNV. Pero incluso hay una docena “sin afiliación política conocida”, asistentes a mítines o manifestaciones o incluso una persona que simplemente “guardaba una ikurriña en el trabajo”.

El documento entregado al Parlamento será presentado en la propia Cámara este lunes. Después, este martes, el Gobierno vasco ha organizado un acto institucional solemne en el Kursaal de Donostia para reconocer públicamente a las 66 nuevas víctimas. “Desean una simetría con el reconocimiento que desde el Estado se hace a las víctimas del terrorismo y sus familiares, en relación a indemnizaciones, ayudas por trabajo, asistencia psicológica, etcétera, algo que ellos nunca recibieron. Consideran injusta esa diferencia ya que su dolor y sufrimiento es simétrico al de esas otras víctimas”, se recoge como sentir generalizado de las familias en el informe.