El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en sesión extraordinaria de Pleno el nombramiento del periodista y escritor, Raúl del Pozo, como Hijo Adoptivo de la ciudad. Se lo han concedido a título póstumo tras su fallecimiento a los 89 años a principios de marzo de 2026, por su destacada labor profesional y por el amor que “siempre profesó a Cuenca”, según dejó patente en entrevistas y libros, tal y como ha destacado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, que el autor calificó como “la ciudad más bella del mundo”.

El condecorado

Raúl del Pozo nació en Mariana en 1936, estudió en Madrid la carrera de Periodismo, profesión a la que dedicó toda su vida, comenzando a trabajar en El Diario de Cuenca; además de que escribió más de una quincena de libros.

Ejerció como reportero, corresponsal y enviado especial en el extranjero. Fue director adjunto de El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires. Fue también columnista de Mundo Obrero, La Calle, Interviú y Diario 16, así como en El Mundo hasta el final de su vida; dirigió el programa ‘Entre dos luces’ de TVE y participó en debates y tertulias televisivas.

En 2017 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y durante su trayectoria obtuvo varios premios por su labor periodística, como el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros, y su obra literaria, compuesta por novelas y ensayos, cuenta con un gran éxito de público y crítica, destacando que es el autor de los textos del libro ‘Cuenca. La primera Manhattan’, con ilustraciones de Miki Leal, editado por TintaBlanca.

El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en la demarcación de Toledo, asegura que no han podido llevar a cabo las visitas que ofrecieron “voluntariamente” para ayudar a los vecinos y vecinas de Talavera de la Reina a evaluar los riesgos estructurales tras las inundaciones de febrero a consecuencia de la inacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Después de un tenso y acalorado debate en el Pleno municipal celebrado el 16 de marzo, el PSOE arremetía contra el equipo del alcalde José Julián Gregorio por “falta de transparencia” en la gestión de las inundaciones. El portavoz socialista señalaba que hasta el momento, Gregorio “no ha dado información ni documentación con informes técnicos, si es que realmente existen”, haciendo hincapié en que era necesario para que “los vecinos se puedan defender ante los seguros”.

Por su parte, el equipo de gobierno de PP y Vox alegaba la situación “extraordinaria” del episodio de lluvias, un argumento que no convencía a los socialistas. De su parte, Vox pedía “no politizar las desgracias”.

José Julián Gregorio cargaba contra la Junta de Castilla-La Mancha, señalando que “está desaparecida” después de las inundaciones. No obstante, apuntaba que dotaría una inversión de 1,2 millones de euros no solo para “evitar inundaciones”, sino con intervenciones en el aliviadero que da al río Tajo, la sustitución “integral” del colector de la Calle Carretas, e incluso la idea de un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para la inspección de las viviendas de los vecinos afectados.

“Las visitas no pudieron iniciarse”

Sin embargo, el Colegio de Arquitectos (COACM) expone que el día 5 de febrero ofrecieron su ayuda de forma “completamente gratuita y voluntaria”, para realizar un servicio de inspección de viviendas donde podrían evaluar los riesgos estructurales derivados de las inundaciones. Cuatro días más tarde, recalcan que los “técnicos y responsables municipales acordaron trabajar conjuntamente”, y que el 12 de febrero desde el COACM ya contaban con “un grupo de 10 arquitectos voluntarios listos para actuar”.

Aseguran que durante los días siguientes el COACM “mantuvo contacto con el Ayuntamiento, Bomberos y Aqualia”, pero que para actuar necesitaban dos elementos “básicos”: el listado de los inmuebles afectados y el contacto de los propietarios, gestiones que “correspondían al Ayuntamiento”. Por otro lado, exponen que desde el Consistorio les trasladaron el 2 de marzo que organizasen “las visitas de manera autónoma”. Apuntan que ellos aceptaron solicitando que cada pareja de arquitectos fuese acompañado por un agente de la autoridad municipal que “facilitara el acceso a los inmuebles y el contacto con los propietarios”, pero que esa petición “no llegó a concretarse, por lo que las visitas nunca pudieron iniciarse”.

Desde el COAM explican que ante la falta de las condiciones mínimas necesarias y la falta de avances, y dado el tiempo transcurrido desde el siniestro, la comisión de emergencias del Colegio consideró el 18 de marzo que las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención“.

El PSOE de Talavera recrimina a Gregorio que “miente”

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina recrimina al equipo de gobierno del ayuntamiento (PP-Vox) de “mentir” con respecto a la gestión de las inundaciones ocurridas durante el pasado mes de febrero en la localidad toledana, ya que según destacan “no hay convenio con el Colegio de Arquitectos por la falta de predisposición del Gobierno local”.

El concejal del Grupo Socialista, Sergio de la Llave, ha señalado que durante el Pleno extraordinario el propio alcalde “afirmó que iba a firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos para revisar el estado de las viviendas de los afectados”; sin embargo, el Colegio, después del tiempo transcurrido desde su disposición, apuntaba que “las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención”.

Por otro lado, los socialistas apuntan que “el alcalde sabía perfectamente bien que no había facilitado los medios que el Colegio de Arquitectos había pedido para poder realizar las inspecciones técnicas oportunas y, sin embargo, afirmó en Pleno que se iba a firmar un convenio con ellos, mintiendo una vez más a la ciudadanía y, lo que es más grave, a todos los afectados que se encontraban en ese momento en el salón de Plenos”.

Desde el Grupo Socialista han querido agradecer tanto al Colegio de Arquitectos como a la Asociación de Arquitectos por Talavera (AxTa) su “predisposición y agilidad” para ayudar a los vecinos y vecinas afectadas y han lamentado que “ni la agilidad ni la predisposición llegase por parte de un Gobierno local que a día de hoy sigue sin dar explicaciones sobre las inundaciones”.

Los socialistas han apuntado que 49 días después de las inundaciones, el alcalde “no solo no ha dado una sola explicación ni al Grupo Socialista ni a los vecinos afectados, sino que tampoco ha puesto en marcha la Oficina de Atención que fue aprobada por unanimidad en el Pleno”. “Una vez más vemos como los vecinos y vecinas de Talavera se encuentran desamparados ante el abandono del alcalde” han lamentado.

Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y detallan que “en principio no” van a hacer declaraciones sobre este tema.

Sevilla continúa sin dispositivo de Policía Local para la Navidad, a las puertas del encendido de las luces previsto para este sábado 29 de noviembre. Ese es el desenlace con el que se ha saldado el pleno extraordinario celebrado este miércoles, después de que la oposición en bloque votara en contra del plan del alcalde, José Luis Sanz, que proponía destinar 5,6 millones de euros para hacer frente a las horas extra necesarias.

El Gobierno municipal pretendía así poner fin a la crisis policial que viene arrastrando la ciudad. Sin embargo, todos los grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento hispalense –PSOE, Con Podemos-IU y Vox– han coincidido en que el plan de Navidad del PP es “una chapuza”, que deja “muchos flecos aún por definir” y se ha puesto sobre la mesa como “un chantaje emocional”. La propuesta del alcalde también cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos policiales, que reclaman más dinero, y ha sido cuestionado duramente por la Intervención municipal.

Tras quedarse solo, al regidor popular le queda el comodín de “imponer” un calendario obligatorio por decreto. Un escenario que no descartó José Luis Sanz en una declaración ante los medios este martes, en la que apeló a la “responsabilidad” de los grupos políticos y de los sindicatos para sacar adelante la propuesta. Tal imposición dinamitaría las relaciones con las organizaciones sindicales y podría desembocar en una denuncia en los tribunales, tal y como advirtió la sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla hace unos días.

Voto unánime en contra de la oposición

El documento debatido este miércoles en pleno extraordinario contempla un gasto máximo de 5.637.617 de euros. Dicho plan, que no ha sido consensuado con los sindicatos policiales –ya rechazaron la propuesta en dos reuniones anteriores–, supone una reducción considerable de los recursos policiales, al establecer un periodo de “alrededor de 20 días”, en comparación con los 40 del pasado año.

Mientras Sanz explicaba que se “ha recortado en días” para ajustarse al “tope legal” de máximos de horas extras y productividades que se le puede pagar a la Policía Local, la concejal del Grupo Socialista Sonia Gaya afirmaba que su formación “no quiere” ser partícipe del “fracaso” del equipo de Gobierno. “El fracaso de este Gobierno es el que se ganan pulso a pulso, solitos, con cada decisión que toman, cada decisión errónea, se saltan la ley, se saltan el procedimiento, se saltan la capacidad presupuestaria. No nos culpabilicen a los demás”, han reprochado desde el grupo socialista.

Para el concejal de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez, “esto no es un evento extraordinario”. “Lo que estamos votando hoy no es a su forma de gobernar, que es impropia de un ayuntamiento democrático; claro que defendemos a la Policía Local, pero nos traen aquí una chapuza, una vez más no vamos a permitir que se pisotee el funcionamiento democrático de este Pleno”, ha criticado.

La formación de ultraderecha, su actual socio presupuestario, era el único agarre que tenía Sanz para sumar los votos necesarios ante el 'no' ya previsto de la izquierda, PSOE y Podemos-IU. No obstante, la portavoz del Grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, ha lamentado “no haber podido apoyar este Plan de Navidad porque deja bastantes flecos sueltos sin resolver y nos preocupa y mucho que el Gobierno haya pretendido aprobarlo en estas condiciones”. “Si este asunto se hubiera negociado bien, si hubiera llegado hace semanas, no estaríamos eligiendo deprisa y corriendo y sin margen para corregir nada o para volver a empezar”, ha señalado Peláez.

Los agentes en pie de guerra

Mientras se debatía la propuesta, un grupo de agentes de la Policía Local ha sido desalojado de la sesión tras realizar una protesta en el interior del salón de plenos contra la “gestión” del Gobierno municipal. Algunos asistentes como invitados a la sesión han levantado pancartas tras la votación del Plan de Navidad para la Policía Local, en las que se podía leer mensajes como “esta alcaldía mata a su policía”.

Tras la marcha de los manifestantes, el alcalde del PP ha tomado la palabra para afear que “se ha pitado” a quienes han votado a favor de que “se paguen las horas extras y el plan de navidad que el Ayuntamiento se podía permitir”, en referencia a su grupo. En esta línea, ha asegurado que “va a seguir trabajando para garantizar la situación” y ha acusado a los grupos de la oposición de “poner en cuestión la seguridad de los ciudadanos”.

Esta acción coincide con la concentración llevada a cabo esta mañana por los sindicatos CSIF, SPLS y Sppme en el exterior del Consistorio. A la concentración también se han unido trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. El resultado de todo esto es que, a tan solo unos días de que se despliegue el dispositivo especial por las fiestas navideñas, el plan no está todavía aprobado y no hay agentes suficientes para cubrir las necesidades que demandan estas fechas.

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha rechazado este viernes, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A en todos los casos, convocar un pleno extraordinario, este mismo mes de agosto, a solicitud de grupos de la oposición para acoger comparecencias del Gobierno de Juanma Moreno sobre asuntos como los incendios forestales registrados este verano en Andalucía y el fuego que se originó el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

En concreto, la Diputación Permanente –órgano que vela por los poderes de la cámara autonómica en periodos vacacionales como el actual del mes de agosto– ha votado solicitudes de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía para convocar un Pleno extraordinario con comparecencias de los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, sobre los incendios forestales registrados este verano en Andalucía, y de manera específica sobre los que han tenido lugar en el término de Tarifa.

Por otro lado, la Diputación Permanente ha rechazado, también con los votos del PP-A, otras solicitudes de los citados grupos de oposición de izquierdas para convocar un pleno extraordinario con una comparecencia de la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, sobre el incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

En el transcurso del debate de estas solicitudes de pleno extraordinario, que se han abordado de forma unificada aunque se han votado por separado, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha justificado el voto en contra del PP-A a estas peticiones de la oposición argumentando que no veía “necesidad que justifique” la convocatoria de un pleno extraordinario como el solicitado por dichos grupos.

Solicitud de convocar una comisión de investigación

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha anunciado durante el debate de estas iniciativas que, si se rechazaba la convocatoria de ese pleno extraordinario, como ha acabado sucediendo, su formación va a solicitar la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento “para estudiar cómo se está gastando el dinero en la prevención de los incendios en Andalucía” por parte del Gobierno de la Junta.

Por su parte, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha confirmado que “en cuanto se den las circunstancias” comparecerá “a petición propia” en el Parlamento para dar explicaciones sobre los incendios registrados en Andalucía este verano. De esta forma, la Junta, gobernada por mayoría absoluta por el PP, deja clara su postura sobre la petición de los grupos de izquierda de comparecencia en la Cámara andaluza de varios consejeros para abordar tanto los incendios forestales como el de la Mezquita de Córdoba.

En una rueda de prensa en el Parlamento recogida por Europa Press, Sanz ha subrayado que no le parece “lo serio y lo adecuado hacer un balance de los incendios” cuando aún se está en plena campaña. “Seguimos en el periodo de peligro extremo. Habrá comparecencia a petición propia. No me lo tendrá que pedir nadie”, ha apostillado. “Es lo que esperan los ciudadanos y es lo que estamos haciendo: dedicarnos a extinguir incendios lo más rápidamente posible y de la manera más eficaz posible”, ha puntualizado.

El pleno de la Corporación municipal de Puertollano (Ciudad Real), reunido este jueves 24 de julio en sesión extraordinaria, ha aprobado la adjudicación de una parcela del polígono industrial La Nava III a la compañía de origen chino Arctech para la construcción de un campo de pruebas fotovoltaico experimental en el que desarrollará proyectos piloto vinculados a la fabricación de placas fotovoltaicas para viviendas prefabricadas y aparatos de limpieza para paneles solares.

Según ha detallado la concejala de empresas, María Castellanos, la compañía se ha interesado en esta parcela, situada al lado del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos y de Concentración ISFOC, institución con la que pretende establecer líneas de colaboración.

Se trata de la misma parcela adjudicada en su momento a la empresa Rai Investments SLU, vinculada de RIC Energy, grupo que ha desistido en el desarrollo de una planta de producción de hidrógeno verde.

Arctech invertirá en Puertollano 1,1 millones de euros y prevé la creación de nueve puestos de trabajo.

Precisamente esta circunstancia es la que ha motivado la abstención del grupo municipal de Izquierda Unida.

Su portavoz, Jesús Manchón, ha advertido de que la adjudicación no cumple con el requisito de un ratio de un puesto de trabajo por cada 1.500 metros adjudicados a la empresa.

PP y Vox

Esta circunstancia no supone ningún obstáculo para los grupos municipales de PP y Vox.

Tanto María Castellanos como el portavoz de Vox, Félix Canal, han esgrimido un informe técnico en el que se abre la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda aprobar la adjudicación de suelo a proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de Puertollano, al margen de esa puntuación mínima.

De su lado, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Manuel Sánchez, ha expresado su acuerdo con la adjudicación del terreno en lo que ha considerado un “voto de confianza”, aunque también ha advertido de que no se llega al ratio exigido.

Convenio del bosque

De otro lado, el pleno de la Corporación ha aprobado la modificación del convenio de financiación con la Consejería de Fomento y la Diputación Provincial para la remodelación del Paseo del Bosque.

Precisamente este punto del orden del día ha motivado la convocatoria extraordinaria, con el fin de poder remitir el documento a la Junta y que el Gobierno regional pueda aprobarlo en el último Consejo de Gobierno del mes de julio.

Las modificaciones se producen a petición de la Diputación, y afectan a detalles como la anualidad de pago del millón de euros que aporta la corporación provincial y a la gestión de los certificados de obra y su orden de pago.

Nuevos concejales socialistas

Por otra parte, el pleno ha asistido también a la toma de posesión de los tres concejales socialistas que sustituyen a Casto Sánchez Gijón, Zeyd Hijazi Quiles y Estefanía Sanz Ávila, quienes presentaron su renuncia el pasado mes.

Así, han jurado sus cargos María del Pilar Avilero Madrid, Francisco José García Sánchez y Carlos Cañizares Hernández.

Sus compañeros de corporación les han dado la bienvenida y el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, les ha deseado “acierto y responsabilidad en su tarea para contribuir al bien común de los ciudadanos de Puertollano”.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimecres la primera Llei de gestió i modernització de les àrees de promoció industrial de Balears, amb el suport de PP, Vox i els diputats no adscrits, i l'abstenció dels partits d'esquerra. La norma, impulsada pel Govern, té com a objectiu enfortir el teixit empresarial dels polígons industrials, millorar la seva competitivitat i regular noves formes de col·laboració públic-privada.

Segons va explicar el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de Sant Pere, la llei pretén fomentar l'associacionisme en els 53 polígons industrials de l'arxipèlag, ja que “molt pocs” compten actualment amb estructures organitzades que vetllin per la coordinació empresarial. El conseller va destacar que es tracta d'una normativa “flexible, que dona eines, no genera obstacles i no imposa”, la qual cosa permetrà que cada polígon triï el model de gestió més adequat a les seves característiques.

Una llei criticada per l'esquerra per les seves “incongruències”

Malgrat el suport majoritari, la llei ha estat durament criticada pels grups d'esquerra, que la consideren una norma “mal treballada” i amb “incongruències i incoherències”. Més per Mallorca, Més per Menorca i PSIB han coincidit que el text va entrar al Parlament “mal redactat” i han denunciat la falta d'ambició del Govern.

El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, va assegurar que “hi ha algú que no ha fet el treball que tocava fer de seguiment de la llei”. Per part seva, Ferran Rosa (MÉS) i Marc Guerrer (PSIB) van assenyalar contradiccions internes en l'articulat, com l'esment a formes de col·laboració que van ser eliminades a posteriori mitjançant esmenes de Vox. També van lamentar la supressió, per iniciativa d'aquesta formació, d'una Comissió per a la Competitivitat de les Àrees de Promoció Industrial. “Creen conceptes nous sense definir què són”, va advertir Rosa.

Esmenes clau

La llei incorpora una disposició addicional introduïda per Més per Mallorca, aprovada per unanimitat, que restringeix l'àmbit d'aplicació de la llei de projectes industrials estratègics a les instal·lacions d'energies renovables destinades a proveir directament un projecte d'industrialització o modernització industrial. Els ecosoberanistas van celebrar l'esmena, assegurant que amb ella s'evita que la normativa sigui “un colador” per a parcs solars en sòl rústic.

En contrast, va ser rebutjada l'única esmena viva de Vox, defensada per la diputada Manuela Cañadas, que pretenia eliminar tota referència normativa a polítiques climàtiques. Segons Canyades, la legislació està “ideologitzada” i la veritable barrera és “el dogma climàtic i burocràtic”, motiu pel qual va demanar al PP “eliminar el rastre de l'esquerra”. Per part seva, el diputat popular Jordi López va defensar el text final, destacant el procés de negociació parlamentària: “Aquest Parlament demostra que quan hi ha voluntat política, el diàleg i la col·laboració dels grups és possible i hi ha resultats”.

En la tramitació també s'havien inclòs diverses esmenes del PSIB per a establir mecanismes de control pressupostari en cas de pròrrogues dels pressupostos autonòmics. Aquestes esmenes, secundades inicialment per Vox quan no existia encara un acord pressupostari, van ser finalment rebutjades després del pacte entre PP i Vox. L'eliminació d'aquestes disposicions –les finals terceres bis, ter, quater, quinquies i sexies–, així com de l'article 29 (que promovia l'ús d'energies renovables en les àrees industrials), va suposar un nou revés per als socialistes.

Amb aquesta aprovació, Balears fa el primer pas cap a la regulació específica de les seves zones industrials, encara que amb un camí parlamentari marcat per tensions polítiques i crítiques al contingut tècnic i polític de la norma.

El Parlament balear ha aprobado este miércoles la primera Ley de gestión y modernización de las áreas de promoción industrial de Balears, con el apoyo de PP, Vox y los diputados no adscritos, y la abstención de los partidos de izquierda. La norma, impulsada por el Govern, tiene como objetivo fortalecer el tejido empresarial de los polígonos industriales, mejorar su competitividad y regular nuevas formas de colaboración público-privada.

Según explicó el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, la ley pretende fomentar el asociacionismo en los 53 polígonos industriales del archipiélago, ya que “muy pocos” cuentan actualmente con estructuras organizadas que velen por la coordinación empresarial. El conseller destacó que se trata de una normativa “flexible, que da herramientas, no genera obstáculos y no impone”, lo que permitirá que cada polígono elija el modelo de gestión más adecuado a sus características.

Una ley criticada por la izquierda por sus “incongruencias”

A pesar del respaldo mayoritario, la ley ha sido duramente criticada por los grupos de izquierda, que la consideran una norma “mal trabajada” y con “incongruencias e incoherencias”. Més per Mallorca, Més per Menorca y PSIB han coincidido en que el texto entró al Parlament “mal redactado” y han denunciado la falta de ambición del Govern.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, aseguró que “hay alguien que no ha hecho el trabajo que tocaba hacer de seguimiento de la ley”. Por su parte, Ferran Rosa (MÉS) y Marco Guerrero (PSIB) señalaron contradicciones internas en el articulado, como la mención a formas de colaboración que fueron eliminadas a posteriori mediante enmiendas de Vox. También lamentaron la supresión, por iniciativa de esta formación, de una Comisión para la Competitividad de las Áreas de Promoción Industrial. “Crean conceptos nuevos sin definir qué son”, advirtió Rosa.

Enmiendas clave

La ley incorpora una disposición adicional introducida por Més per Mallorca, aprobada por unanimidad, que restringe el ámbito de aplicación de la ley de proyectos industriales estratégicos a las instalaciones de energías renovables destinadas a abastecer directamente un proyecto de industrialización o modernización industrial. Los ecosoberanistas celebraron la enmienda, asegurando que con ella se evita que la normativa sea “un colador” para parques solares en suelo rústico.

En contraste, fue rechazada la única enmienda viva de Vox, defendida por la diputada Manuela Cañadas, que pretendía eliminar toda referencia normativa a políticas climáticas. Según Cañadas, la legislación está “ideologizada” y la verdadera barrera es “el dogma climático y burocrático”, motivo por el cual pidió al PP “eliminar el rastro de la izquierda”. Por su parte, el diputado popular Jordi López defendió el texto final, destacando el proceso de negociación parlamentaria: “Este Parlament demuestra que cuando hay voluntad política, el diálogo y la colaboración de los grupos es posible y hay resultados”.

En la tramitación también se habían incluido varias enmiendas del PSIB para establecer mecanismos de control presupuestario en caso de prórrogas de los presupuestos autonómicos. Estas enmiendas, apoyadas inicialmente por Vox cuando no existía aún un acuerdo presupuestario, fueron finalmente rechazadas tras el pacto entre PP y Vox. La eliminación de estas disposiciones –las finales terceras bis, ter, quater, quinquies y sexies–, así como del artículo 29 (que promovía el uso de energías renovables en las áreas industriales), supuso un nuevo revés para los socialistas.

Con esta aprobación, Balears da el primer paso hacia la regulación específica de sus zonas industriales, aunque con un camino parlamentario marcado por tensiones políticas y críticas al contenido técnico y político de la norma.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP de José Luis Sanz, ha celebrado este jueves un pleno extraordinario y urgente para la aprobación definitiva de los presupuestos de 2025, que ha terminado en polémica. Los grupos de la oposición –PSOE y Podemos-IU– han abandonado la sesión tras retirar el presidente del pleno, el popular Manuel Alés, la palabra a la edil de Podemos-IU, Susana Hornillo, después de criticar que el pacto consumado entre PP y Vox se traducirá en “un ataque contra la diversidad y la inclusión”.

El pleno ha comenzado con una intervención del concejal de Hacienda y portavoz del PP, Juan Bueno, quien ha defendido este proyecto presupuestario aprobado inicialmente el pasado 15 de enero con el apoyo del Gobierno local del PP y de Vox –fruto del pacto alcanzado entre ambas partes– lo que le ha llevado a recordar que las cuentas incorporan “las aportaciones” de Vox.

A partir de ahí, ha tomado la palabra la concejala de la coalición de izquierdas Podemos-IU, Susana Hornillo, quien ha alertado de las “muy graves consecuencias” del pacto presupuestario alcanzado entre el Gobierno local del PP y Vox, reprochando al alcalde que haya “permitido que la extrema derecha se haga un hueco en la gobernabilidad” de Sevilla e introduzca sus “políticas de odio” hacia colectivos como los migrantes o las lesbianas, gais, bisexuales o transexuales.

Hornillo también ha alertado de que el acuerdo entre PP y Vox en el Ayuntamiento hispalense se traducirá en “un ataque contra la diversidad y la inclusión” y un “retroceso a la igualdad”, acusando a los populares de permitir que la extrema derecha implante un “chiringuito antiabortista” en el Ayuntamiento y un “sesgo racista” en la institución municipal al “desmantelar las ayudas a la integración de los migrantes”, además de criticar la “normalización del discurso de la ultraderecha” y que se vaya a “blanquear el racismo y la xenofobia con políticas discriminatorias”

Al punto, el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja ha intervenido para reclamar al presidente del pleno, que llamase “al orden” a la edil de Podemos-IU, por “insultar” a su grupo con “improperios”. A continuación, el edil del PP Manuel Alés ha pedido a Hornillo que “baje el tono de su discurso” porque “ha proferido varios insultos”. Y, a continuación, ha añadido: “Le llamo al orden”.

Susana Hornillo ha manifestado entonces su rechazo directo ante dicho llamamiento al orden, reprochando al presidente del pleno que se atenga “a la orden de Vox”. “No he insultado a nadie, estoy hablando de políticas”, ha defendido la edil, insistiendo en que estaba “ejerciendo mi derecho democrático a expresar libremente nuestras ideas”. El presidente del pleno ha vuelto a llamar al orden para, finalmente, retirar la palabra a la concejala de Podemos-IU.

Como respuesta, el edil Ismael Sánchez, ya como portavoz de la coalición de izquierdas, ha anunciado que su grupo municipal abandonaba el pleno ante la “actitud autoritaria y antidemocrática” que le ha achacado al Gobierno del PP. Hornillo y Sánchez han abandonado la sala, seguidos de los concejales del PSOE. A la salida del pleno, la concejal de Podemos ha lamentado en sus redes sociales haber “vivido un capítulo de censura política inaudito en la historia democrática de Sevilla”.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha negado este jueves que su partido se haya convertido “en la muleta” del equipo de gobierno del PP en la capital asturiana por los pactos que está alcanzando con la derecha, pese a su ideología antagonista.

La buena sintonía que muestran IU y PP se ha vuelto a escenificar hoy durante el pleno municipal extraordinario celebrado para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para 2025.

La capital asturiana contará el próximo año con 270,8, millones de euros, un 4,7 por ciento más que las cuentas de este año, gracias a los 17 votos a favor -14 del PP y tres de IU- mientras que votaron en contra los siete ediles del PSOE y las dos concejalas de Vox. La concejala no adscrita, Elena Figaredo, se abstuvo.

PP e IU frente a PSOE y Vox

En este mismo pleno también se procedió a la votación del contenido de una moción de IU donde se consolida un acuerdo político con intención de “orientar” el destino de algunas de las partidas económicas para el próximo año. Una votación que arrojó el resultado de 18 votos a favor -los de PP, IU y la concejala no adscrita- y los nueve votos en contra de PSOE y Vox.

El apoyo de IU a las cuentas ha vuelto a escenificar la distancia que le separa a la hora de hacer oposición con el PSOE, que habitualmente se muestra mucho más crítico con el PP.

El PP resalta la capacidad de diálogo de IU

La concejala de Economía, Leticia González, ha deseado que este acercamiento con IU no sea coyuntural, de forma que sea “el primero de muchos acuerdos”.

El equipo de gobierno considera que el grupo municipal de IU ha sabido “entender el mensaje” de que con este tipo de políticas responden a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo.

Especialmente destaca la “lección de capacidad de diálogo, seriedad y ausencia de sectarismo” que, según su definición, son algunas de las características que predominan en su relación.

Una actuación que la edil pone en contraposición con la política que, según su criterio, desarrollan PSOE y Vox, de los que dice que están inmersos permanentemente en la “política del 'no' y solo piensan en tumbar todo lo del PP”.

Leticia González ha mostrado el “agradecimiento” del equipo de gobierno al grupo municipal que lidera Llamazares, ya que con su “buena disposición” facilita “gestión responsable, convivencia política y serenidad” a la política municipal.

Llamazares: “No hay que escandalizarse por el acuerdo”

Gaspar Llamazares ha defendido con vehemencia la importancia de llegar a acuerdos, como el alcanzado en materia presupuestaria, a pesar de estar en lados opuestos ideológicamente en beneficio de los intereses de la ciudadanía.

“Hay quien se escandaliza. Al contrario, debería ser saludado como una apuesta por el acuerdo y una lógica distinta de recuperación, revitalización y regeneración de la vida política”, ha incidido.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo ha recordado que el PP, con 14 concejales en una corporación integrada por 27 ediles, ya cuenta con mayoría absoluta, por lo que los votos de su partido no son decisivos, pero los suma para favorecer que puedan salir adelante los temas que más preocupan a los vecinos y vecinas de la capital asturiana.

“Nada de muletas, ni tampoco de blanqueamiento. El PP tiene una mayoría legítima que hay que reconocer. Nosotros -ha añadido- queremos ser un partido que pueda influir en la vida política y no ser una estatua de sal”.

Ferviente defensor de la política útil, Llamazares ha explicado que entre las distintas fórmulas de gobierno siempre se ha mantenido una situación de polarización en un contexto de ruido y opina que es el momento en que se debe favorecer una lógica de acuerdos.

El PSOE: “Los recortes siempre caen del mismo lado”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha mostrado un posicionamiento bien distinto durante su intervención, que se ha centrado en mostrar su oposición a unos presupuestos que, bajo su prisma, “no son los que necesita Oviedo”.

Para el PSOE, son unos presupuestos “de derechas, faltos de ambiciones y alejados de las necesidades de la ciudadanía”.

Fernández Llaneza ha censurado que el documento sea “el mismo” que se presentó en octubre, puesto que, según ha explicado, “no se ha movido ni una sola coma”.

Ha denunciado la “falta de ambición y visión de futuro” de estas cuentas que incluyen un aumento de la presión fiscal de 13 millones de euros a cambio de la mitad de inversiones que en 2023.

Ha resaltado los recortes que se producen en Cultura, que ha cifrado en 820.000 euros menos para programación, así como en Políticas Sociales o Cooperación. Además, ha criticado que solo se destine medio millón de euros para La Vega y no haya presupuestado “ni un euro” en vivienda.

Fernández Llaneza mantiene que con estos presupuestos aprobados hoy “se intenta privilegiar a los privilegiados” y, por tanto, “los recorte siempre caen del mismo lado”.

Vox y los 'rojos comunistas'

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha recriminado el acuerdo que IU ha alcanzado con el PP y ha asegurado que la “máquina recaudatoria del PP asfixia a empresarios y vecinos de Oviedo”.

Peralta ha advertido al equipo de gobierno que con esta política de acuerdos, IU “les ha superado en poder e iniciativa” y ha añadido que “da igual que lo disfracen y justifiquen bajo el amparo del consenso y la negociación, porque la estrategia de IU es el paso previo a una revolución comunista”.

Sus continuas alusiones a los “rojos comunistas” cada vez que se refería a los concejales de IU han llevado al concejal de Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, a replicarle: “Algunos crecimos con 'El Jueves' y con 'Martín el facha' que vemos que ha vuelto”.

No obstante, ha admitido que cada vez que ella pronuncia la frase: ¡cuidado que vienen los comunistas!“ él, particularmente, ”se viene arriba“.

El alcalde: “Este pleno es muy entretenido”

A pesar de que a priori podría parecer un tema árido de debate el presupuestario, el intercambio dialéctico entre ambos ediles ha animado al alcalde, Alfredo Canteli, a tomar la palabra para reconocer que el pleno estaba siendo “muy entretenido”.

El alcalde no ha querido dejar pasar la oportunidad de cerrar la sesión del pleno extraordinario aportando su propio punto de vista sobre esa capacidad de diálogo del PP con IU-Convocatoria por Oviedo.

“Quienes me conocen en la banca y el Centro Asturiano -su trabajo y la entidad de la que fue presidente- saben que cuando alguien quiso dialogar conmigo siempre me encontrarán” y ha deseado que en 2025 vuelva la normalidad a la corporación y sea “un año de diálogo”.

Los presupuestos

El presupuesto municipal consolidado para 2025 asciende a 270,8 millones de euros, con 30,8 millones destinados a inversiones.

La Junta de Gobierno había dado su visto bueno en una sesión celebrada el pasado mes de octubre y el pleno municipal que tuvo lugar el pasado mes de noviembre lo aprobó inicialmente.

En términos agregados, 269,9 millones corresponden al ayuntamiento y 12,6 millones están asignados a la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

El capítulo de inversiones se lleva una partida de 30,8 millones. De esa cantidad saldrá el dinero para acometer varias actuaciones consideradas como prioritarias.

Las principales actuaciones serán la construcción del Centro Integrado de Ventanielles, la reurbanización del tramo de la Avenida de Galicia, la urbanización de la Ronda Sur desde la plaza del Cardenal Tarancón hasta la calle San Melchor Garcia Sampedro, las pistas de atletismo de Ciudad Naranco o la reforma de las piscinas del Parque del Oeste y San Lázaro.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, pretendía que el acuerdo para vetar la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico durante un año fuera aprobado por unanimidad este miércoles en el pleno extraordinario, pero ha sido imposible llegar a un consenso ante la oposición mostrada por el Grupo Municipal Socialista.

No obstante, la propuesta de moratoria ha salido adelante igualmente gracias a los ocho votos de los concejales del gobierno bipartito de Vecinos por Llanes y PP. Los seis ediles socialistas presentes en el pleno han votado en contra.

La propuesta se había debatido el pasado viernes, día 11, en la Comisión municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda. En esa reunión, el PSOE se abstuvo.

Evitar la especulación

Los ediles socialistas presentaron una enmienda dirigida a promover nueva vivienda pública en régimen de alquiler que fue rechazada. A su juicio, la moratoria ahora aprobada vulnera las normas urbanísticas provisionales vigentes.

El alcalde no opina lo mismo. Cree que en Llanes había que buscar una solución para que los propios vecinos y vecinas del municipio pudieran acceder a viviendas residenciales frente a la “especulación” actual con los pisos turísticos.

“En el pleno yo interpelé para que esta moratoria de un año que era el tiempo que nos recomendaban los informes de la Fundación de la Universidad tuviera un apoyo mayoritario, pero finalmente el PSOE votó en contra”, lamentaba.

La moratoria afectará a los siete municipios que son urbanos: Llanes, Poo, Barru, Posada, Nueva, Celoriu y San Roque.

Incoherencia en el nombre

Riestra ha asegurado a elDiario.es Asturias que la moratoria de un año facilitará ese acceso a la vivienda residencial. Confía en que en este tiempo los legisladores sean capaces de legislar teniendo en cuenta la realidad de la situación de la vivienda en estos núcleos de este concejo costero asturiano.

“Con esta moratoria daremos oxigeno a muchos jóvenes llaniscos que podrán acceder a viviendas residenciales que en principio iban a ser destinadas a turísticas, porque calculamos que sus propietarios van a seguir rentabilizándolas”, explica.

Riestra ve “incongruente” incluso la denominación de las viviendas vacacionales: “Es incoherente hasta el nombre porque la vivienda es para vivir”, especifica.

Riestra: “Requiere legisladores valientes”

Esta moratoria dará “un respiro” a muchos jóvenes y muchas familias del concejo que podrán acceder a una vivienda y, a su juicio, puede ser un ejemplo a seguir en otros concejos asturianos.

“Esto es un parche porque las administraciones locales podemos parchear problemas globales, pero éstos deben legislarlos la autonomía y el gobierno de la nación. Es un problema que requiere legisladores valientes. Vamos a ver cómo se desarrolla la moratoria”, concluye.

La amnistía ha vuelto a ser la protagonista del Pleno Extraordinario convocado en Cibeles por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Un debate bronco en el que el regidor madrileño se ha enfrentado de nuevo a las dos portavoces de la oposición, Rita Maestre, de Más Madrid, y Reyes Maroto, del PSOE, a la que ha metido en el mismo saco que a “Puigdemont, Junqueras y Otegi”, los dirigentes de Junts y EH Bildu, con los que Pedro Sánchez, según Almeida, ha pactado “amnistiar a terroristas”, incluso de ETA. Una acusación sin pruebas que ya han hecho estos días desde la dirección nacional del PP.

Vox se ha puesto del lado de Almeida para aprobar la propuesta contra la amnistía –con una enmienda de adición presentada por el grupo de extrema derecha– que el PP, que cuenta ahora con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, había registrado la semana pasada para debatir este viernes.

Pero tanto Maestre como Maroto, que llegaron juntas al Pleno de Cibeles para escenificar unidad, se han revuelto contra el alcalde, al que han acusado de no aceptar el resultado de las urnas y de estar “rabioso” por la llegada de “un gobierno de izquierdas que va a empezar una nueva etapa en nuestra historia y en nuestra democracia”. “En realidad a ustedes no les importa la amnistía, lo que les molesta es que haya un gobierno progresista”, han sentenciado ambas portavoces de la oposición. La socialista, además, ha dejado ver en la solapa de su chaqueta una chapa a modo de homenaje a 'Perro Sanxe', elegido de nuevo presidente del Gobierno, detalle que han secundado los demás ediles de su grupo.

En su intervención Maroto ha blandido desde la tribuna del Pleno una antigua portada de ABC con la foto del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el dirigente de CiU y expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, con el que su partido cerró en 1996 el llamado pacto del Majestic, para desgranar después todo lo que entonces se cedió a Catalunya. “¿Cuándo Aznar firmó estos acuerdos humilló a España?”, le ha preguntado a Almeida, quién después le ha recomendado “tomar sales de frutas” ya que la veía “muy nerviosa”

En el bronco debate, la portavoz del PSOE ha estado a punto de ser expulsada de la sala por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, por continuar hablando tras consumir su tiempo al considerar que las constantes interrupciones de la bancada del PP le habían hurtado algunos minutos. Maroto no se ha callado y ha afeado al alcalde que “la ultraderecha haya decidido recorrer el camino de la violencia callejera para lograr sus objetivos políticos” y que el PP le haya seguido “en ese salto en el vacío”.

“Ustedes no aceptan ni la Constitución ni los resultados electorales”, ha insistido la socialista, que a la vez ha recordado a Almeida que ni él ni Ayuso fueron los ganadores de las elecciones municipales y autonómicas de hace cuatro años y sin embargo gobernaron en Madrid con el apoyo de la extrema derecha.

Maestre y Maroto le reprochan que no hayan digerido no tener aliados

En su intervención, Maroto ha exigido al alcalde que condene las palabras de Ayuso -que durante la primera jornada de la investidura llamó “hijo puta” a Sánchez desde la tribuna de invitados- “o usted será nuevamente su cómplice”, le ha dicho. Pero también le ha pedido que condene el vandalismo y los graves disturbios provocados estos días en Madrid por grupos ultras y de extrema derecha. Pero Almeida se ha limitado a bromear con el juego de palabras que utilizó la propia Ayuso para enmarcar su improperio –“me gusta la fruta”– y ha ironizado con que se iría al salir de Cibeles al Rastrillo que iba a visitar “a comprar fruta”. En cuanto a las manifestaciones en Ferraz, ha afirmado que él rechaza “todo tipo de violencia”, defendiendo a los que “pacíficamente” manifiestan su descontento en la calle contra una medida, la amnistía, que ha calificado como “un proyecto desgarrador de la democracia y del Estado de Derecho”.

Por su parte, Rita Maestre no ha duda en considerar que “los señores de la derecha están de duelo todavía” tras la investidura de Pedro Sánchez, por los que les ha aconsejado que “no insulten a la inteligencia y deje de comportarse como un perdedor rabioso”. “171 votos no es suficiente para gobernar, tienen que aceptarlo. Feijoo solo es presidente en las encuesta, acéptenlo cuanto antes porque si no se les va a hacer muy larga esta legislatura”, le ha recomendado. “La realidad es que nadie quiere pactar ni gobernar con ustedes”, se ha mofado Maestre, “salvo la extrema derecha”.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se ha alineado con Almeida y no ha dudado en calificar la amnistía de “infamia”, de “vergonzosa estafa” y de ser “la mayor aberración contra la verdad, que es lo que representa Sánchez”. A su juicio, el nuevo Gobierno apoyado por los separatistas trae a España “un cambio de régimen y consagra la desigualdad”. Además, cree que tras estos acuerdo con Junts y ERC “se abre la puerta a un referéndum de secesión y de ruptura de la unidad de la Nación”.

“Se están riendo del Estado de derecho, de la Justicia y de todos nosotros”, ha sentenciado el portavoz de Vox, advirtiendo de que volverán a dar “un golpe de Estado como lo hicieron el 2017”, por lo que ha pedido al PP, como hizo Abascal en su discurso en la investidura, que paralicen en el Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– la tramitación de ley de amnistía y apoyen también la moción de Vox en la que piden la ilegalización de Junts y ERC.

Momentos antes, el regidor de la capital había asegurado que Pedro Sánchez quiere “alzar un muro contra todos aquellos que no piensan como él”, en el que ha situado “a la mitad de los españoles”, comparándolo con el que levanto Donald Trump en Estados Unidos contra la inmigración. “El único muro legítimo que se puede levantar en democracia es aquel que pretende defender la democracia, y el muro que quiere levantar Pedro Sánchez no quiere defender la democracia, sino se quiere defender a sí mismo de la democracia. Esto fue un pacto y un acuerdo entre un prófugo de la Justicia, que considera que está por encima de la ley”, ha asegurado.

“El siguiente paso será amnistiar etarras y entregar Navarra”

Con todo, en su turno de réplica, el alcalde ha sido mucho más duro contra Maestre y Maroto. De hecho, se ha referido a la líder de Más Madrid como “la madre Teresa de Calcuta”, sacando a colación su escrache en la universidad a Rosa Diaz y otros episodios de protesta que protagonizó siendo estudiante: “Para usted eso era jarabe democrático” pero ahora critica las “manifestaciones 'pacíficas' contra la amnistía”, le ha reprochado.

Y a Maroto le ha recordado que “Otegi si acosaba las casas del Pueblo de los socialistas en Euskadi”, “pero ahora pactan con ellos”. Y “Puigdemont y Junqueras han hecho lo mismo en Catalunya y ahora también pactan con ellos”, ha añadido.

El alcalde también ha defendido el pacto del Majestic que cerró Aznar con Pujol en 1996 para poder gobernar que había sacado a relucir Maroto en su intervención. Almeida ha diferenciado esas negociaciones que, según él, se hicieron con luz y taquígrafos, de los pactos que ahora Sánchez ha cerrado de “forma oscura  con un prófugo en Bruselas”, en referencia a Puigdemont.

Después, el alcalde ha retado a ambas portavoces de la oposición, que le han echado en cara su acuerdo con Vox en la anterior legislatura, a que busquen en él “un solo punto que vulnere la Constitución”.

Almeida ha advertido de que “el siguiente paso” de Sánchez y de su nuevo gobierno no será solo permitir “un referéndum de secesión” sino “amnistiar también a etarras” y “entregarles Navarra”, mientras le preguntaba a Maroto “en qué consiste el pacto con Bildu”, un acuerdo que cree que el presidente del Gobierno aún no ha explicado.  

Al final de su encendida intervención el alcalde ha vaticinado que el PSOE que ahora lidera Pedro Sánchez “tarde o temprano pedirá perdón a los españoles” por todo 'el mal' que están causando a España.

Los grupos municipales de PP y Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara han presentado una moción conjunta para solicitar un pleno “extraordinario y urgente” para “rechazar” la ley de amnistía y la condonación de la deuda a Catalunya.

En un documento firmado por ocho concejales del PP y los cuatro de Vox, traslada al máximo órgano de la Corporación municipal “lo que es una preocupación para todos los guadalajareños y españoles, como es la defensa de la igualdad, del Estado de Derecho, de la separación de poderes y de la democracia”, ya que “los últimos acuerdos alcanzados por el PSOE constituyen una flagrante vulneración de todo ello con el único objetivo de que Pedro Sánchez se mantenga en el poder”.

“Ayer fue un día de vergüenza para la democracia española”, señalan en el documento ambas formaciones, que confían en que en el pleno se defienda la igualdad y el Estado de Derecho por parte de todas las formaciones políticas. “No se trata de ideología, sino de los derechos de los guadalajareños y de la defensa de los mismos o de su vulneración”, apuntan.

También han sugieren la necesidad de rechazar la condonación de la deuda a Catalunya, 15.000 millones de euros más los intereses, “deuda que no se va a perdonar, sino que vamos a pagar todos los españoles y que saldrá del bolsillo de los guadalajareños también”.

En la propuesta se insta a los parlamentarios socialistas, especialmente a Alberto Rojo, diputado por Guadalajara, concejal y exalcalde de la ciudad, a “defender la igualdad de los españoles, la unidad de España y el Estado de Derecho votando en contra de una ley infame como la ley de amnistía y de la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña que vamos a pagar también los guadalajareños”.

Los firmantes confían en que todos los grupos municipales, “dada la gravedad de los acuerdos adoptados de cara a la investidura de Pedro Sánchez”, apoyen la moción presentada.

El martes se celebrará en Ciudad Real

Mientras, y a solicitud del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, se celebrará pleno extraordinario urgente en el Consistorio de la capital con el objeto de “abordar y debatir sobre la futura ley de amnistía” y demás “cesiones” incluidas en el acuerdo firmado por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Ante la “relevancia, gravedad y trascendencia” de un acuerdo que, según el equipo de Gobierno, “ataca” la Constitución, el sistema democrático, la igualdad entre los españoles y la separación de poderes, “que la amnistía pretende eliminar”, y dada la “inquietud” generada en los vecinos, el alcalde determina que, con carácter urgente, la Corporación Municipal debata de manera responsable y adopte acuerdos que muestren la voluntad de los vecinos de Ciudad Real.

Pleno extraordinario en agosto equivale a parón brusco en las vacaciones. “¿Cómo estás? ¿Descansaste?” Le preguntaba a la entrada al hemiciclo una diputada a un compañero de grupo, que se sinceraba: “Habría descansado una semana más, la verdad”. Desde la tribuna un diputado del PSOE recordaba en su turno de palabra que el verano había sido inusualmente corto para los políticos. “Aquí estábamos a finales de julio y aquí estamos en agosto, que luego dicen que no trabajamos”. 

Hablaba ante un hemiciclo salpicado este jueves por decenas de abanicos que agitaban el aire cargado de la Cámara Baja, buscando aprovechar hasta el último soplo de fresco que permitían los 27 grados del decreto. “Aquí hace calor, pero es lo que hay”, admitía una parlamentaria de Unidas Podemos en tirantes. Enfrente se sentaban, trajeados y encorbatados, todos los diputados hombres de PP y Vox sin excepción. Una oposición frontal y de etiqueta a la recomendación que detalla el Gobierno en su plan y que en la bancada azul solo se saltó el ministro Escrivá. 

Antes de que se produjera el primer gran rifirrafe en el hemiciclo ya se había producido otro de dimensiones transoceánicas. Desde Colombia, Pedro Sánchez evaluó a Alberto Núñez Feijóo como peor líder de la oposición que Pablo Casado. Y la réplica le llegó desde Pontevedra: “El Gobierno no se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar”. “Lamento que prefiera pactar con Bildu y con Esquerra Republicana que con el Partido Popular”, se quejó Feijóo. 

Se refería el líder de la oposición al llamado decreto de ahorro energético, el terreno elegido por Gobierno y oposición para librar su particular batalla política de inicio de curso. “Este es el Gobierno más ineficiente e insolidario de la historia, el peor Gobierno de Europa”, vino a sintetizar la portavoz popular, Cuca Gamarra, la opinión del PP sobre las medidas desplegadas para ahorrar energía. Antes, la ministra Raquel Sánchez también había ido al cuerpo a cuerpo con el PP: “Existen dos tipos de conservadurismo: el retrógrado y negacionista, que se sienta entre nosotros, y la derecha moderna europea, que allí donde gobierna adopta medidas similares a las nuestras”. 

El caso es que después del cruce de acusaciones el Ejecutivo redondeó una tarde plácida desde el punto de vista del resultado gracias también a que los de Feijóo acabaron apoyando los otros dos decretos que presentaba el Gobierno (la reforma de los autónomos y el plan antiincendios). Algo que el propio líder del PP puso en valor desde su veraneo gallego para evitar el encasillamiento de su partido en el mismo 'no a todo' de Casado.

El plan de ahorro energético salió adelante, sin embargo, gracias a la mayoría de la investidura que no obstante no escatimó en reproches por la falta de negociación. “La falta de diálogo y la manera de comunicarlo a las Comunidades Autónomas no es la más apropiada para cuidar a la mayoría plurinacional y progresista”, se quejó la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. “Estamos de acuerdo con el fondo del decreto, pero no con las formas. Falta diálogo con las autonomías”, lamentó el PNV. 

La diputada canaria, Ana Oramas, vino a ejemplificar la importancia de dialogar con los gobiernos autonómicos y la necesidad de adaptar las medidas a cada territorio: “Aquí hay ayudas al tren, y en Canarias tenemos guagua [autobús]. Y hay rebajas del IVA, y en Canarias no tenemos IVA”. Obviamente, votó en contra. 

Tras conocerse las votaciones el Gobierno se mostró satisfecho con el resultado, aunque una ministra no quiso lanzar las campanas al vuelo respecto al estado de salud de la mayoría parlamentaria de investidura y prefirió ser prudente. “Las cosas se tienen que negociar siempre”, planteó aceptando parte de las críticas de los socios que permitieron sacar adelante el grueso de medidas de la legislatura. 

Otra ministra de la parte socialista del Ejecutivo resumió así al finalizar el Pleno su impresión sobre la postura del PP con un decreto energético que defiende toda Europa: “En ese tema y en casi todos la iniciativa la toma Ayuso y ella es la que marca el paso. Feijóo demuestra no tener liderazgo”. Preguntada por las medidas alternativas prometidas hoy por el líder de la oposición desde Galicia, concluyó: “Llega mal y tarde. El Gobierno no puede esperar a que él decida volver de vacaciones”. 

Un grupo de diputados de Vox observa a cierta distancia el corrillo de esa ministra con los periodistas en el patio del Congreso. Uno propone salir a tomar algo. “Espera que me quito esto y me pongo algo más fresco”, dice otro sosteniéndose la corbata. La sesión ya se había levantado.

El Ayuntamiento de Badajoz impulsará obras desde mediados del próximo enero gracias a un plan de impulso “récord”, consensuado por todas las fuerzas políticas en el consistorio, que superará los 21,16 millones de euros.

Entre los proyectos incluidos, como ha explicado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera (Cs), se encuentran las actuaciones en las estaciones de bombeo de San Roque para acabar con los malos olores que sufren barriadas como Pardaleras y la recuperación de la actividad en el centro de ocio contemporáneo (COC), donde, entre otros, se instalará una biblioteca.

También resalta el impulso de un proyecto de parque periurbano, basado en un gran bosque de pinos, que conecte Las Vaguadas, La Banasta, Llera y el Cerro del Viento.

Otras iniciativas destacadas son la reforma del pabellón de Antonio Domínguez, la llegada de las pistas de skate park, actuaciones en la plaza del baluarte de Menacho, la rehabilitación del entorno de la puerta de San Vicente, el traslado de los mosaicos murales de la iglesia de las Casas Aisladas de Valdebótoa a la iglesia, y la rehabilitación del templete de Cerro de Reyes.

Gragera se ha referido además a la inversión en pedanías, con un montante de 9 millones de euros, en parques y jardines (3,5 millones de euros), y en la reforma o mantenimiento de instalaciones deportivas (1,5 millones de euros).

Entendimiento político

Tanto el edil popular Eladio Buzo como el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, han coincidido en valorar que todas las formaciones hayan llegado a un entendimiento para impulsar todas estas obras, pues “es lo que reclama la ciudad”.

Por su parte, los portavoces locales de PSOE y Unidas Podemos, Ricardo Cabezas y Erika Cadenas, respectivamente, han valorado que el acuerdo alcanzado entre los grupos incluya una comisión de seguimiento que analice la ejecución de cada uno de los proyectos.

El Ayuntamiento de Badajoz solicitará un préstamo para financiar estas inversiones, de igual forma que también se pedirá otro para sufragar la cofinanciación de los programas solicitados a la Unión Europea (UE) que finalmente se consigan.

Como se ha explicado, el crédito se pide para poder efectuar las obras cuanto antes (las primeras comenzarán a mediados del próximo enero), pues después se cancelará gracias a la liquidación del presupuesto municipal. 

Un pleno extraordinario en el mes de agosto con el propósito de aprobar una subida salarial de 3.926 euros anuales para el superintendente de la Policía Local se le ha vuelto en contra al tripartito de Badajoz, después de que uno de sus componentes, el exedil de Vox Alejandro Vélez, se haya alineado con PSOE y Unidas Podemos para votar en contra, aunque por motivos distintos.

El equipo de gobierno quería premiar al superintendente, Rubén Muñoz, con una modificación de su complemento de destino (pasando del 28 al 30) y del complemento de peligrosidad, lo que se habría traducido en un incremento de su nómina de casi 4.000 euros al año, por el trabajo realizado durante la pandemia. Pero para hacerlo posible, el Ayuntamiento estaba forzado a amortizar cinco plazas de trabajo, algo a lo que además se opusieron los sindicatos en la Mesa de Negociación. Las plazas afectadas eran dos de conductor de grúa, dos de guardas de poblados y una de peón de mantenimiento de Policía Local.

Precisamente en este punto es donde Vélez, que en la actualidad es concejal no adscrito, ha argumentado su oposición, puesto que dos de las plazas afectadas están bajo su competencia, ya que es el responsable del servicio de Poblados.

Vélez ha asegurado que no se opone a la polémica subida salarial de Rubén Muñoz porque “se ajusta a la legalidad”. pero ha criticado que el procedimiento no se ha realizado de la “forma correcta”.

Sin embargo, la oposición ha rechazado la propuesta del equipo de gobierno de Badajoz al entender que también se deben revisar los puestos de las 90 personas, entre funcionarios y personal laboral, que conforman la plantilla municipal.

Relación con Ciudadanos

No es la primera vez que el concejal de extrema derecha vota en sentido contrario al del Gobierno, pero sí es la primera vez que lo hace desde que Ciudadanos asumió el bastón de bando hace casi dos meses.

A principios de junio, cuando aún estaba al frente del tripartito el PP, Alejandro Vélez votó en contra de todos los puntos del orden del día, lo que hizo pensar que era una llamada de atención para Ciudadanos, que 15 días después debía enfrentarse a una sesión de investidura para gobernar la mayor ciudad de Extremadura hasta el final de legislatura.

Tras varias semanas reclamando la atención del portavoz de la formación naranja, Ignacio Gragera, PP, Cs y Vélez cerraron un acuerdo de investidura un día antes del pleno. Este documento contiene 31 puntos pero no está cuantificado económicamente.

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado este martes un pleno extraordinario para que Borja Izaguirre Larrañaga -número 8 en las listas electorales- tome posesión como edil de EH Bildu. Izaguirre sustituye a Amaia Izko, que dimitió al ser inhabilitada por una sentencia judicial de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Izko llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que reconoció que había actuado bajo las directrices de la organización terrorista ETA para mantener activos políticamente a los miembros del EPPK (colectivo de presos). La ya exconcejala de EH Bildu en el consistorio pamplonés ha sido condenada a un año y medio de prisión -que no cumplirá por carecer de antecedentes- y tres años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo o empleo público.

Joseba Asirón, exalcalde de Pamplona y portavoz de EH Bildu ya expresó al conocer la sentencia que desde la formación consideran “que Amaia Izko no ha hecho otra cosa que su trabajo, es una abogada y su deber es defender a sus defendidos de la mejor manera posible, sin que ello suponga que se le pueda criminalizar, como ha ocurrido en este caso”.

Borja Izaguirre Larrañaga

Borja Izaguirre (San Sebastián, 1977) es arquitecto por la UPV, universidad de la que es profesor asociado desde 2007 y en la que imparte la asignatura de 'Proyectos' en la E.T.S. Ha sido arquitecto asesor del Ayuntamiento de Baztan entre 2015 y 2018 y ha trabajado en Nasuvinsa, en la oficina de Santesteban, llevando la asesoría urbanística de diversos consistorios.

Oficialmente, se había convocado un Pleno extraordinario para que la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo rindiera cuentas en el Congreso sobre la crisis del Open Arms y la política migratoria del Gobierno, que ha generado críticas generalizadas de todos los grupos de la oposición. Pero la sesión parlamentaria fue más allá de eso. Mucho más. Cuatro horas y media de debate, en el que el PSOE y Unidas Podemos, que formalmente siguen llamándose “socios prioritarios”, escenificaron hasta qué punto están distanciados cuando el calendario señala un plazo de tres semanas para alcanzar un acuerdo de investidura y evitar las cuartas elecciones generales desde 2015.

La última vez que los diputados pisaron el Palacio de Las Cortes fue el 25 de julio, cuando la abstención de Unidas Podemos frustró la presidencia de Sánchez. Un mes de titulares y mensajes cruzados después, la situación no ha mejorado nada. Está peor. La sesión extraordinaria evidenció que a día de hoy los puentes entre las fuerzas de izquierda están rotos.

Ya desde la mañana el día se había iniciado con un cruce de reproches entre Pablo Iglesias, y el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El líder de Unidas Podemos dijo en una entrevista en la Cadena Ser que estarían dispuestos a aceptar la primera oferta hecha por Sánchez en julio, es decir, entrar en el Gobierno con una Vicepresidencia social y los ministerios de Sanidad, Vivienda e Igualdad, junto a las políticas activas de empleo. “Si el PSOE vuelve a hacer la misma oferta nos sentamos con ellos y será cuestión de horas ponernos de acuerdo”, adelantó.

Un par de horas antes Ábalos ya había advertido que su partido sigue “desconfiando” de Unidas Podemos. En otra entrevista, también en la Cadena SER, el ministro en funciones declaró que “la oferta ya no es válida”. “¿Lo que antes era una farsa ahora va a ser suficiente? No es serio”, opinó. Después, abundaba en La Sexta: “No acabo de entenderlo, decía que lo que se ofreció en julio era humillante, irrespetuoso y nada serio y ahora resulta que está bien, me deja perplejo”, replicó, añadiendo que le parecía una “falta de seriedad” que se anduviera Iglesias con esas ahora.

El ministro se mostró extrañado por el cambio experimentado por el líder morado en estos dos meses y recordó que aquella oferta fue retirada por parte del PSOE porque consideraron que era “decorativa y sin competencias”.

Pero lo peor estaba por llegar en el Congreso, donde el debate -programado para la sobremesa- arrancó con cierta calma. Unidas Podemos había evitado in extremis la comparecencia de Sánchez por el Open Arms -que reclamaban PP y Ciudadanos- y en su lugar pidió que fuese la número dos del Gobierno, Carmen Calvo, la que diese explicaciones. Los socialistas consideraron igualmente una provocación que el grupo confederal votase junto a PP y Ciudadanos para hacer comparecer a la vicepresidencia en período inhábil.

La primera intervención del portavoz del PSOE, Rafael Simancas, encendió los escaños de Unidas Podemos. “Nos han demostrado que no son de fiar”, dijo el dirigente socialista. Y todo el hemiciclo supo que la intervención poco tenía que ver con el Open Arms.

“Fueron de la mano de la derecha para convocar este Pleno. ¿Sabe que lecciones hemos aprendido? Que no son ustedes de fiar, utilizan la primera oportunidad que ven para sumar sus votos a la derecha”, le espetó Simancas a Vera y a todo Unidas Podemos. “Con esta estrategia pierde España, pierde la izquierda”. “Le voy a hacer una reflexión”, añadió el portavoz socialista, que no soltó el látigo: “No se puede ser Gobierno y contragobierno a la vez”. “No hay justificación para este aquelarre de reproches”, lamentó el socialista, que defendió la gestión de Calvo y negaba “bandazo” alguno, con un semblante muy grave.

Como testigos, en sus respectivos asientos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ni cruzaron palabra. Tampoco en los pasillos del Congreso, según las fuentes consultadas. El presidente ya había advertido a la entrada que busca la confianza para un Gobierno socialista y pedido “responsabilidad” al resto de partidos.

“Los ciudadanos quieren un Gobierno socialista y pido responsabilidad para que no tengamos que vernos abocados a convocar elecciones y podamos tener un Gobierno que los ciudadanos españoles se merecen”, dijo el candidato, mientras Albert Rivera, desaparecido durante el último mes, aprovechaba el canutazo para escabullirse de la prensa y dirigirse a toda prisa a su escaño.

Una vez dio comienzo la sesión, la intervención de la portavoz de Podemos Noelia Vera había ahondado al principio en los cambios de posición del Gobierno sobre la política migratoria entre el Aquarius y el Open Arms: “¿Qué ha pasado en este último año? ¿Por qué de hacerlo tan bien han pasado a decepcionar a tantísima gente?”, había lamentado.

Pero en cuanto llegó la intervención de Simancas, Vera endureció el discurso: “Entiendo que tengan que utilizar este tono paternalista por el momento en que estamos... cuando quien ha puesto el tema han sido las organizaciones que están trabajando en defensa de los Derechos Humanos”. “Todo el discurso que han hecho pierde legitimidad. Con toda la vergüenza viene aquí a enfrentarse a Salvini cuando en todo un mes ha sido incapaz”, clamó la diputada, dirigiéndose a Calvo desde la tribuna de oradores.

Visiblemente dolida, Vera continuó: “¿Que no somos de fiar? Vamos a hablar de políticas migratorias ¿Con qué PSOE hablamos?, ¿con el que dice que va a quitar las concertinas de Ceuta y Melilla o con el que le da 35 millones de euros a Marruecos para que intensifique la persecución al otro lado?”. “¿Cuál es el PSOE del que nos tenemos que fiar?, preguntaba Vera con enfado, elevando la voz.

El intercambio de golpes entre quienes todavía pretenden pactar un Gobierno hizo incluso pasar desapercibido el debut de Cayetana Álvarez de Toledo, que acusó a Sánchez de “hacer negocio electoral bajo la máscara de la solidaridad” y de estar cerca de la ultraderecha italiana. “El sanchismo y el salvinismo son las dos caras de la misma moneda”, dijo Álvarez de Toledo en medio del ataque mutuo de las izquierdas.

El último turno de Calvo evidenció hasta qué punto se han hecho daño PSOE y Unidas Podemos y que alcanza incluso a las relaciones personales. La vicepresidenta se dirigió a Ione Belarra, portavoz de Podemos que no había intervenido en el debate, para reprocharle algunos de sus comentarios de las últimas semanas: “Señora Belarra, ya sé que no ha participado en el debate, y si me permite que la llame por su nombre de pila, Ione, yo no me llamo Matea, soy la misma Carmen que algunas mañanas temprano me llamabas y yo te atendía con mucho gusto para hablar de algunos asuntos que te preocupaban en materia migratoria donde nuestros criterios eran los mismos. Soy la misma, en política se aguantan muchas cosas, pero, créame, lo de parecerme a Salvini, ha llegado muy lejos”.

Al final de la sesión, Pablo Echenique escribió en Twitter que las cartas están echadas y culpó a Sánchez de haber decidido ir a elecciones.

Era la sensación generalizada entre quienes abandonaban el hemiciclo. En las filas de Podemos queda todavía algún optimista. Una diputada al salir del Congreso pedía esperar: “Hay mucha escenificación. Vamos a esperar. Aún hay tiempo”.

La escalada de tensión y confrontación política que se vive en Catalunya con motivo del primer aniversario del referéndum del 1-O ha llevado de nuevo a Ciudadanos y al PP a unir sus fuerzas contra Pedro Sánchez. Tanto Albert Rivera como Pablo Casado se emplearon este lunes a fondo para exigir al presidente del Gobierno que “dé la cara” en el Congreso y acuda a Pleno monográfico para debatir sobre la “grave situación” que se vive en las calles catalanas por culpa “de los separatistas” y para explicar su posición con respecto al Govern de Quim Torra.

Aunque en un principio Ciudadanos buscó que fuera el PP el que se sumara a su propuesta, a última hora de la tarde ambos grupos llegaban a un acuerdo para registrar conjuntamente dicha comparecencia. Según Ciudadanos a petición de su grupo y según el PP, a propuesta de ellos. Sea como sea, es la primera vez que registran juntos una iniciativa desde que Casado se hizo con la presidencia de su partido.

Los dos líderes, que últimamente parecen haber enterrado sus diferencias para centrarse en hacer oposición a Sánchez, coinciden en asegurar que están “muy preocupados” por la deriva que están tomando allí los acontecimientos por lo que insisten en reclamar al Jefe del Ejecutivo que aplique cuanto antes el artículo 155 de la Constitución, previa notificación a Torra.

Además, creen que se ha llegado a un extremo de deterioro de la situación política que la única salida posible es que Sánchez convoque cuanto antes elecciones generales.

A pesar de que el diagnóstico que hacen ambos dirigentes sobre la “dejadez de funciones” de Sánchez ante “el separatismo” es el mismo, en los discursos de Rivera y de Casado también hay matices.

Durante el mandato de Mariano Rajoy, a Rivera se le ha acusado reiteradamente de haber sobrepasado por la derecha el discurso del PP en Catalunya, radicalizando los mensajes. Sus duelos con el expresidente del Gobierno en los Plenos del control de los miércoles fueron sumamente ásperos. La actitud “poco contundente” de Rajoy y el nítido discurso de Rivera y Arrimadas contra los “separatistas” provocó un fuerte malestar en el PP catalán que terminó cosechando un rotundo fracaso en las autonómicas.

Este lunes, Rivera volvía a alertar de que la situación en Catalunya es insostenible y dirigía toda su artillería contra Sánchez al que ha acusado de ser cómplice de Torra por “mirar para otro lado” y no hacer nada ante la escalada de agresiones e intimidaciones que a su juicio están desencadenando “comandos violentos independentistas”, a cuya cabeza ha situado al propio presidente de la Generalitat. “Es lamentable que campen a sus anchas con total impunidad”, exclamaba este lunes.

Pero mientras Rivera se limitaba a exigir al presidente que acuda a contar sus planes al Congreso y a “dar la cara”, su homólogo del PP, Pablo Casado, iba mucho más allá e insinuaba que hay motivos para ilegalizar a los partidos nacionalistas y a sus aliados en el Parlament: ERC y la CUP. ¿Cómo? Con una modificación de la ley de partidos para actuar contra las organizaciones que estén “alentando la violencia e incitando a la confrontación civil”.

Rivera nunca ha llegado tan lejos, a pesar de que ha deslizado en alguna ocasión vagamente la idea. Lo que sí ha pedido es la reforma de la ley electoral para elevar el umbral de votos en las elecciones generales al 3% y evitar así que los partidos nacionalistas estén sobrerrepresentados en el Congreso.

Casado pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

Casado pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianzaEl líder del PP, por su parte, anunciaba además que pedirá a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, una idea que en Cs ven estéril en tanto que ya se sabe que el Presidente del Gobierno ha dicho que está dispuesto a aguantar la legislatura lo más posible con el apoyo de Unidos Podemos y de los partidos que le apoyaron en la moción de censura a Rajoy.

Lo cierto es que pese a estas diferencias, la sintonía de ambos líderes sobre Catalunya es grande y no va a suponer ningún obstáculo en sus relaciones, mucho más distendidas desde hace unas semanas al comprobar la resistencia que está demostrando el PSOE frente a los problemas que le han surgido a Sánchez en su Gobierno. “Albert nunca ha mantenido un clima de tensión con Casado”, aseguran fuentes de Ciudadanos.

Sin embargo, el líder del PP se estrenó en el cargo con duras críticas a Rivera, una tónica que ha sido constante hasta hace tan solo unos días. Ahora el conservador se ha dado cuenta de que ambos se necesitan para “frenar” a Sánchez y sus socios de legislatura. Incluso ha llamado “aliado” a Rivera en uno de sus últimos actos.

El propio Rivera ya le había pedido hace tiempo que “no se obsesionara con Ciudadanos” porque los enemigos de ambos eran los “independentistas y los populistas”.

La petición conjunta de comparecencia de Sánchez será sometida a la consideración de la mesa del Congreso en donde ambos partidos suman mayoría. Pero la iniciativa se tiene que someter después a debate en la Junta de Portavoces y allí es complicado que alcance mayoría suficiente para salir adelante, salvo que algún otro grupo la respalde, algo difícil de suponer.

Lo cierto es que no es la primera vez que los dos partidos se unen para ejercer presión contra el Gobierno. En la mesa del Congreso ya han demostrado su unidad rechazando que se tramite por la vía de urgencia la reforma de la Ley de Estabilidad para sortear el veto del Senado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Y la semana pasada los dos grupos votaron juntos en el Senado para reprobar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por resistirse a que el Estado asumiera la defensa del juez del procés y por las revelaciones destapadas en las cintas del comisario Villarejo.

Casado ha vuelto a señalar este lunes que al PP y a Ciudadanos les unen “cuestiones fundamentales”, como son el respeto a la Constitución y la defensa de la unidad de España. Puesto en faena, lo que también ha hecho el dirigente del PP es animar a Rivera a buscar su propio espacio electoral y dejar de competir “por la derecha” con su partido.

¿El motivo? Que a su entender “el PP aspira a ser un proyecto hegemónico del centro-derecha y el centro-izquierda va a quedar algo huérfano”, por lo que si hay un “centro izquierda” que defiende la unidad de España y que ya ha tenido un buen resultado en las últimas elecciones catalanas, Ciudadanos pueden ahora “optimizar ese espacio electoral” en un momento en que se “juegan el futuro de España”.

No solo eso sino que Casado ha aludido a su “excelente relación” con Rivera al que ha animado a forjar “una relación de colaboración frente a la izquierda”.

Que el Mundial de fútbol 'paraliza' el mundo no deja de ser una expresión coloquial que dista de la literalidad. Sin embargo, en un municipio de Cantabria ha pasado a ser una realidad. Y es que el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, suspendió en la tarde de este viernes sobre la marcha un pleno extraordinario que había convocado él mismo para ir a ver el debut de la selección española en Rusia.

En el Ayuntamiento de esta villa había convocada una sesión extraordinaria a las 17.00 horas a instancias de PSOE e IU, y otra prevista para las 19.00 horas a solicitud de la Alcaldía. Finalmente, solo se celebró la primera, en la que se aprobó por unanimidad pedir al equipo de Gobierno que destine parte del superávit de 2017 a ejecutar cuatro obras que cuentan con subvención.

Pasados diez minutos de la hora fijada para el inicio del segundo pleno, el regidor del PRC de Revilla lo interrumpió alegando que al haberse alargado la primera de las sesiones, se había “rebasado varios minutos” la hora de comienzo del segundo, con lo que “en principio no debería celebrarse”. Asimismo, hizo alusión a que pronto empezaba el partido de la selección española aduciendo “sensaciones futbolísticas y no futbolísticas”, para sorpresa del resto de concejales y público asistente en el salón de plenos del Ayuntamiento.

La decisión del alcalde, que gobierna en minoría, provocó el enfado de la oposición, que explicó a los medios de comunicación que Ortiz no había consensuado la suspensión del Pleno con nadie tal y como, según señalaron estos grupos, le había aconsejado el secretario municipal.

En un comunicado remitido anoche tras el pleno, el Ayuntamiento explicó que, “según el reglamento”, el segundo “no podía celebrarse al haber concluido la primera sesión un cuarto de hora más tarde de la hora a la que debía iniciarse la segunda”, pero sin aludir a las palabras de Ortiz sobre las “sensaciones futbolísticas”.

No obstante, los reproches de la oposición han ido más allá y este sábado, el edil no adscrito ex del PP, Javier Fernández Soberón, ha pedido la dimisión de Ortiz ante lo que considera una “auténtica falta de respeto, moral y responsabilidad”. Y es que en la citada sesión estaba previsto que se aprobasen subvenciones en obras por valor de un millón de euros para las que su plazo de solicitud está a punto de concluir.

“Si Astillero pierde las subvenciones para las obras, por no haber rebasado el plazo de solicitud al suspender el alcalde el pleno para ver el fútbol, Ortiz no sólo debería dimitir sino que probablemente por privar a este municipio de un millón de euros de subvención no debería ni pasear por él”, ha recalcado Fernández Soberón.

El equipo de Gobierno ha respondido a Soberón en un comunicado señalando que, a su juicio, “ha perdido los papeles al ver que el debate sobre sus retribuciones económicas tiene que esperar unos días”. Este edil dejó recientemente el PP y la presidencia de Nuevas Generaciones de esta formación por, según afirmó en rueda de prensa, los “vetos” impuestos por la actual presidenta del partido, María José Saénz de Buruaga, contra la renovación del mismo en el municipio y contra “todo lo cercano” a Ignacio Diego, exlíder de los populares.

“Resulta, cuando menos surrealista, oír a un tránsfuga que ha demostrado que su única motivación son sus intereses personales y económicos, dar lecciones de ética y democracia”, han afirmado los regionalistas. “Si realmente quiere dar lecciones de democracia, debería renunciar al acta de concejal, como le ha pedido la dirección de su ya ex partido”, han incidido.

“Parece que, el tránsfuga ofuscado al oír que debía aplazarse el segundo pleno extraordinario de este viernes, cuyo primer punto a debate era la situación de los concejales Fernández Soberón y Bella Gañán tras abandonar el PP, su presencia en las comisiones y órganos municipales y las retribuciones económicas que ello conlleva, no escuchó que se hacía atendiendo al reglamento”, han subrayado desde el equipo de Gobierno.

Mandato convulso

El mandato de Ortiz al frente de este Consistorio está marcado por la convulsión política. Recientemente ha tenido que enfrentarse a una moción de censura que terminó por fracasar, después de que semanas antes los propios regionalistas rompieran unilatelarmente la coalición con el PSOE a causa de las discrepancias en el proyecto de semipeatonalización de una de las calles del municipio.

La principal razón por la que la moción de censura no fructificó fue la negativa del entonces portavoz del PP, Carlos Cortina, a dar un paso a un lado. PSOE e IU habían pedido su retirada política al considerar que un concejal que está siendo investigado por prevaricación “no puede formar parte de la solución”. Posteriormente, y ante la inminente apertura del juicio oral por esta causa, Cortina presentó su dimisión.

El pleno extraordinario donde Cifuentes dará explicaciones sobre su polémico máster será el miércoles a las 16.30. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados (PP), lo ha fijado a esta hora en contra del criterio de la oposición, que quería que fuera por la mañana. Adrados tiene facultad, por sus funciones, para elegir la hora y no debe someterlo a votación de los grupos.

La oposición interpreta que celebrarlo por la tarde es una manera de minimizar el impacto en los medios. Esta hora evita que la comparecencia se cuele en los matinales políticos y da oxígeno para reaccionar a las informaciones que se publiquen ese día.

La duración será de una hora y diez minutos como máximo. La sesión la abrirán los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE, autores de la petición. Tendrán para este primer turno cinco minutos a repartir. A continuación intervendrá Cifuentes durante un tiempo máximo de 15 minutos y luego cada grupo en orden de menor a mayor representación (Ciudadanos, Podemos, PSOE-M y PP) durante diez minutos cada uno. La presidenta cerrará el pleno con una réplica de diez minutos.

Cifuentes no tiene agenda desde hace once días. El pasado lunes reapareció en un comité ejecutivo regional del PP de Madrid, donde no atendió a la prensa pero anunció ante los suyos –en un discurso en abierto y trasmitido por plasma– que iba a querellarse contra el director de eldiario.es Ignacio Escolar y la autora de la información, Raquel Ejerique, jefa de Política Social, por las informaciones publicadas sobre su máster.

En estos días también arranca la investigación de la URJC con citaciones de profesores y personal administrativo. Además, la dirigente autonómica también tiene un frente judicial abierto: la Fiscalía ya estudia una denuncia puesta por asociaciones de alumnos.